REVISTA DE LOS ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR
número 3
diciembre de 2013
RESISTENCIA / número 3
REVISTA DE LOS ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR
ISSN: 1390-5759.
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Apartado postal: 17-12-569
Quito, Ecuador
Teléfonos: (593 2) 322 8085 / 299 3600
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Cooperación Internacional
para el Desarrollo
Equipo editorial del número 3
Coordinador editorial
Edgar Alberto Zamora Avilés, estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con Mención en Cooperación Internacional para el Desarrollo,
‹[email protected]›.
Comité editorial
Carla Cecilia Celi, estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con Mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos, ‹[email protected]›.
Estefanía Belén Calderón, estudiante de la Maestría en
Relaciones Internacionales, con Mención en Negociaciones
Internacionales y Manejo de Conflictos,
‹[email protected]›.
Sebastián Vallejo, estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con Mención en Negociaciones
Internacionales y Manejo de Conflictos,
‹[email protected]›.
Diana Carolina Castro, estudiante de la Maestría en
Relaciones Internacionales, con Mención en Cooperación
Internacional para el Desarrollo,
‹[email protected]›.
María Belén Espinel, estudiante de la Maestría en
Relaciones Internacionales, con Mención en Cooperación
Internacional para el Desarrollo, ‹[email protected]›.
Diana Marcela Agudelo, estudiante de la Maestría en
Estudios de la Cultura, con Mención en Políticas Culturales,
‹[email protected]›.
Maico Enrique Pitalua, estudiante de la Maestría en
Estudios de la Cultura, con Mención en Políticas Culturales,
[email protected]›.
Diseño editorial / fotografía:
Luis Herrera R.
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Todos los derechos sobre los contenidos de esta obra pertenecen a
sus autores y el derecho de reproducción a la Universidad Andina
Simón Bolívar, Sede Ecuador. Esta permitida la reproducción de
los artículos si se cita la fuente.
Índice
Editorial
2
Tema central
Tendencias de la ayuda oficial al desarrollo en
los países andinos (2000-2010)
Diana Carolina Castro Salgado y Edgar
Alberto Zamora Avilés
4
Pobreza y desigualdad en el debate multilateral
sobre el desarrollo de Río+20
Luis Enrique Pinilla Portilla
10
Influencia de la cooperación internacional
(Norte-Sur) sobre la agenda ambiental en
Colombia,
Mario Ediñho Burbano Galeano
14
Desafíos de la cooperación Sur-Sur. China a la
cabeza de los “donantes emergentes”
Diana Carolina Castro Salgado
18
Eficacia de la ayuda al desarrollo: el debate
político sobre la cooperación internacional en
Colombia
Luis Fernando Vásquez Ruiz
“Lo político” del análisis de la cooperación internacional para el desarrollo
Edgar Alberto Zamora Avilés
22
26
Entrevista
Gestión de la cooperación internacional desde
el Gobierno central en Ecuador; entrevista a la
economista Gabriela Rosero, secretaria técnica
de cooperación internacional
Estefanía Calderón López
30
Otros temas
Acusación y defensa de la literatura indigenista
Mateo Guayasamín
35
Las industrias culturales para el desarrollo en
Ecuador
Guadalupe M. Vernimmen Aguirre
38
Explorando nuevos horizontes para las políticas
culturales públicas
Maico Enrique Pitalua Fruto
41
Cadenas transnacionales de cuidado; la incursión del amor en el mercado internacional
Diana Marcela Agudelo Ortiz
45
División de poderes en la actual constitución
de Ecuador
Jorge Luis Chuquimarca Ch.
49
Odiseo frente al canto de la gerencia moderna;
una mirada crítica a la evolución de la teoría
organizacional
Marcela Pérez Pazmiño
53
Editorial
como el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica).
Se presentan discusiones sobre la construcción de
una nueva agenda internacional para el desarrollo
ante el agotamiento de los objetivos de desarrollo del milenio, sus resultados cuestionados y las
demandas por mayor eficiencia y eficacia. En este
escenario, y en el marco de las condiciones de crisis
de la economía mundial, los países desarrollados
intentan también aliviar las presiones fiscales de
sus economías liberándose de los compromisos de
la cooperación.
Estas tendencias evidencian una redefinición de la
cooperación tradicional Norte-Sur que se enfrenta a
las transformaciones de las relaciones internacionales
que propone la reemergente cooperación Sur-Sur.
Indudablemente, este campo es tan amplio como
disputado, toda vez que el sistema tradicional de
ayuda al desarrollo es uno de los pilares fundamentales del sistema internacional legado por el siglo
XX, el mismo que hoy en día se cuestiona en todas
sus dimensiones.
Esta edición de Resistencia busca contribuir a algunas líneas de estos debates. El artículo sobre ayuda
oficial al desarrollo en los países andinos ofrece una
perspectiva de la evolución de dichos flujos internacionales representativos de la cooperación tradicional
Norte-Sur, sus principales tendencias de sectores de
destino y países donantes/cooperantes durante la
primera década del siglo XXI.
Se abordan algunos debates sobre la problemática medioambiental en relación con la cooperación
internacional.
R
esistencia, revista de estudiantes de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
(UASB), tiene el gusto de presentar su tercera
edición. Esta constituye un esfuerzo por recuperar un
órgano de difusión regular, en voz propia de los estudiantes que participan de los procesos de formación
académica de posgrado en este claustro universitario.
