ISSN 2422-6920
MARZO/2015
Dossier: Ambiente, desarrollo y sociedad
Cuadro ecológico
Adrián Cangi
Ordenamiento territorial y aspectos
geoambientales en el Área Metropolitana
Bonaerense (AMBA)
Fernando X. Pereyra
Cuencas y metrópolis. Un debate acerca de los
ecosistemas como unidad de gestión ambiental
Máximo Lanzetta
Desarrollo sostenible, complejidad y anticipación
del futuro
Gilberto C. Gallopín
Nieblas del Riachuelo. Cuencas metropolitanas
y políticas de adaptación al cambio climático en
Buenos Aires
María Gabriela Merlinsky
Secretaría de Investigación
e Innovación Socio-productiva
ISSN 2422-6920
Equipo Editorial
Directora Académica: Cecilia Schneider
Editor Jefe: Carlos Zelarayán
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Índice
Artículos temática libre
Florencia Carbajal, Ariel Pennisi, Nicolás Fernández Muriano y Lucrecia Piattelli
Imágenes del pueblo
Mariana Berdondini, Cintia Pinillos y Gisela Signorelli
Territorio y actores políticos en el proceso de regionalización de la provincia
de Santa Fe. Una disputa por los “caminos de la gente”
Alejandra Otamendi
Las reacciones sociales hacia la inseguridad en América Latina: definiciones,
indicadores y datos de la última década
Dossier: Ambiente, desarrollo y sociedad
Adrián Cangi
Cuadro Ecológico
Fernando Pereyra
Ordenamiento territorial y aspectos geoambientales en el área metropolitana
bonarerense (AMBA)
Máximo Lanzetta
Cuencas hídricas y metrópolis. Un debate acerca de los ecosistemas como
unidad de gestión ambiental
Gilberto Gallopín
Desarrollo sostenible, complejidad y anticipación del futuro
Gabriela Merlinsky
Nieblas del Riachuelo. Cuencas metropolitanas y políticas de adaptación al
cambio climático en Buenos Aires
Avances de Investigación
Cristina Inés Bettanin, Gisele Frattini y Alejandro Rodríguez
Territorio marcado: señalizaciones colectivas sobre el terrorismo de Estado en
la ciudad de Avellaneda
Ada Freytes Frey
La incidencia de la participación en el “Programa Envión” en las trayectorias
educativas y laborales de los/as jóvenes en situación de pobreza en Avellaneda
Reseñas
Ariana Reano, Julia Smola. Palabras políticas. Debates sobre la democracia en la
argentina de los ochenta Por Claudio Véliz
David Harvey. Ciudades Rebeldes: Del Derecho a la Ciudad a la Revolución
Urbana Por Maria Soledad Arqueros Mejica
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203
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230
Ávila Huidobro, R.; Elsegood, L.; Garaño, I.; Harguinteguy, F. Universidad,
territorio y transformación social. Reflexiones en torno a procesos de aprendizaje
en movimiento Por Florencia Podestá
Graciela Güidi, Alicia Iglesias (Compiladoras). Turismo & Universidad. Cultura,
economía y sociedad. En prensa Por Alicia Iglesias
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237
Imágenes del pueblo*
Florencia Carbajal, Ariel Pennisi, Nicolás Fernández
Muriano y Lucrecia Piattelli (UNDAV)
Resumen
La noción de Pueblo supone para la tradición de la filosofía moderna una tensión
constituyente, ya que refiere simultáneamente al “Pueblo” unificado, identitario y representativo, considerado uno e indiviso, depositario de la soberanía; y a los “pueblos”
como multitudes resistentes, autónomas o excluidas, que insisten como creación de
modos de vida, mientras se sustraen de las identidades colectivas estabilizadas.
En este trabajo, relevamos una afinidad fundamental entre los modos de expresión de
las obras de arte y los pueblos que aún no existen para la visibilidad.
Problematizamos, en un nivel genealógico-político, cualquier idea de un trascendental
que separe lo político de las prácticas políticas o lo político puro de la política, como
política de las políticas, que abre el sentido en la historia y en un nivel arqueológico-estético, cualquier idea de una dogmática filosófica que anticipe el encuentro con las
obras capaces de producir sus propias categorías estéticas.
Entendemos que la imagen no es el doble de una cosa sino un “suplemento” problemático de la experiencia sensible y que cuestiona la idea de representación como imagen
dogmática del pensamiento.
Palabras clave: Pueblo – Identidad – Representación – Peronismo
* Este texto es un ensayo colectivo emergente del Proyecto de Investigación 17203005-UNDAVCYT2012 “Imágenes
del pueblo en el documental político argentino (1956-2006). Indagaciones sobre la iconografía del peronismo como
imagen del pensamiento del siglo XX hasta la contemporaneidad a través del dispositivo cinematográfico”. Director:
Prof. Dr. Adrián Cangi y Co-Directora: Prof. Dis. Lucrecia Piattelli.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
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Abstract
The notion of “People” suppose to the tradition of modern philosophy a constituent
tension as it refers simultaneously to the “People”, unified, organic, identitarian and representative, considered one and undivided, repository of sovereignty; and “peoples”,
crowds who resist, autonomous, needy or excluded, insisting in the creation of their own
lifestyles, and eluding collective identities stabilized.
We seek to problematize, in a genealogical-political level, any idea of a​​ transcendental
that separates politics from political practices, or pure politics from politics, as politics of
policy that opens the sense of history and an archaeological-aesthetic level, any idea of a​​
philosophical dogma that anticipates the encounter with the works capable of producing their own aesthetic categories.
We understand that the image is not the double of one thing but an “equivalent” or
problematic “supplement” of sensory experience, which is presented as a complex relationship between the visible and the invisible, and questions the idea of representation
as dogmatic image of thought.
Key words: People - Identity - Representation - Peronism
Introducción a los problemas de una
hermenéutica de la noción de “Pueblo”
como imagen del pensamiento
A modo de presentación diremos que abordamos nuestro proyecto de investigación
sobre la noción de “Pueblo” en el documental político argentino con dos estrategias.
Una genealógica-política que analiza la imagen del pensamiento como lógicas y estructuras del “ser-en-común” (Nancy, 2003) en cuanto tal, y otra arqueológica-estética que
indaga en los procedimientos de expresión de los regímenes de visibilidad y decibilidad.
Percibimos con alerta, a la luz de la memoria del siglo de los totalitarismos –modo en el
que la historiografía crítica ha llamado al siglo XX–, que la noción de “Pueblo” aún sea
entendida en la expresión del documental político como sustancia orgánica, identitaria y
empírica ligada a las lógicas de la cantidad y del sacrificio común por los realismos de algún
valor político considerado trascendente. Creemos necesario realizar la crítica y deconstrucción del doble sentido de la noción de “Pueblo” gestada en el siglo XX que conduce
a pensar, o bien la vida orgánica y sustantiva de la comunidad como ardor del “Pueblo”;
o bien la verdad de la humanidad trascendente y teleológica creándose a sí misma como
humanidad venidera. Se trata de dos modos en los que el siglo XX experimentó la confusión entre fábula e historia en la configuración del “ser-conjunto”. Los modelos políticos
conservadores y progresistas han tendido a la organicidad identitaria de la noción de
“Pueblo”. Bajo los modos sustantivo y orgánico, trascendente y teleológico el “Pueblo” –en
las prácticas políticas de las lenguas occidentales modernas– excluye a los pueblos como
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
multitudes autónomas, menesterosas o suplementarias invisibles e inaudibles, aunque por
igual configurantes del lazo social o de la lógica en sí del “ser-en-común” (Agamben, 2010).
Las líneas de investigación del proyecto consideran que la lógica genealógica-política es
el lugar del “en-común” en cuanto tal donde se juegan las disputas por la imagen del
pensamiento y las prácticas políticas del “ser-conjunto”. Entendemos el “ser-conjunto”
desde la noción lógica de “transitividad” de la sensación y del sentido y no como sustancialidad o formalidad. Es decir, como el lugar del lazo social o de la lógica en sí del seren-común (Nancy, 2003). A su vez la lógica arqueológica-estética es el dominio político
del acto de encuadrar, donde cada elección de la forma y procedimientos de expresión
recuperan su relación con el acontecimiento y la historia que abren en lo visible y decible un “reparto de lo sensible” (Rancière, 2009).
Estos senderos de investigación nos han llevado a problematizar en el nivel genealógico-político cualquier idea de un trascendental que separe lo político de las prácticas políticas o lo político puro de la política, como política de las políticas, que abre el sentido en la
historia y en el nivel arqueológico-estético cualquier idea de una dogmática filosófica que
anticipe el encuentro con las obras capaces de producir sus propias categorías estéticas.
Por ello creemos que la relación entre una imagen del pensamiento y la organización
política se define por una estructura donde el ser-en-común es el lugar del litigio estético-político en la comunidad.
Finalmente, la línea genealógico-política de esta investigación realiza la crítica y deconstrucción del “ser-común” en sus tradiciones lógicas, metafísicas y políticas, entre lo universal y lo local, para comprender el anudamiento entre imagen del pensamiento y
organización política. La línea arqueológica-estética de esta investigación realiza la crítica
a la noción de representación para desmontar las causas y verdades que se cierran
sobre los organismos sociales con el objetivo de liberar cualidades y potencias sensibles
actuales y por venir que den cuenta de los pueblos invisibles e inaudibles en nuestro
contexto latinoamericano y local.
A) Enfoque genealógico-político:
una imagen filosófica del pensamiento
de la noción de “Pueblo”
I- La unidad del pueblo: un problema del siglo XX
Es central a nuestro abordaje genealógico-político el interrogante “¿Qué es un pueblo?”.
Éste despliega en sí el significado político de la pregunta y descubre en el interior del
término un doblez paradójico: designa simultáneamente tanto al sujeto político constituido (Pueblo) como al poder constituyente o la parte que queda excluida de la política
(pueblo) (Agamben, 2010). De entrada constatamos que lo político categorial no se
identifica con las prácticas políticas. O dicho de otro modo, que hay políticas porque hay
creación de modos de vida en el ser-conjunto.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
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Nos preguntamos sobre el problema derivado que la representación del pueblo supone para una tradición filosófica que no cesa de hacer el movimiento entre las tensiones irreductibles que toda lógica de conjuntos supone: pensar la política en términos
de exclusión-inclusión, identidad-multiplicidades, autonomía-representación. Es decir, el
problema que surge al comprender la política en su sentido de no-pertenencia, siempre móvil y abierto en la creación social. Cada vez que intentamos hablar de “Pueblo”
se inicia un derrotero de múltiples ramificaciones en torno a lo que podemos llamar
doblemente “reflexión sobre la tradición de la filosofía política” y “reflexión sobre una
realidad nacional”.
En términos de la filosofía política occidental reconocemos que en el subsuelo de las categorías políticas insiste una tensión irreductible entre “Pueblo” y “pueblo”, y de manera
más radical entre “Pueblo” y “multitud” que provienen de la filosofía clásica. La unidad
progresiva del “Pueblo” está llamada a constituirse de distintos modos en Maquiavelo,
Rousseau y Hegel, recuperando problemas estratégicos, lingüísticos y míticos que hacen
a la tradición occidental de la noción de poder. Sin embargo, vale considerar que desde
Spinoza hasta las discusiones contemporáneas de Virno y Negri, la noción de “multitud”
se ha convertido en un antagonista crítico más allá de la ambivalencia del término. En
relación con una reflexión sobre la realidad nacional los textos Metafísica de la Pampa y
Tierra y Figura, del filósofo Carlos Astrada, poseen una ubicación privilegiada para reunir
ontología y política dentro de nuestro contexto. Los mismos, en su mayor parte, están
fechados sobre fines de la década del cuarenta. Es decir, y no de manera poco significativa, de cara al peronismo histórico donde se discute la unidad del “Pueblo”.
Que se haya señalado el fin de la década del cuarenta como fecha a retener tampoco
es inocente en el sentido de que en 1949 se desarrolló en la Argentina el Primer Congreso Nacional de Filosofía, que tuvo la importancia de ser el primer acontecimiento
en el ámbito de la reflexión filosófica que se llevó adelante después de concluida la
Segunda Guerra Mundial, y marcó el triunfo de la vertiente existencialista pura o laica,
sobre aquellas de inspiración religiosa o trascendentalista. Es entonces cuando la figura
de Martín Heidegger empieza a cobrar en Occidente un peso definitivo y polémico en
torno a la pregunta ¿qué es un pueblo?
¿Puede existir una filosofía argentina autónoma? Ésta es la cuestión que hace eco de
fondo en los pasillos del congreso. Crear una filosofía nacional no significa, para Astrada,
desligarla de las grandes corrientes del pensamiento metafísico moderno occidental, si
no, por el contario, encontrar una manera y un acento específicos para reconducir la
consideración de las particularidades de estas tierras y hombres hacia las preocupaciones universales que la filosofía europea ha sabido constituir e interrogar.
El problema que plantea Astrada es que la vastedad de la pampa casi obliga a postular
la a-historicidad de su naturaleza apenas tocada por el hombre y por lo tanto dificulta
percibir la encrucijada existencial de sus habitantes. En palabras de Horacio González,
Astrada, partidario de una noción de destino para entender el ensayo, “piensa la pampa
como fuerza interior, como íntima revelación de energía” (González, 1999), en un intento de alianza con un poder de Estado.
¿Por qué en este momento histórico, y no en otro anterior, aparece el reclamo de
pensar la identidad ligada al “Pueblo” y a la representación del Estado? Existen dos factores que no podemos pasar por alto: no es el momento del “Pueblo” de la resonan-
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
cia católica sino de los pueblos laicos al que se refiere la pregunta, y evidentemente
las actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía son un llamado o una demanda
a postular esa respuesta. Nos preguntamos además ¿qué relaciones se traman en el
interior del pensamiento de Astrada cuando postula a Heidegger como el “genial
filosofo para pensar la identidad nacional” (Astrada, 1949: 5) y la noción de “Pueblo”
que éste desarrolla en sus obras?
En la primer parte de Ser y Tiempo (cap IV, par. 25, 26 y 27) Heidegger se ocupa del “estar
en el mundo” como “co-estar” en su sentido ontológico; y en la segunda (Cap. V par.
74 y 75) ese “estar en el mundo con los otros” es comprendido en su historicidad. Al
pensar la coexistencia, Heidegger recae en algo llamado “ocupación común” e introduce
dos formas de la “solicitud” fuertemente diferenciadas en función de la “actitud” a tomar
respecto de ese común: por un lado habría algo así como un convivir que deriva de
hacer las mismas cosas, y que a la vez se reviste con el modo de la distancia y la reserva.
Ese sería el modo de convivir de los que sólo se nutren de la desconfianza.Y a esa forma
de convivir cotidiano de la “solicitud impropia”, Heidegger la va a llamar “sustantivo-dominante”. Sin embargo y por otro lado, esa misma solicitud también puede tomar la
forma propia de un compromiso en común con una misma causa que se decide desde
la existencia [Dasein] expresamente asumida. Para Heidegger esa auténtica solidaridad
hace posible dejar al otro en libertad para ser él mismo. Y por ese motivo, a tal modo
de la solicitud la va a llamar “anticipativo-liberadora”.
Heidegger se ocupa de desarrollar el estudio de la primera solicitud (sustantivo-dominante) mientras que, y esto es para nosotros un lugar clave de lectura, relega la segunda
solicitud (anticipativo-liberadora) debido a que “cae fuera de los límites de su investigación” (Heidegger, 1926: 127).Y justamente esa solicitud que Heidegger no desarrolla, ese
fuera de campo de su pensamiento, es aquel que nos interesa en la investigación. Nuestra lectura es la siguiente: tenemos la intuición de que la solicitud propiamente dicha (la
anticipativo-liberadora) inaugura un modo del ser con los otros que es liberador, en el
sentido de liberar rasgos expresivos del ser-conjunto. Dicho en otros términos, desustancializa el “ser-ahí” y lo concibe fundamentalmente como “poder-ser”, en la relación de
uno con otro, como una preocupación por liberar el ser del otro. Es decir, que permite
una liberación auténtica de modos “insólitos” de relación. En efecto, esta preocupación
anticipativo-liberadora supone un dejar-ser al otro, lo cual es únicamente posible en la
medida en que, el cum (génesis de lo común en sí) del estar, pueda ocupar el lugar de
una condición estilística. En sentido estricto, de un modo de creación-relación que a su
vez emancipa y libera.
En la segunda parte del texto, como anticipamos, ese “estar con los otros” es comprendido en la condición fundamental de su historicidad, y por lo tanto Heidegger introduce
nuevos conceptos de análisis tales como “legado”, “tradición”, “patrimonio” y “destino”,1
que colaborarán en una relectura del mismo. Dirá que el Dasein (ser-en-el-mundo) ya
no se identifica simplemente con el Mitsein (ser-con), sino con su existir destinalmente.
1 La noción de “destino” designa el acontecer originario del Dasein “(…) acontecer en el que el Dasein, libre
para la muerte, hace entrega de sí mismo a sí mismo en una posibilidad que ha heredado, pero que también
ha elegido”. (Heidegger, 2006: 400).
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
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El destino común no es el resultado de la suma de los destinos individuales, así como el
convivir tampoco puede ser concebido como un estar-juntos de varios sujetos. “Conviviendo en el mismo y resueltos a determinadas posibilidades, los destinos individuales ya
han sido guiados de antemano. Sólo en el compartir y en la lucha queda libre el poder
del destino común” (Heidegger, 2006: 371). Anticipamos que éstos son los problemas
que Astrada atrae para orientar su filosofía hacia la de Heidegger.
Ahora bien, ¿qué es para Ser y Tiempo “hacer el movimiento” entre la ontología y la historia? ¿El “Pueblo” para Heidegger es expresión de una mismidad sin diferencia, sabiendo
ya que cuando hay destino, no hay voluntad ni decisión? Concretamente, ¿hay identidad
del “Pueblo” en el Mitsein heideggeriano? ¿O en qué medida lo común se revela como
organicidad? Entendemos que el concepto de Mitsein en Heidegger resulta limitado
para leer allí una noción acabada de pueblo que piense lo común ya que describe
propiamente el modo de relación entre dos individuos. Nos resulta necesario complementar estas reflexiones con las del “Seminario de Lógica” donde el autor desarrolla su
idea de “Pueblo”. Establecemos una clara solución de continuidad entre el discurso para
acceder al Rectorado de Friburgo y este curso de verano de 1934. Nuestra postura
es que el curso de 1934 se centra en el concepto de “decisión” y vemos que no hay
decisión desde la nada sino, al contrario, que la decisión política es también, la decisión
de alguien determinado para algo concreto, alguien que es un ser histórico con una tradición y que se interpreta por ella. Creemos entonces que este curso puede ser leído
como una reflexión sobre la “lógica del movimiento” y que sus dos cuestiones centrales
son: el examen del concepto “Pueblo” y su relación con el trabajo, siendo la pregunta
que subyace la que ubica y describe la identidad colectiva.
La estructura del curso plantea una incógnita, pues no es evidente la relación de continuidad que Heidegger establece entre la lógica, el lenguaje, las preguntas por el sí-mismo,
por el ser de un pueblo y por la temporalidad. El núcleo de su exposición se dirige a
la cuestión del sí-mismo, para pasar desde allí a la pregunta por el ser de un pueblo. Su
respuesta a la pregunta que guía su reflexión: “¿quiénes somos nosotros mismos?” (Heidegger, 2006: 57), es: “nosotros somos el Pueblo”. “(…) Nosotros queremos la voluntad
de un Estado que por sí mismo no quiere ser más que la voluntad de dominio y la forma
de dominio de un Pueblo sobre sí mismo. Nosotros como ser-ahí nos comprendemos
de manera propia en la pertenencia al pueblo, estamos en el ser del pueblo, somos este
mismo pueblo [...] nuestro ser-sí mismo es el pueblo”. (Heidegger, 2006: 57). Hay que
decir que es este pensamiento el que se arraiga en la formación de Astrada y en su
modo de pensar lo local entre tierra, figura y Estado.
Sostiene que la afirmación “nosotros somos el pueblo” sólo es posible gracias a la “decisión”. Nuestra pertenencia al pueblo es inmediata, nuestro propio ser es el pueblo.
No podemos describirla, sólo atestiguarla. Atestiguar como testigos (testis) es el modo
existencial de la descripción. Describir aquí quiere decir narrar la propia experiencia
de la pertenencia a una tierra, figura y lógicas del movimiento común. Y la pertenencia al pueblo es la pertenencia a la tradición, la posibilidad de la consonancia con la
comunidad. Ello implica la imposibilidad de que la decisión permita pertenecer a otro
pueblo. “(…) Dijimos que el «nosotros» es un «nosotros» que tiene el carácter de la
decisión (Entscheidungsmäßiges). Ahora bien, en nuestra voluntad de ningún modo está
emplazada la posibilidad de que nosotros no pertenezcamos al pueblo; en absoluto ello
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
puede ser decidido por nuestra resolución (Beschlußfassung). Pues ello está siempre ya
decidido, más allá de nuestra voluntad, a causa de nuestro origen (Abstammung), sobre
el cual nosotros mismos no hemos decidido. Quizás se pueda decidir la pertenencia a
un Estado, pero la pertenencia a un pueblo nunca” (Heidegger, 2006: 58).
Toda vez que nos preguntamos por nosotros mismos, nos encontramos ya existiendo
en un pueblo. La decisión que hace posible este “nosotros” que es el pueblo, es, en
última instancia, un reconocimiento, una decisión de todo el pueblo acerca de su propio ser sí-mismo. Reconocernos nosotros mismos como aquellos que somos. De este
modo, Heidegger transforma la pertenencia a un pueblo en una cuestión ontológica.
Sólo pertenezco a una comunidad en la medida en que los otros miembros de la comunidad me reconocen como tal. Y cuando no se da este reconocimiento mutuo, no
soy miembro, por más que pueda argumentar que mi origen es el mismo que el del
resto de la comunidad. Es a partir del análisis de estas categorías heideggerianas que
señalamos que las nociones de cualquier lógica que encuentre su basamento en un
lenguaje de origen, destino, tradición e historicidad compone la imagen de un “Pueblo”
unificado, orgánico e identitario que exceptúa en su modo de estar-con los otros, a los
“pueblos” como multitudes autónomas, marginadas, exiliadas, excluidas, que resisten
como resto de cualquier conjunto en vías de realizarse. Cada vez que hablamos de
“subjetividad del Pueblo” o “imagen del Pueblo”, en tanto realidad histórica dotada
de identidad, afirmamos que el “Pueblo actúa” y entonces, que “hay un Pueblo”. Esa
imagen dogmática del pensamiento asegura que hay un Pueblo unificado, orgánico y
soberano en la representación, portador de una identidad capaz de integrar-excluir
los excedentes que se expresan bajo el nombre de “multitudes” o “pueblos”. Claramente la unidad lógica de destino excluye a las multiplicidades propias del movimiento común o las reduce a la identidad de su pertenencia.
Recuperamos la pregunta inicial: cuando Astrada reclama a Heidegger para pensar de
cara al peronismo histórico la identidad nacional, ¿qué imagen del Pueblo convoca?
Creemos que los textos de Astrada citados convocan la imagen del pensamiento del
Pueblo destinado. Eso nos obliga a preguntarnos ¿hay en el interior del peronismo y
en especial en la “Comunidad Organizada”, entendida como el discurso que “fija la
doctrina peronista a nivel filosófico”, una co-escritura en resonancia con los planteos
de Heidegger?
Por una parte leemos en Astrada la herencia del destino común en Heidegger, por otra
también nos estimula críticamente. En una re-lectura a la luz de los objetivos del proyecto, Astrada es aquel que deja entrever una relación de preocupación que emancipa
y libera, es decir, que habilita la aparición de rasgos expresivos. No nos detenemos en el
Pueblo de las limitaciones que describe, sino en los pueblos posibles de las invenciones
que caen por fuera de sus márgenes. ¿Y por qué bajo la propuesta de pensar las imágenes del pueblo, trazamos la posibilidad de liberar rasgos expresivos? Porque creemos
que la opción ya dada es la organicidad, el Pueblo entendido como existiendo, y en tal
sentido, como posible de ser representado. Nos interesan, sin embargo, esos pueblos
siempre menores, resultado de mezclas y de multitudes que no pueden unificarse sino a
costas de ser fijadas en una identidad. Esos pueblos son los que nos convocan. Pueblos
que para nosotros son una materia a discutir y su representación no puede asegurarse
de antemano, sino reclamarse como dudosa, fortuita o incierta.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
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II- Querellas por la identidad del “Pueblo”:
un problema argentino
En continuidad con el abordaje genealógico-político se articula la reflexión en torno
a las imágenes del pueblo en el interior de un problema argentino. Nos preguntamos
qué consecuencias conllevan posibles interpretaciones del peronismo en relación con la
conformación de una imagen del pueblo en nuestro país. Para ello utilizamos el debate
entre dos ensayos capitales de nuestra tradición: Perón: entre la sangre y el tiempo de
León Rozitchner y Perón. Reflejos de una vida de Horacio González.
Las discusiones sobre el acontecimiento de la movilización popular del 17 de octubre
de 1945 giran, o bien en torno a su relativa espontaneidad o su completa determinación sindical, político-partidaria, o bien en torno a las causas políticas y económicas
que mantenían a importantes sectores de la población en condiciones de marginalidad
o sometimiento laboral. Ni buena parte de las anécdotas relatadas por protagonistas
directos (literalidad), ni los informes oficiales (documentos), ni los análisis de los medios
(posiciones ideológicas) dan cuenta de la producción de sentido propia del 17 de octubre y su posible relación con otras irrupciones populares en nuestro país.
No nos interesa, entonces, una supuesta objetividad de lo ocurrido ni el punto de vista
como opinión –siempre desmarcada a priori del carácter irreductible de lo que acontece–, nos preguntamos ¿por qué leer de determinada manera esa jornada perpleja?
El punto de partida no es un punto suficiente, sino una apuesta. Así, las dos lecturas
actuales que incorporamos inicialmente a la investigación, la de León Rozitchner y la
de Horacio González, se internan en el drama singular del peronismo y, por tratarse de
lecturas que hacen el esfuerzo de pensar desde el corazón mismo de un problema, es
desde la apuesta que nos siguen interpelando acerca de la constitución de lo común y
de su histórica figura del Pueblo.
Horacio González en Perón. Reflejos de una vida escribe varios libros en uno, reflejos
desparejos de una imagen inabordable: la figura de Perón. La incongruencia entre supuestas causas y efectos es frecuente y fecunda, casi una clave de lectura del peronismo
y del libro mismo. Para González, Perón había intuido la necesidad de sustituir el mando
militar por la persuasión representativa, ya que el duelo individual imaginario, cuya amplificación era para Clausewitz la batalla, debía dejar su lugar en política a su sucedáneo
“en conceptos como lealtad y renunciamiento”. El peronismo como tratado de las
pasiones en movimiento, se nutre del “enigma principal de cómo dominar las pasiones,
cómo someterlas a una realidad organizacional”. La política no es el arte de lo posible,
como podría indicarnos un realismo chato, sino el resultado de artesanías –más frágiles
y menos duraderas que una obra artística– y en relación permanente con lo impensable.
Y es, justamente, de la sudorosa esfera pulsional que emergen los caldos de cultivo de
lo impensable sensible. Cuerpos que se movilizan sin un saber exhaustivo sobre su propio motor, cuya suerte se dirime entre el mantenimiento tenso de esa inventiva cuota
de no saber, y su completamiento por una doctrina incrustada, por un líder llamado
“natural” mediante. El primer sendero de la encrucijada podría habilitar instancias de experimentación colectiva (desde los “Laboristas” hasta los “Putos Peronistas”, se prestan
a enumeración unos cuantos ejemplos), mientras que el segundo y predominante –ya
14
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
que sólo es, si es predominante– tiende a configurar un cómodo y reformista principio
de realidad política.
Nos preguntamos, ¿es Perón una invención popular? ¿Es el peronismo invención y reacción en un mismo movimiento? González apuesta al mito como dynamis de las orientaciones sensibles populares en tanto reencarnaciones de una “historia de los vencidos”.
En un texto más reciente dice que la teoría política siempre es una “encubierta teología-política” (González, 2011). Así, el campo popular, en su relación con el mito político,
no deja de moverse entre una domesticación inevitable y una vitalidad innegable. ¿Pero
“moverse” equivale a hacer el movimiento? Horacio González comparte con Christian
Ferrer el legado de Martínez Estrada, con ideas y tonos diferentes, aunque no necesariamente contrapuestas. Ferrer señala en una entrevista que Martínez Estrada no hacía
victimología, es decir, no buscaba víctimas a las que representar, y que el cambio se daba
ante todo en “el cosmos de vida de la población”, ya que el pueblo mismo se debe a
transformaciones en el seno de sus prácticas y recorridos existenciales. Sin embargo,
más allá de la segura simpatía de González para con esta definición, el gesto ético de
Martínez Estrada, vuelto un moralista antiguo, correría el riesgo de desvitalizar la experiencia popular en el acto mismo de su desmitificación. El “movimiento” parece comprender de manera compleja y dramática tanto el jolgorio festivo inesperado del 17 de
octubre como la potencia de un nombre que, entre la identificación plena y la catarsis,
se vuelve garantía de conquistas parciales y mito de logros venideros. Un nombre, “Perón”, que alberga una biografía, pero también un cúmulo de tensiones entre conquistas
otorgadas, autonomías negadas y promesas abiertas.
Bajo este recorrido y en torno a la pregunta por el peronismo en relación con la conformación de una imagen del pueblo, los dilemas del pueblo atraviesan todos los estados:
desde la mansedumbre en la explotación hasta la incertidumbre callejera autoconvocada; pueblo es tanto un molde conveniente al Príncipe y una figura del Leviatán, como
una forma de descollar, y descogotar. Creemos pertinente dejar abierto un debate que,
según Paolo Virno, retorna con vientos del siglo XVII: las idas y vueltas entre pueblo y
multitud. Sólo a fin de confrontar escenas entre eras históricas distintas, pasamanos de
una movilización a otra, del 17 de octubre al 19 y 20 de diciembre del 2001 como si
por un instante no hubiera diferencias entre las patas sucias en la fuente y las manos
rotas contra un cajero automático. El propio González se detiene en medio de su anecdotario del 19 y 20 en una publicación militante y enuncia: “multitud y pueblo pueden
ser pensados para sacarle al pueblo las capas de fijeza que tenía, y no para contraponer
la multitud a un espacio de inmediatez antiestatal. Multitud sería entonces un modo de
pensar una acción colectiva en presente y que reactiva lo popular (…)” (González, 2002:
44-45). González conceptualiza la relación entre multitud y pueblo en un mixto dialéctico destinado a una unidad venidera a favor del pueblo. Así se distancia de las posiciones
más radicales de un alternativismo europeo laborista como las de Virno y Negri.
En Perón: entre la sangre y el tiempo, considerado por Horacio González como una “pieza
mayor de la filosofía argentina”, León Rozitchner piensa la potencia popular y su alienación en la mediación del líder. Pero, al mismo tiempo, remite esa tensión a una suerte de
batalla ancestral de los cuerpos contra todo límite trascendente, y a una lucha intestina
del niño contra la ley del padre. Es a través de la teoría de la guerra de Clausewitz que
vuelve a colocar las fuerzas populares en la escena. Rebeldía ontológica como sordera
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corporal, por un lado; cuerpos deseantes en conflicto al interior de los dispositivos modernos, por otro. Así, su desconfianza ante las masas no tiene nada que ver con el menosprecio típico de la moralina argentina, ligado a las miradas y los intereses de las clases
acomodadas o, en el otro extremo, a las izquierdas autómatas. Rozitchner se detiene
en la incomodidad misma de la democracia popular, podríamos decir, presidencialista o
personalista. “Esta es la paradoja”, dice, “la masa, en su presencia múltiple, puede ser solo
una fuerza y un poder al servicio de lo individual. Y mediante este otro, como modelo,
seguir usufructuando el poder colectivo contra sí mismo”. Y continúa su planteo ya
refiriéndose de manera directa al peronismo: “Doble movimiento donde por una parte
se creaban estructuras colectivas amplias, multitudinarias, pero por el otro se las volvía a
encerrar en la dependencia unilateral con el modelo organizador: el conductor” (Rozitchner, 1998, 72-74). Es que la organización social puede tender a prolongar la sujeción
edípica o “actualizar la resistencia contra el padre amenazador”.
La versión peronista edipizada merece, para Rozitchner, ser desmantelada en favor de
una mirada política del complejo de Edipo, ya no como una estructura con sus posiciones vacías y sus pasajes simbólicos, sino como un principio de relaciones corporales
donde lo que se trata de recuperar es el carácter excedentario del cuerpo individual
deseante y su prolongación en el “cuerpo común”. Su apuesta pasa por reencontrar la
potencia inventiva en medio de la maraña subjetiva vuelta míticamente gesta masiva,
mediante una política orgánica como continuación de una guerra imaginaria. Le preocupa la dislocación de los cuerpos de sus propias potencias, operada por el cálculo
mercantil y de gobierno. Sostenemos entonces que el pueblo puede ser punto de
partida del pensamiento de Rozitchner, porque no puede serlo el Hombre, producto
de la “realidad” como fábrica subjetiva que borra la conflictividad compleja de la vida
colectiva. El sujeto como verdad única de la realidad es ya una forma trascendente calcada del empirismo más chato, cuya densidad –también única o unidimensional– proviene
de una racionalidad que actúa como su punto ciego. De modo que en Rozitchner no
se trata del valor mítico de un sujeto-pueblo, con sus héroes y sus batallas guiadas, sino
de “la forma humana”, el cuerpo irreductible, “como el lugar histórico de un poder de
verificación”. Pero, ¿qué es lo que se verifica? Por un lado, la cooperación como anudamiento ontológico (dimensión productiva), por otro, la sociedad como forma histórica
contradictoria (dimensión política). Entonces, para nosotros, se trata de interpretar el
peronismo de otro modo para repensar la noción de pueblo.
Rozitchner expone el desafío del pueblo como colectivo pulsional con su saber irreductible de una resistencia iniciática, ontológicamente anterior a un individuo imaginario
–aunque con efectos reales– fabricado desde la corporeidad. Quiere arrebatarle a las
interpretaciones realistas –aquellas que toman como punto de partida el poder de
mando– la relación inmediata de un “Pueblo-niño” con su “líder-padre”, para devolver
las fuerzas populares al terreno del deseo que “prolonga el propio cuerpo en el cuerpo
común que reencuentra el cuerpo deseante de los demás, y se hace guerra objetiva
(…) extendiendo un saber y un poder sumergido en el surgimiento primero individual”.
Es la guerra pensada desde una “estrategia de los pobres”, ya no la guerra despolitizada
como medio de la política, ni la política sin guerra como Estado armonioso de clases
felizmente reguladas. Clausewitz le permitió pensar una imagen de la guerra fundada
en la “experiencia de los hombres”, hombres del pueblo. Si el pueblo no es el lugar de
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
revitalización de una ontológica capacidad de resistir y crear, corre el riesgo de volverse
“cariátide”2 del dominio social de la apariencia.
En un sentido el pueblo aparece en Clausewitz como un impulso ciego, en su relación
con el jefe militar y el gobierno (entes razonables y capaces del cálculo), pero Rozitchner rápidamente traduce pueblo en favor de su apuesta como “las fuerzas colectivas
del poder popular”. Disuelve la necesidad de la apariencia entre guerra y política, cuya
diferencia se volvería cualitativa al no estar separada la potencia del cuerpo popular. El
cuerpo común, es una inteligencia afectiva que se inventa para sí la orientación de sus
pulsiones. En este punto Rozitchner no negocia con ningún modelo de comando, con
ninguna matriz que naturalice la ceguera popular como ingenuidad política en contraposición al estratega militar o al conductor político. El líder aparece como una pura
decisión sin cuerpo sobre un pueblo tratado como cuerpo sin decisión. Creemos que
ese es el límite teórico que Rozitchner señala en Clausewitz y critica encarnizadamente
en Perón como forma de su praxis.
El 17 de octubre los organizados y los no organizados, el trabajador medio y el plebeyo
marcharon y cantaron, no necesariamente en términos de lucha, sino de manifestación.
Dijeron algo y lo que dijeron hizo algo. Eso que hizo lo “dicho” fue nada menos que
instalar en la contienda de los protagonismos políticos a una clase trabajadora relegada
y renegada, antes que a un sujeto seguro de su condición de proletariado. El cántico
más provocador y reconocible rezaba: “Mañana es San Perón, que trabaje el patrón”.
Sin embargo, Perón no era un santo, ni estrictamente un trabajador, era, hasta entonces,
un militar y, según Rozitchner, un equívoco lector de Clausewitz. Como tal, ofreció retóricamente a la temporalidad viva de esos cuerpos inquietos la temporalidad estática e
inmutable del cuartel (tal como sostienen Verón y Sigal a partir de un minucioso análisis
de los discursos de 1944 a 1946). Saldó la realidad histórica con una realidad paralela,
mezcla de concesiones concretas a los reclamos populares y guerra imaginaria a modo
de duelo entre su gobierno y la oligarquía. El resultado de esa retórica es el nombre
“pueblo peronista”.
De las incertezas que sobrevivían debajo del reclamo por la libertad de Perón al anudamiento certero entre campo popular y líder: ¿quién iba a dar las órdenes si no lo hacían
las patronales? El “primer trabajador” no es un trabajador en cuyo cuerpo se elaboran
los índices de la contradicción irreductible del capitalismo, fuerza colectiva vuelta contra
cada trabajador, es, más bien, la encarnación de un trabajador individual y abstracto,
reformador de la explotación colectiva y concreta. El pueblo es así tan protagonista en
términos de derechos (provenientes de la tradición europea del derecho social), como
ajeno a la posibilidad de gobernar sus propias condiciones de existencia. Nos interesa
recuperar una vez más a Rozitchner quien también se mantuvo atento a las intensas
jornadas de 2001 y en una entrevista en la que se conversaba sobre un posible impasse
de los movimientos sociales ante cierto restablecimiento de la gobernabilidad, dijo: “si el
pueblo no se mueve, la filosofía no piensa”.
2 Martínez Estrada en “¿Qué es esto?” juega con la imagen del pueblo como soporte, cansado de la pesada
civilización, de la “cariátide” a la columna, y nosotros agregamos “columna vertebral” para completar las metáforas que inmovilizan lo colectivo en el acto mismo en que pretenden encauzarlo.
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En un texto de 1959, Alberto Belloni parece delinear el horizonte de sentido de la
izquierda nacional. Del anarquismo al peronismo oscila entre una valoración épica de
las luchas populares, más cercana a una novela rústica –con sus héroes y villanos– que
a un pensamiento de la historia, y el reconocimiento de las dificultades irreductibles
de la burocracia estatal a la hora de las transformaciones. Por momentos cede ante la
imagen de un pueblo víctima encauzado en la senda triunfal de un liderazgo cuyo mérito
más importante es la identificación de un claro enemigo. La “verdad de los explotados”
aparece como pilar fundamental de una estrategia que imagina momentánea, como es
la del poder centralizado encarnado tanto en la figura del Estado, como en la unidad
de los trabajadores. Así, la “liberación nacional” prioriza a los villanos externos y a sus
aliados internos más explícitos, mientras descuida los modos de vida y las relaciones de
producción que están en la base de toda instancia de explotación en condiciones capitalistas. La química marxismo-peronismo se produce en la izquierda nacional gracias a la
afinidad entre una noción de pueblo entendido como bloque intencional, y las categorías de clase adecuadas al contexto latinoamericano. El anhelo y la construcción teórica
y política del triunfo de las mayorías se cristalizó primero como triunfo de lo mayoritario
como lógica de funcionamiento y criterio de legitimidad política.
La victoria parcial de los trabajadores en 1945 configuró la conquista más duradera de
un esquema de cooptación de los sindicatos por parte del aparato de Estado. De ese
modo, con los sectores populares convertidos en una suerte de bloque homogéneo, más
o menos controlado, podían tomarse medidas que incluso generaban la sensación de
ganarle de mano a las demandas de la población –siempre y cuando, claro está, los números macroeconómicos lo permitieran. Belloni plantea que durante el peronismo “Todo el
pueblo vivía la euforia del progreso que parecía ilimitado. Las masas trabajadoras habían
dado su apoyo a la Revolución Nacional, pero la estructura económica y la propiedad no
había sido modificada. (…) Parecía que la renta nacional daba para todos y para siempre”.
Y cierra la frase en referencia a su coyuntura: “Así es como los trabajadores se encuentran
hoy planteándose los problemas que tuvieron oportunidad de solucionar en la década del
40” (Belloni, 2011: 101). ¿Pero era posible bajo las condiciones del modelo de mando peronista “solucionar” los problemas estructurales que atravesaban a los sectores populares?
El propio Belloni, como hombre del 17 de octubre, como reflexivo sindicalista fiel a las
bases, sentencia en el capítulo titulado “El peronismo en el poder”:“Todo se realizará sobre
la marcha y se construirá desde arriba. Partido, doctrina, programa, planificación. Peligrosa
senda que impide la participación de los trabajadores en las determinaciones y resoluciones de la conducción. (…) Se vuelve todopoderosa una burocracia sindical y política que
ya demostrara lo que vale en 1955” (Belloni, 2011: 99). A pesar de esa marcación, Belloni
no abandona la utopía de un frente nacional que incluya al peronismo como movimiento,
incluso más allá de la meritocracia de la lealtad: “Aquellos que esperan el avión negro o la
última carta de Perón para saber cómo orientarse en la política nacional (…)”. En cambio,
se despacha contra anarquistas y socialistas por la intransigencia a sus ojos poco eficaz de
los primeros y por las alianzas traicioneras de los segundos. Es decir, que cuando se trata
de minorías políticas o concepciones que no ofrecieran promesas frentistas, Belloni responde con el típico realismo aleccionador ya inscripto en el sentido común. Es la maraña
de concesiones, alianzas y negociaciones que formaban parte de una necesaria evolución
de la racionalidad revolucionaria en clave nacional.
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Ahora bien, nos preguntamos ¿cuál es el punto ciego de ese esbozo de izquierda nacional? Rozitchner, una vez más, descarga su artillería pesada: “La materialidad peronista
era la misma materialidad abstracta del materialismo individualista burgués” (Rozitchner,
1996: 68). Para Rozitchner “la pobreza puede ser el lugar germinal de una riqueza diferente” cuando la imagen de lo que significa hacer una experiencia reúne lo íntimo y lo
colectivo en la decisión de dejar de servir. Sólo la condición de pobre mortal, mucho
antes que la de víctima ideologizada vuelta personaje político de gran escala, puede resultar un sustrato material de transformaciones capaces de sostener los actos concretos
de emancipación. Es que la “liberación”, cuando responde a una razón ideológica que
la imagina definitiva y la identifica con un modelo político y un liderazgo, corre el riesgo
de la sumisión interna, es decir, de la construcción de un tipo de subjetividad más afín a
los lugares asignados por el capitalismo coyuntural, que a la posibilidad de pueblos venideros. El “pueblo que viene” es una imagen constitutivamente inacabada y está hecho
de pueblos, antes que de individuos, supone tramas irreductibles de afecto e inteligencia
colectivos, antes que sentimientos individuales homologables a fórmulas de masa.
Lo que en Belloni parece ser un doloroso punto de llegada, es decir, el reconocimiento
de los límites de la burocracia sindical y peronista por parte de un activo militante del
17 de octubre y defensor “estratégico” del peronismo; en Rozitchner es, como mínimo,
un punto de partida. Rozitchner es un férreo oponente del realismo político que excluye en su lógica la transformación de los modos de vida de las clases populares por
sus propios medios. En ese sentido, no cree en el favor de personajes míticos ni en el
oportunismo como momentos de un camino triunfal; más bien los considera pasos en
falso, trampas que las multitudes se tienden a sí mismas. Su polémica con la izquierda
nacionalista lo lleva a sustituir la rigidez de las nociones clasistas por un pensamiento de
la singularidad, llamada por él, modelo humano. “El problema de la diferencia entre un
modelo revolucionario y un modelo burgués está en lo que se solicita de los hombres,
en la imagen que se les devuelve de sí mismos a través de los modelos de hombre
que los conducen” (Rozitchner, 1996: 71). La radicalidad de Rozitchner no se parece a
la pureza criticada por Belloni en los anarquistas y en algunos comunistas. Su forma de
estar en el pueblo, de pensar desde la condición de pobre mortal, al mismo tiempo que
de rechazar esa “fuerza de la derecha” que tiene Perón y le falta a la izquierda, reclama
una imagen del pueblo que debe ser creada. ¿Pero puede emanciparse el trabajador si
piensa como un burgués y descansa todo su anhelo de cambio en las aspiraciones que
otros le prepararon? ¿Qué experiencia de pueblo es posible si el triunfo prometido baja
como una orden que al mismo tiempo exige mansedumbre? Al cinismo peronista y al
humanismo utópico de la izquierda nacional, Rozitchner le propone otra matriz sensible,
la del cuerpo abierto a los otros desde un fracaso constitutivo, para asociarse por ensayo y error (curiosamente subtitula su libro: Ensayos y errores. Las desventuras del sujeto
político) en la creación de modos de vida capaces de afirmarse autónomamente. Aceptar el fracaso del sujeto no significa resignarse al éxito de “la mano y rostros invisibles”,
sino correrse del triunfo racional como modelo humano y pensar desde la falla como
lugar material de la invención real de pueblos por venir. “Este esfuerzo de creación no
puede sernos ahorrado”, dice, y si pensamos en una salida, “esa salida está por ser creada entre nosotros. ¿Seremos capaces de aceptar nuestro destino, de animar la densidad
de la historia con la fugacidad de una vida?” (Rozitchner, 1996: 75).
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B) Enfoque arqueológico-estético:
una imagen cinematográfica del
pensamiento de la noción de “Pueblo”
III- La imagen cinematográfica como imagen
del pensamiento del “Pueblo”: un problema
latinoamericano
En una tercera y complementaria línea de investigación, cuestionamos la noción de
“Pueblo” en el documental político argentino desde la estrategia que anteriormente
decidimos en llamar arqueológica-estética. A la luz de esta perspectiva que indaga en los
procedimientos de expresión de los regímenes de visibilidad y decibilidad, ampliamos
los límites de nuestra reflexión para hacer una crítica de la noción de representación al
interior de la disputa entre las formas clásicas de representación política occidental y la
reapropiación latinoamericana de dichas formas.
Partimos del manifiesto Estética del sueño (1971) donde Glauber Rocha opone las
estrategias narrativas de Borges y Fernando Solanas para pensar la situación problemática del cine político latinoamericano en el umbral de una nueva década. Un
enunciado polémico extrema su distanciamiento del cineasta: “el pueblo es el mito
de la burguesía”. Su objeción a La hora de los hornos (1968) puede resumirse así:
tanto el registro documental de las luchas populares como el montaje de su devenir
histórico, reproducen las formas clásicas de la representación política “herederas de
la razón revolucionaria burguesa europea”, poniendo en escena la abstracción de un
sujeto colectivo (Rocha, 2004: 250). Según Ranciére: el pueblo es, antes que nada, un
encuadre. La expresión es ambigua. Un encuadre es tanto un contenido determinado,
como un acto de determinación. Si el pueblo viene a la imagen como sujeto, como
dice Eisenstein, es porque el cine político es concebido como la reflexión del pueblo
sobre el pueblo, de una conciencia-cámara (cuyo punto de vista es colectivo) sobre
sus propios contenidos (cuya materia es común). Rocha discute la forma de la historia,
es decir, la forma del tiempo entendida como la mediación que sostiene la identidad
de los dos sujetos bajo la forma de un hay: hay pueblo, que es el presupuesto empírico,
o realista, de la subjetivación cinematográfica. Borges, mientras tanto, “superando esta
realidad”, libera nuestro tiempo por la irrealidad: “su estética es la del sueño. Para mí
es una iluminación que contribuye a dilatar mi sensibilidad afro-india en la dirección
de los mitos originales de mi raza”. Porque esta raza “pobre y aparentemente sin destino”, en la misma medida en que carece de identidad histórica o nacional y no se ha
constituido como sujeto político, se libera por el sueño, es decir, “elabora en la mística
su momento de libertad” (Rocha, 2004; 251). Pero ese “momento de libertad” no es
histórico o, en otras palabras, la historia no es la forma unívoca del tiempo. Postulamos
que hay en Borges una matriz expresiva barroca capaz de articular, por lo menos, dos
series temporales simultáneas (mito/historia, sueño/vigilia) como reserva de acontecimientos por venir y como memoria de lo irrealizado.
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
La polémica no era formulada en términos de verdad o falsedad, en el sentido de una
adecuación de la imagen del pueblo al pueblo empírico, sino de fabulación: “el pueblo
es lo que falta: lo que interesa, en el cine de Glauber, es la posibilidad de una fabulación
común al pueblo y al arte” (Bentes, 1997: 32). En este terreno la “iluminación espiritual” de Borges se consolida críticamente. Su obra no sólo es una máquina incomparable de inventar pueblos que faltan o de elaborar paradójicamente las formas del
tiempo, sino porque el problema de partida borgeano era, precisamente, el de crear
un estilo nacional fabulando al mismo tiempo un ser nacional. Si la pregunta de Borges
era ¿cómo escribir literatura en una nación sin tradición literaria ni una gran historia?, la de
Rocha será ¿cómo crear un cine nacional en una nación sin una industria cinematográfica
y sin historia? Condición latinoamericana que autoriza una “apropiación sin compromisos” de todas las tradiciones culturales disponibles, en provecho de una fabulación
simultánea del estilo, del ser nacional y del tiempo como forma de la exterioridad
recíproca (del pueblo y del cine) según una inclinación nominalista. En este sentido
cabría releer la famosa consigna que abre el ciclo del Cinema Novo: “una cámara en
la mano y una idea en la cabeza”. No por la síntesis de una cámara-conciencia a la
manera de Eisenstein, ni de un cine-ojo según proponía Vertov. La inadecuación del
ojo y el espíritu, de lo visto y de lo pensado, de la imagen del pueblo y de la conciencia-cámara, deviene rasgo constructivo, como en el final de Deus e o diabo na terra
do sol (Rocha, 1964), cuando la cámara abandona la carrera del personaje y alcanza
el mar por su cuenta, como una bifurcación crítica entre el punto de vista teleológico
de la cámara y la carrera del personaje, en suma, dos puntos de vista que no admiten
ninguna síntesis espacio-temporal ni mucho menos el “paternalismo” de una cámara
que ilumine al pueblo el camino hacia su propia liberación. La imagen del pueblo en un
país latinoamericano debe ser un jardín de senderos que se bifurcan:
¿Qué lenguaje original usar, una vez rechazado el lenguaje de la imitación? El cine,
inserto en el proceso cultural, deberá ser en última instancia el lenguaje de una
“civilización”. Pero ¿qué civilización? Tierra en trance, Brasil es un país indianista/
ufano, romántico/abolicionista, simbólico/naturalista, realista/parnasiano, republicano/positivista, anarco/antropofágico, nacional/popular/reformista, concretista/
subdesarrollado, revolucionario/conformista, tropical/estructuralista, etc… etc…
La información de las oscilaciones fecundas de nuestra cultura de superestructura (porque hablamos de un arte producido por elites, muy diferentes del “arte
popular producido por el pueblo”) tampoco basta para saber quiénes somos.
¿Quiénes somos? ¿Qué cine es el nuestro? (Rocha, 2004: 131).
El ser nacional se dice así en muchos sentidos, pero esa multivocidad no remite a un
“esto” que la organice categorialmente. La organicidad, si la hay, es puramente nominal.
Abstracta. Ocurre como si Rocha reclamara para el cine latinoamericano una revolución copernicana. El objeto cinematográfico no remite a un pueblo sino a las formas
de conciencia que lo determinan: “Si la película, por ser nacional, no es americana,
decepciona. El espectador condicionado le impone a la película nacional una dictadura artística a priori”. Hollywood es una suerte de a priori cinematográfico en tanto
constituye la forma de ver, de sentir y de imaginar “que absorbe el drama nacional a
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través de la forma americana”. Por eso, “cualquier conversación sobre cine fuera de
Hollywood comienza por Hollywood”; porque no hay un “afuera de Hollywood”. Y si
es posible un punto de vista latinoamericano sobre lo latinoamericano, una estética del
sueño discute que sea por la epojé de una conciencia more soviético iluminada que se
podrá “descolonizar” el “inconsciente de la cultura nacional que informa al colonizado
sobre su propia condición” (Rocha, 2004, 128). Hollywood es “la máquina de los sueños” y es en el nivel de los sueños, de la elaboración de los mitos, de la organización
de lo visible y del sentido del tiempo, donde se la debe desmontar. Así una revisión
in extenso de su filmografía deja la impresión de que en ella no pasa otra cosa: el
pueblo está por nacer. Llega demasiado pronto o demasiado tarde para actualizar
el mito de su propio nacimiento, que será objeto de un tratamiento antropofágico.
Ya en sus primeros largos esta tendencia se anunciaba de manera esquemática. Así
entre Barravento (Rocha, 1962) y Deus e o diabo na terra do sol (1964), los procedimientos del western (mito del nacimiento americano) y de la “escuela soviética” (mito
del nacimiento revolucionario), libran al interior de la puesta en escena una especie
de “guerra fría” que produce un suspense bárbaro de la épica nac and pop. Pero la
barbarie de la imagen no es lo otro de la forma civilizada. Ocupa el intersticio entre
dos movimientos civilizatorios discordantes, entre dos puntos de vista incomposibles,
que coinciden con la colonización óptica de las imágenes disponibles del pueblo, cuya
colisión compositiva permite una aproximación a lo que Rocha llamará una “puesta
en trance” de la conciencia narrativa. Un trance de la cámara a través de los puntos
de vista que es todo lo contrario de una síntesis histórica o estilística: “cada secuencia
es un bloque aislado, narrado en estilos lo más diversos posibles, y cada secuencia
procura analizar un aspecto de este tema complejo” (Rocha, 1997: 274).
Estilo y aspecto (punto de vista y objeto) son indiscernibles, varían conjuntamente
secuencia a secuencia, como un jardín de senderos que se bifurcan, que no es otra cosa
que un nominalismo radicalizado, en tanto re-inventa su objeto y lo desdobla con cada
variación del punto de vista. Consecuentemente el tema, en lugar de desenvolverse a
lo largo del tiempo, se envuelve en su comienzo, recomienza, estilo por estilo, aspecto
por aspecto. Postulamos entonces que es un cine de rasgos expresivos liberados y un
manifiesto sobre la función política del cine: liberar rasgos expresivos de los a priori
que organizan la representación. Sólo entonces se formula la interrogación: ¿bajo qué
condiciones es posible un punto de vista latinoamericano sobre el pueblo latinoamericano? De aquí la pregunta que orientará nuestra posterior indagación: ¿existen rasgos
liberados en el cine político argentino, o bien, existen rasgos orgánicos bajo la forma
de un hay que es el velo dogmático de una retina colonizada?
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
IV- Dilemas del gesto entre lo visible y
lo decible en la identidad del “Pueblo”:
un problema del documental político
argentino
En la línea específica de la investigación que comprende el marco del documental político argentino –y en consonancia con el enfoque arqueológico-estético– hemos seleccionado un segmento del corpus que comprende la producción entre 1956 y 2006. Para
realizar un análisis de los procedimientos cinematográficos elegimos una secuencia del
film Me matan si no trabajo y si trabajo me matan de Raymundo Gleyzer (1974) como
un caso singular en el documental político argentino. La película testimonia el conflicto
presentado en la huelga obrera de la fábrica INSUD que releva la dramática situación
que viven los trabajadores enfermos de saturnismo: enfermedad que padecen por el
contenido de plomo en la sangre. Esta enfermedad no sólo mata a los trabajadores sino
también a sus familias intoxicándolas a través de la ropa contaminada en el trabajo. Los
obreros se organizan en actos de resistencia para reclamar mejoras en las condiciones
laborales y denunciar la muerte de compañeros a causa de la enfermedad. Son los
duros años de Isabel Martínez de Perón y López Rega. La secuencia seleccionada para
el análisis es la que muestra el momento donde en marzo de 1974 los trabajadores
marchan al Congreso exigiendo mejoras. Los acompaña el militante y diputado nacional
Dr. Rodolfo Ortega Peña que será asesinado por la organización paramilitar “Triple A”
en agosto de ese mismo año. Ortega Peña ofrece la lectura de un documento en la
sesión del Congreso organizando su defensa e impulsando al grupo de obreros que lo
acompaña a mantenerse en la lucha y unirse en la organización del reclamo. Un militante
de base toma protagonismo a través de un discurso en la calle después de que Gleyzer
narre, a través de una escena por montaje que acentúa un cambio de tiempo y lenguaje
visual, el fatal episodio que cobra la vida del Dr. Ortega Peña. El militante se abisma en
un balbuceo al intentar poner en palabras el justo reclamo, interpelando a la cámara que
pretende encuadrarlo. En una serie de movimientos gestuales corporales el cuerpo vivo
de la resistencia desmonta el eje que busca centrarlo en el encuadre.
Consideramos, bajo el dominio del regimen de la visualidad, que el acto de encuadrar
se constituye en un gesto político, donde la elección formal de los procedimientos
expresivos recuperan su relación con los acontecimientos y la historia para abrir en
lo visible y decible las querellas por el “reparto de lo sensible” (Rancière, 2009). En
primer lugar, el pueblo es una manera de encuadrar. Como estructura de la representación el encuadre configura una “realidad sensible y material” (Rancière, 1991), conteniendo a su vez, borde y contenido del encuadre, forma y expresión del montaje.
El análisis que realizamos se dispone en el gesto y su particular “naturaleza cristalina”
(Deleuze, 2005) que por su condensación se abre en dos niveles que producen un
régimen de lo visible y de lo decible. En este sentido nos interesa analizar el gesto
como el elemento central del relato cinematográfico (imagen-movimiento) y no la
imagen “en sí”. La característica de este gesto –en palabras de Agamben– es que por
medio de él no se produce ni se actúa, sino que se asume y soporta abriendo la esfera
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del ethos como esfera propia de lo humano (Agamben, 2010: 52). Como forma de
vida jugada en el acto militante3 el cuerpo expresa la condensación de un emergente
que no puede contenerse en una expresión discursiva sino que se abre y mutila en la
liberación de rasgos gestuales-expresivos.
Con voz fuera de sincro vemos en plano medio entrando de espaldas en acción a un
hombre del INSUD con una voz que desde el comienzo parece dislocada. Una subjetividad torturada en una retórica de movimientos y gestos, donde hombros y brazos
contornean la figura, y donde las palabras no llegan a tiempo porque la fuerza del acto
de gritar y movilizarse es primera (como si la situación discursiva planteada por la cámara necesitara fijarlo). El malestar del militante se abre al fuera de campo de encuadre y
trae a la escena la violencia que lo moviliza sensiblemente. Sin embargo el movimiento
parece ciego como de gran inmovilidad, a tirones, convulsivo, como un resorte fijo. De
profusa gestualidad e inabarcable expresión vital, el movimiento del cuerpo excede
cualquier lógica de puesta en escena clásica. La singularidad de los movimientos del
militante expone un resto acerca de aquello que en la expresión se auto-constituye
como pueblo. Al fin esa voz se quiebra, se desmorona. Balbucea un grito de furia que se
deshace en tropiezos y en la sensación de lo inútil como potencia genuina de lucha. Una
intensidad que se abre por su cuenta (Deleuze-Guattari, 2005: 34): la conciencia de no
servir para trabajar encarna un otro ser que está imposibilitado de adherir a un cuerpo
común. Mientras el cuerpo gesticula una intensidad que excede a la conciencia, la voz
con conciencia de la lucha se constituye en una gramática (proceso y signo) quebrada.
La voz del militante enuncia:
Porque nosotros, el trabajador, ahí, no lo atajan paredes, ni ametralladoras, ni tanques,
porque nosotros estamos para defender, como argentinos y como argentinos vamos a
hacer todo lo que esté a nuestro alcance, compañeros… y por lo tanto, es que vamos
a seguir adelante, la barrera… no hay barrera para el trabajador, no hay barrera para
pedir lo que a nosotro no hace falta… nosotro estamo enfermo, no podemos trabajar,
prácticamente somo hombres inútiles, hombres inútiles por qué?, porque la empresa, los
monopolios lo único que le interesa es hacerse más rico, más rico cada vez a costa de
nuestra vida… y nuestra vida vamo a dar, sí, vamo a dar nuestra vida pero reclamando lo
que tenemos que reclamar, haciendo justicia y la justicia cómo la vamo a hacer, movilizando
y golpeando la puerta, y hacer todo lo que tengo que hacer, y nada más, gracias.
Nos interesa señalar en este análisis cómo el cuerpo del militante se descentra de la
centralidad del registro que la cámara intenta sostener. Con ello emerge la desconfiguración del estatuto identitario, de la relación entre cuerpo y encuadre. La puesta con cá-
3 Recuperamos de Giorgio Agamben su conceptualización del gesto como marca de todo aquello que permanece inexpresado en el acto de expresión. Sobre Foucault en La vida de los hombres infames, Agamben realiza
una precisa observación que consideramos que puede abrir una nueva consideración sobre el análisis de la
secuencia seleccionada: “La vida infame no parece pertenecer integralmente ni a unos ni a otros, ni a los nominativos anagráficos que deberían, al final, responderle, ni a los funcionarios del poder que acaso, al final, decidirán
con respecto a ella. Esa vida está solamente jugada, jamás representada, jamás dicha: por eso, ella es el lugar posible,
pero vacío, de una ética, de una forma-de-vida” (La marcación del texto es nuestra) (Agamben, 2010: 88-89).
24
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
mara en mano, acomoda y busca una imagen contrapicada, pero el cuerpo se contornea,
no responde a la verticalidad sugerida por el registro. En tensión, los gestos del militante
se transforman en un nudo de vitalidad por las muertes de sus compañeros que pesan
en su figura como potencia de una irritada intensidad:4 de un fondo inaprensible donado
a la figura. Imágenes como jirones que actualizan lo que difiere de una realidad no totalizante, no organizada, no identitaria. ¿Qué es este cuerpo gesticulante y parlante que
toma la escena sino un resto virtual de multiplicidades? Multiplicidades variables y espectrales. Se trata por fin de una figura donada a un ritmo de gestos y movimientos de
un fondo desenfocado. El pueblo que se hace pueblos excedentes no puede ajustarse
ni comprimirse a un encuadre en la medida en la que un pueblo no es… (como narra
la voz del militante afectado por la muerte en su sangre). Pero eso que no es puede dar
lugar a un visible como gesto desplazado, y a un decible balbuceante que compone en
una constelación el gesto como acto político.
La explotación se evidencia en los cuerpos y en la sensación de inutilidad pero hay
potencia en vías de realización porque hay cuerpos que no se “regimientan” (Comolli,
2010), que desfiguran lo previsible deviniendo visibles, cuerpos que exceden las áreas
de veda. Hay cuerpos, como éste, que abren los límites del cuadro porque lo fuerzan
hacia el fuera de campo, demandan una amplitud que cuestiona los bordes de lo visible,
y de lo que está sin ser visto, que fuerza a salirse de la determinación. Desde el fuera
de campo rezuma inquietante el dolor de los ausentes. El registro actualiza ese virtual
en potencia en la medida en que niega una centralidad y un eje vertical, también en la
medida en que no hay un ojo sino muchos que se encuentran descentrados circundando esta locura. El mismo cuerpo se halla descentrado como expresión de vitalidad. No
se manifiesta un desdoblamiento de la cámara sino una apertura hacia lo abierto en la
figura. Ojos que exhortan que “ver es ver más”, y que “ver más es ver todo lo que se
mantiene al margen de la posibilidad de ver” (Comolli, 2010: 127).
Ya no se trata de aquel enunciado de pueblo y antipueblo, aquí no hay esa otra cara
en la antinomia de la organicidad. Intentamos en el interior de la reflexión sobre la actualización de una memoria, abrir un intervalo como bloque de movimiento-duración
desde el cual pensar la visualidad de otros pueblos, de otras expresiones que fisuran la
integridad del conjunto, porque son excluidos, difíciles de encuadrar, porque no se trata
de cuadros políticos, ni masas sojuzgadas, se trata de los pueblos que no están, que prometen un porvenir y que fuerzan espectralmente un darse a la visualidad, una promesa
de visualidad, “un llamado a un pueblo que no existe todavía” (Deleuze, 2007: 281-291)
y de un pueblo excedente que está siendo perseguido y exterminado. Son los que en la
expresión vital del acto de ver parecen andar como si tuvieran visiones5 –como expre-
4 Retomamos la idea de Deleuze en su análisis sobre Bacon, “(…) muy a menudo las marcas involuntarias
son mucho más profundamente sugerentes que las otras, y es en ese momento cuando sientes que cualquier
cosa puede ocurrir. (…) si piensas por ejemplo, en un retrato, has puesto tal vez en cierto momento la boca
en alguna parte, pero ves de repente a través de ese diagrama que la boca podría ir de un extremo a otro
del rostro. Y en cierta manera te gustaría en un retrato poder hacer de la apariencia un Sahara, hacerlo tan
semejante que parezca que contiene las distancias del Sahara” (Deleuze, 2002: 102).
5 Retomamos el sentido en que Lotte Eisner en La pantalla diabólica describe el expresionismo a partir de un
pueblo que no ve sino que tiene y se expresa a través de sus “visiones” (Eisner, 1955:10).
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sión y síntoma de repudio– fatigándose en un andar involuntario que no encuentra un
medio pregnante a un modo de vivir sino la tensión por restituir una hospitalidad que
no puede ser considerada. Es impensada, por ello, asumida por una subjetividad que se
subsume aterrada en las ruinas de (toda) representación política.
Entonces el gesto se propone como “la exhibición de una medianidad, el hacer visible
un medio como tal. Hacer aparecer el-ser-en-un-medio del hombre para de esta forma, abrirle la dimensión ética” (Agamben, 2010: 54) en el no poder decir lo indecible
y transformarse en gesticulación visual de esa imposibilidad en acto. En cada gesto el
estilo se hace política como invención de relaciones porque hay una exterioridad actual
que fuerza una emergencia. “Las intensidades exceden la representación, los significados
y los significantes: son inscripciones móviles sobre un cuerpo” (Cangi, 2011: 175-178).
Planteamos para finalizar una serie de preguntas centrales a nuestra investigación, en
torno al gesto y al concepto: ¿de qué manera la expresión cinematográfica latinoamericana y argentina, en particular, enfrenta la relación de “Pueblo” y “pueblos”? ¿De qué
modo los procedimientos cinematográficos dan cuenta en la percepción de una división
que es consustancial a la composición de lo político?
A modo de conclusión provisoria
Según una genealogía-política deconstruimos la lógica de la noción de “Pueblo” que
afectó a la tradición de la filosofía occidental y al trabajo de invención de la filosofía argentina. De este modo, abrimos el problema estético-político a través del cuerpo como
potencia del deseo de composición de sí y con los otros. De tal forma, nos detuvimos
en Rozitchner donde no se trata del valor mítico de un “sujeto-pueblo”, con sus héroes
y sus batallas guiadas, sino de “la forma humana” del cuerpo irreductible, “como el lugar
histórico de un poder de verificación”. Sostenemos que el gesto visible y decible verifica
una forma productiva y una dimensión política. Deja pasar de este modo la génesis
de lo sensible que está en la base de lo político. Para Rozitchner “la pobreza puede
ser germinal de una riqueza diferente”, cuando la imagen de lo que significa hacer una
experiencia reúne lo íntimo y lo colectivo en la decisión de dejar de servir a cualquier
jerarquía del poder.
El “pueblo que viene” es una imagen constitutivamente inacabada y está hecha de pueblos antes que de individuos, supone tramas irreductibles de afecto e inteligencia colectivos antes que sentimientos individuales homologables a fórmulas de masa. ¿Pero puede
emanciparse el trabajador si piensa como burgués y descansa todo su anhelo de cambio
en las aspiraciones que otros le prepararon? ¿Qué experiencia de pueblo es posible si el
triunfo prometido baja como una orden que al mismo tiempo exige mansedumbre? Al
cinismo peronista y al humanismo utópico de la izquierda nacional Rozitchner le opone
otra matriz sensible, el cuerpo abierto a los otros desde un fracaso constitutivo, para
asociarse por ensayo y error en la creación de modos de vida capaces de afirmarse
autónomamente, de autoconstituirse en un movimiento de relación con lo común.
La pesada memoria del siglo XX no nos permite abordar sin reservas la noción de
“Pueblo” como sustancia orgánica, identitaria y empírica ligada a lógicas de la cantidad
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
que excluye a los “pueblos” como multitudes autónomas, menesterosas, e incluso no
numerables, no encuadrables: lo aún por anudar de las cualidades sensibles liberadas y
lo aún por venir de las presencias que escapan a la representación en el reparto de lo
sensible estético y político. En una arqueología sensible de las formas de los bloques de
movimiento-duración y desmontando las lógicas de representación en las concepciones
de “Pueblo” y “encuandre”, la presente investigación se centra en los problemas de los
procedimientos expresivos estético-políticos y el gesto corporal-político como liberador de las potencias del ser-en-común.
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Mariana Berdondini (UNR-CONICET), Cintia Pinillos
(UNR-UNER) y Gisela Signorelli (UNR-CONICET)
Resumen
El presente artículo analiza el proceso de regionalización y de planificación estratégica
participativa implementado por el gobierno de la provincia de Santa Fe (Argentina) en
la primera etapa, de 2008 a 2012. Por tratarse de una política novedosa para el país y la
región, en un primer momento se realiza una descripción de sus objetivos y consecuencias
en términos de la reorganización de los territorios. En un segundo momento, se abordan las implicancias de la política de regionalización desde la perspectiva de los actores
territoriales interpelados: los senadores provinciales y las autoridades ejecutivas locales
(intendentes y presidentes comunales).
A lo largo del trabajo se abordan dos tensiones fundamentales que pueden orientar
el estudio de procesos semejantes en otros contextos subnacionales. La primera involucra a los senadores departamentales que disponen de la legitimidad otorgada por
el proceso electoral y que a causa de la implementación de la regionalización se ven
obligados a “convivir” con espacios alternativos para la canalización y representación de
las demandas ciudadanas localizadas en sus respectivos territorios políticos. La segunda
incluye a las autoridades ejecutivas locales, legitimadas también por el voto popular de
sus municipios y comunas, y las autoridades delegadas por el Poder Ejecutivo provincial,
que se instalan en las nuevas jurisdicciones.
Palabras clave: regionalización, representación, territorio, planificación estratégica
participativa
* Una primera versión de este trabajo fue presentada en las Jornadas de Investigación de la Facultad de Trabajo Social,
UNER, en agosto de 2012. Una parte importante de la información analizada en el presente artículo fue producida
en el marco del Proyecto “Participación ciudadana e instituciones representativas. La experiencia de las regiones santafesinas en el Plan Estratégico Provincial”, financiado por la SECTEL, dirigido por el Dr. Alberto Ford, y del Proyecto
PID-UNR “Representación y participación en espacios locales”, dirigido por Silvia Robin (2010-2013).
