discurso Cuenta Pública Contralor General

Cuenta Pública 2014
Última Cuenta rendida por el Contralor General de la República
Ramiro A. Mendoza Zúñiga
Lunes, 6 de abril de 2015
§ Consideraciones Generales
Agradecemos a todos quienes hoy nos acompañan, Chile nuevamente ha sido remecido,
esta vez oscurecidos por el lodo, especialmente en la Región de Atacama, vaya
especialmente para nuestras regionales de Antofagasta y Atacama un saludo solidario y
comprometido. Nuestras Contralorías Regionales ya han establecido los vínculos
necesarios que permitan acompañar la mejor ejecución del mayor gasto que implica la
nueva prueba a que nos somete la madre naturaleza.
El año 2007 rendí mi primera Cuenta Pública, por lo acontecido el año anterior. No era de
mi período, y encontré que dicha situación era completamente anómala e incómoda.
Había asumido recién, pero había que hacerlo y se hizo. Por tal razón se da una especial
anomalía, esta es mi novena Cuenta Pública, pero creo que es justo que quien me suceda
pueda rendirla por sus decisiones, sus aciertos, o sus problemas, y no por los de otro.
Hoy quiero formularles una excusa. La Cuenta que rindo es en realidad una Memoria
Pública del período en que me ha tocado dirigir esta Institución, vale por 8 años de
gestión, pero al precio horario de una Cuenta Anual, prometo no demorarlos mas de lo
debido. La Cuenta 2014, ya está subida en el Portal de Contraloría. Me comprometo que la
agresión de los números que deben siempre acompañar este ejercicio, será prudente y
sólo se formulan para contextualizar algunas ideas. Les agradezco a todos su presencia y el
tiempo que han dispensado para este ejercicio democrático de rendición de cuentas.
§ Principales actividades del período (2007-2015)
Ciertamente estamos en un contexto de una Sociedad Civil empoderada, que demanda de
manera creciente y a veces desesperada mayor transparencia en los actos de la
Administración, el uso eficiente de los recursos públicos y, en definitiva, un Estado al
servicio de las personas.
Cuando asumimos este desafío en 2007, la Sociedad Civil y estatal demandaba que
nuestros productos y servicios fueran más oportunos, de calidad, de lenguaje sencillo;
esperaba una mayor transparencia de nuestras actuaciones y aspiraba a la posibilidad de
participar de alguna manera en la acción fiscalizadora.
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Para satisfacer las demandas y expectativas del entorno, reconocimos la urgente
necesidad de fortalecimiento de la Institución en diversos ámbitos. Se requería adecuar
las estructuras organizacionales, desarrollar competencias en nuestros funcionarios y
perfeccionar una carrera funcionaria basada en el mérito, elevar sustantivamente la
calidad de nuestros productos y servicios y mejorar las instalaciones físicas del Nivel
Central y Regional.
Para enfrentar aquel diagnóstico, que se hizo en cada una de las áreas de esta Institución,
la gestión realizada se basó en algunos pilares fundamentales que es necesario destacar,
no sólo como elementos de análisis sobre la gestión de estos últimos años y sus resultados
y productos, sino como guías rectoras o desafíos para el trabajo que la Contraloría debiera
seguir desarrollando en los próximos años. Estos son:
•
Transparencia y participación ciudadana
•
Eficiencia y oportunidad
•
Preocupación por las personas
•
Personal e Infraestructura
•
Colaboración en el plano nacional
•
Colaboración en el plano internacional
•
Desafíos
§ Transparencia y participación ciudadana
La transparencia en los actos de la Administración y la rendición de cuentas de los mismos
es un requerimiento de la ciudadanía respecto de las acciones de cualquier entidad y
funcionario público, y la Contraloría no podía estar ajena a satisfacer estas demandas. Es
así que una de las primeras medidas que tomó nuestra administración fue publicar los
informes de auditoría y abrir las bases de Iegislación y jurisprudencia a través de nuestro
Portal institucional, así como transparentar la agenda del Contralor General y
posteriormente de las más altas autoridades de la Institución. Estas medidas fueron
seguidas de otras innumerables acciones en el plano de entregar a la comunidad
información oportuna y de calidad. Una de ellas fue el Informe Presupuestario Municipal –
el “Semáforo Municipal”-, que desde el 2012 transparenta los reportes financierocontables de los municipios.
Pero quisimos ir mucho más allá. Nos dejamos examinar por entidades externas e
invitamos a la comunidad a participar de nuestro proceso de fiscalización a través de sus
denuncias y sugerencias de fiscalización en el Portal Contraloría y Ciudadano (en el 2012).
Desde su puesta en marcha en septiembre de 2012, 7.747 personas, muchas de ellas de
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manera anónima, han requerido a Contraloría que llevemos a cabo acciones de Control.
Así también desde el año pasado se dio comienzo al esfuerzo de transparentar la
información de la obra pública a través de GEO-CGR (2014), herramienta que ha contado
con la colaboración –expresada a través de concretos convenios- de los Ministerios de
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y, esencialmente, con la
Dirección de Compras y Contratación Pública –ChileCompras-, a todos quienes
agradecemos el esfuerzo desplegado. Herramienta que podrá demostrar todo su potencial
de seguimiento, control y participación ciudadana en el despliegue del gasto público que
en materia de obras acarrea ineludiblemente el desastre que hoy azota a las regiones del
Norte.
También avanzamos en nuestro propósito de fortalecer los vínculos con la ciudadanía y
respondiendo a una de las recomendaciones emanadas del Informe OCDE 2014, en enero
del 2015 se inicia un trabajo de coordinación y colaboración mutua de la Contraloría
General con las organizaciones de la Sociedad Civil, conformando un Consejo Asesor
constituido por representantes de distintas instituciones ciudadanas. De este modo, se
pretende articular una instancia permanente de cooperación mutua entre la Contraloría y
la Sociedad Civil, que fortalezca los espacios de influencia de los ciudadanos en el
quehacer institucional, siendo un espacio donde las inquietudes de la ciudadanía sean
expuestas de modo participativo y permitiendo a la Institución perfeccionar sus procesos y
productos considerando las necesidades e inquietudes del ciudadano. Este Consejo Asesor
se transforma en uno de los principales desafíos de la Institución en materia de
vinculación con la ciudadanía, debiendo avanzar hacia su articulación y consolidación
como una instancia efectiva de participación ciudadana que permita, en base a la
comunicación y coordinación, contribuir a una gobernanza responsable y transparente.
Con el propósito de profundizar y fortalecer la colaboración con el Poder Legislativo, lo
que venía desarrollándose desde el año 2007, ya con nuestra presencia en Comisiones de
la Cámara y del Senado y en la atención preferente de los parlamentarios conforme nos
obliga nuestra Ley Orgánica, el año 2014 se suscribió un convenio con la Cámara de
Diputados, que implicará que en junio de cada año, el Contralor General entregue a la
Cámara Baja un reporte, cuantitativo y cualitativo, con los principales hallazgos de los
informes de auditoría efectuados el año anterior, junto a las observaciones de alta
complejidad que hayan sido subsanadas por las entidades de la Administración sujetas a la
fiscalización de este Organismo de Control. Se trata de que la Cámara Fiscalizadora tenga
la mejor información disponible de cara a la discusión presupuestaria de cada año
respecto de las entidades de la Administración del Estado, precaución, pero también
recompensa de quienes se esfuerzan en sus cometidos de buen gasto público. Este
convenio de colaboración entre ambos organismos se enmarca también en otra de las
recomendaciones emanadas del Informe OCDE 2014, donde se destaca la relevancia de
desarrollar una especial vinculación entre el Poder Legislativo y esta Contraloría General,
como un aporte real de promoción y fortalecimiento de transparencia y probidad en los
organismos públicos.
