La importancia de comparar las políticas de seguridad pública

La importancia de comparar las políticas de
seguridad pública
► Sergio Caplan ► Investigador de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y
maestrando de la Universidad Nacional de La Plata (IRI - UNLP).
► Lisandro Gómez ► Investigador de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y maestrando de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En los últimos años, la comparación se ha convertido en el procedimiento
analítico y de investigación científica más importante en la ciencia política. Es
dentro de la lógica comparativa que se ha procedido a abordar el estudio de
los sistemas políticos, y más específicamente de los sistemas de gobierno, sistemas electorales, instituciones y procesos políticos. No es casual, por tanto,
que prácticamente todos los programas de estudios de las carreras relacionadas con la ciencia política, contemplen alguna materia referida a la “política
comparada”.
Por otra parte, en nuestro país, existe una creencia general de que la inseguridad o que determinados tipos de delitos son característicos de nuestra
población (Caplan y Gómez, 2011). Pero en realidad esto puede no ser así.
Es así como nos resulta llamativa la poca producción científica respecto a la
inseguridad y a la seguridad pública, en particular de abordajes politológicos
(Jolías y Fernández Arroyo, 2010). Es en este contexto que nos proponemos
analizar la importancia de la utilización del método comparado para estudiar
en profundidad la cuestión de la seguridad pública, en tanto política pública
(Hassenteufel, 2009).
De este modo, la seguridad pública debe necesariamente debe ser concebida
en todo momento como parte del corpus de políticas públicas y más precisamente en vinculación con las “políticas sociales” que son aquellas que representan “aquel conjunto de decisiones y acciones del Estado que se orientan en
gran medida (aunque no exclusivamente) a prevenir, reducir y eventualmente
tratar el riesgo social” (Repetto, Filgueira y Papadopulos, 2006). Cabe destacar
que “la seguridad no es sólo protección frente a la inseguridad objetiva sino
también frente a los riesgos y la sensación de inseguridad, siendo este componente subjetivo esencial para la elaboración de políticas” (Eissa, 2006; 16).
Cuando hablamos de “políticas públicas” -o “estatales”1 o “policies”2-,
hablamos de “procesos” que atraviesan distintas fases - iniciación, estimación,
selección, implementación, evaluación y terminación- (Aguilar Villanueva,
2003). Las políticas públicas se inician con la “problematización” de ciertas
cuestiones (que sólo son algunas) que son las que terminan ingresando a la
agenda estatal, y que se transforman en issues. Es ante éstas últimas que el
Estado “elige” resolverlos (o no3) o se ve forzado a resolverlos, para lo cual
establece determinados accionares conformando el “ciclo de las políticas públicas” (Oszlak & O’Donnell, 1984).
Oszlak y O’ Donnell entienden por el concepto de “política estatal” “(…)
un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita
la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil. De
dicha intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, una determinada orientación normativa, que previsiblemente afectará el futuro curso del
proceso social hasta entonces desarrollado en torno a la cuestión” (1982: 112113). Al respecto podemos agregar que una política pública no es una ley en
sentido formal (aunque claramente puede, y debería, sostenerse en un basamento legal), sino que es una decisión y un accionar político.
Siguiendo con lo planteado en el párrafo anterior se desprenden dos consecuencias de aquélla concepción de la política pública: la primera, una política pública no debe concebirse como una respuesta aislada, sino que debe
entenderse como parte de un corpus conformado por el resto de las iniciativas
y respuestas emanadas por el Estado, que se ubican en un determinado contexto histórico. En segundo lugar, y en línea con lo anterior, en una política
pública intervienen distintas unidades y aparatos estatales en los cuales se
dan pujas de poder –no sólo dentro de las estructuras burocráticas, sino en la
1. Esta acepción es propuesta por Oszlak y O’ Donnell
(1982), a través de comentarios formulados al respecto de
su texto clásico “Estado y políticas estatales en América
Latina: hacia una estrategia de investigación”. por Adam
Przeworski, y lo que se quiere señalar es que estas políticas
son estatales, dado que emanan del Estado exclusivamente. Si bien la noción de “políticas públicas” yuxtapone las
políticas emanadas por privados, el Estado o los actores
públicos no estatales, sigue sin darse en la práctica la distinción que señalábamos.