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Abstract
This paper analyzes the regionalization process and the participatory strategic planning
implemented by the government of Santa Fe province (Argentina) on the first stage of
politics, 2008-2012. Since this is an innovative policy for Argentina and the countries in the
region the article begins with a description of its aims and consequences in terms of the
reorganization of the territories. In a second stage, the implications of the regionalization
policy are addressed from the perspective of territorial actors challenged by the same
policy: senators and local executive authorities (mayors and communal presidents).
The work addresses two fundamental tensions that can guide the study of similar
processes in other sub-national contexts. The first one involves departmental
senators who have the legitimacy conferred by the electoral process and that, after
the implementation of regionalization have to “get alone” with alternative spaces
for channeling and representation of citizens’ demands located in their own political
territories. The second includes local executive authorities, also legitimized by the
popular vote of their municipalities and communes, and those authorities, delegated by
the provincial executive, that settle in the new jurisdictions.
Key words: Regionalization, representation, territory, participatory strategic planning
Introducción
La reflexión teórica vinculada a la representación política y la participación ciudadana ha
resurgido en las últimas décadas. A partir de mediados de la década de 1980, aportes
centrales en este sentido constituyen una concepción que, manteniendo una respuesta
procedimental al problema de la democracia, la vincularon con aspectos más sustantivos,
caracterizando la democracia como una forma de vida (Avritzer y Souza Santos, 2003).
En nuestra región, el impulso e implantación de políticas tendientes a promover la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, se localizó principalmente en el
nivel local y se dio a partir de un impulso vertical, desde los propios gobiernos, con el
objetivo de establecer canales alternativos de vinculación con la sociedad.
Desde una primera mirada, es posible pensar que estos mecanismos de activación
ciudadana, al interpelar a las formas tradicionales de representación, pueden contribuir
a generar una tensión con instituciones como los cuerpos legislativos y los partidos políticos, entre otros. Al inaugurar nuevos espacios de canalización de las demandas de los
ciudadanos, estas formas de participación parecieron desafiar las versiones más convencionales que concentraban el concepto de representación en la noción de autorización
más rendición de cuentas (Pitkin, 1972; Manin, 1998).
Sin embargo, análisis recientes plantean que los nuevos ámbitos de participación inauguran canales alternativos de representación en donde los protagonistas son actores de la
sociedad civil, y en los cuales la representación por identificación es la que legitima las acciones en los ámbitos de participación (Avritzer, 2007). En un sentido semejante, Urbinati
30
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
y Warren (2008) plantearon que representación y participación son formas complementarias de ciudadanía. Desde esta perspectiva, ni el modelo de democracia representativo
articulado en torno a las elecciones ni el participativo, garantizan la inclusión de la totalidad
de los ciudadanos involucrados en las decisiones colectivas. Algunos abordajes muestran
que el poder democrático se somete a pruebas de control y validación, asumiendo un
triple desafío de imparcialidad, de reflexividad y de proximidad en la construcción de la
legitimidad democrática (Rosanvallon, 2009; Annunziatta, 2011).
A través del repertorio de políticas participativas desplegadas en diversos contextos locales,
los ciudadanos parecen haber encontrado ámbitos alternativos a los canales tradicionales
de representación para canalizar sus demandas y resolver problemas comunes (Ford 2007;
Signorelli, 2009). En este camino, los gobiernos encontraron también vías alternativas para
legitimar sus gestiones más allá de su signo político partidario (Berdondini y Pinillos, 2011).
Los actores políticos del territorio –principalmente quienes ocupan cargos ejecutivos
o legislativos, y los dirigentes partidarios– pueden compartir o no el fundamento que
precede a la introducción de estas políticas basadas en la ampliación de la deliberación
en los espacios públicos. Sin embargo, luego de casi tres décadas de iniciadas algunas
de las experiencias más emblemáticas de políticas participativas en algunas ciudades
latinoamericanas –como parte del decálogo de políticas de partidos de orientación de
izquierda o centro izquierda, aunque no ya exclusivamente– fueron implementadas por
gobiernos de diversas orientaciones políticas.
Las políticas participativas desarrolladas en los espacios subnacionales, también persiguen
la articulación de instancias de intervención de los ciudadanos en las decisiones que les
conciernen y en la vigilancia del ejercicio del gobierno (Dagnino, 2006). Cuando de lo que
se trata es de procesos de planificación estratégica participativa el desafío es aún mayor,
pues es el inicio de un tipo de gestión relacional propia de la gobernanza que dota a los
territorios de una estrategia compartida. Se pone el acento
en mecanismos de articulación de actores que apuntan a alcanzar niveles crecientes de cohesión
social y que hacen posible la construcción de una visión compartida del territorio, basada en
el reconocimiento y la valorización del capital territorial. La gobernanza es entendida así como
capacidad de construcción colectiva de un proyecto de territorio (Michelini, 2010:178).
Ahora bien, en aquellos casos en los que la planificación estratégica participativa incluye,
además, proyectos de reordenamiento territorial, entran en juego otras variables asociadas al espacio como dimensión social y política, y por tanto, como constructor de identidades y de disputas de poder. El territorio es el escenario de las relaciones sociales, pero
“esa actividad espacial de los actores es diferencial, por lo que su capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiar territorio es desigual” (Montañez Gómez, 1998:123).
Y como la realidad social es mutable, la realidad geosocial requiere, permanentemente,
de nuevas formas de organización territorial que generan nuevas territorialidades.1 En
1 “Conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas capaces de garantir la apropiación y permanencia de un determinado territorio por u determinado agente social o Estado…” (Lobato Correa en
Montáñez Gómez, 1998:124).
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ese sentido, una región es un espacio territorial donde las relaciones productivas y sociales son procesadas institucionalmente con la intervención de autoridades políticas y
organizaciones sociales y ciudadanos para mejorar la gestión de los intereses públicos
(Geller, 2004:2).
Las reflexiones en torno a los límites y formas que asume la representación política y
las posibilidades que ofrecen las distintas formas de participación ciudadana, brindan la
oportunidad para preguntarse si las políticas participativas tienen capacidad de modificar en alguna medida la morfología del proceso de toma de decisiones públicas y el
“mapa político” en distintos escenarios locales y subnacionales de nuestra región.
Este interrogante orienta la aproximación analítica a la política de regionalización impulsada por el Gobierno de Santa Fe (2007-2011; 2011-2015). Dicha política constituye un
proceso novedoso por desarrollarse en la escala provincial, cuyo principal antecedente,
en América Latina, es el proceso participativo del Estado de Rio Grade do Sul en Brasil. 2
La regionalización impulsada en Santa Fe fue en gran parte posible por el financiamiento
del programa URB-AL III durante el período 2008-2012.
La regionalización en Santa Fe interpela a los actores tradicionales del territorio provincial, como ocurre en general en los procesos de incorporación de políticas que
promueven la participación ciudadana como canal alternativo a los propuestos por
la política representativa. En este marco, el artículo aborda el estudio de la política de
regionalización en la provincia de Santa Fe y sus alcances desde la perspectiva de los
propios actores, a partir de un diseño metodológico cualitativo consistente en el análisis
de documentos oficinales y entrevistas a intendentes y presidentes comunales, senadores provinciales y representantes y/o funcionarios del gobierno provincial, realizadas en
el período 2010-2013.3
En un primer momento se realiza una descripción del proceso de regionalización en
Santa Fe junto con una evaluación de la mirada de los funcionarios provinciales acerca
de sus alcances y desafíos. En segundo lugar, se analiza cómo los senadores provinciales
entienden la política y los objetivos de la misma; seguida por una tercera parte, donde se
hace lo propio con las autoridades ejecutivas locales –intendentes y presidentes comunales–. Finalmente, considerando que se trata de un análisis de la política en su primera
etapa de implementación, se exponen algunas conclusiones tentativas y se proponen
futuras líneas de investigación.
En este sentido, a lo largo del trabajo se abordan dos tensiones fundamentales: una que
involucra a los senadores departamentales que disponen de la legitimidad otorgada
por el proceso electoral y empiezan a “convivir” con espacios alternativos para la canalización y representación de las demandas ciudadanas localizadas en sus respectivos
2 Puede verse: http://www.participa.rs.gov.br/
3 También se incluyen en el análisis algunas de las exposiciones realizadas en el marco de la Mesa Redonda
¿Para qué sirve la regionalización? Miradas a la experiencia santafesina desde los territorios. Realizada en el
marco del IX Congreso Nacional y II Congreso Internacional sobre Democracia. Facultad de Ciencia Política y
RRII, Universidad Nacional de Rosario, 18 de octubre de 2010. La información utilizada es producto del Proyecto “Participación ciudadana e instituciones representativas. La experiencia de las regiones santafesinas en el
Plan Estratégico Provincial (2007-2011), financiado por la SECTEL, dirigido por el Dr. Alberto Ford e integrado
por las autoras y el Lic. Martín Carné, dado en el marco del PID – UNR antes mencionado.
32
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
territorios políticos; y la segunda, dada entre las autoridades ejecutivas locales, legitimadas también por el voto popular de sus municipios y comunas, y las autoridades que,
delegadas por el Poder Ejecutivo provincial, se instalan en las nuevas jurisdicciones.
Estructura y objetivos de la política de
regionalización en Santa Fe4
En la provincia de Santa Fe, la administración del Frente Progresista Cívico y Social
–iniciada por el gobernador Hermes Binner (2007-2011)5 y continuada por el actual
gobernador Antonio Bonfatti (2011-2015)– impulsa desde 2008 un ambicioso programa de regionalización
entendido como una tríada que incluye: 1) descentralización, 2) planificación estratégica,
y 3) participación ciudadana y concertación [que] posibilita la institución de una nueva
escala de proximidad entre Estado y ciudadanía, la integración de territorios hasta ahora
desconectados y el equilibrio de las capacidades provinciales (Plan Estratégico Provincial
Santa Fe, 2008:13).
La regionalización provincial propone una reorganización territorial en función de lo
cual divide la provincia en cinco regiones –cada una con una “ciudad Nodo” como
centro administrativo–, poniendo en cuestión su división política tradicional.
El territorio de la provincia se divide en un total de 362 unidades administrativas, con
un fuerte inframunicipalismo en tanto 312 son comunas menores a 10 mil habitantes.
Existe una fuerte disparidad económica, social y poblacional entre el norte y el sur de
la provincia, a favor de esta última. Su división política convencional se compone de 19
departamentos que son representados, de manera proporcional, por un senador en la
Cámara Alta provincial.
El Frente Progresista proponía en su plataforma electoral (“Programa del Frente Progresista”) una reforma de Estado profunda que afianzara el vínculo con la Sociedad Civil a
4 La provincia de Santa Fe forma parte de la Región Centro de Argentina y tiene una ubicación estratégica
respecto de los países limítrofes. Con una superficie de 133.007 km2 y una población de poco más de tres
millones de habitantes que corresponden, respectivamente, al 3,5% y 8,2% del total nacional (PET, 2008, 195)
Para más información ver documento completo en:
http://www.santafe.gov.ar/archivos/estadisticas/Santa_Fe_en_Cifras.pdf
5 El Partido Socialista liderado por el ex intendente de la ciudad de Rosario, Hermes Binner, en un frente
conformado por otras fuerzas políticas como la UCR y el PDP, entre otras, triunfa en las elecciones de 2007,
luego de 24 años de hegemonía del Partido Justicialista en el gobierno provincial. Empero éste conserva varios
bastiones provinciales y, ayudado por una Constitución no reformada desde 1962, conserva la mayoría en
ambas Cámaras de la Legislatura. La Cámara de Diputados, conformada por 50 diputados con una división de
escaño de 28 bancas para el partido mayoritario y una división por representación proporcional de las 22 restantes. La Cámara de Senadores, por su parte, la constituyen 19 senadores, asignados uno por departamento
de la división política tradicional de la provincia de Santa Fe.
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partir de cuatro pilares: la regionalización, la descentralización, la participación ciudadana
y la planificación estratégica. Se afirmaba también que, pese al crecimiento económico
de los últimos años, existía una fuerte inequidad en torno a la distribución de los beneficios sociales y que el Estado debía asumir un nuevo protagonismo, “al servicio del
desarrollo integral de sus ciudadanos, dotado de capacidades de gestión para operar
en contextos complejos, comprometidos con mecanismos de rendición de cuentas…”
(Programa FPCS, 2007:13).
En ese marco, a través de la elaboración de un Plan Estratégico Provincial (PEP) producto de un proceso de deliberación desarrollado a lo largo del año 2008 mediante Asambleas Ciudadanas (AC)6 se prevén las políticas de Estado para los próximos 20 años. Se
propone entonces una regionalización que divide la provincia en cinco regiones, cada
una con una “ciudad nodo” como centro administrativo. Esta reorganización territorial
puso en cuestión la división política tradicional de 19 departamentos.7
La regionalización de la provincia se presenta así bajo el siguiente esquema:
u Región 1 – Nodo Reconquista: Departamentos General Obligado, San Javier y
Vera. Superficie: 35.507 km2. Población: 230.964 habitantes (censo 2001).
u Región 2 – Nodo Rafaela: Departamentos Castellanos, 9 de julio, San Cristóbal
y San Martín. Superficie: 40.211 km2. Población: 283.177 habitantes (censo 2001).
u Región 3 – Nodo Santa Fe: Departamentos San Justo, sur de San Javier, Garay,
Las Colonias, La Capital y parte de San Jerónimo. Superficie: 25.813 km2. Población:
726.795 habitantes (censo 2001).
u Región 4 – Nodo Rosario: Departamentos sur de San Martín, parte de San Jerónimo, Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, parte de Caseros, Rosario y parte de Constitución. Superficie: 18.335 km2 Población: 1.561.347 habitantes (censo 2001).
u Región 5 – Nodo Venado Tuerto: Departamentos: General López, parte de Caseros y parte de Constitución. Superficie: 12.772 km2. Población: 198.818 habitantes
(censo 2001).
Al dividir la provincia en cinco regiones, el gobierno proyecta su alcance en el nuevo
mapa propuesto. El objetivo explicitado es descentralizar el Estado provincial y superar
la antigua estructura administrativa basada en una multiplicidad de zonificaciones ministeriales sin ningún tipo de criterio común de delimitación. En este sentido, se presenta
como una apuesta a un Estado más próximo a los ciudadanos y a una mayor eficiencia
en la gestión de los asuntos públicos, aspirando a superar las viejas fragmentaciones
y superposiciones. La gestión estratégica del territorio, por su parte, apunta a diseñar
6 Las asambleas ciudadanas (AC) consisten en una iniciativa participativa impulsada por el Gobierno de la
provincia de Santa Fe con el objetivo específico de construir y monitorear de manera colectiva el Plan Estratégico Provincial. Las AC se constituyen así en espacios de interacción y debate entre representantes del sector
público estatal, privado y social, provenientes de grandes ciudades o pequeñas localidades de todo el territorio
provincial, quienes reunidos en jornadas cuya duración no excede generalmente las tres horas de trabajo,
discuten acerca de las políticas públicas que consideran estratégicas para favorecer el desarrollo integral de
cada una de sus regiones y de la provincia en su conjunto (Mandrile, 2010:34).
7 Ver mapas anexos.
34
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
políticas provinciales acordes a las necesidades de cada región así como de la provincia
en su conjunto.
El proceso de regionalización también promueve nuevas representaciones a través de
la figura de los Coordinadores regionales –designados por el gobernador– como funcionario provincial responsable de ese territorio. Su rol, aunque aún algo difuso, tendrá
implicancia en el gobierno a nivel territorial vislumbrando un foco de tensión entre las
autoridades ejecutivas locales y las autoridades que, delegadas por el Poder Ejecutivo
provincial, se instalan en esas jurisdicciones.
Emplazados en los Centros Cívicos,8 cada una de las regiones cuenta además con un
Consejo Regional de Planificación Estratégica (CRPE). Se trata de un órgano colegiado
de participación y concertación público-privada, en el cual participan diferentes representantes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de la provincia. Su principal objetivo es dar seguimiento a los proyectos estratégicos de cada región, para lo cual,
su tarea principal es desarrollar acciones que promuevan el diálogo, la coordinación, la
negociación y la corresponsabilidad entre el Estado y las organizaciones de la sociedad
civil, sobre los temas y proyectos estratégicos definidos como prioritarios. Se reúnen
cada dos o tres meses, aunque su funcionamiento no se encuentra aún plenamente
institucionalizado. El mismo es liderado por el coordinador Regional.
Por tratarse de un proceso en consolidación y bajo la concepción de que no se trata sólo
de una regionalización objetiva sino también subjetiva (Coraggio, 1987), desde la perspectiva de los responsables políticos y técnicos del proceso provincial, se concibe a la región
como una estructura flexible donde las fronteras son dinámicas, abiertas y permeables y
se trata más bien de bordes o cercanías dentro de un espacio simbólico donde el territorio y la cultura aportan el anclaje necesario para su localización. Ello se debe, fundamentalmente, a la “concepción de la provincia como red” (PEP, 2008:14) en la cual los Nodos
–las cinco ciudades más importantes de la provincia en términos de significación regional,
infraestructura y peso socioeconómico– son entendidos como núcleos de articulación,
concentración, distribución y redistribución de capacidades, información y poder de una
manera no jerárquica, facilitando la integración de los actores regionales.
En el documento del PEP, se expone de manera clara la voluntad de reordenar el mapa de
la provincia, para que el Estado pueda contribuir a la integración socioeconómica y territorial
La regionalización posibilita la institución de una nueva escala de proximidad entre Estado
y ciudadanía, la integración de territorios hasta ahora desconectados y el equilibrio de
las capacidades provinciales. De esta manera, al resignificar la provincia en términos
espaciales, el Estado adquiere las herramientas necesarias para hacer frente al desafío de
la integración en su doble sentido: socio-económico y territorial (PEP, 2008:18).
En el texto, quedan en evidencia dos supuestos significativos del PEP: por un lado, el diagnóstico acerca de la percepción de un territorio provincial desintegrado en diversos aspectos, y
8 Se trata de intervenciones urbanas con carácter simbólico e institucional. Es el centro que concentra y
redistribuye capacidades e información en cada Región. Actualmente, funcionan en ellos las Áreas de servicio
al ciudadano, primer pilar de la desconcentración administrativa.
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por otro, el convencimiento acerca del impacto que puede tener el proceso de regionalización para fortalecer las relaciones entre el Estado y la ciudadanía en los territorios.
Ahora bien, justamente de lo anterior se desprenden los ejes de disputa y el fundamento de fuertes cuestionamientos por parte de distintos actores políticos. Aquí no se vinculan con los objetivos de la regionalización antes señalados, sino con el modo en que
se interpretan los objetivos políticos del gobierno respecto de las relaciones en el territorio y la definición acerca de los límites de las regiones. En este marco, ¿cuáles son los
elementos que han incidido en la decisión acerca de los límites de las nuevas regiones?
En palabras del entonces gobernador Hermes Binner9 y de funcionarios gubernamentales, el criterio básico de delimitación y que explica las definiciones regionales fue
intentar captar “los caminos de la gente”, es decir, las interacciones efectivamente desarrolladas en el territorio. 10 En esta tarea, de acuerdo a lo señalado por el PEP, se
tuvieron presentes criterios estadísticos tales como redes de rutas existentes, índices
de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), patrones productivos, criterios de vecindad,
densidad institucional, caracteres topológicos, consumo de servicios (salud, educación,
etc.), vías férreas, entre otros. Se sostiene que a estos elementos se les sumó la discusión
pública con diferentes actores sociales en las primeras jornadas regionales y Asambleas
Ciudadanas (AC) y que estas experiencias no arrojaron ningún cambio significativo a lo
propuesto por las autoridades estatales.
La delimitación territorial de las regiones ha sido uno de los principales focos de tensión
entre el gobierno provincial, los intendentes y senadores oficialistas y de la oposición.
La disputa en torno a las diversas interpretaciones acerca de “los caminos de la gente”,
puede ser leída como una disputa por el territorio, la representación y las pertenencias
políticas. En este sentido, no deja de tratarse de una disputa por el poder entre la configuración territorial y política actual y la preexistente, la cual se refleja de una u otra
forma en los posicionamientos que asumen los actores.
¿Qué dicen los funcionarios?
La regionalización y las instancias de participación ciudadana que prevé el PEP, están presentadas por los actores que condujeron el proceso como espacios complementarios a
los canales habituales, pero a la vez, como instancias que desafían un tipo de intercambio
presupuesto en las relaciones de representación tradicional:
queremos que esto sirva para romper las intermediaciones políticas. Me parece que ese
es el desafío. Los espacios participativos desafían la necesidad de un intermediario político
9 Ver: http://gobierno.santafe.gov.ar/prensa/mitemplate.php?idnoticia=48041&mostrarmenu=si&include=noticias_prensa/2008/020208s6.htm&ptitulo=Noticia%20del%20domingo%203%20de%20febrero%20
de%202008%20(020208s6.htm)&fechanoticia=&volverurl=&pDescDiaMax=Martes&intvalDiaMax=7&pDescMesMax=agosto&A%F1oMax=2008&DiaMax=07&MesMax=08&pdia=03&pmes=02&panio=2008
10 Ver mapas anexos.
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
para conseguir los bienes públicos, eso me parece que es muy interesante (secretaria de
Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe, 2011).
En este sentido, el proceso ha sido interpretado por actores de la oposición como una
estrategia de gobierno para disputar poder territorial de actores establecidos e identidades políticas históricas, sobre todo aquellas referenciadas en el peronismo provincial.
La idea de reconocer “los caminos de la gente”, resulta interesante como consigna que
fundamenta la propuesta de un nuevo mapa de la provincia, sostenido en vínculos y las jerarquías de los territorios para sus propios habitantes, sin embargo los propios funcionarios
encargados de conducir el proceso, señalan limitaciones concretas en los límites definidos.
era un poco reconocer los caminos de la gente… se fueron determinando esas ciudades
cabeceras, o Nodos, donde Venado Tuerto, Rafaela, Santa Fe, Rosario, Reconquista, un
poco cumplen ese rol naturalmente, de mucho tiempo atrás en la vida de la gente de esa
región. Sin duda hay puntos –sobre todo los bordes o límites– donde esto es más difuso
y donde por allí, diariamente, nos encontramos con que la estructura actual no resuelve
esos problemas (coordinador Nodo Santa Fe, 2011).
Los coordinadores de Nodo entrevistados reconocen, con matices, que los instrumentos participativos, como las AC o los CRPE, pueden generar tensiones con los actores
de los canales representativos tradicionales ya que abren nuevas instancias para que
los ciudadanos se relacionen con el gobierno provincial. Así, el coordinador del Nodo
Reconquista plantea:
los senadores siempre de alguna manera han tenido esa impronta de gestores y de
mediadores, siempre están conteniendo además porque manejan recursos… También
hacen aportes, digamos siempre se ha mezclado en algún momento eso, sobre todo en
el interior, en las localidades que están más lejos de la capital de la provincia. Un senador
de Santa Fe quizá no tenga tanta impronta como un senador de 9 de Julio, de Vera.
Por esos los senadores tienen tanta presencia territorial y tanta fuerza en los procesos
electorales… (coordinador Nodo Reconquista, 2011).
Entre los senadores, hay quienes ejercen o han ejercido su cargo por varios períodos
consecutivos y que incluso han orientado sus carreras políticas hacia el Congreso Nacional. En general, han sido destacadas figuras políticas de sus territorios y por ende con
un fuerte capital político y simbólico. Es por ello que pese a que desde el Gobierno provincial se ha aclarado que todos son convocados, a partir de las entrevistas realizadas a
diversos coordinadores de Nodo, se advierte que los representantes legislativos –sobre
todo si se trata de los de la oposición– han tenido escasa presencia en los dispositivos
participativos.
Para la coordinadora del Nodo Rafaela (2011):
Los senadores están invitados a participar, tenemos los diputados, los legisladores, o sea,
hay una representación, están siempre invitados. Acá participan algunos diputados, hubo
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algunas oportunidades en que el senador del Departamento Castellanos participó… el
senador Mitre en San Cristóbal ha participado, pero la verdad no es una participación
muy activa, no hay un acompañamiento en ese sentido que uno pueda decir que es
significativo.
De las entrevistas realizadas, surgen algunos nuevos interrogantes: ¿De qué modo el
proceso de regionalización obstaculiza o facilita el tradicional rol de mediación que
tienen los senadores con sus territorios? ¿Qué impactos tiene la reforma del Estado
propuesta por el FCyS –por fuera de los evidentes alcances administrativos y físicos– en
términos políticos y simbólicos? ¿Es para los intendentes y presidentes comunales una
alternativa de llegada al gobierno provincial?
Las disputas por los territorios.
La perspectiva de los senadores
provinciales
La Cámara Alta del Legislativo en la provincia de Santa Fe está compuesta por 19 senadores, uno por cada departamento de la división territorial tradicional, es decir que su
disputa electoral es en territorios claramente definidos y que han sido afectados por el
proceso de regionalización.11
Para conocer las formas en que el diseño de la regionalización y la implementación de
los nuevos dispositivos participativos impulsados por el Ejecutivo provincial interpelaron a los senadores, máximos representantes del sistema tradicional de representación
basado en los territorios de la provincia –los departamentos–, realizamos una serie de
entrevistas a opositores y oficialistas.
Para un senador del oficialismo, las cinco regiones son:
el producto de un análisis de las redes operantes en la provincia, no sólo en términos
económico-productivos, sino asimismo, culturales y simbólicos. En este proceso se han
identificado los espacios que comparten problemáticas comunes, cuyas soluciones
pueden hallarse también en acciones y estrategias conjuntas (senador Departamento
Rosario, 2012).
Sin embargo, el proceso de delimitación de las regiones ha significado fuertes diferencias
por parte de los actores involucrados, que reclaman que sus voces no fueron consideradas en el marco del proceso. En la medida que esto favorece a unos o perjudica
a otros, ya sea dando determinadas responsabilidades y/o recursos, quitándoselos o
estableciendo otra dinámica de relacionamiento, Al proponer un esquema que en su
mayor parte modifica lo preexistente, se plantean problemas concretos producto de
11 Ver mapas anexos.
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
lecturas divergentes acerca de los circuitos y referencias concretas que los ciudadanos
tenían en el territorio.
En este sentido, la Región 2 –con Nodo en la ciudad de Rafaela–, ha sido la más controvertida. El senador de uno de los departamentos del norte que integran la Región 2
y que representa al PJ plantea en relación con el tema de los límites establecidos por el
proceso de regionalización:
En el Nodo Rafaela –que integran 3 Departamentos: 9 de Julio, San Cristóbal y Rafaela–,
las realidades son tan distintas que no hay posibilidad de que se nos interprete cuando
tenemos problemas, principalmente de salud. Toda esa zona derivaba sus pacientes a Santa
Fe. ¿Qué nos pasa ahora? Primero vamos a Rafaela y después terminamos en Santa Fe
(senador Departamento 9 de Julio, 2010).
Además de que los itinerarios ciudadanos no son homogéneos y que los factores por
los cuales fueron rediseñados los límites de los departamentos para constituir las regiones son diversos, es evidente que se trata de una regionalización que no logró una
amplia recepción por parte de la ciudadanía y, por lo tanto, tampoco logró evitar rasgos
propios de procesos de reordenamiento territorial orientados “desde arriba” (Marengom s/f). A pesar de las instancias participativas desarrolladas, la falta de amplios consensos dificultó, al menos en el corto plazo, la apropiación por la ciudadanía.
En relación con la región 3, un senador provincial de la oposición señala:
las regiones se constituyen a través de semejanzas en su actividad económica, orígenes
de sus ciudadanos, similitudes territoriales, etc. La región del Departamento Castellanos,
no es la que fija el Gobierno Provincial (Departamentos: Castellanos, San Cristóbal y 9
de Julio), sino es la comprendida por los Departamentos Castellanos, Las Colonias y San
Martín (senador Departamento Castellanos, 2012).
Como puede observarse, las interpretaciones abarcan un amplio abanico polarizado
entre la versión del gobierno que argumenta que trataron de reconstruirse “los caminos de la gente” en términos económicos, culturales, topográficos, etc., y la versión de
actores que se oponen desde el planteamiento de que el nuevo mapa no reconoce las
principales articulaciones preexistentes. Los matices ponen en el centro de la escena la
disputa política y las relaciones de poder en el territorio. Sin embargo, este no es un rasgo propio del proceso analizado, ya que toda política de reconfiguración del territorio
cuestiona identidades, referencias, representaciones, recursos, y por lo tanto no puede
pensarse sin disputas políticas.
En los actores de la oposición también está presente la idea de que la regionalización
establece una instancia de competencia entre instituciones representativas tradicionales
e instancias delegadas del gobierno provincial:
los representantes territoriales se eligen por el voto directo de los ciudadanos y no
(son) designados por decretos del gobernados (en alusión a los coordinadores de nodo).
(senador Departamento Castellanos, 2012).
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Los senadores son actores políticos clave para la articulación del poder territorial. La ausencia de los representantes del Legislativo en las distintas instancias como las AC o los
CRPE no ha sido un rasgo exclusivo de los senadores de la oposición sino también del
oficialismo. Se evidencia que la nueva organización territorial propuesta por el proceso
de regionalización y el nombramiento de autoridades ejecutivas desde la gobernación
para ejercer funciones de coordinador de nodo es percibida por los diversos actores
políticos como una estrategia de disputa de poder en el nivel territorial.
Las mirada de los intendentes
y presidentes comunales
En una provincia con un fuerte inframunicipalismo –86% de las localidades son comunas–, con dos ciudades de fuerte peso territorial, económico y político como Rosario y
Santa Fe, actualmente ambas del mismo signo político que el gobierno provincial; y con
las otras tres ciudades nodo de mediano tamaño, dos de ellas –Rafaela y Venado Tuerto– opositoras, es crucial abordar la mirada de los intendentes y presidentes comunales
que tienen un fuerte protagonismo.
En relación con las autoridades ejecutivas locales, se identifican distintas posturas en lo
que refiere al proceso de planificación estratégica y de las instancias de participación
ciudadanas (AC-CPRE). Algunos encuentran que los mismos son espacios propicios
para impulsar la implementación de obras para sus territorios; otros, nunca se han
sentido convocados e incluso discrepan con la política, ya que interpretan que se trata
de una clara instancia de disputa por el poder. Sin embargo, para la gran mayoría de los
intendentes y presidentes comunales, al menos al momento de realizar las entrevistas,
no era posible visualizar impactos concretos.
Nuevamente en la Región 2 –Nodo Rafaela– se han planteado las posturas más controvertidas. La ciudad de Rafaela ha sido gobernada desde el retorno a la democracia por el
PJ. El actual diputado nacional, Omar Perotti, fue Intendente desde 1995 a 1999 y luego
por dos períodos de 2003 a 2011. Su gestión fue galardonada en varias ocasiones en
mérito al desarrollo local de la ciudad y al modelo de gestión. Durante la gestión de H.
Binner fue un fuerte y mediático opositor al proceso de regionalización y a la formulación
del PEP. Su municipio no tuvo representación en las reuniones convocadas por el ejecutivo
provincial. En su opinión el proceso de regionalización es adverso para su ciudad:
fuimos advirtiendo, por escrito, al Gobierno provincial de que nosotros no estábamos
de acuerdo con la división de regiones, en particular en la nuestra… porque las regiones
conceptualmente tienen un origen histórico y económico… y esto cercenó el sistema,
partió lo que la historia y el origen económico y de idiosincrasia había hecho... ¿Y esto
a qué lleva? A una dualidad, porque el movimiento económico, la vinculación de las
entidades, sigue siendo muy fuerte… Aquí me parece que hubo un capricho, es decir,
“esta es la definición y no se toca…”. No se han respetado los caminos de la gente
(intendente de Rafaela, 2011).
40
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Sin embargo, para algunos intendentes y presidentes comunales ligados al oficialismo
la política de regionalización favorece una llegada diferente al Gobierno provincial y el
proceso ha reportado visibilidad y vinculación con distintas instancias políticas en términos horizontales y verticales. En este sentido, un intendente radical del norte de la
provincia plantea que la regionalización: “…mejoró la relación, es decir, el contacto fundamentalmente del Gobierno provincial, de las autoridades, de los distintos ministros…”
(intendente de Reconquista, 2011)
En el discurso de algunos intendentes del oficialismo aparece nuevamente la noción
de proximidad como principal elemento positivo del nuevo modelo de gestión. Así, un
presidente comunal del Departamento de Caseros planteó que la regionalización
hizo que tengamos más presencia y participación a la hora de diseñar el Plan Estratégico,
que podamos sentar nuestra voz sobre cuestiones que refieren a rutas, energía…
La participación nos permitió tener una identidad en la zona, contribuyó a que nos
reconozcamos como región… Estar en una de las zonas más fértiles del país no quiere
decir que estemos en las mejores condiciones… El Nodo es importante porque distintas
autoridades podemos relacionarnos y discutir, entablar relaciones entre distintas comunas
(presidente Comunal Berabevú, Departamento Caseros, 2010).
Del lado de la oposición peronista, algunas autoridades ejecutivas locales, denuncian la forma que asumió el proceso de regionalización y sus objetivos de descentralización, cuestionando sus alcances y efectos en la representación así como en la distribución de recursos.
Aquí ha habido una mera desconcentración del Gobierno provincial centralizado en
cinco regiones, donde los responsables de las regiones no son los que eligió la gente
sino que son los que designó el gobernador, más centralizador que nunca […]. El voto
de ese presidente comunal, el voto de ese senador vale tanto como el voto que obtuvo
el gobernador de la provincia y merecen un respeto distinto en la instancia (intendente
de Rafaela, 2011).
De este modo, surgen algunas preguntas del análisis del proceso de regionalización: ¿se
genera una situación de competencia en el nivel local? ¿El trabajo en regiones, colabora en la consecución de objetivos de corto y largo plazo de las gestiones locales? ¿La
regionalización diluye, por ejemplo, la vieja polarización provincial Rosario – Santa Fe?
El intendente de una ciudad de la región Rosario, que pertenece al peronismo plantea
dudas en cuanto que la regionalización sea una política efectiva de descentralización. En
este sentido, plantea que
es cosmética, pero me parece que no es una política de descentralización. Si no es
Rosario o sino es Santa Fe… no hay una política de integración, sino podríamos después
de 4 años contarte cómo, qué hicimos con la basura, qué hicimos con respecto a aguas,
qué hicimos por la seguridad, en materia tributaria (…). Si ya hay un nodo que trabaja
sobre eso nosotros deberíamos estar mucho más avanzados (intendente de Granadero
Baigorria, 2011).
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En un sentido semejante, un funcionario de un gobierno local de la misma región y signo
político del gobierno provincial, también señala déficit en materia de incidencias directas
en el territorio de estas políticas: “No vemos todavía, a lo mejor, los resultados que se
pretenden o que el gobierno de la provincia está proyectando” (secretario de Gobierno
y Cultura de San Lorenzo, 2011).
En la mirada de las autoridades ejecutivas municipales no hay consenso en cuanto al
resultado que pueden tener en el nivel local la superposición de territorialidades que
están cimentadas en acuerdos representativos distintos. Aparece fuertemente en las
entrevistas el cuestionamiento a la legitimidad y la validez del mandato representativo
para la resolución de los problemas.
También emerge la duda en torno al desembarco de autoridades delegadas del gobierno provincial que, en las ciudades nodos de las regiones, parecen abrir ámbitos
de canalización de demandas alternativos a los que brindan las autoridades locales
electas, favoreciendo un contacto más directo con el gobierno provincial. Sin embargo,
hasta la fecha del relevamiento, la percepción de los actores es que el impacto de la
función de canalización de los coordinadores de nodo como delegados del gobierno
provincial es limitado.
Conclusiones
La política de regionalización analizada presenta una articulación novedosa de reorganización territorial y planificación participativa a escala provincial que se expresa en su
potencialidad en términos políticos prácticos y de agenda de investigación. El presente
artículo delinea los principales desafíos analíticos que teóricamente se esbozan mientras
que en términos políticos prácticos, traza las posibilidades y limitaciones que al momento se tienen. Los elementos que se brindan no pretenden agotar un análisis que, por el
contrario, podría contemplar un número más diverso de casos. En un sentido semejante,
la política de regionalización en Santa Fe, por ser de reciente implementación, impide
profundizar sobre las múltiples dimensiones del proceso.
La política en estudio se basa en el diagnóstico de un territorio provincial desintegrado y
en el impacto que puede tener el proceso de regionalización para fortalecer las relaciones entre el Estado y la ciudadanía en los territorios. La apelación a la participación ciudadana junto con la proximidad como denominador común de las políticas con diseño
participativo, son claves en la construcción de la legitimidad democrática. No obstante,
lejos de pretender reemplazar la representación con la participación, la complementación, y las tensiones, entre ambos mecanismos saltan a la luz.
En relación con la funcionalidad de la regionalización, se aprecia que ha tenido fuerte
impacto a nivel interno de la gestión provincial, al homogeneizarse los criterios de gestión del territorio. Sin embargo, el impacto social y político se vuelve menos evidente.
En el período estudiado, no se observa una internalización de la regionalización per se. Si
bien, en algunos sectores se puede observar la utilización de los nuevos vocablos: región,
regionalización, nodo, etc., aún no hay una identificación del ciudadano con su región. En
general, los participantes de las AC y los CRPE, son organizaciones de la sociedad civil
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
e instituciones de cada región que no logran afianzarse. La merma de participantes se
profundiza con la discontinuidad que han tenido las convocatorias.
Por el momento, la descentralización incluida como uno de los fundamentos del proceso de regionalización, no ha alcanzado más que un estadio bajo de desconcentración
administrativa que requiere de mejoras para un efectivo acercamiento del Estado al
territorio. La figura de los Centros Cívicos es difusa y no colabora en la apropiación
e identificación de la ciudadanía con las regiones. El objetivo de que sean un canal de
mediación entre las intendencias y comunas con el gobierno central aparece indefinido
dado que desde la oposición el proceso no es evaluado de manera satisfactoria, y en
algunos casos aparece una mirada tendiente a resaltar sus rasgos de instancia de competencia política por el territorio.
La delimitación territorial de las regiones es uno de los principales focos de tensión
entre el gobierno provincial, los intendentes y senadores. Los fuertes cuestionamientos
se vinculan al modo en que se interpretan los objetivos políticos del gobierno respecto
del territorio y la definición de los límites de las regiones. El criterio básico que orientó
el proceso fue el de captar “los caminos de la gente” en función de lo cual se aglutinaron
las disputas como parte fundamental del juego político democrático. Entonces, como se
desprende del análisis de las entrevistas, existen tensiones entre los actores en el territorio en relación con la política, sus objetivos y alcances, que se amplifican en el marco
de una política de diseño participativo que pretende dar lugar a “la voz de los diversos
actores políticos”.
Los senadores departamentales disponen de la legitimidad otorgada por el proceso
electoral y “conviven” con múltiples espacios para la canalización de las demandas ciudadanas. Otrora referentes por excelencia para negociar y articular los intereses territoriales, tal vez se vean expuestos a repensar su lugar en la discusión y decisiones relativas
a las políticas públicas, si el proceso se consolida.
Por otro lado, las autoridades ejecutivas locales –intendentes y/o jefes comunales–, legitimados también por el voto popular en sus municipios y comunas, no sólo comparten
este cuestionamiento sino que al encontrarse con funcionarios delegados por el Poder Ejecutivo provincial para coordinar los “nodos”, no suelen acceder a trabajar en la
articulación de las políticas y gestiones en dichas jurisdicciones, impulsando un modo
diferente de pensar el territorio de referencia y las políticas públicas e intereses.
En este sentido, la disputa en torno a las diversas interpretaciones acerca de “los caminos de la gente”, puede ser leída como una disputa por los territorios, las representaciones y las pertenencias políticas. Como tal no deja de tratarse de una disputa por el
poder, entre la configuración político-territorial proyectada y la preexistente.
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Anexo
Mapa regionalización y división política
tradicional de la provincia de Santa Fe
Regionalización: “Los caminos de la gente”
Fuente: http://www.urb-al3.eu/uploads/documentos/licacion_R2.pdf
44
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
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46
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Alejandra Otamendi (EHESS-UBA)**
Resumen
En este artículo se estudian las reacciones sociales hacia la inseguridad como parte del
cuadrado del delito, distinguiendo, desde la psicología social, entre las reacciones afectivas, cognitivas y conductuales. A partir de las Encuestas LAPOP y Latinobarómetro, se
analizan dos de sus indicadores en la última década en los países de América Latina: la
preocupación securitaria y el temor a la victimización delictiva. Se destaca que países
con bajo nivel de victimización como Chile y Costa Rica presentan niveles de preocupación securitaria similares a El Salvador y Guatemala de altos niveles, reeditando la
paradoja de la victimización. Sin embargo, cuando se analiza el temor a ser víctima del
delito en el barrio, dicha paradoja se reduce. Esto demuestra la necesidad de estudiar
en una encuesta de victimización regional las diferentes reacciones sociales hacia la inseguridad, ya que pueden afectar la calidad de vida de los ciudadanos, la cohesión social,
el desarrollo económico y la legitimidad democrática.
Palabras clave: reacciones sociales, inseguridad, preocupación securitaria, temor al
delito, encuestas de victimización
* Este artículo reproduce en parte lo publicado en Otamendi, 2014a y 2014b.
** [email protected] . Doctora en Ciencias Sociales, en cotutela, Universidad de Buenos Aires (UBA) y
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (EHESS). MSc en Governanza Global y Diplomacia, Universidad de Oxford. Socióloga, UBA. Docente de Metodología de la Investigación Social I, II y III, Sociología UBA.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
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Abstract
This article studies social reactions to insecurity as part of the square of crime, distinguishing,
from a social psychology framework, among affective, cognitive and behavioral reactions.
Two indicators from the Latinobarometer and the LAPOP surveys are analyzed in the
last decade in Latin America: crime concern and fear of crime. It is noted that countries
with low levels of crime victimization as Chile and Costa Rica have similar levels of crime
concern than El Salvador and Guatemala, replicating the victimization paradox. However,
when the fear of becoming a victim of crime in the neighborhood is analyzed, this paradox
is reduced.This demonstrates the need to study by a regional victimization survey different
social reactions to insecurity, since they can affect the quality of citizens’ life, social cohesion,
economic development and democratic legitimacy.
Key words: social reactions, insecurity, crime concern, fear of crime, victimization survey.
Introducción
Tal como lo señala el último informe sobre homicidios de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2013),1 América Latina sufre una epidemia
de violencia que la coloca en uno de los primeros puestos regionales con mayor nivel
de homicidios. En efecto, de casi el medio millón de homicidios que se registraron en
2012 (437.000 víctimas), más de un tercio (36%) ocurrió en el continente americano,
siendo la subregión América Central la que registra la mayor tasa de homicidios de
todo el continente (supera la tasa de 24 víctimas cada 100.000 habitantes, cuando el
promedio global es de 6,2). A su vez, la tasa de homicidio para “las víctimas masculinas
de 15 a 29 años en América del Sur y Central supera en más de cuatro veces la tasa
promedio global para dicho grupo de edad” (UNODC, 2013:4), lo cual señala que los
varones jóvenes son el perfil de víctima más frecuente. Sin embargo, en algunos países
la situación ha mejorado (Ecuador, Costa Rica y El Salvador) y en otros ha empeorado
(Haití, México, Honduras y Panamá) (Fleitas et al., 2014).
Estas diferencias en los niveles de violencia, no siempre se reflejan en las demandas sociales
de seguridad. En efecto, en las últimas décadas, en algunos países y regiones2 el público
ha incrementado sus demandas de seguridad y sus reacciones frente al delito. Entre estas
reacciones se incluyen la preocupación por el crimen como asunto público, la demanda
de mayores castigos hacia los delincuentes, la percepción del riesgo y el temor a ser víctima de la delincuencia, acompañadas o no por manifestaciones conductuales colectivas
(protestas, petitorios) e individuales (compra de armas, etc.) (Bottoms, 1995; Brillon, 1983,
1986; Cullen et al., 2000; Hough y Roberts, 2005, 1999; La Grange, 2003; Robert, 2002).
1 UNODC (2013). Disponible en: http://www.unodc.org/gsh/ (visitado el 20/08/2014).
2 Para Gran Bretaña y Estados Unidos, ver Brown (2006), Garland (2005), Hope y Sparks (2000), Pratt et al.
(2005); para Francia ver Muchielli (2008), Robert y Pottier (2004); Roché (1998) y para América Latina ver
Dammert y Salazar (2009); Kessler (2008 y 2011); Smulovitz (2003), entre otros.
48
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Si bien dichas reacciones se vinculan con las experiencias de victimización delictiva y los
niveles de violencia, no lo hacen de manera mecánica, sino que intervienen diferente
tipo de intermediaciones políticas, sociales y culturales (Otamendi, 2012a). Se trata de
fenómenos diferentes, con sus propias dinámicas, generando interés en cada uno de
ellos. En este sentido, comprender las reacciones sociales hacia la inseguridad es de
gran relevancia ya que, como lo indica el Teorema de Thomas: “si los sujetos definen
las situaciones como reales, éstas serán reales en sus consecuencias” (citado en Elbert,
2007:135). Ciertamente, las interpretaciones y demandas de seguridad ciudadanas tienen importantes efectos reales, tanto a nivel social, como económico y político.
A nivel social, son numerosos los impactos que tienen dichas interpretaciones en la
conducta de las personas en su vida cotidiana, tales como las medidas de autoprotección y evitamiento, entre ellas, evitar salir de sus hogares durante la noche, la compra
de alarmas y armas de fuego, la contratación de servicios de seguridad privada y la participación en foros vecinales de seguridad, entre otros (Bennett, 1995; para Argentina,
Kessler, 2009; Lorenc Valcarce et al., 2007; Pegoraro, 2000). Estas conductas y actitudes
pueden tener un impacto importante en la cohesión social y en la segregación de
determinados grupos que son señalados como responsables del delito, reforzando los
prejuicios y la estigmatización de ciertos sectores sociales, particularmente, de los más
desfavorecidos (Baumer et al., 2003; Douglas, 1992; Cohen, 1996; Miethe, 1995; Skogan,
1995; Smulovitz, 2003).
A nivel económico, las preocupaciones por la seguridad tienen impacto en la distribución
de los gastos, tanto públicos como privados: por un lado, se transfieren fondos públicos
de diferentes áreas de gobierno (salud, educación, infraestructura, etc.) hacia las áreas de
seguridad, limitando la capacidad de desarrollo económico y social; por otro lado, el consumo de bienes y servicios de seguridad pueden reducir la capacidad de ahorro, inversión
y consumo de las familias y de los agentes privados, e incrementar los costos de las transacciones y del comercio (Kessler, 2004; Lorenc Valcarce, 2011; Ronconi, 2009).
A su vez, las demandas de seguridad pueden estar influyendo en el sistema penal, legitimando y estimulando los abusos de poder policiales, presionando a los jueces a endurecer sus penas y a limitar las garantías individuales de los acusados, e incentivando reformas punitivas del Código Penal como en el caso de las denominadas “leyes Blumberg”
en Argentina (Gutiérrez, 2011). Además, dichas demandas de seguridad pueden afectar
tanto las campañas electorales como el ejercicio de gobierno, dando lugar a discursos
y prácticas políticas autoritarias, y a la securitización de las políticas sociales y educativas
(Sozzo, 2007; Tedesco, 2000).
En términos generales, otro de los efectos que pueden tener las interpretaciones del
delito y las demandas de seguridad es el cuestionamiento a la autoridad estatal por su incapacidad para garantizar la seguridad, razón de ser del Estado (Colombo, 2011; Malone,
2010). Sin embargo, de manera paradójica y simultánea, se demanda una mayor presencia
del Estado en materia de seguridad, ya que se pide mayor presencia policial y mayor intervención judicial en los conflictos sociales (Bauman, 2008; Ewald, 2000; Garland, 1997).
Incluso la demanda ciudadana por seguridad puede erosionar el apoyo a la democracia
como forma de gobierno y derivar en la aprobación de medidas autoritarias que atentan
contra la libertad y los derechos humanos de las personas (Chevigny, 2003; Cruz, 2000,
De Mesquita Neto, 2002; Stevens et al., 2006; Tedesco, 2000; Tulchin y Fagan, 2003).
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Teniendo en cuenta la relevancia del tema, este artículo que retoma uno anterior,
analiza algunas de estas reacciones sociales hacia la inseguridad en América Latina en
la última década. Para ello, primero se definirá qué se entiende por dichas reacciones
y se diferenciará entre sus varios tipos; luego, se señalará cómo medirlas y las fuentes disponibles para hacerlo en América Latina. Por último, a partir de una de estas
fuentes, se analizarán algunos indicadores de reacciones sociales hacia la inseguridad
en América Latina en la última década y se estudiará su vínculo con los niveles de
victimización.
Las reacciones sociales hacia la
inseguridad: algo más que sentimientos
Como se señaló más arriba, las violencias y la delincuencia son fenómenos diferentes de
las reacciones sociales hacia la inseguridad, aunque se trata de fenómenos relacionados.
En efecto, Lea y Young (1984) retomando autores como Durkheim y Becker, subrayan
que para una cabal comprensión del fenómeno delictivo se debe tener en cuenta la
forma cuadrada del delito. Dicha forma consiste en analizar, por un lado, a las acciones
consideradas como desviadas de las normas, esto es, al acto que ocurre entre el delincuente y la víctima (dos vértices del cuadrado), así como también a las reacciones
tanto de los organismos estatales como de la sociedad (los otros dos vértices) que
dieron lugar a que dichas acciones fueran tipificadas como delitos. En efecto, para que
un acto sea considerado delito, según la teoría del etiquetamiento (Becker, 1971), esto
debe responder a un proceso de criminalización social y estatal, aunque no siempre las
definiciones legas y estatales coinciden en el tiempo.
En este sentido, se puede comprender a las reacciones sociales del público como uno
de los vértices del cuadrado del delito. En efecto, las reacciones del público ante determinados actos son las que señalan qué actos se consideran transgresiones a las normas
sociales y cuáles no, y las que legitiman ciertos castigos y limitan otros (Becker, 1971;
Mead, 1918; Sykes, 1978). Por lo tanto, las reacciones hacia la inseguridad aquí estudiadas son las reacciones sociales del “público”, lo cual remite, por un lado, a la noción de
sociedad civil diferenciada del Estado y del sector privado; y por el otro, da cuenta de la
visión lega en oposición a la experta. En efecto, si bien desde la criminología se considera
que existen diferentes “públicos” a quienes van dirigidos los mensajes de la política penal,
esto es, 1) a la población de los delincuentes convictos; 2) a los profesionales penales y
3) al “público general” (Garland, 2006), el interés de este trabajo radica justamente en
este último público que, como lo admite Garland, se trata de varios “públicos generales”,
ya que está dividido en sectores por raza, clase o ideología.
Así, este artículo se centra en las reacciones hacia la inseguridad del público general,
entendiendo a dichas reacciones como las emociones, conductas, representaciones o
actitudes del público hacia la inseguridad. Desde la psicología social a su vez se definen a
dichas actitudes como la “tendencia psicológica que se expresa a través de la evaluación
de una entidad particular con un cierto grado de acuerdo o de desacuerdo” (Eagly
50
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
y Chaiken, 1993:1), siendo en este caso “la inseguridad”3 el objeto de evaluación que
recibe diferentes modos de respuesta (verbales o no verbales), y diferentes clases de
respuestas (afectivas, cognitivas o conductuales).
Este artículo se focaliza en el tipo de respuestas verbales y distingue entre las respuestas afectivas que “son las expresiones de sentimientos hacia el objeto de la actitud; las
cognitivas que son las expresiones de las creencias sobre el objeto de la actitud y las
conductuales que son las expresiones de las intenciones de comportamiento hacia el
mismo objeto” (Manstead y Hewstone, 1996: 47). Si bien dichos componentes de las
actitudes se encuentran asociados, resulta necesario distinguirlos analíticamente, ya que
no siempre comparten la misma dirección.
A partir de un ejemplo de las actitudes hacia volar en avión,4 se pueden distinguir dichos
componentes de las actitudes hacia la inseguridad. Por ejemplo, en el caso de volar, una
respuesta es tener pánico de viajar en avión (afectiva), otra es evaluar como altos los
riesgos de volar (cognitiva) y por último, ir en bus y no viajar en avión (conductual) porque se teme y se considera que el riesgo de volar es elevado. Si bien en este caso hay
consistencia entre los distintos tipos de respuesta, no es necesario que así sea: siguiendo
con el ejemplo, uno puede decidir viajar en avión a pesar del riesgo y del temor porque
otros aspectos son considerados (otras informaciones, otros sentimientos, etc.).
Del mismo modo, se pueden diferenciar los componentes de las actitudes hacia la inseguridad. En primer lugar, uno puede temer ser víctima de la inseguridad, tener bronca u
odio. En este caso, se trata de orientaciones afectivas negativas hacia la inseguridad. Numerosos estudios se focalizan en dicha orientación a partir de los conceptos de “temor
al delito” o la versión limitada de “sentimiento de inseguridad”.5 En segundo lugar, entre
las respuestas de tipo conductuales hacia la delincuencia, se encuentran, según Sebastián
Roché, las expresadas socialmente como las manifestaciones o linchamientos; “las que
tienen una traducción económica (consumo de servicios o de bienes como la compra
de armas) o las políticas (abstención, voto, envío de peticiones)” (Roché, 1998: 277).6
Por último, como orientaciones cognitivas hacia la inseguridad, se incluyen las creencias
sobre cómo tratar a los delincuentes, cómo castigarlos, qué hacer con la inseguridad,
cuáles son sus causas y consecuencias, etc.
Por lo tanto, si bien se encuentran relacionadas, se pueden diferenciar las respuestas
cognitivas de las respuestas afectivas y de las conductuales. En efecto, una misma persona puede sentir temor hacia los delincuentes (respuesta afectiva), cruzar de vereda cada
3 El artículo se refiere a las reacciones sociales hacia la inseguridad y no hacia la delincuencia para alejarse de
una definición legal y acercarnos a una sociológica, que tenga en cuenta no las reacciones ante un hecho tipificado legalmente, sino hacia la prenoción sociológica de la inseguridad que es definida como la percepción de
una amenaza a la integridad física que incluye sólo a algunos delitos, en particular, a los violentos, pero que no
presupone forzosamente que ellos constituyan una infracción de la ley, como en el caso de las “incivilidades”
(Guemureman, 2002; Kessler, 2009; Lagrange, Ferraro y Supancic, 1992).
4 Adaptado de Manstead y Hewstone (1996: 47).
5 No así en las más amplias que incluyen representaciones y acciones, además de las emociones, y que por
tanto podrían estar incluyendo otro tipo de reacciones sociales hacia la inseguridad (ver Kessler, 2009).
6 Para estudios sobre la Argentina donde los ejes son los sentimientos o las conductas individuales y colectivas generadas por la inseguridad, ver Calzado y Van Den Dooren, 2009; Entel, 2007; Gutiérrez, 2006; Lorenc
Valcarce, 2011; Murillo, 2008; Schillagi, 2009, entre tantos otros.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
51
vez que se encuentra con alguien que considera sospechoso (respuesta conductual),
pero no creer que la inseguridad se reduzca con mayores penas y castigos (respuesta
cognitiva). Tomando como base el esquema de Ajzen (1988) citado en Manstead y
Hewstone (1996:47) para describir las categorías de respuesta hacia el objeto de las
actitudes, se presenta el Esquema I que permite visualizar las diferentes respuestas hacia
la inseguridad.
Esquema I. Tipos de respuestas evaluativas aplicadas hacia la inseguridad
Modo de
respuesta
VERBAL
Conceptos
Asociados
Ejemplos
Categoría de respuesta hacia el objeto de la actitud
AFECTIVA
COGNITIVA
CONDUCTUAL
Expresiones de
sentimientos
Expresiones de creencias
Expresiones de
intenciones
conductuales
Temor al delito
Respuestas punitivas;
Percepción de riesgo de
victimización;
Preocupación securitaria.
Estrategias de evitamiento y protección;
Acciones sociales, económicas y políticas.
Declaraciones sobre cómo
se debe tratar a los delinDeclaraciones de temor, cuentes, cómo se los debe
fobia, bronca, compa- castigar, qué se debe hacer
sión, hacia los delin- con la delincuencia, cuáles
son sus causas y efectos,
cuentes.
cómo evolucionó, etc.
Respuestas perceptivas
Declaraciones de disposiciones hacia los delincuentes, por ejemplo, uso
de armas para la defensa o venganza, a nivel individual, o linchamientos
y protestas, a nivel colectivo; declarar medidas de
autoprotección.
Respuestas de comportamiento
NO VERBAL
Respuestas fisiológicas
Ejemplos
Acciones concretas como
Percibir y creer en las cauevitar zonas y personas,
Sentir temor, fobia, bron- sas de la delincuencia y en
comprar armas para la
ca, compasión, hacia los las medidas; creer en la
defensa, firmar petitopena de muerte, etc.
delincuentes.
rios, o participar de protestas, linchamientos, etc.
Fuente: elaboración propia a partir del esquema de Ajzen (1988) citado en Manstead y Hewstone, (1996: 47).
Como se observa en el Esquema I, dentro de las respuestas cognitivas, se encuentran las
actitudes públicas hostiles hacia los victimarios (actitudes punitivas) que apoyan o demandan políticas de control del crimen que incrementan el nivel de castigo de los victimarios
(King y Maruna, 2009; Unnever y Cullen, 2009; Welch, 2009). Además, también son cognitivas las percepciones de riesgo de victimización y las preocupaciones securitarias. En
comparación con las respuestas punitivas, la percepción de riesgo es una reacción más
personal, ligada al grado de vulnerabilidad, de experiencia de victimización y de las condiciones ambientales que las personas enfrentan en su vida cotidiana (LaGrange et al., 1992).
52
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Por su parte, la preocupación securitaria aparece como menos concreta y menos ligada
a la situación personal, ya que considera a la inseguridad como problema social y no
como riesgo personal (Robert y Pottier, 2004), pero también se diferencia de la respuesta punitiva, ya que se trata de una reacción general y abstracta con respecto a la inseguridad y no una propuesta concreta con respecto al trato de los delincuentes como en el
caso de la respuesta punitiva. Como se verá más adelante, en este artículo se analizará
en particular la evolución de los indicadores de una respuesta afectiva (temor al delito)
y de una cognitiva (preocupación securitaria) en América Latina en los últimos años.
Mediciones de las reacciones sociales
hacia la inseguridad en América Latina
Como se señala más arriba, en este artículo se analizan las reacciones sociales hacia la inseguridad como las respuestas afectivas, cognitivas y conductuales del público hacia la inseguridad. Lo anterior implica focalizarse en el nivel de agregación colectiva de los individuos,
esto es, el público, y no en las subjetividades individuales. Por lo tanto, si bien se estudian
las actitudes individuales, no se las analiza desde el punto de vista psicológico sino sociológico o desde la psicología social con perspectiva sociológica, identificando patrones o
regularidades empíricas de manera agregada (Cook et al., 1995; Rosenberg y Turner, 1992).
Teniendo en cuenta lo anterior, se incluye al problema de estudio dentro del campo
de los análisis de “opinión pública”, entendiendo por ello la “suma de las opiniones
individuales de cierto público-objeto sobre un cierto tema, (...) no siendo una opinión
independiente, sino sólo la expresión de la percepción de un fenómeno por el conjunto
o una parte de la sociedad” (Kuhn, 2001:3).7 En este sentido, la metodología más apropiada y comúnmente utilizada para llevar a cabo un análisis de opinión pública es en
general cuantitativa y en particular, el estudio por encuesta (Cullen et al., 2000; Hough y
Roberts, 2005; Kuhn, 1993; 2001).
Cuando se refiere al campo de la seguridad, el método más apropiado para medir la
opinión pública son las llamadas “encuestas de victimización” (EV). Si bien en sus inicios
dichas encuestas tenían como objetivo complementar las estadísticas oficiales a partir
de las declaraciones de las víctimas para cubrir la llamada “cifra negra del delito”, esto
es, los delitos que ocurren, pero que por distintos motivos no figuran en las estadísticas
oficiales, a través del tiempo fueron incorporando otras secciones (Sozzo, 2003). Entre
dichas secciones la de opinión resulta la de mayor relevancia para este artículo, ya que
en ella se busca medir la sensación de inseguridad, la evaluación y confianza en las ins-
7 Si bien a nivel teórico-metodológico se discute la existencia de una opinión pública por fuera de las encuestas y no como un producto artificial de las mismas (Bourdieu, 2000; Champagne, 1990; Habermas, 2005;
Rosanvallon, 2007; Sartori, 1998), se considera que el tema en estudio es de tal saliencia en los diversos públicos de América Latina, que se expresa en manifestaciones masivas, presencia diaria en los medios de comunicación y en los discursos políticos que no se trata de un artificio metodológico, sino de tendencias presentes
en ciertos sectores sociales (Lazarsfeld, 1935 en García Ferrando, 1996:160). Asimismo, la consistencia de las
tendencias observadas en las series históricas refuerzan la validez de las mediciones (Roberts y Hough, 2005).
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
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tituciones del sistema penal, los comportamientos de autoprotección (uso de alarmas,
posesión de armas de fuego, etc.) y evitamiento, la preocupación securitaria, las actitudes
hacia el castigo de delincuentes y los diagnósticos legos de seguridad (evolución reciente, causas y/o medidas a tomar), entre otras opiniones.
Si bien en la región hay numerosas encuestas de victimización en distintos países y
ciudades, incluso de cobertura nacional (por ejemplo, ENUSC en Chile y ENVIPE en
México8), aún no existe una encuesta de victimización regional que implemente el
mismo cuestionario en todos los países de América Latina, tal como lo promueve el
Centro de Excelencia INEGI-UNODC.9 Mientras tanto, las únicas fuentes disponibles
que utilizan la misma herramienta de estudio para todos los países de América Latina
y que por lo tanto, permiten hacer estudios comparativos sobre las reacciones sociales hacia la inseguridad, son algunas encuestas regionales de opinión pública (OP)
como la Encuesta Latinobarómetro, la LAPOP o las realizadas por consultoras internacionales como Gallup.
Dichas encuestas permiten conocer la opinión de los encuestados sobre temas relacionados con la seguridad y al mismo tiempo, sobre otras cuestiones y analizar cómo
las mismas se vinculan entre sí. Además, permiten realizar estudios longitudinales, ya
que algunas se realizan desde hace varios años. A su vez, como ya se indicó, facilitan
la comparación entre varios países, ya que aplican el mismo cuestionario y siguen los
mismos procedimientos de muestreo en los distintos casos (estudios transversales),
siendo realizadas por consultoras con cierto nivel de confiabilidad.
Sin embargo, no siempre se tiene acceso a los datos porque las consultoras son
dueñas de los mismos. Además, no se diseñaron especialmente para estudiar temas de
criminología con lo cual los indicadores en general no reflejan la discusión académica
sobre dichos temas, y la inclusión de determinadas preguntas sobre percepciones de
seguridad depende de la coyuntura política y de los intereses del momento. Por lo
tanto, no siempre se pueden construir series históricas y llevar a cabo estudios longitudinales. Por último, las muestras en general sólo son representativas a nivel de los
países o de algunas ciudades, lo cual no permite evaluar las dinámicas subnacionales,
tan importantes en países de gran heterogeneidad como los latinoamericanos.
Finalmente, cabe señalar problemas comunes tanto a la EV como a las de OP para
medir actitudes, percepciones y representaciones de manera transversal y longitudinal.
En efecto, no es seguro que los residentes de distintos países interpreten lo mismo en
cada pregunta, incluso dentro de cada país (McAlister, 2006). Además, las encuestas
tienden a simplificar, cuantificar y generalizar puntos de vista complejos, diversos y
contradictorios al formular preguntas generales y abstractas sobre el delito (Cullen et
al., 2000; Hough y Roberts, 2005; Park y Hough, 2002; Roberts y Stalans, 1997). A su
vez, la forma de medir las actitudes tiene impacto sobre las actitudes que se desean
medir (Hutton, 2005). Al mismo tiempo, toda EV y de OP se lleva a cabo sabiendo
8 Para Chile, disponible en: http://www.seguridadpublica.gov.cl/otrasencuestas.html (visitado el 20/08/2014)
y para México, disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/ (visitado el 20/08/2014).
9 Disponible en: http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/# (visitado el 20/08/2014).
54
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
que los encuestados tienen escaso conocimiento de conceptos socio-legales y de la
realidad del delito (Hough y Roberts, 2005; Kury et al., 2002).
No obstante, como ya se indicó, las encuestas de OP y en especial las EV son
herramientas fundamentales para conocer las diferentes reacciones sociales hacia
la inseguridad. En el presente ar tículo, se analizarán datos provenientes de dos encuestas de opinión pública, principalmente de la Encuesta Barómetro de las Américas
(LAPOP) y de manera secundaria, de la Encuesta Latinobarómetro. En ambos casos,
se trata de encuestas basadas en cuestionarios estructurados con la mayoría de las
preguntas cerradas realizadas a muestras representativas de la población adulta con
un alto nivel de confianza y un bajo margen de error, lo cual permite generalizar las
tendencias encontradas.10
En primer lugar, se analizarán datos de la Encuesta LAPOP, diseñada por la Universidad
de Vanderbilt y aplicada cada dos años desde el año 2004 en 11 países y desde el año
2010 en 26 países de la región. Si bien no se trata de una encuesta de victimización,
ya que se centra en el estudio de los valores y comportamientos democráticos en
las Américas, incluye varios indicadores para el estudio de percepciones de seguridad,
especialmente en su última ronda de 2012. En este último año la encuesta LAPOP
incluyó preguntas adicionales sobre seguridad ciudadana para 17 países de América
Latina. El análisis completo de dichas preguntas se encuentra en el Informe de
Desarrollo Humano 2013 del PNUD11, por lo cual aquí sólo se analizarán algunos
indicadores seleccionados.
De manera secundaria, se dará cuenta de los datos provenientes de la Encuesta Latinobarómetro,12 realizada por la Corporación Latinobarómetro (ver www.latinobarometro.org). Si bien la misma no es una encuesta de victimización, sino de opinión
pública sobre el apoyo a la democracia y las percepciones de la economía, entre otros
temas, es una de las pocas bases de datos disponibles que incluyen el tema en estudio.
Además, dado que utiliza un cuestionario estandarizado y estrategias de muestreo similares para 18 países de América Latina desde 1995, permite estudios comparativos
internacionales basados en muestras nacionales representativas de toda la población.
Se trata entonces del análisis de datos secundarios cuantitativos (Frankfort-Nachmias
y Nachmias 1992; González Rodríguez 1996; Hyman, 1972) que consiste en el análisis
de datos recolectados por otros y para otros objetivos, en este caso por la Universidad de Vanderbilt y Latinobarómetro, pero que pueden ser analizados para responder
a los objetivos del presente estudio.
10 Ver fichas técnicas en Latinobarómetro, disponible en: www.latinobarometro.org y para LAPOP, disponible
en: http://www.vanderbilt.edu/lapop/ (visitado el 20/01/2014).
11 PNUD (2013) Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro
humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Nueva York: PNUD. Disponible en: http://www.undp.
org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf (visitado el 20/01/2014).
12 Para críticas específicas de Latinobarómetro ver Gaviria y Pagés (1999); Londoño y Guerrero (1999);
UNDP, (2005).
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
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Las reacciones sociales hacia la
inseguridad en América Latina
Como ya se señaló, las reacciones sociales hacia la inseguridad son un tema de estudio
en sí mismo, ya que tienen consecuencias económicas, políticas y sociales. Idealmente,
se las estudia a partir de encuestas de victimización a través de indicadores que dan
cuenta de su dimensión afectiva, cognitiva y conductual. Sin embargo, no se cuenta
aún con una encuesta de victimización a nivel regional que permita un estudio comparativo. En su lugar, se pueden tomar algunas preguntas de las encuestas de opinión
pública como la encuesta LAPOP y la encuesta Latinobarómetro. Si bien no se trata
de encuestas de victimización, incluyen algunas preguntas que permiten estudiar la
evolución de indicadores de reacciones sociales hacia la inseguridad en varios países
durante un cierto período de tiempo. En efecto, para el presente análisis se seleccionaron los indicadores que fueron incluidos en la mayor cantidad de ondas y de países.
De todas maneras, cabe recordar que se pueden consultar los respectivos informes
anuales para todos los países y para todos los años en sus sitios de Internet13 y en
otros informes.14
Entre los indicadores analizados, se incluyeron los vinculados a la preocupación securitaria (concern) y al sentimiento de inseguridad (fear of crime), para captar tanto la
dimensión cognitiva y referida al nivel del país (concern), como la afectiva y sobre el
entorno (fear of crime). Además se incluyó un indicador sobre el nivel de victimización criminal a fin de revisitar la paradoja de la victimización-reacciones sociales hacia
la inseguridad, esto es, la paradoja que se produce cuando países con altos niveles
de victimización no siempre presentan los niveles más altos de reacciones hacia la
inseguridad y viceversa.
Preocupación securitaria
Uno de los indicadores comúnmente utilizados para medir reacciones sociales hacia la
inseguridad es la preocupación securitaria, esto es, la evaluación cognitiva de la inseguridad como problema del país, dando cuenta de la agenda pública nacional (Lagrange,
Ferraro y Supancic, 1992; Robert y Pottier, 2004; Roché, 1998). Para ello, se analizan las
respuestas a la pregunta “en su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?” (LAPOP) o “en su opinión, ¿Cuál considera Ud. que es el problema más
importante en el país?” (Latinobarómetro).
13 Para Latinobarómetro, disponible en: www.latinobarom/etro.org y para LAPOP, disponible en:
/http://www.vanderbilt.edu/lapop/ (Visitado el 18/01/2014).
14 PNUD (2013) Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano:
diagnóstico y propuestas para América Latina. Nueva York: PNUD. Disponible en:
http://www.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf (Visitado 18/01/2014).
56
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Cuadro 1. Delincuencia/crimen como problema más grave que enfrenta el país, según
país de América Latina, 2004-2012 (en %).
2004
2006
2008
2010
2012
Argentina
7,9%
11,8% 13,6% Belice
12,0%
18,4%
17,6%
Bolivia
2,2%
1,3%
8,3% 22,7% Brasil
4,4%
5,3%
4,1%
4,1%
Chile
39,5%
34,6%
21,7% 30,8% Colombia
4,9%
1,6%
4,0%
5,3%
Costa Rica
15,8%
41,6%
42,0%
35,0%
3,0%
4,2%
15,9%
24,2%
El Salvador
Ecuador
25,6%
38,7%
30,5%
54,5%
36,0%
Guatemala
37,4%
40,7%
40,4%
31,6%
27,6%
20,8%
11,4%
7,6%
3,6%
Guyana
Haití
Honduras
13,2%
4,3%
4,5%
3,7%
16,0%
32,3%
36,0%
16,6%
13,0%
Jamaica
50,2%
9,3%
38,6%
31,5%
México
9,8%
14,9%
15,8%
15,4%
21,7%
Nicaragua
2,6%
2,2%
3,4%
1,8%
6,6%
Panamá
10,5%
17,1%
26,7%
48,0%
21,7%
Paraguay
4,8%
2,4%
8,6%
5,0%
Perú
6,9%
5,9%
9,5%
23,7%
Rep. Dominicana
48,0%
18,5%
17,5%
28,9%
Uruguay
6,2%
10,7%
24,5%
18,2%
Venezuela
54,4%
49,6%
17,1% 50,5% Nota: pregunta abierta. No se excluyeron otros y NS/NC para el cálculo de %.