En esta ocasión, Resistencia aborda como tema
central de discusión la “cooperación internacional
para el desarrollo”, con artículos escritos por estudiantes de la primera promoción de la mención en
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la
Maestría en Relaciones Internacionales, realizada en
colaboración con la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) de la Universidad
de Cantabria (España).
Desde su surgimiento a mediados del siglo XX,
concebida como forma de reorganizar el mundo luego
de las guerras mundiales, la cooperación internacional para el desarrollo ha sido objeto de amplios
debates, desde diversos enfoques disciplinarios. En
la coyuntura actual del sistema mundial, la agenda
de investigación está conformada por una variada
gama de discusiones; entre ellas, la recomposición
del sistema internacional de sus relaciones geopolíticas y geoeconómicas, en donde juegan un papel
fundamental las denominadas potencias emergentes,
2
Luis Enrique Pinilla revisa al discurso de Río+20
desde la perspectiva de la pobreza y la desigualdad;
muestra la reiteración de formalismos, pocos compromisos vinculantes y una agenda en la que persisten grandes retos para superar las condiciones de
indignidad humana.
Mario Burbano Galeano analiza las relaciones
entre la cooperación tradicional y la agenda ambiental colombiana; plantea retos para la construcción
de políticas pertinentes y efectivas en la coyuntura
ambiental y climática de este país andino.
Diana Carolina Castro presenta un trabajo sobre
los desafíos de la cooperación Sur-Sur y la discusión
sobre el papel de China y su mentado rol de cooperante en claves de Sur; cuestiona los efectos negativos
de reproducción de los problemas de la cooperación
tradicional y se pregunta por los fundamentos de un
modelo alternativo de cooperación.
Los foros de alto nivel de París y Accra, sus lineamientos internacionales y la recepción de estos por
parte de los países en desarrollo se analizan con referencia al caso colombiano; se señala, entre otras cosas,
que el incentivo de centralización de la cooperación
en manos del Estado acentúa los retos de participación democrática de la sociedad en un país caracterizado por la división que genera la permanencia del
conflicto social y armado.
Edgar Zamora Avilés plantea la discusión acerca de
la importancia de ampliar la óptica de análisis de la
cooperación internacional para el desarrollo; plantea
restituir el análisis propiamente político, centrado
en las relaciones de poder a nivel internacional, para
superar el excesivo tecnicismo “despolitizador” que
ha caracterizado el análisis dominante de la ayuda
oficial al desarrollo.
En la sección “Entrevista”, Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional, habla
sobre los principales logros de la SETECI en sus
primeros años, así como de los retos que persisten
para el reelecto gobierno de Ecuador del presidente
Rafael Correa.
Agenda de cooperación con donantes tradicionales,
regionalismo, cooperación Sur-Sur, participación de
la sociedad civil, y algunos interrogantes sobre China
son otros de los temas abordados.
Finalmente, en la sección “Otros temas” se presentan diversos aportes sobre el debate académico en la Andina. En el ámbito de los estudios
de la cultura se abordan temas como la literatura
indigenista, las industrias culturales, las políticas culturales y los procesos de integración, y la
migración de mujeres y la transnacionalización de
las labores de cuidado. En el campo del derecho se
presenta una reflexión sobre la división de poderes
en el Estado ecuatoriano y el nuevo constitucionalismo. Desde el campo empresarial, se discute
críticamente sobre la recepción de la modernidad
en la teoría organizacional.
De esta manera, Resistencia se pronuncia más
allá del claustro universitario, y en discusión directa
con la ciudadanía espera contribuir a profundizar la
discusión pública e informada que debe caracterizar
a toda sociedad que aspira a constituir una verdadera
democracia.
3
TEMA CENTRAL
Tendencias de la ayuda
oficial al desarrollo en los
países andinos (2000-2010)
Diana Carolina Castro Salgado*
Edgar Alberto Zamora Avilés**
Resumen:
Se analizan las principales tendencias de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) en los países andinos (2000-2010) constatando a
nivel agregado: i) disminución de la importancia de la AOD frente
a otros flujos externos de financiación; ii) caída de la participación de la región en la AOD global en el marco de la reasignación
geográfica impuesta por la agenda de objetivos de desarrollo del
milenio (ODM); iii) securitización de la agenda y presencia de
Estados Unidos (EUA) como principal donante, evidenciados en
los sectores de destino donde destaca el control de narcóticos.
4
Palabras clave:
Países andinos, cooperación internacional, ayuda oficial al desarrollo, agenda
internacional de desarrollo, securitización.
* Estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con mención Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la Universidad Andina
Simón Bolívar (UASB-E), Sede Ecuador; Licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad del Azuay.
Contacto: ‹[email protected]›.
** Estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con mención en Cooperación Internacional
para el Desarrollo de la UASB-E; Politólogo por la
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá; miembro del Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales Theseus, adscrito al Departamento
de Ciencia Política de la UNAL-Sede Bogotá.
Contacto: ‹[email protected]›.
RESISTENCIA
L
bución sectorial de la AOD y su relación con los
principales donantes y sus agendas de política
exterior. En tercer lugar, se presentan unas consideraciones finales.
a cooperación internacional para el desarrollo
(CID) puede estudiarse desde dos enfoques:
uno se centra en analizar la “industria de la
ayuda”1 (flujos, actores y prácticas) que debería “desarrollar” a sus clientes, y otro analiza la CID (incluida
la AOD) como parte del sistema internacional y sus
relaciones de poder.