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En este mismo sentido, la permanente cooperación y colaboración desarrollada en el
período 2007-2015 con el Congreso Nacional se refleja en mi asistencia a más de 80
comisiones permanentes e investigadoras, donde explicamos y contextualizamos
normativas vigentes, dimos nuestra visión sobre marcos jurídicos y administrativos y
profundizamos el contenido de nuestras Auditorías.
Hoy somos una institución más transparente, abierta a la ciudadanía, con diversos canales
de comunicación y participación.
§ Eficiencia y oportunidad
La Contraloría siempre ha sido reconocida como una entidad proba, pero también era
necesario que se destacara como una organización oportuna, eficiente y orientada a
satisfacer las demandas de la Sociedad Civil y Estatal.
Para lograr este cometido, durante el período implementamos un Modelo de Gestión por
Resultados, que nos llevó al rediseño de los procesos, productos y resultados de todas
nuestras funciones, especialmente Jurídica y de Auditoría.
En relación al Control Externo, entre muchas otras iniciativas, nos abocamos a mejorar
sustancialmente la calidad y oportunidad de nuestros informes de auditoría, creamos
productos nuevos como las Auditorías Integrales; fortalecimos los procesos de
planificación, ejecución y seguimiento de auditorías, los que se plasmaron en el primer
reglamento formalizado de auditorías (Resolución N°20, 2015) que cumpliendo un
mandato legal debido desde el año 2002, por primera vez genera el marco de deberes que
esta Entidad debe cumplir respecto de sus fiscalizados. Hoy la Contraloría General puede
decir con orgullo que su Programa Operativo Anual es público y que, además, se ha
concadenado toda la cadena de Control: Planificación, ejecución (con sus muestras),
seguimiento y acciones derivadas, en instrumentos jurídicos internos y en su Reglamento
de Auditorías ya señalado.
Son numerosos los productos asociados a esta función: amén de la Resolución N°20, ya
señalada, encontramos la Resolución N°30, de 2015, que actualiza la normativa sobre
Rendición de Cuentas y viene en derogar la antigua Resolución 759, de 2003, dando
cabida a las nuevas tecnologías digitales y al uso intensivo de la firma digital avanzada.
También numerosos instrumentos se asocian a este desarrollo: la Orden de Servicio N° 30,
de 2014, que establece instrucciones sobre la formulación de observaciones en la etapa
de fiscalización y su tratamiento y cierre en el proceso de seguimiento Guía Práctica para
la Construcción de Muestras, que desarrolla la metodología de muestreo de la CGR (2014);
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las Guías Prácticas para los diversos módulos del SICA 4.0 (2014); la Guía de Apoyo a la
Auditoría de Infraestructura (2014); la Guía Metodológica de Calidad (2014); el Instructivo
que regula el funcionamiento del Comité Portal Contraloría y Ciudadano (2014); la Guía
para el Muestreo de Infraestructura (2014); la Guía para las Auditorías de Medio
Ambiente (2014); el Sistema Automatizado de Muestreo para el Control de Obra
Pública(2014); el Catálogo de observaciones, que recoge y clasifica las observaciones más
recurrentes de los informes de auditoría (2013); la Guía Metodológica de Seguimiento
(2013); la guía de Estructura y Modelo de Informes (2013); la Orden de Servicio N° 88, de
2012, que establece instrucciones sobre productos de la Función de Auditoría; la Orden de
Servicio N°107, de 2012, que establece instrucciones para ordenar procedimientos
disciplinarios y seguimientos de los mismos; y, el Manual de Investigaciones Especiales
(2011).
Asimismo, se fortaleció el sistema informático para la ejecución de las auditorías –el SICA-,
sistema que ha sido facilitado e implementado integralmente en Colombia, Uruguay,
Paraguay y Perú, y está siendo prospectado en otros países de Latinoamérica y del Caribe.
En materia jurídica, mejoramos de manera sustantiva la oportunidad –reconociendo la
dificultad de este propósito- y calidad de nuestros pronunciamientos jurídicos. El tiempo
promedio de una toma de razón en materias distintas a la de personal es hoy de 12 días.
Se logró también consolidar un sistema de tramitación documental nacional: en cada una
de nuestras oficinas a lo largo de Chile se administra en tiempo real toda la
documentación y tramitación de la entidad. Toda documentación que ingresa a nuestras
oficinas queda digitalizada e incorporada a nuestros expedientes digitales.
En lo referido a la Toma de Razón y Registro en materias de personal, hemos desarrollado
a partir de una labor conjunta inicial con la Dirección de Presupuestos, el Sistema de
Administración de Personal de la Administración del Estado (SIAPER), el cual es un avance
fundamental para la gestión del personal de toda la Administración del Estado,
reduciendo los tiempos de tramitación de documentos que en ocasiones llegaban a más
de 60 días a un proceso automatizado de toma de razón. Un acto en SIAPER TRA demora
40 segundos en su toma de razón. Ello no habría sido posible sin la dictación de la ley
20.766 (de 2014), lo que agradecemos en esta ocasión tanto a la Presidenta de la
República como al Congreso Nacional y al Tribunal Constitucional. Hoy los funcionarios y
funcionarias pueden, además, cumplir con los requisitos de salud compatible con el cargo
con cualquier prestador médico, sin pasar por un escarnio de tiempo y dignidad.
Esperamos que para el próximo año todos los servicios públicos estén utilizando la
plataforma de SIAPER TRA.
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Estamos conscientes de que el mundo municipal ha hecho sus mejores esfuerzos al punto
tal que hoy los 345 municipios del país nos envían a Registro a través de la web sus actos
en materia de personal. Queremos insistir en algo que pasamos por alto: cuando hay
acompañamiento adecuado ninguna municipalidad rehúye el cumplimiento debido de
sus obligaciones.
Finalmente, en materia contable, se han hecho los esfuerzos para la implementación de
las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público –NICSP- hoy ya normado y
con aplicación a partir del año 2016, conforme lo expresa la Resolución 16, normas que
aparte de permitir a la Contraloría y otros órganos reguladores desarrollar una labor de
control más eficiente dado que los Estados Financieros utilizando estos estándares
presentarán información más íntegra, precisa y oportuna, facilitarán un mejor control
ciudadano de los órganos que integran la Administración y podrán estos Estados
Financieros constituirse en una verdadera medición de eficiencia de quienes los dirigen y,
con ello, consolidar un verdadero ejercicio de rendición de cuentas para los gobiernos y
sus autoridades. Este camino requiere cooperación, capacitación, preparación y coraje, el
que hemos encontrado en las autoridades de Hacienda desde que aceptamos el rol que
supuso hacernos socios de la OCDE. Agradecemos también a las Entidades piloto y a las
Universidades que nos han acompañado en esta implementación.
En esta dimensión es necesario dar cuenta que la comparación del Balance General de la
Institución para el periodo 2007-2014, conforme a las reglas de NICSP, evidencia cambios
que han significado un importante crecimiento en el patrimonio de la Contraloría General,
donde se destaca un incremento de un 105% del total de activos, pasando de
M$27.413.752 a M$56.293.838 explicado por el aumento del activo fijo de la Institución a
través de 11 nuevas sedes regionales, remodelación del edificio del nivel central y los
bienes intangibles que corresponden al desarrollo de sistemas informáticos. Asimismo, la
deuda pública de la Contraloría General disminuyó un 46% de M$7.173.803 a
M$3.885.173 y corresponde a pagos en relación al contrato de préstamos del BID suscrito
el 2001. En otras palabras, en estos años se ha generado un aumento en el Patrimonio del
Estado en un 163% entre el periodo 2007-2014, el que se incrementa desde
M$19.402.469 a M$50.951.784.
