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COCA, BALAS Y VOTOS
¿Cómo incidió el narcotráfico en las pasadas elecciones?
Claudia López y Gustavo Duncan
-Informe elaborado en el marco de la Alianza Votebien.com con el apoyo de Fescol y la Fundación Avina-
Un halo de optimismo ha rodeado el ambiente político del país por triunfos de
candidatos distantes a las maquinarias como los casos de Salazar en Medellín, Pinedo en
Cartagena y Verano en Atlántico. La imagen asociada al clientelismo y a la política
tradicional de sus contendores contribuyó a fortalecer esta percepción. Otros casos son
más significativos porque a la imagen de clientelismo y politiquería de los opositores, se
suma el legado de coca, balas y votos de la parapolítica. Fue así que los resultados
electorales en Santander y Cesar han sido utilizados como ejemplos para mostrar que el
proceso de desmovilización de las autodefensas ha contribuido a depurar las elecciones
en el país. Sin embargo, pese a que en efecto la coacción armada del paramilitarismo fue
menor en estas elecciones, la violencia política y la coacción política o económica a los
votantes no se redujeron. Lo cierto es que el narcotráfico y los ejércitos irregulares y
violentos que crecen a su vera continúan siendo el eje de la economía y la política de
muchas regiones en Colombia porque la coca necesita de las balas y los votos para
sobrevivir.
Este documento es una interpretación de la naturaleza del riesgo electoral sobre la
influencia del narcotráfico y organizaciones armadas irregulares en las pasadas elecciones
de octubre de 2007, de acuerdo a la información oficial disponible. Por riesgo electoral se
entiende en este documento el hecho que los ciudadanos no pueden elegir o ser elegidos
de manera libre, sino mediados por la coacción armada o económica de actores ilegales.
Cuando existe en una zona presencia de narcotraficantes, guerrillas y paramilitares, por
supuesto, el riesgo aumenta, bien sea por ser los candidatos y electores sujetos de riesgo,
debido a las presiones que reciben de los grupos armados irregulares y empresarios de la
droga, o agentes de riesgo, si es que ya tienen algún tipo de vínculo previo con los actores
ilegales para las elecciones.
La naturaleza de ese riesgo a su vez está dada por las necesidades de protección e
impunidad de los empresarios de la droga. Desde cocaleros hasta capos del narcotráfico
intervienen a su modo en el poder político en busca de reducir los riesgos inherentes a un
negocio ilegal. Pero sus estrategias difieren significativamente, pueden ir desde el pago
de los cocaleros a guerrillas y paramilitares en las zonas de cultivos hasta el soborno a
miembros de la fuerza pública y la cooptación de los representantes electos en las zonas
de residencia de los grandes capos. En últimas, la forma en que el narcotraficante
interviene en el poder político depende de la fase del negocio en que está especializado.
Para efectos de este documento el narcotráfico se diferencia en cuatro fases: i) cultivos
(desde la siembra hasta la producción de pasta y base de coca), ii) procesamiento y
transporte (desde la compra de la base hasta su colocación del producto final en mercados
internacionales), iii) testaferrato y lavado de activos (desde la repatriación de capitales
hasta su incorporación en la economía legal) y iv) residencia y disfrute, que incluye los
lugares donde residen los narcotraficantes y disfrutan de su riqueza.
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Además de la fase del negocio presente en el territorio, la naturaleza del riesgo va
a estar determinada por la presencia de actores armados ilegales y la demografía del
territorio. Por ejemplo en zonas aisladas, de frontera, de población esencialmente rural,
sin sólida presencia estatal, los ejércitos irregulares, sean guerrilla o paramilitares, tienen
la capacidad de ser los mediadores y determinantes de los negocios lícitos, ilícitos y la
política. Actúan como verdaderos estados. En otros casos, el interés puede no ser actuar
como estado, pero si garantizar la seguridad y la primacía social de los narcotraficantes.
En ambos casos su interés por la política es alto y seguramente promueven candidatos
aliados, lo cual tiende a presentarse en los territorios que son lugar de la tercera y cuarta
fases antes descritas, testaferrato y residencia y disfrute de la riqueza.. Otro caso sería el
de los lugares donde la fase del negocio que predomina es la segunda, la de transporte y
el procesamiento, que suelen ser mezclas de cabeceras urbanas con corredores rurales
sobre los cuales se ejerce una fuerte presión económica y armada, con grandes ejércitos
irregulares para proteger las inversiones que esta fase del negocio demanda. En estas
zonas la relación con la política es indispensable pero más pragmática, en el sentido de
que tratarán de someter, por la filtración, la fuerza o el soborno, a los candidatos y a
quien quiera que sea elegido.
1. LA COYUNTURA ACTUAL
La historia de las tres últimas décadas del país ha demostrado que el narcotráfico
sobrepasó los intereses y necesidades de la mera protección e impunidad, y se traslapó
hacia el logro de un poder político propio con la pretensión de controlar muchos aspectos
del orden social, político y económico, no sólo local sino también nacional, mediante el
uso, entre otros instrumentos, de organizaciones armadas de carácter privado. El
paramilitarismo fue precisamente la expresión de cómo la mezcla de ejércitos privados y
narcotráfico llegó hasta el punto de ejercer funciones de estado en vastos territorios, con
la consiguiente imposición de un sistema de regulaciones y un proyecto político propio.
De hecho, los jefes paramilitares se convirtieron en algo más que aliados de los
candidatos a las elecciones locales: eran en realidad sus jefes porque fue gracias a la
presión de su aparato coercitivo que pudieron llegar a las alcaldías, concejos, asambleas y
gobernaciones. Llegaron incluso a ser canales para que políticos llegaran a ascender o
consolidarse en instancias nacionales como el Congreso y a través de esos congresistas a
incidir no solamente en la elección y reelección del Presidente Alvaro Uribe sino también
en su gobierno. De hecho, con un par de excepciones, los cuarenta y dos congresistas
investigados, quince de ellos presos, por sus presuntos vínculos con paramilitares son
parte de la alianza política y de gobierno del Presidente Uribe. Ello da muestra de un
propósito mucho más ambicioso que el mero éxito de una empresa criminal que busca
solamente la protección de su negocio, sino que además trascendió al ejercicio directo del
gobierno y la construcción de un ejército privado para garantizar ese ejercicio.
La desmovilización paramilitar, fruto de las negociaciones adelantadas por el
Gobierno del Presidente Uribe, marcó una ruptura significativa en las repercusiones
políticas del narcotráfico en la medida que no existen ejércitos privados de dimensiones
suficientes para imponer a sus jefes como poseedores del poder político local. Existen
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grupos armados remanentes o emergentes, estrechamente vinculados a las drogas, que no
parecieran tener poder suficiente para definir las elecciones a su favor, o dicho de otro
modo, que cuentan con enormes volúmenes de dinero pero no con una organización
armada para imponer candidatos amigos en las votaciones a cargos de poder local en la
escala en la que parecen haberlo logrado hasta el 2003. Muchos políticos con el respaldo
de cuantiosos recursos, que en parte pueden provenir del narcotráfico, no pudieron ganar
elecciones (departamento del Cesar y Santander y municipios como La Dorada, etc.) a
pesar de contar con claras ventajas económicas. Eso es señal entonces que la plata no es
suficiente, también necesitaban un aparato armado que disuadiera o coaccionara a los
votantes. Sin poder combinar recursos y presión armada no pudieron ganar las elecciones.
O también puede interpretarse como parte de una nueva estrategia de los grupos
emergentes de reducir la violencia en el proceso político para evitar la atención de las
autoridades y la opinión nacional, al menos mientras se disipa el escándalo de la
parapolítica.
Un reflejo de esa situación fue captado por los periodistas del equipo de
Votebien.com en un recorrido por el Catatumbo y el sur del Cersar:
“Alrededor del negocio de la droga proveniente del Catatumbo se mueven por lo menos
cinco grupos de pequeños narcotraficantes, al frente de los que estaría el propio Pablo
Arauca, uno de los mellizos Mejía Múnera. Este poder traspasa la cordillera y con el
blanqueo del dinero llega hasta Aguachica en Cesar. Aunque las dos horas de distancia
muestran una ciudad totalmente diferente, más cercana al río y a sus costumbres y con
casi veinte grados más de temperatura, se mantiene el ambiente de ciudad boyante y
economía en auge.