Aunque este trabajo retoma la pauta analítica
sobre la AOD de Tezanos y Martínez (2010), para
el caso específico de los países andinos (en adelante
PA): Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, durante la
primera década del siglo XXI; pretende incluir ciertos elementos de análisis crítico en el marco de las
relaciones de poder del sistema internacional que
caracterizan la CID.
Evolución de la AOD en los PA
y tendencias globales
Durante las dos últimas décadas del siglo XX, los PA
casi duplicaron su participación en los desembolsos
globales de AOD. Esta tendencia se invertiría en la
primera década del siglo XXI, cuando dicha participación cayó desde niveles ligeramente superiores al
3% en 2001, hasta un nivel mínimo de 1,12% en 2010.
Adicionalmente, para este último período, el comportamiento de la AOD ha sido más volátil y, en términos
absolutos, fluctuó alrededor de US $ 2 mil millones
(-precios de 2010-) (gráfico 1). Por países, Bolivia y Perú
evidencian los mayores descensos de AOD, mientras
que Colombia presenta una ligera tendencia al alza.
En la primera parte, se contextualiza la evolución de la AOD en función de otros flujos externos
de financiación, de la participación de los PA en
la AOD global y de la agenda internacional de
desarrollo. En segundo lugar, se analiza la distri-
GráfIco 1. Participación de los países andinos en la AOD global, 2000-2010
Fuente: elaboración propia con datos CAD, 2013.
Los PA en conjunto no evidencian dependencia de
la ayuda (AOD/PNB), indicador que descendió en el
período de análisis. Por países, Bolivia es el único que
muestra niveles de dependencia comparativamente
altos, puesto que la AOD llegó a representar el 12%
del PNB en 2003 y al cerrar la década se ubicó en
niveles cercanos al 4%. En este país, también existe
una dinámica particular en cuanto a la AOD per cápita,
5
la cual se mantuvo aproximadamente en US $ 100
durante la primera mitad de la década y cayó a US
$ 70 al finalizar (gráfico 2). Según cifras del CAD, en
conjunto los PA mantienen niveles similares a los del
conjunto de países en desarrollo (PED), alrededor de
US $ 20 de AOD per cápita.
Los flujos de financiación externa de los PA casi se
han triplicado en la última década. La inversión
TEMA CENTRAL
GráfIco 2. Países andinos: AOD per cápita y dependencia de la ayuda, 2000-2010
Fuente: elaboración propia con datos CAD, 2013.
extranjera directa (IED) aumentó hasta posicionarse por encima de la AOD en la segunda mitad
del período –tendencia impulsada por Colombia, y
por Perú, país con mayor crecimiento–. Las remesas se mantienen como el principal flujo de capital,
superando ampliamente a la AOD, la IED, los otros
flujos oficiales (OFO) –negativos en buena parte
del periodo por pagos de deuda- y los otros flujos
privados (OFP) –con un punto de inflexión en 2002
explicado por la salida de capitales de Colombia
en medio del cambio de gobierno luego del fallido
proceso de paz con las guerrillas–. En relación a
estos flujos, la participación de la AOD descendió
(gráfico 3).
El comportamiento de la AOD debe ser analizado
en el contexto de, por lo menos, tres tendencias
globales características de la década.
GráfIco 3. países andinos: Flujos de FInanciamiento externo, 2000-2010
Fuente: elaboración propia con datos CAD, 2013, y para Remesas Banco Mundial, 2o13.
6
RESISTENCIA
La primera de ellas es el crecimiento económico
sostenido. Esta explica, por un lado, que la caída de
los flujos absolutos de AOD en la Región haya sido
leve, confirmando que en medio de la bonanza ser
solidario es más fácil. Por otro lado, explica el crecimiento de la IED por aumento de la demanda de
bienes primarios que sigue caracterizando el modelo
exportador de la región (hidrocarburos, minería y
agrocombustibles).
Adicionalmente, este crecimiento económico ha
posicionado a los países emergentes: Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica (BRICS). Estos han entrado
en competencia frente a los donantes tradicionales,
y demandan la reconfiguración del escenario global
de la CID con base en su nuevo poder político y económico.2 Este nuevo escenario ha sido aprovechado
por los donantes tradicionales para intentar aliviar
la presión fiscal que genera la ayuda, en medio de la
crisis económica al finalizar la primera década del
siglo XXI (Domínguez, 2011; Severino y Ray, 2009).
El segundo hecho que marca tendencia es la constitución de los objetivos de desarrollo del milenio
(ODM) en la agenda de desarrollo, a la cual se suma
la agenda de “eficacia+eficiencia” de la ayuda (Tezanos y Martínez, 2010). Esta nueva agenda ha tenido
como resultado la reasignación geográfica de la ayuda
hacia los países de renta baja con mayores niveles de
pobreza, hecho que explica la caída de la participación
de los PA en la AOD global.
Se espera que esta tendencia se profundice debido
a que, en 2010, los PA (excepto Bolivia) pasaron
a ser países de renta media alta en la clasificación
de receptores de ayuda del Banco Mundial (BM);
formando parte de “la aristocracia de la desgracia”
en el mapamundi de la pobreza. Sin embargo, en
el debate sobre reconfiguración actual de la agenda
de desarrollo, los PA y, en general, América Latina
podrían reaparecer como receptores de ayuda debido
a sus altos niveles de desigualdad en la distribución
del ingreso. Este tema ha sido promovido por algunos
donantes para perpetuar relaciones paternalistas
con países en donde han influido históricamente
(Sumner, 2010).