Nos hicimos cargo de las críticas que se nos formulaban. Hoy no sólo somos una Entidad
que ha resguardado el patrimonio puesto a nuestro cuidado, somos más oportunos, claros
en nuestros productos y atentos al cumplimiento de los fines que la ley nos impone y a las
expectativas que respecto de nosotros tiene la sociedad estatal y civil.
§ Preocupación por las Personas
Hemos tenido, desde el primer día, un sello de preocupación por la dignidad de las
personas, todos, nuestros funcionarios, los funcionarios públicos y la ciudadanía.
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La magnitud de los cambios y desafíos que debíamos enfrentar requerían como condición
sine qua non la mejora integral de las condiciones laborales de nuestros funcionarios,
incluyendo su calidad de vida laboral –con un régimen de protección subsidiaria y solidaria
de salud y alimentación para los que menos tienen-, su desarrollo, el adecuado resguardo
del clima laboral dentro de la Organización y la igualdad de oportunidades para el
variopinto mundo profesional interno. Esta Entidad hoy tiene un mix de profesionales
tanto con experiencia y juventud que le permite intervenir en todo el contexto del
complejo universo del gasto público (Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Civiles
Industriales, Ingenieros Comerciales, Constructores Civiles, Ingenieros Informáticos,
Auditores, Abogados, Administradores Públicos, etc.).
Ello implicó que, entre otras medidas, se haya implementado un criterio para el proceso
de promociones respetando el principio de "función realizada y responsabilidad asociada"
homologando las funciones desempeñadas y la responsabilidad correspondiente con el
grado y remuneración asignados. En el período ha habido hasta el día de hoy más de 3000
ascensos, los que se hicieron considerando el compromiso de los convenios de
desempeño instalados en la entidad, la comprobación efectiva del trabajo desarrollado y
la activa sugerencia de las jefaturas que debían responsabilizarse de sus equipos de
trabajo.
Asimismo, se fortalecieron los concursos y convocatorias internas como principal
mecanismo de promoción. Durante el periodo se desarrollaron 343 convocatorias internas
destinadas a ocupar cargos vacantes tanto de nivel central como de sedes regionales.
Dentro de estas convocatorias, 107 correspondieron a procesos para cargos de Jefatura de
Comité, Área, Departamento o Unidad, mientras que 10 de estos procesos estuvieron, de
manera inédita, destinados al cargo de Contralor Regional. De esta forma se consolidó un
mecanismo interno, transparente y meritocrático de nombramiento que facilita el
desarrollo de carrera de los funcionarios de la Contraloría General de la República.
El día de hoy cada funcionario es testigo y beneficiario directo de espacios dignos,
pensados en su trabajo y en su comodidad. Cada funcionario tiene previsibilidad de su
desarrollo en la organización, asociado –por supuesto- al compromiso y esfuerzo
desplegado, a las capacitaciones realizadas y a las evaluaciones asociadas a su
desempeño. Cada funcionario tiene oportunidades concursales abiertas y las
herramientas necesarias para proteger el trato digno que debe recibir de quien los
gobierne. Del mismo modo, cada funcionario tiene el apoyo solidario en salud y
alimentación, de acuerdo a su posición remuneratoria.
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§ Personas e Infraestructura
Una reflexión no menor: no hay dignidad en espacios indignos, ni para el funcionario, ni
para el ciudadano. A partir de allí, desarrollamos un Plan Integral de Mejoramiento de la
Infraestructura de la Contraloría, remodelando la totalidad de las instalaciones del Nivel
Central y construyendo 11 nuevas sedes regionales (Puerto Montt, Coyhaique, Talca,
Rancagua, Concepción, Valparaíso, Punta Arenas, Temuco, Valdivia, Arica y Antofagasta).
En estos 8 años hemos dotado a la Contraloría de instalaciones modernas, funcionales,
que entregan comodidad y dignidad a nuestros funcionarios y a todos los usuarios que
deben acercarse a nuestras oficinas.
A nivel regional se han edificado 14.784 m² de obras civiles, los que corresponden a 11
sedes regionales, con un monto total de inversión que alcanza los M$17.623.381. En
tanto, en el nivel central, se construyeron 23.312 m², por un monto equivalente a
M$8.658.118. Para una óptima distribución de los espacios en el nivel central, se asignó
cada División a un piso o sector específico del edificio institucional, lo que ha facilitado
una integración entre los distintos equipos de trabajo, que comparten espacios cercanos y
comunes.
Un dato relevante que debo destacar: por un peso gastado en el nivel central se
asignaron dos pesos para gastos de infraestructura en regiones.
Es necesario dar cuenta que el diseño y la planificación del proceso de remodelación
permitió un considerable ahorro al Estado, ya que, a partir de la optimización del espacio,
en el nivel central, se disponibilizaron 4.587 m² adicionales útiles. En tanto en regiones se
edificaron 14.784 m².
Alternativamente, en el nivel central, haber tenido que comprar o arrendar este espacio
necesario, considerando los cambios institucionales, habría significado costos muy
superiores a los invertidos, el ahorro alcanzado es del orden de M$ 56.168.402, si se
tratara de arriendos, y frente a una alternativa de compra el ahorro ascendería a M$
36.059.843.
El diseño de la remodelación contempló adecuar los espacios físicos a las nuevas
metodologías de trabajo y para ello se consideró la construcción de salas de reuniones en
cada piso, de acuerdo a la dotación de las Divisiones. De esta manera, hoy en el nivel
central existen 18 salas de reuniones, más una Sala Multiuso que alcanzan un total de
778,5 m2 por ambos conceptos. En las sedes regionales, en tanto, se cuenta con los
mismos estándares y disponemos de 1.823,84 m2 para estos efectos. Cada Servicio, cada
organización de la sociedad civil puede requerirnos gratuitamente el uso de esas
instalaciones, se trata de bienes públicos, para el público.
Adicionalmente, se logró disponer de una superficie de 4.387 m² en el Edificio Moneda
Bicentenario destinada a oficinas, para cuya edificación se fusionó un terreno de 2.000 m²
originalmente propiedad de Contraloría. Estas nuevas dependencias emplazadas en la
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dirección Gotuzzo 65 cuentan con espacios de oficina, salas de reuniones, biblioteca y sala
de conferencias, distribuidos en nueve pisos que incluye además 60 estacionamientos en
subterráneo. Las autoridades de Gobierno, el Ministro del Interior y Seguridad Pública y el
Ministro de Bienes Nacionales (s), en el mes de febrero concretaron la entrega de estas
dependencias, las que debemos agradecer en esta Cuenta. Esta Entidad tiene las
instalaciones suficientes, dignas y apropiadas para el cabal desarrollo de sus funciones
para los próximos años.
§ Colaboración en el plano nacional
La Contraloría tiene una misión esencialmente fiscalizadora, la cual debía ser
complementada con una orientación efectiva hacia la colaboración con la Administración.
En este sentido, hemos puesto énfasis en desarrollar una serie de iniciativas de apoyo
tanto con los servicios públicos como con el sector municipal. Estas acciones incluyen los
tradicionales cursos de contabilidad gubernamental, hoy con énfasis en las normas
internacionales de contabilidad, como en mesas técnicas de trabajo sobre diferentes
materias relevantes en las que la Contraloría ha detectado deficiencias y oportunidades de
relacionamiento, como aquellas Mesas Técnicas Universitarias –con el apoyo del Consejo
de Rectores de Universidades Estatales a todos quienes agradecemos por su atención,
participación y diagnóstico crítico del sistema y que hoy representamos en los Rectores
que nos acompañan, muy especialmente en el Rector Vivaldi, el Rector Zolezzi y el Rector
Valle, nuevo Presidente del CRUCH-.