“Bajo ese umbral llega a la alcaldía de Ocaña Yebrail Haddad, quien representa a la
Alianza Social Indígena, ASI, y significa esperanza para los ocañeros que votaron
masivamente por él, tanto que lograron una cifra histórica de casi 16 mil votos. Pero no
fue un logro sin esfuerzo. Los últimos días en su campaña hacia la Alcaldía fueron para
Haddad un verdadero infierno. Su estrategia de visitar cada casa de Ocaña se vio
truncada por las amenazas. Las autoridades detectaron un plan para matarlo y por ello
no sólo tuvo que cambiar de casa sino que además debió salir a sus correrías
acompañado de un fuerte aparato de seguridad, algo que ya conocía pues como
personero de la población también había sido amenazado y obligado a vivir en el
exilio.”
“Mucho del dinero del blanqueo se vio en las campañas políticas que llevaron a elegir a
los gobernantes locales. Se habla de gastos mayores a los cien millones de pesos. Y uno
de los cuestionados por este aspecto es el nuevo alcalde de Aguachica, Gustavo Adolfo
Maldonado Estupiñán, quien asegura que no sobrepasó los topes y sus empresas le
permitieron cubrir su elección.”
Otro aspecto importante de la coyuntura actual son los avances del gobierno Uribe
en el despliegue de la fuerza pública en las regiones. Guerrillas y paramilitares no pueden
reclamar el control del orden local como lo ejercían previamente debido al incremento de
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la presencia estatal con policías y soldados. Sin embargo, en ambientes donde no es
posible disponer de aparatos armados que protejan a los empresarios del narcotráfico, se
hace más valioso invertir en las campañas políticas porque es la otra opción disponible
para reducir los riesgos del negocio. Invertir en candidatos a cargos públicos es un
mecanismo de ‘compra de acciones para corrupción y protección futura’.
La pregunta es entonces ¿continuarán los empresarios del narcotráfico vinculados
a la política sólo a través de la financiación de las campañas y de la cooptación
económica de los candidatos vencedores? Ó ¿aquellas organizaciones narcotraficantes
que disponen de aparatos armados, principalmente guerrillas y paramilitares emergentes,
incrementarán su participación en los procesos electorales en la medida que se
intensifique la guerra por el control territorial luego de la desmovilización de las
autodefensas? Un análisis más detallado de los resultados electorales de octubre muestra
que a partir de la desmovilización de las autodefensas las cosas cambiaron, pero no se
trató del fin de las relaciones de crimen organizado, narcotraficantes y políticos. Se
dieron en cambio, nuevas estrategias en las relaciones y reajustes para definir nuevos
poderes en los tres grandes negocios de las regiones colombianas: la coca, la bala y los
votos.
2. UNA EXPLICACIÓN MÁS SUTIL
Si bien está más que probado que en Colombia, el narcotráfico ha influido sobre la
política, no se puede generalizar al nivel de afirmar que todos los candidatos son fichas
de los narcos, ni mucho menos que todos los casos de infiltración de los narcos sean
iguales. Desde el punto de vista jurídico, e incluso ético, un peso del narcotráfico puede
ser igual a un millón de dólares, sin embargo, sus efectos en la sociedad son muy
distintos. Existen situaciones en que los narcotraficantes son en la práctica los jefes –o
para ser más exactos los ‘patrones’– de algún político, así como existen situaciones en
que el político y el narcotraficante negocian tan solo una decisión o una actuación de su
gobierno y ni siquiera se ven la cara: el político puede delegar a un asesor de confianza
realizar la transacción.
Se necesita entonces responder a la pregunta de ¿qué necesitan los
narcotraficantes de los políticos para invertir tanto dinero en ellos? La respuesta obvia es
protección e inmunidad. Lo que no es tan obvio, es la razón por la que la naturaleza de la
protección y la inmunidad varía tan radicalmente de acuerdo al poder del político en
cuestión y a la fase del negocio y al miembro ó facción del narcotráfico que realiza los
pagos. Es muy distinto lo que se paga y lo que se recibe según las combinaciones de
poder, localización geográfica y temas de negociación entre las partes. Además, los pagos
entre narcotraficantes y políticos están mediados también por la presencia y
alinderamiento de grupos armados, como guerrillas, paramilitares o mafias, quienes
influyen en los balances de poder en esta relación.
Los cocaleros, por ejemplo, no realizan ningún tipo de pago directo a la clase
política. Sus pagos los efectúan a guerrillas o grupos paramilitares que ejercen el control
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territorial en las zonas de cultivos, ya sea mediante el gramaje, durante la venta de la base
de coca, ó algún impuesto periódico cobrado por los actores armados. La razón de estos
pagos está dada por la imposición de algún tipo de regulación que hacen la guerrilla o los
paramilitares. Para efectos de esta fase del negocio los pagos realizados por los cocaleros
garantizan los derechos de propiedad sobre los predios rurales, el no robo de las cosechas
y la estabilidad de precios de la venta de la base.
¿Al pagar a los grupos armados irregulares los cocaleros, que son los empresarios
más pobres del negocio, están eludiendo el pago a los políticos? De manera directa sí,
pero en el pago a guerrillas y paramilitares, está incluida la influencia que los grupos
armados tienen sobre los políticos profesionales. Y en las regiones de cultivo la
influencia de los violentos sobre los políticos es alta, es decir son el poder político de
facto.
En efecto el análisis de los riesgos por factores de violencia que acechaban el
certamen electoral de Octubre de 2007, realizado por el grupo técnico de la Misión de
Observación Electoral de la sociedad civil, reflejaba bien las zonas donde se presenta ese
tipo de riesgo. Los municipios identificados como de alto riesgo en ese mapa son
aquellos donde el nivel de presencia y acción armada de paramilitares, guerrillas y bandas
criminales es de tal magnitud que impiden la presencia y control efectivo por parte del
Estado. Esas zonas a su vez coinciden con las zonas críticas para el negocio del
narcotráfico en cualquiera de sus cuatro fases: o son zonas cocaleras, o zonas de rutas o
zonas de testaferrato y residencia de los jefes del negocio. También hay coincidencia
entre algunos de esos municipios de alto riesgo y aquellos en los que se presentaron actos
de violencia contra candidatos durante la campaña, por amenazas, atentados o asesinatos.
Esa coincidencia demuestra que, en particular, en zonas cocaleras de dominio de la
guerrilla de las FARC, esta guerrilla agredió candidatos, en particular uribistas, e hizo
saber por esta vía que sigue siendo un poder dominante en la zona que no pueden
desconocer y con el cual tendrán que negociar. Otro tanto hicieron bandas y paramilitares
remanentes o emergentes en zonas de los Departamentos de César y Santander. Otro
ejemplo es el fuego cruzado de amenazas y atentados de diversos actores armados al que
estuvieron sometidos candidatos en el Departamento de Nariño o el municipio de
Buenaventura, municipio clave en el negocio del narcotráfico, fuertemente disputado por
armados ilegales de todo orden.
Así lo confirmó el equipo periodístico de Votebien.com en su recorrido por el
Departamento de Nariño:
“Este panorama de luchas por el control de cultivos, centros de producción y
rutas ha sido el escenario de fondo de las elecciones locales de 2007. Prácticamente
todos los municipios de Nariño y Cauca donde hubo amenazas, atentados, compra de
votos u otro tipo de constreñimiento a los votantes son también municipios donde el
narcotráfico es fuerte, bien sea por cultivos extensivos, por laboratorios o porque son
atravesados por rutas estratégicas de salida al mar. En otras palabras, los grupos
armados ilegales buscaron influir en la política, seguramente con el objetivo claro de
conseguir protección o impunidad para sus negocios ilícitos por parte de los
mandatarios locales. Es difícil determinar donde tuvieron éxito, o donde, por el
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contrario, la población, aprovechando que ningún grupo tenía control absoluto,
consiguió elegir a un líder cívico. También hubo lugares donde políticos compitieron en
franca lid porque el grupo ilegal no era lo suficientemente fuerte ni para imponer
candidato a la fuerza, ni tuvo éxito en “comprarlo”.”