2. Resulta interesante señalar que en idioma inglés existe
una distinción semántica entre la/o “política/o” (politics)
y la/s “política/s pública/s” (public policy/ies o directamente policy/ies). Esto es importante dado que muchos
de los conceptos que utilizamos para referirnos a las cuestiones relativas a las políticas públicas provienen del inglés:
policy making, policy process, policy management, policy
design, entre otras. Esta situación se da, en gran medida,
por el gran desarrollo que se ha dado en la ciencia política
norteamericana en torno a las políticas públicas (cabe recordar la propuesta de Lasswell para que la ciencia política
se transforme en una verdadera policy sciences) y a su vez
la difícil traducción (por una cuestión de precisión) al español de la mayoría de los conceptos que señalábamos.
3. Según Oszlak y O’ Donnell “negar la problematicidad
de un asunto (argumentando un «falso problema»), afirmar que nada puede hacerse (…), relegarlo a un «benevolente olvido» o reprimir a quienes intentan plantearlo son,
por supuesto, formas de ejercicio de poder en la dirección
de impedir su problematización social o su surgimiento
como cuestión” (1982: 111).
relación y la influencia que pueden tener las distintas “clientelas” de las agencias- (Oszlak y O’ Donnell, 1982; Oszlak, 2006).
En cuanto a los métodos de estudio de las políticas públicas, la experimentación suele ser sumamente difícil -además de costoso-, por lo cual insistimos
en que la comparación resulta ser el sistema más adecuado para analizarlas
(Caplan y Gómez, 2011). Grau es quién define mejor esta cuestión afirmando
que “el análisis comparado de las políticas publicas puede entenderse como
una perspectiva de análisis propia que pretende explicar tales similitudes y
diferencias observadas; es decir pretende buscar variables explicativas que den
cuentas de las diferencias entre políticas públicas similares” (2002: 3).
Si bien no es objetivo de este trabajo hacer un racconto histórico de la
política comparada, cabe destacar que ésta no es una metodología de estudio
nueva, sino que hasta se podría decir que comparte los orígenes propios de
la ciencia política. Esta afirmación parte de que podemos encontrar ejemplos
del uso de esta metodología desde Aristóteles, quién utilizó el método comparado para analizar más de 150 constituciones de las polis griegas. De cualquier
manera, es a partir de la segunda mitad del Siglo XX que la política comparada
adquiere mayor relevancia4.
Según Peters, “El método comparado nos permite entender los efectos que
las diferencias en estructuras, culturas y valores tienen entre los Estados y en
el desempeño de los aspectos particulares del sistema social que esta siendo
investigado” (1990; 3). En línea con estos argumentos Bulcourf y Cardozo
sostienen que “la comparación como método es, pues, un aporte a la controlabilidad empírica de los fenómenos políticos” (2008: 9).
Así es como Schedler al preguntarse acerca de la relevancia de la política
comparada, responde que la misma “funciona mucho mejor desestabilizando
suposiciones comunes que estableciendo un sentido común; su papel no es
resolver debates políticos sino desencadenarlos; no es hacer más sencillas las
decisiones públicas, sino hacerlas más difíciles” (2004; 343).
En este sentido, es importante destacar que, así como en trabajos anteriores
señalábamos la importancia de no circunscribir los temas referidos a la inseguridad y la seguridad pública a las “cuestiones policiales” (Gómez y Caplan,
2010a; 2010b), creemos que es sumamente necesario avanzar en el estudio de
4. Esto se debe a la Revolución Conductista que se generó en aquél momento, cuyos máximos exponentes fueron
David Easton, Gabriel Almond, entre otros. Estos autores
contribuyeron enormemente al desarrollo de la Ciencia
Política en general.
las instituciones policiales. Esto en gran medida ha contribuido a la falta de
compresión de aquellas instituciones y a la imposibilidad de plantear serias
reformas sobre las mismas.
Varios autores resaltan la falta de análisis comparativos entre aparatos policiales a lo largo de la historia así como también de estudios sobre la institución policial propiamente dicha. Esto se debe a que las estructuras y los
modelos policiales de los diferentes países –y sus diferentes formas de definición- siguen siendo aún muy disímiles. (John Casey, 2010).