Porcentaje de encuestados de cada país que contestó: “delincuencia/crimen” a la pregunta “en su opinión ¿cuál
es el problema más grave que está enfrentando el país?”, LAPOP.
Fuente: elaboración propia a partir de LAPOP.
Si bien no se cuenta con datos para todos los países ni para todos los años en la Encuesta
LAPOP, se puede señalar que en general la delincuencia es un problema de gran trascendencia (Cuadro 1). En algunos países la preocupación por la delincuencia es alta durante todo el
período, como por ejemplo en Chile, El Salvador y Guatemala, superando siempre los 20 puntos porcentuales, y con ciertas discontinuidades en Venezuela, Costa Rica y Jamaica. Resulta
notorio que países como Chile y Costa Rica, de bajos índices de violencia, compartan niveles
similares de preocupación que países como El Salvador y Guatemala (UNODC, 2013).
Algo similar ocurre si se analizan los datos de Latinobarómetro entre 2004 y 2011
(ver Tabla 1 del Anexo). En efecto, los promedios más altos de preocupación por la
delincuencia en todo el período se producen en Venezuela, El Salvador, Guatemala, Argentina, Costa Rica, México, Panamá y Chile. Si se tiene en cuenta el último año (2011),
Venezuela (61%) y luego Costa Rica (44%), El Salvador y Uruguay (40%) lideran la tabla.
Nuevamente se destaca que países como Costa Rica y Uruguay presenten niveles de
preocupación delictiva similares a El Salvador con mayores niveles de homicidios.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
57
Esta paradoja ya fue destacada en otros informes (PNUD, 2013), dando lugar a varias
interpretaciones: desde explicaciones sobre la construcción de la agenda pública, en
particular destacando el rol de los medios de comunicación y del sistema político para
configurarla desde un enfoque de populismo penal (Bottoms, 1995; Matthews, 2005),
hasta explicaciones que vinculan dicha preocupación sobre la delincuencia como forma
de expresar otras tensiones sociales vinculadas a los cambios en la estructura social, a
un mayor nivel de migraciones, o a incrementos rápidos en cierto tipo de delitos y el
acontecimiento de episodios delictivos de alto impacto (Bateson, 2009; Malone, 2010;
Otamendi, 2012a). También puede deberse a que otros problemas pueden estar más
resueltos como la pobreza y la desocupación y que por lo tanto es posible focalizar la
atención en la delincuencia que se percibe en aumento.
En otros casos, el nivel de preocupación se mantiene relativamente bajo no superando
los 10 puntos a lo largo del período en la Encuesta LAPOP como en Nicaragua, Colombia, Brasil y Paraguay o no superando los 20 puntos en la Encuesta Latinobarómetro en
los mismos tres primeros países y en Bolivia. Lo anterior no implica que la delincuencia
no sea un problema en dichos países, sino más bien que hay otras preocupaciones
como el conflicto armado en Colombia o como los problemas laborales o sociales en
los otros países que tienen mayor saliencia pública. A su vez, también pueden responder
a cierto acostumbramiento o normalización de altos niveles de violencia (PNUD, 2013).
A su vez, ciertos países como Ecuador, Perú, Bolivia y México exhiben, al comienzo del
período, una baja preocupación por la delincuencia para luego incrementarse en la onda
de 2012 a niveles considerables (Encuesta LAPOP). Esto también se ve reflejado en la
Encuesta Latinobarómetro (menos Bolivia), pero es aún más pronunciado en Venezuela,
Uruguay y Costa Rica y también Ecuador, explicando ciertas diferencias probablemente
por tomar el 2011 como último año de referencia.
En cualquier caso, esta tendencia puede responder a varios motivos, entre ellos, a que
otros problemas como los sociales y laborales pierden importancia al final del período
por ciertas mejoras y por lo tanto, se incrementa la atención a otros problemas, como la
delincuencia.También puede deberse a un agravamiento de la delincuencia, en particular
de aquella vinculada con el narcotráfico en la última onda, cobrando mayor relevancia
social, y/o responder a un incremento en la percepción de la gravedad del problema por
una mayor atención político-mediática al fenómeno.
En otros países también se da dicha tendencia alcista, aunque luego se reduce en las
últimas ondas15 mientras que en el resto de los países no se encuentra una tendencia
definida, con alzas y bajas de manera irregular. Comprender en cada caso por qué se
producen dichas fluctuaciones amerita un análisis profundo sociohistórico que escapa
a los fines de este trabajo, pero que resulta necesario realizar para comprender cabalmente dichas evoluciones.
Dado que la pregunta sobre el principal problema del país es abierta en ambas encuestas, esto es, sin categorías predefinidas, se plantea un segundo análisis referido a la misma
que es incluir no sólo las menciones a la delincuencia/crimen sino también a fenómenos afines como el narcotráfico y las pandillas (2004), y además la falta de seguridad,
15 Como en los casos de Panamá, Uruguay y Honduras (LAPOP).
58
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
los secuestros y la violencia (2006, 2008, 2010 y 2012) para LAPOP, y narcotráfico y
pandillas para Latinobarómetro. De esta manera, se observa que la preocupación por la
seguridad ciudadana en un sentido amplio es muy elevada en gran parte de los países
de la región (ver Cuadro 2).
Cuadro 2. Seguridad ciudadana como problema más grave que enfrenta el país, según
país de América Latina, 2004-2012 (en %).
2004
2006
2008
2010
2012
Argentina
30,5%
23,5%
39,8%
Belice
19,8%
21,9%
19,8%
Bolivia
3,7%
2,2%
13,1%
30,2%
Brasil
30,9%
28,6%
27,5%
22,7%
Chile
41,3%
37,3%
22,6%
32,8%
Colombia
42,5%
54,4%
28,2%
34,7%
Costa Rica
21,3%
46,9%
48,3%
41,5%
Ecuador
3,7%
5,0%
18,4%
29,7%
El Salvador
31,5%
44,9%
34,3%
61,2%
49,0%
Guatemala
38,9%
50,9%
62,3%
48,1%
41,0%
28,2%
14,3%
12,1%
6,3%
Guyana
Haití
Honduras
25,3%
7,0%
5,2%
6,5%
18,4%
35,6%
39,5%
20,5%
22,2%
Jamaica
62,8%
62,9%
47,3%
38,6%
México
11,1%
31,4%
32,1%
25,3%
37,1%
Nicaragua
3,2%
4,6%
4,0%
2,4%
8,0%
Panamá
11,0%
20,0%
31,0%
57,0%
25,3%
Paraguay
13,6%
11,8%
28,0%
20,7%
Perú
10,3%
9,4%
11,4%
29,9%
Rep. Dominicana
48,5%
19,4%
21,2%
31,5%
Uruguay
15,5%
20,4%
39,3%
51,9%
Venezuela
58,4%
57,3%
42,2%
64,3%
Nota: pregunta abierta. No se excluyeron otros y NS/NC para el cálculo de %.
Porcentaje de encuestados de cada país que contestó: “delincuencia/crimen”, “narcotráfico” y “pandillas”
(2004), y además “falta de seguridad”, “secuestros” y “violencia” (2006, 2008, 2010 y 2012) a la pregunta “en
su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?”, LAPOP.
Fuente: elaboración propia a partir de LAPOP.
Así, los datos agregados bajo el rótulo de “seguridad ciudadana” resulta ser una medición más válida de la preocupación securitaria, ya que engloba categorías afines como
“seguridad”, “delincuencia” y “violencia”, que anteriormente habían sido clasificadas de
manera aislada. Nuevamente, en la primera onda de 2004 Guatemala y El Salvador
siguen liderando la preocupación securitaria, tanto en la Encuesta LAPOP como en
Latinobarómetro (ver Tabla 2 del Anexo).
En el 2006 con la inclusión de más países en la LAPOP, se destaca que en Jamaica,
Venezuela y Guatemala la mayoría considera a la seguridad como el problema más
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
59
grave del país. Le siguen de cerca la República Dominicana, El Salvador, Colombia, Chile,
y luego Honduras, México y Brasil. Luego, por debajo de los 10 puntos se encuentran
sólo Nicaragua, Ecuador y Bolivia en la Encuesta LAPOP en 2006 y estos mismos países
y Colombia y Uruguay tampoco superan los 10 puntos de preocupación securitaria
entre 2004 y 2007 en la Encuesta Latinobarómetro, dando cuenta de cierta validez de
medición entre ambas encuestas.
Sin embargo, al final del período, en el 2012 en LAPOP y 2011 en Latinobarómetro, las
preocupaciones securitarias pasan a cobrar mayor relevancia en algunos países mientras
que en otros decae. Por ejemplo, es notorio el ascenso de Uruguay y Costa Rica, países
tradicionalmente sin una preocupación fuerte por el tema, que se acercan o incluso se
equiparan a países como El Salvador, Guatemala y Venezuela en ambas encuestas.
Luego, comparando la medición LAPOP del 2012 con la del 2010, los que más incrementan su preocupación son Venezuela, Perú y Argentina, y le siguen Uruguay, México,
Ecuador, República Dominicana y Chile, en todos los casos con un aumento superior
a los 10 puntos porcentuales. Al contrario, sólo Panamá y El Salvador ven reducido su
nivel de preocupación securitaria en el 2012 respecto del 2010, aunque sigue siendo
elevada.
Nuevamente cabe señalar que la evolución de cada país debe ser analizada teniendo
en cuenta su contexto, lo cual escapa a este trabajo. Sin embargo, a modo de ejemplo
se puede señalar el caso chileno donde en la Encuesta LAPOP pasa de un pico de
preocupación securitaria en el 2006 de 41,3% a 32,8% en el 2012, aunque con una
reducción mayor en el 2010 (22,6%). Sin embargo, esta anomalía del 2010 se puede
explicar mediante un fenómeno local: el terremoto sufrido en febrero del 2010 que
dejó centenares de muertos y arrasó con varias ciudades costeras,16 generó que la preocupación por la seguridad se mudará en parte a la preocupación por la reconstrucción
del país (28,1%).
La preocupación por la seguridad en el presente afecta además las expectativas sobre
el futuro del país. En efecto, así lo muestran las respuestas a la pregunta de LAPOP “Y
hablando del país en general, ¿qué tanto cree usted que el nivel de delincuencia que
tenemos ahora representa una amenaza para el bienestar de nuestro futuro?”.
Cuadro 3. Creencia alta en que el nivel de delincuencia actual es una amenaza para el
bienestar de nuestro futuro, según país de América Latina, 2004-2010 (en %).
2004
2006
2008
2010
Argentina
71,2%
56,7%
Belice
57,8%
70,3%
Bolivia
67,1%
58,7%
Brasil
80,5%
76,5%
Chile
79,0%
64,8%
63,2%
16 Subsecretaría del Interior de Chile (31 de enero de 2011). «Informe final de fallecidos y desaparecidos
por comuna», disponible en: http://www.interior.gov.cl/filesapp/listado_fallecidos_desaparecidos_27Feb.pdf
(visitado el 18/01/2014).
60
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Colombia
69,3%
67,5%
66,1%
66,1%
Costa Rica
86,6%
87,2%
75,2%
72,7%
63,8%
73,4%
El Salvador
77,2%
86,4%
83,3%
87,4%
Guatemala
76,6%
71,0%
79,3%
79,0%
53,0%
41,0%
45,6%
Ecuador
Guyana
Haití
66,9%
27,9%
30,4%
70,1%
84,3%
47,3%
52,5%
Jamaica
79,8%
79,5%
76,4%
México
50,1%
64,9%
57,9%
68,5%
Nicaragua
81,3%
56,5%
77,2%
68,4%
Panamá
78,1%
64,5%
64,0%
63,4%
Paraguay
74,5%
78,4%
71,7%
Perú
77,9%
69,5%
63,7%
República Dominicana
90,2%
71,8%
83,1%
Uruguay
66,7%
62,6%
62,9%
Venezuela
77,0%
74,7%
70,2%
Honduras
Nota: no se hizo esta pregunta en la onda del 2012.
Porcentaje de encuestados de cada país que respondió “alta” a la pregunta “Y hablando del país en general,
¿qué tanto cree usted que el nivel de delincuencia que tenemos ahora representa una amenaza para el bienestar de nuestro futuro?”, LAPOP.
Fuente: elaboración propia a partir de LAPOP.
Como se observa en el Cuadro 3, la mayoría en todos los países y en todos los años
relevados tienen una alta creencia en que la delincuencia actual afecta el bienestar futuro
del país, con la excepción de Haití y Guyana en el 2008 y 2010, y Honduras en 2008,
aunque tanto Guyana y Honduras superan el 40% de respuesta afirmativa. Por lo tanto,
si bien la preocupación securitaria es fluctuante, probablemente porque otros problemas compiten por la atención pública, existe un marcado consenso en la última década
sobre la delincuencia como amenaza al bienestar nacional en América Latina.
Sentimiento de inseguridad
Más allá de estas percepciones sobre la seguridad como problema público, es decir,
como reacción cognitiva sobre lo macrosocial, en la Encuesta LAPOP se incluyen indicadores sobre las percepciones sobre la seguridad en el propio entorno. En este caso, se
pregunta “Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad
de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo
inseguro(a) o muy inseguro(a)?”.
Como se discutió en la sección metodológica, en este caso la primera parte sin la pregunta mediría la percepción de riesgos de victimización delictiva, esto es, una reacción
cognitiva atinente a la seguridad personal y no ya general como la preocupación securitaria, y en la segunda parte, esto es, la pregunta propiamente dicha, una reacción afectiva
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
61
individual, ya que remite al sentimiento de seguridad personal (Box et al., 1988; Robert
y Pottier, 1997). En este último caso, cabe recordar que se trata de la declaración de un
sentimiento y no el sentimiento en sí mismo (Kessler, 2009).
Además, cabe señalar que las preguntas sobre el sentimiento de inseguridad suelen
tener sesgos de género y edad, ya que en general los varones y los jóvenes tienden
a declarar un menor nivel de temor al delito que las mujeres y que los mayores en
similares contextos, cuando en general son los más victimizados. Existen numerosas
hipótesis sobre dicha paradoja, pero en esta ocasión sólo se hará mención de ello por
falta de espacio (ver Goodey, 1997; Hurwitz y Smithey, 1998; Otamendi, 2012b; Sacco,
1990; Stanko, 1995; Sutton y Farrall, 2005). Por dichos sesgos, en muchos cuestionarios,
las preguntas sobre el sentimiento de inseguridad han sido reformuladas, tratando de
evitarlos o al menos reducirlos, como en este caso, donde se alude también a la evaluación cognitiva del riesgo de victimización.
Más allá de si es cognitiva o afectiva, se trata de una medición de la autopercepción
de seguridad en el entorno cercano, a diferencia del bloque anterior que se refería a
la seguridad a nivel colectivo. En el caso de la Encuesta Latinobarómetro la pregunta
equivalente es:“P78ST. ¿Cuán frecuentemente se preocupa Ud. de que pueda llegar a
ser víctima de un delito con violencia?”. En la Tabla 3 del Anexo se pueden encontrar los
resultados de la misma.
Cuadro 4. Sentimiento de inseguridad respecto de ser víctima de asalto o robo en el
lugar de residencia según país de América Latina, 2004-2012 (en %).
2004
2008
2010
2012
Argentina
61,5%
52,3%
34,6%
Belice
26,2%
44,5%
30,9%
Bolivia
50,5%
47,2%
43,0%
39,8%
Brasil
33,2%
31,1%
28,2%
Chile
Colombia
45,6%
49,3%
34,6%
28,7%
38,0%
37,3%
34,5%
34,1%
32,5%
Costa Rica
38,0%
48,3%
27,0%
24,8%
29,7%
Ecuador
35,0%
44,7%
40,3%
37,5%
38,1%
El Salvador
42,4%
47,1%
38,8%
50,1%
42,5%
Guatemala
42,2%
38,6%
36,8%
37,8%
31,5%
31,9%
26,1%
22,4%
23,8%
Guyana
Haití
Honduras
62
2006
56,3%
44,3%
29,8%
40,1%
36,6%
35,1%
38,1%
26,4%
23,2%
Jamaica
26,6%
21,4%
22,5%
13,9%
México
35,5%
40,2%
34,8%
41,0%
36,8%
Nicaragua
43,4%
38,0%
28,9%
37,2%
29,1%
Panamá
44,6%
35,6%
27,1%
26,8%
18,8%
Paraguay
36,3%
38,1%
37,0%
24,5%
Perú
67,1%
54,6%
57,9%
50,0%
República Dominicana
50,3%
33,0%
43,7%
38,6%
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Uruguay
45,2%
42,7%
34,0%
32,4%
Venezuela
44,9%
41,6%
50,0%
43,7%
Nota: Porcentaje de encuestados de cada país que contestan “muy inseguro” y “algo inseguro” a la pregunta
“Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o
robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)?”, LAPOP.
Fuente: elaboración propia a partir de LAPOP.
En cuanto a la autopercepción de seguridad en el barrio de residencia, en la primera
onda de 2004 de la Encuesta LAPOP, más del 35% de los encuestados declaran sentirse
algo o muy inseguros en sus barrios, siendo la mayoría de dichos países de América
Central. Luego, en la onda de 2006 cuando más países se incorporan, llama la atención el
alto sentimiento de inseguridad en Perú, ya que 2 de cada 3 encuestados dicen sentirse
inseguros en sus lugares de residencia, siendo también alto en Bolivia (50,5%). En efecto,
la mayoría de los países en el 2006 presentan valores elevados, siendo menor sólo en
los casos de Jamaica y Guyana. En la onda siguiente (2008), se destaca la alta percepción
de inseguridad en Argentina (61,5%).
Para el 2012 en la Encuesta LAPOP, se destaca que en la mayoría de los países se redujo
dicho sentimiento con respecto a las primeras mediciones, aunque en algunos casos sigue siendo elevado. Así, la mayor reducción se produce en Panamá que pasa de superar
el 44% en el 2004 a menos del 19% en el 2012. Otro caso de gran reducción es Argentina, aunque para un período menor, ya que pasa del 61,5% en el 2008 al 34,6% en el
2012. Cabe destacar además las reducciones en el sentimiento de inseguridad en Perú,
Chile y Haití, aunque sigue siendo elevado en Perú (50%) y en Haití (40,1%) en el 2012.
En el resto de los países también se producen reducciones y en muy pocos casos se
mantiene estable o se produce un pequeño incremento que no supera los 5 puntos
porcentuales como en Belice, Ecuador, México y El Salvador. Más allá de su evolución interna, en el 2012 superaban el 40% de encuestados inseguros los países de Perú (50,0%),
Venezuela (43,7%), El Salvador (42,5%), Haití (40,1%) y muy cerca Bolivia (39,8%).
Teniendo en cuenta los datos analizados anteriormente de evaluación macrosocial de la
delincuencia como problema nacional, se observa que no necesariamente coinciden con
las tendencias de la percepción de inseguridad en los barrios. Este tipo de paradojas puede
responder a varias razones. Como ya se señaló, si bien la delincuencia puede diluirse en
algunos años como problema prioritario nacional en competencia con otros problemas,
sigue siendo grave y así es percibido en los barrios. También puede suceder lo inverso,
donde la percepción del propio barrio haya mejorado, pero aún se considera que la delincuencia es un problema prioritario a nivel nacional, probablemente por lo que reflejan los
medios de comunicación sobre hechos ocurridos en el resto de cada país.
Victimización criminal
Hasta ahora se analizaron las percepciones sobre la inseguridad tanto del nivel nacional
como del nivel barrial. Sin embargo, falta preguntarse si dichas percepciones reflejan o
no los niveles de victimización delictiva. Como sucede en varios estudios, en general se
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
63
produce una paradoja, donde los países con mayores niveles de violencia y delito, no
son necesariamente los países que lideran los rankings de reacciones sociales hacia la
inseguridad (Bateson, 2009; Malone, 2010; PNUD, 2013).
En este caso se analizarán los niveles de victimización criminal de cada país, calculado
a partir del porcentaje de encuestados que en la Encuesta LAPOP respondieron afirmativamente a la pregunta “Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún
acto de delincuencia en los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un
robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto
delincuencial en los últimos 12 meses?”. Como se puede observar, es una pregunta
muy general que incluye la victimización a distinto tipo de delitos y que requieren de la
persona encuestada cierto conocimiento de conceptos legales. En este sentido, se evidencia que no se trata de una Encuesta de Victimización donde por lo general se hace
una pregunta por cada tipo delictivo que además incluye una definición sociológica del
lenguaje común para la comprensión del tipo delictivo.
Sin embargo, se elige analizar estas respuestas de LAPOP en más detalle, ya que la pregunta similar de la Encuesta Latinobarómetro es más general aún: “¿Ha sido Ud.(1) o
algún pariente (2) asaltado, agredido, o víctima de un delito en los últimos doce meses?”.
En efecto, aquí se nombran menos tipos delictivos y la unidad de análisis es la persona
encuestada, pero también algún pariente lo cual puede ser una categoría muy laxa, ya
que algunos pueden incluir sólo a los que cohabitan y otros no, algunos al núcleo familiar
y otros a la familia extendida, etc. De todas maneras, se presentan sus resultados en la
Tabla 4 del Anexo.
Cuadro 5. Porcentaje de victimizados en cada país de América Latina, 2004-2012 (en %).
Argentina
2006
2008
2010
2012
27,5%
26,2% 21,3%
Belice
10,6%
11,8%
11,0%
Bolivia
24,7%
15,0%
17,6%
26,2%
27,8%
Brasil
15,5%
16,3%
17,3%
16,4%
Chile
23,1%
22,2%
16,7% 14,0% Colombia
14,4%
13,2%
15,5%
20,5%
21,0%
Costa Rica
15,2%
16,5%
15,9%
19,0%
17,5%
Ecuador
14,9%
18,2%
20,9%
24,5%
28,1%
El Salvador
17,1%
15,6%
19,0%
24,2%
17,4%
Guatemala
12,8%
19,2%
17,1%
23,3%
20,8%
Guyana
11,0%
7,9%
9,0%
8,0%
Haití
16,9%
14,3%
21,0%
19,7%
13,7%
19,2%
13,7%
14,0%
18,7%
10,1%
8,3%
10,1%
8,5%
Honduras
Jamaica
64
2004
México
17,3%
20,2%
16,1%
25,9%
23,1%
Nicaragua
15,2%
16,0%
16,5%
19,2%
13,4%
Panamá
14,8%
7,1%
8,4%
11,3%
6,7%
Paraguay
17,3%
16,6%
18,2%
15,3%
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Perú
26,2%
25,4%
31,1%
28,1%
República Dominicana
16,2%
14,8%
16,5%
19,1%
Uruguay
21,6%
22,0%
20,9%
22,8%
Venezuela
25,1%
21,4%
26,2% 19,4%
Nota: Porcentaje de encuestados de cada país que responden afirmativamente a la pregunta “Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha
sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto
delincuencial en los últimos 12 meses?”, LAPOP.
Fuente: elaboración propia a partir de LAPOP.
Teniendo en cuenta el nivel de victimización (Cuadro 5), se observa que si bien los países de América Central solían liderar la preocupación por la seguridad, sorpresivamente
no muestran los niveles más elevados de victimización delictiva tal como es medida en la
encuesta LAPOP. En efecto, los países sudamericanos parecieran llevar la delantera: Perú,
Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay, Ecuador y Bolivia superan el promedio de 20% de
victimización para los años relevados en cada caso. A excepción de México, en el resto
de los países el nivel de victimización promedio es menor al 20%. En este sentido, se
produce una similitud con el sentimiento de inseguridad, ya que los países sudamericanos también lideraban la tabla, en particular Perú y Venezuela.
Por otra parte, resulta llamativo que países de bajas tasas de homicidio como Chile,
Uruguay y Argentina, pero también Perú (ver UNODC, 2013), muestran mayores
porcentajes de población victimizada que otros países con altas tasas de homicidio
como los centroamericanos. Pareciera que la victimización medida por encuesta refleja cierto tipo de delincuencia, probablemente más urbana y vinculada principalmente
a delitos contra la propiedad que las tasas de homicidio que suelen dar cuenta de
mayores niveles de violencia, no necesariamente vinculados a dinámicas de delito
común, sino también de delincuencia organizada, conflicto armado o por conflictos
interpersonales, aunque desde luego hay situaciones intermedias que combinan ambos fenómenos.
Por lo tanto, repasando los datos hasta aquí, se puede sugerir una doble dinámica: por
un lado, los países con mayores tasas de homicidio muestran una mayor preocupación
por la seguridad como tema nacional, al menos en algunos años; y por el otro, en los
países con mayor proporción de población victimizada, los encuestados se muestran
más temerosos de ser victimizados en sus barrios. En este último caso, pareciera que
los delitos que la población sufre cotidianamente en países como Chile y Uruguay y que
no llegan a ser homicidios, dispara el sentimiento de inseguridad personal, aunque se
reconocen otras prioridades a nivel nacional. De todas maneras, se observa que luego
la preocupación por el tema aumenta, al menos para el final del período.
Como se señaló, esto puede deberse a que los países sudamericanos sufrieron diferentes crisis económicas y sociales a comienzos de la década, siendo prioritario el problema
de la desocupación, pero que una vez superadas dichas crisis, la inseguridad pasó a ser
el tema central en sus agendas. Por otra parte, el conflicto armado en otros países, la
presencia de maras y pandillas, y los altos niveles de homicidio, podrían verse reflejados
en la alta preocupación securitaria como tema nacional, aunque el temor a ser víctimas
de delitos menores no fuera tan elevado.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
65
Para analizar si estas tendencias se comprueban estadísticamente, se analiza de manera
exploratoria una regresión lineal simple entre nivel de victimización delictiva como variable independiente y diferentes reacciones sociales hacia la inseguridad como variable
dependiente o efecto: la preocupación delictiva, la preocupación securitaria y por último,
el sentimiento de inseguridad. De esta manera, se busca explorar si la victimización
delictiva medida como lo hace la Encuesta LAPOP tiene una relación más fuerte con
el sentimiento de inseguridad en el barrio que con la preocupación general sobre la
delincuencia o sobre la inseguridad como problema nacional.
En el siguiente Gráfico 1 se puede observar que en el 2012 prácticamente no hay una
relación lineal entre el nivel de victimización de cada país y la preocupación delictiva (R2
de 0,015). En efecto, se nota que los países con mayor nivel de victimización en el 2012
como Ecuador, Perú y Bolivia, no son los que muestran mayor nivel de preocupación
delictiva. Al contrario, países con menor nivel de victimización como Chile y Jamaica
muestran mayores niveles de preocupación. Venezuela aparece como un valor extremo
por su alto nivel de preocupación delictiva, por encima de su nivel de victimización tal
como es medido en la Encuesta LAPOP.
Gráfico 1. Regresión lineal simple entre Porcentaje de Victimización Delictiva y Nivel
de Preocupación Delictiva, países de América Latina, 2012.
Nota: Porcentaje de Victimización Delictiva: Porcentaje de encuestados de cada país que responden afirmativamente a la pregunta “Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en
los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión,
amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses?”, LAPOP.
Nivel de Preocupación Delictiva: Porcentaje de encuestados de cada país que contestó: “delincuencia/crimen”
a la pregunta “en su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?”, LAPOP.
Fuente: elaboración propia a partir de LAPOP, 2012.
66
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Luego, si en lugar de tomar la preocupación delictiva, se considera la preocupación securitaria, incluyendo como problema más grave del país a la delincuencia, la inseguridad,
la violencia, los secuestros, el narcotráfico y las pandillas, se observa un mejor ajuste,
aunque sigue siendo bajo (R2 de 0,105) para el 2012 (Gráfico 2).
Gráfico 2. Regresión lineal simple entre Porcentaje de Victimización Delictiva y Nivel
de Preocupación Securitaria, países de América Latina, 2012.
Nota: Porcentaje de Victimización Delictiva: Porcentaje de encuestados de cada país que responden afirmativamente a la pregunta “Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en
los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión,
amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses?”, LAPOP.
Nivel de Preocupación Securitaria: Porcentaje de encuestados de cada país que contestó: “delincuencia/crimen”, “narcotráfico” y “pandillas”, “falta de seguridad”, “secuestros” y “violencia” a la pregunta “en su opinión
¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?”, LAPOP.
Fuente: elaboración propia a partir de LAPOP, 2012.
Finalmente cuando se explora la incidencia de la victimización delictiva en el nivel de
sentimiento de inseguridad, se observa una fuerte relación, ya que la variabilidad del
nivel de victimización explicaría en un 57,6% la variabilidad del sentimiento de inseguridad (R2 de 0,576) para los países de América Latina seleccionados en el 2012. Como
se puede ver en el Gráfico 3, a mayor nivel de victimización, mayor sentimiento de
inseguridad en el barrio.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
67
Gráfico 3. Regresión lineal simple entre Porcentaje de Victimización Delictiva y Nivel
de Sentimiento de Inseguridad, países de América Latina, 2012.
Nota: Porcentaje de Victimización Delictiva: Porcentaje de encuestados de cada país que responden afirmativamente a la pregunta “Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en
los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión,
amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses?”, LAPOP.
Nivel de Sentimiento de Inseguridad: Porcentaje de encuestados de cada país que contestan “muy inseguro”
y “algo inseguro” a la pregunta “Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad
de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy
inseguro(a)?”, LAPOP.
Fuente: elaboración propia a partir de LAPOP, 2012.
Este mismo análisis se realizó para todos los años estudiados (2004-2012) para los 22
países corroborando la misma hipótesis: mientras un incremento en la victimización
delictiva no pareciera explicar las variaciones en la preocupación delictiva (R2 0,000) ni
securitaria (R2 0,001), sí pareciera incidir en el sentimiento de inseguridad (R2 0,388). Lo
anterior da cuenta que el nivel de victimización incidiría en mayor medida en el sentimiento de inseguridad en el barrio que en la preocupación por el tema a nivel nacional,
tal como fue planteado.
De todas maneras, se trata de un análisis exploratorio que debe incluir un mayor número de variables, tales como la confianza en la comunidad y la confianza en la policía
(Fleitas et al., 2014) y al mismo tiempo analizarlo a nivel individual, además del nivel
agregado (Ortega y Sanguinetti, 2014).
68
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Conclusiones
En el presente artículo se presentó como tema de análisis las reacciones sociales hacia
la inseguridad mostrando su relevancia social, económica y política, particularmente en
América Latina. Luego de definir dichas reacciones como parte del cuadrado del delito
conformado por la víctima, el victimario, el Estado y el público, se distinguió, desde la
psicología social, entre las respuestas afectivas, cognitivas y conductuales. Así, cada tipo
de respuesta fue operacionalizado en diferentes indicadores. Luego, se señaló a las encuestas de victimización como el método más apropiado para medir dichos indicadores
de opinión pública. A falta de una encuesta de victimización regional, más allá de los
antecedentes de UNICRI y de los intentos actuales de INEGI-UNODC, el análisis se
centró en las encuestas de opinión pública LAPOP de la Universidad de Vanderbilt y de
la Encuesta Latinobarómetro de la corporación homónima.
En particular, se analizaron como indicadores de reacciones sociales hacia la inseguridad la
preocupación delictiva (concern) como una respuesta cognitiva sobre la seguridad a nivel
macrosocial. En efecto, se hizo foco en las respuestas que indicaban a la delincuencia como
el problema más grave o preocupante del país. Allí se observó que países como Chile,
El Salvador y Guatemala, y con ciertas discontinuidades Venezuela, Costa Rica y Jamaica
presentaban altos niveles de preocupación delictiva a lo largo de todo el período.
En este punto se destaca que países como Chile y Costa Rica comparten niveles similares
de inquietud por la delincuencia que países con mayores niveles de violencia, al menos de
homicidios, como El Salvador y Guatemala. Esto puede responder a varios motivos, entre
ellos, a que los residentes de países como Chile y Costa Rica se enfocan más en la delincuencia porque hubo un aumento considerable y repentino de la misma o porque otros
problemas se encuentran más encaminados. O bien puede responder a que la preocupación por el tema expresa otros malestares sociales como las tensiones generadas por la
estructura de clase, la heterogeneidad social y ciertos patrones culturales.
Al contrario, los encuestados de países como Nicaragua, Colombia, Brasil y Paraguay se
muestran poco preocupados por el tema a lo largo de la década. Se sugiere que esto
puede deberse a que otros problemas demandan una mayor atención pública, como
la pobreza o como las guerrillas en Colombia. Finalmente, los encuestados de Ecuador,
Perú y México exhiben una baja preocupación al comienzo del período y una alta hacia
el final en 2012 (Encuesta LAPOP), mientras que en otros casos las tendencias son más
erráticas. En este punto se señala que es necesario tener en cuenta los procesos sociohistóricos y culturales de cada país para comprender dichas fluctuaciones, tarea que
escapa del presente análisis.
Teniendo en cuenta que la pregunta por el problema más grave del país era abierta,
se analizó la evolución de la preocupación securitaria, incluyendo no sólo a la preocupación por la delincuencia, sino también por el narcotráfico, las pandillas, la violencia y
la inseguridad. De esta manera se obtuvo una medición más valida de la preocupación
por el tema a nivel macrosocial. Nuevamente Guatemala, El Salvador y Venezuela lideran la preocupación y le siguen de cerca la República Dominicana, Colombia y Chile.
Luego, presentan valores bajos Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Al final del período, llama la
atención el incremento de la preocupación securitaria en Uruguay y Costa Rica, países
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
69
tradicionalmente sin una preocupación fuerte por el tema, que se acercan o incluso se
equiparan a países como El Salvador, Guatemala y Venezuela en ambas encuestas.
Nuevamente se recuerda que se debe analizar las peculiaridades de cada país para
comprender sus fluctuaciones. Para ilustrarlo, se presentó el ejemplo de Chile donde
la alta preocupación por la seguridad sólo se ve disminuida en la onda del 2010 tras
el terremoto que devastó a varias ciudades costeras, luego del cual se incrementó
la preocupación por la reconstrucción del país, en detrimento de la preocupación
securitaria. Para cerrar esta parte, se observa que la mayoría de los encuestados de
los países latinoamericanos a lo largo de todo el período señalan que el nivel de delincuencia actual es una amenaza para el bienestar del futuro del país, lo cual muestra
el consenso que existe en torno a la delincuencia como amenaza del futuro.
Luego, se analizó el sentimiento de inseguridad a partir de los que respondieron sentirse inseguros o muy inseguros de ser víctima de un asalto o robo en su barrio. De
esta manera, se analizó un indicador de tipo más afectivo individual en contraposición
con uno cognitivo macrosocial como la preocupación securitaria. En este caso, se destacan los altos valores en Perú, Argentina y Bolivia. A su vez, se señala que no siempre
una alta preocupación securitaria coincide con un alto nivel de temor y viceversa. Se
sugiere que lo anterior puede deberse a que otros problemas compiten por la atención pública, a pesar del temor generalizado a ser víctima del delito a nivel barrial. O
al contrario, puede suceder que el entorno se siente como más seguro que el resto
del país, donde se evalúa a la inseguridad como problema grave.
Para comprobar si dichas percepciones reflejan los niveles de victimización delictiva de
cada país, se analizaron las respuestas afirmativas sobre haber sufrido un hecho delictivo
en el último año. Allí se nota que los países sudamericanos como Perú, Argentina, Chile,
Venezuela, Uruguay, Ecuador y Bolivia llevan la delantera. A primera vista, se destaca
que algunos de estos países como Argentina, Chile y Uruguay presentan altos niveles
de victimización, aunque bajos de homicidios. Por lo tanto, se señala que la victimización
así medida pareciera tener más que ver con la delincuencia urbana vinculada a delitos
contra la propiedad que a la violencia asociada a la delincuencia organizada o a otros
tipos de violencia más comunes en otras latitudes.
Finalmente, se analizó de manera exploratoria cómo se vinculaban dichas experiencias
de victimización con las reacciones sociales hacia la inseguridad analizadas aquí. De esta
manera, se obtuvo que la victimización delictiva, al menos como fue medida aquí, incidiría en mayor medida en el sentimiento de inseguridad en el barrio que en la preocupación por el tema a nivel macrosocial. Así, pareciera tener cierta relación las experiencias
personales con la delincuencia con el temor personal a ser víctima en el barrio y menos
que ver con la preocupación más política por el tema a un nivel general.
Lo anterior y lo analizado hasta aquí dan cuenta de la necesidad de estudiar las reacciones sociales hacia la inseguridad de manera profunda, con indicadores elaborados que
reflejen las diferentes dimensiones subyacentes, ya que dan cuenta de diferente tipo de
respuestas que no siempre coinciden. En efecto, se sostiene que se deben analizar las
respuestas afectivas, cognitivas y conductuales por separado, y cuando sea posible distinguiendo entre aquellas que aluden al plano personal de aquellas que aluden al plano
colectivo. A su vez, se deben incluir otras variables y probar el análisis a nivel agregado
y a nivel individual.
70
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Estas diferentes reacciones hacia la inseguridad son respuestas no mecánicas ante las
experiencias personales vividas con la delincuencia, donde también inciden los relatos
y vivencias de otros significativos así como también los relatos emotivos transmitidos
por los medios de comunicación. En efecto, como lo señala Roché (1998), si bien las experiencias de victimización personal afectan las propias reacciones, dichas experiencias
son interpretadas desde un preconstructo psíquico, ideológico y social, dando lugar a
diferentes reacciones hacia la inseguridad.
Como se señaló en la sección metodológica, esto refuerza la idea de que si bien los
hechos considerados como delitos, en particular los violentos, se vinculan con las reacciones hacia la inseguridad, son fenómenos diferentes que merecen ser estudiados
por su cuenta. En esta sección, se pudo en parte mostrar dicha distinción y ciertas regularidades, aún teniendo en cuenta que la calidad de los datos es limitada porque son
indicadores que no recogen necesariamente los adelantos teóricos del tema, ya que se
trata de encuestas de opinión y no de victimización.
Nuevamente, se aboga por un mayor desarrollo teórico y metodológico de las herramientas que permitan la medición de un tema complejo como las reacciones sociales
hacia la inseguridad que tienen una considerable trascendencia política, económica y
social para las sociedades latinoamericanas, ya que pueden erosionar el apoyo a la democracia, el desarrollo económico y el bienestar social.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
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76
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Anexo
Tabla 1.Delincuencia como problema más grave que enfrenta país según país de América Latina, 2004-2011 (%).
Argentina
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
14%
13%
23%
25%
21%
21%
37%
34%
Bolivia
0%
5%
2%
2%
1%
7%
5%
11%
Brasil
13%
10%
7%
17%
8%
6%
10%
7%
Chile
20%
26%
22%
30%
15%
24%
19%
21%
Colombia
4%
5%
5%
5%
9%
7%
13%
15%
Costa Rica
9%
9%
16%
18%
22%
32%
38%
44%
Ecuador
3%
5%
7%
7%
10%
13%
24%
33%
El Salvador
19%
26%
40%
32%
19%
32%
43%
40%
Guatemala
22%
39%
36%
38%
24%
24%
35%
30%
Honduras
14%
23%
26%
22%
22%
1%
25%
30%
México
12%
25%
17%
13%
33%
18%
35%
38%
Nicaragua
2%
2%
1%
2%
1%
0%
1%
3%
Panamá
5%
3%
16%
19%
24%
45%
46%
33%
Paraguay
13%
19%
13%
12%
16%
18%
22%
28%
Perú
2%
2%
10%
5%
4%
6%
18%
20%
Rep. Dominicana
1%
14%
11%
11%
12%
9%
20%
11%
Uruguay
1%
3%
7%
7%
18%
29%
28%
40%
Venezuela
14%
26%
40%
47%
57%
55%
64%
61%
Nota: Sólo respuestas Delincuencia / seguridad pública a pregunta P2ST. En su opinión, ¿Cuál considera Ud.
que es el problema más importante en el país? (abierta)
Fuente: elaboración propia a partir de Latinobarómetro.
Tabla 2. Seguridad ciudadana como problema más grave que enfrenta el país, según
país de América Latina, 2004-2011 (%).
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Argentina
14%
13%
23%
25%
23%
22%
37%
36%
Bolivia
0%
5%
2%
2%
2%
9%
6%
17%
Brasil
13%
11%
7%
17%
20%
20%
21%
22%
Chile
20%
26%
22%
30%
15%
25%
19%
23%
Colombia
5%
6%
6%
6%
28%
25%
15%
29%
Costa Rica
10%
9%
17%
18%
26%
35%
43%
51%
Ecuador
3%
5%
7%
7%
10%
13%
26%
33%
El Salvador
19%
26%
40%
32%
22%
34%
57%
51%
Guatemala
22%
39%
36%
38%
40%
38%
51%
52%
Honduras
14%
23%
26%
22%
23%
2%
28%
36%
México
12%
26%
18%
15%
36%
20%
40%
43%
Nicaragua
2%
2%
1%
2%
1%
1%
2%
6%
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
77
Panamá
5%
3%
17%
19%
25%
49%
54%
39%
Paraguay
13%
19%
13%
12%
16%
18%
22%
30%
Perú
2%
2%
10%
5%
5%
7%
19%
21%
Rep. Dominicana 1%
14%
11%
11%
13%
12%
22%
14%
Uruguay
1%
3%
7%
7%
20%
30%
30%
41%
Venezuela
14%
26%
40%
47%
57%
55%
65%
62%
Nota: Respuestas sumadas de “Delincuencia”, “Narcotráfico” y “Violencia/pandillas” a pregunta P2ST. En su
opinión, ¿Cuál considera Ud. que es el problema más importante en el país? (abierta).
Fuente: elaboración propia a partir de Latinobarómetro.
Tabla 3. Porcentaje que se preocupa todo el tiempo de ser víctima de un delito con
violencia en países de América Latina, 2007-2011 (en %).
Argentina
2007
2009
2010
2011
37%
33%
27%
29%
Bolivia
35%
36%
34%
34%
Brasil
42%
45%
43%
47%
Chile
37%
26%
23%
25%
Colombia
29%
26%
29%
35%
Costa Rica
49%
40%
41%
50%
Ecuador
42%
34%
36%
43%
El Salvador
41%
38%
32%
42%
Guatemala
27%
29%
35%
45%
Honduras
45%
27%
34%
40%
México
34%
31%
40%
47%
Nicaragua
34%
21%
22%
36%
Panamá
25%
14%
29%
34%
Paraguay
70%
31%
40%
44%
Perú
31%
28%
30%
32%
Rep. Dominicana
48%
29%
34%
39%
Uruguay
24%
22%
18%
29%
Venezuela
37%
40%
41%
49%
Nota: Sólo respuesta “Todo o casi todo el tiempo” a pregunta “P78ST. ¿Cuán frecuentemente se preocupa Ud.
de que pueda llegar a ser víctima de un delito con violencia?”
Fuente: elaboración propia a partir de Latinobarómetro.
78
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Tabla 4. Porcentaje de victimizados en cada país de América Latina, 2004-2011 (en %).
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Argentina
43%
36%
42%
40%
47%
39%
40%
35%
38%
Bolivia
31%
33%
44%
29%
42%
32%
39%
30%
37%
Brasil
36%
27%
45%
33%
42%
40%
40%
25%
31%
Chile
34%
33%
39%
34%
40%
31%
31%
24%
29%
Colombia
36%
24%
37%
31%
34%
28%
30%
31%
38%
Costa Rica
32%
36%
44%
32%
32%
33%
35%
34%
38%
Ecuador
32%
37%
51%
34%
38%
33%
51%
35%
32%
El Salvador
39%
29%
34%
25%
41%
36%
71%
70%
27%
Guatemala
32%
34%
40%
44%
33%
31%
38%
34%
35%
Honduras
27%
33%
32%
31%
44%
36%
32%
31%
36%
México
60%
61%
67%
33%
39%
42%
38%
30%
41%
Nicaragua
30%
32%
37%
28%
28%
28%
32%
29%
31%
Panamá
25%
18%
21%
17%
14%
12%
29%
19%
19%
Paraguay
37%
40%
39%
24%
41%
30%
31%
29%
29%
Perú
34%
33%
47%
35%
43%
37%
38%
29%
40%
Rep. Dominicana
SD
30%
30%
40%
27%
25%
42%
32%
27%
Uruguay
26%
18%
39%
31%
35%
28%
31%
19%
30%
Venezuela
45%
42%
48%
35%
49%
53%
39%
27%
32%
Nota: Respuesta afirmativa a P80ST.A ¿Ha sido Ud. (1) o algún pariente (2) asaltado, agredido, o víctima de
un delito en los últimos doce meses?
Fuente: elaboración propia a partir de Latinobarómetro.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
79
CUADRO
ECOLÓGICO
Por Adrián Cangi* (UNDAV)
Resumen
Las transformaciones geográficas, el crecimiento demográfico y el entramado del desarrollo técnico han afectado los procesos histórico-productivos que modificaron irreversiblemente la ciudad como modo de vida comunitario hasta convertirla en una “ciudad-territorio” posmetropolitana alterando las prácticas existenciales que la atraviesan. Las
subjetividades parecen replegarse al mismo tiempo que se desmoronan en la ciudad-territorio expresando un creciente desajuste entre el territorio físico, existencial, social y
político. Entre el intempestivo ensayo argentino (de Martínez Estrada a Christian Ferrer)
y el pensamiento de Félix Guattari, se trata de intentar pensar una ecología de las ideas,
entre decadencias locales y globales y modos de avizorar posibles porvenires. Necesitamos diagnósticos capaces de coser registros técnicos, políticos y culturales para dar cuenta,
tanto de las mutaciones en el orden de la ciudad, como de las transformaciones subjetivas
que determinan nuestras prácticas. Objeto de la “ecosofía” es la “inclusión” social, que no
puede darse por decreto sin una singularización inventiva de los cuerpos. Incluir no es
someter a la obediencia y al mando sino singularizar para la invención y autonomía crítica
de las relaciones por venir capaces de dar a luz instituciones más libres e integradoras.
Palabras clave: ciudad - ecosofía - ecología - subjetividad - desterritorialización planeta – política
* Doctor en Sociología y en Filosofía y Letras. Director de la Maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas
(UNDAV). Profesor e investigador UBA, UNLP, UNDAV y Universidad del Cine. Ensayista.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
81
Abstract
Geographical transformations, population growth and technical development framework have affected historical-productive processes that irreversibly changed the
city as a communal lifestyle to make it a post-metropolitan “Territory City” altering
existential practices that go through it. Subjectivities seem to retreat while crumble in
“Territory City” expressing a growing mismatch between the physical, existential, social
and political territory. Among the untimely Argentine essay (from Martínez Estrada to
Christian Ferrer) and Félix Guattari’s thought, it comes to trying to think an ecology
of ideas, between local and global decadences and ways of get a glimpse of possible
futures. We need diagnoses capable of sewing technical, political and cultural records to
account for both mutations in the order of the city, as the subjective transformations
that determine our practices. Object of “ecosophy” is social “inclusion”, which cannot be
created by decree without an inventive singling out of the bodies. Inclusion is not subject
to the control and obedience but singling to enhance invention and critical autonomy of
relationships to come, able to give birth to more free and inclusive institutions.
Key words: city – ecosophy - ecology - subjectivity - deterritorialization - planet politics
“La naturaleza ha pasado a ser ciudad como la ciudad a ser parte del planeta”
Ezequiel Martínez Estrada
“El problema es saber de qué forma se va a vivir de aquí en adelante sobre este planeta”
Félix Guattari
Entramado
Elijo titular este texto en un explícito homenaje a los pensadores argentino y francés
Ezequiel Martínez Estrada y Félix Guattari porque creo que el único legítimo problema
para preguntarse por la noción de “medio ambiente” es saber de qué forma se va a vivir
sobre este planeta, en el que la ciudad ha pasado a ser un territorio continuo que se extiende hacia la tierra entera. Las transformaciones geográficas, el crecimiento demográfico
y el entramado del desarrollo técnico han afectado los procesos histórico-productivos
que modificaron irreversiblemente la ciudad como modo de vida comunitario hasta convertirla en una “ciudad-territorio” posmetropolitana alterando las prácticas existenciales
que la atraviesan. Vale recordar que en Las tres ecologías (1990) Guattari decide abrir su
82
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
libro con un homenaje a Gregory Bateson, quien en La ecología del espíritu (1972, T II)
sintetiza la orientación del pensador francés: “Así como existe una ecología de las malas
hierbas, existe una ecología de las malas ideas”. No dudamos de la precisión de este pensamiento, sólo hace falta ver cómo en las llamadas épocas de bonanza —y éste es un signo
inequívoco de los tiempos que corren en nuestra localidad— la marginalidad opresiva y la
violenta angustia de los “sin techo” y los “sin retorno” se exacerba en modos de vida que
se dirigen hacia distintos “arcaísmos”: o bien hacia aquellos que toman la forma de “bandas” en una creciente “narco-cultura” que funde “patotas”, “gángsters” y “narcos” como un
modo de producción legitimada, en la que las “tareas” fuera de la ley son concebidas como
“laburos”; o bien hacia aquellos otros en los que reza la promesa de una “salvación empresarial” asistida por las llamadas “iglesias universales”, que miden el potencial de felicidad
productivo según las marismas del alma.
Lo más gallardo de nuestra cultura y sus valores se pierde en variedad de ejemplos que
oscilan entre violentos y víctimas, entre jefes y serviles sin consideración alguna por las
tramas afectivas que hacen al “nosotros” común. La pesada herencia de una sociedad
dictatorial y delatora presta al “micro-fascismo” en las relaciones sociales y al liderazgo patriarcal personalista en las formas de ejercicio del poder no ha podido revertirse en la subjetividad y en los modos vitales de los argentinos. Las transformaciones de los “derechos
civiles” acrecentados y las pretensiones de un Estado decidido a la “inclusión” social no han
alcanzado para reorientar la vida ética de los cuerpos y la moral de las instituciones. Entre
jueces impresentables y funcionarios reaccionarios navega nuestra cultura constituida por
la informalidad institucional más allá de los esfuerzos llamados “progresistas”. Informalidad
entramada en la irregularidad laboral amparada por el Estado bajo la figura de contrataciones más cercanas a la “flexibilización” del trabajo que al reclamado pleno empleo y en
formas de una educación deficitaria lejos de posiciones críticas y transformadoras más allá
de la legítima inversión del Estado. Se dirá que hay que revertir nefastos procesos históricos de larga duración para comenzar a ver la transformación social por la inversión del
Estado. No tenemos duda de ello y sin embargo, los llamados “estilos locales” de nuestra
cultura política no cesan de oscilar entre la consistencia de los deseos y la inconsistencia
de las prácticas. Ni siquiera la fiesta colectiva, como bien común de las donaciones de los
individuos y como inversión de los valores y de las formas sociales dominantes, logra una
duradera celebración del encuentro como acontecimiento del espectáculo de la propia
vida y de la configuración imaginativa que hace al lazo social.
Las subjetividades parecen replegarse al mismo tiempo que se desmoronan en la ciudad-territorio expresando un creciente desajuste entre el territorio físico, existencial, social y político. Cada vez resulta más lejano un programa biográfico e histórico que describa modos del
“ser-entretejido” (inter-esse) en lo común. Aquel sujeto abierto a la comunidad, que haciendo
cosas hace mundo constituyéndose a sí mismo, parece ser el último sueño ético de las prácticas resistentes. Ese principio de la constitución “de sí” abierta al mundo común permitió
interrogar a las anquilosadas formas morales de la totalidad omnicomprensiva del poder
sobre las cosas (omnitudo rerum), para valorar la existencia biográfica del cuerpo existencial
del sujeto dispuesto con sensibilidad hacia un “nosotros” antes que a un “yo”. Este sujeto
parece desaparecer de la escena, dejando trágicamente vacante la idea de que el individuo
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
83
sólo consigue ser algo “en sí” y “para sí” cuando se convierte en algo para otros y por medio
de otros, recuperando así la trama afectiva de posibles mundos para él. Este desajuste de la
cultura existencial ha comprometido nuestro “cuadro ecológico” (Martínez Estrada, 1999, pp.
143-152) como el entramado de los tres registros de una “ecosofía” (Guattari, 1990, p. 8) a
los que refiere el autor francés bajo el nombre que liga medio ambiente, relaciones sociales
y subjetividades humanas centradas en la ciudad-territorio.
La implosión generalizada ha tomado a nuestra cultura local que a pesar de los impulsos de bonanza, se desmorona por dentro, capa tras capa resultado de una historia
de tramas políticas que no logran ir más allá de patéticas prebendas y de formas de
corrupción públicas que pasan de una dirección de gobierno a otra, desconociendo
cualquier otro horizonte de interés que el del poder de las “jefaturas” y el de la clase de
los “funcionarios” como lo anticipara descarnadamente Martínez Estrada. En todos los
niveles de nuestras prácticas culturales percibimos modos de vida que no salen de un
círculo vicioso, y que se desmoronan siguiendo ciclos como si toda nuestra prepotencia
personalista constituyera una figura imponente en sus pretensiones, fundada sobre pies
de barro. Comprobamos que en la imagen del pensamiento las malas ideas son como
las malas hierbas y constituyen la impotencia de la estructura misma de la cultura como
medio ambiente biológico y psico-social, en la que viejos problemas nunca dejan de
ser actuales en el cuadro de una “ecosofía” que pretende abordar los vínculos entre
ciudad-territorio, relaciones sociales y subjetividad humana.
Dislocación
El intempestivo ensayo argentino sostenido en una ética vital, entre Martínez Estrada y
Christian Ferrer, no ha dejado de ver el “medio ambiente” de nuestra cultura más que
con exacerbado escepticismo. Es que la reinvención y transformación del entorno no
es un problema de “funcionarios-técnico-profesionales” sino de una precisa evaluación
y descripción que compromete prácticas sociales y modos de vida, sensibilidades e imágenes del pensamiento cultural, social y político.
La Urbe tiene su tiempo y su forma, simultáneamente vieja y nueva, donde se juegan
promesas e ilusiones, mitos y supersticiones, de un hombre que aspira a agotar “en sí” las
posibilidades infinitas de vida. Con sabor amargo, Martínez Estrada escribe: “Inútil inculcar
en el hombre sentimientos contrarios a las disciplinas urbanas”. La trama de barbarie y
disciplina, criminalidad y ley, fanatismo y poderío, descripto por la agudeza de esta pluma,
constituye la verdadera ley de funcionamiento de la ciudad-territorio que habitamos. El
ritmo de su andar resulta inseparable de los “placeres de droguería” y de “las malas hierbas
y sustancias de los aguantaderos” que hacen posible por igual el arrobamiento para el fanatismo bárbaro, la disciplina del poder o la huida de la consciencia. La cultura de la ley no
se opone a una “narco-cultura”, sino que una se mezcla en la otra, para motivar al “animal
triste y resignado” en el que nos hemos convertido bajo el peso de la vida metropolitana,
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
en prácticas existenciales progresivamente impotentes e inmorales que se regodean en
su propia decadencia.
La legalización del orden como una lógica de “fuerzas” y “mandos” — patéticas jefaturas
donde el poder ha quedado desnudo sin herencia de moral alguna y sin la búsqueda de
ningún ejercicio ético de los cuerpos que lo ejercen— inculca al ciudadano el disfrute
seguro de su “botín”, en la mayoría de los casos sin ningún esfuerzo y sin proyecto alguno
de construcción social. Las estampas de la decepción argentina revelan un animal humano
convertido en “dominador” y “canalla” como lo profetizan Arlt y Martínez Estrada. La
civilización urbana descripta en nuestra tradición es un “medio ambiente” donde insiste
un desajuste creciente entre subjetividad, relaciones sociales y mundo. Antaño el trabajo
organizaba y disciplinaba la vida biológica y el sistema nervioso central, según las necesidades de la ciudad, en profesiones forjadas a la medida de los intereses de un complejo
mecanismo que excedía en sus tecnologías de acción a la capacidad de comprensión
del vivir en sociedad. Nuestro presente resulta aún más aciago, contemplado a la luz de
los vaciamientos productivos y del sinsentido de la vida sensible, donde la organización y
socialización no parece perseguir la asociación por el trabajo o el legítimo interés sino por
el máximo rendimiento de los lobbies, sin pretensiones de alcanzar a la comunidad en una
contigüidad duradera de los vínculos, relaciones e instituciones.
Sabemos que cuando la “sociedad” suplanta a la “comunidad” el “tamaño” y la “distancia”
que constituye el territorio afectan a las relaciones dejando al desnudo la maquinaria
del poder. Weber (1987), en sus clásicas tipologías de ciudad, considera que el “tamaño”
de una población no decide cuándo ésta es o no es una ciudad. Simmel (1986, pp. 247261) recuerda que la “vecindad” y “jerarquía” son fenómenos psíquicos de la adhesión
comunitaria que, al transformarse en la vida del espíritu por el tamaño de la extensión e
intensidad de la vida nerviosa, cambian irreversiblemente en sus lógicas en el pasaje de
la “comunidad” a la “sociedad”. En este pasaje resulta transformada irreversiblemente la
“adhesión” afectiva y el “ligamen”, estructurado en la sociedad por la “obediencia” y el
“mando”. Martínez Estrada lee esta tradición para definir la ciudad como productora
de un “medio ecológico” y de un “hábitat artificial”, más proclive al “último hombre” que
describen Spengler (1947) y Mumford (1961) de diferentes modos, que progresivamente
se aparta de la vida hasta ser tomado por una propensión metafórica y existencial en la
“necrópolis” técnica (Croce, 1999, pp. 166-175).
La voz de Christian Ferrer resulta incisiva cuando alerta
considérese el rango de la expansión (productiva): el rastro y la extracción de energía en
todo el planeta, el aumento del poder destructivo de las armas de guerra, la objetivación
científica de la naturaleza, la destrucción de los paisajes, la superabundancia inútil de objetos
de consumo, la producción por la producción en sí misma. Todas ellas son acuciantes
de un desmadre cuyas consecuencias dañinas sólo ahora pueden ser contempladas
panorámicamente en los cuatro puntos cardinales (2012, pp. 7-12).
Ferrer denomina “círculo vicioso” al centro del progreso que se abate con sus efectos sobre
los territorios llamados “subdesarrollados” como el nuestro. No parece posible detener ese
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“émbolo rector del mundo” cuando esta imagen del pensamiento persiste de un modo
dogmático en buena parte de la cultura social y política, más proclive a modelos paternalistas
que a pensamientos críticos, e incapaz de una imagen problemática que cuestione la inercia
viciosa del círculo que anuda “técnica y desarrollo”. De este modo, no parece haber respuestas a las crisis ecológicas de la “ciudad territorio”, en la que la producción de bienes materiales e inmateriales saturan el ambiente, mientras que la pauperización revela sus dramáticos
callejones sin salida. ¿Cómo enfrentamos las crecientes paradojas de la ciudad-territorio que
constituyen el entramado de medio ambiente, relaciones sociales y subjetividad humana a la
luz del cuadro ecológico de nuestra cultura social y política, local y planetaria?
Paradojas
Creo que hoy en día ya no es posible hablar de “ciudad” en el sentido clásico del término
acuñado por Weber, que recorre la historia occidental entre la polis griega y la génesis de la
ciudad moderna. Quien haya estado o vivido en São Paulo o Shanghai sabe que no tiene
ningún sentido hablar de ciudad como lo ha hecho una vasta tradición filosófica hasta nuestros días1 (Zarone, 1997). La más reciente mutación nos revela territorios cuya “dimensión”
es métrica sin ningún sentido espacial que organice en éstos las orientaciones vitales. Todo
indica que los modos de vida no se realizan en el espacio de los intercambios sino en el
tiempo de los trayectos que señalan cuánto se tarda en transitarlos. El espacio sobre el que
se edificó nuestra cultura se ha convertido en un obstáculo. Sin embargo, los espacios como
los cuerpos poseen la densidad de la inercia frente al tiempo. Las culturas juveniles menos
proclives a la resistencia existencial piensan la felicidad como la “ubicuidad” que resulta de
la más radical idealización de los vínculos a “distancia”. Vivir el espacio como condena es
equivalente a experimentar el cuerpo como lastre. En los centros de riqueza los “lugares”
son acogedoras matrices simbólicas para los encuentros; en las modernidades periféricas devastadas los “lugares” son una extraña convivencia entre proyectos históricos abandonados y
basurales que sirven de cobijo a las formas del “hábitat”. Sobrevolando el territorio de estas
lógicas de los modos de habitar se superpone entramada con éste una “ciudad en tiempo
real” –llamada por algunos “sexto continente virtual”2 (Virilio, 1997)– constituida como una
“red de redes” que nos permitiría la ubicuidad sin densidad y resistencia de los cuerpos.
Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la ciudad moderna contenía la promesa
de transformación de la ciudad clásica en un “lugar de paso”, descentrando los “lugares”
hacia “periferias” que acogerían modos de vida más integrales, apoyados en las crecientes
tecnologías que ponían en conflicto la noción misma de espacio. Quienes confiaron en esta
1 El texto de Zarone resulta ejemplar entre muchos otros sobre las lógicas filosóficas que afectaron a la
constitución de la ciudad occidental.
2 Debemos a Virilio haber recuperado para la cultura civil el término “sexto continente virtual” de las tramas
estratégicas del uso militar.
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
descentralización para residir, y no pudieron integrar la producción a la morada, viven hoy la
venganza del espacio que se ha vuelto resistente para alcanzar sus deseos. La “comunicación”
y “comunión” de la comunidad, como aura mítica de las relaciones comunes, se encuentra
quebrada por el dispositivo de una ciudad-territorio que alcanza dimensiones posmetropolitanas crecientes. Resultado de ésta son los vínculos problemáticos entre la “morada” y la
“red”, como dos lógicas que se traman enfrentadas: o bien el “espacio” con sus dimensiones
resistentes que hacen a la física de los cuerpos y los lugares, o bien el “tiempo” con sus dimensiones de duración y conectividad intensa que hacen a la “comunicación” del espíritu.
Estas lógicas constituyen el centro de una paradoja irreversible. Los conflictos, con sus modalidades de amistad y sus factores de enemistad, no parecen resolverse en la “cercanía” de las
relaciones sin que los gestos de resistencia realizados en los “lugares” se produzcan simultáneamente a “distancia” (Virilio, 1996, pp. 45-70). El cuerpo actúa desgarrado y empequeñecido entre el lugar físico y la red comunicativa. Cada gesto que el cuerpo asume y soporta en
el espacio se ve virtualizado en las redes sociales con los apegos instantáneos a la novedad y
el olvido resultado de saturaciones informativas e inercias de un espíritu distanciado.
El “mando a distancia” modificó sin retorno la trama tardía de las Urbs, de la que proviene la
ciudad clásica y la metrópolis, a pesar de los esfuerzos de una militancia social-territorial que
busca reconstruir el ser afectivo-entretejido entre determinaciones y servidumbres históricas.
El mercado y la industria desmantelaron progresivamente los elementos propios de los “lugares” como escena de las cercanías sociales. La metrópolis está definida desde el comienzo
por la producción e intercambio de las redes. La herencia de la civitas romana –plena de
lugares con un aura para los intercambios– se diluye allí donde nunca tuvo lugar en nuestra
cultura la polis griega –por una densidad y extensión geográfica y demográfica de las concentraciones urbanas–. Nuestro modelo occidental de ciudad-territorio tiene su génesis en
la mobilis augescens romana3 (Cacciari, 2004) como matriz de las transformaciones sociales
y de las revoluciones políticas, proyectada hacia la “ciudad-planetaria-posmetropolitana”, que
al ganar en extensión pierde en intensidad de localización en los “lugares”, como espacios
vitales del intercambio. Las identidades locales urbanas, más allá de las políticas estratégicas
bien intencionadas y de las laboriosas militancias regionales, habitan una cultura de la disolución de las relaciones de cercanía en favor de los vínculos de lejanía, salvo en los entramados
de las llamadas “sociedades secretas” de distinta índole o en el movimiento de la “narco-cultura” que combina ambas lógicas en el territorio. Tal vez, por ello hay que considerar que
mientras el espacio se vuelve indefinido, las relaciones pliegan la fragmentación relacional de
los cuerpos con la comunicación plena a las redes universales. Este proceso de producción,
intercambio y mercado virtual o “desterritorializado” ha afectado los universos de valor, de
afectividad y producción inventiva de los vínculos sociales.
Las tensiones entre “centro” y “periferia”, categorías propias del urbanismo de los siglos
XIX y XX, ya no nombran aquello que pretendían indicar, porque la ciudad-territorio
se presenta como un creciente espacio indefinido —indiferente a los lugares— donde
3 Entiendo, como Cacciari, el movimiento de la metrópolis hacia la ciudad-territorio posmetropolitana que
encuentra su génesis en la raíz técnica y en la concepción móvil de la civitas romana.
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la conectividad repone el sueño de la felicidad comunicativa instantánea de los nuevos
“circos romanos” de las redes sociales. Así como los recuerdos del pasado desaparecen
en la nueva “generación de bloguistas”, así las moradas espaciales son tan necesarias
como arcaicas vistas a la luz de las redes de proyección conectiva del deseo. A pesar
de las mutaciones no dejamos de vivir las tensiones entre espacio y tiempo sin solución
como una paradoja irresoluble que la metrópolis instaló en las formas de vida.
Plan para el planeta
El planeta roza las treinta y tres ciudades con una población superior a los veinte millones de
habitantes y veintisiete de ellas están arraigadas en los países más pobres de la tierra. En estos
territorios cuanto aparece se vuelve indiferenciado, mezclando funciones financieras y directivas con moradas, bajo la forma de “espacios-contenedores” que, o bien retoman la fascinación arquitectónica de antiguos edificios de la cultura fabril, o bien apilan formas modulares
de la implacable y activa cultura ingenieril. Unos y otros modos encantan por igual a nuestras
lógicas de gobierno viendo allí tanto la recuperación del pasado como la solución pragmática
para el futuro. Pero no hay que olvidar que nuestros territorios posmetropolitanos mezclan
áreas abandonadas y restos en descomposición de glorias productivas del pasado con centros directivos, terciarios y comerciales que superponen la supervivencia con la degradación.
En este contexto planetario y local creciente resulta hasta comprensible e irreversible la
oposición e integración paradojal subjetiva entre “morada y “red”. La tensión entre arraigo
y desarraigo, entre territorio y “desterritorialización” es el resultado de una cultura material
espacial que sólo encuentra sus mundos posibles en las relaciones temporales-inmateriales.
Esta lógica afecta a las nociones de “lugar” y de “intercambio”. Los modos de vida –más allá
de las llamadas “clases medias”– no se producen hoy donde se come y duerme, donde se
ve televisión o se establecen conectividades, sino en un continente existencial desterritorializado por las fuerzas del capitalismo que sólo se “reterritorializa” con arraigo espacial si el
valor y el afecto hacen a las tramas existenciales como pertenencia e identidad territorial a
los “lugares”4 (Negri, 2001).
Sin “lugares” no hay ciudad para habitar como pausa que haga posible los intercambios materiales y afectivos de la subjetividad y la comunidad. Circular nuestras “periferias”, como espacios indefinidos e indiferentes a los lugares, como restos de una modernidad inconclusa, nos
enfrenta al dominio antropológico y social de los “no lugares”5 (Augé, 1993), donde domina
4 Para Negri no hay forma de reterritorializar las fuerzas del capital sin considerar los universos de valor y
afecto que hacen a las tramas existenciales. De la colaboración entre Negri y Guattari merece ser revisada Las
verdades nómadas. Por nuevos espacios de libertad, Donostia, Gakoa, 1996.
5 Acordamos con la noción de “lugar antropológico” que establece Augé con relación a los vínculos de cercanía y
entendemos su exploración de lo cotidiano en relación con los “no lugares” como nuevos espacios de anonimato ligados a la aceleración de personas y bienes. Sin embargo, creemos que la noción no se reduce a un lugar de
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
la disolución por las condiciones de un vaciamiento histórico-productivo de nuestra historia
local y por causas del crecimiento de la ciudad-territorio-posmetropolitana. Restaurar los
“lugares” parece ser el único programa para la reconstrucción de los vínculos sensoriales de
las relaciones con los otros.Tenemos necesidad física de lugares para nuestra dimensión corporal-afectiva más primaria. Sólo en éstos parece posible el enriquecimiento de los modos
de vida porque sin “lugar” no hay cuerpo, y sin cuerpo sólo queda la trama vacía de la información. El “cuerpo a cuerpo”, como base de las afecciones subjetivas y comunitarias, no es
una información sino un entretejido vital de las sensibilidades histórico-políticas que resulta
inseparable del sedimento existencial y emocional que hace al bien común.
La metrópolis moderna inició este proceso de “desterritorialización” que va acompañado
de un sueño de felicidad inmediata o de una mutación de los valores donde no resulta
posible pensar lo corpóreo sin las potencias incorpóreas, que despliegan los cuerpos hacia mundos posibles. Los espacios cerrados y abiertos se componen como lo actual y lo
virtual de las relaciones entre el espacio y el tiempo en las experiencias simultáneas de lo
corpóreo e incorpóreo. Es cierto que cohabitamos con otros en la indiferencia de otros
en una lógica de mundos posibles simultáneos, como también lo hacemos en un “nosotros” existencial-espacial sin el cual la subjetividad y lo común no tendrían lugar. Es una
condición de nuestro “hábitat”, y por ello no es prerrogativa de la riqueza económica el
encierro actual y la conectividad virtual abierta por el terror a las relaciones con los otros.
Sabemos que una “ciudad-cámara” no resolverá por disuasión a las violencias territoriales
si las tramas desgarradas de la afectividad productiva e inventiva no encuentran salidas
como respuesta a los verdaderos problemas de inclusión social. El objeto de la “ecosofía”
es la “inclusión” social, que no puede darse por decreto sin una singularización inventiva de
los cuerpos. Incluir no es someter a la obediencia y al mando sino singularizar para la invención y autonomía crítica de las relaciones por venir capaces de dar a luz instituciones más
libres e integradoras. Los tráficos de informaciones son públicos y exceden el derecho privado. Por ello, lo virtual puede ser una potencia para la cooperación si la afectividad común
es un universo de valor. En este contexto habitamos territorios cada vez más indefinidos
con su lógica pragmática de intercambio de informaciones y funciones que constituyen
paisajes híbridos que han dejado de ser íconos de la organización social6 (Lynch, 1960).
Vivimos atravesados por mitos e imágenes de velocidad y ubicuidad mientras que los
espacios que recuperamos o construimos no escapan de viejas formas edilicias del
confinamiento para los que pueden acceder al cobijo. El espacio metropolitano todavía
era un espacio de “relatividad limitada”, mientras que en las lindes de la más absoluta
tránsito anónimo sino que puede ser extendida a los espacios híbridos de la ciudad-territorio-posmetropolitana.