RIESGO ELECTORAL POR VIOLENCIA
MOE, ELECCIONES OCTUBRE 2007
Barranquilla
Santa Marta
Cienaga
La Jagua del Pilar
Chivolo Valledupar
Tenerife
Cartagena
El Carmen de Bolívar
ToluviejoOvejas
La Jagua de Ibirico
Corozal
Cereté Galeras
Convención
El Carmen
Tibú
Regidor
GamarraSan Calixto
AguachicaSardinata
Cúcuta
Montelíbano Nechí
Ocaña El Zulía
Simití
Carepa Puerto LibertadorEl Bagre
Puerto Wilches
ZaragozaSan Pablo
Riosucio
Sabana de Torres
Valdivia Anorí
Cantagallo Matanza
Dabeiba
Saravena
Carolina
Fortul Arauquita
Vigía Del Fuerte Bello
Tame
Landazuri
Medellín
Betulia
Hato Corozal
La Paz
Sonsón
AguadasSamaná
Pueblo Rico
Paz de Ariporo
Tununga
Victoria
San José del Palmar
Líbano
Pereira
Aguazul
RestrepoBarranca de Upía
Zarzal Ibagúe
Cumaral Cabuyaro
Sevilla
VillavicencioPuerto López
Tuluá
Guamal
Coyaima
Chaparral
Prado Lejanias
Buenaventura
San Martín Puerto Gaitán
Rioblanco
Cali
Ataco
MesetasPuerto Lleras
Mapiripán
La Uribe
Iquira Rivera
Vista HermosaPuerto Rico
S José Guaviare
Algeciras
El Tambo
Tumaco El Charco
La Sierra
Garzón
La Macarena
El Retorno
Puerto Rico
PolicarpaBelén AndaquiesFlorencia El Doncello
Calamar
TumacoBarbacoas
S José Fragua
S Vicente Caguán
Miraflores
Piamonte
Ricaurte
Milán
Carurú
Puerto CaicedoCurilloSolita
Orito Puerto Guzmán
Cartagena del Chairá
Ipiales
Puerto Asis
Valle del Guamuéz
Solano
Puerto Leguizamo
Cumaribo
Barranco Mina
Nivel municipal de riesgo
electoral por VIOLENCIA
Consolidado final
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo extremo
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El salto de la mediación entre empresarios del narcotráfico y profesionales de la
política tiende a disminuir en la medida que la clase política adquiere mayor
independencia frente a los grupos armados. Y esta independencia aumenta por razones
demográficas y razones históricas. En municipios intermedios donde existe alguna
aglomeración de población en cabeceras urbanas y una actividad económica no
dependiente del cultivo de coca, las posibilidades de control territorial y político de facto
por parte de grupos armados son más restringidas, pero las posibilidades de soborno y
corrupción focalizada son mucho mayores. A diferencia de las regiones cocaleras, las
zonas de procesamiento y transporte son fases del negocio del narcotráfico menos
visibles que los cultivos. Se trata de laboratorios, lugares de almacenamiento y
corredores, que aunque toda la población sabe de su existencia, su participación directa
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en el negocio está relegada a unos pocos habitantes. Luego de la desmovilización
paramilitar, los grupos criminales apenas están en condiciones de amenazar a candidatos,
periodistas y líderes sociales opositores, o de sobornar a los electos y miembros de la
fuerza pública indispensables, pero encuentran dificultades para amedrentar a la
población en su conjunto. Amenazar o sobornar a un puñado de individuos es factible
pero a un barrio entero para cambiar su decisión de voto es casi imposible. En esas zonas,
la multitud se convierte en una forma de protección de los derechos políticos de la
ciudadanía.
La historia y su legado también pesan. Así los jefes de autodefensas encarcelados
en Itagüí u otras prisiones hayan perdido su ascendencia sobre los ejércitos privados,
existe una difusión del conocimiento y un orden social proclive para reciclar las antiguas
estructuras armadas, políticas y económicas del paramilitarismo. Los mandos medios,
líderes de autodefensa renegados y narcotraficantes, que perciben que aun pueden
alcanzar un nivel de poder superior son una grave amenaza, puesto que incrementan el
riesgo de reciclaje de estas estructuras.
Las exigencias de cada momento histórico determinan el tipo de organización
armada que se construye desde el narcotráfico. Su tamaño depende la tolerancia del
Estado, de la amenaza de otros competidores armados como paramilitares y guerrillas
rivales, y de la complejidad de los espacios y transacciones que interese controlar. Al día
de hoy en los municipios pertenecientes a regiones pobladas y desarrolladas, se trata
principalmente de ejércitos privados, relativamente desarticulados, que prestan sus
servicios a las organizaciones narcotraficantes en un territorio limitado donde mantienen
una hegemonía por la fuerza sobre la población. Son ejércitos ‘relativamente
desarticulados’ y ‘territorios limitados’ porque el actual esquema paramilitar dista mucho
de poseer el dominio territorial y la unidad de mando sobre los estamentos políticos,
económicos y sociales que conforman el eje del poder local. Ninguno de los ejércitos
emergentes alcanza a tener un número de soldados bajo un mismo mando comparable a la
unidad de tropas que en su momento tuviera, por ejemplo, el Bloque Central Bolívar o el
Bloque Norte. Constituyen en su mayoría grupos armados de varias decenas de hombres
bajo el control de algún antiguo mando medio de la estructura militar que busca capturar
algunas rentas por protección en una región delimitada y, en los casos más ambiciosos, el
control sobre los cultivos ilícitos, los laboratorios y las rutas de narcóticos. Salvo algunos
ejércitos numerosos y organizados como los grupos de Cuchillo, los Mellizos o los
Rastrojos, su fuerza militar y sus recursos son insuficientes para imponer su dominio a
los narcotraficantes locales y a aquellos narcos que utilizan sus corredores o zonas de
control territorial. Incluso todavía son dependientes de relaciones y acuerdos permanentes
con otros actores de poder, como la clase política, terratenientes tradicionales y líderes
regionales.
Esa segmentación de bandas remanentes o emergentes del paramilitarismo, del
narcotráfico y de presencia de la guerrilla fue evidente para los periodistas del equipo de
Votebien.com que hicieron reporteria en las zonas de Guaviare y Meta:
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“Tres frentes guerrilleros tienen presencia en Guaviare: el 44, el 7 y el 1.
También están los hombres de alias ‘Cuchillo’, un jefe paramilitar que no respetó los
acuerdos de desmovilización y sigue delinquiendo con sus hombres en el sector de la
trocha ganadera; y en el Meta, en Mapiripán y Puerto Gaitán. Estos últimos municipios
son estratégicos para el cada vez más creciente tráfico de droga hacia Venezuela vía
Vichada. Además están ‘Los Macacos’, un grupo que las autoridades han relacionado
con el jefe paramilitar desmovilizado Carlos Mario Jiménez, pero que en la región
desconocen realmente al mando de quién está. Hay versiones de que están a cargo de
alías ‘Don Mario’, jefe paramilitar desmovilizado del Urabá, hermano de Freddy
Rendón , alias ‘El Alemán’, y que está buscado como uno de los nuevos capos de la
droga. En esta última categoría también está alias ‘El Loco Barrera’, a quién se le
atribuye el mayor volumen del comercio de droga en la zona. Es de los pocos que logra
negociar tanto con guerrilla como con paramilitares. A esta compleja confluencia de
actores ilegales de diferentes bandos se le suma el hecho de que importantes
comerciantes de esmeraldas como Víctor Carranza y Yesid Nieto, recientemente
asesinado, tienen intereses en estos dos departamentos.”
La mayor parte de los nuevos aparatos coercitivos se especializan en el control de
espacios y transacciones sociales muy específicas a manera de mafias, en vez de asumir
funciones de estado local, como hacían los anteriores grupos de autodefensa. El objetivo,
al menos en el corto plazo, de los nuevos grupos no incluye el oficio de gobierno. Basta
con que los funcionarios públicos intervengan a favor de los empresarios del narcotráfico
en los asuntos de seguridad y persecución criminal propios de la administración
municipal. Al parecer, la presión de la prensa y las instituciones judiciales en los
organismos de control y en las fuerzas de seguridad ha sido la causa de la disminución de
la intervención en política por las bandas emergentes del paramilitarismo.
Sin embargo, la tradición de clientelismo y de captura de rentas estatales por parte
de la clase política profesional, se expresa en una disputa de la administración pública
como fuente de riqueza privada. Las oportunidades están servidas en ese contexto para
los narcotraficantes y las organizaciones armadas irregulares que tienen los medios para
monopolizar la captura de esas rentas del Estado y en ese sentido pueden ser una fuente
de competencia o una alianza estratégica para los políticos que quieren capturarlas. Es de
esperar entonces que en las zonas donde progresivamente los grupos paramilitares
emergentes consoliden su control sobre corredores de drogas y laboratorios, se involucren
de igual modo con el control mafioso de la corrupción pública. Y no es solo una cuestión
de interés sobre las rentas del Estado, es su medio para matar varios pájaros de un solo
tiro: cooptar políticos, asegurar su lealtad y conseguir nuevas rentas y actividades bajo su
control que mantengan su poder mafioso. En la medida que los ejércitos crecen y se
expanden territorialmente, tendrán que contar también con el dominio de las instituciones
estatales. El poder político demanda controlar a las instituciones del Estado en lo local, de
otra manera los alcaldes, concejales y demás funcionarios, se convertirán en un riesgo
para el ejército y para las actividades relacionadas con el narcotráfico. Si no están
cooptados ellos pueden exigir la intervención de autoridades policivas en contra de la
clase criminal que actúa en su municipio o región. El caso de Policarpa, Nariño, donde
los paramilitares atacaron un puesto de la policía en retaliación por la captura de unos
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compañeros y en el Cesar, donde las ‘Águilas Negras’ han comenzado a extorsionar al
nuevo gobernador, son dicientes sobre lo inevitable que son los choques con los
representantes del Estado cuando no están cooptados.
