VIERNES, 10 DE ABRIL DE 2015 EL ECONOMISTA 30 Normas & Tributos Economía SOCIEDADES DE CAPITAL Los asesores fiscales critican la poca claridad de la norma Los especialistas alertan de falta de concreción en la Ley sobre ingresos y responsabilidades de los administradores La ‘reforma silenciosa’ de Empleo, en el nuevo número de ‘Iuris&Lex’ La revista jurídica analiza el Paquete de Trasparencia Fiscal de la Unión Europea Xavier Gil Pecharromán MADRID. La seguridad jurídica planteada por la reforma de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) ha llevado a la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf ) a debatir los artículos que han modificado el sistema de percepción de las retribuciones de los administradores de las sociedades. Existe acuerdo entre los profesionales, tal y como reflejó Nuria Nolla, socia del Departamento Mercantil de Ramos y Arroyo Abogados, sobre que la reforma es ciertamente imprecisa en relación con los asuntos que habrían de someterse a la junta general para su aprobación o sobre los que puede emitir instrucciones. Nolla explicó, en el transcurso de su intervención, la importancia que en el tema de las retribuciones adquiere el control del administrador o administradores mancomunados a la hora de establecer la cantidad máxima a percibir, porque si bien es posible cambiar los estatutos todos los años, no es lo mismo en el caso de que los administradores sean socios mayoritarios o no. Además, deben de tener cuidado con las retribuciones en especie, ya que de superarse la cuantía máxima, los socios pueden reclamar esas cantidades, al igual que puede suceder con las responsabilidades tributarias que puede exigir Hacienda. El registrador de Sevilla, Juan Ignacio Madrid, por su parte, catalogó la Ley de “catastrófica para el Registro Mercantil”. Se refirió al artículo 160 de la LSC, que reserva a la junta la materia de gestión sobre los activos esenciales, que se definen como aquellos cuya adquisición o aportación que tenga un importe superior al 25 por ciento del valor de los activos de la sociedad que figuren en el último balance. Esta medida obliga a la consideración del valor neto contable en lugar del precio de mercado. Se plantea el problema de los conjuntos de activos que no se consideren esenciales individualmente, que deben ser aprobados por la junta. Sin embargo, se puede dar el caso de que el administrador realice la adquisición o la enajenación en diferentes negocios jurídicos que no superen el límite para considerarlos conjuntamente esenciales. La regulación entra en conflicto con las facultades de representación de los administradores, regulado por el artículo 234.1 de la LSC, que no elEconomista MADRID. Vista general de la jornada de la Aedaf, ayer en Madrid. EE “La nueva Ley es catastrófica para el Registro Civil”, dice el registrador Juan Ignacio Madrid admite ninguna limitación frente a terceros. La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) acaba de sacar una resolución de 19 de febrero de 2015, en la que se dice que en los estatutos tan sólo hay que poner el aspecto cualitativo, es decir: los conceptos retributivos, que no es obligatorio poner el aspecto de cuantificación de una cantidad completa, pero se puede. “La Ley es una chapuza. Habla de junta general de accionistas, lo que demuestra que estaba pensada para las sociedades cotizadas. Yo la llamo la Bankia, ya que se trataba de acabar con una serie de corrup- telas, lo que ha llevado a que sea un texto muy precipitado”, afirmó Juan Ignacio Madrid. Efectos tributarios Antonio Durán-Sindreu, socio director de Durán-Sindreu Abogados y colaborador habitual de Iuris&Lex, se mostró decaído ante el panorama generado por la reforma de la LCS. “Estoy triste como ciudadano porque los diferentes registros mercantiles interpreten la norma de forma distinta; porque Economía no haya solucionado en seis años este auténtico laberinto; porque el ministro de Hacienda diga que el que pague no tendrá problemas con Hacienda, pero no haya forma de saber cómo pagar”. Indicó también que “no me atrevo a aconsejar a mis clientes mis convencimientos sobre lo que dice la reforma, porque sé que tienen una larga trayectoria en los tribunales”. @ Más información en www.eleconomista.es/ecoley Desde su llegada al Gobierno en 2011, el Partido Popular ha encadenado numerosas reformas y medidas para encarar una crisis económica que comenzaba en 2008. Una de las más importantes -y de las más polémicas, a partes iguales- es la famosa reforma laboral operada pocos meses después de llegar al poder: en febrero de 2012. El nuevo número de Iuris&Lex, la revista jurídica digital de elEconomista que desde hoy se puede descargar en www.Ecoley.es, repasa el encuentro con la Ministra de Empleo, Fátima Báñez en el Ágora del Empleo organizado por este periódico. El foro de debate abordó la llamada reforma silenciosa, en palabras de Báñez, que persigue redefinir el marco de la formación y de las políticas activas que mejoran la empleabilidad. Además, la revista analiza el Paquete de Transparencia Fiscal que presentó el pasado 18 de marzo la Comisión Europea para luchar contra la evasión fiscal. La reforma no incluye sanciones ni medidas concretas, más allá de los casos que supongan una alteración grave de la competencia, que podrán ser denunciados por los Gobiernos ante la Comisión. Iuris&Lex destaca la gran polémica sobre los ingresos de los administradores sociales. Las retribuciones del consejero delegado en las sociedades de capital no se encuentran sujetas al principio de reserva estatutaria establecido en la Ley de Sociedades de Capital (LSC), por lo que, desde un punto de vista mercantil, no es nece- sario establecer en los estatutos los conceptos retributivos que el consejero pudiera percibir. La actualidad, a fondo Como en cada número, Iuris&Lex cuenta con firmas de excepción para explicar la actualidad del mundo jurídico. Antonio DuránSindreu, profesor de la UPF y socio director de DS Abogados, continúa con la segunda parte de su disertación del anterior número sobre la educación y el fraude fiscal. Por su parte, Esaú Alarcón, jurista y profesor de la Universidad Abat Oliva CEU, escribe sobre el derecho a comprobar y asegura que “la imprescriptibilidad está de moda”. El inspector de Hacienda, Francisco de la Torre, realiza un comentario crítico sobre “la imprescindible reforma del Impuesto de Sucesiones”. Ana Fernández Tres- Aborda la gran polémica sobre los ingresos de los administradores sociales guerres, notaria y registradora en excedencia, analiza la transmisión de las participaciones sociales intragrupo. El registrador Fernando Acedo-Rico comenta el ius aedificandi sobre el Derecho de Propiedad del Suelo, mientras el magistrado Carlos Nieto repasa una sentencia sobre rescisión de refinanciaciones. El magistrado Manuel Fernández-Lomana analiza las últimas novedades en derecho laboral y su compañero y Eduardo de Urbano, las de Penal Económico. El también magistrado Javier Puyol reflexiona sobre la economía colaborativa. Europa critica las políticas españolas de inmigración Ignacio Faes MADRID. El Comité de Lucha contra la Tortura del Consejo de Europa (CPT) se muestra “preocupado” por las nuevas reformas legislativas españolas, que legalizan la práctica de deportar a la fuerza a los inmigrantes irregulares sin previa identificación o evaluación de sus necesidades. En un informe, presentado ayer, el Comité recuerda a las autoridades españolas “su responsabilidad de garantizar la integridad física de todas las personas detenidas”. El informe sostiene que los Cies siguen mostrando “un entorno carcelario, con un espacio vital insuficiente, ausencia de muebles en las habitaciones y persianas de metal en las ventanas”. Asegura que no es compatible en virtud de la legislación de extranjería.