Espacios que para nuestra localidad son simultáneamente anónimos y cobijos para la vida precaria.
6 Lynch valora la imagen del medio ambiente desde el punto de vista de su legibilidad, estructura e identidad destinada no sólo a proteger una lógica de los lugares (Sendas, Bordes, Barrios, Nodos, Mojones) sino a
concebir una “imaginabilidad” perceptiva del sentido del conjunto en la transformación de la forma urbana.
Sin embargo, cuando enfrenta la forma metropolitana habla de imágenes que exceden a nuestras experiencias de organización icónica. El autor señala la dificultad de hacer visible y legible un orden medioambiental
en las lógicas metropolitanas del territorio.
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pobreza domina un espacio de “relatividad general”. Los edificios han dejado de ser
“lugares” de referencia para que los “cuerpos” ocupen la experiencia de transformación
en movimiento. Cada parte de estos cuerpos es “polivalente”, acogiendo como una
esponja su envolvente material e inmaterial. El sueño de la ciencia ficción — de darnos
una “individualidad universal” sólo vivible en una “existencia local”— se ha cumplido en
los cuerpos en transformación y movimiento perpetuo. Pero cualquier cuerpo presenta
límites si no quiere anularse a sí mismo. Hoy los cuerpos en movimiento componen la
forma del “todo” en la cualidad de cada “parte”, asumiendo el riesgo de una “grieta”
del sistema nervioso central por incapacidad orgánica y biológica más allá de las capacidades cognitivas aprendidas para la integración de los cambios medioambientales. La
mutación supone una transformación del animal humano, simultáneamente natural y
artificial, en dirección de una “especie” por venir que aún no tiene su contorno definido.
Lo que se dice sobre este porvenir son prospecciones aún voluntaristas.
Habitar en el tiempo del General Intellect y de la movilización universal no es ni llegará
a ser la utopía del desarraigo total y de la “descorporalización” completa en las duraciones temporales. Sin encarnadura de los cuerpos no podremos sentirnos habitantes
de lugares. Acabaremos sintiéndonos, tal vez, más alienados en “lugares protegidos”
que en un transporte público. Como lo enuncian distintas voces: para sentirnos en
casa no buscamos lugares separados, cerrados o protegidos como tampoco podremos hacerlo en trenes, automóviles, estaciones o aeropuertos. Quizá podremos habitar allí donde la encarnadura concuerde con la universalidad de las informaciones
que recibimos, donde lo individual se abra a lo universal sin abandonar la singularidad
inventiva de la experiencia territorial y existencial. Escribe Guattari (1996, p. 163):
Las grandes pruebas por las que atraviesa el planeta (…) no responde a una inexorable
maldición biológica. Su clave está en los factores económicos, es decir de poder, y en
última instancia subjetivos, culturales, sociales y mediáticos. El futuro del Tercer Mundo
descansa primeramente sobre su capacidad para reaprender sus propios procesos de
subjetivación en el contexto de un tejido social en vías de desertificación.
Este enunciado es resultado de una inmersión en el territorio existencial latinoamericano que sintetiza su experiencia en Brasil donde coexistían la violencia de las bandas y de
las prácticas parapoliciales con lo que otrora fueran activos ensayos de recomposición
de las prácticas sociales y urbanísticas del Partido de los Trabajadores.
De cualquier forma, Guattari7 (1990) mitigó su escepticismo y logró indicar una dirección política para un discurso ambiental generalizado: “El movimiento ecológico
7 Guattari señala que la ecología medio ambiental no tiene salida sin una ecología generalizada en el sentido
planteado por Bateson, de una “ecología de las ideas” que no puede reducirse a la psicología de los individuos,
sino que debe percibirse en la organización de los sistemas sociales en los que los individuos producen y se
producen colectivamente. El problema central de esta ecología es la concepción de “poder” que atraviesa un
territorio y sus modos existenciales tanto como la noción de “singularización” de los individuos como potencias inventivas de inclusión social.
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
debería, pues, a mi entender, preocuparse de modo prioritario por su propia ecología
social y mental”. De esta ecología depende comprender las relaciones entre economía y poder que subyacen al cuadro ecológico ambiental de nuestras experiencias
existenciales en el territorio. Sin una articulación ético-política que reoriente la producción de bienes materiales e inmateriales, en las relaciones visibles a gran escala y
en la sensibilidad, inteligencia y deseos de los cuerpos, con un grado de singularización
autónoma inventiva, no parece posible una subjetividad abierta en estado naciente, relaciones sociales permeables y flexibles en estado de mutación y un medio ambiente
en el punto en el que pueda ser reinventado. Estos procesos continuos de “resingularización” de los individuos valoran la diferencia con vistas a lo común y la solidaridad
inclusiva, en la que una “ecología social” resulta inseparable de una “ecología mental”
para enfrentar las formas del poder en la constitución de la emancipación. Creo, como
Guattari, que esta mutación sólo se puede alcanzar en bloque, reuniendo en una ética
de las sensibilidades: la subjetividad, las relaciones sociales y el medio ambiente.
Bibliografía
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REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
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Ordenamiento territorial y
aspectos geoambientales
en el Área Metropolitana
Bonarerense (AMBA)
Fernando X. Pereyra (UNDAV- SEGEMAR)*
Resumen
El ordenamiento territorial es la plasmación espacial de las políticas sociales, culturales
y económicas de una sociedad de forma tal que sean compatibles con las características naturales del medio físico. El objetivo es conseguir un desarrollo equilibrado y
sustentable de regiones, optimizar la utilización de los recursos naturales a la vez que la
organización física del territorio, todo lo cual debe redundar en la mejora de la calidad
de vida de todos los habitantes actuales y futuros de una región o país. El crecimiento
sostenido de la ciudad en el último siglo, ha tenido lugar sin el establecimiento de pautas
mínimas de ordenamiento territorial que tuvieran en cuenta las características del medio físico. Un ejemplo de esta falta de previsión es la ocupación de zonas anegables y la
mala elección de sitios para la disposición de residuos. En la región urbana de Buenos
Aires, pese al incuestionable rol que juegan en los estudios ambientales, el aporte de las
Ciencias de la Tierra ha sido una contribución generalmente soslayada en la planificación. En la presente contribución se analiza la incidencia de los componentes geológicos
en el ordenamiento territorial y se evalúan los potenciales impactos debidos al Cambio
Climático Global en el Área Metropolitana Bonaerense (AMBA).
Palabras clave: Ordenamiento territorial - medio físico - AMBA
* Dpto. de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional de Avellaneda y Dirección de Geología Ambiental y Aplicada.
Servicio Geológico Minero-Argentino (SEGEMAR). E-mail: [email protected].
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Abstract
Landscape planning consists in spatial plasmation of social, cultural and economic
policies in a form compatible with natural physic environment. Main objective is to have
a sustainable and equality development, optimized land resources utilization as well as
the organization of territory. These have to result in an improvement of life condition of
present and future population. The sustained Buenos Aires Metropolitan Area (AMBA)
growth in last century has not takeaccount landscape planning based on natural features.
Example of that are occupation of subject to flooding areas, and bad selection of solid
waste disposal sites. Moreover earth sciences contribution to planning was a neglected
issue. In present contribution, influence of geological aspects of landscape is analyzed in
AMBA region as well as main impacts due to Global Climate Change.
Key words: Landscape planning-physical environment-Buenos Aires Metropolitan
Area (AMBA)
Introducción
La localización de asentamientos humanos, su estructura interna y funcionamiento está
fuertemente influenciada por los factores ambientales y, particularmente, por la configuración del terreno. En los países en desarrollo un manejo poco efectivo de las tierras
en zonas urbanas resulta en una generalizada degradación de suelos, agua y paisaje,
ocupación de áreas riesgosas, pérdida de espacios verdes y de tierras agrícolas. En el
Área Metropolitana Bonaerense (AMBA) viven más de 13 millones de personas. Más
de un tercio de la población y casi el 50% de participación en la generación del PBI de
Argentina se encuentran concentrados en menos de 6000 km2.
La región en la cual se encuentra localizada la Ciudad de Buenos Aires, en líneas generales, presenta condiciones adecuadas para el establecimiento de una gran ciudad. Posee
un relieve suave, buena provisión de agua subterránea y superficial, suelos de excelente
calidad agropecuaria, ausencia de grandes potenciales peligros naturales y provisión de
materiales aptos para la construcción. No obstante, el gran crecimiento experimentado
por el AMBA y las propias características socio-económicas del mismo han resultado en
la existencia de grandes problemas geoambientales, algunos de difícil solución. Así, el crecimiento desordenado y sostenido de la ciudad en el último siglo, ha tenido lugar sin el
establecimiento de pautas mínimas de ordenamiento territorial que tuvieran en cuenta
las características del medio físico. Un ejemplo de esta falta de previsión es la ocupación
de zonas anegables (planicies de inundación, cubetas y bajos) y la mala elección de sitios
para la disposición de residuos con su consecuente contaminación de las aguas.
En las últimas décadas, ante la existencia de una creciente presión antrópica sobre el medio
natural y, paralelamente, un mayor grado de conocimiento de las causas y efectos de los
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diferentes peligros geológicos, estos han comenzado a tener mayor influencia en la determinación de políticas y prioridades para inversiones o emprendimientos económicos en
general y en la fijación de pautas de ocupación del territorio. Así, constituyen un elemento
a ser tenido en cuenta al realizarse propuestas de ordenamiento territorial.
La planificación aparece como una herramienta adecuada para orientar y organizar el desarrollo equitativo y sustentable de un territorio y la población que lo ocupa. Por su lado
el ordenamiento territorial significa disponer con orden la ocupación y usos del territorio
según la mayor o menor aptitud de los diferentes elementos constitutivos del territorio
respecto a ellos. Implica, en la práctica, orientar mediante normativas la localización de las
actividades en contraposición a la distribución espontánea imperante, motorizada por las
leyes del mercado.
Crecimiento urbano del AMBA
Desde el momento de su segunda fundación, en 1580, hasta el presente, la región del Conurbano Bonaerense ha experimentado un sostenido pero dispar crecimiento. El AMBA
se encuentra constituido por la Ciudad de Buenos Aires, el denominado Gran Buenos
Aires (subdividido en dos Coronas o Cinturones concéntricos, la 1° y la 2°), el Gran La
Plata y la Tercera Corona, esta última constituye el anillo exterior, conformando una semicircunferencia con un radio aproximado de 100 km. Actualmente el AMBA supera los
13.000.000 de habitantes.
La Ciudad de Buenos Aires posee una superficie de 20.000 ha y el GBA, 388.000 ha (Primera y Segunda corona). Hasta 1850 aproximadamente, la Ciudad de Buenos Aires ocupaba
una superficie inferior al 35% de lo que hoy es la Capital Federal, con una población de
menos de 200.000 habitantes. El crecimiento de la ciudad, si bien sostenido desde su misma
fundación, ha sido diferencial en el tiempo y en el espacio. La Ciudad de Buenos Aires ya
en 1895 había alcanzado los 600.000 habitantes y en 1947, alcanzó valores similares a lo
que hoy es su población: más de 2.900.000 de habitantes ocupando toda la superficie de la
Capital Federal. La tasa mayor de crecimiento anual tuvo lugar entre 1869 y 1914, con un
promedio de 4,8% anual. Entre 1914 y 1947 disminuyó hasta alrededor del 2%. La Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el censo del 2010 alcanzó 2.890.151 habitantes, mostrando
un crecimiento intercensal de 4,1%, lo que indica una reactivación de la tasa de crecimiento
poblacional.
Los partidos que integran la denominada 1° Corona, crecieron sostenidamente entre
1895 y 1914, con una tasa del 8%, para luego mantener una tasa del 5% hasta la década del ‘50. Con posterioridad comienza la ocupación de la 2° Corona y, a partir de la
década del ´70, la expansión urbana alcanza la 3° Corona, comenzando a englobar localidades que antes se encontraban claramente separadas del GBA, como por ejemplo
Gral. Rodríguez, Escobar, Pilar, San Vicente, entre otras, además del Gran La Plata, que
con casi 1.000.000 de habitantes va integrándose sostenidamente en el AMBA. Los 24
Partidos del Gran Buenos Aires, en el censo del 2010 sumaron 9.916.715 habitantes,
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
con un incremento del 14,2% respecto del 2001.
A partir de comienzos de siglo XX comenzaron a ocuparse terrenos poco aptos para
el establecimiento de viviendas. Primero en forma difusa, a medida que ciertas áreas de
servicios eran desplazadas de la zona céntrica hacia la periferia (mataderos, mercados, barracas), por el establecimiento de nuevas industrias en el perímetro de Buenos Aires y en
los partidos de la 1° Corona y por el desarrollo de las vías de comunicación. Esta situación
se volvió irreversible con la instrumentación de planes nacionales y provinciales de localización de viviendas los cuales fueron realizados en terrenos generalmente poco aptos.
Aspectos conceptuales y metodológicos
del ordenamiento territorial
El ordenamiento territorial es la plasmación espacial de las políticas sociales, culturales y
económicas de una sociedad de forma tal que sean compatibles con las características naturales del medio físico. El objetivo es conseguir un desarrollo equilibrado y sustentable de
regiones, optimizar la utilización de los recursos naturales a la vez que la organización física
del territorio, todo lo cual debe redundar en la mejora de la calidad de vida de todos los
habitantes actuales y futuros de una región o país. Si bien existen diferentes metodologías,
cualquier plan de ordenamiento territorial utiliza, en forma interdisciplinaria e integrada, el
conocimiento científico y técnico generado por numerosos especialistas.
Sobre la base de estrategias de crecimiento y desarrollo económico definidas a priori
por las diferentes instancias de gobierno, los planes de ordenamiento territorial deben
procurar: a) adaptar las actividades a las capacidades de acogida del medio físico frente
a cada una de las actividades socio-económicas, b) optimizar las interacciones entre las
diversas actividades a localizar y c) tender a una utilización múltiple del territorio en el cual
se garantice la superposición de actividades compatibles y complementarias en el tiempo
y en el espacio.
La resolución de los conflictos que se plantean entre los diferentes actores sociales que
interactúan en un espacio dado, implican potenciales definiciones y desarrollos que se
apartan en uno u otro sentido de un ideal de desarrollo armónico. Por lo tanto es estrictamente necesario llegar a diferentes grados de consensos y acuerdos sociales que permitan
el mantenimiento de condiciones de vida adecuadas para toda la población. Estos consensos, plasmados en las primeras etapas de cualquier plan son el verdadero componente del
ordenamiento territorial.
Existen cuatro conflictos paradigmáticos y recurrentes: 1) la contradicción entre conservación y desarrollo, 2) la pugna entre intereses públicos y privados, 3) el conflicto de
intereses entre diversos sectores y 4) la confrontación entre intereses locales y nacionales/provinciales. De la resolución no equilibrada de los conflictos planteados se desprenden toda una serie de problemas cuya síntesis puede ser: a) Desequilibrio territorial,
b) Impactos ecológicos y paisajísticos debido a usos incompatibles con el medio físico,
c) Mezcla y superposición de usos, d) Derroche de recursos naturales, e) Localización
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
95
de actividades sin considerar los riesgos naturales, f) Incoherencia en la distribución de
infraestructuras y servicios, g) Conflicto entre usos, actividades y sectores y h) Desorganización administrativa, superposición de incumbencias.
Consecuentemente los objetivos del ordenamiento son la utilización racional del territorio
que permita una gestión responsable y sustentable de los recursos naturales y un desarrollo socioeconómico equilibrado de regiones y comarcas. Esto resultará en la preservación
del medio físico y una mejora de la calidad de vida. Metodológicamente pueden distinguirse tres etapas: 1) Análisis territorial, 2) Planificación y 3) Gestión.
El análisis territorial (también conocido como diagnóstico territorial) se orienta a comprender el funcionamiento de los sistemas naturales, su incidencia en los procesos económico-sociales, culturales y ambientales y las repercusiones territoriales de los mismos. En tal sentido
incluye la caracterización del medio físico, el análisis de los usos del suelo y la ocupación del
territorio. Los principales factores considerados dentro del primero son la geología, el relieve
y morfodinámica (geomorfología), las características climáticas, el suelo, las aguas (tanto superficial como subterránea), la calidad del aire, así como los componentes del medio biótico
(vegetación y fauna). Deben considerarse especialmente aquellos aspectos (bióticos y abióticos) que hacen a la configuración del paisaje y que permitan su valoración. La identificación
y delimitación de unidades de paisaje homogéneas es el fin último de esta etapa del trabajo
ya que las mismas constituirían la base espacial de las acciones a realizar.
El estudio del medio físico debe incluir, además de un inventario, la valoración del mismo
desde el punto de vista de la conservación, el análisis de su degradación, los peligros naturales y la determinación de los usos vocacionales, plasmados en la identificación de las
capacidades de acogida del medio. Los aspectos del medio natural, y especialmente los
factores de índole geológica, deben considerarse mediante una doble aproximación, por
un lado como geo-recursos y por otro como geo-restricciones, lo que permite, en última
instancia valorar el geo-potencial de una región determinada que constituye la base del
ordenamiento del medio físico.
Características del medio físico
El clima de la región es del tipo subhúmedo-húmedo, con una media pluviométrica de alrededor de 1200 mm, con máximas diarias puntuales de 149 mm, de 157 mm para 48 hs.
y de 218 mm para 72 hs. Los meses con mayores precipitaciones son febrero, marzo, abril,
octubre, noviembre y diciembre. Las precipitaciones no son de tipo estacional. El excedente
hídrico es del orden de los 200 mm anuales. En las últimas décadas, numerosos autores han
señalado un aumento progresivo de las precipitaciones de 1000 mm/año a 1200 mm/año lo
que ha significado que muchos parámetros de diseño de obras no hayan tenido en cuenta
estas consideraciones. Asimismo, han aumentado la frecuencia y la intensidad de las tormentas, siendo el caso extremo la tormenta ocurrida en La Plata en el año 2013, con lluvias
localmente superiores a los 300 mm en pocas horas (2 y 3 de abril del 2013).
Desde el punto de vista geológico, la zona estudiada se encuentra dentro de la Provincia
96
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Geológica Llanura Chaco-pampeana. Los sedimentos aflorantes han sido agrupados en el
Pampeano y en el Pospampeano (según el clásico esquema). El “Pampeano” o Formación
Pampa, incluye a los depósitos de las Formaciones Ensenada y Buenos Aires. Estas conforman
el sustrato principal de la Ciudad de Buenos Aires y de buena parte del AMBA. Son limos
loessicos con arenas subordinadas de origen eólico, de edades plio-pleistocenas. Presentan frecuentes niveles de paleosuelos, tanto antiguos horizontes argílicos como calcretes
(“toscas”). En total superan los 40 m de potencia. Los depósitos fluviales, de granulometrías
limo-arenosas, se encuentran comprendidas dentro de la denominada Formación Luján o
“lujanense”. Ocupan los principales valles fluviales. Finalmente, correspondiendo a ingresiones
marinas se encuentran depósitos marinos y estuaricos holocenos. Estos pueden ser limo-arcillosos (canales de marea y albúfera) o arenosas (cordones litorales), formaciones Querandí
y La Plata respectivamente (o Fm. Las Escobas). Afloran en la planicie del Río de la Plata.
La zona estudiada se encuentra dentro de la región denominada Pampa Ondulada (Provincia Geológica Llanura Chaco-pampeana). Presenta ondulaciones con amplias divisorias, con
dirección aproximada NE-SO. La red de drenaje se encuentra moderadamente integrada y
posee diseño paralelo a subdendrítico. Está separada por una amplia divisoria de las cuencas
de los ríos Samborombón y Salado, correspondientes a la región de la Pampa Deprimida.
En esta divisoria se localizan varias lagunas desarrolladas en antiguas cubetas de deflación.
Los factores que han controlado la evolución geomórfica de la región en el Pleistoceno-Holoceno son: 1) las oscilaciones del nivel del mar, 2) la depositación de potentes
acumulaciones de loess y 3) la formación de suelos. Pueden diferenciarse cuatro Unidades
Geomórficas (U.G.) principales. La U.G. Planicie poligenética del Río de la Plata se desarrolló originalmente como una planicie de acreción marina, comportándose, en la actualidad,
como la planicie aluvial del río. Este sector proximal al Río de la Plata, es el más afectado
por las “sudestadas”, sufriendo importantes anegamientos, debido a la cota (generalmente
inferior a los 3 msnm), bajo gradiente y complejidad geomórfica. Esta unidad muestra la
menor aptitud para la urbanización de la región, entre otros aspectos por su anegabilidad
y la presencia de terrenos poco aptos para fundaciones. La Boca, Barracas y Avellaneda se
encuentran esencialmente en esta unidad.
La U.G. Planicies aluviales y terrazas bajas se desarrolla en los principales cursos fluviales
que desaguan en el Río de la Plata. Destacan los ríos Matanza-Riachuelo, Reconquista y
Luján, como principales colectores en el área de estudio. Esta unidad arealmente es la de
menor tamaño y presenta una elevada posibilidad de inundación. Debido a las modificaciones antrópicas (márgenes sobreelevadas) se comportan como cursos “alóctonos”. Por
lo tanto, la planicie de inundación y terraza de los mismos en esos tramos y aguas arriba
se pueden anegar (coincidiendo con la zona más poblada). Toda la zona sur de la Ciudad
de Buenos Aires y numerosos Partidos del Gran Buenos Aires se ubican en estas cuencas,
siendo proclives a sufrir inundaciones como por ejemplo en el caso de Luján.
La U.G. Planicie Loessica constituye las divisorias altas, presentan un relieve plano o suavemente ondulado. Están constituidas por depósitos loéssicos “Pampeanos”. Se encuentra
marginada, respecto del Río de la Plata y tributarios mayores, por una escarpa de erosión
(“barranca”). La denominada barranca se extiende sobre toda la zona costera, especialmente hacia el norte (donde alcanza mayor altura), desapareciendo en los sectores en los
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
97
que desembocan los principales cursos fluviales en el Río de la Plata. En el caso de Ciudad de Buenos Aires se desarrolla aguas arriba en el Riachuelo, observándose un fuerte
desnivel en la zona de Flores y Mataderos. La barranca corresponde a un paleoacantilado
formado durante la última ingresión marina (Holoceno medio, aproximadamente entre
7000 y 4000 años antes del presente). Esta unidad es la que presenta menor susceptibilidad al anegamiento.
Finalmente se encuentra la U.G. Delta del Paraná, la cual si bien muestra el mayor grado
de naturalidad ha sido sometida a una fuerte presión antrópica, lo que está resultando en
una marcada y acelerada degradación de la misma.
Con respecto a los suelos, en función de los diferentes materiales originarios, las diferentes
posiciones en el paisaje y geoformas, puede establecerse que los suelos poseen importante variabilidad espacial. Predominan los Argiudoles típicos, desarrollados en las divisorias
y en las laderas de valles. Se han formado a partir de los sedimentos loéssicos y son profundos (más de 1,5 m). Pese a encontrarse en aquellas zonas menos anegables, presentan
evidencias de condiciones reductoras y saturación temporal con agua a poca profundidad
(a 25-40 cm aparecen concreciones y moteados). Del estudio de los suelos surge, en líneas generales, que independientemente del lugar del paisaje que ocupen, todos los suelos
de la región presentan características que permiten inferir diferentes grados de saturación
del perfil con agua, siendo frecuentes los Endoacuoles y los Acuentes en general en ambientes fluviales, mientras que en sectores de interfluvios se explica por la presencia de
capas colgadas y por el exceso de agua producto de un balance hídrico positivo. Esto es
una evidencia de un nivel freático alto, la mayor parte del año. Los suelos de la región se
encuentran en muchos casos modificados por la acción antrópica. Asimismo, la presencia
de un horizonte argílico implica una permeabilidad moderada a baja y una velocidad de infiltración baja, lo que es importante a la hora de considerar los coeficientes de escorrentía.
En la Tabla 1se sintetizan las características relevantes del medio físico en el AMBA.
Unidad Geomórfica
Formaciones geológicas
aflorantes
Material
Superficial
morfodinámica
Relieve
relativo
Suelos
principales
Planicie Loessica
Buenos Aires Ensenada
La Postrera
ML CH y CL
baja
moderado
Argiudoles
Hapludoles
Terrazas y planicies
aluviales
Lujan
La Plata
Aluvio actual
CL y OL
moderada
moderado
Hapludoles
Endoacuoles
Udifluventes
Delta del Paraná
Aluvio actual
OL OH y CL
muy alta
Bajo
Endoacuoles
Udifluventes
Fluvacuentes
Planicie poligenética
del Río de la Plata
Querandi
La Plata
Aluvio actual
OL OH
moderada
Bajo
Endoacuoles
Natracualfes
Hapludertes
Tabla 1: características relevantes del medio físico en el AMBA.
98
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
La red de drenaje del AMBA
La cuenca del río Matanza abarca una superficie de cerca de 2300 km2, con una longitud
de cauces total de 510 km en 232 cursos mayores y menores. El curso principal posee
una longitud de 81 km. y un hábito meandriforme con alta sinuosidad. El cauce se encuentra “encajonado”, evidenciando una importante incisión vertical para el Holoceno
superior (vinculado a un rápido descenso del nivel de base), lo que implica una baja
capacidad de migración de los meandros y por lo tanto escasa erosión lateral actual.
Constituyó uno de los principales ejes de crecimiento de la ciudad, primeramente por
su actividad, si bien limitada como puerto, que estuvo activo hasta principios del siglo
XX, y en la radicación de industrias como saladeros. Su territorio está ocupado por
3.500.000 habitantes, que la pueblan en densidades crecientes, desde la cuenca superior
(de carácter rural) a la inferior, donde corre entre la zona sur de la Ciudad y los partidos
de Lanús y Avellaneda. El sistema hídrico que forma el conjunto comprende tierras del
Sur de la Ciudad de Buenos Aires y de 15 municipios de la Provincia de Buenos Aires,
los de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza,
Lanús, Las Heras, Lobos, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Lobos, Presidente Juan
D. Perón y San Vicente.
El río Matanza posee un caudal medio (en la estación Autopista) anual de 7,02m3/seg y
un caudal máximo de 1325m3/seg, variando las cotas de la superficie del agua entre 1,43
m y 6,16 m, correspondiendo este último valor a una inundación importante pero no
extrema. Teniendo en cuenta las características del curso y de la planicie aluvial y nivel
de terraza, esta amplitud en la altura del agua, implica anegamientos de extensas zonas.
El río Matanza, en su tramo inferior (Riachuelo) poseía una alta sinuosidad, debida a la
muy baja pendiente en este tramo y a la interacción con el Río de la Plata. Numerosas
lagunas, bañados y meandros abandonados ocupaban la planicie aluvial, quedando solo
como evidencias la laguna Soldati y la ubicada dentro del Autódromo, parcialmente modificadas. La planicie aluvial, en esta zona posee un ancho máximo de 6 km y el desnivel
total es de 35 m entre sus nacientes y la desembocadura en Puerto Nuevo.
El río Reconquista corre también, debido al control estructural de los cursos fluviales
en la Pampa Ondulada, con rumbo dominante NE, desembocando actualmente en el
río Luján en la zona de Tigre, si bien es probable que un brazo del mismo desembocara
directamente en el Río de la Plata, a la altura de San Fernando. Tiene sus nacientes en
Moreno y se forma por la unión de numerosos cursos menores. Posee una longitud
de 82 km y drena una cuenca de 1574 km2. Sus principales afluentes son los arroyos
la Choza y Durazno en sus orígenes y el arroyo Morón, parcialmente entubado. En la
zona de la Reja (Partido de Moreno) se ha realizado en 1971 un embalse a los efectos
de controlar las crecidas (dique Cascallares). Posee una pendiente media mayor que el
Matanza (desnivel de 42 m), con numerosos resaltos en su curso debidos a la presencia de bancos de tosca, alguno de los cuales se pueden observar desde el Camino del
Buen Aire y el Acceso Oeste. Su caudal medio es del orden de los 3 m3/seg, con valores
máximos, con un t de recurrencia de 10 años, de 286 m3/seg.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
99
El río Luján que posee la mayor cuenca de la región considerada, con una superficie de
casi 3300 km2. Esta cuenca limita hacia el sur con la Cuenca de Salado, la mayor de la
Provincia de Buenos Aires, hacia el norte con del río Areco y Arroyo de la Cruz y hacia
el sudeste con la del río Reconquista. El río Luján tiene una extensión de 128 km, hasta
su desembocadura en el Río de la Plata, en el Partido de San Fernando. Su caudal medio
es 5,37 m3/seg y, los valores máximos, con TR de 10 años, de casi 400 m3/seg. Los cursos
que forman la red de drenaje son mayormente permanentes. Posee un diseño sinuoso,
con algunos resaltos controlados por interposición de bancos de tosca que actúan
como límite a la incisión vertical. Su dirección dominante también es sudoeste-noreste,
salvo en su tramo final en el cual se vuelve paralelo al paleoacantilado que margina la
planicie loéssica, formando parte del ambiente deltáico.
Entre estas cuencas existen diversos sectores que drenan directamente al Río de la
Plata, como por ejemplo la zona comprendida entre San Isidro y la CABA, dentro de la
cual destacan los arroyos Basualdo, Medrano, Vega y Maldonado, todos ellos entubados
y numerosos cursos menores. El Arroyo Maldonado constituye la principal cuenca de la
CABA y fue entubado a fines de la década del ´30.
En la zona sur del GBA, también aparecen numerosos cursos que desembocan en el Río
de la Plata. Destacan, de norte a sur, los arroyos Sarandí, de las Piedras, Santo Domingo
(cuenca de 155 km2), Jiménez, de las Conchitas (122 km2), Baldovinos, Pereyra, Rodriguez,
el Gato (98 km2) y al sur de La Plata, los arroyos Maldonado, Pescado, Cañada Arregui,
Buñirigo, San Felipe, etc. Son sinuosos y encajonados y sus tamos cercanos a la desembocadura se encuentran controlados por la presencia de cordones de conchillas de la última
ingresión marina. Si bien en muchos tramos se encuentran rectificados o entubados, su
presencia es muchos más evidente que los correspondientes a la zona norte.
Análisis de la influencia del medio
físico en la expansion urbana
Los factores geológicos-geomorfológicos que juegan un papel importante en el desarrollo
de las ciudades pueden ser agrupados en tres grandes conjuntos: 1) las geoformas, 2) los
procesos geomorfológicos y 3) las condiciones del suelo, formaciones superficiales y del
subsuelo. Dentro del primer grupo, son especialmente las características morfográficas y
morfométricas los principales aspectos a considerar, entre las que destacan la situación
geográfica, la distribución espacial, la forma del relieve como relieve relativo, grado de
disección, orientación, ángulos de las pendientes y el tamaño de las geoformas. Estos
elementos influyen, entre otras funciones en el transporte, la necesidad de movilizar materiales para nivelaciones, la mayor o menor concentración poblacional en áreas de menor
relieve, etc. Dentro del segundo grupo, se enmarcan aquellos aspectos relacionados con
los diferentes riesgos naturales, esencialmente, en el caso del AMBA, de tipo geoclimáticos.
Finalmente, el tercer grupo de factores se relaciona con los aspectos esencialmente geotécnicos, ingenieriles y de recursos minerales necesarios para la construcción.
100
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Los riesgos geológicos y geoclimáticos son todos aquellos procesos o sucesos que
ocurren en el medio geológico, independientemente que sus causas sean naturales,
inducidas o mixtas, que puede generar un daño social o económico a alguna comunidad determinada y en cuya predicción, prevención o corrección deban emplearse
criterios propios de las ciencias de la Tierra. Uno de los principios fundamentales de
los denominados riesgos naturales o riesgos geológicos naturales es que siempre ha
habido procesos geológicos que constituyen amenazas para determinados sectores
del territorio, que tienen una vulnerabilidad intrínseca, y que por consiguiente podrían constituir un peligro para la gente. Esto significa que muchos de los problemas
ambientales son fenómenos naturales comunes que se vuelven peligrosos para la
población cuando ésta ocupa sectores próximos a un potencial fenómeno o cuando
modifica algunos de los factores que originan esos procesos en el sentido de aumentar el riesgo.
Los problemas ambientales son aquellos aspectos de la relación entre la sociedad
y el medio físico (modificado o no por la acción antrópica) que generan directa
o indirectamente consecuencias negativas sobre la calidad de vida de la población
presente y futura. Los principales problemas ambientales que afectan a la población
del AMBA son: 1) inundaciones, 2) emplazamientos de sitios de rellenos sanitarios,
3) sobreexplotación de acuíferos, 4) ascensos freáticos, 5) apertura y explotación de
áridos en canteras a cielo abierto, 6) presencia de suelos expansibles del tipo CH en
las arcillas del Querandinense, 7) modificación de la línea de costa, 8) relleno de estuarios y planicies aluviales, 9) erosión hídrica de suelos, 10) pérdida de productividad
de suelos, 11) contaminación de suelos, 12) contaminación de aguas superficiales, 13)
contaminación de aguas subterráneas, 14) eutroficación de aguas, 15) degradación
de suelos por minería de áridos, 16) urbanización desordenada, 17) regresión del
bosque-pastizal nativo, 18) repoblación con especies exóticas, 19) degradación de
habitats faunísticos valiosos, 20) degradación del paisaje, 21) contaminación atmosférica, formación de smog y nieblas urbanas, 22) contaminación sonora y 23) escasez
de espacios verdes. En muchos de ellos las características del paisaje son un factor
determinante, mientras que en otros son un factor de intensificación.
Los principales aspectos que determinan la degradación de los recursos en la región
pueden ser divididos en antrópicos y naturales. Dentro de los primeros se encuentran: a) Alta concentración poblacional, b) Alto grado de precariedad en la cual se
encuentra un porcentaje considerable de la población de la cuenca, c) Marcado déficit
en la infraestructura de servicios, en especial cloacas y suministro de agua potable,
d) Alta concentración industrial, sumada a la existencia de un porcentaje considerable de industrias precarias o que emplean procedimientos y técnicas antiguas, e)
Superposición espacial de numerosos usos del suelo (urbano, industrial, agrícola), en
muchos casos incompatibles, f) Localización de sitios de disposición de residuos de
diversos tipos, tanto oficiales como clandestinos, g) Intenso grado de antropización
de la cuenca, lo cual en muchos casos significa un impedimento al normal flujo de los
cursos fluviales, h) Existencia sostenida en el tiempo de instalaciones portuarias en su
tramo inferior, i) Alto grado de impermeabilización de la cuenca por la urbanización
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
101
lo que también implica un aumento del escurrimiento superficial y j) Uso intensivo
del agua subterránea.
Dentro de los naturales, destacan: a) Cuencas caracterizadas por la existencia de caudales relativamente bajos, pero que en caso de grandes tormentas aumentan en varias
magnitudes sus caudales. Además poseen escasa pendiente regional y red de drenaje
pobremente integrada, b) Existencia de un nivel freático alto y numerosos acuíferos
poco profundos, c) Presencia de bañados y zonas anegables, d) Presencia de suelos y
materiales superficiales poco permeables lo que favorece el escurrimiento superficial
por lo que los compuestos tóxicos llegan rápidamente a las aguas superficiales y e)
Condiciones climáticas húmedas y templadas.
Analizando la ocupación y uso actual del territorio se pueden observar la existencia
de factores de primer nivel que inciden y han incidido históricamente, en su disposición espacial, inhibiendo o restringiendo la expansión urbana. Los aspectos geológicos,
geomorfológicos y edáficos son la presencia de: 1) la planicies aluviales (pisos de valles
fluviales de los cursos principales), 2) la Planicie poligenética del Río de la Plata (toda
la faja costera litoral), 3) la presencia de Bajos y lagunas en la planicie loéssica, 4) la
Barranca (paleoacantilado marginal de la planicie loéssica), 5) la aptitud de los suelos y
6) la disponibilidad de materias primas para la construcción (arcillas, tosca, cal, arena).
Su influencia es evidente a lo largo del tiempo, con un grado mayor de evidencia
cuando la ciudad era más pequeña. Esta situación es especialmente observable si
se comparan mapas, planos, fotos aéreas e incluso imágenes satelitales de distintos
años. Estos aspectos, antes enunciados, han influenciado la distribución de las vías de
comunicación (caminos y trenes), condicionaron los usos del suelo por su aptitud
y; finalmente, condicionan y condicionaron los usos y ocupación del espacio por su
mayor o menor vulnerabilidad frente a potenciales peligros naturales (esencialmente
inundaciones y anegamientos).
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la ocupación casi total del espacio apto
se produjo en la década del 50, evolucionando solo marginalmente desde ese momento (especialmente en la zona costera del Río de la Plata, a partir de los años
90). Para la década del 70 lo mismo puede decirse para la Primera Corona del Gran
Buenos Aires, y en los 80-90 para la Segunda Corona, quedando solo algunos sectores marginales remanentes, como la zona de Ezeiza, Parque Pereyra Iraola y Campo
de Mayo. Actualmente la ocupación absoluta de las tierras y el reemplazo gradual
de actividades primarias por aquellas relacionadas al uso urbano, se ha desplazado
a la Tercera Corona.
Un fenómeno generalizado es que ha aumentado considerablemente la ocupación de
terrenos poco aptos en todo el AMBA, en particular la planicie Poligenética del Río
de la Plata y Delta (proyectos tanto al norte como al sur) y sectores de los valles de
los ríos Matanza y Reconquista. En la tabla 2 se resumen las principales respuestas que
presentan los diferentes ambientes geomorfológicos frente a los actuales y potenciales problemas geoambientales del AMBA.
102
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Planicie loessica
Terrazas y
planicies aluviales
Planicie del Río de la Plata
Delta
Anegabilidad
baja
alta
alta
muy alta
Estabilidad de
pendientes
alta
moderada
variable
variable
moderada
alta
alta
Alta
limos, arenas,
tosca
arcillas para
ladrillos
conchillas y arenas
desaconsejado
baja
media
Alta
Media
buena
mala
Mala
muy mala
muy alto
alto
medio
Bajo
urbano y
agropecuario
parquización
y recreación
parquización, protección y
preservación
protección y
preservación
Susceptibilidad a la
contaminación de suelos
Potencial Minero
Presencia de suelos
expansivos
Aptitud como sitio de
disposición de residuos
potencial agropecuario
Uso sugerido
Tabla 2: principales aspectos ambientales según unidad de paisaje en el AMBA.
La capacidad de acogida de un territorio puede definirse en forma empírica a través de
una serie de aproximaciones. Se desprende del compromiso existente entre la aptitud
potencial de los ecosistemas y el impacto o fragilidad de los mismos, los que combinados permiten realizar una valoración de la capacidad de acogida de un ecosistema. En
una segunda etapa se conjuga este resultado con la valoración de los procesos activos
y riesgos naturales lo que permite establecer la capacidad de acogida del territorio. Las
categorías de ordenación resultan finalmente de la combinación de las capacidades de
acogida y el mapa de unidades de síntesis, en este caso y dada la escala de trabajo escogida, el mapa geomorfológico.
Se han definido seis clases de acciones según los usos; recomendado, sugerido, aceptable, aceptable con restricciones, desaconsejado y prohibido. En el caso de aceptable con
restricciones, esta clase implica la necesidad de estudios especiales y específicos frente a
potenciales acciones. En la tabla 3, se proponen los usos sugeridos basados en las capacidades de acogida de los cuatro ambientes geomorfológicos principales de la región, aplicados a la zona norte del AMBA, la zona que concentra la mayor parte de la inversión
y la mayor tasa de expansión urbana. Es posible, teniendo en cuenta las características
del medio físico del área del AMBA, analizar en qué medida el actual desarrollo del área
urbana se aproxima o no a las capacidades y aptitudes del medio natural. Se observa
que el actual uso de la tierra en la región se aparta considerablemente de lo propuesto
en la tabla en cuestión, por lo que es de esperar efectos negativos de la mayor parte de
las acciones que actualmente se realizan.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
103
Planicie loessica
Planicie del Río de
la Plata
Delta del Paraná
Terrazas
y planicies
aluviales
Protección de ecosistemas
S
R
R
S
conservación estricta
D
S
R
S
Protección del paisaje
S
R
R
S
Recreación y espacios verdes
R
R
S
R
urbanización de alta densidad
A
P
P
P
urbanización de baja densidad
R
D
Ax
D
Industrial
AX
P
P
P
instalaciones técnicas de servicios
AX
D
P
D
disposición de residuos
AX
P
P
P
minería de arenas
Ax
Ax
P
D
minería de limos
Ax
D
P
D
minería de arcillas
D
Ax
P
Ax
Ax
Ax
P
D
horticultura-floricultura-fruticultura
minería de tosca y conchillas
R
S
Ax
Ax
Ganadero
A
A
Ax
Ax
vías de transporte
A
A
P
D
líneas de tendido aéreo
A
A
Ax
Ax
líneas de tendido subterráneo
A
D
P
D
Tabla 3: Usos sugeridos basados en las capacidades de acogida. Se han definido seis
clases de acciones según los usos; recomendado, sugerido, aceptable y aceptable con
restricciones, desaconsejado y prohibido.
El Área Metropolitana Bonaerense
y el cambio climático global
En las últimas décadas los conceptos de Cambio Global y cambio climático se han ido
incorporando a nuestra cotidianeidad. Hoy son temas que están presentes en los medios, en la educación y, progresivamente, se van incorporando a las agendas políticas. Sin
embargo aún son conceptos poco o mal comprendidos por la mayor parte de la gente.
También son motivo de controversia científica, generalmente entre posiciones extremas
y, a veces, fundamentalistas.
El clima ha variado a lo largo del tiempo geológico numerosas veces y el período
geológico en el que nos encontramos, el Cuaternario, se caracteriza precisamente por
eso: la variación climática. Las glaciaciones son la constante de este último período.
En las glaciaciones, los hielos cubrieron más del 40% de la superficie de la Tierra. Los
niveles del mar descendieron y ascendieron cientos de metros en comparativamente
poco tiempo, cambiaron la circulación atmosférica y también la circulación oceánica.
La vegetación y los animales se adaptaron a esos cambios y se fueron desplazando
según los cambios ocurridos.
104
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
El hombre también debió adaptarse a grandes migraciones y cambios en la forma de vida
y de apropiación de la naturaleza tuvieron lugar. Incluso, en tiempos muy recientes, entre
los siglos X y XVII tuvieron lugar importantes variaciones climáticas. Primero tuvo lugar
un evento cálido, llamado a veces Vikingo, ya que implicó la expansión de este pueblo en
Europa debido a un aumento poblacional vinculado a este clima más benigno. Luego, tuvo
lugar un brusco desmejoramiento de las condiciones climáticas y los hielos volvieron a
avanzar, si bien mucho menos que en el pasado. Este evento es conocido como Pequeña
Edad de Hielo y sus efectos han sido documentados en el mundo entero. En la zona cordillerana existen numerosos indicios de este fenómeno tan reciente. Este período llevó a la
pérdida de cosechas y una disminución general en la producción de alimentos en Europa
que provocaron grandes hambrunas y las grandes mortandades relacionadas a las pestes
que afectaron a la región en la Edad Media. Incluso, en América numerosos investigadores
relacionan, al menos en parte, el fin de algunas civilizaciones americanas con este cambio
climático, como por ejemplo de los Mayas en Centroamérica y del Tiahuanaco en la región
del Altiplano.
Por lo tanto el cambio climático es una constante de la Tierra. Sin embargo, en las últimas
décadas se ha observado una variación climática muy sostenida y a ritmos muy acelerados si se los compara con los tiempos conocidos para los fenómenos naturales que
han ocurrido en el pasado. Así, numerosos investigadores han planteado que las diversas
actividades realizadas por el hombre, especialmente desde la Revolución Industrial, vinculados especialmente a la generación de energía por la combustión de combustibles fósiles
(petróleo, carbón y gas) están afectando el clima. Existe actualmente consenso en que la
forma actual de producción ha implicado un aumento significativo en la emisión de CO2.
Aunque la superficie terrestre, los océanos y los hielos son calentados directamente por el
Sol, no absorben toda la energía que reciben. Parte de ella es devuelta hacia la atmósfera
como otro tipo de energía que, una vez en ella, es retenida momentáneamente por el vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y otros gases, como los clorofluorocarbonos (CFCs), los hidrofluorocarbonos (HFCs), los perfluorocarbonos (PFCs),
el óxido nitroso (N2O) y el hexafluoruro de azufre (SF6), entre los más importantes. Los
gases que tienen esta propiedad se denominan gases de efecto invernadero (GEIs).
Como resultado, el planeta se mantiene lo suficientemente templado como para hacer
posible la vida. El efecto invernadero impide que los días sean demasiado calurosos o
las noches demasiado frías. Si este fenómeno no existiera, las fluctuaciones serían intolerables. A pesar de ello, una pequeña variación en este delicado balance de absorción y
emisión de energías puede causar cambios drásticos. Un aumento de estos gases en la
atmósfera, debido a acciones antrópicas, puede producir un aumento de la temperatura,
generando lo que se conoce como Calentamiento Global. Este calentamiento puede
resultar en un cambio del clima a nivel global. Por su parte, la combinación de modificaciones en el sistema Tierra-Atmósfera-Océanos-Biósfera a escala planetaria suele
denominarse Cambio Global.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático en el año 2007 ha concluido que el
calentamiento del sistema climático es inequívoco y es imposible que el actual aceleramiento del calentamiento global se deba solamente a causas naturales.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
105
Consecuentemente, a nivel internacional se han realizado numerosas actividades que
han tenido como objetivo presionar a los gobiernos y empresarios para que instrumenten políticas de producción más adecuadas, reduciendo la emisión de CO2 y reemplazando, al menos en parte la dependencia de los combustibles fósiles por otras fuentes
de energía como el viento y el sol. Sin embargo, algunas potencias, como por ejemplo
EEUU se han negado a asumir compromisos en ese sentido. Es importante tener en
cuenta que ese país es responsable por sí solo de más de un cuarto de la producción
de CO2 del mundo ya que posee una matriz energética muy atrasada y dependiente
del petróleo y del carbón además de ser el principal consumidor de energía del planeta.
El cambio climático es uno de los principales problemas del Siglo XXI ya que modifica
todas las dimensiones del desarrollo sostenible: ambiental, social, económica e institucional.
Los efectos del cambio climático imponen una amenaza al desarrollo sostenible,
especialmente en algunas áreas y comunidades. Consecuentemente, es importante
identificar los impactos más serios para cada región y las áreas de mayor vulnerabilidad. Si bien es difícil separar los efectos del cambio climático natural de los efectos
antrópicos, es posible plantear que las influencias humanas en el clima han podido
contribuir a:
Disminución de los hielos polares y los glaciares producto del calentamiento
por lo que la cubierta de hielo terrestre disminuye y se produce la elevación del
nivel del mar. Es de notar que este cambio antrópico se suma a la deglazación
por causas naturales verificables en la Tierra que tiene lugar desde el Último
Máximo Glacial.
w Aumento de la temperatura de los océanos, lo que provoca que el cuerpo
de agua se expanda y crezca en volumen y a la vez genera cambios en patrones
de viento y trayectorias de tormentas.
w Aumento de las temperaturas mínimas y máximas, disminución del número
de noches frías y días fríos y aumento de las olas de calor.
w Cambios en el régimen de lluvias: Del análisis de escenarios del cambio
climático, surge que en algunos sectores del planeta el clima será más seco y
más cálido, conduciendo a periodos de sequía. A su vez, en estos lugares las
precipitaciones se volverán más torrenciales, produciendo inundaciones. En otros
sectores habrá excesos de agua, generando cambios en la fisonomía del lugar.
w Existencia de patrones de clima severo: más huracanes, tornados, lluvias torrenciales y sequías (dependiendo de dónde se vive en el planeta).
w Modificaciones en el ciclo hidrológico: Los cambios del clima afectarán tanto
a la calidad como a la cantidad de agua disponible. Se espera que el cambio
climático afecte los recursos de agua dulce. En los ríos es de esperarse que se
produzcan alteraciones en la escorrentía. Las aguas subterráneas son también
importantes para el sostenimiento de corrientes, lagos, humedales y otros ecosistemas asociados y también se verían afectados por el C.C. Cabe destacar que
los impactos directos del cambio climático sobre los procesos naturales pueden
ser exacerbados por las actividades humanas.
w
106
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Cambios en la biodiversidad: Muchas especies solo pueden vivir en determinados rangos de temperatura y humedad. El cambio climático afecta a la
distribución de especies en el planeta. La estructura y función de los ecosistemas
semiáridos está fuertemente influenciada por la naturaleza de la lluvia que reciben. La cantidad de precipitación es sin duda importante, pero también lo es su
distribución temporal.
w Problemas en la agricultura y en la ganadería, vinculados esencialmente a la
modificación de balance hídrico de los suelos.
w
Estos efectos a su vez pueden provocar crisis en la disponibilidad y calidad de agua dulce;
aumento de mortalidad por calor (estrés, contaminación de alimentos, etc.) y transmisión de enfermedades por el agua y otros vectores y migraciones humanas como
por ejemplo en África. En líneas generales puede verificarse que el Cambio Climático
generará un aumento de conflictividad con mayores impactos en países en desarrollo.
Las ciudades son particularmente vulnerables frente al Cambio Climático porque la alta
concentración de población y bienes y su fuerte dependencia de la infraestructura las
vuelven particularmente vulnerables frente a eventos climáticos extremos.
En relación a la situación en Argentina y en el Área Metropolitana Bonaerense, la información generada por el Servicio Meteorológico Nacional, así como por numerosos grupos de investigación de universidades nacionales y otros organismos públicos, permitió
establecer que la República Argentina ha sido objeto de un proceso de cambio climático
en el Siglo XX. Durante el último siglo se registró en nuestro país un significativo aumento de la temperatura de superficie en la Patagonia e islas del Atlántico Sur. Al norte de
los 40°S las tendencias positivas de temperatura fueron menores y sólo perceptibles a
partir de los últimos 40 años. En contraste, allí se registró un importante aumento de la
precipitación durante las décadas del 60 y 70.
En casi todo el país hubo un aumento de las precipitaciones medias anuales con mayor
incidencia en el noreste y en el centro del país. Este cambio implicó que, por un lado,
se facilite la expansión de la frontera agrícola en la zona oeste periférica a la región húmeda tradicional, pero por otro lado, condujo al anegamiento permanente o transitorio
de gran cantidad de campos productivos. El aumento de las precipitaciones en el país,
generó a su vez un aumento importante en los caudales de los ríos (con excepción de
aquellos que se originan en la Cordillera de los Andes alimentados por fusión nival).
Así, tanto el río Paraná como el Uruguay muestran un aumento más significativo en los
caudales medios anuales desde la década del 70, superando los 20.000 m3/seg y 5.000
m3/seg, respectivamente, si bien en 1983, el caudal de ambos sumados llego a 80.000
m3/seg. De todas formas, dado el volumen de agua que se encuentra en el estuario del
Río de la Plata y la influencia del océano, estos aumentos no implicarían un ascenso
significativo del nivel medio del Río de la Plata.
El aumento de los caudales de ríos trajo aparejado beneficios en relación a la generación de energía hidroeléctrica en la Cuenca del Plata. Sin embargo, el aumento de la
frecuencia de inundaciones, generó graves consecuencias socioeconómicas en los valles
de los grandes ríos de las provincias ubicadas en el este del país. Cabe destacar que, a su
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
107
vez, se registró un considerable aumento de la frecuencia de precipitaciones extremas
en gran parte del este y centro del país con los consiguientes daños por las inundaciones, vientos destructivos y granizo asociados a estos eventos.
Además del cambio climático, la Argentina se ve afectada por la variabilidad del clima.
Cuando esta variabilidad excede las condiciones normales, se generan diferentes problemas sociales y pérdidas económicas. Los mayores impactos se deben a la variabilidad
interanual de la precipitación que impacta fuertemente en la producción agropecuaria en
períodos de sequía y también, aunque en menor medida, cuando se registran grandes lluvias que generan excedentes hídricos y causan inundaciones. La variabilidad climática surge
a partir de las complejas interacciones que se producen entre los diferentes componentes
del sistema climático, como son los océanos, las tierra continentales, los hielos y la atmósfera. El origen de la variabilidad climática es diferente de aquel que produce el cambio
climático, asociado con cambios externos al sistema climático ya sean naturales (como por
ejemplo, cambios en la radiación solar entrante o la actividad volcánica) o antropogénicos.
Gran parte de la variabilidad que experimentan diferentes regiones del globo y en
particular, grandes porciones de nuestro país, se relaciona con modificaciones en las
condiciones superficiales de los océanos, principalmente de las regiones tropicales. En
general, las variaciones en las interacciones mar/atmósfera que se producen en el Océano Pacífico tropical, comúnmente conocidas como el Fenómeno del Niño y de la Niña
que originan fuertes oscilaciones climáticas en diferentes regiones de nuestro país.
Es previsible que los efectos del cambio climático en distintos sectores del país sea
diferente. Por ejemplo, el Cambio Climático podría afectar el litoral marítimo argentino
a través del aumento de la temperatura del océano, cambios en la circulación de las
corrientes marinas y el ascenso del nivel medio del mar. En las áreas costeras, en los
últimos tiempos, se ha venido registrando un aumento en la tasa de erosión costera, la
cual, al menos parcialmente podría atribuirse al cambio climático. Esta aceleración no
es originada solamente por el incremento del ascenso del nivel del mar sino también
por el desplazamiento de los anticiclones hacia los polos, que origina un aumento en la
frecuencia e intensidad de las tormentas y un cambio en el clima de olas.
Las proyecciones de los escenarios climáticos determinan que la mayor parte de la
costa marítima argentina no sufriría inundaciones permanentes durante este siglo, a
excepción de algunas de las islas de marea en la costa al sur de Bahía Blanca y la costa
sur de la bahía de Samborombón. Sin embargo, las playas que se encuentran acotadas
por acantilados, u ocupadas por dunas, asentamientos urbanos o forestaciones, podrían
perder su extensión en forma gradual hasta eventualmente desaparecer.
En relación a los impactos del cambio climático en la costa argentina del Río de la Plata,
estudios realizados han determinado que probablemente el aumento del nivel del mar
se propague casi sin modificación en todo la zona del estuario. Con datos del mareógrafo de Buenos Aires, se constata un aumento del nivel medio del Río de la Plata, en
las últimas décadas, del orden de 1,7 mm/año. Sin embargo, aunque en la costa del Área
Metropolitana de Buenos Aires existen muchas zonas que suelen inundarse por causa
de las sudestadas, éstas no son tan bajas como para que con los aumentos del nivel del
mar, proyectados para este siglo, sean inundadas de forma permanente.
108
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Por otro lado, se espera que las sudestadas se sumen a mayores niveles medios de las
aguas del estuario, alcanzando mayores alturas y extensión territorial sobre la tierra firme, proyectándose aguas arriba en los valles fluviales. En consecuencia, el aumento de la
vulnerabilidad a la inundación en la costa del área metropolitana de Buenos Aires como
consecuencia del cambio climático global se debería fundamentalmente al mayor alcance territorial de las inundaciones por sudestadas. Diferentes autores han señalado una
tendencia al desplazamiento hacia el sur del Anticiclón del Atlántico Sur lo que implicaría
una mayor influencia de vientos del este en el estuario del Río de la Plata. Consecuentemente, esta sería una causa extra de aumento del nivel medio del río.
En la Región Pampeana, si bien los escenarios climáticos coinciden en proyectar incrementos de temperatura sobre todo el país, es incierta la tendencia en materia de precipitaciones, si bien, tal como se dijera se puede observar una tendencia en aumento,
si reconsidera todo el siglo XX. Ambos factores presentan una incidencia significativa
sobre el sistema agrícola ganadero, particularmente, en el desarrollo y rendimiento de
los cultivos. El sector productivo agrícola es uno de los sectores de mayor dinámica
en el país, y, por sus características intrínsecas, uno de los más sensibles a los cambios
del clima y sus impactos, en particular al efecto que sutiles cambios físicos pueden
tener sobre el desarrollo y rendimiento de los cultivos, y los consecuentes impactos
económicos de estos procesos.
Los resultados de los estudios muestran una tendencia hacia mayores situaciones de
excesos hídricos en invierno y mayores déficits hídricos en el resto del año, especialmente en verano, cuando se compara con los registros actuales. Es decir que existen
indicios de que las situaciones críticas de inundación en invierno y sequía en verano, se
vean reforzadas en el futuro, lo cual obligaría a tomar recaudos y acciones con el fin de
mitigar los impactos negativos de estos cambios.
Resumiendo, el Cambio Climático genera impactos sobre el medio físico, la economía,
la sociedad y la cultura, lo que implica la necesidad de implementación de estrategias de
mitigación y adaptación. La mitigación es la intervención humana para actuar sobre las
causas del cambio climático con el fin de reducir sus efectos. Por su parte la adaptación
es el ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes
que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Si bien la adaptación al cambio climático reduce la vulnerabilidad de las comunidades humanas su capacidad de adaptarse estará determinada por el nivel de desarrollo, acceso y disponibilidad
de recursos y la capacidad científica y técnica. Las dimensiones sociales, económicas y
culturales son centrales en el abordaje de la problemática asociada al Cambio Climático.
En tal sentido es prioritario encarar cambios significativos en la forma de producción y
consumo así como el aumento de la eficiencia energética y el cambio en las fuentes de
generación energética.
Algunas pautas de mitigación incluyen: 1) Uso racional de la energía, 2) Inversión en
transporte público, 3) Captura de metano generado por residuos, 4) Uso de energías
renovables, 5) Adaptación de las infraestructuras, tecnologías, instituciones y normativas
y 6) Transformación cultural (el Cambio Climático es una cuestión prioritaria y de alta
significación social).
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
109
Por su parte la identificación y evaluación de medidas de adaptación a tomar implican
la necesidad de planificación e incluyen:
1 Difusión y concientización de la vulnerabilidad de los diferentes sistemas frente
a la variabilidad y el cambio climático
2 Ampliación y equipamiento de sistemas de alerta temprana meteorológica,
geológica e hidrológica.
3 Adecuación y construcción de infraestructura
4 Adecuación y cumplimiento de la normativa sobre uso del espacio
Consideraciones finales
El crecimiento desordenado y sostenido de la ciudad en el último siglo, ha tenido lugar
sin el establecimiento de pautas mínimas de ordenamiento territorial que tuvieran en
cuenta las características del medio físico. Un ejemplo de esta falta de previsión es la
ocupación de zonas anegables (planicies de inundación, cubetas y bajos) y la mala elección de sitios para la disposición de residuos.
En la región urbana de Buenos Aires, pese al incuestionable rol que juegan en los estudios ambientales, el aporte de las Ciencias de la Tierra a los mismos han sido una contribución generalmente soslayada, salvo en contados casos. A pesar de la elaboración de
numerosas propuestas de ordenamiento territorial y de planificación urbana realizadas
en nuestro país hasta el presente, la comprensión del rol del componente geológico
como elemento básico de análisis del medio físico, ha evolucionado comparativamente
en forma mucho más lenta.
El ordenamiento territorial permite prevenir posibles conflictos ambientales, superando
la actitud defensiva, de mitigar los impactos ya generados (¨apagar los incendios¨). Las
metodologías aplicadas deben ser flexibles y participativas, abierta a la comunidad y
democrática. Asimismo, debe tener un fuerte sustento técnico realizado por actores
sociales alejados de intereses económicos individuales. En tal sentido el rol de las universidades nacionales es fundamental e implica una fuerte autocrítica y revisión de las
políticas académicas de estas instituciones por parte de sus propios integrantes, escuchando las demandas de la sociedad que las sostiene.
Es posible plantear, a partir del análisis de la situación actual en el AMBA, que la necesidad de rever la política de crecimiento en la región aparece como un imperativo. Para
prevenir futuros problemas ambientales los organismos gubernamentales deben ejercer
mayor control sobre la ocupación y uso del territorio, alcanzando un balance entre el
crecimiento urbano y la preservación del medio natural. La preservación de espacios
verdes naturales o poco intervenidos aparece como una de las principales acciones a
implementar a nivel región.
Considerando las diferentes variables ambientales y la creciente expansión de la zona
urbanizada hacia los sectores costeros, debe destacarse que es precisamente esta zona,
correspondiente a la Planicie poligenética del Río de la Plata y al Delta del Paraná, la
110
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
zona naturalmentee menos apta para la mayor parte de los usos antrópicos y la más
sensible frente a posible intervenciones humanas. Cualquier plan de ordenamiento debería contemplar esta situación y regular y limitar sensiblemente los usos y ocupación
del mismo. Respecto a las inundaciones, las actividades encaradas han sido fundamentalmente de tipo estructurales y limitadas a las canalizaciones y entubamientos, las que en
muchos casos, lejos de constituir soluciones han significado empeoramientos. En general,
se carece de un plan generalizado de solución para toda la región que contemple las
diferentes cuencas naturales saltando el problema de los límites jurisdiccionales. Cualquier solución debe contemplar en primer lugar el manejo integral de las aguas desde
las cabeceras, tratando de retardar los picos de inundación y aumentando la infiltración
donde sea posible.
Los impactos generados al Cambio Climático en la región deberán ser incluidos en
cualquier plan futuro de ordenamiento territorial así como en el diseño de obras que se
realicen a la misma. Esto implicará, además de una toma de conciencia de la población
en general y de los gobernantes que son sus emergentes, un esfuerzo sostenido de
los organismos de CyT y de las Universidades para comprender con mayor precisión
escenarios posibles e impactos potenciales derivados.
La superposición de jurisdicciones constituye una de las principales trabas para la elaboración de políticas y legislaciones adecuadas. Asimismo, es necesario un mayor grado de
conocimiento acerca de los fenómenos naturales y la relación existente entre los mismos
y la actividad antrópica; a los efectos de que el accionar de las medidas de mitigación sea
efectivo. Este conocimiento debe ser pormenorizado y localizado a la zona en cuestión.
Finalmente, el conflicto existente entre el beneficio individual (vinculado al uso de la
tierra y apropiación particular de recursos naturales) y el bienestar común actual y de
futuras generaciones, hasta el presente se ha resuelto en forma casi excluyente a favor
del primero. Revertir esta tendencia es una de las principales acciones que deberá encarar la comunidad en un futuro inmediato.
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Figura 1: plano de Buenos Aires y alrededores de 1892 en el que se observa la pequeña
parte que estaba ocupada efectivamente. Nótese que salvo el sector de Barracas al Sur
(actualmente Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora) y La Boca-Barracas los sectores
anegables no estaban ocupados.
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Figura 2: Cuenca del Matanza-Riachuelo.
Meandro del Riachuelo entre Avellaneda y la C.A.B.A. REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
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Zona costera del Río de la Plata en Avellaneda, al fondo Ciudad de Buenos Aires.
Río Lujan desbordado en el cruce de Panamericana, en Dique Luján (febrero del 2014).
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Riachuelo en la bajada del Club Regatas Avellaneda.
Costa del Río de la Plata poco modificada en el Partido de Berisso.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
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Vista de un sector de La Plata totalmente anegado tras la trágica inundación del 2/3
de abril del 2013.
Depósitos de loess pampeano, arriba Formación Buenos Aires y del escalón de tosca
hacia abajo Formación Ensenada en la zona norte del AMBA.
116
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Inundación del 2 de abril del 2013 en Buenos Aires, en el barrio de Palermo.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
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Cuencas y metrópolis.
Un debate acerca de los
ecosistemas como unidad de
gestión ambiental
Máximo Lanzetta
(Agencia Política Ambiental- Alte. Brown/ UNLa y UNAJ)
Resumen
El trabajo busca poner en debate conceptos y abordajes respecto del análisis y de la
intervención en cuencas hídricas que atraviesan metrópolis. Para esto repasa aspectos
de las teorías del espacio, y el modo en que la teoría de sistemas ha servido como base
conceptual tanto para los análisis de cuenca hídricas, como al concepto de ecosistema.
La metrópolis es analizada como un ecosistema complejo, la misma suele contener a
su interior, generalmente de manera parcial, una o más cuencas hídricas. El análisis del
modo en que se vinculan los elementos del ecosistema metropolitano y los de la cuenca
hídrica, dan cuenta de una tensión entre ambos sistemas, tanto para la comprensión de
los fenómenos, como para su intervención. La metrópolis de Buenos Aires constituye
el caso donde se ponen en juego estos conceptos, para finalmente establecer algunos
problemas y dilemas de la gobernanza de las cuencas en las regiones metropolitanas.
Palabras clave: cuencas hídricas, metrópolis, gobernanza, ecosistema, urbano
* Profesor Titular Regular de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de la Universidad Nacional de Lanús. Parte de
los resultados del artículo corresponden al proyecto de investigación en curso Nº AH2013-24.
118
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Abstract
The work seeks to discuss concepts and approaches regarding the analysis and
intervention in watersheds that cross metropolis. To meet this goal, the article reviews
aspects of the theories of space, and how systems theory as a conceptual basis has
attended both water basin analysis, and the concept of ecosystem.
The metropolis is analyzed as a complex ecosystem as it usually contains, generally in
part, one or more watersheds. The analysis of how the elements of the metropolitan
ecosystem and the water basin are linked, account for a tension between the two
systems, both for understanding the phenomena and for his intervention.The metropolis
of Buenos Aires is the case where these concepts come into play, to finally establish
some problems and dilemmas of watershed governance in metropolitan regions.
Key words: water basin, metropolis, governance, ecosystem, urban
Hace pocos años la población urbana del planeta ha pasado a ser más de la mitad
de la población mundial. La población vive cada vez más en ciudades, al tiempo
que crecen la cantidad de ciudades que se convier ten en metrópolis. La gestión de
las metrópolis es un tema que hace tiempo no es exclusivo de los denominados
países industrializados. Este tipo de ciudad crece más rápidamente en los países en
desarrollo. La preocupación por el modo de gestión es una cuestión de la agenda
política. Este crecimiento viene ejerciendo una presión impor tante sobre el ambiente con el cual interactúan estas metrópolis, uno de los elementos que resulta
más sensible a esa presión es el agua. No es un tema nuevo el de la gestión de las
cuencas hidrográficas, originalmente más vinculadas a resolver los problemas de explotación agropecuaria; el crecimiento de las ciudades ha ido agregando una nueva
preocupación y una nueva institucionalidad, la de gestión de cuencas urbanas. Estas
intervenciones han supuesto un conjunto de marcos conceptuales y estructuras
cognitivas que buscaremos analizar, a los fines de pensar las categorías de análisis
que nos permitan realizar aportes para una mejor comprensión de la complejidad
de los procesos que constituyen a las metrópolis y vinculan a las cuencas, así como
los modos y herramientas de intervención.
La cuestión de la delimitación espacial
y configuración territorial del problema
La delimitación espacial de un problema no es un tema de sencilla resolución, si es que
no se quiere caer en explicaciones simplificadoras. No vamos a agotar el tema aquí, pero
sí queremos indicar algunos puntos que sostienen nuestra conceptualización.
La categoría espacio constituye un punto de partida para el desarrollo conceptual
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
119
que mejor nos acerca a la configuración espacial de nuestro objeto de estudio. Sin
pretender ilustrar una teoría del espacio y siguiendo el desarrollo propuesto por Bozzano (2000), podemos identificar al menos cuatro modos de comprensión. El espacio
geométrico euclidiano cuyos parámetros son utilizados en el “análisis espacial preliminar de los territorios; nos referimos a la distribución, la localización, la extensión y
otros atributos” (Bozzano, 2000: 27). El espacio absoluto en Newton, entendido como
cosa en sí, con existencia específica asociado en la práctica a un cuadro de referencias
como las longitudes y latitudes. El espacio relativo da cuenta de las relaciones entre
objetos comprendidas dentro de un sistema donde los puntos fijos pueden estar
vinculados por flujos. Por último, el espacio relacional, “donde el espacio es percibido
como contenido” (Bozzano, 2000), a lo que agregamos con imputación de sentido por
parte de los sujetos. Cada una de estas concepciones del espacio han estado asociadas a ciertas corrientes teóricas, y por ello la no explicitación de la forma de utilización puede derivar en desarrollos teóricos eclécticos y contradictorios. Según Manuel
Castells, en su obra clásica: La cuestión urbana, señala que “el espacio es un producto
material en relación a otros elementos materiales, entre ellos los hombres, los cuales
contraen determinadas relaciones sociales, que dan al espacio (y a los otros elementos de la combinación) una forma, una función, una significación social” (Castells, 1974:
141). Nuestra definición de la categoría espacio se acerca más a la síntesis propuesta
por Milton Santos (1996: 81) al entender al espacio como “la unión indisoluble entre
sistemas de objetos y sistemas de acciones”. En tal sentido, podemos pensar una
relación dialéctica entre los modos de comprensión del espacio, siendo el espacio
geométrico y absoluto una condición de posibilidad para el espacio relativo y relacional, entendida en ocasiones como soporte físico de las relaciones sociales, y al mismo
tiempo, expresión de estas últimas. Al decir de Coraggio (1987: 22), “el espacio no es
algo que esté `al lado de otros´ objetos físicos, sino que es condición de existencia de
éstos”. Pero también cabe consignar que el espacio geométrico y absoluto son una
construcción teórica, y en tanto objeto no puede existir sin el sujeto de conocimiento
que la enuncie. Al mismo tiempo, podemos identificar relaciones dialécticas entre el
espacio relativo y el espacio relacional, dado que las acciones sociales modifican el
carácter de los puntos fijos y de los flujos, siendo que paralelamente, estos elementos
constituyen un sistema que condiciona el desarrollo de la acción social.
El concepto de espacialidad hace alusión a una propiedad de los elementos (Coraggio, 1987), dando cuenta de aspectos como forma, extensión, posición, distancia y
dirección en un sistema de relaciones. Históricamente estas propiedades han sido
entendidas en términos meramente “físicos”; desarrollos más actuales de la sociología
(Giddens) y de la llamada geografía humana (Bhaskar, Agnew) le han dado una connotación más amplia. En tal sentido podemos señalar la teoría de “lugar” que desarrolla
Agnew (1987) puede ayudarnos a completar nuestra concepción de la espacialidad
de un elemento, a partir de tres aspectos básicos: a) como ámbito en que las relaciones sociales son constituidas (Locale); b) como localización en el ámbito geográfico de
la interacción social en el contexto más vasto de procesos sociales que se desarrollan
120
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
en una escala mayor (Location) (Escolar, 1996); y c) como estructura de sentimientos
referidos al ámbito de interacción que imputan sentido de lugar. Esta última cercana
conceptualmente al modo que aborda los lugares y no lugares Marc Augé (2008).