La tercera tendencia es la securitización de la ayuda
(Sanahuja, 2011: 204) encabezada por Estados Unidos (EUA), después de los ataques a las Torres Gemelas en 2001. Este es un hecho de gran relevancia para
los PA ya que son considerados grandes productores
de coca y el control de narcóticos se incluye como
tema de seguridad en la política exterior de EUA, con
lo cual se explica que este país se mantenga como el
principal donante y el control de narcóticos como su
principal sector de ayuda. Además del “terrorismo”
y el narcotráfico, el discurso de los “Estados fallidos”
aplicado a los PA contribuyó a consolidar la agenda
de securitización y el rol de la AOD (Guzmán, 2005).
Esta securitización de la ayuda confirma los problemas constitutivos y las contradicciones inherentes
del sistema de ayuda (Domínguez, 2011): cuestiona la
idea de compromiso moral de la cual parte la ayuda,
y permite explicar por qué, más allá de una agenda
oficial, la ayuda sigue atada a los intereses de política
exterior de los donantes, evidenciando la importancia
de analizar la CID en el marco del sistema internacional para poder entender sus lógicas.
Distribución sectorial de la AOD en los PA
y agenda de los principales donantes
Como se viene discutiendo, las políticas de ayuda
hacia los PA no han escapado de estas tendencias
globales, las cuales se expresan en las agendas de los
principales donantes y los sectores a los que dirigen
su asistencia en la primera década del nuevo siglo.
Durante este período de análisis, el principal
donante en el conjunto de PA es EUA, cuyas aportaciones representan el 38,17% del total de AOD recibida; le siguen España (11,26%), Alemania (6,85%),
Holanda (4,82%) y Japón (3,11%) (ver tabla 1). A nivel
multilateral, el principal donante es la Unión Europea
(7,67%). En este sentido, se puede constatar que mientras la AOD bilateral y multilateral mundial tienden a
converger progresivamente en las últimas décadas, en
los PA sucede lo contrario: la AOD bilateral (82,30%)
es mucho mayor que la AOD multilateral (17,53%),
lo que evidencia el peso significativo que tienen las
agendas propias de los países cooperantes.
Tabla 1. Países andinos: principales donantes 2000-2010 (%)
Fuente: Elaboración propia con datos CAD, 2013.
Si por un lado los ODM y la reasignación geográfica
de la ayuda dan cuenta del descenso de la participación de la AOD en los PA, la securitización de la
agenda internacional explica, por otro lado, la priorización sectorial de la ayuda por parte de los donantes,
particularmente de EUA. Para el caso de los PA, esta
securitización se ve reflejada, como muestra la tabla
2, en los tres principales sectores de destino de AOD:
control de narcóticos (16,23%), gobierno y sociedad
civil (11,92%) y desarrollo de agricultura alternativa
7
TEMA CENTRAL
(4,90%). Estos tres sectores en conjunto constituyen
el 33% de la AOD total. Además de estos tres sectores,
las operaciones de alivio de deuda han representado
el 13,51% para los PA; dicha participación se explica
(2,40%) –prioritaria para todos los países, excepto
para Colombia–; desarrollo judicial y legal (2,33%)
–liderado por Colombia–; participación democrática
y sociedad civil (2,13%), y derechos humanos (1,38%).
Tabla 2. Países andinos: distribución sectorial de la AOD 2002-2011 (%)
Fuente: Elaboración propia con datos CAD, 2013.
principalmente por la dinámica de la deuda boliviana.
El sector “Otras infraestructuras y servicios sociales”
recibe el 19,69% de la AOD total en los PA. De este
monto, el 82% se destina al control de narcóticos,
donde el principal donante es EUA. De hecho, de
los US $ 9.607 mil millones de AOD de EUA a los
PA, US $ 4.723 mil millones (50%) van destinados a
este sector y, de este monto, Colombia se lleva el 74%
(US $ 3.497 mil millones) de los recursos.
La ofensiva política y geoestratégica de EUA se
concretiza en la iniciativa regional andina contra las
drogas, cuyas implicaciones en los PA se ven reflejadas
en la relevancia que adquieren estos tres sectores. En
Colombia esta ofensiva se evidencia en los diferentes
planes de tipo cívico-militar: Plan Colombia, Plan
Patriota y Plan Consolidación, los cuales han marcado
una agenda de “lucha anti-drogas y anti-terrorista”
alineada a la política exterior de EUA. Es por esto
que, según Sanahuja (2011: 37), Colombia ahora es
vista como el prisma de la “guerra global contra el
terrorismo” en la agenda mundial luego del 11-S.
En el caso de Gobierno y sociedad civil, las principales áreas receptoras de AOD son: políticas públicas
En este último sector, EUA aporta el 30,76% (cerca
de mil millones de dólares) de los fondos; seguido
por las instituciones multilaterales (UE, AIF y BID),
que en conjunto representan el 15,31%, España (14%)
y Alemania (10%).
En cuanto al sector agrícola, más de la mitad (51%)
está destinado para desarrollo de agricultura alternativa; sector donde EUA aporta el 92,69% y la UE
5,73%. Sin embargo, el desarrollo agrícola alternativo
tiene un contenido muy singular, totalmente alejado
de la agricultura: tanto desde el lado estadounidense
como del europeo, el desarrollo alternativo implica
estrategias cívicas de control de narcóticos bajo la
égida de los diversos programas de sustitución de
cultivos de uso ilícito (véase para el caso europeo
Molano, 2009), con fuerte énfasis en el caso colombiano. Por tanto, puede afirmarse que el 21,13% del
total de ayuda que reciben los PA está ligada a la
agenda antinarcóticos sobre la cual están de acuerdo
europeos y estadounidenses.