Según crece la población de los municipios y se integran en los circuitos
económicos lícitos, menos probabilidades tienen los grupos armados de controlar el
territorio. En consecuencia, las necesidades de protección encuentran menos
posibilidades de ser cubiertas por verdaderos ejércitos o de armados o de políticos
cooptados. En zonas como el eje cafetero, los municipios de mayor tamaño en el
Magdalena Medio y en el Meta ha aparecido un grupo social especializado en las fases
del narcotráfico relacionadas con el procesamiento y transporte de drogas y con los
lugares de residencia de grandes narcotraficantes. Su seguridad es delegada a escuadrones
de escoltas dotados con potentes vehículos, armamento y equipos de comunicación. Estos
escuadrones son efectivos para las vendettas con los competidores del narcotráfico y
demás personajes del mundo criminal, pero no son competentes cuando se trata de
enfrentarse a un grupo numeroso del ejército o de la policía que no haya sido cooptado.
En ese sentido, los narcotraficantes son pragmáticos, han aprendido a utilizar las
ventajas de su entorno y a pesar de no estar disponible un ejército que controle el
territorio, pueden negociar protección e inmunidad con los personajes claves de los
municipios más grandes. Aquí se valoriza el papel de la clase política profesional
conectada con instancias de poder nacional, porque tienen más que ofrecer y lo pueden
ofrecer sin la presión de un ejército todopoderoso. El contenido del intercambio entre
narcotraficantes y políticos en ese tipo de zonas y circunstancias ocurre en dos niveles.
Por un lado, está la protección propia de las autoridades civiles del municipio, esto es su
influencia sobre la gestión en temas de seguridad y de vigilancia que afectan laboratorios,
bodegas, rutas y lugares de residencia (porque es en estos pueblos y pequeñas ciudades
de Colombia donde viven muchos de los empresarios más ricos del narcotráfico).
Pero no solo compran la protección de las autoridades políticas en lo referente a la
institucionalidad local, sino que compran un nivel de protección e inmunidad igual de
valioso: la aceptación de la comunidad local a la existencia de una empresa ilegal con
enormes volúmenes de ganancia. Los políticos profesionales además de manejar los
cargos públicos, manejan las redes clientelistas que son la forma predominante de la
estructura asociativa de los municipios en Colombia. Quien compra un político, compra
también el respaldo de los individuos y grupos sociales afiliados a su red patronal. De ese
modo garantiza que una empresa sumamente visible, por el volumen de dinero que se
mueve en lugares relativamente pobres, no encuentre un ambiente hostil que se traduciría
en denuncias y reclamos a instancias institucionales al margen de las redes de corrupción
de los narcotraficantes.
El propio consumo e inversiones que los narcotraficantes realizan en estos
municipios constituyen también una fuente de legitimación política. Cuando los
habitantes de un territorio aceptan los incrementos de su bienestar a sabiendas que está
fundado en el dinero proveniente del narcotráfico, conocen además quien es el
narcotraficante y aceptan su papel de patrón local, entonces se crea un ambiente de
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aceptación social de una actividad ilícita y de sus implicaciones políticas, como son el
tipo de justicia que imponen los narcotraficantes o su primacía en la escala de prestigio
de la sociedad local. El caso de la supuesta entidad financiera…. En el Putumayo es un
ejemplo muy diciente de este caso. No es de extrañar entonces la aglomeración de
resultados favorables a movimientos y políticos sospechosos de vínculos con el
narcotráfico en zonas de corredores, laboratorios y lugares de residencia.
Las grandes ciudades son espacios donde el peso de los narcotraficantes en la
relación con la política se reduce por la presencia de instituciones estatales más
numerosas y fuertes, pero también por la fortaleza de los empresarios legales y la
existencia de una prensa, academia, ONGs y en general una sociedad civil más fuerte.
Amenazar un periodista en un municipio pequeño de Colombia, puede ser muy fácil para
un narcotraficante. Puede asesinarlo incluso sin que el escándalo llegue a mayores y
llame la atención de las autoridades. Pero asesinar al director de un medio nacional es
mucho más complicado y tiene repercusiones sensibles para la prosperidad y la
inmunidad de los empresarios de la droga.
Pese a todos estos riesgos, los narcotraficantes no pueden eludir las inversiones,
operaciones, actuaciones y hasta el consumo suntuario en las grandes ciudades. El
narcotráfico como actividad económica requiere de servicios y mercados que solo están
disponible en las urbes más desarrolladas del país. Las transacciones bancarias o las
inversiones en finca raíz del monto equivalente a las ganancias por tráfico de drogas no
pueden camuflarse en las economías regionales de municipios pequeños. Tampoco es
posible conseguir lujosos restaurantes y pasarelas de modelos en las selvas del Chocó o
en las estribaciones de la Sierra Nevada. Se necesitan así empresas legales que funcionen
como fachadas para legalizar ganancias ilícitas y transferirlas luego a los lugares de
residencia y disfrute de los grandes capos. Y se necesitan empleados y proveedores del
narcotráfico que se encarguen de las operaciones de lavado, testaferrato, adquisiciones,
contabilidad, etc.
A todos ellos hay que protegerlos de unas autoridades que distan de ser débiles
políticos profesionales. Son líderes de proyección nacional que cuentan con el respaldo
de las instituciones del Estado encargadas de la seguridad y la justicia. En estos
escenarios super urbanizados la relación con la clase política se equilibra en contra de los
narcotraficantes. La influencia de los empresarios de la droga se centra en el pago de
recursos para las campañas electorales a cambio de decisiones favorables que eviten la
persecución de sus empleados, operarios y testaferros, al igual que el allanamiento de sus
propiedades, bodegas y escondites. Sucede en las ciudades una especialización de las
funciones de protección: los escoltas y sicarios se encargan de los competidores
criminales y el soborno y la infiltración de las campañas garantiza en lo posible algo de
inmunidad. En realidad la protección más utilizada contra las autoridades en las grandes
ciudades es la clandestinidad. Alrededor de varios millones de habitantes y negocios
lícitos es menos complicado camuflar operaciones de tráfico de drogas.
Un caso especial lo constituyen aquellas ciudades, incluyendo las más grandes del
país, donde imperan mafias que controlan el mercado del narcotráfico entre otra serie de
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negocios ilícitos. Son las conocidas ‘oficinas de cobros’ que resuelven deudas y contratos
entre narcotraficantes, pero también controlan actividades con rasgos de ilegalidad como
sanandresitos, mercados de abastos, juegos de azar, prostíbulos, etc. Casi la totalidad de
estas mafias eran controladas o tenían relaciones con las autodefensas. En estos casos
surge un interrogante: ¿cuál fue la relación entre las mafias de las grandes ciudades y los
políticos en las pasadas elecciones? Por ejemplo, en Barranquilla y Santa Marta se dice
que existen nuevos narcotraficantes dominando el transporte de drogas, los juegos de azar
y demás actividades relacionadas con el crimen organizado luego de comprar las
franquicias a los paramilitares desmovilizados, entonces ¿Cuál es la relación de estos
narcos con los políticos electos? ¿es solamente de separación de actividades o existen
acuerdos para delimitar hasta donde llegar el poder de cada actor, o podrán ocurrir
actuaciones en sociedad? Lo que al parecer ocurrió en esas dos ciudades y sus
Departamentos durante el proceso de expansión y consolidación paramilitar de Jorge 40 y
el Bloque Norte bajo su mando, fue un proceso progresivo de cooptación que llegó hasta
la imposición de los mandatarios locales y regionales y la cooptación por esa vía de
amplísima impunidad, la delegación del manejo de negocios de interés para esa
organización criminal e incluso la institucionalización de la captura de rentas públicas por
medio de concesiones privadas para el recaudo de impuestos y otras concesiones públicas
que en la práctica fueron impuestas por los paramiliatres.
3. LA DURA REALIDAD:
NARCOTRAFICO
EL
MAPA
POLITICO
EN
ZONAS
DE
Esta parte del análisis del mapa político de las zonas de narcotráfico en Colombia
se basa en información electoral de la Registraduría Nacional, en información sobre Ha
de cultivos ilícitos identificadas por municipio entre el 2002 y el 2006 según SIMCI (el
sistema de medición y seguimiento satelital de cultivos de coca de más de 1 Ha –cultivos
industriales- de Naciones Unidas) y en información sobre municipios donde se han
identificado rutas de trafico de insumos o estupefacientes o de ubicación de laboratorios
según la Policía Nacional.
