Nº 1576 | Viernes, 29 de mayo de 2015 Las banderas del PSOE son la desigualdad y el paro Las políticas del Gobierno del PSOE sumieron a España en la época de mayor desigualdad España fue el país de la OCDE en el que más creció la desigualdad entre 2007 y 2011: la pobreza infantil crecía a mayor velocidad que en la UE. Disparó el nº de niños en riesgo de pobreza: más de 500.000 en un año y convirtió a España en el 2º país con mayor tasa de pobreza de la OCDE. Mientras España lideraba las mayores cotas de desigualdad en Europa, las Administraciones acumulaban retrasos en pagos a las entidades sociales. La principal causa de desigualdad es la destrucción de empleo. El momento de mayor aumento de desigualdad en España empezó a cambiar a peor a partir del año 2007, cuando subió del 5,5 al 6,5, según el indicador 80/20, que compara lo que gana el 20% más rico con el 20% menos rico. Este Gobierno ha apostado por el empleo para combatir la pobreza y asegurar las prestaciones básicas y hoy ya podemos ver los resultados: Entre 2014 y 2015 un millón de personas han encontrado un puesto de trabajo. El número de hogares con todos sus miembros en paro ha bajado en 185.000 99.300 jóvenes menores de 24 años han encontrado un trabajo en el último año. Hemos bajado los impuestos a todos, especialmente a las familias con menos ingresos. La pobreza infantil es prioritaria para el Gobierno, porque los niños no pueden verse afectados por los problemas económicos de sus familias. El Plan de Inclusión incluye un plan específico de infancia y adolescencia y un presupuesto de 136.000 millones. El plan cuenta con un fondo extraordinario para menores de 17 millones íntegramente dedicado a las necesidades básicas de los menores. Además, las subvenciones para fines sociales del IRPF dedicadas a familia e infancia han aumentado este año un 22% para combatir la pobreza infantil. Gracias a las medidas del Gobierno, España se ha convertido en el primer país del mundo que prioriza por ley los derechos del menor. La Ley de protección a la Infancia y a la Adolescencia establece un nuevo marco de derechos y deberes de los menores con especial atención a los más vulnerables. A partir de ahora, todos los anteproyectos legislativos y reglamentos deberán evaluar su impacto en la infancia y la adolescencia antes de ser aprobados.
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