Además de los tres sectores hasta aquí analizados,
importa destacar las operaciones de Alivio de Deuda
en el agregado de PA, que representan el 13,51% del
8
RESISTENCIA
total de la AOD en la década. De este monto, el 91%
corresponde a Bolivia, país donde la condonación
de deuda ha adquirido gran importancia (40% bilateral y 60% multilateral). A nivel bilateral los países
que más han condonado deuda a Bolivia son Japón
(19,02%) y Alemania (15,90%). Los dos países lo
hicieron prácticamente en una sola operación en
2004 (87%) y 2002 (90%), respectivamente. A nivel
multilateral, los principales condonadores de deuda
han sido el Banco Mundial, a través de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF) con 50,60% del total
de deuda condonada en la década, y le sigue el FMI
con 9,55%. Las dos organizaciones condonaron el
60,15% del total, y lo hicieron prácticamente en una
sola operación en 2006.
agenda de desarrollo, a la cual han sumado iniciativas de corte cívico-militar como el desarrollo de
agricultura alternativa.
Y aunque en este trabajo no se ha considerado el
tema, debe señalarse que el análisis de la CID en
los PA requiere incluir la discusión sobre las perspectivas o concepciones del desarrollo que países
como Ecuador y Bolivia han posicionado en la agenda
internacional, a través de sus apuestas hacia el Buen
Vivir (Sumak Kawsay).
Bibliografía
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Working Paper #488. International Institute of Social Studies,
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Domínguez, Rafael, “La crisis de identidad del sistema de ayuda”,
en ‹http://www.fundacioncarolina.es/esES/nombrespropios/
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Molano, Giovanny, “El apoyo de la unión europea a los programas
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combate contra el terrorismo y el tráfico ilícito de estupefacientes”, en # Análisis Político, vol. 22, No. 66, Bogotá.
IEPRI. 2009.
Sanahuja, José Antonio, “Entre los objetivos de desarrollo del
milenio y la cooperación Sur-Sur: actores y políticas de la
ayuda al desarrollo en América Latina y el Caribe”, en Pensamiento Iberoamericano, No. 8, Madrid, AECID-Fundación
Carolina, 2011.
Severino, Jean Michel, y Oliver Ray, “The end of ODA: death,
rebirth of a global public policy”,. Working Paper #167,
Center for Global Development, en ‹http://www.cgdev.org/
files/1421419_file_End_of_ODA_FINAL.pdf›, 2009.
Sumner, Andy, “Global Poverty and the New Bottom Billion: What
if Three-quarters of the World’s Poor Live in Middle-income
Countries?” Working Paper 349, Institute of Development
Studies, en ‹http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/GlobalPovertyDataPaper1.pdf›, noviembre de 2010.
Tezanos, Sergio, y Aitor Martínez, “América Latina y el Caribe:
ayuda oficial al desarrollo en el punto de inflexión del milenio”,
en Problemas del Desarrollo, No. 162, vol. 41, México DF,
UNAM, julio-septiembre de 2010.
Consideraciones finales
En primer lugar, es evidente que el análisis de la AOD
debe situarse dentro de las dinámicas propias del
sistema internacional, si se quiere dar cuenta de algo
más que un conjunto de estadísticas y actores. Para
el caso de los PA, resulta claro que la dinámica de la
AOD se explica por los elementos estructurales que
caracterizan su inserción económica (primario-exportadora) y política que configuran las relaciones
internacionales con sus principales donantes.
Los PA no han escapado a la reasignación geográfica de la ayuda que ha inducido la agenda internacional “oficial” de desarrollo de los ODM. Sin
embargo, el desarrollo que supone ser considerados
países de renta media alta debe ser visto en contexto,
puesto que en estos países persisten los problemas
de pobreza y, sobre todo, se han profundizado las
desigualdades de distribución del ingreso; tendencias
que pueden ser leídas como herencia del proceso de
neoliberalización de las décadas anteriores, propiciado por el club de la OCDE y las instituciones de
gobernanza del desarrollo (BM y FMI).
Respecto de los donantes y los sectores de destino,
se confirma que la CID en los PA sigue atada a los
intereses de política exterior de los donantes y sus
agendas propias. Así, para la región resulta más determinante la securitización de la agenda de desarrollo
impulsada por EUA (“antinarcóticos”, “antiterrorista”,
“Estados fallidos”) que la agenda “oficial” de los ODM.
Esta agenda “oculta” explica que la caída de la AOD
sea leve, y da cuenta de las diferencias entre los países: Colombia sigue siendo el mayor socio de EUA
en la región, precisamente porque se alinea con la
agenda de seguridad.
Desde el campo de la AOD, se constata igualmente
que el tema del control de narcóticos sigue estando
en la primera plana de las relaciones internacionales
de los PA. En este tema, tanto los EUA como la UE
parecen converger en el área de securitización de la
Notas
1.
Concepto acuñado por De Hann para referirse a las “instituciones y
organizaciones que se han profesionalizado progresivamente y para
las cuales su principal actividad es distribuir ayuda, la AOD como
la define el CAD de la OCDE y el creciente número de ONG” (De
Hann 2009: 6).
2. El posicionamiento de los BRICS en la CID se relaciona con la
reemergencia de la Cooperación Sur-Sur (CSS). Aunque en este
trabajo no desarrollaremos el tema, la CSS puede ser considerada
como otra tendencia, que ha permitido que los PA participen con
dinamismo en ciertos espacios internacionales.