Como ya se explicó antes en este documento el mayor riesgo de presencia armada
y violenta, corrupción y cooptación institucional de mafías del narcotráfico a
mandatarios, funcionarios y políticos locales y regionales se incrementa en la medida en
que la fase del negocio ubicada en el municipio agrega mayor valor al negocio. Es decir
ese riesgo es menor en municipios donde sólo hay cultivos, mayor en rutas, muy alto en
donde se ubican laboratorios y extremo en los municipios donde se resguardan los
principales capos del narcotráfico y lavan sus fortunas, aunque sobre este último aspecto
no se cuenta con información oficial que pueda considerarse en este análisis.
En los municipios cultivadores el riesgo se estima según dos variables. La primera
es el número de Hectáreas que se detectaron en el municipio entre el 2002 y 2006
respecto del total detectado en el Departamento. A esto se llama contribución del
municipio al promedio departamental de ese periodo. Y la segunda según sí las Ha
12
detectadas en el 2006 son mayores o menores a las del 2005, es decir según el cultivo
tenga tendencia creciente o decreciente.
Con base en esos criterios a continuación se describen los municipios donde los
recientemente electos mandatarios locales de cada partido tienen mayores o menores
riesgos de ser amedrentados o cooptados por las mafias del narcotráfico que operan en
sus zonas. Esos mandatarios bien pueden ser sujetos del riesgo que el narcotráfico trae a
sus municipios o agentes de ese riesgo. Pueden ser sujetos del riesgo porque a mayor el
nivel de riesgo que trae la fase del negocio del narcotráfico que se ubica en su municipio,
mayores presiones y amenazas de corrupción y cooptación tendrá el mandatario y las
autoridades en general por parte de esas mafias. O puede ser agente de ese riesgo si ya
está involucrado con dichas mafias y fue apoyado por ellas para su elección. En ese caso
el mandatario se prestará para integrar verticalmente la institucionalidad del Estado que él
representa con el negocio del narcotráfico, en vez de ejercer como autoridad para
controlarlo y eliminarlo. Partiendo de la buena fe, debe partirse del supuesto de que todos
los mandatarios de esas zonas son sujetos y no agentes del riesgo. El seguimiento y apoyo
a la gestión de estos mandatarios es determinante para que no queden solos y presos de
las presiones que el narcotráfico trae a sus territorios, poblaciones y gobierno. Pero
también su actuación como jefes de la administración pública y jefes de policía en sus
territorios será indicador de si eran sujetos o agentes de ese riesgo, según los resultados,
denuncias y reales positivos que se den durante su mandato en la lucha contra el
narcotráfico
Partido Liberal
De las Alcaldías ganadas por el partido Liberal en Antioquia, varias representan
un alto riesgo por su vinculación a la cadena de fases de negocio del narcotráfico. En
Antioquia el partido Liberal pasó de 36 a 32 alcaldías. Los mayores riesgos los tienen los
mandatarios electos en los municipios de Amalfi, Anorí y Tarazá por la ubicación
creciente de cultivos ilícitos. Chigorodó, Cisneros y Copacabana son los de mayor riesgo
por rutas de tráfico de insumos y estupefacientes. Tarazá es el municipio de mayor riesgo
consolidado en la medida en que cruza cultivos, rutas y laboratorios, en este último en el
que mayor valor se agrega y en el que mayor control territorial y armado tienden a ejercer
las mafias que se benefician de esa fase del negocio. Tarazá y Anorí representan el 31%
de la coca promedio cultivada en el departamento entre el 2002 y el 2006, con una leve
disminución ese último año. Tarazá atraviesa por una difícil situación como se refleja en
la reporteria hecha en ese municipio, posterior a las elecciones de Octubre, por el equipo
de Votebien.com:
“En la parte alta de Tarazá, el padre Elkin en traje de fatiga supervisa las obras
de construcción de bóvedas en el cementerio local. A un costado señala una hilera de
tumbas con fechas del 2007, todas de cuerpos sin identificar que trajo el río. En los
últimos 10 meses, 15 cadáveres han aparecido en los bancos de arena que se forman a
los costados de este afluente del Cauca, en donde volquetas levantan puñados de grava
que sirven para construir sus tumbas.
13
Es la señal de la lucha territorial que se libra río arriba entre narcotraficantes,
bandas emergentes como las Águilas Negras y la guerrilla de las Farc. “En el pueblo se
cree que son ajustes de cuentas entre narcos de Santa Rita, Ituango y La Caucana, en
donde se concentran las plantaciones de coca”, explica el sacerdote.
Desde que se desmovilizó el bloque Mineros comandado por el paramilitar
Ramiro “Cuco” Vanoy, esta zona pareciera estar sin dueño y el vacío ha sumido al
pueblo en la incertidumbre sobre quien la controla ahora.”
En Bolívar el partido Liberal ganó en dos municipios, Cantagallo y Bolívar, los cuales
representan el 31% de la coca cultivada de ese departamento del 2002 al 2006, aunque en
ambos se registró una fuerte caída del cultivo en el 2006. En Cantagallo se ubican
14
también laboratorios, lo cual incrementa su nivel de riesgo. En este departamento el
partido Liberal pasó de 8 alcaldías en 2003 a 3 en 2007.
En Arauca ganó la Alcaldía de TAME, que representa el 15% de la coca del
Departamento y donde el cultivo creció, a diferencia del promedio nacional. En Arauca
el partido perdió 4 alcaldías y ganó una nueva, TAME.
En Caldas ganó en Norcacia, que representa el 43% del promedio de coca del
departamento entre 2002 y 2006. En Caldas el partido pasó de 7 a 8 alcaldías y además
ganó la gobernación.
En Cauca los municipios de mayor riesgo por ubicación de laboratorios son
Buenos Aires, Mercaderes y El Tambo, este último además con cultivos crecientes que
representan el 23% de la coca promedio del Departamento del 2002 al 2006. En Cauca el
partido pasó de 11 a 14 Alcaldías.
En Córdoba los municipios de mayor riesgo donde ganó la Alcaldía el Partido
Liberal son La Apartada, Montelibano y Tierralta, donde hay laboratorios y cultivos, en
los dos últimos cultivos crecientes que representan el 69% de la coca promedio del
Departamento. En Córdoba el partido pasó de 9 a 14 Alcaldías y además ganó la
gobernación, pero la situación política y de seguridad es muy tensa, según lo constató el
equipo periodístico de Votebien.com:
“En Córdoba, Montelíbano y Tierralta son dos municipios que habían sido
tradicionalmente feudos de Salvatore Mancuso, pero también de dos caciques liberales:
Salomón Arana y Juan Manuel López. Aquí, en las estribaciones del nudo de Paramillo
aun persiste la sombra del temido líder paramilitar, en donde se dice que ganó en
Montelíbano y perdió en Tierralta. En Córdoba, de 28 alcaldías 14 fueron conseguidas
por el partido liberal, manejado por Juan Manuel López Cabrales preso en la Picota por
nexos con la parapolítica. López un reconocido cacique liberal respaldó la candidatura
en Tierralta de Aníbal Ortiz.
Lo que parece ocurrir en esta zona del departamento, con una guerrilla
debilitada y las AUC en una posición de reconstruir fuerzas políticas, sin una presión
armada evidente, es que los antiguos jefes paramilitares o sus antiguos socios intentaron
mantenerse en el poder financiando campañas.
En el panorama político, en Tierralta el candidato ganador, Aníbal Ortiz, no ha
sido ajeno a lo que ocurre en su entorno. Desde que ganó las elecciones, por un estrecho
margen de 306 votos frente a Carlos Arturo Cogollo de la U, tiene que andar con
escoltas, mientras que aun no se sabe si se podrá posesionar el primero de enero por una
serie de demandas interpuestas por Cogollo.
La mayor preocupación en Tierralta es el aumento de la criminalidad. En lo
corrido del año han sido asesinados 30 desmovilizados, al parecer por ajustes de cuentas
entre ellos mismos, el último fue el de alias “Paco Paco”, un ex miliciano cercano a
Mancuso, al parecer por negocios con narcotraficantes.”
15
En Chocó el partido ganó en los tres municipios que concentran casi la totalidad
de cultivos ilícitos del Departamento: Itsminia, Novita y Sipí. En este departamento el
partido pasó de 5 a 9 alcaldías.