También se ha fortalecido la capacitación externa con el desarrollo de bases tipo en
materia de obra pública, con las capacitaciones desarrolladas para la implementación del
sistema SIAPER que citamos anteriormente, y con el desarrollo de distintas instancias de
colaboración con las Unidades de Control Interno de la Administración (Seminarios,
Talleres, el último realizado en enero de este año y que contó con la presencia de la
Presidenta del CAIGG, la Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
sra. Patricia Silva), y los seminarios de capacitación regional, los Seminarios anuales en
materias de probidad desplegados en todo Chile, los Seminarios Talleres en materias de
planificación territorial –donde de manera persistente hemos contado con la colaboración
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo-, los Seminarios de aplicación de la Ley de Lobby y,
en general, el desarrollo de una política de puertas abiertas para recibir y apoyar a los
funcionarios públicos que requieran la colaboración de la Contraloría General.
Este esfuerzo de colaboración ha implicado el desarrollo de un conjunto de herramientas
activas de trabajo para nuestros usuarios que se han concretado a través de un creciente
número de Portales Web Institucionales, asociados a nuestra página, tales como:
•
el Portal Anticorrupción, que surgió como parte del programa “Uso Compartido de
Información para Mejorar el Combate de la Corrupción en Chile” y constituye una
iniciativa conjunta de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y
el Consejo de Defensa del Estado, en la cual tales órganos del Estado acordaron
mejorar la efectividad, oportunidad y transparencia de la investigación y el
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procesamiento de delitos de corrupción en la función pública, mediante el uso
compartido de información sobre denuncias e investigaciones. Junto con entregar
información a la ciudadanía, el Portal permite realizar denuncias –las que en el
caso de la Contraloría se vinculan al Portal Contraloría y Ciudadano, donde está
disponible un formulario electrónico de denuncia en línea- y efectuar un
seguimiento del estado de avance de la denuncia realizada, también en formato
electrónico.
•
el Portal NICSP, desplegado en el marco de nuestro rol de organismo responsable
de impartir las normas y definir los procedimientos contables básicos para el
registro de las transacciones por parte de los servicios e instituciones que integran
la Administración del Estado de Chile y del plan de convergencia de la normativa
contable pública a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público (NICSP), el objetivo de este Portal es fortalecer la comunicación entre la
Contraloría General de la República y los servicios públicos y suministrar a las
entidades del sector público información útil para la toma de decisiones y
contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados,
incrementando tanto la calidad como el detalle de la información financiera
presentada por las entidades del sector público de los distintos países.
•
el Portal Asociativismo Regional y Municipal, motivado por las recientes
modificaciones a las leyes orgánicas de Municipalidades y de Gobiernos Regionales
y con el objetivo de fomentar la coordinación, colaboración y transparencia, en el
año 2012, la Contraloría creó este Portal, en el cual es posible observar la
normativa aplicable a las asociaciones con participación público-privada, la
jurisprudencia relevante surgida a propósito de las presentaciones que sobre la
materia efectúan los gobiernos.
•
el Portal para las Unidades de Control Interno, el que nació gracias a un Convenio
de Cooperación Técnica firmado por los Gobiernos de la República Federal de
Alemania y de la República de Chile, en 2012. Su propósito es aumentar la
coordinación con las unidades de auditoría o control interno para el intercambio
de experiencias, difusión de buenas prácticas y la formación de una red de
colaboración y conocimiento. De esta forma se evita la duplicidad de acciones,
propiciando el ahorro de recursos públicos y generando información relevante
para el control, lo que contribuye a fortalecer el rol de estas unidades como
primera barrera para la prevención de actuaciones irregulares.
•
El Portal Jurídico Municipal, que se habilitó en julio de 2014 para el uso de los 345
municipios del país. Su finalidad es otorgar a los funcionarios de entidades edilicias
información actualizada y la posibilidad de realizar, a través de un foro, consultas
en línea y comentarios sobre asuntos relacionados con el ámbito jurídico
municipal, permitiendo obtener una respuesta oportuna de esta Entidad de
Control y conocer la experiencia de sus pares respecto de temas específicos.
•
el Portal SIAPER (Sistema de Información y Control del Personal de la
Administración del Estado), al cual se tiene acceso desde el sitio web de la
Contraloría General, tiene por finalidad dar a conocer las plataformas externas de
SIAPER a sus usuarios de servicios públicos y municipios, presentando
documentación y videos tutoriales para el trabajo en las plataformas de Registro
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Electrónico Servicios y Municipal (SIAPER RE y RE MUN, respectivamente) y de
SIAPER TRA (SIAPER Toma de Razón Automática), entregando normativa vinculada
y las capacitaciones que se encuentran programadas para dichas plataformas a los
usuarios externos. Del mismo modo, este Portal presenta noticias relacionadas con
SIAPER en sus diferentes versiones, como así también da acceso a los servicios y
municipios a sus perfiles para trabajar en la plataforma. Igualmente, entrega el
contacto con la Mesa de Ayuda SIAPER. Adicionalmente, muestra cuáles son las
otras labores vinculadas a materias de personal, en las cuales Contraloría puede
interactuar directamente con la Administración Pública, como es el caso de la
función de Validación y Control de Datos de Personal y Estudios Remuneratorios
del personal del Sector Público, el cual contará próximamente con un portal propio
accesible desde este sitio.
•
el Portal de Remuneraciones de la Administración del Estado, es una iniciativa cuyo
objetivo principal es suministrar a las entidades sometidas a su fiscalización
información útil y especializada sobre los distintos sistemas remuneratorios
aplicables al Sector Público. Atendida la implementación progresiva de esta
herramienta, se podrá obtener documentación sistematizada sobre los distintos
componentes que integran las remuneraciones de los funcionarios públicos afectos
a la Escala Única de Sueldos, lo que permitirá el acceso directo a la normativa y
jurisprudencia vigente, así como también, a documentos de trabajo, aplicativos
prácticos y un valioso archivo de escalas de remuneraciones. Asimismo, se
contempla un canal especializado de comunicación, a través del cual los
encargados de remuneraciones de las entidades referidas podrán hacer consultas
sobre aplicación de jurisprudencia en materia remuneratoria y cálculo de
remuneraciones, lo que favorecerá el traspaso de información y evitará la comisión
de errores en el entero de dichos estipendios.
•
el Portal Capacitación a Instituciones Públicas, que fue desarrollado como una
plataforma de entrega de información actualizada y transparente, que facilita la
postulación y el acceso a la información sobre la capacitación externa ofrecida por
la Contraloría. A través de esta plataforma, las instituciones pueden conocer la
programación de actividades planificadas para el año, a las cuales podrán postular
de acuerdo a los procedimientos y requisitos establecidos para tales efectos. Cada
actividad, publicada en el calendario, cuenta además con un descriptor que detalla
el perfil de los participantes, objetivos de la actividad, contenidos, prerrequisitos,
duración del curso, periodo de postulación y fecha de ejecución. Con el objetivo de
transparentar y establecer con claridad los procedimientos que regulan la
participación en las actividades dictadas por la CGR, el Portal permite a los
interesados acceder fácilmente al reglamento de capacitación externa e
informarse paso a paso de los procesos y etapas de postulación, ejecución y
selección. En este mismo sentido y con la finalidad de dar cuenta de la gestión
anual de la Institución, desde el año 2012 la Contraloría publica el “Anuario de
capacitación”, donde es posible encontrar un listado de los cursos realizados
durante el año, la región donde fueron impartidos, las instituciones participantes y
los resultados agregados por cada actividad.