Al analizar esta cuestión, David Bayley explica que “se nota la presencia policial sólo durante el acaecimiento de sucesos dramáticos de represión política
(...). Desde el punto de vista histórico, los espías y la policía política atraen la
atención con mucha más frecuencia que el personal de patrullaje y vigilancia”
(2010: 16).
Siendo una excepción a estos casos, Dominique Monjardet, en su libro “Lo
que hace la policía: Sociología de la fuerza pública” (2010), toma a las fuerzas policiales de diversos países –en su mayoría europeos, con algunos casos
históricos- como unidades de análisis para llegar a esbozar una tipología en la
que se puedan caracterizar estas instituciones según tres variables que la autora propone: la institución; la organización; y la profesión. Si bien este trabajo
no corresponde a un estudio comparado propiamente dicho, resulta útil para
realizar un ejercicio de comparación “inverso”, es decir, desde los casos hacia
las variables.
El estudio de las políticas públicas, siguiendo el método de la comparación,
sirve también para el objetivo de responder cuestiones acerca de coyunturas
históricas -si la comparación se realiza diacrónicamente-. De esta forma, se
pueden estudiar con más facilidad los ciclos de las políticas públicas a los que
hicimos referencia más arriba.
Realizar este tipo de ejercicios también puede servir para superar ciertos
prejuicios que algunas ciudades o países tienen sobre sí mismo. Tal como
planteábamos al inicio del trabajo, “lo que parece una característica excepcional del propio país puede ser un atributo comúnmente extendido, y lo que
parece un problema universal puede ser simplemente un rasgo exótico de
la historia local” (Pérez Liñán, 2010). De este modo, en cambio, se podría
5. Esta cuestión esta muy bien señalada en Borsotti (2007).
En sí una situación problemática implica que por algún
motivo se produce un hecho que interrumpe las rutinas
que se perciben como naturales y comienzan a cuestionarse produciéndose una desnaturalización de algún sector de
la realidad. Ahora bien las situaciones siempre existen sean
o no percibidas por alguien, pero es en la medida que las
situaciones pasan a ser percibidas como insatisfactorias y
se convierten en problemáticas.
6. Pensemos cuando una determinada policy implica la
coordinación entre distintas agencias estatales, las cuales
podrían no sólo tener objetivos dispares sino hasta incompatibles. Sobre todo las burocracias han demostrado que
el manejo de factores críticos como el poder económico y
la información, tienen la capacidad de frenar la implementación de distintas políticas públicas.
realizar un estudio de área, en donde se deberían comparar dos o más países
(o subunidades) pertenecientes a la misma región, para intentar mantener la
mayor cantidad de variables en común.
Así las cosas, nos parece importante rescatar lo señalado por Oszlak y O’
Donnell (1982) cuando plantean que una política pública es una variable dependiente de un conjunto de factores (variables independientes), los cuales
inciden para que se tome aquella política pública. Es ante situación que nos
proponemos seguir brindando fundamentos que ratifiquen a la comparación
como un método sumamente válido para estudiar políticas públicas.
En sí podemos decir que la política comparada abarca todas las áreas de la
Ciencia Política, incluyendo a las políticas públicas. Por lo tanto, se pueden
realizar análisis tanto de procesos de una política pública en diferentes lugares,
como de políticas pertenecientes a una misma área en forma diacrónica.
Bulcourf y Cardozo (2008) tomando la obra de Muller (2006) remarcan que
las preguntas de investigación, las cuales contienen las unidades de análisis
(como propiedad particular que nos interesa), son las que debemos formularnos a la hora de la comparación, a fin de dilucidar: la génesis de las políticas
públicas (¿cómo nacen y se transforman?); el estudio de la burocracia y la administración pública en los procesos de elaboración e implementación de las
mismas; y finalmente indagar acerca de los impactos de las políticas públicas
en la sociedad.
A su vez, los objetivos al determinar el tipo de análisis que deberíamos realizar para estudiar políticas públicas, nos pueden indicar el nivel de abstracción
de la investigación en relación con la metodología que vayamos a utilizar. Si
necesitamos analizar en profundidad determinadas políticas públicas, la metodología del estudio de casos resultaría ser la más apropiada, ya que permite
utilizar estrategias cualitativas en algunos pocos casos, destacando así sus características.