9
TEMA CENTRAL
Pobreza y desigualdad
en el debate multilateral
sobre el desarrollo
de la Conferencia Río+20
Luis Enrique Pinilla Portilla*
Resumen:
El enfoque de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible (Río+20) frente a los avances del desarrollo
en favor de la pobreza y la desigualdad contiene muchos formalismos retóricos, pocos compromisos vinculantes y una agenda
con grandes retos para superar las condiciones de indignidad
humana. El presente artículo es una revisión al discurso de la
más reciente cita global que incluye temas polémicos relacionados con el compromiso político, la economía verde y el marco de
acción del desarrollo.
10
Palabras clave:
Pobreza, desigualdad, debate multilateral, desarrollo sostenible, Río+20, economía verde.
* Candidato a Magíster en Relaciones Internacionales, con mención en Negociaciones Internacionales
y Manejo de Conflictos por la UASB-E; Especialista en Análisis de Políticas Públicas y Politólogo
por la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Contacto: ‹[email protected]›.
RESISTENCIA
L
a Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de
Janeiro, Brasil, a mediados del año pasado,
ha sido catalogada como la mayor cita de la historia de la Organización de las Naciones Unidas, por
la participación de más de 50.000 personas entre
autoridades de gobiernos, activistas, indígenas y
empresarios (Sibaja), que se reunieron con el objetivo
de renovar el compromiso político con el desarrollo
sostenible, evaluar el progreso realizado hasta la
fecha y las brechas aún existentes en la implementación de los resultados de las principales cumbres
sobre desarrollo, así como también tratar los desafíos
nuevos y emergentes (Fundación Tierra Vida). Sin
embargo, jefes de gobierno con una gran importancia
en la geopolítica de la gobernanza mundial como
Barack Obama, Angela Merkel o David Cameron
estuvieron ausentes y le restaron voluntad política
al encuentro, necesaria para avanzar en el diálogo y
fijar posiciones claras.
Pese a lo anterior, resulta necesario entender la
importancia de este tipo de reuniones globales, pues
supone la ratificación del modelo de desarrollo en la
agenda multilateral (posicionado desde la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, hace 20
años precisamente en Río), como también la estructuración de políticas públicas de los gobiernos para
afrontar varios desafíos, como lo son la superación de
la pobreza y la desigualdad.
Y aunque la mayoría de los Estados han reiterado
su voluntad para dar fin a dichas problemáticas y
llegar a algunas metas conjuntas, como los ODM
2015, varios de los cuestionamientos de antesala a la
Conferencia transitan en torno a los instrumentos que
se van a utilizar para hacerlo, para lo cual persiste la
sospecha de que el paradigma neoliberal y su modelo
de economía capitalista no van a contribuir a un desarrollo con un avance real de las actuales condiciones
humanas. Las variables más representativas que
miden solo el crecimiento económico y el producto
interno bruto ya son instrumentos incompletos en
la caracterización del desarrollo, como se establece
en reiterados análisis del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo relacionados con la búsqueda de alternativas a los parámetros puramente
económicos del desarrollo.
El futuro que queremos
El documento final es, como muchos documentos
intergubernamentales, una mezcla contradictoria de
afirmaciones, recomendaciones, reconocimientos y
algunos compromisos donde se yuxtaponen enfoques
de desarrollo, propuestas empresariales y visiones
de nuevos paradigmas (Burch, 2012). Particularmente, es rico en literatura frente al problema de
11
la pobreza y un poco menos frente al problema de
la desigualdad. El título del mismo, “El futuro que
queremos”, sugiere al lector, de antemano, ser ajeno
a las responsabilidades por las acciones del presente
y nada vinculante frente a lo que se tiene que hacer
hoy por los seres humanos y el planeta. Más bien, se
evidencian varios párrafos de buenas intenciones que
se piensan llevar a cabo algún día; pero no sabemos
cuándo, ni tampoco cómo se va a llegar a ello. No
obstante, vale la pena hacer una lectura general del
documento para saber cuál es el mensaje que las
naciones envían a los pobres y excluidos, y cuáles
son sus esperanzas para el cambio social.
Visión común. El documento incluye, por primera
vez, avances importantes en la declaración sobre el
reconocimiento de la erradicación de la pobreza como
el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad y una condición indispensable del desarrollo
sostenible. Aquí, aunque resulta valioso el reconocimiento, queda la sensación de que el fin último de la
intención es el desarrollo sostenible por sí mismo y
no la superación de la pobreza a través del desarrollo.
Entonces, como el fin de las cosas es el desarrollo
sostenible, existen también otros requisitos indispensables para alcanzarlo. Junto con la erradicación de
la pobreza aparece el crecimiento económico sostenido, el cual genera muchos cuestionamientos, más
aún cuando se pone en consideración con otro de
los requisitos: la modificación de las modalidades
insostenibles y la promoción de modalidades sostenibles de producción y consumo, lo cual resulta un
tanto paradójico con la sostenibilidad ambiental,
además que se queda en la enunciación, pues no se
manifiesta una hoja de ruta para la transformación.
Renovación del compromiso político. El balance de
Río+20 frente a la implementación de nuevas iniciativas es muy pobre, en relación a la Declaración de Río
de 1992. El documento reitera la preocupación frente
a que una de cada cinco personas de este planeta siga
viviendo en la extrema pobreza –información harto
conocida–; también con relación a la necesidad de
generar empleos o ingresos decentes que reduzcan
las disparidades entre los niveles de vida para atender
mejor las necesidades de la población. En resumen,
no hemos retrocedido en las intencionalidades de
la agenda global, pero es claro que tampoco hemos
avanzado en compromisos reales de puesta en marcha
de los enunciados.