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Como hemos dicho, el año 2013 nos sometimos a una evaluación internacional voluntaria
liderada por la OCDE, la cual destacó los avances sustantivos de la Contraloría en su
capacidad de gestión estratégica y operativa y su vinculación con el entorno, entregando
como conclusión que "el resultado del trabajo de la Contraloría General (auditorías,
dictámenes, toma de razón, entre los más importantes) es un aporte sustantivo para una
efectiva y oportuna rendición de cuentas del gobierno y una mayor responsabilización de
los agentes públicos en los procesos de toma de decisión, con miras a la satisfacción de las
demandas ciudadanas". A ello apuntan los esfuerzos desplegados: satisfacción concreta
de las demandas para dar cara a un mejor Estado.
§ Colaboración en el plano internacional
La Contraloría desarrolló una estrategia de posicionamiento internacional enfocada en
fortalecer sus vínculos con las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la región, tanto a
través de la participación activa en la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) como en la cooperación bilateral sur-sur,
con algunas de ellas, prestando asistencia técnica para el traspaso de metodologías,
sistemas informáticos, conocimientos y experiencias en distintos ámbitos del quehacer de
estos Órganos de Control. Por otra parte, se profundizó la relación con organismos
multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la OCDE, el
PNUD, la GIZ y el FMI. A todos ellos agradecemos su colaboración, muy especialmente al
BID, que nos apoyo en generar cambios culturales en la organización de nuestro trabajo.
Así, al iniciarse el período 2007-2015, la Contraloría se relacionaba con actores
extranjeros, tales como organismos internacionales y otras Entidades Fiscalizadoras
Superiores, con foco esencialmente en la recepción de cooperación e intercambios. En
general, se trataba de un vínculo que la Institución utilizaba para el mejoramiento de sus
capacidades institucionales.
Partiendo de esa base, las primeras orientaciones del área internacional fueron poner
énfasis en los temas de lucha contra la corrupción. Ello se realizó a través de dos
vertientes. La primera, a través de la participación periódica en reuniones, talleres,
seminarios y conferencias sobre la materia; y la segunda, a través del seguimiento y
participación de los mecanismos de implementación de las convenciones anticorrupción.
En este contexto, a partir del año 2008 se desarrollaron tres versiones del Foro
Internacional Contra la Corrupción, contando con el financiamiento del PNUD y la
participación de destacados actores nacionales e internacionales. Valga decir, a
propósito de nuestra actualidad, que en noviembre del año 2010 llevamos a cabo un
Seminario Internacional para que evaluáramos, de cara a distintos y sobresalientes
exponentes internacionales, los desafíos de nuestra respuesta a las Catástrofes.
Nuevamente la trampa de la autocomplacencia impidió sacar conclusiones reactivas y
transformadoras de nuestra realidad. El libro resultante de ese esfuerzo, batalla con el
olvido y el polvo en los anaqueles de los servicios a los cuales se regaló. Un solo fruto
podemos reconocer de ese trabajo: el desarrollo y preocupación de las ONGs y donantes
12
que también participaron y que llevaron al desarrollo de una tabla de Rendición de
Cuentas (la tabla IFAF), que esperamos que ahora demuestre su utilidad.
Asimismo, se incrementó la participación en la Organización Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores, donde se jugó un rol relevante en la
modernización organizacional y se acrecentó la celebración de convenios de cooperación
con diversas Entidades de Control y asumimos nuevos roles, desde la presidencia de la
Comisión de Ética y Transparencia de OLACEFS, hasta la Secretaría Ejecutiva que Chile
detenta desde el año 2013, hasta el año 2019.
Agradecemos a todos los representantes de las Entidades Fiscalizadoras que hoy nos
acompañan, al Consejo Directivo de OLACEFS que se encuentra en Chile y, especialmente,
a su Presidente, el Presidente del Tribunal de Cuentas de Brasil. También saludamos al
Auditor General de Estonia que también nos acompaña.
Las estrategias anteriores se plasman en que actualmente la Contraloría desarrolla su
trabajo en el área internacional en cuatro grandes frentes, que son:
•
Vínculo con otras Entidades Fiscalizadoras Superiores (transferencia del SICA,
transferencia de experiencias IPSAS (NICSP) –acrecentada por la Secretaría
Ejecutiva que detentamos del Foro de Contadores Latinoamericanos, FOCAL-,
transferencia de buenas prácticas, y pasantías bidireccionales).
•
Participación en organismos internacionales (la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS,
nuestra calidad de miembros en variados grupos de trabajo, tanto de OLACEFS, la
INTOSAI, en mecanismo del MESECIC, y en el mecanismo de seguimiento de la
UNCAC, de ONU. Adicionalmente, hoy podemos decir con sano orgullo e insana
envidia, que la Subcontralora, sra. Patricia Arriagada, es miembro del Board de
Control de la ONU).
•
Vínculos con entidades de financiamiento (GIZ, BID, BM).
•
Revisiones internacionales al quehacer institucional. En el 2012 se firmó un
acuerdo con la OCDE, que derivó en un exhaustivo proceso de revisión que
concluyó en abril de 2014 y contó con la participación de trece Entidades de
Control de todo el mundo. El informe final tuvo por objetivo convertirse en una
herramienta de apoyo a la buena gobernanza, la transparencia, la Rendición de
Cuentas y la participación ciudadana. Como resultado de dicho informe se
formularon una serie de recomendaciones que buscan llevar a la Contraloría a
cumplir con los más altos estándares internacionales, tanto en el trabajo interno
como en el existente en las relaciones con terceros. En el 2013, firmamos un
convenio, junto a Chilecompras, con la Universidad de Harvard, que nos ha
permitido revisar el proceso de fiscalización de Compras Públicas y apostar al
mejor desarrollo del modelo de compras.
Nuestra Entidad, es hoy reconocida en la Región por su disposición colaborativa y por
nuestra capacidad de reconocer en otros las mejores prácticas, que luego de su
análisis y viabilidad muchas veces terminan por introducirse en nuestro país, como
13
aconteció con el modelo peruano de control de obras, precursor directo de nuestro
GeoCGR.
§ Desafíos
La Contraloría hoy se enfrenta a un proceso de necesaria madurez que involucra
consolidar lo avanzado, buscar nuevas formas de seguir el camino de la mejora continua,
el fortalecimiento institucional y el constante ejercicio de la colaboración con la sociedad a
la que sirve, Estado y ciudadanos. Esto significa enfrentar una serie de desafíos que
resultan prioritarios durante el siguiente periodo, entre otros:
•
Nuevo Plan Estratégico Institucional. El proceso de elaboración y difusión del Plan
Estratégico Institucional 2013-2015 basada en un método participativo y
transversal favoreció la internalización por parte de todos los funcionarios de los
objetivos y estrategias institucionales del periodo. En la actualidad y considerando
los nuevos desafíos que enfrenta la Institución, resulta necesario comenzar un
proceso de carácter integral que permita definir las nuevas estrategias
organizacionales para el periodo. Se favorece así el contar con una carta de
navegación que guíe y oriente el trabajo de la Institución.
•
Aseguramiento de la calidad. A partir de los cambios implementados durante el
periodo, resulta necesario impulsar la formalización e implementación de una
División de Aseguramiento de la Calidad cuyo principal objetivo sea velar por la
oportunidad y el cumplimiento de altos estándares de calidad de todos los
procesos y productos organizacionales.