“Al explicar los procesos de formulación de políticas, se pone más énfasis
en el desarrollo que en la decisión autoritaria, prestando más atención a la
estructura, al contexto, a las restricciones y a las dinámicas del proceso, como
también a las decisiones reales y a los eventos que pudieran ocurrir” (Schlager,
2010: 317).
Podemos decir, siguiendo las enseñanzas de Sartori, que en este nivel “medio-bajo” lo que ganamos en “intensión” lo perdemos en “extensión”, pero
dado que en la mayoría de los casos lo que sobran son variables, esta estrategia
parece bastante adecuada para proceder al estudio de políticas públicas. Sin
embargo, se puede utilizar cualquiera de las metodologías (cualitativas y cuantitativas) dado que esto depende de los objetivos de la investigación.
En síntesis, podemos señalar que para el estudio comparado de políticas
públicas seleccionamos un problema5, luego pasamos a elaborar objetivos
generales y específicos de la investigación, que se traducen en preguntas, las
cuales se responden provisoriamente con las hipótesis, y esto nos lleva a examinar sobre las propiedades del fenómeno que estamos investigando.
Siguiendo a Medvedev Luna (2010), planteamos que el estudio comparado
de las políticas públicas puede ser un gran aporte al desarrollo de una de las
áreas de mayor influencia en la real politik, en particular en los decission making
process es decir en todas las dimensiones que mencionábamos del ciclo de las
políticas públicas.
Lo señalado en el párrafo anterior, nos lleva al clásico problema de la falta
de compatibilidad entre lo político y lo técnico, en el que cada uno de los
“momentos” separa a la clase política de las burocracias (como aparato estatal
“implementador” de políticas públicas), en lo que hace a la elaboración de las
políticas públicas y su implementación, respectivamente. Resulta paradójica y
hasta ilusoria esta cuestión, dado que esto lleva a concebir que ni en las etapas
de elaboración de las policies no haya cuestiones “técnicas”, ni en las etapas
de implementación no haya “política”.6 Esta situación la podemos identificar
claramente en el caso de la seguridad pública en la Argentina, y más específicamente respecto de la cuestión policial, como describiremos más adelante al
explicar algunos conceptos acuñados por Marcelo Saín.
Además, el ámbito científico y académico en la Argentina tampoco ha podido lograr un gran desarrollo en cuanto al estudio de la seguridad pública. “La
poca producción académica acerca de seguridad pública que existe –sobre
todo en la última década- ha focalizado más sobre las cuestiones sociales del
delito y su relación con las clases bajas de la sociedad que sobre el análisis
de sus implicancias y la posibilidad de respuestas eficaces desde el Estado”
7. El autor define al “sentimiento de inseguridad” como
un “entramado de representaciones, emociones y acciones
(...) suscitadas por el delito” (2009;16)
(Caplan, 2011).
En este mismo sentido, Sofía Tiscornia plantea en un trabajo publicado en
un número anterior de Cuadernos de Seguridad, que “la seguridad pública
como tema de investigación académica y también como tema en el que es
fundamental incidir política y socialmente, es una preocupación de un sector
social comprometido –en nuestro país– con la vigencia de los derechos humanos, que demanda al Estado políticas públicas” (2009: 63).
“En sociedades como las latinoamericanas, en donde los contextos de crecientes problemas hacen precisa una intervención estatal con una adecuada
visión y conocimiento de los problemas, las cuestiones como la exclusión
social, los niveles de pobreza y el acceso a la salud y la educación en amplios sectores de la población no pueden estar ajenos en la reflexión y en la
búsqueda de conocimiento por parte de los científicos sociales” (Bulcourf y
Cardozo, 2008; 6).
Por todos estos motivos, creemos que se hace menester contribuir al desarrollo de las políticas como área clave de la ciencia política, en sentido de que
esta incide claramente en los procesos que se conforman como respuestas del
Estado a distintas problemáticas sociopolíticas. Ante esta situación, nuestro
interés se centra en la necesidad de generar estudios científicos que aborden
las policies de seguridad pública.