En Magdalena, ganó la Alcaldía de Santa Martha que registra alto riesgo por la
ubicación de la casi totalidad de cultivos de coca del departamento, los cuales han venido
creciendo, y además porla ubicación de laboratorios, rutas y puertos de embarque. Esa
coincidencia de factores de valor agregado en la cadena del negocio generan mayor
presencia y control armado de las mafias del narcotráfico, mayor necesidad de protección
y por lo tanto mayor nivel de corrupción o cooptación. No en vano la llamada banda de
Los Nevados que se supone compró las franquicias “paramilitares” que tenían los ahora
“desmovilizados” Hernan Giraldo y Jorge 40 en esa zona operan en esa zona, y hay
denuncias hasta del propio Presidente de la República sobre los nexos de esa mafia con
agentes estatales y de la fuerza pública. En Magdalena el partido Liberal pasó de 4 a 7
Alcaldías.
En el Meta el partido ganó en Puerto Gaitán y Villavicencio, zonas de rutas y
presuntamente también de lavado de activos, y en Vista Hermosa que además tiene
cultivos crecientes y laboratorios. En Meta el partido pasó de 3 a 4 alcaldías.
La alcaldía de Primavera en Vichada es de alto riesgo para el mandatario liberal
electo porque combina cultivos, rutas y laboratorios.
El Departamento de mayor riesgo donde domina el partido liberal es Putumayo,
donde además de la Gobernación, ganaron las alcaldías de Orito, Puerto Asis, Puerto
Guzmán, Puerto Leguizamo y Valle del Guamuez. Aunque en todos hay cultivos, los tres
primeros son los de mayor riesgo porque combinan cultivos, rutas y laboratorios, aunque
esos cultivos tendieron a bajar en el 2006. En este departamento el partido pasó de 3 a 6
alcaldías.
El Partido Liberal tiende a tener más presencia en zonas de cultivos, donde el
riesgo de corrupción y cooptación es menor, que en rutas o laboratorios, donde el riesgo
es mayor.
Partido Conservador
Los municipios de mayor riesgo para el Partido Conservador en Antioquia son
Zaragoza y Valdivia donde hay cultivos crecientes y en el último coinciden además rutas
y laboratorios. En ese departamento el Partido conservador pasó de 9 a 24 alcaldías.
En el Departamento de Bolívar, el partido pasó de 1 a 4 alcaldías, incluyendo la de
Simití, donde coinciden cultivos y laboratorios. En el municipio de Guapi en Cauca
coinciden cultivos crecientes, rutas y laboratorios lo cual genera altísimo nivel de riesgo:
en ese departamento el partido pasó de 3 a 7 alcaldías ganadas.
16
En el Departamento del Caquetá el partido conservador paso de 1 a 4 alcaldías,
ganado esta vez en los municipios de Albanía, Valparaíso, San José de la Fragua y
Cartagena del Chairá que concentran la mitad del total de coca sembrada en ese
departamento entre el 2002 y 2006.
En Boyacá el partido pasó de 29 a 37 alcaldías, incluyendo las de los municipios
de Campo Hermoso, San Luis de Gaceno y Santa María que son zonas de rutas. Además
el Departamento de Boyacá en general viene creciendo como residencia de laboratorios y
nuevas rutas del narcotráfico que generan un alto riesgo en general no sólo para los
Alcaldes sino también para la Gobernación.
17
Los Andes en Nariño es zona de laboratorios; Sardinata en Norte de Santander es
zona de cultivos crecientes y de laboratorios; Puerto Caicedo y San Miguel en Putumayo
son zonas de bajo cultivo pero ubicación de laboratorios; La Victoria en Valle es ruta de
trafico de insumos y estupefacientes; Bolívar en Santander y La Macarena en Meta son
zonas de cultivos crecientes; y Popayán, Neiva y Monteria son zonas de rutas y esta
última también de laboratorios.
En Nariño el partido Conservador pasó de 11 a 19 alcaldías, en Norte de
Santander de 12 a 15, en Putumayo de 4 a 6, en Meta pasó de 0 a 5, en Valle de 8 a 10 y
en Santander de 18 a 17.
En el Departamento de Guaviare, sede de extensos cultivos cocaleros, el Partido
Conservador ganó la gobernación, en una coyuntura política y de seguridad marcada por
la influencia del narcotráfico en ese territorio, según lo reportan periodistas de
Votebien.com:
“La trocha ganadera es un corredor natural a lo largo del límite de los
departamentos de Meta y Guaviare, bordea la rivera sur del río que le da el nombre a
este último. Este trayecto no sólo sirve para actividades agrícolas. Su recorrido es parte
del que tradicionalmente sirve para el tránsito de insumos y producción de cocaína, una
actividad que se disputan narcotraficantes, guerrilleros de las Farc y paramilitares no
desmovilizados.
Este es sólo uno de las muchas rutas que conectan diferentes zonas de cultivo de
coca en estos dos departamentos. En el Meta se concentran principalmente en el sector
de la Macarena, y en Guaviare al sur, en Miraflores y Calamar. Esto sucede a pesar del
éxito que en la región han tenido los programas de erradicación y de fumigación. “Antes
a pocos kilómetros de San José (capital de Guaviare) ya se veía los cultivos a borde de
carretera” dice un raizal contando como quién supera una enfermedad. Sin embargo él
mismo confirma como los cultivos se van desplazando, aparentemente en menor
proporción, hacia el interior de la selva.
La victoria de Oscar de Jesús López Cadavid en la Gobernación de Guaviare, es
una más en una larga carrera como político que lo ha llevado en tres oportunidades
consecutivas a la Cámara de Representantes. Antioqueño de nacimiento, vive en
Guaviare desde hace más de 30 años donde logró consolidarse como uno de los más
prósperos comerciantes de la región.
Su partido, el Conservador, es quién ha tenido la hegemonía política en los
últimos tres periodos. Con la victoria de López completan el cuarto periodo en serie.
Este tiempo coincide con el periodo en el que se vivieron las mayores barbaries y
expansión de los paramilitares. Pese a esto es un departamento donde la presencia
guerrillera es alta.
En forma reñida su campaña disputó la gobernación con el candidato de
Convergencia Ciudadana Dagoberto Suárez Melo, a quién aventajó por 691 votos. De
los cuatro municipios que tiene el departamento fue El Retorno el que le dio la victoria a
López. Este es un lugar considerado fronterizo con el municipio de Miraflores donde
tienen gran presencia las Farc, y en donde hay gran presencia de cultivos de coca.”
18
El Partido Conservador tiende a tener mayor presencia en zonas de rutas y
laboratorios donde el riesgo es mayor, que en municipios con cultivos.
Partido de la U
En Antioquia el municipio de mayor riesgo para el Partido de la U es Cáceres que
posee el 10% del promedio de coca sembrada en ese departamento entre 2002 y 2006,
aunque con una leve disminución, y también es ruta. El otro municipio riesgoso es
Yarumal, que aunque tiene pocas Ha de cultivo es sede de laboratorios. En Antioquia el
partido de la U ganó 10 alcaldías.
En Bolívar la U ganó 15 alcaldías, de las cuales 4 son de municipios de cultivos
que representan el 14% de cultivos de coca del Departamento (Río viejo, Montecristi,
Altos del rosario y Achi). En Boyacá, ganó 11 Alcaldías, de los cuales 5 son en
municipios que concentran el 38% de los cultivos de coca y a su vez son epicentro
esmeraldero y paramilitar de ese departamento: Muzo, Otanche, Quipama, Maripí y
Coper. El de mayor riesgo es Otanche por el volumen de cultivos y porque además es
ruta.
En Caldas el partido de la U pasó de 4 a 10 alcaldías, dentro de las cuales 3
(Samaná, Pensilvania y Manzanares) tiene riesgos por presencia de cultivos ilícitos. El
municipio de mayor riesgo es Samaná que concentra el 53% de los cultivos promedio del
departamento entre 2003 y 2006.
En Casanare, además de la gobernación, el partido de la U ganó dos alcaldías, las
de Monterrey y Orocue, ambos con riesgo por ser rutas de tráfico. En Chocó también
ganó la gobernación y 6 Alcaldías, de las cuales 2 presentan riesgo por cultivos ilícitos:
San Pablo y Nuquí, y la de Quibdo por ser zona de rutas y presunto testaferrato y
residencia de narcotraficantes. En Guainía también ganó la gobernación y la alcaldía de
Inírida, que representa el 24% de los cultivos de coca de ese departamento y además es
ruta de tráfico por lo que representa alto riesgo. En Nariño ganó 5 alcaldías, entre las
cuales está la del municipio de Puerres que es ruta de tráfico. En el departamento del
Valle ganó en total 10 alcaldías, de las cuales 4 son rutas de tráfico: Florida, Pradera,
Palmira y Zarzal, y esta última además presunta residencia de narcotrafiantes.