•
Consolidación de la metodología de gestión de proyectos CGR. Durante los últimos
años se implementó con éxito un modelo de gestión por proyectos que favoreció y
facilitó la ejecución de gran parte de los cambios y mejoras incorporados durante
el periodo. Así, resulta necesario consolidar la metodología de gestión por
proyectos CGR desarrollada durante el periodo, optimizando la utilización del
Portal de Proyectos como herramienta de gestión institucional y relevando la
importancia de la generación de ideas de funcionarios y jefaturas como
mecanismos de clara innovación institucional.
•
Portal de Transparencia de resultados. Con el propósito de fortalecer la confianza
ciudadana a través de mayores niveles de transparencia institucional, resulta
oportuno disponibilizar en la página web institucional el Portal de Transparencia de
Resultados de la Contraloría, cuyo objetivo es integrar en una única plataforma las
estadísticas relacionadas con la gestión y resultados de todas las funciones de la
Institución. Dicha plataforma de reportabilidad debe contener informes ejecutivos
y analíticos, considerando distinto niveles de desagregación de la información que
dispone esta Entidad y que recolecta en el macro desarrollo de su actividad (Toma
de Razón, Dictámenes, Auditorías, Juicio de Cuentas, Informes Contables, etc.). Por
ejemplo, en el caso de Control Externo reportes por sector, entidad, materia, tipos
de observación, entre otros. Dicho instrumento hará público los riesgos y permitirá
identificar las buenas prácticas y las mejores jefaturas en el Estado.
14
•
Revisión continua de los productos institucionales. Durante los próximos años se
debe asegurar no perder como foco central de la gestión de Contraloría a la
Sociedad Civil y Estatal a la que sirve la Institución. Esto significa que los productos
no sólo deben ser oportunos, sino que también deben cumplir con estándares de
calidad que respondan constantemente a las demandas de la sociedad. Para esto
es necesario establecer mecanismos de revisión continua de los productos
institucionales lo que permita asegurar que las características de éstos se ajusten a
las expectativas de las Partes Interesadas Externas. En este sentido, se puede
destacar la necesidad de avanzar en la utilización de un lenguaje sencillo y claro,
que permita la usabilidad de los productos por parte de todos los interesados.
•
Favorecer la retroalimentación colaborativa. Considerando los avances realizados
en inteligencia de negocios y reportabilidad, resulta necesario desarrollar e
implementar mecanismos de acción que permitan detectar y clasificar las
omisiones, errores y observaciones más frecuentes por parte de los servicios y
municipios en los procesos de Toma de Razón, auditoría y contabilidad. Esto
permitiría utilizar esta información como insumo para establecer procesos de
retroalimentaciones colaborativa que permitan abordar y reforzar determinadas
materias a través de la emisión de manuales, instructivos u oficios.
•
Consolidación de la participación ciudadana. Durante el periodo se dispuso la
creación de una serie de instancias que permiten concretar la participación activa
de la ciudadanía en los procesos de fiscalización. Así resulta necesario fortalecer
estas herramientas de participación ciudadana como el Portal Contraloría y
Ciudadano, GEO-CGR y la acción activa del Consejo Asesor de Asociaciones de la
Sociedad Civil.
•
Continuar con la colaboración internacional. Durante el periodo, la Contraloría
logró establecer relaciones con múltiples actores internacionales que favorecieron
el proceso de fortalecimiento institucional. Es así como en la actualidad se
enfrenta el desafío de articular y profundizar estrategias de vinculación con otras
Entidades de la región lo que favorecerá no sólo la visibilidad de la organización a
nivel internacional, sino que también el aseguramiento de la incorporación de
nuevas tendencias y estándares internacionales en materias de fiscalización. En
este escenario, actividades como pasantías, capacitaciones o colaboración técnica
deben jugar un rol central en la que se basen las estrategias de relación
internacional.
•
Implementación de gestión por competencias. El Plan Estratégico 2013-2015
estableció como uno de sus objetivos el desarrollo de sistema de gestión por
competencias. Es así como durante los últimos años se ha avanzado en el
establecimiento de perfiles por competencias y mallas de certificación en
funciones críticas, resultando necesario continuar con la implementación de este
sistema, ejecutando las siguientes etapas del modelo de certificación de la malla
curricular.
•
Consolidar la implementación de las Normas internacionales de Contabilidad para
el Sector Público (NICSP), a partir de 2016, con un adecuado acompañamiento
técnico y de capacitación con el mundo universitario. El Banco Mundial y el Banco
15
Interamericano del Desarrollo, han manifestado su interés en continuar su
acompañamiento activo en esta área.
§ Reflexiones finales
Tal como señalara al comienzo de esta Cuenta que rindo, después de tantos años hay algo
que puedo señalar sin temor a equivocarme, y sin ánimo de vanagloria, son todas ellas
consistentes en su mensaje: La instalación de la Transparencia como una virtud
democrática, y el fortalecimiento del rol participativo del ciudadano, que una verdadera
democracia conlleva, está aparejando claras señales de desconfianza, que deben ser
atendidas, por el Estado, pero también por la sociedad en su conjunto. Un mecanismo
extraordinario de atención está en la coordinación y la colaboración del Estado en su
conjunto, pero no lo hemos fortalecido como es debido.
El no atender esas señales hace que el flagelo de la corrupción comience a encontrar un
espacio cómodo donde asentarse, luminoso donde verse y fácil donde apuntarse, en todo
y en contra de todos. Esto con palabras más, palabras menos, fue dicho en la Cuenta
Pública 2010 –rendida el 24 de junio de 2011-, donde trajimos a colación un antiguo y
premonitorio trabajo de Bernardino Bravo Lira, donde nos anunciaba que la corrupción
había llegado, y nos recordaba que el Presidente Aylwin, en su último Mensaje, afectado
por las revelaciones que despertaron los sucesos de la Refinería de Concón, Digeder y
Codelco, rescataba que la Administración aunque fuera lenta o ineficiente, no carecía de
honradez. Principio que se hermanaba con aquella famosa expresión del Presidente
Allende, según la cual en su gobierno se podían “meter las patas”, pero no las manos.
Palabras más o menos, parece ser que la corrupción ha llegado. Así, corrupción, coima,
soborno, concusión, se tornan voces frecuentes que invocan los medios de prensa –desde
hace ya largo tiempo-. De allí, raudamente, vienen intervenciones de Fiscales, de la
Contraloría, del Consejo de Defensa del Estado y de los Tribunales de Justicia, jueces que
tienen el deber de juzgar hechos que no debieran suceder. Y, cómo no, luego llegan las
decisiones legislativas, bajo la sempiterna promesa de más, mejores, ejemplificadoras y
duras leyes –que nunca son tanto- y todo ello bajo ese paradigma tan nuestro, de que
todo puede tener solución en la ley, en las leyes!!! Aunque es frecuente y evidente que,
con posterioridad nos olvidamos de aquellas en el tráfago posterior de otras nuevas leyes
que reemplazan a las anteriores y así sucesivamente.
Surgen entonces, al menos algunas interrogantes que pueden formularse: la primera:
¿Será que nuestro problema frente a la corrupción está en la ausencia de las leyes o será
que el conflicto resulta de la aplicación de las múltiples leyes que existen? la segunda:
¿Podrá combatirse exitosamente la corrupción? Una tercera: ¿Es sólo un problema que
afecta los valores públicos o estatales? Traté entonces de buscar algunas respuestas.