En párrafos posteriores mencionaremos algunos estudios que se han ocupado de la problemática de la seguridad pública a través del método comparado, aunque cabe aclarar que no todos provienen de la Ciencia Política.
Entre estos pocos casos, podemos encontrar el trabajo de Alejandro Hener
(s/f) quien ha utilizado el método comparado para analizar el Plan Nacional
de Prevención del Delito (PNPD) y el Plan Nacional de Seguridad Pública
(PNSP) elaborados por los gobiernos de Argentina y Brasil respectivamente.
Podremos ver así cómo el autor plantea la metodología que antes describimos:
“Mediante un análisis comparativo de los documentos correspondientes a ambas
propuestas, buscaremos caracterizar la relación entre definiciones explícitas e
implícitas que el nuevo modelo preventivo parece sugerir acerca del “delito” y
de los “delincuentes”. Por otro lado, se analizarán las implicancias políticas y
sociales que conlleva la presencia insistente de discursos en torno a la
participación ciudadana y a la gestión de la sociedad civil, al interior de una
problemática que supo ser gestionada hasta ahora en forma casi exclusiva por el
Estado” (Hener, s/f; 1)
De esta forma, vemos cómo luego de haber seleccionado el problema de
investigación (la seguridad pública en Argentina y Brasil), Hener presenta los
objetivos generales y específicos de la investigación, para después sí, una vez
comenzado el trabajo, analizando las diversas variables entre los casos, arribar
a las conclusiones sobre el fenómeno que se investiga.
Existen otros trabajos interesantes que podríamos citar para intentar demostrar la importancia de comparar políticas de seguridad pública para lograr
una mayor comprensión del tema. Si bien algunos de ellos no pertenecen estrictamente a la disciplina de la política comparada, se enmarcan dentro de la
categoría de estudios de casos, y sirven a la hora de ser comparados con otros
planes implementados o a implementar.
El primero de ellos (que proviene del campo del Derecho Penal) es abordado por Ciafardini (2006), cuando trabaja sobre el Plan Nacional de Prevención del Delito centrándose en la implementación y el impacto que tuvo dicho
plan sobre la Ciudad de Buenos Aires. Del mismo modo, el autor hace un
estudio sobre la implementación del “Plan Saavedra” (realizado en el barrio
homónimo), el cual fue la primera experiencia de este tipo de planes basada
en la participación ciudadana.
Asimismo, Gabriel Kessler, quien hace un abordaje desde la sociología del
delito, en su trabajo titulado “El Sentimiento de Inseguridad” (2009) realiza
un análisis diacrónico, desde la etapa de recuperación democrática en la Argentina hasta el año 2009, tomando como objeto de estudio el “sentimiento
de inseguridad”7 por parte de la ciudadanía, basándose en encuestas de opinión y representaciones mediáticas de los delitos. De esta forma, el autor
vence las barreras que implica estudiar el pasado desde relatos construidos
en el presente.
Ahora bien, resulta sumamente trascendente y enriquecedor para el desarrollo del estudio comparativo de políticas públicas, en general, y de la seguridad pública en particular, los distintos papers y libros que ha publicado
Marcelo Saín en los que se trata el estudio de las estructuras policiales como
elementos críticos de los planes de seguridad pública, pero como un factor
más de estos últimos.
Si bien algunos de estos trabajos podrían ser tildados de “localistas” por
tratarse más bien de estudios de casos –en particular el más famoso “El Leviatán Azul: policía y política en la Argentina” (2008)-, en realidad esto resulta
más bien beneficioso para el desarrollo de la política comparada como campo
ya que como señala Pérez Liñán “(…) los comparativistas solamente pueden
conocer sus casos si están dispuestos a leer atentamente a los investigadores
especializados en cada país” (2010: 13). Sin embargo, Saín (2004; 2010) se ha
basado en distintos trabajos presentados en varios países latinoamericanos,
que justamente comparan las realidades en los diferentes contextos, haciendo
un énfasis particular en las estructuras de las fuerzas policiales, sosteniendo
que aquellas son un legado de los períodos autoritarios.