Otra victoria muy relevante para el partido de la U se dio en la gobernación del
Departamento del Meta, que sigue siendo un departamento central en el negocio del
narcotráfico y cruzado por actores violentos de todo tipo. Sin embargo, según le
comentaron a periodistas de Votebien.com, la pasada campaña política transcurrió en una
tensa calma:
“En el Meta el ganador es el arquitecto Darío Vásquez Sánchez, quién desde el
partido de la U, representaba una coalición política que buscaba marcar distancia con el
cacique político local, el congresista Luis Carlos Torres, hoy involucrado en el
19
escándalo de la parapolítica. Su candidatura le sacó una distancia de cerca de 10.000
votos a Maritza Martínez, esposa de Torres. Esto sucedió en medio de lo que Vásquez
llama “una calma relativa”, que permitió una mayor participación incluso en lugares
donde históricamente ha habido muchas restricciones de orden público. Este es el caso
de Puerto Rico, municipio de gran ingerencia de la guerrilla donde antes salía un
alcalde con menos de mil votos y en esta oportunidad participaron cerca de 5.000
ciudadanos.”
20
Cambio Radical
En Amazonas Cambio Radical ganó la alcaldía de Leticia que es ruta de tráfico.
En Antioquia ganó 6 alcaldías, entre ellas las de Puerto Berrio, Mutata y Turbo que son
rutas de tráfico; en la zona de Urabá donde están ubicados los dos últimos municipios
además Cambio Radical tiene antecedentes por haberse beneficiado electoralmente de la
acción del paramilitarismo.
En Bolívar el municipio de mayor riesgo donde ganó Cambio Radical es Santa
Rosa del sur, que concentra el 31% de los cultivos industriales del departamento y
además tiene laboratorios; en total en ese departamento Cambio ganó 7 alcaldías y
también la gobernación. En Cesar ganó 3 alcaldías, de las cuales la del municipio de
Agustín Codazi es sede de laboratorios. En Córdoba solamente ganó la Alcaldía de
21
Puerto Libertador que posee el 30% de los cultivos del Departamento y además es sede
de laboratorios. En Cundinamarca ganó 23 Alcldías, de las cuales San Juan de Rioseco es
ruta de tráfico. En Chocó gan´p 67 alcaldías, entre ellas la de Bajo Baudó que representa
el 32% de los cultivos del departamento y además es ruta de tráfico, al igual que Acandí.
En Meta, Cambio Radical se reeligió en la Alcaldía de Mapiripan que es un
municipio de riesgo extremo por fraude electoral, representa el 24% de los cultivos
industriales del departamento, es ruta de tráfico de insumos y estupefacientes y también
sede de laboratorios. En Meta ganó en total 8 alcaldías, incluyendo también la de Puerto
Rico que representa el 32% de los cultivos industriales y es ruta de tráfico y la de Puerto
Lleras que tiene menor proporción de cultivos, pero es sede de laboratorios.
En Nariño ganó 4 alcaldías, que incluyen las de Sandoná e Ipiales, que es un
municipio de alto riesgo porque aunque tiene pocos cultivos es ruta de tráfico de insumos
y estupefacientes. En Vaupés además de ganar la Gobernación, ganó la Alcaldía de
Caruru que concentra el 65% e cultivos del Departamento y en el Valle ganó 4 alcaldías,
incluida la de Buga que es ruta de tráfico de insumos y estupefacientes.
El mayor nivel de riesgo para Cambio Radical se da en la zona del Urabá
Antioqueño y el Departamento del Meta
Alas Equipo Colombia
En Antioquia Alas Equipo Colombia ganó la gobernación y 24 alcaldías, de las
cuales la de mayor riesgo es Necoclí por ser ruta de tráfico, seguida de Ituango por ser
zona de cultivos y ruta de tráfico. En el departamento de César ganó 7 alcaldías,
incluyendo la de Pailitas de alto riesgo por ser sede de laboratorios. En Guaviare ganó
dos alcaldías, las de El Retorno y Miraflores, que concentran el 55% de los cultivos del
departamento, el 10% de los nacionales y son además rutas de tráfico. En Nariño ganó
dos alcaldías, incluyendo la del municipio del Rosario que es sede de cultivos y
laboratorios. En Santander ganó solamente la Alcaldía de El Peñón que es sede de
cultivos y laboratorios
En los departamentos de Guaviare, Nariño y Santander Alas Equipo Colombia
solamente ganó alcaldías de alto riesgo por actividades de narcotráfico. En el
Departamento de Antioquia que concentra altos niveles de riesgo por narcotráfico y
presencia de actores armados ilegales ganó la Gobernación aunque bajó en alcaldías
ganadas, mientras que en el Cesar, ese partido perdió la gobernación, pero paso de 3 a 7
alcaldías ganadas. Con respecto al 2003.
22
Convergencia Ciudadana
En Antioquia ganó 3 alcaldías, de las cuales la de mayor riesgo es Caucacia, que
es ruta de tráfico, epicentro de lavado de activos de la zona cocalera del Bajo Cauca
Antioqueño, y reflejo de fuertes tensiones durante la pasada campaña electoral, como lo
constata la reportería del equipo de Votebien.com en ese municipio:
“En Caucasia los políticos mantienen un pacto de silencio. “Hay que ver y
callar”, sentencia un ex candidato al concejo. Lo cierto es que este municipio de 100 mil
habitantes, de donde salió la polémica ex representante a la Cámara, Rocío Arias,
mantiene una calma aparente.
23
Después de las elecciones de octubre en las que el candidato por el partido
Convergencia Ciudadana, el médico Jorge Iván Valencia, se alzó con la alcaldía, nadie
quiere hablar de las elecciones y de la injerencia de grupos armados en el debate
político, ni mucho menos de la guerra territorial que existe en la región por el control
del tráfico de drogas en el Bajo Cauca.
Las amenazas a ciertas candidaturas hicieron temer entre los habitantes de
Caucasia que detrás estas fueran motivadas por intereses de otras campañas que
contaran con la complacencia de lo que era las autodefensa del Bloque Central
Bolívar.”
24
En Cauca, además de ser parte de la alianza ganadora en la Gobernación,
Convergencia Ciudadana ganó 3 alcaldías, dos de las cuales son de los municipios de
Suárez y Timbiquí, que son rutas de tráfico y zonas de paso de zonas de narcotráfico del
Valle del Cauca hacia la Costa Pacífica caucana.
En Guaviare ganó solamente la alcaldía de Calamar, que concentra el 14% de los
cultivos de ese departamento. En Guajira ganó solamente la alcaldía del municipio de
Dibulla, que concentra casi la totalidad de cultivos de ese departamento y es punto
estratégico de salida al mar. En Meta ganó solamente en Puerto Concordia que es zona
de cultivos, ruta de tráfico y sede de laboratorios. En el Valle, además de ser parte de la
alianza ganadora en la Gobernación y ganar en total 6 alcaldías, ganó la Alcaldía de
Buenaventura que es uno de los municipios de más alto riesgo porque cruza cultivos,
rutas de tráfico, laboratorios y es puerto exportador.
En Santander en cambio Convergencia Ciudadana perdió la Gobernación y
aunque pasó de 11 a 29 alcaldías, con respecto al 2003, la mayoría de esas nuevas
alcaldías no son sedes de rutas ni laboratorios y pesan muy poco en cuanto a cultivos,
excepto Rionegro, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí. Eso indica un patrón muy
diferente en la expansión de Convergencia Ciudadana en Alcaldías dentro de Santander,
que es su epicentro político y electoral, del patrón de crecimiento fuera de ese
departamento donde la mayoría de las Alcaldías ganadas por ese partido si tienen alto
riesgo por narcotráfico.
Apertura Liberal
Apertura Liberal pasó de 24 a 37 alcaldías ganadas en el país, con respecto al
2003. El mayor crecimiento en Alcaldías de ese partido se dio en Bolívar y Casanare,
donde obtuvieron 6 nuevas alcaldías en cada uno de esos departamentos. En Bolívar las
alcaldías de Arenal, Morales y San Jacinto del Cauca tienen riesgo por cultivos ilícitos.
En Casanare ninguna de las 6 alcaldías ganadas por Apertura registra riesgo por cultivos,
pero son fuente importante de regalías petroleras. Los dos municipios de mayor riesgo
para este partido son El Tarra en Norte de Santander y Cimitarra en Santander, cada uno
representa el 13% del promedio de cultivos de su departamento; el Tarra es además ruta y
sede de laboratorios, y ambos municipios epicentro de rearme y aparición de bandas
remanentes o emergentes del paramilitarismo y el narcotráfico.