La economía verde. Este concepto, promovido por el
sector empresarial y los gobiernos euro/americanos,
se presenta como una de las novedades que, incluso,
estuvo a punto de desplazar al desarrollo sostenible
como concepto central; de no ser por el cuestiona-
TEMA CENTRAL
miento de muchas delegaciones frente a lo que implica
la superposición del concepto frente al desarrollo
mismo en relación a los intereses económicos que
tienen los inversionistas quienes están ansiosos de
explotar los inmensos recursos que tiene la naturaleza
y, de esta forma, olvidarse o tratar de justificar (acomodar) lo que el desarrollo ha pretendido: mejorar las
condiciones de vida de los seres humanos.
A pesar de lo anterior, el documento posiciona la
denominada economía verde como uno de los instrumentos más importantes disponibles para lograr el
desarrollo sostenible. Aquí, una vez más, es claro que
no se menciona la búsqueda de la superación de la
pobreza y la desigualdad, sino solo se hace referencia
de ellas, en razón de su contexto para la contribución
del desarrollo sostenible.
Los hechos nos muestran que ya se fijaron los lineamientos de política para la economía verde, donde se
destacan algunas justificaciones; en particular, en dos
de los numerales de la declaración final: a) atender
las preocupaciones que suscitan las desigualdades
y promover la inclusión social, “incluidos” niveles
mínimos de protección social, y b) perseverar en
el empeño de superar la pobreza y la desigualdad
mediante la adopción de enfoques inclusivos y equitativos del desarrollo.
Hay un convencimiento, entonces, en la agenda
multilateral, de que la economía verde en el contexto
reiterado del desarrollo sostenible y la erradicación
de la pobreza mejorará la capacidad para gestionar
recursos naturales y su aprovechamiento de manera
sostenible; lo anterior resulta problemático para los
ambientalistas, dada la posibilidad de mercantilización de la naturaleza y dificultad de sostenimiento
del modelo de desarrollo que experimenta una crisis
en sus dimensiones sistémicas e internacionales,
ampliando las deudas relacionadas con la pobreza
y la desigualdad, y alejándose de una visión con
principios éticos, de equidad y solidaridad.
Marco para la acción y el seguimiento. De las 26 esferas temáticas y cuestiones intersectoriales, la primera
habla de la erradicación de la pobreza. Se reconoce que
si bien en algunas regiones ha habido progresos, no han
sido uniformes, y en algunos países sigue aumentando
el número de personas que viven en la pobreza.
Se sigue insistiendo en que el crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo de los países
en desarrollo es un requisito imprescindible para
erradicar la pobreza y alcanzar los ODM. Por último,
se hace mención que para erradicar la pobreza y
contribuir al logro de los ODM es esencial contar con
sistemas de protección social que encaren y reduzcan
las desigualdades y la exclusión social.
Medios de ejecución. El requerimiento de financiación generó fuertes críticas ya que no se consiguieron compromisos económicos serios para garantizar
los recursos que permitieran enfrentar los desafíos
planetarios, dada la crisis económica internacional
que sufren algunos países que son donantes tradicionales y que no están dispuestos a asumir nuevos
compromisos financieros.
Cierre provisorio
La conferencia sobre el desarrollo sostenible, más
allá de ofrecer soluciones y proponer estrategias
para enfrentar los desafíos mundiales, presenta un
nuevo marco económico para garantizar el desarrollo.
Pero para la existencia de una sociedad más justa,
democrática y en paz, debe ser imperativo un nuevo
modelo económico que no tenga que centralizarse
en la maximización de beneficios para unos particulares, sino que incluya más y mejores dinámicas
de democracia participativa, a través de las cuales se
promueva la dignidad humana, el desarrollo humano,
integral y sostenible, y la distribución de la riqueza
(Organización Caritas Internationalis, 2012).
El desarrollo, en definitiva, no puede seguir perpetuando la pobreza y la desigualdad, ni deteriorando
permanentemente los recursos naturales y los ecosistemas (Moro). Es notorio que no hay claridad sobre
cómo se va a materializar ni con cuánto se pretende
financiar lo propuesto en la declaración (el texto no
define compromisos económicos ni cifras), y lo que
realmente importa: los alcances y para qué se quiere
la Economía Verde.
Sí, fue un triunfo formal del multilateralismo en
la oficialización de su propuesta de desarrollo para
los próximos años, en especial para la delegación
colombiana al incluir su propuesta de inclusión de
unos objetivos de desarrollo sostenibles en la declaración final (aunque sin los resultados vinculantes
esperados por parte de los países), pero el balance
de la Conferencia debe traducirse en la construcción
de una agenda amplia de debate materializable en la
formulación e implementación de objetivos e indicadores a nivel nacional y de las comunidades locales
(CIDSE, 2012), que deje a un lado el libre albedrío
de las naciones para adoptar políticas esenciales en
beneficio de la población vulnerable a la pobreza y
desigualdad.
Bibliografía
Burch, Sally, “Lo que dejó Río+20”, en América Latina en Movimiento, 27 junio de 2012, Agencia Latinoamericana de Información, ‹http://alainet.org/active/56024›. Consulta: 23 de
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2012, en Alianza Internacional de Organizaciones Católicas
12
RESISTENCIA
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Colombiana, ‹http://www.pastoralsocial.org/images/contenido/documentos/futurorio.pdf›. Consulta: 23 de abril de 2013.