A partir de la identificación de un sistema de relaciones entre elementos, podemos
entender la configuración espacial como “la distribución de objetos visibles, de sujetos
y/o de hechos y representaciones invisibles, de naturaleza física, biológica, social o
simbólica” (Bozzano, 2000: 69) estableciendo posiciones relativas entre elementos,
denotando fundamentalmente el espacio relativo, debiendo ser comprendidas estas
propiedades en el espacio-tiempo de las relaciones sociales (Giddens, 1995). Como
lo señala Coraggio (1987: 23) “la lógica de la espacialidad de procesos específicos
sólo puede descifrarse a partir de las leyes que regulan dichos procesos”. Cuando “la
proyección no se realiza respecto a un espacio ideal sino respecto a una representación del territorio concreto, el concepto anterior da lugar al de configuración territorial” (Coraggio, 1987: 34). Finalmente, si una distribución tiene una lógica descifrable
desde algún proceso y presenta regularidades identificables y recurrentes, entonces
hablaremos de forma espacial (Coraggio, 1987: 37). En este punto podemos coincidir
con Coraggio al definir a la región como una forma espacial de su subconjunto social,
definiendo un ámbito territorial que incluye a los agentes, medios y senderos de flujos
que realizan una relación social dada.
La configuración territorial del sistema de procesos que constituyen la ciudad no es
estático, por el contrario, es dinámico; cambiando tempo-espacialmente según la lógica
de cada proceso, muchas veces de manera cíclica. Por ejemplo las sendas de traslado de
bienes y personas tienen marcados cambios en diferentes bandas horarias de un mismo
día, y entre días de semana y fin de semana. No obstante, cuando busca definirse una
unidad que agrupa el conjunto de dichas configuraciones territoriales en una que defina
a la ciudad, suelen adoptarse al menos dos criterios: el área, categoría que refiere a la superficie demarcada por el continuo de construcciones urbanas, muchas veces enunciado
por la metáfora espacial de “mancha urbana”, cuando refiere a ciudades metropolitanas
se habla de “área metropolitana”. La otra categoría es la de “región”, que aplicada a
ciudades metropolitanas, construye la “región metropolitana”. Siguiendo a Pedro Pírez
(1994) referimos a un ámbito territorial que incluye la mancha urbana y centros de
diferente tamaño, los que se encuentran dentro de una línea imaginaria demarcada por
los niveles de interacción (presente o potencial), así como áreas de explotación primaria
y áreas sin uso específico. Se trata de un ámbito territorial definido que, como
unidad funcional genera una cobertura territorial de relaciones y flujos (de fuerza de
trabajo, de servicios educacionales, comerciales, de comunicaciones, etc.) que tienen
como eje un área metropolitana. La región metropolitana es el territorio ocupado por
la unidad metropolitana como sistema de relaciones con un ámbito territorial inmediato,
superior a la ciudad (Pírez, 1994: 58).
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121
En el caso de Buenos Aires, puede considerarse como Región Metropolitana al ámbito territorial que contiene además de los municipios del área metropolitana, a otros
municipios. Una categoría que tiene menor uso, es la de “zona metropolitana”, Pedro
Pírez (1994) la refiere al polígono que conforman los territorios completos de las
unidades político-administrativas de gobiernos locales que contienen total o parcialmente el área metropolitana.
Ecosistemas y ciudad
Las categorías de análisis suelen tener definiciones precisas en cada trabajo de investigación, pero en ocasiones no prestamos la debida atención a la genealogía de las mismas;
que, en el caso de “ecosistema” y “sistema”, no solo han atravesado diversos períodos
históricos, sino que han sido modeladas y resignificadas en variados campos disciplinarios. No es el objeto del artículo realizar esta genealogía, pero sí marcar algunos puntos
que nos resultan de interés.
Sin dudas, la obra de Ludwing Von Bertalanffy (1989), Teoría General de Sistemas, cuya
primera edición en inglés es de 1968, es el primero y más sistemático esfuerzo por
trazar una historia del concepto por diversas disciplinas, analizando sus significaciones
y postulando los principios de una teoría general. Según este autor, la idea de “sistema”
aparece primero en las reflexiones filosóficas entre la segunda mitad del siglo XVII y
principios del siglo XIX,1 luego va tomando lugar en teorías físicas, en las matemáticas, en
la biología, en la psicología y psiquiatría, además de la antropología y la sociología. Pero es
la biología un campo que a nuestro entender, genera una significación del concepto de
sistema con fuerte influencia en las ciencias sociales, a partir primero de una reflexión
epistemológica apoyada en la metáfora organicista, para dar lugar luego a reflexiones
más complejas, como el estructural funcionalismo en la sociología y las ideas centrales
del urbanismo moderno, para pensar la ciudad como sistema funcional, fijadas por Le
Corbousier (1971) en “La Carta de Atenas”, al señalar la necesidad de la contextualización de las localizaciones (ciudad y región), la zonificación según función y la circulación
como función de vinculación, son algunas claves para una planificación urbana que pueda resolver los problemas de las crecientes ciudades modernas.
En el campo de la biología la idea de sistema tiene una introducción más tardía, como
lo señalan José Manuel Mass y Angelina Martínez Yrizar (1990); hacia los siglos XVIII y
XIX los naturalistas estaban centrados en la descripción de la distribución geográfica
de los organismos. Señalan que a principios del siglo XX aparece el concepto de suce-
1 LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm (1646-1716); VICO, Giovanni Battista (1668-1744); HEGEL, Georg Wilhelm
Friedrich (1770-1831), según Bertalanffy (1989) Teoría General de Sistemas.
122
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
sión, como una estructura de comunidad que cambia en el tiempo; pero fue recién en
1935 cuando Tansley “propuso que la comunidad biótica constituía una unidad integral
junto a su ambiente físico”. Propuso entonces el término “ecosistema” para designar
dicha unidad. Linderman (1942) apoyó la propuesta de Tansley, al definir el ecosistema como un “sistema compuesto de procesos físico-químico-biológicos que operan
como parte de una unidad espacio-temporal” (Mass e Yrizar, 1990; 12). Este enfoque
dinámico se ha ido complementando con otras categorías, como la de “capacidad de
carga” y “presión”, para dar cuenta de hasta qué punto los cambios dentro del sistema
pueden alterar de manera irreversible las cualidades de los elementos y comunidades
de especies que lo componen.
Los ecosistemas reconocen una temporalidad en la cual resultan relativamente estables, pero como nos advierte Alejandro Malpartida (2012; 87), “los ecosistemas se
encuentran muy alejados de cualquier concepto de equilibro (en principio del termodinámico) y es precisamente ésta una característica propio de lo vivo, lo que les permite resistir (hasta un punto) o conservar su resiliencia (elasticidad)”, siendo capaz de
producir una reorganización del sistema ecológico. En este punto podemos citar que
Eugene Odum define sistema ecológico, o ecosistema, como cualquier unidad que
incluya organismos vivos en un área determinada interactuando con el ambiente físico, así
como con los flujos de energía dirigidos a soportar una determinada estructura trófica,
diversidad biótica y ciclos de la materia dentro del sistema (intercambio de materia entre
partes vivientes y no vivientes) (Di Pace, Crojethovich y Herrero, 2004; 47);
compartimos la apreciación que la categoría “ecosistema” se ha convertido en paradigmática, aunque no libre de controversias a la hora de su conceptualización teórica
y en su operacionalización metodológica.
La ciudad puede ser abordada como un ecosistema, pero es importante tomar algunas consideraciones, como señalan Di Pace, Crojethovich y Herrero (2004). Una de
ellas es comprender que la ciudad es un fenómeno complejo; y por otro lado, la misma tiene una especie dominante que es el hombre, y por lo tanto el sistema urbano
tiene una significación fuerte en la estructuración del ecosistema urbano. La ciudad
pensada como ecosistema nos permite pensar las relaciones de interdependencia que
se generan a su interior, pero se trata de un ecosistema de baja autonomía, dependiendo de flujos externos que le aseguren recursos energéticos, materias primas y alimentos, al mismo tiempo que externaliza elementos residuales de sus procesos. Esta
consideración nos debe llevar a pensar la tensión que se estable en los flujos entre el
ambiente físico construido y el ambiente natural, mediados por el sistema social; esto
particulariza lo que denominamos aquí, un ambiente urbano.
Las metrópolis, constituyen ecosistemas urbanos, donde la escala incrementa la
complejidad de los flujos y las interacciones de los subsistemas que lo componen.
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En tal sentido, merecen especial atención, tanto para el análisis como para la intervención.
Las cuencas hidrográficas
como territorio en definición
La categoría cuenca, a diferencia de la de ecosistema, aparece enunciada no sólo en el
campo académico y de la divulgación, sino también en el de la administración. Si bien
existen diferentes modos de definirla, la mayoría lo hace bajo la forma de un discurso
pretendidamente “técnico”, descriptivo, que presenta su contenido conceptual como
objetivamente evidente. Esta evidencia no parece inocente, todo territorio, y la cuenca
es uno de ellos, está definido como hemos señalado, por elementos que se vinculan en
una estructura de flujos, no solo de materias y sujetos, sino también de discursos que
lo significan como lugares.
En tal sentido, podemos tomar una definición que se acerca a la mayoría de las formuladas
tanto por la academia, como así también por aquellos organismos vinculados a la administración de los recursos hídricos, como en este caso un documento de la CEPAL:
La cuenca hidrográfica es un territorio que es delimitado por la propia naturaleza,
esencialmente por los límites de las zonas de escurrimiento de las aguas superficiales
que convergen hacia un mismo cauce. La cuenca, sus recursos naturales y sus habitantes
poseen condiciones físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales que les confieren
características que son particulares a cada una (Dourojeanni, 1994: 21).
Cabe señalar que una cuenca está compuesta por un curso o cuerpo de agua principal,
y generalmente se toma su nombre para nominar la cuenca; este cuerpo o curso tiene
afluentes, los que también constituyen cuencas o subcuencas. Vale decir, que una cuenca
puede ser subdividida en muchas partes, y éstas a su vez también, dependiendo de la escala, en más subdivisiones.
El Estado-nación no reconoce espacios en blanco en el territorio donde ejerce su soberanía, cada centímetro cuadrado está bajo un sistema político-administrativo. El mundo es un
mosaico contiguo y excluyente de Estados-nación. Las cuencas tienen la misma lógica de
definición territorial, cada centímetro cuadrado pertenece a una cuenca y las mismas, conforman un mosaico contiguo y excluyente. Más aún, ciertos países, como Francia, tienen todo
el territorio del Estado-nación dividido en cuencas hidrográficas, las que a su vez están asociadas a estructuras de gestión: los comités de cuencas. Esta fuerte vinculación entre discurso
académico y el de administración, ha dado lugar a otro concepto con fuerte aplicación por
parte de los Estados: la “Gestión Integrada de los Recurso Hídricos GIRH”, como un nuevo
paradigma de la administración ha sido muy difundido por los organismos internacionales,
124
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
pero cuya hegemonía internacional como modelo de intervención parece estar aún en duda
(Mansilla, 2011). Estos modelos de intervención tienen aplicación en escalas diferentes, desde
cuencas internacionales a cuencas urbanas, cada una con su particularidad y especificidad.
En varios discursos, especialmente los de divulgación y los de administración, las cuencas
como territorios aparecen naturalizadas. En el mismo documento de la CEPAL antes señalado se afirma que “La cuenca es además una unidad natural que sirve de base como
territorio para articular procesos de gestión que tienden al desarrollo sustentable” (Dourojeanni, 1994: 22). En otro trabajo se afirma: “La cuenca es una unidad sistémica natural.
Sus límites se determinan a simple vista porque están conformados por la línea más
elevada del área” (Martínez Duarte, 2006: 8). No se trata de negar la lógica con la cual
los procesos de la naturaleza se estructuran en un tiempo-espacio, y conforman lo que
podemos llamar un ambiente natural; pero en tanto territorios, son objeto de reflexión
e intervención por parte de sujetos. Sus enunciados están cargados de sentido, y la
acción del hombre es capaz de producir modificaciones sustantivas al ambiente natural,
antropizando el mismo, y en muchos casos modificando el área de una cuenca. Tal el
caso cuando es desviado un río o un afluente dentro de una cuenca, o en menor escala,
los sistemas de drenajes urbanos también inciden en estas modificaciones.
Otra relación conceptual que aparecen en algunos trabajos, en este caso especialmente los
de divulgación, es aquella que asocia la categoría “cuenca” con la de “ecosistema”. Podemos
ver en un manual para escuelas técnicas de la Argentina, las siguientes afirmaciones:
Para comprender el significado de una cuenca hidrográfica, sea ésta una cuenca fluvial
o lacustre, es necesario previamente considerar el concepto de ecosistema, ya que una
cuenca deber ser primariamente concebida como un ecosistema (Urrutia Pérez, Parra
Barrientos y Acuña Carmona, 2003: 20).
Al comparar los elementos que conforman una cuenca con aquellos que comprenden los
ecosistemas, se observa que son similares, porque en el hecho la cuenca hidrográfica de un
río o un lago es un ecosistema (Urrutia Pérez, Parra Barrientos y Acuña Carmona, 2003: 21).
También de algunas unidades académicas, como por ejemplo el siguiente:
El ecosistema es la unidad conceptual y práctica de organización y de estudio de los
sistemas y recursos naturales. Una cuenca hidrográfica es un ecosistema que según sea
el caso podrá o no tener la presencia del hombre, de sus actividades y de su influencia
(Parra, 2009: 4).
Esta relación aparece matizada en otros trabajos, especialmente académicos y de los
organismos internacionales, donde en general se habla de ecosistemas en plural, significando que una cuenca puede contener varios ecosistemas (Secretaría de la Convención
de Ramsar, 2010).
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Si bien el concepto de “cuenca” forma parte del conjunto de categorías que se han elaborado dentro de un proceso un tanto más abarcativo, vinculado a la comprensión de lo que
se conoce como el “ciclo del agua”; su estrecha vinculación a los espacios de la administración la han asociado a otras categorías, generando una pluralidad de sentidos, no libres de
contradicciones, que circulan y se condensan en documentos y políticas que redefinen el
objeto para su intervención.
Tensión entre las cuencas
y el sistema urbano
El análisis de las tensiones entre las cuencas y el sistema urbano no es sólo un problema
académico. En la medida que ambos se tornan objeto de administración, resultan relevantes a la hora de la revisión de las políticas de intervención territorial. Aquí haremos
sólo algunas consideraciones generales, dado que el modo en que se producen estas
tensiones sólo puede ser estudiado en la especificidad de cada caso.
La configuración territorial de un proceso, tal como ya lo hemos definido, está asociada
a las leyes o regularidades que animan dichos procesos. En tal sentido, la cuenca constituye una configuración territorial estructurada a partir de las leyes del escurrimiento
de las aguas en una localización geográfica específica, cuya escala resulta potencialmente
diferencial. La ciudad, pensada como sistema urbano, está estructurada por una pluralidad de procesos: renta y mercado de suelo, transporte, redes de servicios, desarrollos
productivos y comerciales, residuos, etc.; cuyas lógicas de estructuración se encuentran
vinculadas, y constituyendo cada uno, sus propias configuraciones territoriales. Podemos
entender la configuración territorial del sistema urbano-ciudad, como superposición en
capas de las configuraciones territoriales del conjunto de procesos que lo constituyen.
El agua es un elemento fundamental para la biota, su calidad y disponibilidad, es un factor
importante en la estructuración de los ecosistemas y por lo tanto de las ciudades. La
histórica relación de las ciudades con los ríos y lagos, se manifiesta en que éstas, se han
localizado cerca de fuentes de agua, y cuando dichas fuentes se degradaron, debieron
abandonarlas o desarrollar tecnologías para poder proveerla de sitios más distantes; los
acueductos romanos son testigos de esta fuerte asociación. En este punto me interesa
señalar algunas tensiones que se producen en la relación de las cuencas con las ciudades.
a) Las ciudades demandan agua, de una o más cuencas, que metabolizan en
procesos productivos y de reproducción social, para luego devolverlas generalmente con una calidad degradada. Esto significa una presión sobre el ambiente
natural y sus ecosistemas, tanto por la cantidad extraída, como por la calidad
devuelta, que muchas afectan tramos de agua debajo de las ciudades, o bien
directamente a otras cuencas.
126
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
b) La ciudad avanza sobre suelos que cumplían una función en los ecosistemas, al
mismo tiempo que los impermeabiliza, y genera un sistema de drenajes urbanos
que modifican los procesos de escurrimiento en las cuencas. La ciudad está sujeta a los riesgos de inundación que resulta de la recurrencia de los fenómenos
naturales que la desencadenan, y del sistema social que genera el ordenamiento
territorial, las condiciones de infraestructura hídrica y la capacidad diferencial de
gestión de la inundación en la ciudad.
c) La disponibilidad de agua en cantidad suficiente (superficial o subterránea),
así como de cuerpos receptores de efluentes con suficiente capacidad de carga,
son factores de posibilidad muy sensible para la localización de las actividades
productivas.
d) Los niveles de las cotas de inundación que se norman, es lo que la administración considera como riesgo aceptable, a los fines de incorporar esos suelos
como suelos urbanos. Es por ello que la cuenca aparece una variable interviniente en la estructuración de la renta urbana y del mercado de suelo urbano.
e) Las zonas bajas y los cursos de aguas, así como los usos asignados a éstos
últimos, tienen una fuerte incidencia en el desarrollo de la red vial, la que debe
atravesar esas áreas resguardando el uso previsto. Por ejemplo, el cruce de una
vía navegable condiciona el tipo de puente a construir.
La relación entre cuencas y sistemas urbanos resulta en tensión, y en configuraciones
territoriales diferenciadas que complejiza el análisis y la administración de esa relación.
En este sentido podemos indicar que podemos observar cuencas, cuya superficie es
mayormente rural y en la que se localizan más de una aglomeración urbana; un ejemplo
de este caso es el río Bermejo que es binacional (Bolivia-Argentina), y posee un comité
de cuenca. Otro tipo de cuencas son aquellas donde su territorio es ocupado significativamente por suelo urbano, tal es el caso del Tieté que atraviesa una parte importante
de la ciudad de San Pablo; o el Matanza-Riachuelo que atraviesa parcialmente la metrópolis de Buenos Aires, a estas cuencas las denominaremos “cuencas urbanas”. Estos dos
últimos ríos también poseen comités de cuenca. Un factor común a estos tres casos, es
que todos ellos pertenecen a la Cuenca del Plata, la segunda más grande de Sudamérica.
La definición de cuenca, muchas veces aparece asociada a ciertos sentidos de connotación, que como a priori se consideran cognitivos se imponen en la definición,
marcados por la consideración de que la misma contiene siempre un ecosistema cuya
delimitación territorial coincide con la cuenca. La intervención del hombre, la mayoría
de las veces se asemeja a la consideración de una especie exótica; al mismo tiempo
que se asume que debe tener un rol en el manejo de la misma, para lo cual, la cuenca
se torna en objeto de administración. Las tensiones señaladas, la diversidad de tipos
de ciudades y de cuencas, así como las conexiones que tienen muchas cuencas y ciudades, dentro de cuencas más vastas de las que forman parte como recorte parcial,
nos advierten que la delimitación y el análisis de las cuencas y los sistemas urbanos
deben ser precisados y contextualizados.
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La metrópolis de Buenos Aires
y sus cuencas
La existencia de aglomeraciones en América Latina se remonta, en algunas culturas, a
la era precolombina. Durante el período colonial aparecen aglomeraciones que con el
tiempo se transformaron en las actuales grandes urbes. El origen de las ciudades coloniales estuvo asociado a su función política (ciudad-fuerte), pero luego se fueron consolidando a partir de su rol económico, es por ello que la mayoría de las aglomeraciones
importantes durante el período colonial responden al modelo de la ciudad-puerto
(Romero, 2001). Buenos Aires fue una de ellas, ubicada en la ribera del Río de la Plata,
ese modelo se extendió a la etapa de independencia; más tarde va a redefinir ese perfil,
manteniendo el puerto una importancia estratégica en su desarrollo.
Hacia fines del siglo XIX Buenos Aires acentúa su rol portuario, coincidente con el inicio del modelo agro-exportador y la consolidación del Estado-nación en la Argentina.
Subordinado a este modelo se abren paso las primeras industrias en el país, al principio
fueron los saladeros que luego se transformaron en frigoríficos. Pero, al contrario de cierta imagen de Buenos Aires de principio de siglo como poco industrial, muchos trabajos
muestran que un conjunto de industrias y talleres fueron desarrollándose en la ciudad, y
que éstos estaban vinculados particularmente a actividades de provisión de infraestructura
tales como: el ferrocarril, la provisión de energía y de agua, el transporte, la industria de
construcción y talleres de refacción de carretas. Hacia fines del siglo XIX aproximadamente un tercio de los hombres trabajaban en sitios localizados dentro de sus barrios (Scobie y Ravina de Luzzi, 1983). También se desarrollaban industrias destinadas a productos
para el mercado local, principalmente en la vestimenta, que ocupaban a muchas mujeres
(Panettieri, 1967). Un dato ilustrativo de este proceso es la variación de la participación
porcentual en el producto bruto de los rubros de agricultura y ganadería y de industria en
el período 1900-1934; mientras el primero registra una baja continua del 37% al 25%, el
segundo aumenta casi de manera continua del 13,8% al 18,3% (Portnoy, 1961). Paralelamente la ciudad registra un fuerte aumento poblacional (Scobie y Ravina de Luzzi, 1983),
de 663.000 en 1895 a 1.575.000 en 1914, para alcanzar los casi 3 millones en 1947; para
ese mismo año el Gran Buenos Aires registraba 1.741.338 habitantes (INDEC 1991). El
crecimiento que experimenta Buenos Aires desde fines del siglo XIX estuvo acompañado
por cambios en su configuración física y social. Al mismo tiempo que la mancha urbana se
expande, incluso por fuera de los límites jurisdiccionales de la Capital Federal, se producen
cambios en la configuración socio-espacial.
En la década del 40, la Argentina acentúa el cambio tendencial de su modelo productivo,
y a mediados de dicha década, acompañada por cambios en el sistema político con la
emergencia del peronismo como fuerza política democrática dominante, ingresa decididamente al llamado modelo de sustitución de importaciones. Lo cual supuso una expansión
de la industria y un incremento de la oferta de trabajo en las ciudades, especialmente en
128
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Buenos Aires. Es por ello que entre 1940 y 1960 se reactiva “el crecimiento metropolitano
basado en las migraciones internas” (Torres, 1996: 114). La ciudad crece en su área central
a partir del desarrollo de la propiedad horizontal, mientras que los loteos populares extienden la mancha urbana, permitiendo el acceso de amplios sectores populares al suelo
urbano, aunque carentes de infraestructura. Cabe señalar que desde mediados de los
años 40 la población de lo que hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centro de la
metrópolis, se mantiene casi estable, cercano a los 3 millones de habitantes. En este período se consolida la ocupación de la primera corona del Gran Buenos Aires y comienza a
desarrollarse la segunda corona. También crecen las villas miseria, como forma dominante
del hábitat popular en dicho período, “encuentran su localización en terrenos vacantes,
algunos centrales, pero sobre todo en el vasto anillo que sigue las cuencas inundables de
los ríos Matanza-Riachuelo y Reconquista” (Torres, 1996: 115).
En la década de 1960 y 1970 la metrópolis disminuye su tasa de crecimiento poblacional
y en los ochenta, en el marco de una crisis estructural, se diversifican las formas de hábitat popular, emergiendo los “asentamientos” como nueva modalidad de ocupación del
suelo, generalmente localizados en áreas vacantes que la ley de suelo colocaba fuera del
mercado por encontrarse bajo cota de inundación, se impulsa así la ocupación de porciones importantes de los valles de inundación de los ríos y arroyos, especialmente en el
arco sudoeste del segundo cordón. En los noventa, al calor de cambios en la infraestructura del transporte, nuevas formas de urbanización centradas en los barrios cerrados y
la mayor integración de centros portuarios-industriales como el de Zarate-Campana al
norte y el de la región de La Plata al sur en el marco de la globalización de la economía
y su integración regional, diferentes trabajos sobre la región metropolitana designan la
conformación de un tercer cordón.
Los trabajos más actuales convergen en considerar la actual región metropolitana de
Buenos Aires (RMBA) como un gran sistema de interacciones que abarca total o parcialmente el territorio de 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires, sumado a su
área central, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Garay, 2007; Herrero y Fernández,
2008). Puede decirse que la RMBA ocupa un territorio urbanizado de cerca de 2400
km2 y concentra algo menos de 15 millones de habitantes (2.890.151 para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y 11.919.0702 para los 40 municipios de la RMBA), lo cual
representa cerca de un 37,5% de la población total del país, según el CENSO de 2010
y genera cerca del 50% del PBI del país (Garay, 2007). La metrópolis de Buenos Aires se
ha ido extendiendo siguiendo el eje fluvial del Río de la Plata y los ejes signados por las
principales vías de transporte: rutas y las vías del ferrocarril, dándole a la mancha urbana
una forma tentacular que la caracteriza. Dicha forma del continuo construido, condensa
2 El dato fue construido en base a la información provista por el INDEC en http://www.censo2010.indec.
gov.ar/resultadosdefinitivos.asp. visitado 29 de abril de 2014. Los 16 municipios que se suman a los 24 que el
INDEC sigue en su serie histórica, aportan 2 millones de habitantes a la RMBA.
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un tipo de ocupación del suelo (extensivo) que ha estado asociado a las políticas que
facilitaron la formación de suelo urbano, especialmente para sectores populares, y su
conectividad por el transporte público subsidiado. La configuración territorial expresa
en gran medida esos procesos sociales.
El desarrollo territorial de la metrópolis no se hace sobre una hoja en blanco, sino
en una interacción con el ambiente natural, una de sus características son las cuencas
que, total o parcialmente, son parte del soporte del fenómeno urbano. En el caso de
la RMBA, y siguiendo la clasificación de Herrero y Fernández (2008) la misma se encuentra emplazada en las siguiente cuencas hidrográficas principales: Luján, Reconquista,
Matanza-Riachuelo y Zona Sur; además de un conjunto de arroyos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que vierten sus aguas directamente al Río de la Plata.3 Estos
mismos autores advierten que “una singularidad ambiental relevante para la Región de
estudio es la coincidencia entre la delimitación de las cuencas hidrográficas y las hidrogeológicas, justamente por tratarse de un ambiente llano con exceso hídrico” (Herrero
y Fernández 2008: XXVII).
Cabe consignar, que estas cuencas han sido objeto de diferentes intervenciones que
modificaron la dinámica del escurrimiento de las aguas en algunos casos, como han
sido las rectificaciones y los entubamientos; así como las obras de retención, tal el
caso de la represa Roggero en el Reconquista (Garay, 2007). Pero han habido algunas intervenciones que modificaron el sentido del escurrimiento de algunos arroyos,
modificando el mapa de las cuencas metropolitanas. El caso más importante en términos de superficie afectada, fue el desvío de los arroyos Sarandí y Santo Domingo
en ocasión de la construcción del Puerto de Dock Sud, en el municipio de Avellaneda,
en la zona de desembocadura del Riachuelo. Las obras comenzaron a fines del siglo
XIX y se inauguró la primer dársena en el año 1905; la construcción del canal Dock
Sud implicó el cambio del curso de los dos afluentes antes señalados, que vertían sus
aguas cerca de la desembocadura del Riachuelo; a partir de entonces la subcuenca del
Sarandí y la subcuenca del Santo Domingo (un total de 240 kilómetros cuadrados)
pasan a formar parte de la Cuenca de la Zona Sur. También existen obras hidráulicas
que han comunicado cuencas, y otras más corrientes de drenajes urbanos en las zonas
de deslinde de límite de cuencas, que también han producido modificaciones de menor escala. Por todo esto podemos afirmar que en regiones metropolitanas, las curvas
de nivel del suelo resulta una herramienta necesaria, pero no suficiente a la hora de
construir la cartografía de las cuencas hidrográficas.
3 La mayoría de los autores coinciden con esta clasificación, sin embargo, en el caso de la denominada por
Herrero y Fernández (2008) como cuenca Zona Sur, la misma es particionada en la clasificación de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, y nominada como Cuenca Vertiente Río de la Plata Superior y
Cuenca Vertiente Río de la Plata Intermedia.
130
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Las tensiones RMBA y cuencas
a) Saneamiento básico
La RMBA tiene en el Río de la Plata su principal fuente de provisión de agua para el sistema de agua corriente, la otra fuente importante está en el acuífero Puelche que medido
en superficie representa al menos el 62% de la superficie de la RMBA (Herrero y Fernández, 2008: 103).Vale decir, las aguas superficiales de las cuencas metropolitanas, no son
fuente de provisión de agua de consumo.
Los sistemas de saneamiento básico han tenido un desarrollo histórico diferencial según
las zonas de la RMBA, pero podemos destacar dos grandes áreas. En la central, que fuera
desarrollada al calor de las políticas higienistas, dieron nacimiento a Obras Sanitarias de
la Nación y que acompañó el desarrollo urbano de Buenos Aires extendiendo redes de
agua y cloaca que acompañaron el crecimiento de la mancha urbana hasta cerca de los
años 30; luego el crecimiento urbano fue mucho más veloz que el ritmo de expansión
de esta infraestructura. La misma cubría 17 municipios, más la actual Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; en los 90 fue privatizada (Aguas Argentinas) y más tarde ha sido reestatizada (Agua y Saneamientos Argentinos SA-AYSA). Una porción significativa de los
municipios de la región metropolitana eran servidos por AGOSBA, empresa estatal provincial, la que fuera también privatizada de manera segmentada y luego reestatizada con
Aguas Bonaerense SA (ABSA) y cubre hoy 19 municipios de a RMBA. El mapa se completa con servicios de saneamiento básico municipales en los restantes 4 municipios. El
área de cobertura con mayor población es el de AYSA, que cuenta principalmente con
un sistema de conducción y tratamiento cloacal centralizado y plantas desvinculadas; el
sistema centralizado vuelca al Río de la Plata, mientras que el descentralizado lo hace a
ríos como el Matanza-Riachuelo y el Reconquista. Las plantas de tratamiento de ABSA
lo hacen mayormente a arroyos y ríos de las cuencas metropolitanas. Cabe señalar que
los conjuntos habitacionales ubicados fuera del área de cobertura cloacal, cuentan con
plantas de tratamiento propias, las que muchas veces funcionan de manera deficiente y
vierten a los arroyos de la RMBA.
Entre las tensiones que se generan, podemos destacar:
w La demanda de agua proveniente del Río de la Plata a zonas que no cuentan
con sistemas de cloacas, genera un desbalance hídrico que se manifiesta en el
fenómeno de ascenso de las napas freáticas.
w La explotación sin debido monitoreo de las aguas subterráneas han producido conos de depresión que han degradado el recurso en ciertas zonas de
la RMBA.
w El sistema cloacal como un todo, aparece fragmentado y con una cantidad
significativa de vuelcos cloacales a los cursos superficiales de las cuencas metropolitanas; esta significación está dada por la cantidad de puntos de vuelcos, como
por la calidad de los mismos, los que generan una fuerte presión sobre la calidad
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de las aguas superficiales que ofician de cuerpo receptor. Un cuerpo receptor de
poco caudal, y por lo tanto, muy sensible a los impactos.
w Los vuelcos industriales, especialmente en zonas sin servicio de cloacas, descargan mayormente en arroyos y ríos de las cuencas metropolitanas, aun cuando
tengan sus correspondientes sistemas de tratamiento, constituyen un elemento
más de presión sobre la calidad de éstos. Cabe agregar, que los impactos de
calidad se trasladan aguas abajo, afectando la zona ribereña del Río de la Plata,
especialmente por efecto de la Cuenca Matanza-Riachuelo y Zona Sur; y la zona
del Delta del Paraná por efecto de las cuencas del Luján y Reconquista.
b) Los drenajes urbanos
La ciudad metropolitana, no sólo ha avanzado más rápido que los servicios de saneamiento, el mismo desfasaje sucede con los drenajes urbanos; con un agravante, a medida
que la ciudad metropolitana crece impermeabiliza más suelo y conduce más agua, provocando en muchos casos la sobrecarga de los drenajes aguas abajo (microdrenaje) y
de la capacidad del cauce de los arroyos (macrodrenaje). En los sectores con drenajes
consolidados, suele presentarse el problema del mantenimiento de los mismos. Esta
situación se ve agravada por efecto de los cambios producidos en el clima, que han
acentuado la tendencia a incrementar la frecuencia de las tormentas severas, algunas
de ellas, como la del 2 de abril de 2013 en la zona de La Plata, muestran claramente la
magnitud que pueden tener las catástrofes por inundación en la RMBA. Cabe señalar
que las obras hidráulicas destinadas a drenajes urbanos son calculadas para tormentas
de una recurrencia relativamente alta. Las inundaciones por sudestada y las que se producen por ascenso de napas completan el escenario. Las crónicas de las últimas inundaciones parecen mostrar una alta vulnerabilidad institucional para hacer frente a estos
fenómenos. Si bien cada jurisdicción tiene sus organismos dedicados a la defensa civil:
los 40 municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires
y el Gobierno Nacional; no se evidencia una coordinación planificada para atender las
catástrofes por riesgo de inundación en la RMBA.
c) La actividad productiva
Los orígenes de Buenos Aires como ciudad-puerto, hacen que su perfil productivo
haya estado históricamente asociado al agua. Desde el puerto sobre la ribera del Río
de la Plata con la aduana a metros de la Plaza de Mayo, al puerto sobre el Riachuelo, al
Puerto Madero y finalmente a Puerto Nuevo. Pero también desde los saladeros sobre
el Riachuelo, generando la primera extensión de la ciudad al otro lado de ese curso de
agua, que diera lugar a la formación de las Barracas al Sur; actividad que luego devino
en los frigoríficos. Los diferentes períodos productivos que ya hemos señalado, han marcado una diversificación de los rubros industriales en la RMBA, y donde el alimenticio,
especialmente el de bebidas genera una alta demanda de agua, una parte importante
de ella lo hace de las aguas subterráneas, especialmente del acuífero Puelche. La industrialización más antigua se localizó en el primer cordón, mientras que en la últimas dos
décadas la tendencia ha sido la ubicación en la parte externa del segundo cordón y en
132
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
el tercer cordón, especialmente en el corredor norte (ruta Panamericana) por efecto
de la integración regional (MERCOSUR), donde sobresale la automotriz y autopartista;
y donde se ha acentuado la tendencia a la conformación de agrupamientos industriales
organizados. El corredor fluvial del río Paraná y el Río de la Plata, suelen ser requeridos
para la localización de actividades que generan grandes volúmenes de aguas residuales
(papeleras), y que por su gran caudal, constituyen los cuerpos receptores con mayor
capacidad de dilución y metabolización en la RMBA. Ese mismo caudal es aprovechado
por las actividades con gran demanda de agua para sus procesos, inclusive para enfriamientos, como son las generadoras de energía eléctrica, como la central nuclear en la
punta norte de la RMBA, pasando por el conjunto de centrales térmicas que se encuentran a lo largo de la ribera del Río de la Plata. Vale entonces señalar, que el agua como
fuente y como cuerpo receptor de vuelcos, ha sido, y sigue siendo un factor significativo
de localización para cierto rubros industriales.
d) Mercado de suelo y ocupación de territorio
La dinámica histórica del mercado de suelo de la RMBA ha estado caracterizada desde
mediados del siglo XX por un acceso masivo al lote propio, este crecimiento extensivo
tuvo un intento de ordenamiento normativo en la última dictadura militar. En dicho
período se dicta el decreto-ley 8912 en la Provincia de Buenos Aires, que establece
los criterios para convertir suelo rural en suelo urbano, donde destacamos aquí tres
lineamientos: las dimensiones mínimas de los terrenos, la condición de que los mismos
tengan provisión de servicios de saneamiento y energía, y que se encuentren en una
cota de más de 4 m. El inicio de las políticas neoliberales que impactaron en el empleo
y el poder adquisitivo de los sectores populares, dando lugar al surgimiento de más y de
“nuevos pobres”, pobres por ingresos;4 junto con un cúmulo de políticas urbanas que
incidieron en el encarecimiento del suelo urbano. Esta conjunción de factores da lugar
a la emergencia de una nueva forma de hábitat popular, los llamados “asentamientos”,
que se caracterizan por ser tomas de tierras organizadas que reproducen la cuadrícula,
y tiene como sujeto principal a los “nuevos pobres” (Herzer H. et al., 2000). Estas nuevas
ocupaciones se concretan en las áreas vacantes, muchas de ellas son tierras que están
bajo la cota de los 4 m que fijaba la norma provincial, en los valles de inundación de las
cuencas metropolitanas. Otras formas de urbanización, pero de sectores medio-altos y
altos, son los barrios cerrados que también se van a localizar en zonas vacantes y en
los extremos del tercer cordón, en algunos casos también se ubican en zonas de valles
de inundación, e incluso sobre humedales en la zona de borde del delta del Paraná. En
suma, la falta de políticas que aseguren el acceso al suelo urbano de calidad para los
sectores populares, sumado a una ocupación extensiva y flexible para los sectores medio-altos y altos, generan la ocupación de los valles de inundación y la continuación de
la extensión de mancha urbana con dos efectos considerables: el encarecimiento para
4 Minujin (1992) caracteriza a los “nuevos pobres” como aquellos que no tienen pobreza estructural (NBI),
pero si califican como pobres por ingresos, generalmente asociados a una clase media empobrecida.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
133
poder llevar servicios urbanos y la ocupación progresiva de suelo rural de alta calidad
para la explotación agropecuaria, especialmente en el norte de la RMBA.
e) Cursos de agua y transporte
Los ríos y arroyos que conforman las cuencas metropolitanas de Buenos Aires se caracterizan por tener poco caudal, son cursos de agua de llanura, que además, están sujetos
al régimen de mareas del estuario del Río de la Plata. Estas condiciones no han favorecido el uso de la navegación en ellas, salvo en el caso del Riachuelo, cuya navegabilidad
estaba establecida hasta el límite de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Puente de la
Noria). Hasta el 2011 la navegación de cargas sólo se hacía hasta el puente Pueyrredón
(Avellaneda), principalmente con actividad arenera. Este uso ha condicionado históricamente la infraestructura de puentes, más aún, el último construido corresponde a la
Autopista Buenos Aires-La Plata, cuya pronunciada altura fue realizada para permitir el
paso de barcos. Sin embargo, desde el señalado año 2011 pesa una orden judicial que
prohíbe preventivamente la navegación. El Matanza-Riachuelo y el Reconquista son ríos
que atraviesan zonas densamente pobladas y que son objeto de diversos estudios para
mejorar la conectividad entre sus riberas y poder integrar mejor el sentido de circulación norte-sur en el Gran Buenos Aires. Pero han sido también las infraestructuras de
transporte, especialmente cuando atraviesan transversalmente las cuencas, que generan
barreras al normal escurrimiento de las aguas en los valles de inundación de arroyos y
ríos. Si las obras viales tienen dispositivos que permiten el paso del agua, el mismo es
pensado para un cierto volumen de agua, superado el mismo, oficia como barrera.
La ciudad metropolitana de Buenos
Aires y sus cuencas como objeto de
administración
La ciudad resulta un objeto de administración por tratarse de un objeto público, en la
medida de que es constituida como “una totalidad de productos diferentes destinados
a satisfacer necesidades colectivas e individuales” (Pírez, 1994: 53). Pero como ya hemos señalado, la ciudad es un producto de un conjunto de procesos, donde la acción
gubernamental es una de las lógicas que intervienen en el juego de los actores, buscando orientar los mismos dentro de los procesos de “gestión urbana”, entendiendo
este concepto como los procesos dirigidos a articular recursos para generar las condiciones que permitan producir, hacer funcionar y mantener la ciudad (Pirez, 1994).
En la escala metropolitana, los procesos de gestión urbana y el rol gubernamental
no sólo tienen una escala mayor, sino que los actores tienen mayor diversidad. Pedro
Pírez (1994) instaura la categoría de “gobierno de la ciudad”, como un gobierno
parcial dentro de la sociedad nacional, pero como una instancia de cierta abstracción,
dado que no refiere a una unidad político-administrativa determinada, sino como el
conjunto de las acciones públicas, sean éstas del gobierno local, como de las instancias
134
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
de gobierno nacional, y en el caso de países federales también del nivel estadual o
provincial sobre el territorio de la ciudad. En tal sentido, el “gobierno de la ciudad
metropolitana” es un tipo complejo de gobierno de la ciudad, dado que resulta de la
conjunción de las acciones, no libre de contradicciones, del conjunto de los gobiernos
locales que lo integran, sumado a las intervenciones del gobierno nacional y de la (o
las) provincia/s de la que forme/n parte los gobiernos locales.
Los procesos globales de gestión urbana que estructuran la configuración territorial
de la RMBA, han tenido sólo unos pocos casos de institucionalización de unidades
administrativas. Si bien la experiencia internacional da cuenta de diversos modelos,
podemos afirmar que en la RMBA han prevalecido las de tipo sectorial, tanto en procesos globales como parciales. Haremos aquí un sintético repaso:
Corporación del Mercado Central de Buenos Aires surge en el año 1967 a raíz de un
convenio entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la ex Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de centralizar el ingreso de productos frescos
a la metrópolis y promover su industrialización. Su función “encuadra en el modelo de
entes metropolitanos prestadores de servicios, en contraposición a entes con funciones
de índole esencialmente de coordinación” (Sabsay et al., 2002: 25). Esta función centralizadora si bien tuvo fuerte peso en el sector, no logró el cierre de algunos centros de
“abasto” en el Gran Buenos Aires.
La Coordinación Ecológica del Área Metropolitana de Buenos Aires Sociedad del Estado (CEAMSE), es un organismo creado en el año 1977 durante la última dictadura
militar, como un convenio entre la Provincia de Buenos Aires y la ex Municipalidad de
Ciudad de Buenos Aires, ratificada por ley y ordenanza respectivas. El objeto del mismo
fue la centralización del proceso de disposición de los residuos sólidos domiciliarios
mediante la técnica de rellenos sanitarios y la promoción de un cinturón parquizado en
la metrópolis. Los municipios que entonces pertenecían al primer y segundo cordón,
junto con la Ciudad de Buenos Aires, se encontraron obligados a enviar sus residuos
para disposición final en este sistema. Si bien sólo interviene en la fase final del proceso
de gestión integral de los residuos sólidos urbanos; hasta el presente constituye el único
organismo genuino de gestión global-sectorial.
En la década del 90 el gobierno nacional privatiza un conjunto de servicios públicos, una
parte significativa de ellos tenían cobertura sobre la RMBA, como parte de este proceso
emergen los organismos encargados de la regulación de estas concesiones, y que ofician
como instrumentos de administración sectorial de la ciudad metropolitana. En el caso de
los servicios de saneamiento, como fuera referido ya, la entonces Obras Sanitarias de la
Nación es privatizada y la concesión es tomada por Aguas Argentinas, esto da lugar a la
formación del Entre Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS), que si bien tuvo
un rol interesante en la articulación de la posición de la Comisión de Usuarios y Consumidores y de los municipios ubicados dentro del área de concesión, originalmente 13, en
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
135
relación al Segundo Plan Quinquenal presentado por la empresa, no logró impedir que
prevaleciera los intereses de Aguas Argentinas en las directrices de la planificación de la
expansión del servicio de agua y cloacas (Catenazzi, 2004). La privatización de la energía
eléctrica y de la telefonía, particionaron la RMBA en dos áreas (norte y sur), dando lugar a
sus entes reguladores el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC). El gas se mantuvo unificado dentro de la RMBA y su
privatización dio lugar al surgimiento de ENERGAS como órgano regulador.
Una experiencia truncada ha sido la creación del Ente para la Regulación del Transporte
en el Área Metropolitana (ECOTM). El mismo es establecido por el gobierno nacional
mediante la ley 25.031, y cuyo objeto era la planificación y coordinación del sistema
de transporte urbano e interurbano interjurisdiccional en la RMBA. La dirección de
este organismo estaba prevista que fuera integrada por un representante del gobierno
nacional, uno de la provincia de Buenos Aires, uno por la Ciudad de Buenos Aires y un
intendente en representación de los municipios de la Provincia de Buenos Aires en el
área de jurisdicción del ente. Por tratarse de una ley nacional de adhesión, necesita para
ser operativa pronunciamientos en ese sentido de las jurisdicciones que forman parte,
objetivo jurídico no alcanzado (Sabsay, 2002). En el año 2012 se lanzó desde el gobierno
nacional la “Agencia de Transporte Metropolitano”, la que contempla la participación
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, su puesta en funcionamiento operativa parece estar tensionada por
la conflictividad política entre los titulares de los tres poderes ejecutivos. Merece destacarse que el transporte es el principal factor de estructuración de la configuración
territorial de la metrópolis, una de las principales herramientas de intervención pública
en la ciudad metropolitana.
Los organismos de planificación para la región metropolitana tienen una importante
historia, por tratarse de políticas globales. En la década del 60 se crea la Oficina Regional
Metropolitana (ORM) por iniciativa del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y
el Programa Nacional del Hábitat, esta oficina produce en los ‘70 el Estudio del Sistema
Metropolitano Bonaerense (SIMEB) (Sabsay, 2002), fue uno de los primeros pasos en
considerar a la Capital Federal y 25 municipios como una región y los trabajos del SIMEB
tuvieron mucha influencia en la política urbana de los gobiernos militares (Garay 2007).
En la inauguración del nuevo período democrático se suscribe en 1984 un acuerdo
entre los gobierno de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos
Aires, y que en 1987 diera lugar a la Comisión Nacional Área Metropolitana de Buenos
Aires (CONAMBA), que incluía a la Capital Federal y 19 municipios; la misma se propone generar líneas directrices en diversos puntos de la agenda urbana metropolitana
y la institucionalización de un Ente Metropolitano. Sus trabajos e informes tuvieron una
incidencia dispar en las políticas urbanas, entre los que se destaca el Proyecto Génesis
2000, que dio bases para la subdivisión de algunos partidos del conurbano bonaerense,
algunos de los cuales se llevaron a cabo.
136
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
En los procesos de gestión parcial metropolitana podemos señalar algunas experiencias,
donde el denominador común es que los municipios del Gran Buenos Aires tienen alto
protagonismo. El caso de la Región Metropolitana Norte, que agrupa a cuatro municipios: Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López, se destaca el hecho de que son
gobiernos locales encabezados por fuerzas políticas distintas y logran constituirse en
un factor de poder para negociar como bloque asuntos de interés común ante actores
como la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional, el CEAMSE o las empresas
de servicios privatizadas; además de desarrollar un sistema de compras conjunto (Villar
et al., 2004). En la zona sur del Conurbano se constituyó el CONCOSUR, que agrupó
a los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes y
Berazategui; pero no ha logrado persistir como actor de la gestión urbana metropolitana. Finalmente hay autores que destacan experiencias más puntuales, como el caso del
“Convenio Plan de Monitoreo Conjunto del Aire para el Área del Polo Petroquímico
de Dock Sud”, que fue celebrado en el año 2000 entre las carteras ambientales del Gobierno Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el Municipio de Avellaneda (Sabsay, 2002); en este marco y con financiamiento de la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) se desarrollaron dos proyectos
que fijaron la línea de base en materia de contaminación aérea, junto con un estudio
epidemiológico de la población más expuesta, los resultados tuvieron una alta incidencia
en el proceso luego judicializado de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Los instrumentos de gestión de las principales cuencas de la RMBA son parte de los
procesos de gestión metropolitana parcial, dado que producen un recorte de su territorio; al tiempo que en algunos casos incluyen territorios que están fuera de la RMBA.
Haremos aquí una breve descripción.
En primer lugar, vamos a describir los “comité de cuenca” constituido legalmente bajo la norma provincial establecida en el Código del Agua de la Provincia de Buenos Aires, se trata de
cuencas cuyo territorio está íntegramente formado dentro de dicha jurisdicción provincial.
El Comité del Río Luján, tiene como principal antecedente la creación en el año 1986 del
Comité para el Desarrollo Integrado del Río Luján, cuyo cometido principal era atender el
riesgo hídrico. Diez años después, en 1996, se realiza un nuevo intento de puesta en marcha.
Finalmente en el año 2001, el organismo de aplicación del Código del Agua, la Autoridad del
Agua, crea mediante Resolución 03/01, el Comité Regional A de la Cuenca Hídrica del Río
Luján. Integrado por los partidos de: Luján, Exaltación de la Cruz, Campana, San Andrés de
Giles, Gral. Rodríguez, Mercedes, Suipacha, Pilar, Escobar y San Antonio de Areco. Más tarde,
a mediados del año 2008, mediante Resolución 272/ 08 crea el Comité Regional B de la
Cuenca Hídrica del Río Luján. Integrado por los partidos de: Moreno, José C. Paz, Malvinas
Argentinas, Gral. Rodríguez,Tigre, Pilar y Escobar. El Comité Regional A demoró muchos años
en constituirse, por la baja participación de los municipios (Herrero y Fernández, 2008). No
obstante, acaso como efecto del caso Matanza-Riachuelo, las organizaciones de la sociedad
civil de la cuenca (incluidas universidades y organismos técnicos como el INTA Delta) cons-
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
137
tituyeron una Comisión Asesora que le ha presentado al Comité de Cuenca informes con
recomendación. Cabe destacar que el efecto indicado, también redundó en la participación
con mayor protagonismo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible en dicho
comité. Las inundaciones del año 2013, especialmente la producida en La Plata, vuelve a
poner la cuestión hídrica como el principal factor de gestión.
El Comité de la Cuenca Hídrica Vertiente Río de la Plata Superior (Cuenca Sur), fue
Creado por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, mediante la Resolución 190 del año 2008. Está integrado por los partidos de: Berazategui, Quilmes, Avellaneda, Florencio Varela, Almirante Brown, Presidente Perón, San Vicente, Lanús y Lomas
de Zamora. Si bien los municipios fueron convocados para la constitución efectiva, casi
no ha tenido actividad. El hecho de que la cuenca esté conformada por arroyos que en
ningún caso atraviesan todos los municipios, parece ser un factor clave de desinterés.
Por cierto, al margen de este comité se gestionan obras para las subcuencas, donde
participan los municipios afectados, e incluso en algunos casos las ONGs. Un emergente
de esta situación es la reciente creación a principios del 2014 del Comité de Cuenca
del Arroyo Las Perdices por parte del ADA, precipitada por las ya señaladas inundaciones del año 2013 y un estudio realizado por el Consejo Federal de Inversiones para
la cuenca, donde se establecen alternativas de obras hidráulicas, algunas de ellas con
objeciones por parte de algunas ONGs; lo curioso del caso, es que esa institucionalización no supuso modificación del Comité de la Cuenca Hídrica Vertiente Río de la Plata
Superior, del cual el arroyo nombrado forma parte. La falta de financiamiento cierto,
genera descrédito y refuerza el poco interés de los municipios.
El Comité de Cuenca del Río Reconquista cuenta como principal antecedente la conformación la Unidad de Coordinación del Proyecto Río Reconquista (UNIREC) en el año
1995, como unidad ejecutora de un crédito internacional que financió un proyecto principalmente de obras estructurales que buscaron resolver parte del riesgo hídrico y que
contenía un módulo de saneamiento ambiental. Uno de los requisitos para la obtención
del crédito era la conformación de un comité de cuenca, es por ello que en el año 2001,
mediante la Ley 12.653 se crea el Comité de Cuenca del Río Reconquista COMIREC
como ente autárquico, vinculado al Ministerio de Infraestructura,Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Herreo y Fernández, 2008). En el año 2005, la Autoridad del Agua lo vuelve a crear bajo las normas del Código del Agua, mediante Resolución
104. Está integrado por los partidos de:Tigre, San Fernando, San Isidro, General San Martín,
San Miguel, Malvinas Argentinas, José C Paz, Tres de Febrero, Hurlinghan, Ituzaingó, Morón,
Moreno, Merlo, Vicente López, Gral. Rodríguez, Luján, Marcos Paz y Gral. Las Heras. En el
año 2006 se aprueba el Plan de Saneamiento Ambiental. En el año 2008 el Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) asume un rol más activo en el liderazgo
del Comité, intentando reforzar el componente ambiental del Plan; más tarde la titularidad
del organismo volvió al Ministerio de Infraestructura que en el año 2014 se encuentra
gestionando un crédito ante el BID.
138
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
El modelo de gestión de los comité creados por el ADA siguen siendo de concertación,
más allá de que la norma que los regula prevé la posibilidad de la delegación de atribuciones al Comité; éstos no se han tornado en burocracias administrativas. Desde el punto de vista del diseño institucional son todos similares, presididos por alguien designado
por el Gobierno Provincial, hasta ahora han sido funcionarios de dicho gobierno, luego
está integrado por partes iguales entre miembros del Ejecutivo provincial y municipios.
La sociedad civil sólo puede participar en un órgano consultivo.
La Cuenca Matanza-Riachuelo constituye una de las más importantes de la RMBA, y es
la única que presenta una interjurisdiccionalidad que incluye al Estado nacional. Esto la
coloca normativamente en un sitio particular, fuera del Código del Agua de la Provincia
de Buenos Aires. La cuenca se extiende en un vasto territorio que alcanza las siguientes
jurisdicciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora,
Almirante Brown, La Matanza, Esteban Echeverría, Presidente Perón, Ezeiza, Morón, Merlo, San Vicente, Cañuelas, Las Heras y Marcos Paz. Un primer antecedente lo constituye
el Comité Ejecutivo Matanza-Riachuelo, formado por decreto nacional funcionó entre
1993 y 1996; el mismo tenía dependencia funcional directa con la Presidencia de la
Nación y lo componían además otros tres organismos nacionales, la Ciudad Autónoma
de Buenos Airea y el CEAMSE; la provincia era invitada. Cabe destacar que en este
período, “la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (SRNyAH) tenía a
su cargo el poder de policía en materia de contaminación hídrica en el ámbito de la ex
Obras Sanitarias de la Nación” (Herrero y Fernández, 2008: 21). En el año 1995 se crea
el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica
Matanza-Riachuelo (CEMR); esta nueva institucionalidad está integrada y liderada por
el organismo ambiental nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cometido principal es la ejecución del crédito
BID para la implementación del Plan de Gestión Ambiental, cuya componente principal
financiera estaba dirigida a los sistemas de drenajes urbanos y la regulación hídrica de la
cuenca. Si bien su estructura fue sufriendo modificaciones, algunos autores consideran
que “no era una Autoridad de Cuenca porque no adquirió funciones diferenciadas de
las partes o jurisdicciones que lo crearon, no se le delegaron funciones de ningún tipo”
(Herrero y Fernández, 2008: 23).
A partir del año 2000, las acciones de actores sociales vecinales y ONGs ambientales,
particularmente de la zona cercana a la desembocadura del Riachuelo, de La Boca
(Ciudad de Buenos Aires) y Dock Sud (Avellaneda), van a ir siendo parte de una reconfiguración de escenarios que determinará un cambio drástico en la gestión de la
cuenca. Por un lado, el monitoreo de calidad de aire del Polo Petroquímico de Dock Sud
al que ya referimos, genera información ambiental oficial sobre el estado del ambiente
y los impactos a la salud. Por otro lado, estos estudios refuerzan la demanda de varios
actores, llevando las mismas en el año 2002 a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Esta última iniciará, en palabras
de Gabriela Merlisnky (2013), un proceso inédito convocando a asociaciones profesio-
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
139
nales, organizaciones no gubernamentales, e instituciones académicas a llevar a cabo
una investigación conjunta, que se fue traduciendo en informes públicos. En esos años el
conflicto de Argentina con Uruguay por la instalación de las plantas de procesamiento
de pasta base para papel, coloca la cuestión ambiental en el tope de la agenda pública
nacional (Merlinsky, 2013). Paralelamente, un grupo de vecinos de Dock Sud inicia una
demanda judicial, la cual llega a la instancia de Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que en el año 2006 genera su primer fallo, donde insta al Estado a presentar un Plan.
En este marco, mediante la Ley Nacional N° 26.168 se crea la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR). Esta Autoridad está constituida por cuatro miembros
del Gobierno Nacional, dos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y dos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La participación de los municipios está prevista en
el Consejo Municipal, que es de carácter consultivo; lo mismo ocurre con la participación comunitaria. En ese tiempo la ACUMAR presenta el Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA), que fuera auditado por la Universidad de Buenos Aires a pedido
de la misma Corte, y sufriera críticas. En el año 2008 la Corte Suprema de Justicia de
la Nación emite un fallo condenatorio sobre el Estado Nacional, Provincia de Buenos
Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cumplir una serie de puntos que priorizan
las cuestiones a cumplir en la implementación del PISA. La Corte además genera dos
decisiones que amplían el sistema institucional de gestión de la cuenca, delega en un
Juez Federal el seguimiento del cumplimiento del fallo (juez de ejecución de sentencia)
y establece un “cuerpo colegiado” que pone en cabeza de la Defensoría del Pueblo de
la Nación y un conjunto de ONGs que son aceptadas para integrarlo, y cuya misión
es el seguimiento del avance del cumplimiento del fallo en la implementación del PISA.
A partir del año 2010, la ACUMAR desarrolla una verdadera burocracia técnica y se
consolida como organismo de gestión de la cuenca, que más allá de las orientaciones
de las políticas, comienza a ejercer en diferentes grados las competencias atribuidas por
ley: la coordinación con las otras jurisdicciones con prevalencia a favor de la ACUMAR;
la ejecución de medidas de saneamiento y de presupuesto; y aquellas vinculadas a la
regulación y el control, las que ha concentrado esfuerzos en los aspectos de vuelcos de
efluentes líquidos.
La jurisdicción territorial ha sido motivo de controversias, desde el fallo de la Corte
del año 2008 hasta la audiencia en el año 2012, el Juez de Ejecución de entonces había
establecido el criterio de que la ACUMAR tenía competencia sobre todo el territorio
de los gobiernos locales que forman parte de la cuenca, incluída la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Esto significaba que porciones significativas de territorios que eran parte
de otras cuencas hidrográficas, estaban bajo la jurisdicción de ACUMAR; si bien como
hemos señalado, los otros comités de cuencas metropolitanas resultan débiles desde
una comparación institucional, esto implicaba duplicidad de autoridad. Esto fue corregido por la propia Corte en el año 2012, imponiendo el criterio de cuenca hidrográfica
como jurisdicción de la ACUMAR.
140
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Las experiencias reseñadas son indicativas de ciertas regularidades. Por un lado, los
comité de cuencas en la RMBA parecen nacer más de requerimientos formales de
los créditos, que de las convicciones de los actores. Las institucionalidades metropolitanas de gestión global, han sistemáticamente marginado a los gobiernos municipales
de la Provincia de Buenos Aires de la toma de decisiones; situación que se revierte
cuando analizamos aquellas instituidas en los procesos de gestión metropolitana parcial,
incluidos los comité de cuenca impulsados bajo el Código del Agua de la Provincia de
Buenos Aires, no así, en el caso de la ACUMAR. En todos los casos la participación de la
sociedad civil, o no está contemplada y cuando lo está, es sólo como actores consultivos.
Gobernanza de la región y de las cuencas
metropolitanas de Buenos Aires.
Problemas y dilemas
El análisis realizado nos permite afirmar que las cuencas de la RMBA se encuentran
integradas sistémicamente, no sólo por ser parte de la cuenca del Plata, sino fundamentalmente por la interacción que la metrópolis genera con ellas, cuyos flujos y
procesos generan una redeterminación de las presiones, cuyo origen tiene que ver
en muchos casos con procesos globales de la RMBA. Es por ello, que, desde el punto
de vista sistémico-funcional, y más cuando el análisis está dirigido a orientar la administración del objeto de estudio, parece muy difícil escindir las cuencas a la hora de
arbitrar medios para la gestión del agua de la región. En tal sentido, no se trata sólo de
observar el tema de la gestión de las aguas, sino que los factores de origen antrópico
que producen presión, se definen en el espacio metropolitano. Un ejemplo lo representa la gestión de los residuos domiciliarios, donde desde la recolección realizada
por los gobierno locales, donde es casi imposible diferenciarla por cuenca hidrográfica;
sumado a los flujos generados por los recuperadores urbanos, desde los centros y
subcentros urbanos, muchas veces cruzando las invisibles fronteras de las cuencas;
hasta la disposición final formal realizada por el CEAMSE, que desde hace ya varios
años concentra la mayoría de los residuos de las principales cuencas metropolitanas
en la cuenca del Reconquista (relleno sanitario de Norte III). Algo similar ocurre con
la actividad industrial y la presión que ejerce sobre el ambiente, donde el nivel de presión está asociado a factores de ordenamiento territorial, de tecnología y desempeño
ambiental de las empresas, y de la capacidad de ejercicio de administración y poder
de policía de las autoridades ambientales competentes en sus políticas de orden y
control, crónicamente desfinanciadas. Estos ejemplos pueden ser complementados
con otros ya señalados en el desarrollo del presente, como la extensión y fraccionamiento del espacio metropolitano para los servicios de agua y cloaca; la estructuración del hábitat popular, etc. Vale decir, que en las cuencas se manifiestan un conjunto
de fenómenos cuya lógica de estructuración está dada por la dinámica metropolitana.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
141
Estas manifestaciones son descriptas en muchos análisis de cuencas como atributos
de la misma: cantidad de pobres, habitantes sin acceso al agua y a cloacas, cantidad
de basurales, cantidad de industrias de alta complejidad ambiental, etc. En algunos
casos, tanto desde el análisis como desde la administración, esos atributos pasan a ser
considerados como elementos de la cuenca en tanto sistema, y se tornan en objeto
de administración. Un ejemplo de ellos es que la ACUMAR cuente con un Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) para la cuenca.
La entrada a la modernidad hizo ajustar el ejercicio del poder a espacios territoriales
claramente definidos, el Estado-nación, que tiene como antesala al Estado absolutista, inaugura el ajuste preciso entre territorio y unidad política-administrativa. Desde
entonces, esta noción estructura nuestra cognición, que busca siempre establecer un
sistema jerárquico estatal que ajuste la escala territorial de un problema a una unidad
político-administrativa asociada. En el caso de las áreas metropolitanas y de las cuencas hidrográficas, el discurso de desacople entre la configuración territorial en que se
expresa el fenómeno y las unidades político-administrativas ha sido percibido como
un problema a resolver. La RMBA y sus cuencas conforman múltiples configuraciones
territoriales, quizá resulte conveniente abandonar una cierta inercia que busca establecer una cartografía de los procesos a fin de definir “la cartografía” más apropiada
para la aplicación de las políticas públicas, y eventualmente la constitución de una
nueva institucionalidad para llevarlas adelante. Se trata de abrir el análisis a la comprensión de la complejidad de los fenómenos, al mismo tiempo, desarrollar conceptos
que nos ayuden a repensar los modos de la intervención.
Si la categoría “gestión urbana metropolitana” ha abierto el espacio de la academia
a la aper tura para comprender la complejidad de los procesos como un resultado
del modo en que interactúan los actores con sus lógicas de acción; la categoría
de “gobernanza metropolitana” nos invita a repensar los escenarios del qué hacer,
como repensar la acción gubernamental es un sistema de alta complejidad interna
(la metrópolis), cuyo desarrollo está asociado a los procesos nacionales y de la
economía global. Según Pierre Calame (2009), la categoría “gobernanza” reconoce
al menos dos tradiciones en su definición, una deviene del Banco Mundial y destaca
aspectos más administrativos, aunque con impactos políticos, como son la transparencia, la rendición de cuentas y el denominado empoderamiento. Otra tradición
es la europea, que destaca la necesidad de fijar lo que la sociedad puede establecer
como “bien común” y trabajar estratégicamente para alcanzarlo. Más cercanos a
esta última perspectiva, Magri y Huete, la definen
como el proceso de participación de elementos políticos y sociales que se constituyen
alrededor de la trama institucional del Estado y que depende de la capacidad de coordinar
y de cooperar de las instituciones (estatales y sociales) en base a un equilibrio sustentable
de negociación y conflicto entre actores (Magri y Huete, 2011: 127).
142
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
La gobernanza como concepto nos permite reinterpretar el rol del Estado en los
procesos de gestión de sistemas complejos como lo son las metrópolis, y las cuencas
hidrográficas que la atraviesan. Eventualmente podemos pensar en la emergencia de
nuevas institucionalidades vinculadas al ejercicio de nuevo rol del Estado, especialmente en la RMBA, donde el gobierno metropolitano constituye sólo un concepto
de análisis. En esta línea, es posible también pensar en la gobernanza de las cuencas
metropolitanas, como un concepto vinculado a la acción, que permita asumir todas
las institucionalidades constituidas, para poder ar ticularlas y potenciarlas buscando
mejorar la gestión de un bien común sensible a toda ciudad: el agua.
La gobernanza de la RMBA, en sus procesos globales, parciales y sectoriales plantea
grandes desafíos, como hemos analizado, las instituciones metropolitanas son escasas,
y en muchos casos débiles. Una situación compartida por las institucionalidades existentes de gestión de las cuencas metropolitanas, en tanto proceso de gestión parcial
de la RMBA. Es por ello que esta situación, no debe desplazar el necesario debate
sobre el carácter que la sociedad supone deseable de los organismos de gestión de las
cuencas metropolitanas; qué tipo de funciones deben ejercer, cuáles centralizan, qué
articulan con otros organismos sectoriales, etc; pero sí considero que la gobernanza
de las cuencas metropolitanas deberá contextualizarse en un horizonte más amplio,
el de la gobernanza de la RMBA.
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REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
145
Desarrollo sostenible,
complejidad y anticipación
del futuro
Gilberto Carlos Gallopín (Investigador Autónomo)*
Resumen
El artículo desarrolla una perspectiva sistémica para considerar la posibilidad y utilidad
de intentar anticipar el futuro de los sistemas socio-ecológicos (SES-unidades de análisis
fundamentales de la investigación del desarrollo sostenible desde lo global hasta lo local)
en el contexto de su complejidad y de la situación cambiante del mundo. Se identifican
las principales fuentes de incertidumbre involucradas, los desafíos que plantea la problemática del desarrollo sostenible a la Ciencia y la Tecnología, y las implicaciones para
explorar el o las posibles evoluciones futuras de los sistemas considerados. Dos de las
más importantes herramientas utilizadas para la anticipación, los modelos matemáticos
de simulación y los escenarios del futuro, se discuten comparativamente identificando
sus fortalezas y debilidades.
Palabras clave: Complejidad, desarrollo sostenible, anticipación, sistemas socio-ecológicos, incertidumbre.
PhD en Ecología por la Universidad de Cornell, co-autor del Modelo Mundial Latinoamericano (MMLA), se ha especializado en las áreas de análisis de sistemas ecológicos, evaluación de impacto ambiental, modelos mundiales de simulación,
construcción de escenarios del futuro, pobreza y ambiente, y desarrollo sostenible.
146
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Abstract
The article presents a systemic perspective for the consideration of the possibility
and usefulness of attempting to anticipate the future of the socio-ecological systems
(SES-fundamental units of analysis of the research of sustainable development from the
local to the global) in the context of their complexity and the changing world situation.
The main sources of uncertainty are identified, as well as the challenges posed by the
problematique of sustainable development to Science and Technology, and the implications to explore the possible future evolution or evolutions of the considered systems.
Two of the most important tools used for the anticipation, the mathematical simulation
models and the scenarios of the future, are compared identifying their strengths and
weaknesses.
Key words: complexity, sustainable development, anticipation, socio-ecological systems, uncertainty.
Introducción
Es cada vez más evidente que a pesar de resonantes éxitos en la comprensión y manipulación de muchos fenómenos (particularmente a las escalas moleculares e inferiores),
los enfoques científicos y tecnológicos prevalecientes están exhibiendo deficiencias importantes en la comprensión y gestión de los problemas de “complejidad organizada”
(Weaver 1948) típicos de la problemática del desarrollo sostenible (DS).
La situación actual del planeta se caracteriza por vastos cambios desde la escala local
hasta la global, tanto en sus componentes humanos como en los ecológicos: por una
parte, el mundo está atravesando un período de turbulencia extraordinaria que refleja
la génesis e intensificación de profundos cambios económicos, sociales, políticos, y culturales asociados a la actual revolución tecno-económica y sus crisis. Adicionalmente,
la velocidad y magnitud del cambio global, la conectividad creciente a nivel planetario
de los sistemas ecológicos y sociales, y el aumento de complejidad de las sociedades y
de sus impactos sobre la ecósfera, están generando un alto nivel de incertidumbre e
impredictibilidad, presentando nuevas amenazas (y también nuevas oportunidades) para
la humanidad.
Por otra parte, las tendencias actuales se perciben como insostenibles, tanto ecológica
como socialmente (UNEP 2002, UNCSD 1997, Ortiz y Cummings 2011, MA 2005). La
necesidad de un cambio de dirección fue oficialmente reconocida ya en la Conferencia
sobre Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992, y reafirmada en la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sostenible en septiembre del 2002 en Johannesburgo.
Sin embargo, los avances han sido claramente parciales e insuficientes y, a pesar de
acuerdos mundiales tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM 2014),
los acuerdos sobre el clima global, y otros, el DS sigue esquivo y es necesario reco-
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
147
nocer que la trayectoria actual del planeta tiende más hacia la insostenibilidad que al
desarrollo sostenible.
Para el necesario y urgente cambio de rumbo, es necesario desarrollar estrategias de
corto y de largo plazo, e implementar acciones efectivas, comenzando por las que ya
sabemos que son indispensables.
Tres condiciones básicas deben darse simultáneamente para implementar las acciones
necesarias para corregir el rumbo: conocimiento, capacidad, y voluntad (Figura 1). La
falta de información y conocimiento a menudo es presentada como el principal obstáculo, y se recomiendan nuevos estudios antes de actuar; sin embargo, y sin minimizar la
necesidad de más investigación y más integración de conocimientos, en muchos casos
el conocimiento existente de las variables ecológicas, sociales, políticas y económicas
relevantes, aunque incompleto, es suficiente para identificar muchas de las medidas
necesarias. De hecho, hay muchos diagnósticos científicamente fundamentados de los
obstáculos locales y globales a la sostenibilidad y al desarrollo sostenible con propuestas
de solución. Las razones por las cuales no se toman las acciones que ya se sabe que son
necesarias frecuentemente son de dos tipos: incapacidad (financiera, de recursos humanos, por restricciones fuera del control de los agentes pertinentes) y falta de voluntad
política para implementarlas. El fracaso de las negociaciones internacionales sobre la
mitigación del cambio climático es un claro ejemplo de ausencia de voluntad política.
Figura 1
148
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Este trabajo se focaliza en la necesidad de adoptar enfoques integrados tanto para el
estudio como para diseñar las estrategias de acción en la búsqueda del DS, utilizando
los sistemas acoplados socio-ecológicos (SSE) como unidad de análisis. Se presenta una
conceptualización generalizada de los SSE.
Se analiza el problema de la complejidad de los SSE y las tendencias globales al aumento
general de la complejidad, para luego considerar las implicaciones de esta complejidad
sobre la incertidumbre acerca del estado actual y el funcionamiento de los SSE, y particularmente su evolución hacia el futuro.
Las dos herramientas más usadas por la prospectiva (o estudios del futuro) de sistemas complejos, escenarios y modelos matemáticos de simulación, son brevemente
discutidas en forma comparativa en términos de sus potencialidades relativas y complementariedades.
El trabajo finaliza con las implicaciones del análisis sobre la toma de decisiones para el
DS, y la necesidad de cambios educativos, científicos e institucionales que faciliten (o
posibiliten) nuevos enfoques en la comprensión y en toma de decisiones para cambiar
el rumbo hacia un futuro (o futuros) sostenibles.