Una aproximación de respuesta, al menos a la primera inquietud, parece estar en el
problema que encuentra la aplicación de las leyes existentes. En efecto, luego del riguroso
trabajo realizado por la Comisión de Ética Pública, que dio paso a la Ley de Probidad,
16
pensamos que se había consolidado la idea de que con la dictación de esa Ley, en 1999,
las medidas legislativas eran suficientes, máxime cuando ese mismo año incorporamos al
ordenamiento jurídico chileno la Convención Interamericana contra la Corrupción y luego
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, verdaderos decálogos
normativos contra el mencionado flagelo, que hasta el día de hoy, son prácticamente
desconocidos en nuestro medio jurídico, aunque revisten el carácter vinculante de la ley.
Mas aún, seguimos persiguiendo la responsabilidad penal de las personas naturales en
delitos vinculados a la corrupción, cuando para ingresar a la OCDE tuvimos que romper el
paradigma de la responsabilidad personal y reconocer legislativamente la responsabilidad
penal directa de las personas jurídicas. Es que contra el mal de la corrupción, no existe la
receta legislativa milagrosa, menos aún cuando es el cuerpo social el que está afectado
por el flagelo señalado. Muchos buscan en un nuevo orden jurídico internacional la
respuesta (v.gr. el Simposio 2015 Combate a la Gran Corrupción: ¿es el derecho
internacional la respuesta? convocado por la Sociedad de Derecho y Desarrollo
Internacional de Harvard y celebrado en esa universidad el 20 de febrero pasado), pero si
es difícil conocer el derecho interno, ni hablar de lo que debe suceder para que llegue ese
nuevo orden.
Conviene detenerse antes en una afirmación, que por la magnitud de los últimos
acontecimientos, no es baladí. Es cierto, acá estamos en el marco de lo público, de la
función administrativa, pero qué duda cabe de que también aquel se ha apoderado y
asentado en el modo común en que muchos privados desarrollan su actividad diaria, sea
en los negocios o en la vida personal. Me refiero, por ejemplo, desde la tolerancia del
compadrazgo para evitar pagar una multa de tránsito, la exacción mínima de un confite en
algún supermercado, hasta el ofrecimiento natural de un beneficio a cambio del logro de
un contrato. Ni que hablar de la evasión de pago del Transporte colectivo en Santiago –
nótese que en el resto del país, no hay evasión por este concepto-. Y qué decir del
ejemplo que dio el bullado caso de La Polar, la colusión de las Farmacias, y de los recientes
casos –Cascadas, Penta, SQM, etc.- que como una gran ola terminará por mojar personas
e instituciones, que son arrastrados al cadalso de los medios y que se arriesgan a la
lapidación por todos quienes ven en el lanzamiento de esa piedra la retribución justa al
mal trato recibido.
Parece ser que la solución no es necesariamente la dictación de más y más leyes, sin
perjuicio de aquellas que conviene materializar en breve plazo, como la que se refiere a la
regulación de las declaraciones de interés y de patrimonio -a fin de ponernos a tono con lo
que viene pasando en el mundo en esta materia- que aún no sanciona el incumplimiento
de tal deber al momento de la salida de la función pública ni se alienta la fiscalización de
la veracidad de su contenido.
Convendría también acelerar aquel proyecto que contiene una regulación seria de los
fideicomisos que alienten el ingreso de todos a la función pública pero que aparten el
riesgo de enriquecimiento y del uso de información privilegiada de quienes pueden
confundir el patrimonio del Estado con los negocios propios.
17
Sería también prudente acometer de buena manera la regulación íntegra de las puertas
giratorias que impida que reguladores accedan a servir al regulado conforme al cómputo
al modo de una pena (hay casos de que a los 6 meses y un día el halo de interdicción se
transforma en capacidad de integración a un Directorio).
Conviene también hacerse eco de lo que reclama la Alta Dirección Pública, puesto que
aquel sistema es la única garantía de seguir pavimentando capacidades profesionales que
ingresen y sirvan en el Estado de acuerdo a sus méritos y no por pitutos seleccionados por
la tarjeta que presentan o el amigo que llama por ellos. Debe dárseles la estabilidad
profesional que la arquitectura del sistema supuso y que todos reclaman.
Debemos también detenernos, un instante, en la peligrosa técnica del saneamiento
legislativo, que apareja transitoriamente el fin de un problema pero que prolonga de
manera creciente la agonía de la desconfianza. Lo digo a propósito de tres casos, la
Subvención Escolar Preferencial (Ley 20.248), el Programa de Integración Escolar, y el
aumento artificial de rentas en una aplicación aviesa del Decreto Ley 3.501.
En el primero, luego de 147 auditorías, 34 investigaciones especiales y 29 seguimientos
(en total 210 acciones de fiscalización) a nivel nacional, se determinaron gastos
improcedentes en personal ajeno a ley SEP, por cotizaciones previsionales, bonos,
remuneraciones e indemnizaciones, por $ 8.945.112.000; gastos que se apartan de los
fines de la aludida ley, relativos a salidas pedagógicas, city tour, compra de alimentos para
celebraciones, etc., por $ 1.695.315.000; Desembolsos insuficientemente acreditados $
2.666.334.000; Saldos faltantes en cuenta corriente, considerando las transferencias
efectuadas desde el año 2008 al 30 de junio de 2011, por $ 25.560.605.000; y Saldos de
recursos no invertidos (conforme a la cuadratura de ingresos percibidos, gastos
efectuados y saldos no ejecutados), por un monto de $72.549.954.000. Luego se iniciaron
Juicios de Cuentas, 43 oficios de Informes Finales al Consejo de Defensa del Estado y se
iniciaron 34 causas penales. Toda esta labor de Control y de detección de prácticas
impropias fue alivianada mediante el expediente de la ley que sanea, la 20.550, que
permitió que para la renovación de los Convenios bastaba acreditar haber invertido el 35%
de los recursos transferidos, en los fines propios de la ley SEP, desnaturalizando el
objetivo original del legislador, y legitimando su inversión en fines diversos, en tanto
fueran propios del ámbito educacional.
En cuanto al Programa de Integración Escolar (PIE), que consiste en una subvención
entregada por el MINEDUC, cuyo propósito es contribuir en el mejoramiento continuo de
la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento, favoreciendo la presencia,
la participación y el logro de los aprendizajes esperados de “todos y cada uno de las y los
estudiantes”, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales
(NEE), sean estas de carácter permanente o transitorio. Entre los años 2012 y 2014, se
realizaron 260 auditorías a nivel nacional, el informe consolidado N° 105, de 2015, da
cuenta de las observaciones a nivel nacional. Qué se vio?: que $ 71.025.430.549, fueron
destinados mayoritariamente a pago de remuneraciones (2 de las 4 categorías
establecidas en el decreto N° 170, de 2009); que hay gastos Insuficientemente acreditados
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por $ 377.694.019; que hay recursos sin ejecutar del Programa de Integración Escolar al 31
de diciembre de 2013 por $ 42.504.472.431; que el saldo de las cuentas corrientes no
cubre el monto sin ejecutar del Programa por $16.713.320.564; que hay gastos no
acreditados por un monto total de $926.158.063; entre muchas otras irregularidades. Se
han puesto en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales competentes,
los hallazgos de rigor. Seguramente hay la intención creativa de una nueva ley que sanee
los hallazgos denunciados.
Finalmente, en lo que se refiere al Incremento Previsional, es dable indicar que un grupo
de municipalidades dio aplicación a un Dictamen de esta Entidad, que en nada se refería a
ese sector, y conllevo que un grupo de entidades se incrementaran artificialmente sus
remuneraciones. De acuerdo al Informe Final N° 74, de 2011, Consolidado Nacional
Incremento Previsional, de los 345 municipios a nivel nacional, 286 de ellos -lo que
equivale a un 82,3%- indicaron haber realizado pagos indebidos por concepto del
incremento previsional. Se emitieron resoluciones de reintegro, para las entidades
edilicias que habían incurrido en pagos improcedentes, por un monto total de
$14.007.831.583. Hoy quiere sanearse la apropiación, una nueva ley que si prospera,
premiará a quienes incumplen y no a los que sirven correctamente al Estado.