25
Colombia Democrática
Colombia Democrática pasó de 35 a 34 alcaldías con respecto al 2003, sin
embargo en los Departamentos de Sucre y Cundinamarca creció significativamente en
alcaldías ganadas con respecto al 2003, pasó de 0 a 6 en Sucre y de 0 a 3 en
Cundinamarca, donde ganó la de San Francisco que es sede de laboratorios; mientras que
en el departamento de Antioquia fue donde más perdió alcaldías, al pasar de 10 a 5,
dentro de las cuales está la de San Pedro de Uraba que tiene riesgo por cultivos y rutas.
Otras alcaldías con reisgo para este partido por presencia de cultivos son Tiquisio en
Bolívar, Belen de los Andaquíes en Caquetá, Aguachica en Cesar y Mesetas en el
Departamento de Meta.
26
Colombia Viva
Colombia pasó de 27 a 13 Alcaldías con respecto al 2003. Cinco de las trece
alcaldías ganadas por Colombia Viva son de muy alto riesgo por narcotráfico: Nariño en
Cundinamarca por ubicación de laboratorios, Tumaco en Nariño porque concentra el 41%
de los cultivos de ese departamento, es ruta de tráfico, sede de laboratorios y puerto de
exportación; Santa Rosalía en Vichada porque es ruta de tráfico, así como Sincelejo en
Sucre que además es epicentro de lavado y testaferrato en ese departamento. El Bagre en
Antioquia tiene menor riesgo porque sólo tiene cultivos, pero estos representan el 10%
del promedio de ese Departamento.
27
De las Alcaldías ganadas por Colombia Viva sin duda la más compleja frente al
negocio del narcotráfico es la de Tumaco, municipio que ha visto empeorar su situación
recientemente, según lo relataron sus habitantes a los periodistas de Votebien.com:
“…en el segundo puerto colombiano más importante sobre el Pacífico, Tumaco, también
en Nariño, los cultivos crecieron por diez hasta alcanzar las 7.000 hectáreas, según
datos de Naciones Unidas, principalmente en la zona de Llorente, se multiplicaron
laboratorios y los barrios de la ciudad se volvieron campos de batalla entre grupos
armados disputándose el control de la exportación de la cocaína. La tasa de homicidios
pasó de la cifra ya alta de 53 por 100 mil habitantes en 2000 a 126 por 100 mil en 2006.
Esta última es escandalosa si se tiene en cuenta que el promedio nacional es de 39.”
28
Alianza Social Indígena, ASI
La ASI ganó en 6 municipios de alto riesgo por narcotráfico: Puerto Boyacá en
Boyacá por cultivos y rutas de tráfico, Medellín en Antioquia por rutas, lavado de activos
y epicentro de mafias; Puerto Rico en Caquetá por cultivos y laboratorios; Hacarí y Tibú
en Norte de Santander por cultivos y rutas, y el último además por sede de laboratorios y
Cartago en el Valle por rutas, lavado de activos y epicentro de mafias.
Movimiento AFROCOLOMBIANO
El Movimiento Afrocolombiano ganó en dos municipios de Alto riesgo: Florencia
en Caqueta por cultivos, rutas y laboratorios; y Barbacoas en Nariño por cultivos y rutas.
Otras cinco alcaldías ganadas por ese partido tienen riesgo por cultivos: Carepa en
29
Antioquia, Arauquita en Arauca, Bolívar en Cauca y Milán y Solano en el departamento
de Caquetá
Verde Opción Centro
En orden los municipios de mayor riesgo para este partido son: La Llanada en
Nariño, San José del Guaviare en Guaviare y Pitalito en Huila porque combinan
presencia de cultivos y rutas; y Llanada también de laboratorios. Otras cuatro alcaldías
ganadas por este partido tienen riesgo por presnecia de cultivos: Florencia en Cauca,
Cienaga en Magdalena, y Ancuya y el Tambo en Nariño.
30
Polo Democrático
El mayor riesgo del Polo Democrático es Nariño, donde además de ganar la
gobernación ganó 10 alcaldías con cultivos ilícitos (Consaca, la Tola, Linares, Payan,
Mosquera, Riecaurte y Santa Barbara Isquandé, de los cuales 3 son además rutas de
tráfico (El Charco, San José y Samaniego). Por presencia de rutas de tráfico registra
riesgo también la alcaldía de Guayabal en Tolima, y por rutas y además testaferrato,
residencia y lavado de activos también registra alto riesgo la Alcaldía de Bogotá.
31
La mayor encrucijada del Polo Democrático está sin duda en el Departamento de
Nariño, donde se pondrá a prueba su capacidad para liderar la gobernabilidad estatal en
un territorio marcado por la disputa territorial y armada de una variada gama de
competidores en el negocio del narcotráfico, como lo constatan no solamente las cifras,
sino el trabajo periodístico hecho por el equipo de Votebien.com en ese departamento:
“Luego de la desmovilización paramilitar a partir de 2005, estos bloques se
atomizaron en grupos diferentes que han subsistido en las áreas de producción y tráfico
de drogas ilícitas. Así, por ejemplo, en la zona del Patía nariñense entraron las
32
Autodefensas Campesinas de Nueva Generación (ACNG) que se trenzaron en batallas
con las Farc hasta desplazarlas. En los municipios de Andes, Samaniego y Santa Cruz,
un grupo llamado Los Rastrojos, que hicieron parte de los ejércitos privados del
narcotraficante Wilber Varela, tejieron alianzas con Eln para combatir a las Farc.
Guerrillas y paramilitares también se disputan la vía al mar desde Túquerres hasta
Tumaco. Las Farc se han afianzado en el piedemonte del Pacífico nariñense y en algunos
municipios costeros del departamento. Pero en Llorente (Tumaco) han entrado con
fuerza Los Rastrojos. A pesar del exitoso patrullaje de la Armada que ha dificultado el
accionar de los violentos, al norte en el municipio costero de Iscuandé un nuevo grupo
llamado “Las AUC de Don Berna” (que no son en realidad de don Berna si no de
Varela) se pelean el control con Farc.”
4. ALGUNAS CONCLUSIONES
Del análisis expuesto en este documento se obtienen cuatro conclusiones
principales sobre lo que pasó en las pasadas elecciones frente al fenómeno del
narcotráfico y la violencia organizada que conlleva, y lo que vendrá. La primera es que lo
más significativo de las pasadas elecciones fue que debido a la desmovilización
paramilitar, la estrategia electoral de los narcotraficantes se centró en el dinero. Y los
resultados no fueron tan favorables como se hubiera previsto si se tiene en cuenta el
entorno tan clientelista, carente de ideologías y proclive a la venta del voto por parte de
muchos ciudadanos. La moraleja sería entonces que la plata no lo es todo en las
elecciones, también está el ejercicio privado de la fuerza y la cooptación social y política
que esta permite.
La segunda es que la competencia electoral aumentará mientras no exista un
aparato armado, que permanente y sistemáticamente, restrinja los derechos políticos de la
ciudadanía. Pero en la medida que la competencia y la participación electoral aumentan,
aumentan también los costos de las campañas. Por eso, estas elecciones fueron más
costosas para el narcotráfico. Simplemente porque había que comprar más votos.
La tercera, y al parecer la más preocupante, es que desde hace ya bastante tiempo,
ha surgido en Colombia un sector de la clase política que se ha especializado en el triunfo
de elecciones ya no solamente para acaparar las rentas publicas, sino para negociar
también impunidad e inmunidad con los empresarios del narcotráfico. Esos sectores han
llegado a un nivel de organización tal, que incluso se han independizado de los partidos
tradicionales. Ahora, con todo y la reforma política de 2003, pueden darse el lujo de
poseer sus propios partidos y competir por el manejo de los cargos públicos, de las zonas
más rentables y estratégicas para el narcotráfico en Colombia. En ese sentido llaman
especialmente la atención los resultados obtenidos en las pasadas elecciones por el
Partido de la U, Apertura Liberal, Convergencia Ciudadana, Colombia Viva y Alas
Equipo Colombia.
Y la cuarta conclusión es que a pesar de la disminución de la influencia
paramilitar por todo el proceso de paz, el narcotráfico y las organizaciones armadas que
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se financian de sus recursos participaron en política. Esto es consecuencia de una
necesidad apremiante para los productores de drogas: la protección frente a las
autoridades estatales. Por eso va a ser improbable que mientras persista el narcotráfico
como una actividad extendida en el territorio nacional, no existan estrechos vínculos con
el poder político, sean funcionarios públicos o candidatos en campaña.
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