La necesidad de la integración del
conocimiento en la búsqueda de
soluciones sostenibles
En lo que concierne al conocimiento sobre el funcionamiento y consecuencias de las
variables sociales, ecológicas, económicas y políticas relevantes para el DS, si bien como
se mencionó anteriormente, en muchos casos específicos ya permite identificar acciones para solucionar los problemas, también es cierto que el enfoque investigativo
predominante es muy sectorial y compartimentalizado, típicamente orientado por la
disciplina científica del investigador/es. En contraste, los problemas típicos del DS surgen
de la interacción entre variables y procesos de muy diversos ámbitos (sociales, ambientales, económicos, culturales, políticos, etc.). Estos complejos sistemas sólo pueden ser
comprendidos a través de un enfoque integral, sistémico, que todavía es incipiente en
los sistemas de investigación de la mayoría de los países. Estos son sistemas fuertemente
“acoplados” funcionalmente (a través de relaciones causales, y de flujos de materia,
energía e información) y por lo tanto co-determinados. Además, estos sistemas son
no-lineales, complejos, y auto organizados. Se ha argumentado (Gallopin et al. 2001) que
el sistema socio-ecológico (Gallopín et al. 1989, Gallopín 1991) a la escala de interés
(local, nacional, global) representa la unidad fundamental del desarrollo sostenible y por
lo tanto la unidad de análisis1 por excelencia para el DS.
1 La entidad básica a ser analizada en una investigación y sobre la cual se coleccionan datos en forma de
variables (definición estándar).
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
149
Por sistema socio-ecológico2 (SSE), en la concepción del autor de este trabajo, se entiende el sistema total conformado por la naturaleza y la sociedad, incluyendo los subsistemas relevantes así como los vínculos entre los mismos. Desde un punto de vista
sistémico, puede ser conveniente distinguir cuatro subsistemas principales: el social, el
económico, el institucional, y el ambiental. Estos subsistemas se corresponden con las
cuatro categorías básicas originalmente planteadas por la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas como las dimensiones fundamentales del DS. Estos
subsistemas interactúan de manera identificable entre sí, y el sistema total (a la escala
considerada) interactúa con otros SSE (la Figura 2 es una representación extremadamente simplificada de un SSE generalizado). Descripciones más detalladas del sistema y
sus interacciones aparecen en Gallopín (2006, 2011a).
Figura 2
2 Este término fue acuñado por Gallopín et al. 1989. Otros términos utilizados comúnmente para referirse al
sistema integrado sociedad-ambiente son sistema social-ecológico (Berkes y Folke, 1998), o sistemas acoplados humano-ambientales (Turner et al., 2003 a, b).
150
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
En términos generales, y ejemplificando con un SSE a escala de país (aunque también válido a otras escalas) los componentes genéricos de un SSE son caracterizados como sigue:
El primer subsistema es el social, definido en sentido amplio como incluyendo las variables de la calidad de la vida (satisfacción de las necesidades materiales y no materiales
del ser humano), de la renta y de su distribución, y de los aspectos demográficos. El subsistema económico incluye la producción y el consumo de bienes y servicios, el comercio, el estado general de la economía, la infraestructura y los asentamientos humanos
o ambiente construido y los desechos generados por el consumo y la producción. El
subsistema institucional contiene las instituciones formales e informales de la sociedad,
las leyes y las regulaciones, y las políticas, y también incluye las estructuras y los procesos
societales principales (agentes sociopolíticos, procesos políticos, estructuras de poder,
etc.) y el conocimiento y los valores de la sociedad. El subsistema ambiental incluye el
ambiente natural en sus aspectos de recursos naturales, procesos ecológicos, condiciones de soporte vital, y la biodiversidad.
Los flujos, interrelaciones o acoplamientos funcionales principales entre los subsistemas de
un SSE los vinculan funcionalmente. Las dos flechas cortas de y hacia la caja grande que
representa el sistema total representan interacciones entre el sistema y su mundo externo
(por ejemplo el comercio internacional, las entradas y salidas de energía y materiales, etc.).
Las interrelaciones pertenecen a dos tipos básicos: por un lado, los flujos de materia y/o
energía entre algunos de los subsistemas (por ejemplo los desechos que salen de la economía o los recursos naturales que entran a ella). Por otro lado, la información, las señales
de control, y/o las acciones que generan cambios en las variables y la organización de
los subsistemas receptores, también fluyen entre los subsistemas (por ejemplo los flujos
financieros, las regulaciones e impuestos, el establecimiento de áreas naturales protegidas).
Las flechas entre los subsistemas económico e institucional representan interrelaciones
tales como políticas, instrumentos económicos, fijación de precios, en un sentido, y flujos
monetarios (como el pago de impuestos) en el otro.
Las flechas entre el subsistema económico y el ambiental incluyen, entre otras, los flujos
de bienes y servicios ambientales (como los recursos naturales) hacia la producción
económica o hacia el consumo directo, y en el otro sentido, la basura generada por el
consumo y la producción, que fluye hacia el medio ambiente.
Las flechas entre el subsistema económico y el social incluyen los efectos del consumo
sobre la calidad de vida, la oferta y demanda de empleo, los impactos del ambiente
urbano sobre la calidad de vida.
Las flechas del subsistema ambiental al social incluyen interrelaciones como los impactos
de la calidad del ambiente natural sobre la salud humana.
Las flechas entre el subsistema institucional y el social incluyen los efectos del subsistema
institucional sobre el ambiente social de las personas (educación, seguridad, sistemas de
valores) y el impacto de la calidad de vida sobre las instituciones (influencia del crecimiento de la pobreza sobre las reivindicaciones sociales).
Finalmente, las flechas entre el subsistema institucional y el ambiental incluyen fenómenos como los impactos institucionales y políticos directos sobre el subsistema ambiental
(áreas protegidas, impactos ambientales de acciones militares y terroristas).
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
151
La mayoría de las flechas entre subsistemas representan influencias recíprocas entre los
mismos, y por lo tanto son bidireccionales. Dos de las flechas representadas son unidireccionales; es el caso de las interrelaciones entre los subsistemas institucional y social
con el ambiental.
El subsistema institucional tiene un efecto directo sobre el ambiental, pero la recíproca no es cierta: el esquema supone que los cambios en el subsistema ambiental
sólo influyen sobre el subsistema institucional a través de sus repercusiones sobre el
subsistema social (por ejemplo impacto de la contaminación sobre la salud humana)
o sobre el subsistema económico (por ejemplo impactos de la degradación de suelos
sobre la agricultura).
En el caso de subsistema social, se enfatizan los efectos del subsistema ambiental
sobre el social, pero no se plantean efectos directos en la dirección inversa, ya que
se supone que las influencias del subsistema social sobre el ambiental se canalizan a
través de los procesos de consumo, incluidos en el subsistema económico.
El que la unidad básica de observación incluya tanto a los subsistemas humano como
natural requiere necesariamente un enfoque interdisciplinario e integrador. La investigación integrada obviamente no significa meramente añadir más variables, o abarcar una porción mayor de la realidad; la integración de la investigación científica en
términos de relevancia para la toma de decisiones requiere de un enfoque holístico
(mirar a las totalidades en vez de solamente a sus partes componentes), y un estilo
de investigación interdisciplinario.
El enfoque holístico desde un punto de vista científico incluye la identificación de los
eslabonamientos causales más importantes y. lo que es más difícil, la comprensión de
la dinámica del sistema. Las no-linearidades y la auto-organización tienen un papel
crucial en la generación del comportamiento contraintuitivo típico de la mayoría de
los sistemas complejos. Esto implica que es necesario investigar cómo los diferentes
componentes y procesos del sistema interactúan funcionalmente para generar respuestas y propiedades emergentes a nivel de todo el sistema, y cómo el sistema se
transforma y se adapta.
La Figura 3 (Gallopín 1994) presenta una propuesta de “preguntas guía” para la investigación de los SSE (aquí representados en su forma más simple como dos subsistemas en interacción: la sociedad y los componentes ecológicos). En la referencia
citada se provee una descripción y justificación de las preguntas-guía, pero la figura es
suficientemente explicativa.
152
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
FIGURA 3
La complejidad del SSE
y el contexto cambiante del mundo
El DS se aplica a sistemas inherentemente complejos (no meramente complicados) de
seres humanos socialmente organizados en interacción funcional con los ecosistemas
(SSE). Esto significa grados de complejidad muy altos y además, rápidamente crecientes.
El DS requiere:
Integrar las dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas, y ecológicas
Considerar simultáneamente diferentes escalas
w Ampliar los horizontes de tiempo y espacio para incluir la equidad intergeneracional y la intrageneracional
w Tomar en consideración diferentes perspectivas irreductibles y legítimas.
w
w
Los enfoques tradicionales de la ciencia muchas veces no pueden responder a estos
requerimientos (Kates et al. 2001). En otras palabras, la investigación para el DS plantea la necesidad de un enfoque de sistemas complejos en la práctica y método de la
ciencia, incluyendo: 1) desarrollar una comprensión holística focalizada en el sistema
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
153
socio-ecológico interconectado; 2) comprender la dinámica de los sistemas e identificar sus eslabonamientos causales importantes (horizontales –entre subsistemas o
sistemas de la misma escala, y verticales –entre sistemas de escalas diferentes); 3)
reconocer la especificidad contextual de los problemas y soluciones; y 4) utilizar el
conocimiento útil y utilizable de diferentes tipos, fuentes, y escalas.
No sólo entra en juego la complejidad actual de los SSE, sino que hay muchas señales
que sugieren que la complejidad de los problemas está aumentando rápidamente
(Gallopín et al. 2001, Munn et al. 1999). Esto se debe a diferentes razones:
Ontológicas. Los cambios inducidos por los humanos sobre el mundo natural, a
tasas y escalas sin precedentes, y que también resultan en aumentos de la conectividad e interdependencia a varias escalas. Las moléculas de anhídrido carbónico
emitidas por el uso de los combustibles fósiles se suman a las moléculas de anhídrido carbónico generadas por la deforestación potencializando el cambio climático
global; una crisis económica en Asia reverbera a través del sistema económico mundial afectando países lejanos.
Epistemológicos. Los cambios en nuestro conocimiento debidos a la comprensión
científica moderna del comportamiento de los sistemas complejos, incluyendo la percepción que la impredictibilidad y la sorpresa pueden formar parte intrínseca de la
trama de la realidad, no sólo en el mundo microfísico (ej. el bien establecido principio
de incertidumbre de Heisenberg), sino también en el nivel macroscópico.
Cambios en la naturaleza de la toma de decisiones. En muchas partes del mundo, está
ganando espacio un estilo más participativo de adopción de decisiones, superando
los estilos autoritarios y los tecnocráticos. Esto, aunado a la aceptación creciente
de criterios adicionales a los tradicionales, tales como los ambientales, los derechos
humanos, de igualdad de género, y otros, así como la emergencia de nuevos actores
sociales como los organismos no gubernamentales y las compañías transnacionales,
está resultando en un aumento en el número de dimensiones utilizadas para definir
temas, problemas, y soluciones, y por lo tanto a una mayor complejidad.
Esta situación y tendencias hacen que la problemática del DS plantee serios desafíos a
la Ciencia y la Tecnología (Gallopín 2013). Estos desafíos no serán discutidos en detalle
aquí, pero un listado de los más identificables aparece en la Figura 4.
154
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Figura 4
La anticipación del futuro de los SSE
La constatación que la trayectoria actual del mundo (y de muchos de los SSE a escalas
más locales) parece no ser sostenible a largo plazo, obliga a identificar y discutir estrategias para cambiar de rumbo. Esto implica analizar la situación actual y sus tendencias,
lo que puede también requerir analizar la historia que nos llevó a esta situación (para
ayudar a comprender las causalidades) pero además, y sobre todo, explorar el futuro o
futuros posibles.
La complejidad de los SSE genera incertidumbres de varios tipos: incertidumbres
fundamentales e irreductibles pueden surgir de procesos no lineales (por ejemplo, el
comportamiento caótico), de los procesos de auto-organización (por ejemplo, Ilya
Prigogine [Nicolis y Prigogine 1977] demostró que la nueva estructura sistémica que
surge de la reorganización de los elementos de un sistema abierto en intercambio
con su entorno puede ser inherentemente impredecible incluso en sistemas químicos
sencillos). Finalmente, la existencia de comportamientos deliberados de diferentes
actores o agentes, cada uno con su propio objetivo, hace que el futuro sea indetermi-
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
155
nado. Además, los sistemas complejos “autoconscientes” (o “reflexivos”) que incluyen
subsistemas humanos e institucionales, son capaces de observarse a sí mismos y su
propia evolución, y actuar sobre la misma, con lo cual abren nuevos repertorios de
respuestas y nuevas interconexiones. En tales sistemas, surge otra fuente de incertidumbre “dura”; una especie de “efecto Heisenberg”, donde los actos de observación
y análisis se convierten en parte de la actividad del sistema estudiado y, por lo tanto,
influyen en él de diversas maneras. Esto es bastante conocido en los sistemas sociales
reflexivos, a través del fenómeno del “riesgo moral”, las profecías autocumplidas y el
pánico de masas.
La investigación científica de los SSE en tanto sistemas complejos, autoconscientes, a
menudo tiene que lidiar con una combinación de complejidades a diferentes niveles. El
juego entre los factores en los diferentes niveles aumenta la complejidad intrínseca de
cada uno de los niveles. Hay al menos tres niveles en que la complejidad influye en la
investigación científica:
La realidad física, donde entran en juego las propiedades de auto-organización, incertidumbre irreductible, emergencia y otros elementos.
w La necesidad de tener en cuenta diferentes “epistemologías” (se debe reconocer y respetar una pluralidad de percepciones o perspectivas, aunque no
necesariamente aceptables como igualmente válidas).
w La necesidad de tener en cuenta diferentes “intencionalidades” (objetivos de
los diferentes actores sociales).
w
Ante esta situación, la pretensión de “predecir” el futuro es totalmente ilusoria (aunque
puedan existir algunos procesos relativamente predictibles, sobre todo en el corto plazo) la predicción en su sentido riguroso es imposible para los SSE como totalidades. Si
sumamos a esto el hecho que el futuro todavía no existe, y que además depende no
sólo de procesos y leyes físicas3 sino también de decisiones y acciones humanas todavía
no realizadas (y algunas todavía no pensadas), las afirmaciones de aquellos analistas que
pretenden predecir el futuro carecen de fundamento.
Escenarios y modelos matemáticos
A través de la historia, siempre se ha buscado anticipar el futuro para intentar avizorar
los peligros y para aprovechar las oportunidades. Los principales modos y herramientas
para pensar sobre el futuro pueden categorizarse como:
w Profecía
w Consulta a expertos (encuestas, método Delphi, etc.)
3 En este contexto, incluyendo los procesos químicos, biológicos, etc.
156
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Modelos anticipatorios (proyecciones, modelos econométricos, modelos
estadísticos, modelos de insumo/producto, modelos de optimización, modelos
basados en agentes, modelos de simulación dinámica, etc.)
w Escenarios
w
Salvo el primero, los tres modos son utilizados hoy en forma más o menos rigurosa,
(dependiendo de los operadores y los objetivos), y los tres son parte del bagaje de la
Prospectiva (a menudo llamada también Futurología) definida como la disciplina que
estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él.4
Esta sección focaliza en la comparación de las dos herramientas de la prospectiva que
incluyen de alguna manera la dinámica y causalidad de los sistemas analizados: los modelos matemáticos de simulación digital, y los escenarios cualitativos.
En línea con lo discutido anteriormente, el objetivo de la prospectiva no es predecir el
futuro, sino explorar futuros alternativos posibles (incluyendo futuros deseables). Así, se
han construido modelos y escenarios exploratorios (qué podría pasar) y normativos
(futuros que queremos que se materialicen). Por ejemplo, el Modelo Mundial Latinoamericano (Herrera et al. 2004) es un ejemplo de ambos, ya que se corrió en modo
exploratorio (qué trayectoria futura podría seguir el mundo en ausencia de cambios
importantes de política), y también en modo normativo (optimizado) generando una
trayectoria deseable (y posible). Desde otro punto de vista, los escenarios pueden ser
más analíticos (concentrándose en el despliegue de los procesos básicos) o más impresionistas (introduciendo vívidos eventos específicos para ilustrar).
Los escenarios y los modelos son modos complementarios de explorar el futuro, y
ambos tienen sus ventajas y desventajas.
Un escenario es una secuencia hipotética de eventos que culminan con un estado o
imagen del futuro, con el propósito de enfocar la atención en procesos causales, puntos
de decisión, y bifurcaciones donde las acciones humanas podrían cambiar el curso de
eventos. Los escenarios no son predicciones del futuro, sino intentos de percibir futuros
en el presente (Schwartz 1991). En general, se recomienda definir un número reducido
de escenarios alternativos (pero más de uno) que posibiliten explorar el “espacio de lo
posible”. Se apoyan en la ciencia –para la comprensión de los patrones históricos, de la
condición actual, y el conocimiento de los procesos físicos y sociales- y en la imaginación,
para concebir, articular y evaluar un rango de senderos de futuro. Para más información
ver Global Scenario Group 2014, Schwartz 1991, Gallopín 2004.
Un modelo es una representación simplificada de la realidad donde se supone una
correspondencia entre los elementos y relaciones contenidos en el modelo y los elementos y relaciones de la realidad; un modelo matemático representa los elementos
y relaciones como variables y funciones matemáticas respectivamente. Un modelo de
simulación es un modelo matemático que (se supone) imita en algunos aspectos esenciales el funcionamiento de un sistema del mundo real cuando evoluciona en el tiempo.
4 Ésta es una de las varias definiciones existentes.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
157
Los modelos utilizados para estudiar el comportamiento de los sistemas relevantes para
el DS son prácticamente todos de este último tipo, y existe abundante bibliografía sobre
ellos, incluso disponible en Internet (información introductoria se puede encontrar en
Wikipedia: Computer Simulation, 2014 o en Maria, 1997). Si bien en teoría ciertos tipos
especiales de modelos matemáticos podrían incluir variables de tipo cualitativo,5 prácticamente la totalidad de modelos matemáticos que intentan simular el comportamiento
de sistemas sociales, ecológicos, y socio-ecológicos sólo permiten operar con variables
cuantitativas. Los escenarios, por el contrario, pueden incluir tanto factores cuantitativos
(climáticos, hidrológicos, algunos de los económicos, algunos de los demográficos, etc.)
como cualitativos (culturales, políticos, sociales, etc.).
La Figura 5 muestra gráficamente las principales áreas cuantificables y no cuantificables
de los SSE. La Tabla 1 provee una comparación más detallada entre escenarios y modelos. La Tabla muestra que los escenarios cualitativos y los modelos numéricos pueden
exhibir importantes complementariedades, y su uso combinado, cuando es posible, puede ser de gran utilidad.
Figura 5
5 Por ejemplo, en los años 60 Karl Deutsch (1963) fue un pionero en la construcción de modelos de procesos
políticos (aunque estos modelos no eran integrados sino sectoriales).
158
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Tabla 1
ESCENARIOS CUALITATIVOS
MODELOS DE SIMULACIÓN
Pueden incluir factores cuantificables y no cuantificables.
Son más comprehensivos que los modelos cuantitativos
Limitados a los factores cuantificables pero suelen ser más
precisos que los escenarios cualitativos
Transparentes
Opacos a los que no son técnicos especializados
Definitivamente no predictivos,
sino exploratorios del futuro
Exploratorios o predictivos
Pueden incluir la incertidumbre “dura”
y la verdadera novedad
Pueden manejar la incertidumbre probabilística
Siempre enfocados al futuro
No todos son orientados al futuro. Cuando se utilizan para
explorar futuros alternativos se los puede considerar como
escenarios cuantitativos
Conclusiones. El DS, la incertidumbre y la
toma de decisiones
Naturalmente, la prospectiva y las herramientas como modelos, escenarios, etc.,
no se traducen (o no se debería intentar traducirlos) automáticamente en la toma
de decisiones sobre la realidad. Tales herramientas son algunos de los elementos
que contribuyen a nuestra comprensión del sistema, comprensión que se nutre no
sólo de esos elementos sino de otros tipos de conocimiento, y toman en cuenta
los objetivos y valores de los tomadores de decisión, para actuar sobre la realidad,
en un proceso idealmente iteractivo (Figura 6). En otras palabras, los modelos y
escenarios son herramientas de apoyo a la toma de decisiones, y no sistemas de
toma de decisiones.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
159
Figura 6
Pero, si, como se dijo antes, la verdadera predicción del futuro de los sistemas complejos
es imposible, ¿cuál es la utilidad de la prospectiva? Los escenarios y modelos sirven para
explorar las posibilidades del futuro o futuros alternativos, para verificar la factibilidad de
algunas trayectorias, y principalmente para estructurar el pensamiento acerca del futuro,
focalizando en los “puntos neurálgicos” o bifurcaciones donde se puedan identificar acciones con la potencialidad de cambiar las trayectorias no deseables hacia aquellas más
deseables. También son de utilidad para identificar posibles señales de alerta temprana
que indiquen cuáles trayectorias se están comenzando a materializar y así orientar la
toma de decisiones.
Pero el problema central persiste; de acuerdo al análisis presentado en este trabajo, 1)
hay una urgente6 necesidad de tomar acciones inteligentes e internacionalmente coordinadas a todas las escalas para cambiar el rumbo del planeta hacia el DS; 2) existen
importantes incertidumbres acerca de la situación y dinámica de los SSE en la situación
actual (algunas que se irán eliminando a medida que avance el conocimiento, y otras que
son irreductibles y nunca serán eliminadas); 3) la complejidad y la incertidumbre globales
6 En algunos casos, como en el cambio climático, ya se han transgredido límites irreversibles; en otros casos,
muchos científicos están preocupados que estemos por cruzar “puntos de inflexión” o “puntos de no retorno”
(tipping points) del SSE planetario (Lenton et al, 2008).
160
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
parece estar aumentando, no disminuyendo; 4) la predicción del futuro es imposible
para los sistemas complejos como los SSE a sus diferentes escalas.
En esta situación, hay varias reacciones posibles para los tomadores de decisiones:
Negación y auto-persuación. “Es una estrategia demasiado frecuente: el problema no existe, ya sabemos lo que trae el futuro y las acciones que estamos
tomando van a resolver los problemas”, etc.
w Parálisis. “Ante la falta de seguridad y de predicciones confiables, es preferible
no hacer nada”. Esta estrategia, también adoptada en muchos casos para defender intereses que favorecen el status quo, arriesga caer en situaciones indeseables, algunas irreversibles.
w Miopía. Ver solamente el corto plazo y tomar acciones puramente reactivas,
que terminan frecuentemente confrontando los síntomas pero no las causas de
los problemas, y también agravando la situación a largo plazo (porque la sucesión
de acciones de corto plazo termina configurando una estrategia implícita y a
veces no percibida en el largo plazo)
w Acciones adaptativas y proactivas. Basadas en lo que se conoce, pero aceptando la incertidumbre, e incluso incorporándola. Estrategias flexibles y robustas
ante el error o lo inesperado. El concepto de gestión adaptativa está bien desarrollado en Walters (1986) para la problemática de la gestión de los ecosistemas,
pero los conceptos son generalmente aplicables.
w
La aceptación en la toma de decisiones sobre el DS, de la incertidumbre y de la complejidad, y el pasaje de estrategias reactivas a las adaptativas y proactivas requiere, por
un lado, cambios en la educación7 y en los sistemas de Ciencia y Técnica (sin que esto
implique abandonar las formas tradicionales de investigación) y, por otro lado, cambios
institucionales que eliminen los obstáculos existentes para la toma de decisiones integradas y la investigación inter-institucional e interdisciplinaria. Y esos cambios deberían
darse en forma lo más universal posible, lo que requiere un nuevo nivel de cooperación internacional.
El desafío es enorme, pero los estudios recientes sobre las consecuencias de continuar
la trayectoria actual sugieren que los costos del fracaso serían mucho mayores, así como
los beneficios de cambiar de rumbo.
7 Otras sugerencias sobre algunos de los cambios profundos necesarios en la educación y capacitación para
el DS aparecen en Gallopín (2011b).
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
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REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
163
Nieblas del Riachuelo.
Cuencas metropolitanas y
políticas de adaptación al
cambio climático en Buenos Aires
María Gabriela Merlinsky (UBA-CONICET)*
Resumen
El artículo analiza el déficit histórico en materia de políticas de gestión hídrica en Buenos
Aires buscando identificar el modo en que este último condiciona las estrategias de adaptación al cambio climático. Se trata de un asunto de alta complejidad en una metrópolis
que se ha desarrollado en presencia de fuertes desigualdades sociales y ambientales.
Se adopta un enfoque centrado en la perspectiva de la justicia ambiental, buscando
mostrar cambios institucionales recientes a partir de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa judicial donde los ciudadanos han exigido la
recuperación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo ejerciendo el derecho constitucional al ambiente sano.
Consideramos el valor heurístico que tiene este conflicto para identificar los desafíos que
enfrenta la gestión ambiental metropolitana y hacer un balance de las oportunidades y
barreras en materia de políticas de adaptación al cambio climático en el mediano plazo.
Palabras clave: Cambio climático, ciudades, cuencas hídricas, gobernabilidad ambiental,
justicia ambiental
* María Gabriela Merlinsky es socióloga, doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires y doctora
en geografía por la Universidad Paris VIII. Es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) e investigadora del
CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones “Gino Germani” (FCS-UBA). [email protected]
164
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Abstract
This paper focuses on the historically deficient water resource management policies of
Buenos Aires, trying to show how they constrain climate change-adaptation strategies.
The scenario is particularly complex in a metropolitan area marked by great social and
environmental inequalities.
The problem is approached from an environmental justice perspective, showing how
institutional change was recently brought about by the intervention of the Supreme
Court of Justice in a case in which citizens demanded the environmental remediation of
the Matanza-Riachuelo basin, based on the constitutional right to a healthy environment.
I underline the heuristic value of this conflict as it allows us to identify the challenges facing
metropolitan environmental management and to assess opportunities and obstacles for
the shaping of middle-term climate change-adaptation policies.
Keywords: Climate change, cities, river basins, environmental governance, environmental justice
Introducción
La Región Metropolitana de Buenos Aires es el centro político más importante de la
Argentina y forma parte de una región mayor que se ha dado en llamar Eje Fluvial Industrial, constituido por conjunto de ciudades enlazadas a través de puertos y fuertes
asentamientos industriales extendidos desde la ciudad de La Plata hasta las ciudades de
Rosario-San Lorenzo, a 60 y 300 km. de Buenos Aires respectivamente. Siendo el principal
centro financiero y el mayor mercado de producción y consumo del país, la metrópolis de
Buenos Aires concentra el 50% de la mano de obra industrial y el 55% del PBI Nacional.
La actividad económica de la metrópolis, sus servicios básicos y sus políticas urbanas son
el soporte de la vida de cerca de quince millones de habitantes, que diariamente utilizan
una red de infraestructuras de electricidad, transporte, sanitaria, educativa, etc. En ese
mismo conglomerado se utilizan recursos naturales y se generan impactos ambientales
que afectan la salud de las personas. Cuando el Estado no interviene en la gestión y en
la regulación de las formas de utilización de dichos recursos, la demanda humana sobre
el ambiente rápidamente supera la capacidad de los sistemas naturales para regenerarse.
Es aquí donde aparecen los problemas ambientales.
En Buenos Aires, considerados como recursos a explotar y como colectores de todo
tipo de efluentes industriales y domiciliarios, los ríos se han ido degradando hasta
perder sus características biológicas esenciales (Morello y Matteucci, 2000; Herrero y
Fernández, 2008).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, marcó un punto de inflexión en
este proceso en 2006, al declarar su competencia en una causa judicial iniciada por un
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
165
conjunto de ciudadanos que reclamaron el saneamiento ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, el territorio paradigmático de la contaminación ambiental en Argentina.
Los pobladores en la cuenca habían demandado a un grupo de empresas por generar
daños al ambiente y a los tres gobiernos con competencia en el territorio (el Estado
Nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) por su inacción en materia de control de la contaminación.
En su declaración de competencia, la Corte exigió medidas de control a las empresas demandadas y estableció que los gobiernos con competencia en la cuenca debían
presentar con carácter urgente un plan integrado y progresivo para el saneamiento
del territorio. Al exigir que dicho plan fuera realizado conjuntamente por la Nación, la
provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Corte puso en el
centro de la escena el problema de la gobernabilidad ambiental metropolitana.
El Estado Nacional respondió a esta requisitoria judicial, mediante la creación de una
nueva autoridad interjurisdiccional: la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACUMAR), un organismo que tiene potestades para la gestión de todas las acciones
de saneamiento en ese territorio.1
La sentencia final por recomposición y prevención del daño ambiental tuvo lugar el 8
de julio de 2008. Aquí se estableció la responsabilidad de las diferentes jurisdicciones en
el saneamiento de la cuenca y se definieron medidas perentorias, exigiendo que fueran
ejecutadas por la ACUMAR bajo el apercibimiento de multas aplicables a los funcionarios responsables. Buscando generar un proceso activo de cumplimiento de la sentencia,
la Corte delegó la ejecución del fallo en un Juzgado de Primera Instancia. Asimismo,
generó un modelo participativo para el seguimiento del caso: son varias ONGs en defensa del ambiente, coordinadas por la Defensoría el Pueblo de la Nación2 quienes actualmente forman parte de un Cuerpo Colegiado encargado de controlar la ejecución
de la sentencia. Este proceso de implementación continúa abierto, y el saneamiento de
la cuenca es todavía una apuesta incierta que abre importantes signos de interrogación.
El Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo (PISA), que
lleva adelante ACUMAR, descansa en tres grupos de acciones fundamentales: la reconversión y el control de las industrias contaminantes, la extensión de las redes de agua
potable y saneamiento y la intervención en el ordenamiento ambiental del territorio
(que incluye la relocalización de población asentada en áreas de riesgo de inundación).
De este modo, la recuperación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo se ha vuelto
1 La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) es el ente interjurisdiccional de derecho público
creado en 2007 por la Ley Nacional 26.168. Su Consejo Directivo está presidido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y representantes de las tres jurisdicciones con competencia en la cuenca (el gobierno federal, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires). Catorce municipios del conurbano (que forman parte del territorio de la cuenca) sólo tienen funciones
consultivas en ACUMAR. (Ley 26.168). El organismo, durante sus primeros cuatro años de existencia, tuvo
recambio de autoridades en cuatro oportunidades.
2 Durante el proceso judicial, la Corte Suprema de Justicia aceptó incluir a la Defensoría del Pueblo de la
Nación y a un conjunto de organizaciones no gubernamentales de defensa del ambiente como “terceros en la
causa” (amicus curiae), estos actores se transformaron en monitores sociales del proceso judicial.
166
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
un asunto de debate público y un desafío mayúsculo en materia de política ambiental.
El conflicto por el saneamiento del Matanza-Riachuelo es un espejo aumentado de los
problemas vinculados a la degradación ambiental de las cuencas metropolitanas (Cafferatta, 2008; Nápoli y Espil, 2011, Merlinsky, 2011).
El propósito de este artículo es analizar el modo en que el déficit histórico en políticas
de gestión hídrica establece condicionantes a la hora de definir estrategias de adaptación al cambio climático.3 Esto último se vuelve un asunto de alta complejidad en una
metrópolis que se ha desarrollado en presencia de fuertes desigualdades sociales y
ambientales. Tomando en consideración el conflicto por el saneamiento de la cuenca
Matanza-Riachuelo, prestaremos atención a su valor heurístico para el análisis de los
desafíos que enfrenta la gestión ambiental metropolitana. Siguiendo algunas propuestas
recientes en la literatura (Martins y Ferreira; 2010; Garnaud, 2010), nos interesa analizar
este caso testigo en términos de identificar oportunidades y barreras en materia de
políticas de adaptación al cambio climático en el mediano plazo.
Metrópolis, cuencas hídricas
y cambio climático
Los impactos del cambio climático poseen consecuencias directas sobre las ciudades,
tanto en términos de infraestructura como sobre la población, los mismos no son exclusivos del espacio urbano, pero debido al aumento de la urbanización y la población
estas son especialmente vulnerables (ONU-HABITAT, 2011). El reconocimiento de dichas relaciones implica pensar en innovaciones sociales que mejoren el medio ambiente
urbano y contribuyan a adaptarse, es decir anticipar y planificar las respuestas al cambio
climático en el presente y en el futuro.
Los riesgos e impactos vinculados al cambio climático en la escala local, así como las
vulnerabilidades y capacidad de adaptación que en ella se presentan son diferentes
para cada ciudad. Sin embargo, existen cuestiones que resultan comunes a los distintos
centros urbanos, entre ellos pueden subrayarse los siguientes: a) los impactos derivados
del cambio climático en alguna área o sector podrían generar un “efecto dominó” que
afectaría muchos otros aspectos de la vida urbana; b) los niveles de afectación del cambio climático pueden variar entre distintos sectores, grupos sociales o barrios dentro
3 Las políticas para reducir y minimizar los daños causados por el cambio climático pueden ser clasificadas en
dos grandes grupos. El primero comprende los esfuerzos por mitigar los cambios climáticos, que en la jerga de
la literatura climática significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como forma de aminorar
el calentamiento global y otras tendencias climáticas. El segundo grupo de posibles respuestas comprende
las llamadas acciones de adaptación, que apuntan al ajuste de sistemas naturales o humanos como forma de
moderar los daños o explotar posibles oportunidades de beneficios asociadas con estímulos climáticos o sus
efectos. Es decir que las políticas de adaptación se concentran en la respuesta a los impactos –tanto positivos
como negativos- actuales o esperados del cambio climático.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
167
de una misma ciudad. Para las personas, aspectos como el género, edad, raza y riqueza
tienen implicaciones en su capacidad de adaptación y grado de vulnerabilidad; c) la falta
de planificación urbana y ajuste de códigos y patrones de zonificación y construcción
podría dificultar las posibilidades de adaptación, aumentado el riesgo de pérdidas y daños a los bienes materiales y la vida humana (ONU-HABITAT, 2011).
Para disminuir los riesgos ambientales focalizados, en la escala local pueden implementarse,
por ejemplo, medidas que permitan mejorar la calidad del agua antes de su distribución, o
evitar la instalación en su territorio de industrias contaminantes y perjudiciales para la salud, o bien gestionar el tráfico vehicular para mejorar la calidad del aire. En el contexto de
los impactos previstos por el calentamiento global, la disminución de los riesgos se vincula
muy estrechamente al cambio de los modelos de producción y los estilos de consumo
de los grupos de ingresos altos, muchos de ellos ubicados en países desarrollados (Satterthwaite, 2008) que suelen registrar un elevado porcentaje de las emisiones de gases de
efecto invernadero (Viola y Franchini, 2011). Sin embargo, aun cuando la generación del
riesgo se vincula con modelos de producción y estilos de consumo de las clases acomodadas y de los países desarrollados, las consecuencias del cambio climático tienen un impacto
diferencial sobre los grupos más vulnerables en los países en desarrollo.
De ahí que sea una necesidad urgente considerar de forma prioritaria las políticas de
adaptación de las ciudades, en especial las grandes metrópolis de estos países, dado que
allí se concentra la mayor parte de la población urbana del mundo. En esas ciudades,
existen núcleos urbanos de alto riesgo y enormes desafíos en la capacidad para reducir
la vulnerabilidad (Satterthwaite, 2008; ONU-HABITAT, 2011).
El discurso político y científico sobre la adaptación, así como la historia de los análisis de
sus procesos a escala local tiene un inicio en años recientes (Garnaud, 2010; Hodson
y Marvin; 2010). Una revisión de la literatura realizada por Martins y Ferreira (2010),
que incluyó 38 casos de ciudades en los cinco continentes,4 arrojó que tanto en los
países desarrollados como en desarrollo existe un predominio de acciones y medidas
de mitigación. En parte ello se debe a que las medidas de reducción de gases de efecto
invernadero ha sido uno de los temas de mayor visibilidad de la política internacional,
además de que las políticas de mitigación, por ejemplo las de eficiencia energética, promoción de nuevas tecnologías, y en general, de reducción de la huella de carbono, han
encontrado una amplia aceptación social y económica.
La voluntad de generar acciones para adaptarse al cambio climático sigue siendo limitada (Garnaud, 2010). En algunos casos las políticas de adaptación suelen ser vistas todavía
como acciones adicionales en los planes de gestión pública, en esos casos, los actores
4 Los autores realizaron un meta-análisis sobre la literatura existente, en el que se incluyeron las siguientes
ciudades: Europa (Londres, UK; Saxony-Anhalt, ALE), América (Nueva York, Boston, Seattle y King Country,
EUA; Halifax, Vancouver y Toronto, CAN; São Paulo, BRA; Ciudad de México, MEX; Bogotá, COL; Santiago,
CHIL; Quito, ECD), Ásia (Bangkok, TAI; Chennai, Cochin, Surat , Mumbai, Pune y Delhi, IND; Yakarta, INDO;
Chittagong, BAN; Da Nang y Ho Chi Minh, VIET; Dalian, Hanghou, Ningbo, Beijing y Hong Kong, CHIN; Manila,
FIL; Prefectura de Mie, JAP; Singapur, SIN; Seúl, COR), Oceanía (Melbourne, AUS), y África (Durban y Ciudad
del Cabo, AFRS; Mombasa, KEN).
168
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
y gobiernos subnacionales y locales no están adecuadamente equipados, ni científica, ni
financiera ni tecnológicamente (Satterthwaite, 2008; Martins y Ferreira, 2010). La incertidumbre prevaleciente sobre el nivel de los riesgos y el alcance de impactos que se proyectan a largo plazo, así como la necesidad de atender demandas urgentes e inmediatas
dificultarían las propuestas e implementación de dicho tipo de políticas.
Las inundaciones por eventos meteorológicos suelen ser una de las principales razones
de catástrofe en tanto que se desarrollan en zonas costeras y se vinculan a un crecimiento urbano descontrolado. Por esa razón la planificación y regulación de la construcción
en los centros urbanos se considera una de las herramientas más eficaces de adaptación
(Parry et al, 2008; Vigué y Hallegatte, 2010). Asimismo, la reubicación de personas que
habitan en zonas de riesgo y una infraestructura de drenaje y alcantarillado adecuada, así
como la utilización de materiales de pavimentación que permitan mayor permeabilidad
durante lluvias intensas podrían coadyuvar a disminuir la vulnerabilidad en las zonas
urbanas. Un punto de acuerdo en la literatura es que las inversiones directas en obras
de protección contra inundaciones y en las infraestructuras de gestión de agua figuran
entre las medidas más importantes recomendadas para las políticas de adaptación (Viguié y Allegatte, 2010: 59).
Desafíos para la recuperación ambiental de
las cuencas metropolitanas de Buenos Aires
Las cuencas hídricas están estrechamente vinculadas a uno de los recursos naturales
más importantes del que dependemos los seres vivos y que se ha constituido en centro
de preocupaciones a nivel mundial: el agua dulce. Son, de este modo, la unidad espacial
básica indispensable para evaluar la función ambiental y la dinámica de los recursos naturales con fines de conservación y manejo. Por esa razón, en la literatura internacional
y en las recomendaciones para la política ambiental, se considera que las cuencas son el
territorio base para la gestión integrada del agua (Dourojeanni y Jouravlev, 2002).
La Región Metropolitana de Buenos Aires está localizada en la costa del Río de la Plata,
un amplio estuario formado por la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay, que tiene
características únicas, pues permite garantizar a un costo muy bajo, una enorme disponibilidad de agua dulce para consumo humano.
Una porción considerable de la región metropolitana se encuentra en terrenos bajos entre los 2,8 y los 5 m por sobre el nivel del mar, en esas áreas son frecuentes
las inundaciones originadas por sudestadas. Estas ocurren por la disposición geográfica
del estuario (dirección noroeste-sudeste) y cuando fuertes vientos del sudeste vienen
acompañados por precipitaciones, en estas ocasiones, el nivel del agua asciende y se
generan consecuencias para la población asentada en áreas bajas (Bischoff, 2005: 53).
En dirección a las aguas del Río de la Plata fluyen cursos de agua correspondientes a
tres cuencas hidrográficas: la cuenca Matanza-Riachuelo, la cuenca del Río Reconquista,
la cuenca del Río Lujan. Existen varios problemas estructurales no resueltos derivados
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
169
de la expansión urbana no planificada, que han ido generando impactos acumulativos
hasta producir la degradación ambiental de las cuencas hídricas metropolitanas.
En primer lugar, la expansión urbana del territorio metropolitano no ha tomado en
cuenta la protección ambiental de las cuencas. Desde el momento de la fundación de
Buenos Aires, la llanura y el río fueron condicionantes básicos del asentamiento humano.
La localización industrial tendió a priorizar las cuencas (zonas bajas), mientras que la
residencial a buscar las zonas altas. Los usos industriales del agua han sido privilegiados
a expensas de otros usos sociales y ambientales y, de este modo, se han externalizado
los costos ambientales hacia el conjunto de la población. En las tres últimas décadas el
proceso de cambio y adecuación de las nuevas infraestructuras viales (autopistas) y la
proliferación de nuevas urbanizaciones cerradas tampoco ha respetado criterios de
preservación hídrica. Se han generado ocupaciones de áreas tradicionalmente agrícolas
y en sitios de humedales, las que han sido sometidas a profundas modificaciones del
paisaje, con afectación a los cuerpos de aguas naturales. Esto tiene consecuencias en el
drenaje hídrico de las tierras circundantes, lo que afecta a la población que vive alrededor de estos barrios cerrados (Danielle, Ríos y Pirez, 2008).
En segundo lugar, la ciudad metropolitana se ha expandido reproduciendo profundas
desigualdades sociales y territoriales. Los municipios metropolitanos –particularmente
en el área sur y en las cuencas bajas del Reconquista y el Matanza-Riachuelo- han
experimentado un déficit histórico en materia de planificación de usos del suelo,
inversión pública en obras de infraestructura y provisión de agua y saneamiento (Clichevsky, 2002; Torres, 2001). Son esos territorios de la cuenca los que tienen menor
poder financiero y los que al mismo tiempo deben enfrentar las consecuencias más
gravosas de la degradación ambiental.
En tercer lugar, por muchas décadas ha existido un vacío de orientación en la política de
suelo urbano para los sectores populares. La metrópolis se ha expandido en base a dos
tipos de operaciones: unas mercantiles, fuertemente planificadas y destinadas a grupos
de ingresos medio-altos y altos y otras por fuera del mercado, donde la población que
no puede comprar tierras ocupa áreas de escaso valor económico (Cravino, 2008).
Estos sitios suelen ser las zonas inundables de las cuencas, basurales a cielo abierto,
suelos contaminados, etc. El 50% de la población residente en asentamientos informales
y barrios populares, es decir unas 500.000 personas (muchos de ellos localizados en
zonas inundables) se encuentra asentado en áreas bajas de la cuenca Matanza-Riachuelo
(Merlinsky, et al, 2012).
Finalmente, la ausencia de coordinación metropolitana en aspectos centrales para una
gestión ambiental de la ciudad tales como la evaluación del impacto acumulativo de las
grandes obras de infraestructura, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, la
provisión de agua y saneamiento, etc. (Fundación Metropolitana, 2005; Nápoli y Espil,
2011). El diseño de un nuevo organismo de gestión de cuenca se sitúa en ese vacío de
orientación metropolitana. La última experiencia de recuperación ambiental de la CMR,
el “plan de los mil días”, prometido por la secretaria de Ambiente María Julia Alsogaray,
fue un eslogan que quedó en la memoria como ejemplo de una promesa del Estado,
que cayó en el más profundo descrédito popular (Merlinsky, 2013).
170
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Mapa 1: Las cuencas de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
La cuenca Matanza-Riachuelo.
El caso testigo
En la cuenca Matanza-Riachuelo residen 8.212.953 habitantes en un territorio que comprende la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 14 municipios bonaerenses (Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza,
Lanús, Las Heras, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San
Vicente). En este ámbito tienen jurisdicción el Gobierno Nacional, con competencia por
ser una vía navegable, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los dos últimos con competencia porque le cabe al
nivel provincial el dominio originario sobre los recursos naturales.
El proceso histórico de degradación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo es la
consecuencia del conflicto entre intereses antagónicos en torno a la apropiación social de la naturaleza. Dicha degradación se expresa como una resultante de diferentes
problemas sociales, económicos y ambientales de larga data entre los que se cuentan
los siguientes:
1. Déficit de cobertura en infraestructura sanitaria. Cerca de un 30% de viviendas en
la cuenca no posee conexión a red de agua y un 57% no accede al servicio de cloacas.
Esto genera contaminación del suelo y el agua por intrusión de efluentes cloacales. Un
estudio realizado en 2009 estimó que un 53% de hogares en la CMR se encuentra en
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
171
situación de vulnerabilidad sanitaria. La falta de cobertura en servicios de saneamiento
aumenta drásticamente la probabilidad de contraer enfermedades como diarrea, hepatitis, cólera, intoxicaciones, hepatitis A, etc. (AySA, 2009; ACUMAR, 2010).
2. Contaminación por industrias que vierten desechos y efluentes en cantidades desmedidas, la mayoría de las veces sin permiso –o con permisos que no han tenido en
cuenta la capacidad receptora de los ríos-. Durante 2012 la ACUMAR (Autoridad de la
cuenca Matanza-Riachuelo) hizo un relevamiento de establecimientos en la cuenca. El
empadronamiento de industrias dio cuenta de la existencia de más de 20.000 establecimientos, de los cuales unos 11.000 corresponden a industrias manufactureras, habiendo
sido declarados como Agentes Contaminantes unos 1400 (ACUMAR, 2012). Muchas
de dichas industrias vuelcan compuestos altamente tóxicos como metales pesados (plomo, mercurio, zinc). Si bien la contaminación industrial no representa el mayor volumen
de efluentes es la más peligrosa por su grado de toxicidad (Napoli y Espil, 2011).
3. Alta concentración de basurales clandestinos (basurales a cielo abierto) que se localizan fundamentalmente a los bordes del cauce principal del río. Durante el año 2011
se relevaron 360 basurales clandestinos en la CMR. Estos sitios suelen ser la fuente de
subsistencia de muchos trabajadores informales que ganan su sustento mediante la
recuperación de los deshechos y esto representa también un peligro para la salud de
estas personas (Cuerpo Colegiado, 2009).
4. Ausencia de previsiones en el ordenamiento ambiental del territorio, lo que a su vez
potencia los problemas, debido a que muchas veces se localizan industrias altamente contaminantes linderas con sectores residenciales. Este es el caso, por ejemplo, del municipio
de Lanús donde buena parte de las industrias del sector de cueros y curtiembres vuelcan
residuos sin tratar en el curso del Matanza-Riachuelo, afectando la salud de los habitantes
de los habitantes que están asentados en áreas ribereñas (Cuerpo Colegiado, 2009).
5. El mayor grado de deterioro ambiental se encuentra en el tramo inferior de la cuenca,
dónde precisamente se concentra la mayor cantidad de habitantes en villas, asentamientos
y barrios informales. En la cuenca baja viven 300.000 habitantes en villas y asentamientos
informales, aquí las densidades habitacionales son más altas – en algunos municipios como la
CABA llegan a 664 hab/km2 - (Merlinsky, et al, 2012). Los que viven en zonas más próximas
a los márgenes de ríos, arroyos y efluentes o cerca de los polos industriales más contaminantes, están expuestos y sufren múltiples enfermedades de origen ambiental (Ferrer, 2011).
6. Existencia de un área de riesgo tecnológico. El Polo Petroquímico Dock Sud, un
complejo industrial de 380 ha y 42 empresas, está en la desembocadura del Riachuelo.
Como lo han señalado diversos informes (AGN, 2010; Defensoría del Pueblo de la Nación, 2006; JICA II, 2003) constituye un área de alto riesgo ambiental por la presencia de
combustibles y productos químicos. En sus proximidades viven cerca de 1300 familias
en el barrio conocido como Villa Inflamable.
172
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Una consecuencia importante de la fusión entre desigualdad social y ambiental es el
efecto acumulativo de diferentes riesgos en algunos puntos críticos llamados “hiperperiferias” (Torres y Marques, 2001). En verdad, el nivel de los problemas sociales y ambientales en algunas áreas es extremo, superponiendo en términos espaciales (y sociales)
los peores indicadores socio-económicos con riesgos de inundaciones, un ambiente
intensamente contaminado y servicios sociales insuficientes. Estas periferias dentro de
las periferias estarían afectadas por un mayor crecimiento demográfico y, consecuentemente, una mayor demanda de servicios sociales. En la Región Metropolitana de Buenos
Aires, entre 1981 y 2006 la población en villas y asentamientos creció en términos relativos 220% frente a un 35% de incremento poblacional en el Conurbano Bonaerense
(AySA, 2009: 41). Si tenemos en cuenta que la mitad de esta población se concentra
en las áreas bajas de las cuencas, que tienen a su vez altos niveles de contaminación y
déficit de servicios públicos, entonces, es posible entender que hay un lazo estrecho
entre desigualdad social y desigualdad ambiental.
Mapa 2 Riesgos climáticos y vulnerabilidad social en las áreas ribereñas de la cuenca
Matanza-Riachuelo).
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
173
Esto nos lleva a considerar la injusticia ambiental como un mecanismo que se reproduce
como una diferencia estructural: la carencia de ingresos y propiedad, la falta de oportunidades para acceder a un empleo, a una vivienda digna implican que no tengan posibilidades de elección residencial. Dado que la convivencia con un hábitat contaminado
genera afecciones a la salud (que se expresa, de modo descarnado en las expectativas
de vida y las tasas de morbilidad y mortalidad) esto obtura las oportunidades para el
desarrollo de las capacidades de autodeterminación de los sujetos.
Las políticas de recuperación ambiental y
las políticas de adaptación en el lenguaje
de los derechos
La demanda por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo ha puesto en el centro de
la escena el carácter colectivo del derecho al ambiente sano (artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional), entendido como un derecho humano intergeneracional. En esos términos,
el saneamiento de la cuenca es una condición para reparar el daño a la salud de quienes allí
viven (Ley 25675 General del Ambiente, arts. 27, 28 y 30). Para ello, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación busca generar espacios institucionales que permitan resolver los problemas, planteando un modelo experimentalista que exige acciones coordinadas y monitoreadas reflexivamente. Es por eso que, al día de hoy, el tribunal sigue convocando a Audiencias
Públicas para evaluar los avances en el Plan de Saneamiento Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo y son los máximos referentes de ACUMAR quienes deben responder por las
medidas exhibiendo resultados, plazos de ejecución y metas de financiamiento. Una de las
consecuencias más importantes del proceso ha sido la generación de un nuevo renglón de
política ambiental para los municipios metropolitanos.
Si bien el proceso judicial no ha logrado derribar las barreras políticas estructurales que
impiden la recuperación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, es importante destacar
que, en sus primeros seis años, el proceso ha producido efectos institucionales y sociales.
Por primera vez en la historia, hay un organismo con capacidad de coordinación y ejecución de políticas de cuenca, esto permite que se movilicen y se articulen políticas que
antes estaban dispersas. Entre otros aspectos se han podido generar nuevos arreglos
de política pública en la escala local, el más importante es la emergencia de un renglón
de la política ambiental en la agenda de los gobiernos municipales. Esto lleva a que la
gobernabilidad ambiental comience a ser tratada como problema y esta es una consecuencia institucional importante.
En términos sociales la resultante más importante de este proceso ha sido la inscripción
de la cuestión ambiental como asunto público. Esto implica que los problemas ambientales
son parte de los reclamos de diferentes organizaciones sociales y colectivos territoriales,
lo que permite una redefinición social del valor de los recursos naturales –por ejemplo el
agua- entendidos ahora como “bienes comunes”. Como tales, deben ser protegidos y es
necesario prevenir su daño futuro. Al mismo tiempo se ha formado un campo ambiental
174
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
integrado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y las ONGs en defensa del ambiente
que lleva adelante un trabajo coordinado en el control de la ejecución de la sentencia.
Gestión de cuencas y políticas de
adaptación al cambio climático
La Región Metropolitana de Buenos Aires tiene un alto nivel de exposición a riesgos climáticos originados por aumento en las precipitaciones. Diferentes estudios publicados en los
últimos diez años señalan la probabilidad de aumento de las inundaciones por la elevación
del nivel del Río de la Plata (Barros, Menéndez y Nagy; 2005; Barros, et al, 2008 :117).
La urbanización no planificada ha ido disminuyendo las superficies de absorción (ocupación de espacios verdes, pavimentación de calles, etc.), de modo tal que hay pocos
mecanismos de retención de agua, lo que da motivo a que el volumen escurrido y que
debe ser evacuado suela ser igual o mayor al precipitado. Influye en esta deficiencia de
retención la obsolescencia de la red de desagües, por falta de inversión en ampliaciones
y en tareas de mantenimiento y limpieza, la falta de mantenimiento continuo o permanente de las bocas de tormenta (por donde ingresan las aguas de lluvia a las redes) y
la ausencia de criterios de planificación en la protección de zonas bajas e inundables
(Herzer y Clichevsky, 2001).
Aunque los vientos causan las mayores variaciones del nivel del estuario del Río de la
Plata (por las mareas que generan) y son la mayor causa de las variaciones estacionales,
los cambios que se prevén en el nivel del mar durante el siglo XXI serán el principal
factor del cambio en el nivel medio de las aguas del estuario. Ahora bien, aumentos
de 0,50 a 1 m en el nivel del mar no se supone que vayan a dejar zonas inundadas en
forma permanente, sino que la vulnerabilidad al cambio climático en sectores costeros
del AMBA será justamente la que aparecerá por el mayor alcance territorial de las inundaciones recurrentes –sudestadas- como resultado del aumento del nivel medio del Río
de la Plata (Barros, Menéndez, y Nagy, G, 2005).
En Buenos Aires, las zonas más afectadas por las inundaciones son las cuencas bajas del
Reconquista y el Matanza-Riachuelo, como hemos visto, las áreas que tienen una alta
concentración de población vulnerable.
Oportunidades y barreras para la
adaptación al cambio climático en la
cuenca Matanza-Riachuelo
La estimación de los riesgos espacial y temporalmente desagregados a nivel de las
ciudades requiere la formulación y seguimiento de cuatro principales líneas de política
pública: a) políticas de conocimiento e información; b) inversión de infraestructuras; c) pro-
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
175
tección social; y d) adecuación de la política institucional existente (Garnaud, 2010; Martins
y Ferreira, 2010; PNUD 2007-2008)
Con respecto a las políticas del conocimiento e información, es importante considerar que
la evaluación del riesgo es indispensable como pre‐requisito para cualquier estrategia de
adaptación al cambio climático. Los sistemas de información meteorológica son esenciales para la planificación de las infraestructuras, para la definición de las políticas de
producción agrícola y para el monitoreo constante en la gestión del riesgo de desastres.
Las ciudades y los países deben invertir mucho más en conocer cómo funcionan sus
ecosistemas, en mantener una red de información ambiental, en reforzar los programas
universitarios en materia de gestión de recursos naturales.
El conflicto por el saneamiento del Riachuelo representa una oportunidad en términos
de la construcción de nuevas bases de información ambiental. La Corte ha exigido un
sistema de información pública en el que se difundan los resultados de los avances en
materia de saneamiento de la cuenca, ha promovido la adopción de un sistema de indicadores que permita conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del fallo judicial
y ha reclamado la realización de estudios periódicos en el monitoreo de la calidad del
agua. Si bien existen avances desiguales en cada uno de estos rubros, en términos cognitivos, estas exigencias representan un avance para generar un stock de conocimientos
que sirva como piso mínimo para la deliberación pública en torno a los desafíos políticos que enfrenta la gestión ambiental metropolitana. Esto permite revisar las fallas en los
procesos de adaptación del pasado para hacer frente a los del futuro.
La idea de que el cambio climático es un problema que no es urgente y que hay que
esperar a “ver sus impactos” para tomar acciones, es una de las principales barreras que
obstaculizan la adopción de medidas y políticas (Garnaud, 2010). En ese sentido, el caso
judicial permite generar un cambio en términos de asignar valor a los sistemas de información ambiental y a su rol estratégico en términos del monitoreo para la identificación
de funciones o variables que pueden desencadenar cambios ecológicos o socio-económicos ante un impacto ambiental. Se trata de generar una política de investigación y
desarrollo que permita estudios de largo plazo acerca de la evolución de los sistemas y,
especialmente, para el monitoreo y seguimiento de objetivos móviles, es decir de factores y procesos de evolución rápida vinculados con el uso de la tierra.
En lo que refiere a las políticas de inversión en infraestructura es importante recordar que
la literatura sobre gestión de riesgo de desastres viene documentando desde hace muchas décadas que el nivel de daño posterior al desastre es inversamente proporcional
a los niveles de inversión en materia de infraestructura. Estas políticas incluyen tanto las
políticas sectoriales de inversión (salud, educación, vivienda, etc.) como aquellos programas destinados a identificar la resistencia de las edificaciones y obras de infraestructura
a la variabilidad climática. Aquí es importante volver sobre los desafíos vinculados a los
problemas de la doble exposición: los grupos sociales más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, también son los más expuestos a los efectos negativos de
otros cambios globales que ya ejercen su impacto en la actualidad. Los 500.000 habitantes en asentamientos informales y villas de emergencia de la cuenca Matanza-Riachuelo
ya sufren las consecuencias de la degradación ambiental. Por lo tanto, las inversiones
176
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
en infraestructura sanitaria para la población de menor renta son políticas activas para
prevenir riesgos futuros mayores, pero también para proveer medidas de justicia social
en el presente.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, cerca de 3 millones de personas no poseen
servicio de agua potable y 6 millones carecen de desagües cloacales. Para hacer frente
a la falta de servicios públicos, la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A
(AySA) ha diseñado un Plan Director que, para el año 2020, prevé extender la red de
agua potable la red de alcantarillado a cerca del 100% de los habitantes. El déficit más
importante se encuentra en los municipios de la cuenca baja del Matanza-Riachuelo,
donde en algunas localidades (como Lomas de Zamora o Almirante Brown) el déficit
en materia de servicios cloacales alcanza al 70% de la población.
La extensión de las redes de infraestructura sanitaria sería una medida virtuosa que permitiría sanear el curso de agua (considerando que parte de los vuelcos contaminantes
provienen de efluentes cloacales domiciliarios y pérdidas en la red) y al mismo tiempo
mejorar las condiciones de salud de la población, en tanto la falta de agua segura para
consumo humano es un factor desencadenante de enfermedades hídricas. En el marco
de la causa judicial se han acelerado los tiempos de ejecución de las obras y se han podido garantizar metas de inversión a mediano plazo evitando que los calendarios queden atados a las coyunturas electorales. Sin embargo, es necesario proveer soluciones
intermedias que permitan acceder a los servicios a la población en riesgo, pues las obras
previstas (sin mediar ninguna crisis financiera importante) tienen un plazo de diez años.
Las políticas de protección social son la palanca para garantizar justicia distributiva en
materia de la equidad social de las medidas de adaptación. Esto incluye la previsión de
seguros (transferencias de dinero en efectivo para enfrentar catástrofes), lo que tiene
dos efectos importantes: en primer lugar, permite que las poblaciones afectadas por
catástrofes puedan mantener su capacidad productiva y sostener sus inversiones; en
segundo lugar, evita el desvío de otros compromisos de asistencia que han sido previamente comprometidos. Los requisitos de financiamiento para fines de adaptación
deben entenderse como compromisos nuevos y adicionales. Es decir, deben complementar y no desviar los actuales compromisos de protección social.
Esto plantea desafíos adicionales en materia de readecuación de la política social a los
desafíos del cambio climático. En los países del cono sur se ha verificado, en décadas
pasadas, un proceso de vaciamiento de las políticas sociales en virtud de la estrategia
de focalización de los programas sociales. En los últimos años, en algunos países, como
por ejemplo Argentina, las políticas universales han retornado a la agenda pública. En
ese sentido, el cambio climático impone un desafío adicional para replantear la función
de la política social en su cometido principal de garantizar la inclusión social. Uno de los
puntos críticos en la implementación de la sentencia judicial ha sido la falta de previsiones en materia de vivienda social, pues una parte importante de la población residente
en los márgenes del Riachuelo debe ser relocalizada en la prevención del riesgo de
inundaciones y como una forma de garantizar espacio público de calidad en las áreas
ribereñas. Esto lleva a un problema de enorme complejidad que tiene que ver con la
falta de política de producción de suelo para los habitantes de menores recursos.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
177
En relación a la política institucional, hemos visto que, hasta ahora, la planificación de la
adaptación ha sido una actividad marginal en la mayoría de los países en desarrollo. En
los casos en que han surgido estrategias de adaptación, éstas han centrado su atención
en reforzar la infraestructura para superar el cambio climático. Esta es un área crucial. Sin
embargo, la adaptación va mucho más allá de la infraestructura. El punto de partida es
la integración de la evaluación de los riesgos del cambio climático a todos los aspectos
de la planificación de las políticas públicas (PNUD 2007‐2008: 174). El principal saldo del
proceso que hemos considerado como caso testigo ha sido la creación de ACUMAR
(Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo), organismo que tiene capacidad legal para
intervenir en el territorio. Si bien esto no ha sido suficiente para garantizar la implementación del plan de saneamiento cumpliendo las metas y plazos fijadas por la CSJN, la
emergencia de este nuevo actor institucional, representa una ventana de oportunidades
para la acción colectiva de las organizaciones en defensa del ambiente y ha generado
avances en materia de definir una nueva agenda para la política ambiental metropolitana.
Conclusiones
El conflicto por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo expresa en forma elocuente la complejidad de los problemas ambientales en términos de las diferentes interrelaciones entre escalas: tanto en el nivel local, como en el regional como en el nacional
es necesario enfrentar desafíos que generan impactos acumulativos. En ese sentido, es
importante entender que la política ambiental desafía la gestión interjurisdiccional, es
porque la geografía de los recursos naturales casi nunca respecta los límites políticos
que separan localidades, provincias y países.
Si el conflicto ambiental del Riachuelo ha ganado visibilidad, es porque a partir de la
causa judicial la cuestión ambiental se ha vuelto un asunto político que se procesa a
través de la justicia. En derecho este tipo de causas se llaman “estructurales”, se trata
de casos testigo en que el máximo tribunal no puede dar una orden simple para resolver el problema porque el origen de la violación de derechos refiere a prácticas o
políticas sistémicas.
La exigencia de sanear el Riachuelo, presupone modificar esquemas de funcionamiento
institucional, sistemas de reparto de poder jurisdiccional y el ejercicio de un rol activo
por parte del Estado en el control y regulación de las actividades económicas. En suma,
para que ese derecho al ambiente sano se pueda ejercer, es necesario desestabilizar una
forma de intervención estatal que es funcional al status quo existente. En ese sentido, la
causa judicial alienta una reforma institucional de mediano plazo que también es necesaria para poder impulsar políticas de adaptación al cambio climático.
Ha sido nuestra intención poner en evidencia la existencia de déficits históricos en la
política ambiental metropolitana, los que definen condicionantes a la hora de pensar las
políticas de adaptación al cambio climático. Entre ellas, las más importantes refieren a la
falta de ordenamiento ambiental del territorio, a la concentración de población vulnera-
178
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
ble en áreas de mayor peligrosidad ambiental y el déficit en materia de gobernabilidad
metropolitana.
Hemos querido mostrar que existen ventanas de oportunidad que, a partir del caso
judicial, han quedado abiertas en relación a la política de conocimiento e información
y, especialmente, en relación a la actualización del derecho al ambiente sano como una
herramienta en manos de los actores demandantes.
Las principales dimensiones políticas de las decisiones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático guardan relación con tres interrogantes fundamentales: ¿quién
paga los costos? ¿cómo se estiman los daños a futuro? y ¿con qué criterios de justicia se
establecen las prioridades para actuar?
Esto nos lleva a plantear el problema en términos de justicia ambiental, un reclamo que
se ha hecho presente en la definición de prioridades en las medidas a impulsar en el
marco de la causa judicial. La disyuntiva entre una estrategia de largo plazo consistente
en una política fuerte de vivienda para dar calidad ambiental no sólo a la población que
vive en los márgenes del Riachuelo (el camino de sirga), sino también en otras áreas
de peligro ambiental y una estrategia de corto plazo que solo se ocupe del la limpieza
de los márgenes, el espejo de agua y la adecuación del área ribereña (expulsando a la
población que allí reside). La primera opción implica una medida distributiva estructural
que va mucho más allá del PISA y establece una conexión directa entre el derecho al
ambiente sano y el derecho a la vivienda, la segunda, permitiría mejorar el paisaje del
Riachuelo, generar espacio público y, posiblemente, valorizar suelo urbano, pero no contribuiría a romper con la reproducción de la desigualdad social y ambiental.
La adaptación, más que un proceso finito, subraya Garnaud (2010), debe considerarse
como un proceso en devenir. En Buenos Aires, tal como sucede en otras ciudades y países, las iniciativas y procesos de adaptación se encuentran probablemente en etapa de
ensayo, los éxitos y errores en su aplicación pueden ser todavía enigmas por descubrir.
El conflicto del Riachuelo representa una ventana de oportunidades para comprender
y actuar en pos de la reducción de la vulnerabilidad social en áreas de riesgo ambiental.
Si queremos anticiparnos a impactos negativos en el futuro, es porque hay señales de
alerta en el presente. La omisión, como dice Luhmann, no nos protege del riesgo y,
asimismo puede ser considerada una forma de decisión.
REVISTA de CIENCIAS, ARTE y TECNOLOGÍA
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Resumen
En Argentina, desde mediados de la década del 90, comenzó a vislumbrarse un
proceso urbano vinculado con las memorias sobre el terrorismo de Estado (19761983) caracterizado por las inscripciones territoriales y la constitución de sitios de
memoria. Desde el año 2003, esto ha sido impulsado fuertemente por el Estado. Las
experiencias son diversas y tienen aún definiciones pendientes y disputas en torno
a las narrativas que podrían proponer los espacios y a los modos de gestionarlos
(Badenes y otros, 2009).
Este proceso abarca el señalamiento de sitios significativos ligados estrechamente con la represión (ex-centros clandestinos de detención, comisarías, cementerios
donde se supone la existencia de fosas comunes), con la colocación de placas conmemorativas en universidades, escuelas secundarias, la creación de parques o paseos
de la memoria, el establecimiento de monumentos sobre la temática, entre otros.
En este artículo compartiremos la perspectiva teórica y presentaremos, de modo
exploratorio, las diversas marcas halladas en el marco de nuestra investigación: “Marcas territoriales sobre el terrorismo de Estado en la Ciudad de Avellaneda” (Proapi
2014) de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Palabras clave: marcas territoriales de memoria, terrorismo de Estado, memoria
colectiva
* Este artículo se basa en la ponencia “Marcas territoriales del terrorismo de Estado en la ciudad de Avellaneda”,
presentada en el XI Congreso Argentino de Antropología Social, Rosario, 23 al 26 de Julio de 2014.
**Cristina Inés Bettanin es doctora en Ciencias Sociales y docente investigadora (UNDAV-UBA). Gisele Frattini es
estudiante del ciclo de complementación curricular de Periodismo (UNDAV), y Alejandro Rodríguez es estudiante
avanzado de la Tecnicatura en Periodismo (UNDAV). El equipo de trabajo del proyecto también se conforma por
Celeste Cáceres y Federico Lorenzo, ambos estudiantes de la carrera de Periodismo.
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Abstract
In Argentina, since the mid-90s, he began to glimpse an urban process linked with
reports on state terrorism (1976-1983) characterized by territorial registration and
creation of sites of memory. Since 2003 this has been strongly promoted by the State.
The experiences are diverse and disputes over the narratives that could propose spaces
and ways of managing them definitions are still pending (Badenes et al, 2009).
This process involves the marking of significant sites closely linked with repression (ex
clandestine centers, police stations, cemeteries where the existence of mass graves), placing
commemorative plaques in places like universities, high schools, community centers, the
creation of parks or rides from memory, setting sights on the subject, among others.
In this article we will share and present the theoretical perspective, in an exploratory
way, the various marks found in the our research, “Territorial Brands on state terrorism
in the city of Avellaneda” (Proapi 2014) of the National University of Avellaneda.
Key words: memory territorial marks, state terrorism, collective memory
Introducción
En Argentina, desde mediados de la década del 90, comenzó a vislumbrarse un proceso
de constitución de sitios y marcas territoriales vinculadas con las memorias sobre el
terrorismo de Estado (1976-1983). Desde el año 2003, esto ha sido impulsado fuertemente por el Estado Nacional. Las experiencias son diversas y tienen aún definiciones
pendientes y disputas en torno a las narrativas que podrían proponer los espacios y a
los modos de gestionarlos (Badenes y otros, 2009). Nos referimos a la tendencia de
marcación de espacios significativos para la producción y/o conservación de la memoria
colectiva acerca de dicho pasado, caracterizado por altos niveles de violencia estatal y
que ha dejado sin duda consecuencias traumáticas en nuestra sociedad.
En este artículo compartiremos la perspectiva teórica y presentaremos las primeras
reflexiones en el marco del proyecto de investigación “Marcas territoriales sobre el
terrorismo de Estado en la Ciudad de Avellaneda” (Proapi 2014) de la Universidad Nacional de Avellaneda. El estudio es de tipo exploratorio y nos encontramos trabajando
en su desarrollo.
Comenzaremos presentando la perspectiva teórica y la metodología que se implementa en el proyecto. Luego, expondremos las discusiones y tensiones en torno a qué
implican las marcas urbanas sobre la memoria de un proceso traumático como fue
el terrorismo de Estado que se implementó en el marco de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Finalmente, describiremos las primeras reflexiones acerca de
las particularidades de ciertas marcas que relevamos en nuestro proceso de trabajo de
campo, tomando como eje el tipo de marca urbana, sus promotores, la relación con el
Estado y los posibles usos por parte de la comunidad local. Por último, expondremos
las consideraciones finales.
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Aspectos metodológicos
de la investigación
La investigación se inscribe dentro del paradigma interpretativo, que se orienta a una
ciencia social en contacto con la perspectiva de los sujetos, e intenta comprender el
contexto y significado cultural de los procesos (Vasilachis de Gialdino, 2002). Es así que
nos situamos como investigadores dentro de los procesos naturales que se producen
en el escenario urbano seleccionado, la ciudad de Avellaneda. En este sentido, la opción
por el uso de estrategias cualitativas de investigación nos permitirá reconstruir los sentidos puestos en juego por los actores en el proceso de marcación del espacio urbano
y vincularlos con el contexto histórico, los procesos sociales que lo atraviesan, y las
dimensiones territoriales.
A partir de lo anterior, las preguntas que orientan nuestra investigación son las siguientes: ¿Quiénes han sido los “emprendedores” de esas marcas? ¿Qué discurso sobre el
pasado reciente han instalado junto a la marca territorial? ¿En qué momento surge y se
efectúa la iniciativa de marcar espacios significativos en la ciudad? ¿Qué rol ha asumido
el Estado (local, provincial o nacional) en cada una de las marcas territoriales relevadas?