Sin perjuicio de las leyes que se dicten conviene detenerse un instante e instar por la
aplicación real de las que existen, al menos para el mundo de lo administrativo. Es que, en
realidad, existen ya los instrumentos que promueven, del modo más amplio, las técnicas
puntuales de control de la corrupción. Está demostrado que el solo formalismo o, en su
caso, la igualdad en los procedimientos licitatorios, aunque útiles, resultan fácilmente
vulnerables a la hora de la búsqueda de privilegios. Lo que debemos fortalecer es la
voluntad de los jerarcas, de quienes tienen a su cargo la conducción de grupos humanos,
para que velen sin dudarlo por el comportamiento ético de quienes están bajo su
supervisión, castiguen las conductas impropias y, en especial, prediquen con el ejemplo,
sin temor al golpe anónimo de quien tiene más vocación de crítica que de construcción.
Como advertía un jurista son las grandes instituciones de la transparencia, el control
administrativo y la participación ciudadana, las que, en conjunto, pueden más eficazmente
evitar la corrupción. Agregaría que un punto no menor parece estar puesto en la
coordinación administrativa. Todas ellas ya se encuentran instaladas normativamente en
nuestro país.
Tampoco puede olvidarse que la rigurosidad del establecimiento y consideración de la
probidad, no debe llevar a que se alejen los mejores o perdamos a los verdaderos
funcionarios –aquellos que sirven, que funcionan- reemplazándolos por esclavos, siervos
administrativos. Es decir, en una sociedad democrática y proba, tampoco la simple
imputación de reproche ético individual o social, sea quien fuere el que la formula, puede
llevar al escarnio. Todos deben ser titulares del debido proceso, incluso quienes sean
sujetos de reproches mediante los canales institucionales correspondientes, aunque se
refieran a infracciones al principio de probidad.
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Tiene esta institución un rol esencial previsto en el ordenamiento, en la lucha contra la
corrupción, pero su autonomía y facultades, se legitiman no por purismo constitucional,
sino que antes bien, lo hace cuando como órgano testimonia en la sociedad el uso de sus
facultades, sus funcionarios demuestran su compromiso con el rol institucional y
administra con eficiencia y eficacia el patrimonio del que dispone.
No podemos cerrar nuestros ojos, la corrupción ha llegado, pero es también cierto que
tenemos fortalezas institucionales para prevenir el crecimiento del flagelo y su control. No
puedo dejar de mencionar la importancia que tiene para el Estado de Derecho y el logro
del bien común, que los funcionarios públicos, como asimismo los distintos actores del
mundo privado, entendamos que la lucha por combatir la corrupción y fomentar las
buenas prácticas no es tarea de unos pocos. Todos estamos llamados a poner nuestros
mejores esfuerzos en aras de un mejor Estado. Si como se ha hecho frecuente es
importante promover la alianza público privada, es en estas materias donde resulta
esencial concretarla, sólo existe corrupción en el encuentro doloso de concurrentes de
ambos mundos y ella ciertamente siempre va en desmedro de los ciudadanos de a pie a
quienes beneficia el trabajo colectivo y bien hecho del mundo público y privado.
Es por eso que resulta tan relevante insistir en que el Sistema de Control sólo es íntegro
cuando deja de eludirse el control, a través de cualquiera novedad que aporte el
creacionismo jurídico, sea eximiendo de control, sea huyendo de éste. Ese fenómeno
creciente que el año pasado llamábamos la neoexclusión del control siempre está latente
cuando deja de verse el control en un sistema que coadyuve a la democracia. El principio
rector del sistema, en lo que se refiere a Contraloría, está dado por un principio inexorable
que debiese rescatar cualquier nueva legislación: donde existen recursos públicos debe
existir control público de Contraloría General, quienquiera sea el destinatario de esos
fondos públicos, sean personas privadas, sean entes públicos no administrativos, sean
personas jurídicas o no. Y estos mismos recursos debiesen arrastrar el resto de aquellas
cargas públicas que exige una democracia real para la sociedad estatal, en relación al
cumplimiento de las leyes de Transparencia, Lobby y de Participación Ciudadana, para
todo ente por el solo hecho de hacerse cargo de bienes públicos y fondos públicos.
¡El impulso del control es el verdadero freno de la corrupción!
No debemos abatirnos con el pesimismo, Chile tiene un Estado cuya institucionalidad se
reconoce internacionalmente como sólida y ciudadanos que están sincera y legítimamente
preocupados de la calidad del funcionamiento de sus organizaciones, públicas y privadas.
Esos ciudadanos y esas instituciones deben volver a encontrarse en espacios de confianza
que son los únicos frenos reales al fraude, el enriquecimiento ilícito, la corrupción y la
mentalidad oportunista –la kairospatía, esto es el amor por las pasadas- que como
enfermedad del Chile de hoy nos puede corroer y destruir. Con acierto lo escribió Pablo
Walker –el capellán del Hogar de Cristo- hace unos días “Mirando las urgentes reformas
estructurales que nos debemos, necesitamos pasar de una ética de normas externas a una
conciencia moral, donde hagamos lo justo aunque nadie nos vea. Sin ello, incluso las
campañas solidarias son un parche que anestesia momentáneamente”.
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Estimados amigos y amigas, en mis años de Contralor General y de profesor de Derecho
Administrativo, he llegado al convencimiento que no hay mejor maestro que el ejemplo y
el trabajo bien hecho, lo cual debe llevarnos a comprender que somos depositarios de la
confianza de miles de personas que han puesto sus sueños y esperanzas en una sociedad
más justa, ya que el sentido mismo de la democracia conlleva a que no sean unos pocos
los que puedan vivir bien, sino sean muchos los que cada día vivan mejor, y es en ese
norte donde la Contraloría General ha procurado que al menos todos quienes pagan sus
impuestos, por modestos que estos sean, tengan la tranquilidad de que su correcto uso se
fiscalizara de manera seria y oportuna por parte de la institución a la que tengo el honor
de dirigir hasta el próximo día 10 de abril y a cuyos funcionarios también agradezco por su
colaboración y compromiso.
Nada de lo hecho puede explicarse sin la colaboración de tantas entidades estatales
(Municipios, Ministerios, Servicios, Universidades, entre tantos otros), que han sido socios
en mejoras que benefician a todos.
Señora Presidenta, agradezco la nominación efectuada por usted el año 2007 durante su
primer período constitucional de Presidenta de la República. Se que no está en nosotros
ser queridos y valorados por lo que hemos hecho u omitido hacer, sólo puedo expresarle
que hice el esfuerzo sincero y dedicado de servir a Chile del mejor modo posible, y debo
señalar que en este camino, en el que muchas veces hubo luces, y también sombras,
siempre conté con un trato deferente, una conversación sincera, una especial atención de
los problemas que formulé y un adecuado apoyo presupuestario, por parte de los
Presidentes durante los cuales serví mi cargo. Esta entidad, tiene el sincero deseo de que
le vaya bien a todos los Gobiernos.
Agradezco también a mis colaboradores más cercanos y, muy especialmente, a mis hijos,
testigos directos de la ausencia que ha significado el restarme del acompañamiento
debido en los caminos que han emprendido en estos largos 8 años.
Muchas gracias.
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