Saín ha desarrollado una serie de conceptos muy útiles a la hora de encarar
un estudio sobre la seguridad pública, entre ellos los más destacables: “el modelo tradicional de la seguridad pública” y la “policialización de la seguridad
pública”. Por el primero entiende “la indefinición política ante los deberes del
ejercicio del gobierno de la seguridad pública ha depositado en la institución
policial las tareas básicas del primero, con lo cual ha dado forma a un proceso
de gobernabilidad policial de la seguridad pública” (2004: 135). En tanto por
el segundo entiende “(…) la dirección, administración y control integral de
los asuntos de seguridad pública así como la organización y el funcionamiento y el funcionamiento del propio sistema policial quedaron en manos de las
agencias policiales, generando así un abarcativo proceso de policialización de la
seguridad pública” (2008: 124).
Claro está que tanto los “modelos tradicionales” como la “policialización
de la seguridad pública” se vinculan estrechamente entre sí, es así como el
autor aquí en cuestión encuentra ciertos patrones de comportamiento en las
políticas de seguridad pública de los países latinoamericanos: “el desgobierno
civil de los asuntos de seguridad pública y policiales; el monopolio por parte
de las fuerzas policiales de la seguridad y del sistema policial; y la exclusión de
la comunidad de los asuntos de seguridad pública” (2004: 135).
También resulta interesante, y en línea con el pensamiento de Saín, tener
en cuenta como punto de partida para estudios que aborden estudios comparados de seguridad pública enfocándonos en las instituciones policiales que
“(…) en América Latina las problemáticas de la seguridad están significativamente condicionadas por procesos y tendencias sociales sobre los que el sistema de seguridad pública y, en particular, su componente policial, no pueden
incidir de manera determinante. Actualmente existe en la región una serie de
condiciones estructurales que inciden en forma sustantiva sobre la situación
de seguridad pública favoreciendo o apuntalando ciertos conflictos o cercenando la capacidad estatal de prevención o conjuración de estos” (2009: 42).
En esta misma dirección, Ciafardini realiza una comparación del “delito
urbano” entre la Argentina y los demás países latinoamericanos, sosteniendo
que “el deterioro económico social no deriva, directa e inmediatamente, en
violencia delictiva sino a través de complejos procesos de degradación de las
formas de organización económica y social que incluyen aspectos individuales
y familiares, y también institucionales y políticos. Es la resultante de la nefasta
combinación de la destrucción de los individuos con la destrucción social y
política. Tanto una como otra tienen en su base la destrucción económica y
social” (2006: 46). De esta forma, concluye planteando que “no es la pobreza
en sí la que está relacionada con el delito en forma directa, sino el desajuste
económico abrupto de un estrato social o grupo respecto de otro u otros que
ocupan espacios adyacentes” (2006: 47)
Es por esto que destacamos que la problemática de la seguridad pública
tiene las mismas raíces en toda la región, pudiendo encontrar características
comunes en todos –o casi todos- los países latinoamericanos, pero con matices diversos que responden a las diferentes políticas públicas que cada Estado
ha decidido implementar8.
A modo de síntesis, en el siguiente cuadro podremos observar de forma
más clara los ejemplos expresados más arriba. De esta manera lograremos una
mayor comprensión de los diferentes métodos que podríamos utilizar para
realizar comparaciones.9
8. Cabe destacar la importancia regional del estudio realizado por José María Rico y Laura Chinchilla Seguridad
Ciudadana en América Latina (Rico y Chinchilla, 2002).
9. Si bien no todos los trabajos que mencionamos provienen de la Ciencia Política, resultan útiles a la hora de tomar
aportes de otras disciplinas que han tomado como objeto
de estudio el delito o la seguridad pública. A su vez consideramos relevante la mención de los trabajos de Ciafardini
(2005) y Kessler (2009), dado que metodológicamente hablando, utilizan abordajes que podrían resultarnos prove-
chosos para elaborar investigaciones comparativas.
10. En realidad, Ciafardini hace más una descripción sobre
los planes que señalábamos (en lo cual reside gran parte
del valor del aporte del criminalista). Si bien este trabajo
no puede considerarse una investigación científica, consideramos que tiene un gran valor en sí mismo por lo sostenido por el autor.
11. La estrategia es más propia a un estudio de caso.
12. Ídem 18.