Y, por último: ¿de qué manera la comunidad local se apropia de esas marcas?
La reconstrucción de cada marca urbana, aunque sea de manera exploratoria y descriptiva, implica profundizar en los discursos, prácticas y sentidos que los emprendedores de
memoria (Jelin, 2002) produjeron en torno a la marca específica. Para este fin, aplicamos
principalmente las técnicas de recolección de datos tales como la observación participante y no participante y la entrevista cualitativa semi-estructurada.
Asimismo, nos apoyamos en el análisis de otras fuentes como son las notas periodísticas, los documentos oficiales y las ordenanzas municipales. Las unidades de análisis que
conforman nuestro universo son todas aquellas marcas territoriales vinculadas con el
terrorismo de Estado que se implementó en el marco de la última dictadura militar en
Avellaneda, que se mantienen vigentes en el presente.
Por último, constituye una herramienta metodológica la reflexión grupal del referente
empírico “terrorismos de Estado”, así como el vínculo que los participantes del proyecto mantienen y actualizan con el territorio Avellaneda y con aquellos lugares “descubiertos” a partir de la labor que se realiza en el marco de este proyecto. Consideramos
estos espacios como muy significativos y necesarios para el desarrollo del trabajo, ya
que compartimos el punto de vista epistemológico que implica reconocernos como
investigadores inmersos y vinculados con el proceso que se está abordando.
La memoria colectiva y sus desafíos
“La historia de la memoria colectiva es un objeto en sí mismo, una ruptura epistemológica”, nos dice Rousso (1991, 247) a propósito del surgimiento de miles de trabajos —en
Alemania, Europa Occidental u Oriental y particularmente en Francia— que buscan respuestas a lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Nos explica el autor que, en aquellos
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trabajos, los historiadores son conducidos a estudiar, además de las fuentes de la historioI
grafía existente, “las representaciones de la sociedad entera”. Huyssen (2005) visualiza la
intensificación en Europa y Estados Unidos de estos discursos de la memoria a partir de la
década del 80. Reconoce como elementos disparadores, conducentes de este fenómeno,
el debate sobre el Holocausto y a una continuidad de cuadragésimos y quincuagésimos
aniversarios “de fuerte carga política y vasta cobertura mediática” (Huyssen, 2005: 15).
En ese marco, los trabajos de Norá (1984), y luego Rousso (1991), han propuesto detener la mirada en la producción por parte de la sociedad del recuerdo colectivo, en iniciativas que exceden o se contraponen con la instalación de la historia oficial en el marco
de los Estados Nación. Así, la noción de lugar de memoria —que excede el lugar físico y
más bien se orienta a aquellas instancias de producción de memorias— y de vector de
memoria, para analizar representaciones del pasado que instan a la sociedad a repensar
la historia, fundaron una línea de pensamiento que habilita analizar el entramado entre
actores, sentidos y momentos de la producción del recuerdo colectivo.
Los estudios sobre la memoria colectiva en América Latina y principalmente en Argentina se articularon en torno a la experiencia de las dictaduras militares en los países del
cono sur, sucedidas desde la década del 70. Las primeras investigaciones realizadas, en el
marco del programa desarrollado por el Panel Regional de América Latina (RAP) y bajo
la dirección de Elizabeth Jelin, exploraron diversas dimensiones de la temática: memoria
e identidad, subjetividades de la memoria, imagen y memoria. El abordaje de las marcas
territoriales de la memoria también formó parte de dicho programa fundamental para el
campo y, a lo largo de estos años, fue creciendo en sus producciones académicas, grupos
de estudios y diversidad temática. Tal como señalamos en el apartado anterior, el campo
disciplinar sobre la memoria colectiva en las ciencias sociales fue creciendo y diversificando
los temas, en el marco de un contexto donde se iban acrecentando diferentes iniciativas
en relación con las memorias sobre la dictadura, a partir del 20° aniversario del golpe de
Estado. Estas comenzaron siendo gestionadas por organismos de derechos humanos, pero
a lo largo de los años se sumaron nuevos actores, incluido el Estado.
Continuando con el enfoque de Jelin (2002), en tanto la memoria constituye un trabajo
de instalación en el marco de relaciones de poder y capacidad de los emprendedores
que las producen, el trabajo etnográfico de Da Silva Catela (2001) aporta la noción
de territorio de memoria al definir aquellas marcas vinculadas con las memorias de la
dictadura en la ciudad de La Plata. Por su parte, Schindel (2006) analiza, respecto de
la experiencia en Alemania, la colocación de adoquines grabados con el nombre de
las víctimas del Holocausto en las calles de Berlín. Establece las diferencias entre esta
marca territorial, que conceptualiza como descentrada, y los grandes monumentos que
se habían realizado hasta el momento para recordar el Holocausto. Caracteriza a la
primera como aquella cercana a la vida cotidiana de las personas. Siguiendo esta línea,
Bettanin (2010) analiza la iniciativa “Baldosas por la Memoria” en barrios segregrados
de la Ciudad de Buenos Aires y establece las modalidades del recuerdo colectivo que
habilita la marca urbana de la baldosa en las veredas de los barrios de Villa Soldati y Villa
Lugano en tanto interrumpen el paso peatonal de los habitantes. A partir de su trabajo,
señala como novedoso el recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado en calidad
de vecinos y destaca la vinculación de la iniciativa con el contexto histórico, ya que se
inició alrededor del 30° aniversario del golpe de Estado.
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Otro grupo de trabajos se enfocaron en el estudio de ex-centros clandestinos de detención, a partir de su recuperación y su posterior uso como sitios y museos de la memoria.
En este sentido, Feld (2008) analiza el proceso de emblematización de la ex-Esma y
cómo su imagen suele ser presentada como condensación de todas las atrocidades del
terrorismo de Estado. Destaca las particularidades de ese sitio en relación con el resto
de los cientos de centros clandestinos del país, como lo son la cantidad de personas que
fueron víctimas en ese lugar, la aplicación de las políticas de “recuperación” de detenidos,
la cantidad de sobrevivientes que dieron testimonio, el paso de detenidos desaparecidos
reconocidos socialmente y su ubicación en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, Mesina (2011) estudia el ex-centro clandestino Olimpo, ubicado en el barrio
de Floresta de la Ciudad de Buenos Aires, desde el método etnográfico. Entre otros
resultados, establece los modos en que se fue constituyendo dicho lugar como sitio de
memoria. En ese marco, da una importancia a la labor de los actores, “emprendedores
de memoria”, y concluye que se pueden distinguir diversas tramas memoriales en el
proceso de recuperación y consolidación del Olimpo como sitio de memoria.
Estos aportes de las investigaciones se establecen en el marco de un debate que involucra tanto cuestiones estéticas como ético-políticas. Qué sentidos se instalan acerca de
la figura de la víctima (que supo estar en tensión con su identidad política) y cómo se
representa la experiencia traumática (las torturas, los asesinatos, etc.) que incluye definiciones y criterios estéticos.Tal como señalan las investigadoras: “el desafío que presentan
estas temáticas es afrontar la ‘angustia’ de saber que no podemos decirlo todo, que no
podemos representarlo todo, que hay algo que siempre va a escapar a cada propuesta
de representación” (Feld y Messina, 2012).
¿Qué entendemos por marcas
territoriales de memoria?
La marca territorial constituye un soporte para el trabajo subjetivo de memoria en
tanto está llena de ambigüedades (Jelin y Langland, 2003) y, a la vez, nos posibilita el
acercamiento a los modos de representar una experiencia pasada. Dentro del proceso
de inscripción territorial, las diversas iniciativas del recuerdo colectivo en el paisaje urbano son producto y testimonio tanto del estado de debate y de la confrontación pública
con el pasado como de la capacidad de los actores para imponer sus definiciones sobre
éste, donde a su vez se pueden advertir las relaciones de poder (Schindel, 2006). El
señalamiento, la inscripción o la marcación territorial conforman estas estrategias elaboradas por los actores en la ciudad, que se esfuerzan por crear lugares consagrados
de memoria.
El proceso que se viene dando en las ciudades de nuestro país comparte lo que sucede
en otras ciudades latinoamericanas marcadas por experiencias traumáticas en tanto
“mantiene aún cierta cualidad urgente de denuncia y advertencia y se propone incidir
sobre las respectivas democracias en un gesto que surge del pasado, pero se orienta al
presente y al futuro” (Shindel, 2009: 67). Es decir, el discurso que logra instalarse junto
con la marca territorial tendrá su sentido político específico.
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En estas iniciativas cobran relevancia los actores y el discurso que proponen y disputan
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acerca de lo sucedido, tal como explica Da Silva Catela (2001, 161) con el concepto de
territorio de memoria como proceso de articulación entre los diversos espacios marcados y las prácticas de todos aquellos que se involucran en el trabajo de producción de
memorias sobre la represión, al afirmar que estas “ resaltan los vínculos, la jerarquía y la
reproducción de un tejido de lugares que potencialmente puede ser representado por
un mapa”; o Jelin y Langland (2003, 4) al sostener que “los procesos sociales involucrados en marcar espacios implican siempre la presencia de emprendedores de memoria”,
donde se apela a la importancia de la agencia y la voluntad humana para lograr (o fracasar) la semantización de los espacios materiales.
Tal como venimos presentando, la especificidad de las marcas territoriales tiene que ver
con la materialidad como soporte de la memoria, que las habilita a ser visible y tangible.
Es decir, son iniciativas que dejan su huella para quien transite, de diversas formas, el
territorio.
Algunos ejemplos de estas iniciativas en diversas ciudades de nuestro país son la colocación de placas en iglesias, plazas, establecimientos educativos, centros barriales. En otro
orden, también podemos señalar los casos de sitios recuperados para actividades vinculadas con la memoria, que habían funcionado como centros de detención clandestinos,
como ya mencionamos. También se incluyen en estas iniciativas la creación de espacios
para la memoria en predios que anteriormente no tenían uso, como el Parque de la
Memoria (ubicado en la costanera norte de Buenos Aires) y el Paseo de la Memoria
(ubicado en el Parque Indoamericano, barrio de Lugano). La iniciativa de Baldosas por
la memoria es una de las últimas formas de marcar el espacio urbano. Surgida en la
Ciudad de Buenos Aires, luego se ha replicado en diversas localidades del GBA. Este
proceso abarca el señalamiento de sitios significativos ligados estrechamente con la represión (Ex-centros clandestinos, comisarías, cementerios donde se supone la existencia
de fosas comunes), la colocación de placas conmemorativas en lugares donde habían
transitado parte de sus vidas las víctimas evocadas (universidades, escuelas secundarias,
centros barriales), la creación de parques o paseos de la memoria, el establecimiento de
monumentos sobre la temática, entre otros.
Destacamos que en la Ciudad de Buenos Aires que, además de ser la ciudad central del
país, se vincula estrechamente con la ciudad de Avellaneda por su ubicación geográfica,
se ubican diversas iniciativas para la constitución de lugares de memoria (Memoria
Abierta, 2008). Esos procesos se convirtieron en un terreno de lucha que involucra,
pero que también excede, el tema de qué hacer con cada lugar específico (Banedes
y otros, 2009) y, en ese sentido, constituye un campo de investigación que involucra a
diversas disciplinas ligadas a las ciencias sociales.
La ciudad de Avellaneda no estuvo ajena a los altos niveles represivos en el marco del
terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Se han conformado archivos que relevan a las víctimas del terrorismo de Estado, así como realizado decenas de homenajes
y recordatorios a militantes desaparecidos y/o asesinados. En ese sentido, comparte con
el resto de las ciudades del país los procesos de instalación de marcas territoriales en el
espacio público que venimos presentando.
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Sin embargo, por lo que pudimos advertir hasta el momento, las diversas señalizaciones
comienzan en un contexto histórico particular, caracterizado por la fuerte acción del Estado, en sus distintos niveles, en el resguardo, marcación y gestión de lugares y espacios
para la memoria sobre el terrorismo de Estado,1 lo que destacan las últimas investigaciones sobre el tema como estatización de la memoria, advirtiendo sobre sus posibles
peligros en términos de burocratización, pérdida de dinamismo, entre otros (Da Silva
Catela, 2014 y Hite, 2014).2 Esto permite distinguir este proceso de otros realizados con
anterioridad en otras ciudades del país. Nos interesa en particular poder profundizar en
los sentidos de colocación de estas marcas en el contexto particular, ya que todas las
marcas halladas, hasta el momento, se produjeron a partir del año 2006, como advertimos, dentro del proceso histórico de reconocimiento oficial de la importancia de las
políticas de Derechos Humanos y de la conservación y gestión de sitios de memoria.
Avellaneda y la estatización de la
memoria: entre las iniciativas vecinales
y la acción estatal
En este apartado expondremos el análisis preliminar de tres enclaves que remiten al
pasado del período de dictadura y donde se inscriben marcas territoriales. Son las que
se producen en el espacio del Cementerio de Avellaneda, el Paseo de la memoria de las
luchas populares, situado en la Calle Rosetti, en el barrio de Piñeyro y la calle Mujeres
Argentinas, en el barrio de Sarandí.3
Los tres lugares pueden concebirse como parte del mismo proceso histórico de señalización, sin embargo presentan diferencias en torno a su naturaleza, sus promotores y los usos
por parte de la comunidad local, todas cuestiones que complejizan una mirada homogénea
o que pretenda estandarizar la constitución de estas iniciativas vinculadas con el territorio.
1 Hay acuerdo en señalar que esta nueva etapa se inicia en el año 2003, a partir de la recuperación de la
Esma y la declaración del día del 24 de marzo como feriado nacional, y continúa a lo largo de las gestiones de
gobierno que se implementaron y sucedieron hasta la actualidad.
2 La discusiones que enmarcan estas nuevas preocupaciones de las ciencias sociales podemos resumirlas en
torno a las preguntas de Katherine Hite (2014:1) a propósito de comentar un foro virtual sobre marcas territoriales de memoria: “¿Quién hubiera pensado, hace muchos años, que llegaríamos a un momento en el cual
tendríamos que preocuparnos por la institucionalización, la apropiación y la “estatización” de las memorias del
terrorismo del Estado –de la represión, la muerte, la tortura, la desaparición, como prácticas sistemáticas del
Estado– y también por el conflicto, la polarización, la crisis, la resistencia, la derrota, la traición, el ajusticiamiento,
y mucho más? Que con las victorias (después de las batallas dolorosas de la post-dictadura, muchas veces
desde los márgenes de la política) de haber conseguido reconocimiento, recursos, legitimación oficial de los
espacios de la memoria como proyectos públicos, también vendría un peligro con todas las características de
los que nos avisan Weber y Schmitt: la “inevitabilidad” de la burocratización, la falta de transparencia, la insularidad de una tecnocracia, el estancamiento, la pérdida del dinamismo que pueden aparejar las representaciones
y narrativas de estos espacios”.
3 Cabe aclarar que entre los meses de marzo y septiembre del corriente año hemos relevado otras marcas
territoriales como placas, nombres de calle, baldosas por la memoria, murales y señalamientos de comisaría.
Esto indica la potencialidad que esta iniciativa cobra en el territorio de Avellaneda.
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Para este fin analítico, y exponiendo la salvedad de que el trabajo de campo no ha
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concluido aún, organizamos el análisis por cada marca territorial considerando las ideas
iniciales que vinculan el territorio con marcaciones sobre memoria, los actores, promotores de la iniciativa y los posibles usos y desusos por parte de la comunidad local.
El Cementerio de Avellaneda
El Cementerio de Avellaneda comenzó a ser identificado públicamente con los
crímenes de la última dictadura militar desde hace décadas.4 Precisamente, desde
los años de la transición democrática, a par tir del descubrimiento de fosas comunes
en su predio. Las noticias difundían el hallazgo describiendo cómo los cuerpos sin
identificación habían sido arrojados en forma clandestina en un sector par ticular
del Cementerio, luego llamado Sector 134 o Sector Morgue.5 Las modalidades de
difusión de la prensa se enmarcaron dentro de la forma en que en aquellos años se
propagaban las noticias vinculadas al inmediato pasado traumático y que se caracterizaban por una cuota significativa de horror y sensacionalismo, en el mismo acto
que se negaba y omitían aspectos cruciales sobre la identidad y per tenencia política
de esos mismos cuerpos hallados.
Desde ese momento de descubrimiento, el Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) se dedicó a la labor de identificación de los cuerpos, con resultados sorprendentes y gratificadores para los familiares a lo largo de todos estos años. El impacto de
esta labor y la referencia territorial ha producido situaciones sugerentes, como la de que
algunos familiares decidieron, a partir de la identificación del cuerpo, enterrar nuevamente
a sus seres queridos en el mismo lugar, esta vez con su nombre. También ha sido un sitio
de celebración del duelo y lugar de interpelación para los vecinos y la comunidad local.
(Fotografía 1, archivo Personal, 2014).
No obstante esta tendencia, en el año 2006 sucede un hito significativo. El EAAF logró
identificar alrededor de 30 cuerpos más y pudo observar las vinculaciones entre ellos.
Se descubre, de ese modo, que habían sido víctimas del intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo, el Depósito de Arsenales Domingo Viejobueno. Esta masacre
fue producida el 23 de diciembre de 1975. Allí murieron 45 militantes pertenecientes al
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Es a partir de este hecho que comienzan una serie de señalamientos, instalación de
placas, monumentos y homenajes en el sitio del Cementerio. Según pudimos observar
la primera acción de marcación del espacio del Cementerio que fue promovida por
la iniciativa del municipio local, mediante la Ordenanza del Honorable Concejo Deli-
4 Según documentos hallados en el Archivo Provincial de la Memoria, En la “subzona 11” —que incluía el
partido de Avellaneda— funcionaron durante la dictadura 17 centros clandestinos de detención, bajo control
del Ejército, la Marina, el Servicio Penitenciario y las policías Federal y Bonaerense. Para ocultar los cuerpos de
las víctimas fue habilitado un sector especial dentro del Cementerio de Avellaneda.
5 El Sector 134, también conocido como Sector Morgue por ubicarse lindero a ésta, fue preparado intencionalmente para enterrar clandestinamente cuerpos de detenidos desaparecidos o asesinados en enfrentamientos. Para esto, se separó del resto del predio por un paredón de ladrillos de dos metros de alto y 60
metros de longitud.
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berante de Avellaneda Nº 19.748 de fecha 24 de noviembre de 2006, que declara la
preservación del sitio.
La declaración se sustenta por el trabajo realizado por el EAAF, por un lado, y porque
muchos familiares de las víctimas habían manifestado la voluntad de que los cuerpos regresaran al lugar, una vez que concluyera el trabajo de los antropólogos.Tal como consta
en los fundamentos de la ordenanza: “es la intención de numerosos familiares que una
vez finalizados los trabajos de identificación de los restos, sean inhumados nuevamente
en la misma fosa”. En el mismo documento oficial se identifica al lugar como “tan importante por la historia que encierra el mismo” y se contempla la posibilidad de que “los
familiares señalicen y marquen” el lugar así como que se realicen murales evocativos de
la temática, a través de la Secretaría de Cultura, Educación y Promoción de las Artes.
Luego de esta primera ordenanza se colocó la primera placa conmemorativa.
Tres años después, el sitio fue declarado de Interés por la Secretaría de Derechos
Humanos de la Provincia de Buenos Aires mediante la Resolución Nº 835 de fecha 12
de agosto de 2009.6 En ese mismo año se emplaza otra placa conmemorativa y se da
comienzo a la idea de instalar un Mausoleo a las Víctimas del ERP, caídas en el intento
de toma de Monte Chingolo. El proyecto de “Espacio de descanso y homenaje a los
desaparecidos, asesinados y fallecidos el 23 de diciembre de 1975” fue concretado bajo
6 En los fundamentos de la ley 14493 se apela a las diversas memorias sobre el acontecimiento como antecedentes y justificativos de la acción legislativa. Esto indica la importancia de la memoria en la vida política y
social de esos años: “Los memoriosos recuerdan que los cuerpos de los guerrilleros fueron puestos en hilera
sobre el asfalto de una calle interna del Cementerio, que ya no existe, pero que desembocaba en la Morgue.
Antiguos obreros del Cementerio, recuerdan los cadáveres, todos desnudos, con un número pintado sobre la
piel del pecho y algunos con las manos cortadas. Más allá de los recuerdos, los documentos más interesantes
los han dejado un oficial de policía y algunos médicos. El oficial Inspector Jorge Arnaldo Lino firmó un plano
confeccionado en ese momento, que indica quiénes, dónde y cómo fueron enterrados 49 civiles del ERP”.
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la ley que prevé “la incorporación del sitio al Patrimonio Cultural de la provincia de
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Buenos Aires así como también el mural escultórico de los artistas plásticos Enrique
Azcárate y Cecilia Fernández, realizado en memoria de los caídos en el intento de copamiento” (Diputados Informa, s/f). La ordenanza municipal N° 22055, con fecha del 13
de noviembre del 2009 acepta la donación ofrecida por el escultor Enrique Azcárate
“consistente en una escultura para ser colocada en la denominada `tumba viejobueno´
del Cementerio local” (Ordenanza municipal, 2205/2009).
Transcurridos algunos años, el monumento se inauguró en el mes de marzo del 2014,
mediante un acto oficial, donde estuvieron presentes figuras representativas del ámbito
político y social. Los discursos emitidos por altos funcionarios del gobierno nacional, provincial y municipal atendieron a la importancia conservación y promoción de la memoria
política y social y se identificaron con las banderas que llevó adelante la lucha política y
social de la generación de los años 70: “Se rinde homenaje a todos los que formaron parte
de la resistencia a ese proyecto político genocida y neoliberal” (Diario Página 12, 2014)
instó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresnedas, mientras que el
secretario Provincial de Derechos Humanos, Remo Carlotto, pidió “seguir recordando y
recuperando la historia verdadera” (Página 12, 2014) y el intendente Jorge Ferraresi se refirió en forma general a las políticas de memoria, verdad y justicia, en tanto “la memoria, la
verdad y la justicia son herramientas para construir un proyecto de país de cara al futuro”.
Asimismo, asistieron la Comisión de familiares de los torturados, asesinados y desaparecidos en Monte Chingolo; Eduardo Oroño indicó “Esta obra es la reparación histórica que
merece la sociedad” (El Sindical, 2014) y familiares de las víctimas.
La escultura de aproximadamente dos metros de altura comprende las figuras de hombres y mujeres con fusiles en las manos, caminando, de frente y otras que no tienen
fusiles, levantan un brazo hacia arriba, con el puño en alto. Es de un material tallado,
totalmente de color negro, y tiene las siglas ERP en la parte superior.
En palabras de sus promotores esta marca da inicio a un “Espacio de descanso y homenaje a los desaparecidos, asesinados y fallecidos el 23 de diciembre de 1975”, y dará
“digna sepultura los compañeros y compañeras ocultados durante tantos años”, ya que
contendrá los restos de los militantes populares caídos. A partir de esto, identificamos
que el sentido de elaboración del duelo está muy presente en el propósito de los
emprendedores. Según podemos observar, los nombres y la edad de las víctimas se
consignan en los frisos centrales del monumento.
Si bien todavía estamos en una etapa exploratoria, las entrevistas que realizamos hasta
el momento no dan cuenta de una discusión sobre el uso de los nombres propios,
como sí se había sucedido años anteriores en otros memoriales, ya que se advertía
una resistencia al abandono del uso de la categoría de “los 30.000”. Atribuimos como
causa de esto al precedente del Parque de la Memoria en la Ciudad de Buenos Aires y su legitimidad como sitio de memoria, que pudo haber facilitado y allanado el
camino a modos similares de identificación de la identidad de las víctimas en nuevos
recordatorios.
Por otro lado, se aprecia a simple vista la sigla ERP, correspondiente a la organización
político militar Ejército Revolucionario del Pueblo, cuestión que da cuenta de la posibilidad del recuerdo de la víctima en forma integral, es decir, incluyendo claramente
la pertenencia política, aspectos que en otros momentos históricos fueron ocultados,
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negados y, por lo mismo, invisibilizados. En el mismo sentido, se observa una placa
producida por el Ejército del Pueblo con la figura de la estrella característica de la
organización de izquierda.
Por todo lo expuesto, podemos afirmar que el Cementerio constituye un lugar significativo para parte de la comunidad. Suscita la posibilidad del duelo para familiares así como
de homenaje y recuerdo para los compañeros de lucha de las víctimas. Registramos, a
su vez, que las señalizaciones han fortalecido la memoria colectiva local pues, a partir
de ellas, comienzan a preguntarse qué sucedió en ese lugar. Es el caso, por ejemplo, de
la producción del documental “Sector 134... Buscando Identidades” por parte de los
estudiantes de la escuela EESTN°1 “José Ingenieros” de Dock Sud.
Entre los testimonios recogidos para ese fin, se encuentra el de Enrique Arrosagaray,
quien fuera luego director de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda durante
el año 2011 y quien narra situaciones cotidianas del lugar y su vínculo con la represión
de aquellos años:
Los camiones del Ejército o de la Armada entraban de culata por el portón de Oyuela,
donde descargaban los cuerpos de detenidos desaparecidos para enterrarlos en la fosa
común. El Sector 134 da a los departamentos lindantes de Villa Corina, cada vez que
debían entrar camiones con cuerpos, un grupo de militares con sus fusiles intimidaban
a los vecinos para que no miren lo que sucedía. Algunos pícaros subían a la terraza y se
asomaban sin que los vieran para observar lo que hacían allí adentro (Investigaciones
Históricas, 2011).
En forma incipiente, dado el estado de avance de nuestro proyecto, podemos afirmar
que fue una multiplicidad de actores locales, familiares, funcionarios y representantes de
los gobiernos locales, provinciales y nacionales quienes han contribuido y participado
para constituir a este lugar como sitio de memoria. Y, entendemos, a su vez, que es el
mismo vínculo “natural” lo que lo ha convertido en emblema de las acciones del terrorismo de Estado en la ciudad.
Por todo lo dicho, entendemos a este lugar como un importante referente territorial de
los crímenes de terrorismo de Estado sucedidos en Avellaneda.
Paseo de la Memoria
de las Luchas Populares
A pocas cuadras de la estación de trenes de Avellaneda, se encuentra la calle Rosetti y
sobre ella el “Paseo de la memoria y las luchas populares” creado por organizaciones
con fuerte vinculación barrial y territorial. Este paseo, que abarca la totalidad de la fachada de una ex-fábrica, comprende murales continuos que se fueron confeccionando a lo
largo de los últimos años, “por partes”, como expresan sus organizadores, todos vinculados con la temática del trabajo, la lucha, la organización popular, a propósito del sentido
que adquiere una fábrica como parte representativa de la historia industrial de la ciudad.
La principal institución del barrio que promueve esta iniciativa es la Sociedad de Fomen-
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to Francisco Pienovi. En el marco de su funcionamiento se incluye la murga “Criaturas
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del Riachuelo”, y la “Cooperativa de Vivienda para Todos Todo”, entre otras actividades
barriales como apoyo escolar.
En marzo del 2014 se inauguró un fragmento más de los murales que consistió en la terminación de la figura del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, realizado con pedazos
pequeños de azulejos de colores y la colocación de una placa conmemorativa con los
nombres de los desparecidos del barrio de Piñeyro (Fotografía II, archivo personal, 2014).
Respecto de esta placa, observamos que cada señalización a una persona contaba
con su foto y con una descripción de su vida: dónde trabajaba, la edad que tenía al
momento del secuestro, qué estudiaban y su profesión. En el caso de que participaran en actividades gremiales o políticas, también se detallaba. Destacamos el hecho
de que la forma en que se redactó esta breve reseña de la vida de cada uno de los
reconocidos en esta placa es de un modo familiar, cálido, claramente poco solemne.
La información que permitió construir la placa fue recolectada por miembros de la
sociedad de fomento, quienes entrevistaban a familiares y conocidos de los vecinos
desaparecidos.
Ambas marcas no culminan con su existencia material. Por el contrario, en diversas
fechas conmemorativas, como el aniversario del golpe de Estado, 24 de marzo, o para
los carnavales, los vecinos organizan recitales, participan murgas y gestionan otras actividades barriales en torno al mural. Es muy significativo el recorrido que realizan los
vecinos en estas fechas por un pequeño circuito cargado de valor simbólico. Los vecinos
comienzan por la casa de una de las desaparecidas del barrio, Gloria Peralta, lugar donde
fue vista por sus vecinos por última vez. Se ubica en la esquina de Riveros y Aldecoa, a
pocas cuadras de la calle Rosetti, donde culmina el recorrido, frente al mural y la placa
recordatoria.
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
De ese modo, los vecinos y familiares lejos de posicionarse estáticos frente a la marca,
van recorriendo las calles del barrio igualando el transitar cotidiano de las víctimas
homenajeadas colectivamente. Esto es transmitido por uno de los emprendedores de
modo significativo: no les resulta de interés promocionar otras formas del recuerdo, les
interesa que los vecinos conozcan qué sucedió, pero en un clima festivo y respetuoso
con la historia: “segunda peña al aire libre” fue el titular del volante de difusión de la
culminación del mural que se realizaría el 23 de marzo de 2014 donde se anunciaba:
feria de comida, cuerdas de candombe, percusión, murga, coro cumpa. En el mismo
aviso, aparecían las consignas históricas del movimiento de derechos humanos: Memoria, Verdad y Justicia. Advertimos que no hay en esta experiencia una actualización del
contenido del discurso sobre el pasado reciente, sino que se retoman las consignas y
se les imprime una especificidad local de acuerdo con la vida cultural y social del barrio.
Según sus organizadores, la participación de los vecinos ha aumentado en los últimos
años, aunque la caracterizan muy ligada y restringida al espacio barrial: “Por ejemplo, a la
marcha del 24 en Plaza de Mayo no vienen muchos, les cuesta salir del barrio. A mí me
gustaría que vinieran porque creo que hay que estar ahí también, pero bueno, cuesta
mucho” (vecino colaborador de la Sociedad de Fomento, 22 años, 2014). En un sentido
similar, los promotores de esta iniciativa no se vinculan con los promotores de otras señalizaciones como, por ejemplo, las que se ubican en el Cementerio. Al ser consultados
sobre este punto, nos expresan desconocer cómo fue la gestión y quiénes forman parte
de esas inscripciones.
Por otro lado, algunos de los organizadores aprecian que sus iniciativas cobran fuerza y
ganan en participación también por la promoción del tema a nivel estatal, por las políticas de memoria: afirmaciones como “Creo que no sería lo mismo sin las políticas nacionales de memoria”, o “El gobierno municipal también ayuda, por ejemplo, nos ayudaron
a hacer la placa con los nombres de los desaparecidos del barrio, así, en cuestiones
puntuales sé que suele colaborar” (vecino colaborador de la sociedad de fomento, 22
años, 2014) dan cuenta de esta percepción vinculada al contexto histórico.
Marcas en la calle Mujeres Argentinas
Las señalizaciones de las plazoletas “Azucena Villaflor” y “Madres de Plaza de Mayo”,
así como la escultura con el pañuelo de las Madres y un mural que alude a la misma
temática, se inscriben en un proceso de implementación de políticas de renovación de
espacios públicos, en este caso, de la calle Mujeres Argentinas. El gobierno municipal,
a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, realizó mejoramientos en los
espacios verdes que lindaban con esta calle, que comienza en la intersección de la Av.
Güemes y Av. Belgrano y culmina en el viaducto de Sarandí, al borde la de Av. Mitre.
En ese recorrido de aproximadamente 500 metros, se pueden apreciar esculturas, dos
murales y columnas ilustradas con imágenes de distintas mujeres relevantes en la historia del país y de la región. En lo que respecta al período de la última dictadura militar, se
encuentra una escultura de un rostro de perfil con el pañuelo típico de las madres de
Plaza de Mayo, los carteles indicadores de las plazoletas Azucena Villaflor y Madres de
Plaza de Mayo, así como una pintura en el mural (Fotografía III, archivo Personal, 2014).
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Tal como señalan las noticias de diarios locales, la renovación urbana y la decisión de
instalar estas marcas territoriales vinculadas al pasado reciente fue plenamente bajo la
órbita estatal y municipal:
Cabe destacar que las obras de dichos espacios públicos siguen el concepto de diseño
que da impronta a la ciudad,7 y las mismas consistieron en la recuperación de los trayectos
con senderos de hormigón, para mejorar el cruce peatonal, y se incrementó la iluminación
con la instalación de farolas de pie. Asimismo, los lugares han sido forestados y equipados
a nuevo, con bancos, esferas de hormigón, y un kit para realizar ejercicios aeróbicos.
Además, se remodelaron plazas que ya existían; y se construyeron veredas (Avellaneda
Noticias, 2011).
El final de esas obras fue inaugurado en el año 2011 por el intendente Jorge Ferraresi
en un acto oficial.
Junto con otras plazoletas que llevan el nombre de mujeres representativas de la historia argentina y regional, como Juana Azurduy, Lola Mora o Victoria Ocampo, las plazoletas que estamos referenciando se alzan en el territorio con una estética que llama la
atención por su poca vinculación con el período evocado.
7 El subrayado es nuestro.
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Observamos que se indica su nombre con un cartel en alto al costado del cordón de
la vereda. En los carteles se imprime una fotografía y se destaca el nombre propio de la
mujer homenajeada o de la organización.
En el caso de Azucena Villaflor, la fotografía es de sus épocas de juventud. Se observa
una Azucena joven, alejada de la fotografía más reconocida y divulgada de ella, en las
cuales tenía la edad al momento de ser detenida y desaparecida.8 En el caso de la
Plazoleta Madres de Plaza de Mayo, la foto sí se corresponde con la imagen común y
representativa de esta organización. La clara imagen de una mujer mayor con el pañuelo
blanco sobre su cabeza permite y facilita la asociación de la imagen con el período evocado y con los sucesos producidos.
Luego de estas primeras impresiones, que llaman la atención de los observadores, lo
que más aleja del uso tradicional de estas imágenes es la tipografía y los colores de la
letra de los carteles, ya que se iguala a la estética del municipio para difundir sus acciones
de gobierno. El color blanco sobre un fondo verde y la tipografía de la “letra Ferraresi”,
llamada por algunos vecinos así en alusión al nombre del intendente, iguala en el nivel de
la imagen la temática del terrorismo de Estado con otras temáticas que suele publicitar
el gobierno municipal.
Los recorridos que hemos hecho hasta el momento dan cuenta de un sitio vacío, de
tránsito automovilístico, con poco uso peatonal. Las plazoletas suelen estar inhabitadas,
en contraste con el uso anterior que (hace ya varios años) le daban algunos vecinos
para, por ejemplo, organizar los típicos partidos de fútbol de niños y/o jóvenes. Si bien
se ha mejorado su fisonomía, no se observa apropiación por parte de los vecinos. Si
esto es a nivel general de toda la traza de la calle, menos aún observamos una apropiación vinculada con la impronta de la dictadura y la represión acontecida, como puede
suceder con las marcas que presentamos con anterioridad. No hallamos usos vinculados
a sentidos relacionados con hechos traumáticos, como flores, velas, homenajes, entre
otros posibles.
En contraposición a esta falta de apropiación por parte de los vecinos (Vidal Moranta y
Urrútia, 2005), registramos el uso de la imagen de la escultura del pañuelo de las Madres
de Plaza de Mayo como ícono de políticas de Derechos Humanos por parte del gobierno municipal. Hemos relevado folletería oficial ilustrada con dicha imagen, cuestión que
insta a pensar que posiblemente se quiera convertir a ésta en ícono o sello local de las
políticas de Derechos Humanos y/o memoria.9
8 No hemos logrado hasta el momento acceder a cómo fue la toma de decisiones respecto de estos
asuntos estéticos y comunicativos. No obstante, nos interesaría poder advertir si hubo discusiones, debates
sobre el tema, así como quiénes participaron y cuáles fueron finalmente los criterios establecidos en la
toma de decisiones.
9 Otras iniciativas que hemos registrado, pero aún no hemos alcanzado a analizar en profundidad, son la
creación de la plaza Estela de Carlotto, ubicada en el predio destinado a la nueva Universidad Nacional de
Avellaneda, por la ordenanza municipal N° 22279 del año 2010; las gestiones oficiales para la creación de un
museo de la memoria en una comisaría situada en la calle 12 de Octubre, que habría funcionado como lugar
de tránsito de detenidos desaparecidos; y la reciente calle Armando Croatto, a la altura de la Av.Belgrano 1100.
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Conclusiones preliminares
A partir de todo lo expuesto podemos afirmar que las tres experiencias de señalización
y marcación representan diversas modalidades de emprendimientos que coexisten en
un mismo momento histórico. En cada una de ellas se combina de manera diversa el
tipo de discurso, la iniciativa estatal, la acción de los vecinos y el valor del territorio como
escenario de sucesos históricos como la desaparición, el ocultamiento de cuerpos, los
símbolos vinculados al trabajo y las luchas populares.
Todos ellos hacen de cada lugar una experiencia de marcación original, que confirma
la perspectiva de la estrecha vinculación entre territorio, temporalidad y relaciones de
poder de los actores que promueven un recuerdo e imponen una visión del pasado en
el espacio público. En el análisis nos han surgido algunas inquietudes que posiblemente
se vayan articulando en dimensiones de la marcación en cada una de las marcas que
vayamos relevando. Estas se vinculan con los siguientes aspectos:
La relación entre la marca y la escala. Observamos que una iniciativa depende del peso
del valor histórico y el proceso de marcación, que puede convocar al conjunto de la
población de Avellaneda, o simplemente convocar a los vecinos de un barrio en particular, ligados al recuerdo de un acontecimiento más concreto. Es el caso de los vecinos
desaparecidos del barrio de Piñeyro quienes se trasladas, participan y promueven el
recuerdo colectivo de sus vecinos, pero no participan de otras iniciativas más generales.
En el mismo sentido, el mural de la calle Rosetti no convoca a vecinos de otros barrios
y/o localidades.
Las consecuencias de la estatización de la memoria. A partir observar lo producido en
la calle Mujeres Argentinas, nos surge la pregunta acerca de determinadas consecuencias
del accionar del Estado. Desde la impronta de articular la gestión del recuerdo con la recalificación urbana, hasta la pregunta acerca de si es necesario producir un sello local de
la política de memoria. ¿Acaso esto produce que se incluya a Avellaneda en el circuito de
localidades con políticas de memoria? ¿Hasta qué punto es necesario, reparador, reconstituyente de la experiencia traumática la visibilidad pública de la gestión de la memoria?
¿Por qué, a partir de lo que pudimos observar, la participación unívoca del Estado genera
menos apropiación por parte de los vecinos? ¿Será siempre así? Lo anterior nos lleva a la
pregunta acerca de qué sucede con las marcas que no son promovidas insistentemente
por vecinos, miembros de organizaciones de Derechos Humanos o familiares de las
víctimas. Es decir, ¿qué sucede si es únicamente el Estado el que genera la marcación?
La impronta de la materialidad. Es decir, lo que el lugar en sí representa por haber
sido escenario de determinados acontecimientos. Si nada ha ocurrido allí, ¿la marca se
vincula con la posibilidad del recuerdo colectivo? O por el contrario, si han ocurrido
tantas atrocidades, como bien representa el caso de las fosas comunes del Cementerio
de Avellaneda, ¿el recuerdo colectivo insiste?, ¿perdura?, ¿se impone necesariamente? O
¿qué otros acontecimientos, procesos, capacidades de los actores y sus relaciones de
poder entran en juego a la hora de la producción y conservación de la marca?
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
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Ada Cora Freytes Frey (UNDAV)*
Resumen
El artículo presenta resultados finales de un Proyecto UNDAVCYT 2011 que se
proponía analizar la incidencia que tiene el “Programa Envión” en las trayectorias
educativas y laborales de los jóvenes de entre 16 a 21 años que participan en él en
Avellaneda. Asimismo, se examinan los dispositivos institucionales que sostienen el
funcionamiento cotidiano del programa. En lo que respecta a su incidencia en las
trayectorias juveniles, se identifican los factores que generan procesos de repitencia
y abandono escolar y se analiza cómo el Envión opera sobre tales procesos, favoreciendo la terminalidad de la escuela secundaria. Finalmente, se analizan los límites del
programa para favorecer una mejor inserción laboral de los jóvenes participantes.
Palabras clave: Políticas de juventud – Jóvenes en situación de pobreza – Enfoque
de derechos - Trayectorias educativas – Trayectorias laborales
* [email protected]. Socióloga (UBA), Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Profesora
Investigadora en las Universidades Nacionales de Avellaneda y Arturo Jauretche..
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Abstract
This paper presents final results of a UNDAVCYT 2011 research project. The project
objective was to analyze the incidence of a public policy, “Envión” program, in the
educational and labor careers of young people aged 16 to 21, who participate in it in
Avellaneda. Focusing on the program as a case of youth policy, the paper discusses how key
elements of the Rights of the Child approach, such as integrality and interinstitucionality,
are implemented. Also, the institutional arrangements that support the daily operation
of the program are discussed. In regard to the Program’s impact on young people’s
trajectories, the factors associated to school dropout are identified as well as the impact
of the Envión Program on such factors and, therefore, on high school completion. Finally,
the limits of the program to promote better employment are analyzed.
Key Words: Youth policy – Youth in poverty – Right of the Child – Educational
trajectories – Labor trajectories
1.- Introducción
Este artículo discute algunos resultados finales del Proyecto UNDAVCYT 2011 “La
incidencia de la participación en el ‘Programa Envión’ en las trayectorias educativas y
laborales de los/as jóvenes en situación de pobreza en Avellaneda”. En este apartado
buscamos presentar sintéticamente algunos de las líneas de debate en relación a las
políticas de juventud en general y las políticas sociales orientadas a jóvenes en situación
de pobreza en particular que han orientado nuestro análisis del Programa Envión. El
Programa Envión es una iniciativa desarrollada desde el Municipio de Avellaneda (y
después incorporada por el gobierno provincial como política para toda la jurisdicción)
que tiene como objetivo “promover la integración social plena de los adolescentes
y jóvenes entre 12 y 21 años, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o
padeciendo necesidades básicas insatisfechas, a través de la inclusión, protección y prevención en los campos de la educación, el trabajo, la salud, el arte y el deporte; desarrollando nuevas modalidades de relación y vinculación de estos jóvenes con el medio
social, superando condicionamientos socio-familiares de origen”. En nuestro proyecto,
nos planteamos focalizar en los participantes entre 16 a 21 años, ya que es a esta franja
etaria que van dirigidas las acciones del Programa tendientes a la inserción laboral, uno
de los focos de análisis de la investigación.
La investigación buscaba analizar el Programa Envión en tanto política pública de juventud y, más precisamente, en tanto política social orientada a los jóvenes que presentan
situaciones de vulnerabilidad social. Los estudios sobre la temática en nuestro país y
en América Latina muestran, por un lado, un creciente dinamismo de los Organismos
Gubernamentales de Juventud en la definición conceptual de enfoques para el trabajo
con jóvenes pero, por otro lado, una manifiesta incapacidad de dichos organismos –con
poco poder político y escasa asignación presupuestaria- para coordinar la multiplicidad
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
de programas dirigidos a los jóvenes desde distintos sectores del Estado (Chaves, 2009;
Rodríguez, 2010 y 2011). Esto conlleva “un alto grado de dispersión de las políticas públicas de juventud. Existen programas o planes que tratan con jóvenes o que los focalizan directamente desde diversos ministerios, subsecretarías u organismos presidenciales,
tanto a nivel nacional como provincial y municipal, pero la mayoría de esas políticas no
están articuladas entre sí y hasta desconocen su mutua existencia” (Chaves, 2009: 42).
De ahí la importancia de los estudios de caso que aportan al desarrollo y consolidación
de un campo temático que si bien es relativamente joven en nuestro país (ha comenzado a desarrollarse hacia mediados de la década del ’80), ha experimentado en los
últimos años una notable expansión: los estudios sobre políticas de juventud (Borobia y
Chaves, 2009). Nuestra investigación se sitúa dentro de este marco, teniendo en cuenta,
por otra parte, que el Programa Envión presenta, como política orientada a jóvenes en
situación de vulnerabilidad social, diversos aspectos interesantes, que están en línea con
los planteos realizados desde la bibliografía que analiza este tipo de intervenciones: un
abordaje integral o multidimensional, una estrategia de vinculación con otros actores
institucionales y de construcción de redes y alianzas locales y una participación activa del
gobierno municipal no sólo en el diseño y monitoreo de actividades, sino en la gestión
directa de las mismas. Por otro lado, la bibliografía señala que estos aspectos, sumamente
recomendables en la formulación de políticas de apoyo a las transiciones juveniles (sobre todo, los dos primeros), son complejos en su implementación práctica.
En este contexto, los objetivos específicos de nuestra investigación se estructuran en
torno a dos ejes de indagación: por un lado, los dispositivos institucionales del programa
(su diseño, modos de implementación, la forma en que se articulan sus distintas líneas
de acción y las vinculaciones que establece con otros actores locales para favorecer la
promoción de derechos de los jóvenes); por el otro, el efecto que el pasaje por dichos
dispositivos genera sobre las trayectorias educativas y laborales de los y las jóvenes en
situación de pobreza (efecto mediado, por supuesto, por la apropiación de recursos y
las estrategias subjetivas que estos jóvenes despliegan).
La focalización en las trayectorias educativas y laborales obedece a que los problemas
de inserción en el mercado laboral y de abandono del sistema educativo antes de finalizar la educación secundaria –que están interrelacionados entre sí- son los mecanismos
que están en la base de la reproducción de la pobreza en nuestra sociedad, aún en un
contexto de expansión económica. En efecto, los jóvenes en situación de pobreza, que
acumulan una serie de privaciones en términos de capital económico, social y cultural no
son alcanzados “naturalmente” por los beneficios de la reactivación, sino que necesitan
de políticas activas que les brinden recursos materiales, relacionales y subjetivos para
superar esas situaciones de privación y apropiarse de las oportunidades que brindan los
contextos socio-económicos expansivos. Por otra parte, en los períodos de desaceleración del crecimiento económico o, peor aún, de recesión, son los más afectados por la
disminución de las oportunidades.
En lo que sigue, presentaremos los resultados más importantes de nuestra investigación
en torno a los dos ejes mencionados, luego de discutir sintéticamente las principales
orientaciones teóricas que guiaron nuestra indagación y la estrategia metodológica que
sustentó dichos hallazgos.
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2.- Políticas sociales orientadas
a los jóvenes: algunos ejes de debate
En este apartado buscamos presentar sintéticamente algunos de las líneas de debate
en relación a las políticas de juventud en general y las políticas sociales orientadas a
jóvenes en situación de pobreza en particular que han orientado nuestro análisis del
Programa Envión.
En primer lugar, un aspecto central es la transformación, experimentada en los últimos
años, de los paradigmas que guían las políticas públicas en relación a niños, niñas y jóvenes,
a partir de la aprobación por Naciones Unidas de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño en 1989. Surge así el “enfoque de derechos”, que concibe a niños y
jóvenes como sujetos de derecho, vale decir, como poseedores de una gama de derechos
civiles, sociales, económicos, políticos y culturales que el Estado debe resguardar y garantizar (Laje y Cristini, 2009; Laje y Vaca Narvaja, 2012). Esto implica que “el acceso a servicios
no debe ser visto como una concesión o un favor del Estado hacia los jóvenes, sino como
un derecho cuya vigencia debe estar asegurada” (Rodríguez, 2011: 15).
Este nuevo paradigma se contrapone al “enfoque de riesgo”, que pone el foco en los/
as jóvenes “vulnerables” o “excluidos”, vale decir, aquellos que viven en condiciones
sumamente precarias, enfrentando múltiples desventajas sociales (Rodríguez, 2011). Se
sostiene que en este enfoque la acción del Estado se orienta por el “modelo de la situación irregular”, vale decir, el Estado interviene cuando considera que niños y jóvenes
están “en peligro material o moral”, ejerciendo su tutela sobre los “menores” a los que
debe proteger (CASACIDN, 2008; Laje y Vaca Narvaja, 2012). Esto da lugar a políticas
públicas “de carácter asistencial, compensatorio y limitado, centralizado y sectorial” (Laje
y Vaca Narvaja, 2012: 9), centradas en el acceso a servicios. Entre las diversas críticas
hechas a este modo de intervención figuran: lo inadecuado de los esquemas focalizados
para incidir sobre problemáticas complejas de carácter estructural; la estigmatización
que produce el “etiquetamiento” ligado a la focalización (que supone demostrar la propia “vulnerabilidad” o “exclusión” para acceder a la “ayuda” estatal); la discrecionalidad y
el paternalismo en las acciones.
Sin embargo, como mencionan diversos autores (Jacinto, 2010 b; Rodríguez, 2011) este
cambio de paradigma, ampliamente extendido en el discurso, está lejos de plasmarse en
las políticas concretas, donde conviven simultáneamente –y a menudo en tensión- distintas líneas de intervención y dispositivos institucionales. De ahí la importancia de ver
cómo se procesan en programas específicos dichas tensiones. Un punto especialmente
relevante para nuestra investigación es cómo se resuelve la contradicción entre la lógica
universalista propia del enfoque de derechos y la atención a las problemáticas específicas de aquellos más afectados por las desigualdades sociales, como son por ejemplo los/
as jóvenes en situación de pobreza.
Una segunda línea de análisis, estrechamente ligada con lo anterior, tiene que ver con
la contraposición entre políticas integrales y políticas sectoriales. En efecto, el enfoque de derechos da lugar a un nuevo modelo de acción del Estado: la doctrina de la
Protección Integral de Derechos (CASACIDN, 2008; Laje y Cristini, 2009; Laje y Vaca
Narvaja, 2012). Este se asienta en un principio fundamental de la doctrina de Derechos
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Humanos, el principio de la integralidad, que afirma la indivisibilidad de los derechos y,
por lo tanto, el carácter interrelacionado e interdependiente de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, dado que cada derecho tiene efecto en el
ejercicio de los demás derechos (Solís Umaña, 2003). Sólo el cumplimiento del conjunto
de derechos permite el bienestar y el desarrollo de niños/as y jóvenes.
Sin embargo, como hemos visto en la introducción, las políticas públicas de juventud en
América Latina en general y en Argentina en particular se caracterizan por una lógica
sectorial, que pone el foco en alguno de los derechos vulnerados, siguiendo las líneas
de intervención tradicionales de los Ministerios y Secretarías del Estado (Chaves, 2009;
Rodríguez, 2010 y 2011). Esta multiplicación de intervenciones sectoriales contradice
la idea de integralidad y las recomendaciones de los especialistas, que hace años abogan por la necesidad de enfoques más amplios e integrados. Así, el diseño de políticas
integrales y, sobre todo, la construcción de las alianzas interinstitucionales necesarias
para llevarlas adelante aparecen como uno de los desafíos principales que enfrentan las
políticas de juventud.
Esto introduce un tercer eje de análisis, que tiene que ver con la institucionalidad que
sostiene los programas de política pública, lo cual remite a distintas dimensiones de
indagación (Terigi, 2009; Jacinto, 2010 a). Por un lado, los niveles gubernamentales que
intervienen en el diseño, gestión y financiamiento de las políticas, como así también la
articulación y coordinación entre distintos niveles, en el caso de intervenciones interjurisdiccionales. La bibliografía no brinda evidencia que apoye la preferencia de algún nivel
particular (nacional, provincial o local). Sin embargo, para el caso de programas que buscan intervenir sobre problemáticas complejas de exclusión y vulnerabilidad social, hay
autores que señalan la importancia de que las autoridades locales tengan un rol protagónico en la definición e implementación de las políticas, dado que dichas problemáticas
en América Latina aparecen fuertemente ligadas a los procesos de segregación territorial que experimentan las grandes ciudades de la región (Terigi, 2009). En la misma línea,
analizando evidencia sobre programas y proyectos destinados a atender especialmente
a grupos de jóvenes en situación de vulnerabilidad, Rodríguez (2010: 34) señala que “el
municipio puede ser una de las instituciones que más rápida y eficazmente puede actuar
en programas de ciudadanía y participación de jóvenes”.
Otra dimensión relevante tiene que ver con los dispositivos institucionales construidos para gestionar cotidianamente las políticas. Refiriéndose a las políticas de inserción
laboral de jóvenes, Jacinto presenta una enumeración que es pertinente también para
otros programas dirigidos a los jóvenes:
Al respecto, cabe preguntarse si se trata de instituciones permanentes o con riesgo de
sustentabilidad; si cuentan con las condiciones y recursos para brindar servicios de calidad;
las diferentes concepciones de la calidad educativa y del propio mundo laboral que
reflejan sus acciones; y la participación de otros actores (ONG, organizaciones sociales,
sindicatos, empresas), en la construcción de espacios públicos no estatales (2010 a: 36).
En la cita de Jacinto se menciona una dimensión institucional que queremos destacar, ya
que es de particular relevancia en relación a la construcción de un sistema integral de
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protección de derechos de niños, niñas y jóvenes: la capacidad del Estado para coordiI
nar y articular actores diversos en el diseño e implementación de las políticas como así
también de construir alianzas interinstitucionales para sostener intervenciones más integrales, superando las lógicas arraigadas de trabajo sectorial que ya hemos discutido. En
efecto, la idea de sistema supone la interacción y articulación entre sus componentes: en
este caso, los actores tanto estatales (en el nivel nacional, provincial y local) como de la
sociedad civil que trabajan por la protección y promoción de los derechos de niños/as y
jóvenes (CASACIDN, 2008). De acuerdo a esta perspectiva, la implementación efectiva
de las políticas de promoción y protección integral de los derechos de los/as niños/as y
adolescentes requiere la concertación de acciones entre los actores gubernamentales,
las organizaciones sociales, las instituciones locales, los servicios locales y zonales (creados a partir de la Ley Nº 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes, de la Provincia de Buenos Aires), etc..
Finalmente, planteamos un último eje de discusión que permitirá la vinculación entre los
dispositivos institucionales de las políticas y las trayectorias juveniles. Se trata de la distinción entre enfoques individualizantes o estructurales de las políticas (Walther y Pohl,
2007). En el primer caso, se trata de acciones centradas en el individuo, orientadas a desarrollar y fortalecer las habilidades individuales para afrontar las transiciones biográficas
(tales como el pasaje por el sistema educativo y los procesos de inserción laboral); en el
segundo caso, en cambio, se busca operar sobre los aspectos socioeconómicos e institucionales que condicionan tales transiciones -por ejemplo, en los aspectos expulsivos y
discriminadores de las dinámicas escolares, o en las características del mercado laboral
que incide sobre las oportunidades de empleo juvenil- (Jacinto, 2010 b: 122).
3.- La estrategia metodológica
de la investigación
La investigación se construyó siguiendo una lógica cualitativa, ya que este tipo de estrategia resulta particularmente pertinente para el análisis de los procesos organizacionales que, como la implementación de un programa, suponen la interacción compleja
y, a la vez, estructurada, de actores con intereses y perspectivas diferentes sobre el
problema en el que están interviniendo (Gallart, 1992). Asimismo, la reconstrucción de
trayectorias –que no sólo alude al pasaje por distintos hitos en la historia educativa u
ocupacional sino que supone aprehender la experiencia subjetiva de los actores en ese
recorrido-, también requiere de un abordaje que, como el cualitativo, permita captar los
significados que los actores sociales asignan a las situaciones que viven.
Los dos ejes de indagación planteados requerían de distintas decisiones muestrales y
técnicas de recolección de información. Para abordar los aspectos institucionales del
Programa, nos basamos en el análisis de documentos oficiales y, fundamentalmente, en
entrevistas en profundidad a funcionarios que asumen distintas responsabilidades de
gestión a nivel centralizado del Municipio y a distintos miembros del equipo técnico,
docentes y talleristas que gestionan cotidianamente las intervenciones en dos de las
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sedes del Envión Avellaneda.También realizamos observación participante en algunas de
las actividades públicas desarrolladas en algunas de las sedes (celebración de aniversario
de la Sede, debates, talleres, etc.).
Para reconstruir las trayectorias de los jóvenes apelamos fundamentalmente a entrevistas en profundidad para reconstruir “relatos de vida”, esto es, narraciones acerca de “la
vida contada tal y como el individuo la ha vivido” (Bertaux, 1988: 59), aunque en este
caso centradas en la experiencia educativa y laboral. Esta es una técnica tradicionalmente reconocida por su potencialidad para acceder a la experiencia subjetiva. Bertaux,
no obstante, reivindica las posibilidades que la misma brinda no sólo para acceder a
procesos subjetivos y “socio-simbólicos”, sino también para abordar objetos de tipo
socio-estructural (estructuras de producción, formación de clases sociales, modos de
vida en medios sociales dados, etc.). Más aún, este autor sostiene la utilidad de esta técnica para examinar las articulaciones entre ambos aspectos de la vida social, lo cual es,
precisamente, nuestro objetivo en la presente investigación: analizar en qué medida y de
qué manera el Programa Envión provee recursos materiales, simbólicos y sociales que,
al ser apropiados subjetivamente por los jóvenes, permitan sostener y aprovechar mejor
su escolaridad y lograr una mejor inserción en el mercado laboral, superando algunos
condicionamientos estructurales.
Bertaux afirma que este tipo de enfoque –que busca abordar, a través de los relatos de
vida, no sólo fenómenos simbólicos, sino aspectos socio-estructurales o la interrelación
entre ambos- supone generalmente el uso de “muchos relatos de vida, recolectados en
un medio homogéneo, es decir, un medio organizado por el mismo conjunto de relaciones socioculturales” (1988: 63). Ésta es, precisamente, la opción metodológica que
tomamos, entrevistando a distintos jóvenes, varones y mujeres, de entre 16 y 21 años,
participantes del programa en distintas sedes. Como criterios de diversificación de esta
muestra intencional, además del sexo, tomamos el hecho de haber participado o no en
pasantías laborales.
En lo que respecta al análisis de datos, utilizamos el método comparativo para encontrar
configuraciones recurrentes en las trayectorias, construyendo así tipologías de trayectorias. A partir del análisis de las mismas, pudimos generar hipótesis fundadas en los
datos acerca de cómo operan en estas trayectorias los condicionantes estructurales, los
diversos componentes del Programa “Envión” y las estrategias de los jóvenes (Glaser y
Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 1990).
4.- El Programa Envión: ¿una política
desde el enfoque de derechos?
Criterios de selección de los participantes,
integralidad e interinstitucionalidad
El Programa Envión se presenta institucionalmente como una política que se inscribe en
el marco del paradigma de protección de derechos de adolescentes y jóvenes. ¿En qué
medida esto se refleja en el diseño e implementación del programa, en base a la discusión
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teórica que presentamos en el tercer apartado de este trabajo? Un primer aspecto, que
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remite más al “enfoque de riesgo”, tiene que ver con la definición de los destinatarios del
programa: “adolescentes y jóvenes entre 12 y 21 años, que se encuentran en situación de
vulnerabilidad y/o padeciendo necesidades básicas insatisfechas”. Esto nos habla de una lógica de focalización que parece estar en contra del universalismo del enfoque de derechos.
Sin embargo, este último no se agota en una única intervención sino que, más bien, como
hemos visto, plantea la necesidad de un sistema de protección integral de derechos donde
tienen su lugar distintos tipos de políticas y programas. En tal sistema, la base la constituyen las políticas públicas básicas universales orientada al pleno desarrollo de los derechos
(educación, salud, participación ciudadana, etc.). Pero un segundo escalón, más estrecho,
está conformado por las políticas de protección propiamente dichas: aquellas que apuntan
a remediar situaciones de vulneración de derechos. Esto se complementa con las medidas
correccionales, en el caso de jóvenes en conflicto con la ley (Laje y Cristini, 2009). En tal
sentido, el Envión parece ubicarse en el segundo escalón.
Más allá de las declaraciones de principios, es importante analizar los dispositivos de selección
de los jóvenes participantes, ya que ellos determinan quiénes son los que efectivamente acceden a la política. En tal sentido, uno de los problemas que presentan las políticas orientadas
a los jóvenes en situaciones más graves de pobreza y vulnerabilidad social es que a menudo
no llegan a esos jóvenes, siendo aprovechadas en cambio por jóvenes cuyos mayores niveles
de capital social y cultural favorece el acceso a las políticas públicas. En el caso del Envión,
un aspecto interesante es que el Programa “fue a buscar a los jóvenes al barrio”, al instalar
las sedes en asentamientos y villas de Avellaneda. Asimismo, se valió del trabajo previo de
militantes y referentes sociales para facilitar la llegada de jóvenes afectados por la pobreza y la
segregación socio-territorial. Esto parece haber dado buenos resultados, pero también tuvo
como efecto la reproducción de las redes de vinculación e influencia social ya existentes.
Un último punto en relación a este tema es que la diversidad que encontramos entre
los jóvenes participantes del Envión parece ser un efecto buscado desde la política. En
efecto, una funcionaria participante del Programa desde sus orígenes, afirmaba que
inicialmente buscaban incorporar a “aquellos pibes en la peor de la peor situación dentro
del sector vulnerable”. Sin embargo, a medida que el programa se fue desarrollando y
creciendo, se vio la necesidad de adoptar una perspectiva más amplia, incorporando a
otros jóvenes dentro del sector en situación de pobreza:
Y después tuvimos que ir tomando también chicos que estaban viviendo en una situación
de vulnerabilidad, pero por ahí con alguna situación un poco más ventajosa. (…) Hemos
aprendido con el hacer que tenemos que ir mechando distintas complejidades como
para que también éstos que no están tan comprometidos con situaciones graves puedan
ayudar a estos otros. Digamos, porque son referentes, son pares.
El enfoque de derechos aparece con más claridad si consideramos las líneas de intervención que propone el Envión. En efecto, hemos planteado que un principio central de
este enfoque es el de la protección integral. Esto supone que cualquier política pública
cuyo fin sea la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, debe tener un abordaje multidimensional, es decir, debe intervenir en los diversos
aspectos y derechos de un modo conjunto, simultáneo y articulado. El Programa Envión
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
propone desde sus inicios un enfoque multidimensional, planteando en su objetivo
general cuatro ejes de intervención, que responden a cuatro derechos centrales: a la
educación; a la salud; a la recreación, el deporte y la vida artística; y al trabajo. Estos ejes
–a los que se suma un quinto, el de integración socio-comunitaria- organizan el trabajo
del Programa, que en el Municipio de Avellaneda se desarrolla en 9 sedes barriales, atendiendo a 885 adolescentes y jóvenes.1 En estas sedes, además de brindarse desayuno,
almuerzo y merienda2 y otorgarse una beca mensual a los adolescentes y jóvenes que
asisten a ella, se desarrolla una oferta formativa, educativa y recreativa diseñada para la
población beneficiaria, teniendo en cuenta las características del barrio y las necesidades
e intereses de los jóvenes. A continuación describiremos, para cada una de las áreas
centrales del programa, los objetivos y actividades.
El área de educación tiene como principal objetivo mejorar la inserción en el sistema
educativo, a fin de impulsar la terminalidad educativa. Esto se promueve a través de
diversas acciones, coordinadas por un responsable pedagógico. En primer lugar, todas las
sedes cuentan con apoyo escolar. También se visita a las escuelas a las que asisten los/
as jóvenes participantes, a fin de realizar un seguimiento de su rendimiento y sus dificultades académicas. Finalmente, en el caso de los jóvenes que se acercan al programa
habiendo abandonado el sistema educativo, se busca –en acuerdo con el joven y su familia- la modalidad educativa que más se adecue a su realidad e intereses para favorecer
la finalización de la escuela secundaria.
El trabajo es otro de los aspectos prioritarios del Programa, y el objetivo central al respecto es favorecer la inserción laboral de los/as jóvenes. Las acciones en este sentido
están orientadas a jóvenes a partir de 16 años. La principal modalidad de intervención
es la formación para el trabajo, mediante talleres de oficio o cursos de formación profesional con certificación oficial en áreas como la carpintería, la peluquería, la gastronomía, la informática, etc. Esto se complementa con pasantías, pero en este caso la oferta
resulta extremadamente limitada en relación a los jóvenes participantes del programa:
nunca llegó a haber más de 20 pasantes.3
Otro eje es la promoción y prevención de la salud, cuyo objetivo es reducir la situación
de riesgo de los jóvenes. Esto se concreta mediante la coordinación con unidades sanitarias del municipio, la organización de talleres de prevención y el seguimiento de los
beneficiarios a través de psico-diagnósticos y evaluaciones a cargo del equipo técnico.
Se brindan elementos y accesibilidad a recursos de cuidado de la salud, prevención de
embarazos y adicciones y tratamiento de diferentes aspectos que hacen a su pleno
1 A estas se suman otras cuatro sedes, en las que se desarrolla lo que se denomina “Envión Recreativo”, con actividades que ponen el eje en lo deportivo y artístico. Si consideramos estas sedes, el total de adolescentes y jóvenes que participaban del Programa hacia fines de 2012 ascendía a 1254 (Datos del mes de Septiembre de 2012).
2 Durante el tiempo que duró nuestro proyecto (marzo de 2012 a septiembre de 2014) el Programa experimentó diversos cambios, ligados a cambios en las autoridades municipales y en los esquemas de financiamiento provinciales y locales. Uno de estos cambios fue el reemplazo del almuerzo por un refrigerio.También hubo
discontinuidades en el cobro de las becas y congelamiento del ingreso al Programa.
3 Al comenzar nuestro trabajo de campo, el número de pasantes ascendía a 17 jóvenes. Luego este número
fue descendiendo, porque algunos jóvenes que hacían su pasantía en el Municipio fueron efectivizados. En
2013, ante el cambio de conducción del Programa, esta línea se discontinuó y se planteó más bien la articulación con el Programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo.
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desarrollo y bienestar (psicofísico y socio-cultural). La principal problemática que aqueja
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a los jóvenes respecto de la salud es el consumo de drogas, cuestión que es tratada por
el equipo de la sede, salvo en casos extremos en los que se recurre a una derivación a
una institución especializada, para la realización de un tratamiento o incluso internación.
El eje de recreación, arte y deporte busca promover la integración social, la construcción de
la identidad y el sentido de pertenencia de los adolescentes, mediante la participación en
actividades artísticas, expresivas y deportivas. En cada una de las sedes se ofrecen talleres
artísticos variados, entre los cuales los jóvenes pueden elegir (de música, artes plásticas, murga, circo, fotografía, teatro, danza), y también un espacio para la actividad física y el deporte.
Finalmente, la integración socio-comunitaria se promueve a partir de la visita periódica de
trabajadores sociales a las casas de los jóvenes, a través de las cuales se conoce a las familias y
sus condiciones de vida. Estas visitas permiten, a su vez, mantener informados a los familiares
acerca de las problemáticas de los jóvenes y promover el compromiso de aquellos para resolverlos. Otra vía privilegiada para abordar el aspecto socio-comunitario es el trabajo de los
tutores. Estos son jóvenes que pertenecen al barrio donde está ubicada la sede y cumplen
un papel de mediación entre el equipo técnico de la sede y los beneficiarios, a la vez que ofician de facilitadores del diálogo y el vínculo entre las familias y el programa. Los tutores, al vivir
en el barrio, tienen una interacción permanente con los jóvenes participantes del Programa.
Un aspecto importante es que estos distintos ejes de intervención no aparecen aislados
entre sí, ni aparecen énfasis desiguales entre las distintas líneas de trabajo. Por el contrario, se
hace hincapié en la integralidad de la intervención y en la necesidad de superar lógicas fragmentadas, habituales en las políticas sectoriales. El planteo es que cada espacio enriquece y
se enriquece con los demás, tal cual lo plantea el principio de interdependencia de derechos.
El enfoque de derechos también aparece con claridad en la apuesta que el programa hace
por la intersectorialidad en sus líneas de trabajo. De la descripción anterior se desprende
que el Envión incorpora en sus estrategias el trabajo conjunto con otras instituciones
para abordar distintas problemáticas de los jóvenes y trabajar sobre sus derechos.
En primer término, el Programa busca una fuerte inserción barrial, que es construida a
través de acciones específicas en la comunidad y de la participación del equipo técnico en
distintas instancias de trabajo barrial. Ente ellas, se destaca la participación en las Mesas de
Gestión Barriales, ámbitos conformados por representantes de todas las organizaciones e
instituciones del barrio: las escuelas, los hospitales y salas de salud, los clubes, las organizaciones sociales y culturales, etc.. Allí se discuten problemáticas del barrio y se promueven
y diseñan iniciativas y acciones coordinadas entre los actores participantes.
En segundo lugar, desde el área educativa de cada una de las sedes del Envión se entabla
una vinculación con las escuelas a las que asisten los jóvenes. El responsable pedagógico,
visita periódicamente los establecimientos a fin de hacer un seguimiento del desempeño
escolar de los/as jóvenes que asisten al Programa (el cual es complementado a través
de los boletines) y compartir las problemáticas y dificultades que presentan. Se busca
coordinar acciones para ayudarlos a superar las dificultades, mejorar su desempeño y,
consecuentemente, posibilitar la permanencia en la escuela y la terminalidad educativa.
En general, la percepción de nuestros entrevistados es que las escuelas valoran el trabajo que
realiza el Envión y su contribución al desempeño y comportamiento de los jóvenes, sin embargo, el trabajo colaborativo (en la planificación de actividades o articulación de estrategias)
entre directivos y docentes de las escuelas y docentes del Programa presenta muchas difi-
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
cultades. La lógica flexible del programa y su centramiento en los jóvenes a menudo choca
con la lógica burocrática del sistema educativo y con un imaginario extendido entre muchos
docentes, que tienen expectativas muy bajas acerca de las posibilidades de los/as jóvenes.
Predomina en las escuelas una lógica de trabajo “puertas adentro” que limita indudablemente el alcance de las clases de apoyo. Si bien los docentes del Envión toman como base para
su trabajo las carpetas de los/as jóvenes, indudablemente la falta de diálogo con los docentes
de la escuela impide la generación de estrategias conjuntas, que aborden sistemáticamente
las dificultades que los/as jóvenes encuentran en el sistema educativo. Este tipo de trabajo
llega a hacerse en ocasiones, pero a partir de acuerdos puntuales con algunos docentes
preocupados por desarrollar prácticas pedagógicas que respondan a las necesidades de los
jóvenes, que realizan esta búsqueda a título personal, sin involucrar a la institución (más aún,
a menudo al margen de la institución escolar).
Otras articulaciones interinstitucionales de central importancia para el funcionamiento del
Envión se dan en las áreas de salud y trabajo. En el primer caso, en tanto el Programa no
cuenta con servicios propios,4 las acciones se concentran en la articulación con las salas
de atención primaria municipales, con los hospitales y con las instituciones de atención de
adicciones, para asegurar el acceso de los/as jóvenes a controles y distintas prestaciones.
Las vinculaciones interinstitucionales en relación al área de trabajo se tejen sobre todo
a nivel municipal: se trata de convenios con el sistema de Formación Profesional y con
empresas que permiten el desarrollo de los cursos y las pasantías.
Por último, es importante la relación con el Servicio Local de Promoción y Protección
Integral de los Derechos de los Niños, para poder intervenir en en casos de vulneración
de derechos que ponen en riesgo la integridad de los/as jóvenes (violencia familiar, abuso).