Derecho Penal
Sociología del delito
Análisis de políticas
sectoriales
Políticas públicas
comparadas
Análisis de políticas
sectoriales
Kessler
“El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito”
Saín
“Seguridad, democracia y reforma del
sistema policial en la Argentina”
Saín
“Seguridad pública, delito y crimen
organizado. Los desafíos de la modernización del sistema de seguridad policial en
la región sudamericana”
Saín
“El Leviatán azul: policía y política en
la Argentina”
Políticas públicas
comparadas
Tema de la
investigación
Ciafardini
“Delito urbano en la Argentina”
Hener
“Políticas de seguridad en clave
comparativa: la emergencia del paradigma
preventivo del delito en Argentina y
Brasil”
Autor / Trabajo
Sincrónico
---12
Modelos institucionales y burocráticos
de las fuerzas policiales argentinas (enfatizando en la Policía Bonaerense)
---11
Diacrónico
---10
Sincrónico
Tipo de
análisis
Políticas de seguridad pública en
Sudamérica, enfatizando en los diseños
policiales y la configuración del delito
Modelos institucionales y burocráticos
de las fuerzas policiales argentinas (enfatizando en la Policía Bonaerense)
“Sentimiento de Inseguridad”
“Delito urbano”/ Plan Nacional de
Prevención del Delito - Plan Saavedra
Plan Nacional de Prevención del Delito
(Brasil) y el Plan Nacional de Seguridad
Pública (Argentina)
Objeto de estudio
Cuadro I: Principales trabajos y abordajes del estudio del delito y la seguridad pública
Medio-Bajo
Medio
Medio-Bajo
Medio-Alto
Bajo
Bajo
Nivel de
abstracción
A partir de lo planteado anteriormente, podemos afirmar que estudiar políticas de seguridad pública a partir de éstos ejemplos, nos puede ayudar a
visualizar variables que se repiten en varios casos, lo cual hace plausible la
comparación dado que estaríamos encontrando elementos homogéneos.
En conclusión, la importancia del estudio de las políticas públicas y las ventajas que el método comparado le brinda al mismo, pueden ser un gran aporte
al análisis de un tema de suma relevancia en la agenda política actual como es
la cuestión de la seguridad pública, dado que esta última es la respuesta que
el Estado da a una demanda tan “problemática”, poco entendida y mal interpretada (tanto por la clase política, como la opinión pública y la ciudadanía)
como es la inseguridad.
Así como Oszlak y O’ Donnell (1982) planteaban la importancia de estudiar políticas públicas para encontrar la verdadera naturaleza de los Estados
latinoamericanos, cómo inciden los cambios sociales y los cambios a nivel del
Estado, entre otros; planteamos que justamente (y a través del método comparado) es con el estudio de las políticas de seguridad pública que podemos
analizar como actúan (o como se “mueven”) los Estados de la región a la
hora de responder a una determinada demanda social. Esto nos permite salir
de la estigmatización de ciertos temas en los cuales generalmente recaemos
para explicar las fuentes de la inseguridad, cuando analizamos un solo caso
en particular.
Queremos resaltar que el complejo problema de la seguridad pública no
debe ser solamente una prioridad de los gobiernos sino que requiere de un
fuerte compromiso del sector científico-académico el cual debe tratar, desde
su ámbito específico de la producción del conocimiento, los grandes temas
por los que atraviesa una sociedad. Hoy en día, en nuestro país se ha generalizado lo que algunos autores como el destacado jurista y criminólogo Eugenio Raúl Zaffaroni ha llamado la “criminología mediática”, generada desde
los medios masivos de comunicación y que permite una construcción de lo
que podríamos llamar una “cultura de la inseguridad” basada en hacer de
algunos crímenes comunes y hasta “esperables” en una sociedad compleja y
densamente poblada, un verdadero espectáculo (Zaffaroni, 2011). Se dedican
horas centrales en difundir crímenes comunes y particulares, generando una
verdadera “sensación de inseguridad” sin un adecuado análisis de las estadísticas criminales. Es ahí donde la necesidad de comparar se hace necesaria.
Una estrategia comparada y seria nos permite conocer la realidad de otras latitudes y, ante todo, poder planificar adecuadamente la propia política pública
en cuestión. ♦

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