Esta articulación aparece no obstante como problemática, criticándose la falta de agilidad
en las respuestas, a partir del choque entre la urgencia de las problemáticas y la lógica
burocrática de las instituciones.
Los rasgos del Envión descriptos en este apartado –particularmente, la integralidad y la
intersectorialidad- nos hablan claramente de un programa diseñado desde el paradigma
de derechos. En el siguiente punto analizaremos cómo es la institucionalidad sobre la que
se asienta estas líneas de intervención.
5.- La construcción de la
institucionalidad en el Programa
Envión: niveles de gobierno,
dispositivos y perfiles profesionales
El Programa Envión surge en el Municipio de Avellaneda en el año 2005, en el marco de
la reurbanización de Villa Tranquila. Comienza con una única sede en este barrio. En el
4 Al comenzar nuestro trabajo de campo, el Envión contaba con un equipo de psicología, que atendía en dos
centros a los jóvenes derivados de distintas sedes. Esto fue desarticulado posteriormente, en 2013.
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año 2009, el Programa es asumido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia
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de Buenos Aires y extendido a más de 100 municipios de la Provincia. En Avellaneda,
esta nueva etapa significó una considerable ampliación de recursos para el programa: se
multiplicaron las sedes barriales, a partir de la disponibilidad de fondos para refaccionar
espacios con ese destino; se amplió el número de becas, solventadas por la Provincia,5
y se contó con más financiamiento para personal técnico y docente. Por otra parte, la
aprobación de los ingresos al Programa pasó a depender del equipo de gestión provincial.
Asimismo, el financiamiento del Envión a nivel local quedó más expuesto a los vaivenes
presupuestarios de la Provincia.
La gestión local del Programa en Avellaneda opera a dos niveles: por un lado, existe un
equipo central interdisciplinario de profesionales en la Municipalidad de Avellaneda, que ha
diseñado el programa, coordina y supervisa su ejecución, e introduce los ajustes necesarios
a partir del monitoreo del mismo; por otro lado, las actividades cotidianas del Envión se
realizan en las distintas sedes del mismo, que están ubicadas en diversos barrios de Avellaneda, en general caracterizados por situaciones de pobreza y precariedad habitacional.
El equipo central es el que tiene una mirada integral sobre la marcha del programa
en el Municipio. Hasta 2013 sus miembros presentaban cierta continuidad en la gestión (muchos participaban del Envión desde 2005 o 2006), lo cual había permitido un
aprendizaje a partir de lo realizado y la implementación de ajustes sucesivos en las
intervenciones.6 En este nivel se negocian los acuerdos intersectoriales a nivel municipal,
que habilitan posteriormente el trabajo con otras instituciones en el territorio.
En los que respecta a las sedes, la gestión cotidiana está a cargo de un equipo técnico
conformado por profesionales de diversas disciplinas (trabajadores sociales, politólogos,
docentes, psicólogos, etc.), que trabajan en conjunto, tanto en la planificación y monitoreo de las actividades cotidianas de cada línea, como en el abordaje de las problemáticas
y urgencias emergentes, que llevan una parte considerable de su jornada de trabajo.
Este equipo está liderado por un coordinador, a cargo de la organización de la sede, de
la gestión de los recursos, de la representación del Envión en el barrio y de la comunicación con el equipo central en la Municipalidad de Avellaneda. Otros miembros del
equipo están a cargo de la coordinación y supervisión de cada una de las áreas de intervención mencionada. Así, el responsable pedagógico orienta y monitorea las clases de
apoyo, los cursos de oficios y los talleres,7 además de ser el encargado de la vinculación
institucional con distintas instancias del sistema educativo. Otro miembro del equipo
está a cargo de las intervenciones en salud, y el área de integración socio-comunitaria
suele estar a cargo de un trabajador social.
5 En Avellaneda, al comenzar nuestro trabajo de campo en 2012, a la beca provincial de $ 350 (o $ 200, para
el caso de los jóvenes cuya familia cobraba la Asignación Universal por Hijo) se agregaban 50 $ financiados por
el Municipio, a partir del aporte de empresas locales. El Municipio también cubría los gastos de funcionamiento
de las sedes, las comidas y parte de los sueldos del personal técnico y docente.
6 A fines de 2012, hubo un cambio importante en la conducción del Programa y lo mismo ocurrió a fines de
2013. Este proceso, ligado a la modificación de alianzas políticas en el Municipio y en la Provincia, culminó en
el alejamiento de los que habían integrado el equipo central del Municipio desde los comienzos del Programa.
7 En algunas sedes, los talleres de recreación y arte tienen su propio responsable, separado del responsable
pedagógico.
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Más allá de esta distribución de funciones, predomina el trabajo coordinado. Por otra
parte, esta coordinación es garantizada no sólo a partir de la dinámica cotidiana (que
exige flexibilidad para responder a las múltiples situaciones emergentes), sino a través
de una reunión semanal del equipo técnico, donde se evalúa lo realizado y se plantean
los ajustes necesarios y las problemáticas a priorizar. En tal sentido, la interdisciplinariedad es un aspecto importante que permite construir el abordaje integral, en tanto cada
integrante puede aportar una mirada desde su propia disciplina, con sus paradigmas y
metodologías específicas, pero a su vez los espacios de articulación permiten poner en
diálogo tales perspectivas y acordar criterios comunes.
En segundo lugar, el trabajo cotidiano en la sede es sostenido por numerosos docentes, que están a cargo de los espacios de apoyo escolar, los cursos de oficio y los
talleres recreativos y artísticos. Nuevamente en este caso los perfiles son diversos y
se advierten arreglos particulares por sede. Las entrevistas con docentes y talleristas,
a las que se suman las realizadas con miembros del equipo técnico, muestran otra
clave importante y común a todos los profesionales que trabajan en el Programa: el
fuerte compromiso con el trabajo con los jóvenes, compromiso que generalmente
se asienta en una historia previa de trabajo (incluso, voluntario) en el barrio donde se
inserta la sede (o en otras zonas en situación de pobreza) y en convicciones éticas
y/o políticas. En tal sentido, resulta fundamental la mirada integral que tienen sobre las
problemáticas de los jóvenes y la internalización de la perspectiva de derechos en la
práctica concreta.
Este compromiso es una de las fortalezas del dispositivo institucional, ya que permite la
construcción de una relación de confianza entre equipo técnico y docentes, por un lado,
y jóvenes participantes, por el otro. Como contracara, un aspecto que atenta contra la
sustentabilidad del dispositivo es cierta precariedad en las condiciones salariales y de
contratación, que hace que la rotación del personal sea alta.
El dispositivo institucional en las sedes se completa con los tutores. Ya hemos visto
que son jóvenes más grandes, con un perfil de liderazgo o referencia en el barrio, que
median entre el equipo técnico de la sede y los jóvenes participantes. Los tutores son
los que reciben a los jóvenes a la mañana o al mediodía (según el turno en que concurren a la sede, en contraturno con sus obligaciones escolares), les sirven el desayuno
o merienda y el almuerzo, comen con ellos, intercambian informalmente, participan de
algunas de las actividades como auxiliares de los docentes y los acompañan a la salita o
al hospital, o a realizar trámites.
Los tutores aportan a las intervenciones del Envión una perspectiva más cercana a la
mirada de los jóvenes participantes, permitiendo superar el adultocentrismo que caracteriza a tantas intervenciones institucionales (Krauskopf, 2000). A partir del intercambio
informal con el equipo técnico y de la participación de algunos de ellos en las reuniones
de equipo, facilitan la elaboración de diagnósticos más pertinentes e integrales sobre la
realidad de los jóvenes, lo cual favorece la atención de las problemáticas emergentes y el
diseño de estrategias de intervención más adecuadas. Sin embargo, el diálogo entre las
perspectivas de los profesionales de los equipos técnicos y las visiones y saberes experienciales aportados por los tutores no siempre es sencillo. El rol del tutor, en su función
de intermediación, no siempre resulta claro (por ejemplo, su participación o no en las
reuniones de equipo parece ser definida de distintos modos por las sedes).
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Por último, resta señalar que la articulación de estos diversos roles y perfiles profesioI
nales que conviven en cada sede del Envión se trabaja no sólo a través del intercambio
cotidiano –que es informal, fluido y clave en la gestión diaria del Programa-, sino también
a través de reuniones mensuales generales, donde se analiza la marcha del programa,
se identifican dificultades que requieren atención y ajustes y se programan estrategias
coordinadas de acción.
6.- El Envión en las trayectorias
educativas de los jóvenes
En este apartado buscamos responder sintéticamente a una de las preguntas centrales
de nuestra investigación: ¿cuál es la incidencia del Programa Envión en las trayectorias
educativas de los/as jóvenes participantes?
Para ello, como planteamos en la metodología, el primer paso fue analizar comparativamente las trayectorias educativas de los jóvenes entrevistados. Ahí encontramos que la
diversidad que se buscaba en la selección de los jóvenes participantes del Programa queda
reflejada en sus historias educativas. En efecto, si bien la mayoría de nuestros entrevistados
presentan trayectorias “accidentadas”, con episodios de repitencia, de abandono momentáneo o más prolongado, hay un grupo más reducido con trayectorias lineales, donde estas
“rupturas” no se dan. En lo que sigue nos centraremos en las trayectorias “accidentadas”
porque es sobre estas que el Envión opera produciendo transformaciones.
La mayoría de los/as jóvenes entrevistados presentan trayectorias educativas estables
hasta 6º año de la Escuela Primaria, nivel que generalmente realizan en una misma
escuela ubicada en las cercanías del barrio donde residen. La escolaridad aparece naturalizada en estos años y en general guardan buenos recuerdos de sus relaciones en
la institución, tanto entre compañeros como con las maestras. Sólo en unos pocos
relatos la experiencia de la Escuela Primaria es más fragmentaria o presenta tempranos
quiebres, ligados a decisiones y problemas familiares (migraciones, rupturas, conflictos,
enfermedad y muerte).
En el resto de los relatos se presentan dos momentos de quiebre diferenciados en los
itinerarios educativos: para algunos jóvenes los problemas comienzan al pasar al Ciclo
Inicial de la Escuela Secundaria y para otros recién al comenzar el Ciclo Superior o Ciclo
Orientado de este nivel de escolaridad.
Analizando estos dos tipos de trayectorias, podemos identificar algunos de los factores
que operan en los procesos de abandono. En el primer caso, en el relato de los jóvenes,
las situaciones de repitencia no están ligadas a la dificultad académica del nuevo nivel,
sino más bien, desde el lado institucional, a la ruptura de vínculos que favorecían la
continuidad escolar (compañeros, docentes). Sin embargo, lo más importante parece
ser la reconfiguración de las vinculaciones en el barrio y la apertura a una sociabilidad
adolescente que lleva, poco a poco, al “desenganche” con la propuesta escolar. Estas
primeras experiencias de dificultad, en varios casos, no constituye un quiebre definitivo
en la continuidad escolar. Sin embargo, las dificultades se agravan cuando estas rupturas
van acompañadas de cambios de institución que introducen nuevas discontinuidades en
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
la trayectoria escolar. Es así que algunos de los jóvenes entrevistados evidencian situaciones prolongadas de abandono en esta etapa, sobre las cuales luego operará el Envión.
En estos casos, el alejamiento del sistema educativo aparece también relacionado a
dificultades familiares de distinto tipo.
El segundo momento de quiebre importante en las trayectorias educativas de la mayoría de los jóvenes participantes del Envión tiene que ver con el pasaje de la ESB al Ciclo
Orientado de la Escuela Secundaria. Para todos los jóvenes entrevistados este pasaje
implica un cambio de institución. Los factores que intervienen en los procesos de abandono en este caso son: la diferencia entre modelos institucionales; la profundización de
la brecha entre cultura juvenil barrial y cultura escolar en los nuevos establecimientos; la
complejización de los aprendizajes requeridos en el Ciclo Orientado; la inadecuación de
las estrategias pedagógicas de los docentes; las dificultades en el trato docente-alumno,
que es un obstáculo para que los/as jóvenes expresen sus dificultades o pidan ayuda a
sus profesores ante lo que no comprenden; los problemas y conflictos familiares –tanto
en la familia de origen, como la maternidad o paternidad adolescente-, que generan
nuevas obligaciones para los jóvenes o acentúan los procesos de desenganche con la
experiencia escolar.
Ahora bien, ¿cómo opera el Envión en las problemáticas y quiebres de las trayectorias
identificados en el apartado anterior? La respuesta es que, como programa integral,
el Envión interviene de diversas maneras en estos quiebres, y los distintos modos de
intervención se potencian y se complementan.
La base del dispositivo institucional del Envión tiene que ver con la confianza que se
construye entre las distintas figuras del Programa, lideradas por el equipo técnico, y
los jóvenes. A partir del vínculo cotidiano y cercano con profesionales, docentes y
talleristas, las sedes del Programa se convierten en un espacio de pertenencia para
los jóvenes. Asimismo, los integrantes del equipo técnico son referentes para estos
últimos, a los que pueden acudir frente a problemas familiares o barriales, y recibir
orientación, consejo y ayuda. Esto tiene incidencia en dos aspectos: por un lado, ayuda
a los jóvenes a enfrentar y soportar las heridas afectivas, la angustia y la desazón que
les producen las diversas problemáticas familiares que, como hemos visto, tienen un
efecto sumamente desorganizador de la escolaridad. En esta tarea, no sólo colabora
el acompañamiento cotidiano de todo el plantel del Envión en cada sede –que es
fundamental- sino también la presencia de algún psicólogo dentro del equipo técnico,
la disponibilidad de un servicio de psicología para los jóvenes del Envión y –ante las
limitaciones de este último- la articulación con centros de salud y hospitales, como
parte de la línea de acción en Salud del Programa.
Por otro lado, el Envión funciona como un espacio de pertenencia que propone un
estilo de sociabilidad juvenil alternativo al del barrio. Este aspecto es permanentemente
resaltado por los jóvenes, quienes se refieren por ejemplo a los conflictos interbarriales
que forman parte de la realidad territorial, contraponiéndolos a las relaciones en el
Envión, donde tales conflictos pueden canalizarse y solucionarse “hablando”. De hecho,
en el Envión confluyen dos estilos juveniles diferentes: los que desarrollan su vida y sus
vínculos “en la calle” o “en la esquina” y aquellos que muestran, por el contrario, cierto
“encierro” en el hogar y en el círculo más estrecho de familiares y vecinos. Para los
primeros (más que nada, varones, pero no únicamente), el Envión significa un “rescate”
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de situaciones de riesgo, asociadas a la violencia barrial, a las adicciones, etc.
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Para los/
as segundos, el Envión implica una apertura a una sociabilidad más amplia y un salir del
aburrimiento cotidiano porque “no hay nada para hacer”.
De este modo, el Programa opera sobre otro de los factores que dificultan la continuidad escolar: las tensiones entre, por un lado, el esfuerzo y las rutinas organizadas que
requiere la escuela y, por el otro, los valores del ocio, del “estar juntos” y transcurrir,
del trasnochar y, en algunos casos, entre los varones, de la violencia y la demostración
de fuerza propios de la sociabilidad juvenil barrial. Al combinar en un mismo espacio y
distribuir el tiempo cotidiano entre clases de apoyo y talleres recreativos, el dispositivo
ayuda a tender puentes entre aprendizajes escolares y espacios más lúdicos y de interacción informal. No obstante, esto no se logra sin dificultades, ya que tanto docentes
como jóvenes mencionan que algunos participantes no aprovechan el espacio de apoyo,
generando desorden y dificultando la tarea de los demás. En este aspecto es importante
la tarea de los tutores.
En segundo término, el Envión opera sobre las trayectorias escolares “accidentadas”
o fragmentadas buscando alternativas concretas para favorecer la reincorporación de
los jóvenes al sistema educativo y que puedan finalizar el Nivel Secundario. En esto,
la generación de articulaciones interinstitucionales con el sistema educativo y con los
Programas establecidos por el Ministerio de Educación de la Nación para impulsar la
terminalidad educativa es fundamental. Así, desde el Envión se preocupan por conseguir
vacantes a los que buscan reincorporarse a la escuela secundaria. Por otra parte, en los
casos de abandono reiterado o de largo plazo, conectan a los/as jóvenes con alternativas como los CESAJ o el Plan FinES,9 que en ocasiones funcionan en el mismo espacio
físico que la sede del Envión.
En tercer término, el responsable pedagógico realiza un seguimiento a la escolaridad de
cada participante, a partir de la vinculación con los establecimientos educativos o programas a los que asisten los/as jóvenes participantes. Con esto, se sostiene a las familias,
algunas de las cuales tienen dificultades para asumir esta tarea.
Finalmente, el Programa atiende las dificultades específicas que presentan los jóvenes en
los procesos de aprendizaje escolar a través de las clases de apoyo, que ocupan un lugar
importante en el tiempo que ellos pasan en las sedes. En este espacio, los jóvenes pueden volver sobre los contenidos y sobre las explicaciones que no quedaron claras en la
escuela. Los jóvenes entrevistados valoran especialmente la disposición de los docentes
del Envión a “explicar una y otra vez” y también la posibilidad de consultas personalizadas, que permiten que sus dificultades no queden expuestas ante sus compañeros.
8
8 Debemos señalar, sin embargo, que este “rescate” no siempre se logra. A menudo, la pertenencia a grupos y
“bandas” del barrio compite con el involucramiento en el Envión. Y el Programa no siempre gana en la competencia. Nuestro trabajo de campo en una de las sedes comenzó a los pocos días que un joven participante
muriera jugando a la “ruleta rusa”, en una demostración de coraje como parte de una de estas bandas juveniles.
9 Los CESAJ (Centros de Escolarización Secundaria para Adolescentes y Jóvenes) constituyen una oferta educativa para jóvenes entre 15 y 18 años de edad que presentan sobreedad en relación a los cánones del sistema
educativo, oferta que plantea un programa alternativo para la finalización del primer ciclo de la escuela secundaria (de 1º a 3º año) a fin de poder incorporarse posteriormente al segundo ciclo en escuelas comunes o en escuelas para Jóvenes y Adultos. El Plan FinEs (Plan de Finalización de Estudios Secundarios) apunta como su nombre lo indica a la terminalidad del nivel medio, pero en este caso para jóvenes y adultos a partir de los 18 años.
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Como resultado de estos modos de intervención, se observa una clara incidencia del
Programa sobre las trayectorias educativas de los jóvenes, que varía según los distintos
tipos de trayectorias que hemos identificado. Por un lado, el Envión ha logrado revertir
procesos de abandono en la ESB, favoreciendo la finalización del Ciclo a través de la
incorporación en los CESAJ. Algunos de estos jóvenes, sin embargo, no han seguido los
estudios en el Ciclo Superior. Por otro lado, en el caso de los jóvenes donde las dificultades educativas se expresan mayormente en el pasaje inter-ciclos, el Envión ha logrado
acompañar este pasaje y ayudar a sostener la escolaridad en este nivel, superando procesos de discontinuidad y atraso en los estudios. La mayoría de los jóvenes entrevistados
estaban todavía cursando el Ciclo Orientado de la Escuela Secundaria, en 2º o 3º año.
Sólo una de las jóvenes había interrumpido la escolaridad en 2º año, al quedar embarazada, y no había retomado los estudios, si bien manifestaba su voluntad de hacerlo.10
7.- El Envión en las trayectorias
laborales de los jóvenes
La ya mencionada diversidad de los jóvenes que participan en el Envión también se
manifiesta en sus experiencias laborales y en las vinculaciones que construyen con
el mundo del trabajo. Encontramos dos situaciones contrastantes en términos de
trayectorias laborales. Por un lado, jóvenes varones y mujeres que provienen de
familias en situación de pobreza extrema y que en ese contexto han contribuido
tempranamente (a los 10, 11, 12 años) con su trabajo al presupuesto familiar, ya sea
para completar el mismo o para solventar sus propios gastos. La temprana inserción
en el mundo del trabajo se corresponde con empleos de alta precariedad, a los que
a menudo acceden acompañando a sus familiares.
Por el otro lado, se da el caso de jóvenes que no habían tenido una inserción en el
mercado de trabajo previa a su ingreso en el Envión. Se trata de situaciones donde
las familias, si bien siempre en situación de vulnerabilidad socio-económica, están en
condiciones de solventar sus necesidades básicas y, sobre todo, priorizar dentro de
las estrategias familiares de vida la educación de los hijos, posponiendo el ingreso de
estos últimos al mercado laboral. En contraposición a los anteriores, estos jóvenes
muestran cier to “encierro” en el hogar y en el círculo más estrecho de familiares y
vecinos.
Entrevistadora: ¿Y vos cuando entraste acá al Envión… estabas trabajando también?
Juan: No. Estaba todavía en la burbuja… Estaba encerrado todavía. No salía, nada. (Juan,
20 años).
10 Dada nuestra estrategia metodológica cualitativa no podemos asegurar la representatividad de estos
datos. No obstante, los datos disponibles sobre asistencia escolar de los participantes del Envión, muestran
un aumento sostenido de los que asisten a la Escuela Secundaria, hasta llegar a superar el 90 %. Este dato fue
corroborado en las entrevistas a miembros del equipo municipal del Programa.
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Las herramientas que brinda el Envión en tanto formación para el trabajo son incorpoI
radas por los jóvenes a partir del habitus – en tanto esquemas de percepción, valoración
y acción (Bourdieu, 1980) - y significados sobre el trabajo que han construido en su experiencia previa. Hemos visto que la línea de acción más extendida en este sentido son
los cursos de formación profesional, certificados por la Provincia de Buenos Aires. En
general, los jóvenes entrevistados presentan una valoración positiva de esta formación,
rescatando los conocimientos y “saber-hacer” adquiridos, la articulación entre saberes
y práctica que presentan estos cursos y, en algunos casos, la posibilidad de acreditación
de las competencias adquiridas.
Sin embargo, encontramos entre los jóvenes entrevistados tres posicionamientos distintos frente a los cursos, que remiten a formas de apropiación diferentes de los mismos
en sus trayectorias laborales. En primer lugar, algunos entrevistados equiparaban los
cursos de formación profesional a los talleres recreativos, interpretándolos como una
actividad más que ofrecía el Envión. En esta línea, no aparecía en estos jóvenes la idea
de formación para el trabajo, sino más bien la búsqueda de realizar actividades que les
resultaran interesantes y atractivas. Asimismo, se advierte en estos jóvenes cierta actitud
de “exploración” y búsqueda de construir experiencias, que los lleva a rotar por distintos
cursos, sin permanecer en ellos lo suficiente como para acreditarlos. Esta actitud se da
generalmente en jóvenes que no tienen una inserción previa en el mercado laboral. En
tal sentido, la propuesta de formación para el trabajo del Envión no incide en los modos
de relacionarse con el empleo que tienen estos jóvenes.
Un segundo caso lo constituyen los jóvenes que valoran los cursos de formación en el
marco de una estrategia general de acumulación de “competencias para el trabajo” que
mejoren sus condiciones de empleabilidad a futuro. Estos jóvenes no ponen el acento
en las competencias específicas, ligadas a un oficio, que permite desarrollar la formación
profesional, sino más bien en competencias más generales, que ellos consideran que el
mercado valora a la hora de buscar un empleo.
Entrevistadora: ¿Y a vos te parece que haber hecho, por ejemplo, este taller mejora tus
posibilidades de conseguir trabajo?
Sergio: Y sí. En todo... yo donde averigüé, casi todos te preguntan si sabés usar la
computadora, el Word, el software, todas cosas así.
Entrevistadora: ¿Y para qué tipo de trabajo te parece que te forman... por ejemplo, este
taller de computación? ¿Es un trabajo que a vos te interesa, ese tipo de trabajo?
Sergio: No, pero por lo menos para saber algo más. Por ejemplo, el día de mañana no
sé, capaz que no llego a estudiar lo que yo quiero y me piden justo si sé algo de la
computación y le muestro el título y entro (Sergio, 18 años).
A su vez, como lo muestra la cita, las competencias aprendidas no son movilizadas en
una búsqueda inmediata de empleo, sino que forman parte de un acervo de saberes
al que se puede apelar en el futuro, en caso de ser necesario. Nuevamente vemos, en
este caso, que los cursos de formación no afectan significativamente la vinculación con
el empleo que tienen estos jóvenes.
Por último, hay jóvenes que reivindican la formación en oficios que brindan los cursos.
Este es el caso donde advertimos una incidencia más directa de los cursos de forma-
220
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
ción en las trayectorias laborales de los jóvenes. El oficio aprendido orienta la búsqueda
laboral y, en ocasiones, la certificación obtenida habilita la obtención de un empleo. Sin
embargo, esta última está mediada también por el capital social que poseen los jóvenes:
son los vínculos familiares y barriales los que permiten identificar y acceder a las oportunidades laborales. En tal sentido, los empleos suelen ser precarios, en términos salariales
y de condiciones de contratación.
Dora:Trabajé en una peluquería apenas me recibí. Después dejé porque me cansé un poco.
[Estuve] Un año. (…) Me gusta, porque me gusta un montón teñir el pelo, cortar el pelo,
todo. Pero ya todos los días... Era un poco cansador. (…) El [trabajo] de la peluquería [lo
conseguí] porque me iba a cortar yo el pelo ahí y...
Entrevistadora: ¿Y le contaste que habías terminado?
Dora: Sí, aparte tiene buen trato con mi familia, todo y... Es un chabón… Y como se habla
con toda mi familia, conmigo también toda la confianza, me dijo.
Entrevistadora: O sea, estaba él solo y pasaron a estar los dos, diríamos, vos lo ayudabas.
Dora: Sí.
Entrevistadora: Buenísimo. ¿Y me decías que en los dos [empleos que tuvo] ganabas bien o...?
Dora: En la peluquería no tanto porque... En la fábrica, sí. Pero en la peluquería no tanto
(Dora, 18 años).
En el Envión, la segunda línea de acción ligada a la inserción laboral de los jóvenes son
las pasantías, que se realizaban en la misma Municipalidad o bien en diversas empresas
de Avellaneda, a partir de los convenios que el equipo local central firmaba con los
interesados en participar. Se trata de una estrategia de acción sumamente restringida
en su alcance –en tanto el número de pasantes por año no superó los 20 jóvenes-, que
está en vías de desaparición. Sin embargo, al analizar la experiencia de los jóvenes que
han pasado por ellas, se advierte que es un dispositivo de intervención que tiene una
incidencia directa sobre las trayectorias laborales de los jóvenes.
Nuevamente, la experiencia es valorada y apropiada sobre el trasfondo de los significados previos construidos en torno al trabajo. Por eso, se dan dos situaciones diferentes,
según si los jóvenes tuvieron o no una trayectoria laboral anterior a la pasantía. En el
primer caso, la pasantía constituye una ruptura con la inserción laboral anterior, altamente precaria, como hemos visto. El Envión habilita el acceso a empleos a los que estos
jóvenes no hubieran podido acceder a partir del capital social que poseen: es el caso de
pasantías en la Municipalidad o en empresas importantes de la zona. En el segundo caso,
la pasantía abre el acceso al mundo del trabajo para jóvenes que, hasta el momento,
presentaban cierto “encierro” en el ámbito doméstico y familiar. En todos los casos, la pasantía es una experiencia valorada muy positivamente. Al enfrentar a los jóvenes a situaciones reales de trabajo, surgen los desafíos que el mundo
laboral les propone: habituarse a una disciplina de trabajo, a rutinas determinadas, a relaciones jerárquicas y a las relaciones cotidianas con compañeros de trabajo. La posibilidad
de superar estos desafíos, desarrollando competencias socio-profesionales que hacen al
“saber ser” trabajador resulta fundamental en el proceso de inserción laboral. Para ello
ayuda el acompañamiento de los equipos técnicos del Envión pero también los vínculos
que se construyen con los compañeros de trabajo.
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En resumen, las pasantías operan sobre dos obstáculos importantes a la inserción laboI
ral de estos jóvenes que no son abordados generalmente por los cursos de formación
profesional: la falta de competencias socio-profesionales que permitan adaptarse a las
disciplinas y formas de regulación habituales en el mundo laboral, y el tipo de capital
social que poseen estos jóvenes, que los condena a reproducir los empleos precarios
de sus padres, familiares y conocidos.
8.- Conclusiones
Al examinar el Programa Envión a la luz de los debates en relación a las políticas de
juventud en general y las políticas sociales orientadas a jóvenes en situación de pobreza
en particular hemos visto que el mismo encarna aspectos centrales del enfoque de
derechos, como son la apuesta por la integralidad -al plantear una intervención multidimensional, que busca construir sinergias entre las distintas líneas de acción encaradas- y
la construcción de articulaciones y complementaciones intersectoriales, a partir de una
inserción territorial comprometida. Se observa también la persistencia de conceptualizaciones propias de un “enfoque de riesgo”, que operan justamente en los procesos de
selección de los participantes en el Programa.
Por otra parte, el análisis de la institucionalidad del Programa nos ha permitido derivar
algunas claves en relación a los dispositivos institucionales que pueden sostener intervenciones multidimensionales, superando lógicas sectoriales tradicionales. Por un lado,
resulta importante la presencia de un equipo de gestión centralizado a nivel del Municipio, que tiene una mirada integral del programa y, por su continuidad en el tiempo,
puede realizar ajustes en las intervenciones que recuperan los aprendizajes a partir de
la experiencia. En segundo lugar, el trabajo interdisciplinario en los equipos permite el
diálogo entre distintos saberes y perspectivas. En tercer lugar, la existencia de espacios
frecuentes y sistemáticos de articulación y de un compromiso común con la protección
y derechos de los jóvenes es lo que favorece el intercambio, la gestión de los conflictos
y la generación de acuerdos.
Al examinar la incidencia del Envión en las trayectorias educativas de los jóvenes participantes, hemos analizado cómo el programa interviene en los procesos complejos
y multicausales que están en la base del abandono escolar, favoreciendo itinerarios de
reingreso al sistema educativo para aquellos que lo habían abandonado y estableciendo
dispositivos múltiples para sostener la escolaridad por lo menos hasta la terminación de
la escuela secundaria.
El análisis de la incidencia del Envión en las trayectorias laborales de los participantes
no arroja conclusiones tan positivas. Resultan evidentes los límites de un dispositivo de
intervención que descansa casi exclusivamente en cursos de formación profesional y
que, por lo tanto, no logra incidir en dos de los mayores obstáculos que operan en los
procesos de inserción laboral de estos jóvenes: la escasez de vinculaciones sociales e
institucionales que les permita salir de los circuitos laborales precarizados en los que
trabajan sus familiares y conocidos (o de las actividades delictivas que proporcionan una
alternativa a esta inserción precarizada), por un lado, y los problemas que experimentan
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
para adaptarse a las disciplinas, normas y formas de vinculación que caracteriza a los
ambientes laborales.
Para cerrar estas conclusiones, queremos recuperar el último de los ejes de discusión
teórica que hemos planteado en este trabajo y al cual no nos hemos aún referido: la
distinción entre enfoques individualizantes o estructurales de las políticas. Es claro que
el Envión se ubica dentro de los primeros, al acompañar a los jóvenes y desarrollar en
ellos capacidades y aprendizajes para afrontar los desafíos que plantean sus transiciones
biográficas. Este es un aspecto sumamente necesario. En tal sentido, uno de los mayores
logros del Programa es haber generado un espacio de pertenencia para los jóvenes,
donde estos pueden enfrentar heridas afectivas, desarrollar capacidades de auto-conocimiento y expresión y aprender modos más democráticos de vinculación, aspectos todos
que tienen que ver con su desarrollo integral como personas. Sin embargo, el Programa
encuentra su límite precisamente en su incapacidad para intervenir sobre los aspectos
socioeconómicos e institucionales que condicionan dichas transiciones: no logra incidir
en los mecanismos de la demanda laboral que estigmatizan y dejan afuera del mercado
formal a los jóvenes provenientes de sectores en situación de pobreza (como se evidencia en la dificultad para ampliar el número de pasantías disponibles) ni sobre las dinámicas más arraigadas del sistema educativo que resultan expulsivas para estos jóvenes.
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Volumen 7, Número 4.
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Palabras políticas.
Debates sobre la democracia en la
Argentina de los ochenta
Ariana Reano, Julia Smola
Avellaneda: UNDAV Ediciones, UNGS
Colección Gramáticas Plebeyas
2014, 244 págs.
Claudio Véliz*
Repetición y diferencia
Los dilemas actuales de una
década corta
¿Por qué razón nos continúan interpelando las querellas de la “transición democrática”?, ¿cuál es el sentido de retomar, hoy, las discusiones de “nuestros años ochentas?,
¿qué tienen aún para decirnos aquellos airados debates sobre los significados de la
* Maestrando en Cultura y Comunicación (UBA-Facultad de Ciencias Sociales), Licenciado en Sociología,
(UBA), Investigador. Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda.
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democracia, que supieron concitar cierto entusiasmo colectivo? En el texto que aquí
presentamos, hallaremos algunas pistas que nos ayudarán a abordar estos interrogantes,
sin pretensión alguna de saldar la polémica. La actual recuperación de aquellas disputas
solo resulta pertinente (para decirlo de un modo benjaminiano) en tanto (re)apertura
de un recinto clausurado, como repetición/alteración de una tensión irremediable entre,
por un lado, las modalidades del orden republicano y la reconstrucción institucional y, por
el otro, los modos de emergencia del desacuerdo, el conflicto, la controversia, inherentes
a la puja democrática.
Desde el Prólogo, Eduardo Rinesi nos invita a repensar aquellos debates por la sencilla
(aunque contundente) razón de que “también son los nuestros”; es decir, porque los
combates por el sentido de la democracia (e incluso, por los significados de este polémico significante) pueden y deben ser traídos al centro de nuestras actuales discusiones,
a la espesura de este tiempo a la vez dramático y fascinante, que intenta abrirse un
camino entre las ruinas acumuladas por el neoliberalismo, tras su paso arrollador.
Luego del estallido tardío del menemato (diciembre de 2001), sobrevino un tiempo de
complejas reparaciones, de abnegados esfuerzos por recuperar el entramado social, y
de trabajosos combates por reconstruir una arquitectura institucional corroída por el
ajuste estructural, la mercadocracia y el desprecio por “lo público”. Y fue en este terreno conflictivo de irremediable confrontación con el poder corporativo (aferrado a sus
innumerables conquistas “noventistas”) que emergió una nueva querella (o bien, como
prefieren expresarlo –derridianamente– las autoras: la repetición siempre otra de aquellas tensiones ineludibles) por el sentido de la democracia. Una querella que si bien no
deja de aludir a la tensión “ochentista” entre lo formal y lo sustancial de la democracia;
no ha cesado de complejizarse y enriquecerse a la luz de esa anomalía insoportable
de este nuevo tiempo, que el lenguaje mediático (y también ciertos intelectuales y académicos) designa como populismo (para aludir a un pretendido desprecio autoritario
por las instituciones republicanas) y que nosotros preferimos pensar como el momento
emancipatorio (¿sustancial?) de la democracia.
De todos modos, más allá de la acuciante necesidad de sobreimprimir en los trazos de
aquellas discusiones sobre los “ochentas”, este vínculo ineludible con nuestras actuales
disputas (un lazo que Rinesi subraya desde el Prólogo, y que las autoras insinúan en sus
“Palabras finales”), el libro de Reano y Smola se ocupa, fundamentalmente, de interrogar
esa “década cortísima” que se había iniciado con la caída de la dictadura cívico-militar,
y que comenzó a “apagarse” apenas cuatro años después, al cabo de la crisis militar, el
giro ortodoxo de la política económica y la derrota electoral del alfonsinismo. En este
sentido, el abordaje de las autoras excede ampliamente la “teoría política”, y se adentra
por una senda decididamente interdisciplinaria (o quizá deberíamos decir que decide
situarse en una verdadera encrucijada) en que se conjugan, con notable rigurosidad, la
gramatología derridiana, la pragmática del lenguaje, la historia conceptual y las teorías
comunicacionales, además de los frecuentes chispazos filosóficos. Y todo ello organizado en torno de una notable tarea de investigación que supuso la búsqueda de textos,
discursos, panfletos, afiches, revistas y demás documentos de la época.
Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la exhumación de aquellas controversias “ochentistas” resulta inescindible del problema que atraviesa todo el trabajo, y que
constituye, al mismo tiempo, su presupuesto y su conclusión: la imposibilidad estructural
CARTOGRAFÍAS DEL SUR
de suturar el sentido del significante democracia; de fijar, para este último, un significado
pleno, homogéneo, unívoco. Y en consonancia con dicha falla constitutiva del signo, las
autoras intentarán demostrar que los modos efímeros, provisorios y siempre amenazados de producir un sentido para la idea de democracia, solo pueden explicarse como
“anudamiento simbólico”; es decir, como resultado de inestables relaciones hegemónicas que se inscriben en el escenario de los combates políticos.
Así, en el escenario de dicha disputa, la centralidad de la figura y el discurso del entonces
presidente Raúl Alfonsín, resultó decisiva. Podríamos decir, incluso, que fue este locuaz
orador quien introdujo la polémica al interpelarnos desde un “nosotros” inclusivo; al
presentarse como el emergente tanto de una ruptura con el pasado (no solo respecto
del terror de Estado sino también, de las formas tradicionales de la práctica política),
como de una refundación que intenta exhumar los mitos y las ficciones unificadoras.
Esta propuesta de recuperar ciertos sentidos olvidados de la política que se inscribían,
por fin, en la promesa de una experiencia decididamente democratizadora, le valió el
apoyo de un grupo de destacados intelectuales que, aun proviniendo de diferentes
áreas y extracciones, compartían aquella vocación transformadora. En líneas generales, la
denominada “nueva izquierda” intelectual venía a reeditar algunas de las discusiones del
exilio mexicano, plasmadas en la revista Controversia; y muy especialmente, las referidas a
la necesidad de repensar la revolución (y el socialismo) a la luz de la relectura del concepto gramsciano de hegemonía, y de la revalorización de una reapertura democrática
que les permitía ocupar el centro de la escena. Por entonces, esta producción y debate
intelectuales fueron recogidos por dos revistas: Punto de vista, que circulaba (aunque
de modo semiclandestino) desde 1978, y La Ciudad Futura, fundada, en 1986, por José
Aricó. Frente a ambas, se alzaba otro emprendimiento editorial que intentaría conmover
las estructuras burocráticas y partidarias del peronismo: la revista Unidos, dirigida por
Carlos “Chacho” Álvarez desde su aparición, en 1983.
Alfonsín –lo decíamos ut supra– se propuso constituir un ámbito de concertación excesivamente inclusivo (llegando a sugerir la “suspensión” de ciertas fronteras partidarias
e identitarias en nombre de “la unidad de todos los argentinos”) en que los únicos enemigos parecían ser “los manejos de la patria financiera” y “la especulación de un grupo
parasitario”. Esta estrategia tendiente a constituir una dimensión política común, debió
apelar a un extendido consenso democrático que se constituyó como el fundamento
del combate alfonsinista por el sentido de la democracia. Un consenso que, como contrapartida, debió pagar el altísimo precio de disimular/minimizar las tensiones sociales
“realmente existentes”. En el marco de una conflictividad (mal) disimulada, es decir, de
la imposibilidad de consensuar los sentidos/contenidos de la democracia, el alfonsinismo
pareció contentarse con propiciar un amplio acuerdo sobre los procedimientos formales del sistema democrático como si con ello pudiera garantizar la solución de todos
los problemas sociales. Así, la recuperación de las instituciones (es decir, del Estado de
derecho) iba a requerir un respeto excesivo por dicha formalidad de los procedimientos,
mientras que la constitución de la unidad nacional iba a exigir una ética de la responsabilidad anclada en el diálogo y los consensos con los distintos actores.
Imposible no escuchar, aquí, los ecos del liberalismo jurídico rawlsiano, de la apeliana
“comunidad ideal de la comunicación”, o de la habermasiana racionalidad comunicativa;
es decir, las resonancias (lecturas “locales”) de la renovación/recreación de la tradición
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liberal tras los horrores de la guerra, el Gulag, los campos y los bombardeos “aliados”
sobre poblaciones indefensas. Una tarea que iba a demandar el diseño de consensos
“intersubjetivos” (normativos y comunicativos) en el seno de las incuestionadas instituciones liberal-representativas, y en un contexto de discusión pretendidamente postideológico (“más allá de la izquierda y la derecha”).
De esta manera, el potencial transformador de la democracia (su momento emancipatorio, la exigencia de justicia social, el presupuesto del principio igualitario) quedaba supeditado al funcionamiento de un conjunto de reglas y normativas inherentes al Estado de
derecho. El ordenamiento constitucional fundado en la autoridad de la Ley subsumía, así,
cualquier atisbo de imprevisibilidad, cualquier destello de las políticas pasiones, los excesos libertarios, y las audacias decisionales que exige toda estrategia confrontativa con
los poderes fácticos. Por esta vía, la reivindicación alfonsinista de la política, que venía a
atenuar las angustias y los temores desatados por el terror de Estado, se imponía su propio límite: el rebasamiento de los discretos horizontes normativos (diseñados según criterios universales de validez) que signaban la deliberación y negociación parlamentarias.
Bien lo sabía cierto peronismo crítico que le reclamaba al alfonsinismo (muy especialmente, desde la revista Unidos), un “sujeto transformador” para esa “democracia
vacía” empantanada en un “excesivo normativismo”; pero también lo sabía muy bien
esa “nueva izquierda” que no cesaba de problematizar la compleja articulación entre
el orden (entendido como entramado de garantías y derechos políticos) y la necesaria transformación anclada en la justicia social y la participación popular. Sin ninguna
duda, la mejor expresión de este intento de recomponer el discurso democrático en
los términos de un “consenso participativo”, de una “ética de la solidaridad”, y de la
“modernización” integral de las relaciones sociales e institucionales, fue el recordado
discurso de Parque Norte (1985) en que resultaron indisimulables los trazos “teóricos” de este grupo de intelectuales cercanos al entonces presidente de la Nación.
No obstante, tal como ellos mismos debieron reconocer, el sentido de la democracia
continuó pensándose en el marco del “pacto social”, del consensualismo normativo,
y de la “lealtad general al sistema”; es decir, de un orden institucional que, lejos de
constituirse como el escenario para la expresión del conflicto, se erigía como un fin en
sí mismo, como el “telón de fondo” irrebasable de la práctica política, como el celoso
guardián de los criterios (universales) de validez. Así, esta obsesiva homogeneización
normativista de las diferencias, no solo atentaba contra cualquier posibilidad de reconocer y canalizar los antagonismos, sino también contra la exigencia intelectual de
conjugar democracia y socialismo (osada pretensión a la que, paradójicamente, ninguno
de aquellos pensadores parecía haber renunciado).
La conflictividad, entonces, no fue ponderada como el verdadero motor de la práctica
política, sino como un obstáculo para el consenso democrático. Para decirlo de un
modo menos académico, aunque mucho más explícito: ninguna de las corporaciones
que alguna vez se sentaron a la mesa del diálogo alfonsinista (los “Capitanes de la
Industria”, la Sociedad Rural, la cúpula eclesiástica, los mandos militares, la burocracia
sindical, etc., etc.) cedieron un ápice de sus aspiraciones, de tal modo que fuera posible
constituir una democracia más justa, participativa e igualitaria (una meta inversamente
proporcional a dichas ambiciones). Y fue, precisamente, esta absurda e ingenua pretensión conciliadora la que precipitó el derrumbe del ensayo alfonsinista tras su incondicio-
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nal “rendición” (que puso fin a la “década cortísima”) frente a todas y cada una de las
exigencias corporativas.
La trabajosa construcción de una comunidad política en el estricto marco de la deliberación y negociación parlamentarias, en el contorno estrecho del ordenamiento legal
de los poderes constituidos, y según los criterios de validez universales (liberales-comunicacionales-deliberacionistas), no hizo más que obturar la expresión plural del disenso/
desacuerdo, y de obstruir cualquier intento constituyente de “realización sustantiva”. El
principal problema del relato alfonsinista no fue –al menos así lo entendemos nosotros– su pretendida inadecuación con una “realidad” resistente a la construcción de un
común, sino la constitución de una gramática performativa (de un lenguaje político capaz
de producir inmediatos efectos materiales) cuya falla estructural le impedía pensar los
antagonismos como la tensión ineludible de lo social y, por consiguiente, como condición
insoslayable de toda práctica política.
Sin duda alguna, esta investigación rigurosa y exquisita sobre los “ochentas” que vienen
a ofrecernos Ariana Reano y Julia Smola, no dejará de recordarnos que aquellas polémicas han vuelto a constituirse, en este tiempo saturado de tensiones, como nuestras
actuales querellas.
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Ciudades Rebeldes: del Derecho a la
Ciudad a la Revolución Urbana
David Harvey
Madrid: Akal
2013, 240 págs.
María Soledad Arqueros Mejica (CONICET-UNDAV)*
Geógrafo de inscripción marxista, David Harvey es uno de los máximos exponentes de
la geografía radical, desde donde ha realizado contribuciones sustanciales al campo de
los estudios urbanos críticos.
En Ciudades Rebeldes, este autor evidencia con el rigor teórico, metodológico y analítico
que caracteriza su vasta producción, las contradicciones del proceso de urbanización en
el capitalismo neoliberal.
Apoyándose en el análisis histórico, Harvey va iluminando el rol central de las ciudades
en la circulación y acumulación del capital, mostrando la íntima conexión que existe
* Lic. en Sociología (UBA) y Mg. en Economía Urbana (UTDT); Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA) y
becaria CONICET con sede en el Área de Estudios Urbanos (IIGG-UBA). Profesora de la Carrera de Ciencias
Ambientales (UNDAV). [email protected]
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entre los procesos de destrucción creativa y los de desposesión que afectan a buena
parte de la clase trabajadora. Pero pone de relieve, también, que en esta dinámica se
van conformando espacios heterotópicos (en el sentido que le dio Lefebvre) necesarios
para crear algo radicalmente diferente.
Una de las inquietudes que está latente en Ciudades Rebeldes, es cómo evitar que estos espacios heterotópicos sean reabsorbidos por las prácticas dominantes y de qué
manera este conjunto diverso de grupos puede articular un movimiento amplio que
permita avanzar en un proceso de transformación. El Derecho a la Ciudad, dice Harvey,
nunca puede ser un objetivo en sí mismo, pero sí una vía, “una estación intermedia”, para
avanzar en ese proceso de transformación. Esto implica superar el mero reformismo y
enfocar el Derecho a la Ciudad desde una perspectiva revolucionaria.
El libro se constituye a través de un conjunto diverso de artículos, levemente modificados, que van conformando una unidad. La lectura fluye a través de sus capítulos, en los
que el autor aborda diferentes dimensiones de lo urbano ofreciendo un análisis integral.
La escritura es clara y las ideas se van expresando con transparencia, haciendo que la
obra sea accesible a cualquier persona, con o sin formación específica en el campo de
los estudios urbanos.
En el prefacio, inédito hasta esta publicación, Harvey realiza un amplio recorrido sobre
la obra de Lefebvre, y en este contexto adelanta una reflexión importante: el Derecho
a la Ciudad necesita ser llenado de contenido y ese contenido es en sí mismo motivo
de disputa política.
El Derecho a la Ciudad titula la primera sección del libro y el primer capítulo de dicha
sección. Allí Harvey adelanta, acerca de ese concepto, su propia definición teórico-política: es el derecho colectivo a transformar radicalmente la ciudad y, en ese proceso, a
transformarnos a nosotros mismos.
El primer capítulo funciona como eje estructurador de la sección, que está dedicada a
iluminar las características que asume la dinámica del capital en el proceso de urbanización neoliberal, evidenciando las múltiples contradicciones que va generando a su paso.
En este contexto el autor ilumina la conexión que existe entre el desarrollo del capitalismo y el proceso de urbanización: la ciudad se origina en la concentración social y
geográfica de un excedente en la producción y requiere continuamente de ese excedente para su subsistencia pero, al mismo tiempo, el capitalismo necesita de la ciudad
para reabsorber el excedente de capital que se genera en ese proceso.
Esta dinámica comenzó a desarrollarse a partir de las transformaciones operadas por
Haussman en París para superar la crisis de 1848. La experiencia se replicó a una escala
mayor en Estados Unidos durante la segunda posguerra, a través de la suburbanización.
Ambos procesos terminaron en nuevas crisis; la última generó las condiciones que permitieron el giro neoliberal. El ciclo se repite en el neoliberalismo, esta vez a escala global,
y apoyándose en la liberalización de los mercados y la creación de nuevas instituciones
e instrumentos financieros. El proceso va desencadenando crisis en distintas partes del
mundo: Asia y Rusia en 1998, Argentina en 2001, y el crack del mercado de hipotecas en
2008, que tiene su epicentro en Estados Unidos e impacta a escala global.
En cada uno de estos ciclos, la mercantilización de la propia ciudad se vio acompañada
por cambios en los modos de vida, los patrones de consumo y las normas culturales
de la población que, mientras pueda pagar, funciona como un sostén del proceso de
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acumulación. La “ética neoliberal individualista” tiene efectos en la socialización y va dejando a su paso una sociedad cada vez más fragmentada, desintegrada e individualista.
Al mismo tiempo, cada uno de estos ciclos implicó el desplazamiento y desposesión de
grupos sociales cada vez más amplios, en un proceso de exclusión que se origina en la
propia dinámica de circulación y acumulación del capital.
Es en estas grietas y fisuras en donde se definen condiciones para la acción de los movimientos sociales urbanos ¿A dónde deberían apuntar estos movimientos? se pregunta
Harvey, y responde: a interrumpir el ciclo de circulación y acumulación del capital, a
través del control democrático de la producción y uso del excedente en la urbanización.
Para ello, sigue el autor, es necesario transformar el propio Estado, quebrando su articulación con el sector empresario y poniéndolo bajo el control democrático del pueblo.
En el segundo capítulo Harvey avanza sobre la idea de urbanización del capital, explicando
de qué manera la clase capitalista domina el proceso urbano. En este marco desarrolla el
concepto de suelo urbano como una forma ficticia de capital, que se deriva de la expectativa de rentas futuras. La actividad capitalista de base urbana se sostiene en esa expectativa
y avanza alentada por diferentes instrumentos financieros. Pero los tiempos de producción
y circulación en la ciudad son dispares, afectando la relación entre oferta y demanda. Para
incentivar la demanda se van generando distintos instrumentos financieros, como las hipotecas subprime, que permiten seguir absorbiendo el dinero de los trabajadores hacia la
circulación del capital, que no es otra cosa que acumulación por desposesión.
El tercer capítulo está dedicado a los bienes comunes, que son definidos como “[…]
una relación social inestable y maleable entre cierto grupo social autodefinido y los aspectos de su entorno social y/o físico, existente o por ser creado, considerada sustancial
para su vida y pervivencia” (p. 116). La práctica de la comunalización, implica que esta
relación es colectiva y no mercantilizada. Esta particularidad permite diferenciar a los
bienes comunes de los bienes públicos, que son gastos productivos del Estado y que no
necesariamente están fuera de la lógica mercantil.
Los bienes comunes urbanos, señala Harvey, son producidos continuamente a través del
trabajo colectivo. El problema radica en la prevalencia del derecho de propiedad individual y la omisión de formas de propiedad colectiva —que diferencia de la propiedad
estatal—, que permite la continua expropiación de estos bienes por el capital mediante
la extracción de rentas del suelo y de los inmuebles. En este punto Harvey define una
idea central en su argumentación, “la urbanización no es sino la producción continua
de un bien común urbano (o su sombra de espacios y bienes públicos) y su perpetua
apropiación y destrucción por parte de intereses privados” (p. 125).
La pregunta es cómo gestionar los bienes comunes para avanzar en un proceso de
transformación urbana radical. El autor analiza críticamente la opción de autonomía
descentralizada, notando que cuando es apropiada por la política neoliberal puede mantener e incluso reforzar la desigualdad social.
En cambio, alienta la opción del confederalismo, entendido como el reemplazo del Estado por
una red de asambleas municipales, que permiten la gestión democrática de los bienes comunes
a través de la participación directa de la población en el proceso de toma de decisiones. Harvey
ve en esta opción una gran potencialidad para socializar la producción y distribución del excedente y crear nueva riqueza común accesible a todos. Este motivo lo lleva a considerarla como
una vía posible para avanzar en un proceso de transformación radical de la ciudad.
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El cuarto (y último) capítulo de esta sección, presenta un interesante recorrido teórico-conceptual que abarca desde las rentas de monopolio hasta las coaliciones para
el crecimiento y la gobernanza urbana, deteniéndose también en la relación compleja
entre lo local y lo global y las nociones de distinción y capital simbólico.
El objetivo de la gobernanza urbana, argumenta Harvey, es la generación de sinergias en
el proceso de urbanización con el fin de crear rentas de monopolio. Señala, con razón,
que estas rentas se sostienen en el capital simbólico colectivo de las ciudades, que funciona como una marca especial de distinción. Las diferencias locales se constituyen así
en un elemento central de la competencia interurbana e interregional.
Pero la renta de monopolio tiene una contradicción central: para obtenerla el capital
global se ve inclinado a valorar las particularidades locales, frenar su impulso destructivo
sobre ellas, e incluso permitir y promocionar la diferenciación y un desarrollo cultural
divergente, que puede volverse antagónico a su propio funcionamiento disciplinado. En
esta contradicción, dice Harvey, se generan espacios para el pensamiento y la acción. Es
allí en donde pueden construirse movimientos de oposición que acojan a los productores culturales y a la producción cultural, pero también a la cultura popular tal como se
produce en las relaciones cotidianas.
La segunda sección del libro indaga en la capacidad de organización de la lucha de clases
a través de lo urbano. Se compone de tres capítulos.
El capítulo cinco se articula en torno a la pregunta sobre la potencialidad de los movimientos sociales de base urbana para avanzar en un proceso de transformación radical.
Harvey elabora tres argumentos que revalorizan el papel de estos movimientos, discutiendo con algunos de los planteos de la izquierda tradicional.
El primero de ellos señala que la explotación de clase no se limita al lugar de trabajo,
sino que existen formas de explotación secundarias que operan principalmente en el
nivel urbano. Los movimientos sociales urbanos se organizan para resistir esas formas
de explotación y generar relaciones sociales alternativas, conservando su contenido de
clase. El segundo argumento sostiene que la propia urbanización involucra un proceso
de producción en el que participan los trabajadores, generando valor y plusvalor. El
tercero, es que buena parte de las luchas obreras tuvieron históricamenteuna base de
apoyo amplia, organizada a través de lo urbano.
“¿Cómo se organiza entonces una ciudad?”, desliza Harvey, y responde reflexionando
sobre las prácticas políticas urbanas desarrolladas en las ciudades de Cochabamba y El
Alto en la década del 2000. Anticipa, en este sentido, que parte de la respuesta radica en
la diversidad de experiencias realmente transformadoras que se vienen desarrollando
en distintas ciudades del mundo.
Los últimos dos capítulos reflexionan sobre los estallidos callejeros producidos en Londres y la experiencia del movimiento Wall Street Ocuppy, ambos producidos en 2011. El
primer caso muestra la ira y destrucción que produce la dinámica del capital. El segundo,
una expansión de la conciencia sobre esta dinámica y el impulso de una propuesta alternativa a través de una estrategia combativa de base urbana. Es aquí en donde Harvey
visualiza un espacio de esperanza, con capacidades de expansión global a través de un
proceso de articulación con los diversos movimientos que también combaten contra el
capital e impulsan procesos de transformación en todas partes del mundo.
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Universidad territorio y transformación
social. Reflexiones en torno a procesos
de aprendizaje en movimiento
Rodrigo Ávila Huidobro, Liliana Elsegood,
Ignacio Garaño y Facundo Harguinteguy
Avellaneda: UNDAV Ediciones
Colección Aprendizaje en movimiento
2014, 114 páginas.
Florencia Podestá (UNDAV)*
Cuando la compleja trama social se mete en las aulas de una Casa de Estudios, el resultado
puede ser impredecible. Pero cuando la propuesta es construir conocimiento junto con diferentes actores sociales en territorios que incomodan la seguridad áulica y desafían el bagaje
de estudiantes y docentes es seguro que ninguno podrá permanecer indiferente.
Universidad, territorio y transformación… refleja experiencias surgidas al calor de las prácticas que se llevaron a cabo en los diferentes tramos de la materia Trabajo Social Comunitario. Esta materia, transversal a todas las carreras que se cursan en la Universidad
* Técnica en Periodismo, estudiante avanzada del Ciclo de Complementación Curricular para la Licenciatura
en Periodismo.
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Nacional de Avellaneda y enmarcada en la Secretaría de Extensión, se propone conectar
a los estudiantes de la universidad con las problemáticas del territorio.
Para los autores, esta curricularización de la extensión significa emprender un proceso
de construcción del conocimiento, fundado en la convicción de que “sin práctica social
no hay teoría que transforme la realidad”.1 Vincular a los estudiantes con experiencias territoriales que les permiten romper con prejuicios largamente instalados en el
decálogo de las clases sociales, tiende a formar graduados comprometidos con su
realidad social.
Por esto, el libro recoge la voz de los estudiantes que participaron de las experiencias
propuestas en Trabajo Social Comunitario y cuenta cómo los cambios producidos, reflejan la necesidad de reformular un proceso de enseñanza-aprendizaje que se integre
en un proyecto colectivo.
Surgido en un contexto que pretende indagar cuál es la lengua que hablan las nuevas
universidades del Conurbano, el libro explora los sentidos del compromiso, la construcción dialógica del conocimiento y la necesidad de romper con la lógica del graduado
que se desliga de los problemas de su comunidad.
Con una clara orientación freireana, los autores de Universidad, territorio y transformación… sostienen que
debemos revisar y debatir el rol que la universidad debe cumplir en la sociedad; desde
su incumbencia y su responsabilidad en el mejoramiento de la calidad de la vida de los
integrantes de la Nación, hasta la pertinencia social del conocimiento que en ella se
produce y reproduce, sin dejar de poner en tensión los modelos de profesional que
genera y refuerza. El abordaje de estos debates requiere romper el asedio de tecnicismos
y saltar el cerco de la discusión endogámica.2
Esto implica no sólo debatir cómo se construye el conocimiento en las universidades,
sino para quienes. Otorgándole un lugar relevante a los saberes de los que son portadores los sectores populares como una nueva dimensión para combatir el asedio
de una caracterización negativa que solo encuentra carencia allí donde la diferencia
se hace manifiesta.
Sin intenciones de caer en el facilismo de las fórmulas efectivas, el libro se propone pensar la práctica académica en relación con la sociedad actual, con sus diversos desafíos,
con sus múltiples interpretaciones. Revisa no sólo las contradicciones, sino también las
omisiones de las universidades, procurando desnaturalizar la realidad y dejar a la vista
tanto las relaciones de poder como la desigualdad social que habitan en las cercanías
más próximas y que constituyen la trama de una hegemonía que no se presenta como
tal, sino que tiene que ser develada.
Retomando aspectos de la disputa entre liberación o dependencia, el texto resignifica
1 Ávila Huidobro, R., Elsegood, L., Garaño, I. y Harguinteguy, F. (2014) Universidad territorio y transformación social.
Reflexiones en torno a procesos de aprendizaje en movimiento. Buenos Aires, Argentina: UNDAV Ediciones (p. 41).
2 Ibíd., pág. 32.
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el lugar de la Extensión en las universidades. Señala que la universidad “anclada en su
comunidad de pertenencia debe aportar a un ideal de nación emancipada en el sentido más profundo del término: en el plano económico y político no menos que en el
epistemológico”.3 En este sentido, propone que el rol del extensionista constituye una
herramienta ineludible para reconocer las diferentes identidades culturales.
Las diversas manifestaciones populares no son una etapa previa, un paso inicial, cuya
superación permitiría acceder a la cultura dominante. Lejos de esto, los autores sostienen: “territorializar la universidad implica pensarla en relación con y atravesada por las
problemáticas sociales y los saberes como frutos de luchas por la transformación y la
liberación, desplazando, definitivamente, aquel modo de considerarla un enclave desde
donde se irradia la denominada `alta cultura´”.4
El acercamiento a realidades desconocidas (muchas veces cargado de prejuicios) es un
ejercicio que permite romper los esquemas de quienes “descienden a brindar sus conocimientos” estigmatizando la cultura del otro. Se plantea, aquí, un proceso tendiente a
generar formas de comunicación “más democráticas y bidireccionales entre los actores
universitarios y el resto de la comunidad”.5
En síntesis, Universidad, territorio y transformación… reivindica la necesidad de cuestionar los modelos hegemónicos de enseñanza a través de la construcción de una praxis
educativa disruptiva, que obligue a poner en crisis las nociones dominantes respecto del
lugar de los otros en las prácticas académicas. Sin dejar de lado un contexto que intenta
revalorizar prácticas culturales e identitarias que potencian una perspectiva latinoamericanista, este libro constituye un aporte vital para repensar el lugar que tienen hoy las
universidades como agentes de transformación social.
3 Ibíd., pág. 29.
4 Ibíd., pág. 35.
5 Ibíd.
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
Turismo & Universidad.
Cultura, economía y sociedad
Graciela Güidi, Alicia Iglesias (Compiladoras)
Avellaneda: UNDAV Ediciones
2015, 260 págs.
Alicia N. Iglesias*
La condición de problemática complejidad epistemológica reconocida al turismo, que
requiere, por tanto, del fortalecimiento de las capacidades universitarias para formar formadores e investigadores —en grado y posgrado— fue la piedra angular del acuerdo de
suma voluntades que cuaja en la conformación de la Red Programa Internacionalización
del Sistema Universitario de Formación en Turismo, Grado y Posgrado (PISUFET-GP)
Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Universidad Nacional de Luján (UNLu)
y Universidad de La Habana, Cuba (UH) (2012-2013). Dicha red pertenece al Programa
de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) del Ministerio de Educación de la
* Investigadora CIC-CONICET, profesora Titular Regular y directora de la Especialización en Gestión
del Patrimonio y Turismo Sostenible (UNLu) y docente del Ciclo de Complementación Curricular de la
Licenciatura en Turismo UNDAV.
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República Argentina, para la promoción del fortalecimiento de relaciones interinstitucionales internacionales, vía transferencia del conocimiento y experiencia y, el presente libro, plasma resultados obtenidos, a partir de su constitución, por docentes y estudiantes
de la Licenciatura en Turismo y la Tecnicatura Guía Universitario de Turismo (UNDAV) y
de la Especialización en Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible (UNLu.), a los que
se suman aportes de investigación de las Facultades de Turismo y de Geografía (UH).
El trabajo colaborativo desplegado por la Red PISUFET sobre la perspectiva del desarrollo sustentable del turismo, ha permitido —además de inaugurar y/o consolidar
vínculos interinstitucionales de ayuda a la mejora en la formación de profesionales para
una gestión de alto nivel, reconocida en Argentina como área de vacancia, y de esbozar
la identificación áreas de investigación de interés común—, acopiar el producido del
intercambio en una publicación en formato de libro, editado por la UNDAV Ediciones
y compilado por Graciela Güidi (directora del Programa) y Alicia N. Iglesias. Turismo &
Universidad. Cultura, economía y sociedad, de ayuda para la visibilidad de aspectos de la
producción académica de los equipos de docencia e investigación de las universidades
integrantes de la red, se estructura según tres partes que agrupan, respectivamente, la
producción de la UNDAV y de UNLu, por Argentina, y de la UH, por Cuba.
La primera parte, compuesta por artículos de docentes y estudiantes de las carreras
de Licenciatura en Turismo y Guía Universitario de Turismo de la UNDAV, acredita los
lineamientos conceptuales y pedagógico-didácticos asumidos como estrategias por sus
docentes y algunos resultados tempranos de su aplicación por parte de estudiantes,
que aportan, en conjunto, un panorama general de valor reflexivo sobre las perspectivas de la formación universitaria de grado y pregrado en turismo. Al respecto, en “Las
carreras de turismo en la Universidad Nacional de Avellaneda. Breve presentación”,
Graciela Güidi rubrica el proceso de creación del diseño curricular (2012) que inaugura
la oferta académica conformada por la Tecnicatura de Guía Universitario de Turismo
y la Licenciatura en Turismo, que incluye la modalidad de Ciclo de Complementación
Curricular para los Guías de Turismo de carreras de nivel terciario no universitario y
de tecnicaturas universitarias. Por su parte, en “La enseñanza del Turismo en la Universidad Nacional de Avellaneda”, Patricia Aguayo expone los fundamentos del enfoque
diferencial de dicha oferta académica que articula una organización funcional, flexible e
integrativa de los contenidos, con diferentes niveles de profundización en su tratamiento
y en la adquisición de habilidades, competencias y actitudes del alumno. En “La enseñanza del Derecho del Turismo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires”, Graciela Güidi reseña el enfoque del turismo encuadrado, tanto por las diversas
ramas del derecho privado como las del derecho público y, en especial, el derecho civil
y comercial y el derecho administrativo, ejes troncales del análisis jurídico institucional
de la problemática jurídica de la actividad turística desde un enfoque interdisciplinario,
que también aporta al conocimiento de las normas e institutos aplicables a la misma y
a la reflexión crítica sobre contenidos, procedimientos, efectiva protección del turista y
del ambiente en Argentina y en el derecho comparado. Por su lado, María Inés Guaita
analiza “La enseñanza del Turismo en la Universidad (Ciclo de Complementación Curricular)”, en el contexto de la problemática del denominado turismo social, y predica la
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CARTOGRAFÍAS DEL SUR
práctica docente desde el andarivel del postulado “aprender a aprender y aprender con
el otro”, en una construcción multidisciplinaria y permanente del conocimiento, requerida por el contexto social del cambio tecnológico informacional que reedita el valor
formativo del trabajo en equipo. Por fin, en “Características de la asignatura Programación de Circuitos Turísticos: consideraciones para el relevamiento técnico de elementos
patrimoniales y sitios de interés del casco urbano de la ciudad de Avellaneda”, Santiago
Cano propone una ruta metodológica para el armado de un circuito turístico basada en
atractivos, que considera especialmente el rol complejo del representante responsable,
en destino y durante el viaje. Su aporte, además, contextualiza los trabajos de aplicación
de estudiantes del Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Turismo:
Walter Almirón, Paulina Feyling, Catalina Gallo y Anabel González: “Hacia un turismo inclusivo” y de la Carrera de Guía Universitario en Turismo: María Baraldo, Diego Janeiro y José
Napolitano: “Barracas al sur por el camino de las Cañuelas. Circuito Guiado Pedestre”;
Alejandra del Moro y Evelina Traverso: “Full Day en Luján: ciudad cultural y peregrina”.
La segunda parte, integrada por artículos de docentes y estudiantes de la Especialización en Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible de la UNLu, por una parte, agrega
una visión de las bases del proyecto curricular de la carrera, que enfatiza la perspectiva
ambiental y la valorización turística del patrimonio natural y cultural, en “Fundamentos
y organización de la carrera de posgrado Especialización en Gestión del Patrimonio y
Turismo Sostenible”, de Alicia N. Iglesias (directora). En cuanto a “Claves para una formación de perspectiva ambiental en el campo del Turismo. A propósito de una recensión
de las dimensiones y perspectivas de la cuestión ambiental”, Alicia N. Iglesias y Adriana N.
Martínez analizan —desde el campo interdisciplinario de la Geografía y el Derecho— la
cuestión ambiental del turismo: su densidad histórica, la condición progresiva y abierta
del concepto de ambiente, las dimensiones y actores que definen su conocimiento y las
acciones involucradas. Por fin, en “Imágenes y representaciones culturales de los destinos turísticos”, Daniel Lanson y Alicia Iglesias, evalúan en un caso representativo —el
destino turístico de la localidad de Luján (Partido de Luján, Buenos Aires, Argentina)—,
la condición patrimonial histórico-cultural y hacen hincapié en el modo en que el turismo ha contribuido a conformar su imagen e identidad. Por otra parte, una síntesis
metodológicamente ponderada de trabajos finales de estudiantes del posgrado, hace
referencia a: “Estrategias de rescate del patrimonio cultural. Relatos orales sobre el origen del Teatro Lope de Vega, en Pilar (provincia de Buenos Aires)”, en la que Nora E.
Nievas aborda el análisis del patrimonio cultural intangible o inmaterial mediante el
registro de la oralidad sobre bienes culturales ligados a la conformación de la identidad
local. Así también, en “Situación turística de la localidad de Carlos Keen, Partido de
Luján, Buenos Aires” Mauro Zagel explora nuevas oportunidades para el desarrollo del
Turismo, basadas en estudios multidisciplinarios no intervencionistas y participativos de
conservación. Y, en consonancia, “Aportes para la valorización turística del patrimonio
cultural. El caso de la Estancia Los Talas, Luján (Partido de Luján, Buenos Aires, Argentina)” de Mónica Fernández, incorpora la historia de las comunidades a la valorización
del patrimonio cultural y del significado del espacio estanciero de la pampa argentina,
con sus representaciones simbólicas del estilo de vida rural que sostienen, actualmente,
al turismo rural y cultural. Desde otra perspectiva, dos trabajos reflejan el tradicional
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análisis de capacidad de carga turística: uno, como propuesta de diseño metodológico
referido al estudio de “Capacidad de carga turística en el sendero de ascenso al cerro
de la Ventana, Parque Provincial Ernesto Tornquist, Buenos Aires. Bases para el diseño de
la investigación”, de Hernán Gonzalo Valencia; otro, relativo al de análisis de la “Dinámica
geomorfológica y valorización turística de Santa Clara del Mar (Partido de Mar Chiquita,
Buenos Aires), en el contexto jurídico de su delimitación”, en el que Mirta Camerlingo
destaca la percepción de la población, residente y turista, en un área litoral marítima de
riesgo por erosión natural y antropogénica.
La tercera parte cita aportes de docentes de la Universidad de La Habana, en los que
también participan investigadores de otras instituciones científicas y académicas, que
conducen a una reflexión sobre el turismo en Cuba desde el prisma de problemáticas
válidas para un análisis comparativo con Argentina, tales como: la globalización del cambio ambiental, en “Turismo y cambio climático: mitigación y adaptación. La experiencia
cubana” de José A. La O. Osorio, Eduardo Salinas Chávez y Enrique Navarro Jurado; el significado de la ordenación territorial, en “Los estudios del paisaje aplicados a la planificación
territorial del turismo en Cuba”, de Eros Salinas Chávez y Eduardo Salinas Chávez; y, por
fin, la “patrimonialización” de los atractivos en destinos, en dos artículos de Maité Echarri
Chávez: “Turismo religioso. Atractivos habaneros” y “Propuesta metodológica para el
estudio del turismo en ciudades patrimoniales cubanas”.
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COMUNICADO No. 10 - 2015 - Empresa de Energía del Bajo

CUENCA - Agua de Beteta

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Curso “Encuestas de Victim Cuestionario de admisión so

Cevallos renuncia al Ministerio del Deporte - El Tiempo

Organismo de Cuenca Pacífico Norte

( Funcionamiento de vasos e informe hidroclimatológico

¿Cómo mapéan los jóvenes sus propios paisajes de - Edarte

Objetivo 5

1 Apuntes elaborados a partir d euna sisntesis de los temas e

Temario Dimsport Standard