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abril de 2013.
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Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, 2012, ‹http://
www.pnud.org.co/sitio.shtml?x=66823›. Consulta: 23 de
abril de 2013.
13
TEMA CENTRAL
Influencia de la cooperación
internacional Norte-Sur
sobre la agenda ambiental
en Colombia
Mario Ediñho Burbano Galeano*
Resumen:
La política ambiental de Colombia se centra en mecanismos e
instrumentos de protección ambiental y desarrollo sostenible
sobre los cuales se sustenta el crecimiento económico del país;
además, establece medidas para la adaptación del país al cambio
climático. Tal política se articula en el desarrollo de la agenda
internacional de cambio climático, en cuya sincronía –entre la
política internacional y política doméstica– contribuye la cooperación internacional (Norte-Sur), ahora que ha existido un
cambio sustancial en la arquitectura de su agenda. Lo anterior
ha limitado el desarrollo de políticas ambientales pertinentes y
efectivas para la coyuntura ambiental y climática de Colombia.
14
Palabras clave:
Cooperación internacional, desarrollo
sostenible, agenda ambiental internacional, ODM (objetivos de desarrollo
del milenio).
* Estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con mención en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la UASB-E; Ingeniero Industrial por la Universidad Cooperativa
de Colombia, Pasto.
Contacto: ‹[email protected]›.
RESISTENCIA
L
a cooperación internacional ha sufrido cambios importantes en la arquitectura de su
agenda, en gran medida por las críticas que
suscitó la eficacia de la ayuda (fatiga de la ayuda), la
cual ha buscado, desde sus inicios, la convergencia
económica entre países desarrollados (PD) y países
en desarrollo (PND), que todavía sigue siendo objeto
de análisis y discusión. Según Tezanos y Martínez,
“los países latinoamericanos y caribeños apenas han
variado, en términos comparativos, sus posiciones
en el amplio espectro de rentas per cápita del mundo
en desarrollo” (2010: 33).
La nueva arquitectura responde a otra visión, que
se articula con los objetivos de desarrollo del milenio
(ODM) y a la adaptación de las condiciones políticas,
económicas y sociales de los PND, amparada en los
nuevos principios de la cooperación –apropiación,
alineamiento, armonización y gestión orientada a
resultados– implícitos en la declaración de París;
esto redefine sin lugar a dudas el rol de los donantes
de la cooperación.
Quizás el primer cambio ha generado mayor
impacto sobre América Latina y el Caribe (ALC),
sobre todo cuando su cuota de participación en los
últimos 60 años, ha menguado considerablemente.
Según Tezanos y Martínez, “la región percibía, en
promedio 12,7% de las ayudas mundiales en la década
de los sesenta” entre tanto, durante “el siglo XXI se
posicionó por debajo del 8%” (2010: 33). Estos cambios en la distribución tienen que ver precisamente
con la reorientación de la ayuda oficial al desarrollo
(AOD) hacia países de renta baja, quizás por el estancamiento que tienen sus indicadores con respecto
a las metas de los ODM, sobre todo en materia de
pobreza.
Segundo, los nuevos principios de la cooperación
y el retroceso que tienen los indicadores en materia
de sostenibilidad ambiental y equidad en ALC abren
un abanico de posibilidades para incrementar los
flujos de cooperación.
Apelando a los principios de la cooperación en la
declaración de París, la Agencia Presidencial para la
Cooperación Internacional en Colombia (APC) instó
a los donantes a “redefinir la función de la ayuda
oficial al desarrollo (AOD) en torno a los criterios de
equidad y desarrollo humano –y no de ingreso per
cápita únicamente– dimensiones que resultan de
mayor interés para los países de renta media (PRM)”
(Acción Social, 2007: 54).
Agenda política ambiental en Colombia
La cooperación internacional ha sido clave para sincronizar la débil agenda ambiental internacional. Su
actividad programática ha sido cuestionada debido a
la falta de voluntad política de los gobiernos, en cuyo
15
seno se han generado consensos poco efectivos. Las
potencias hegemónicas han tenido mucho que ver con
la dilación de la agenda, ya que sus intereses políticos
y económicos abogan por no contrariar el modelo
de desarrollo existente, cuya característica es el uso
irracional y degradación de los recursos naturales.
Durante la conferencia de Río+20 en el año 2012, lo
anterior fue evidente; “no se logró acordar una agenda
de objetivos de desarrollo sostenible para los próximos
20 años, aplicable tanto a los países en desarrollo como
a los países desarrollados, pese al empeoramiento de
muchos indicadores desde 1992” (Domínguez, 2013).
La debilidad de la agenda ambiental internacional
y sus avances poco efectivos en el cambio climático se
reproducen en la política doméstica de los países; en
sus constituciones y en la reglamentación ambiental
que no consideran la coyuntura ambiental existente
de cada país; en Colombia, adicionalmente, “el fracaso político de las leyes de protección al ambiente
y los derechos que de este se desprenden se debe no
solo a las ‘debilidades en los mecanismos de aplicación o insuficiente reglamentación’, sino, además,
al equivocado ‘énfasis del Derecho Ambiental en
los síntomas y no en las causas fundamentales de la
contaminación’”(García Henao).
La política ambiental colombiana establece dos
líneas de acción: la primera, gestión integral de riesgo
y restablecimiento sostenible de comunidades afectadas por desastres naturales; y la segunda, el medio
ambiente y desarrollo sostenible.
La primera línea de acción tiene el propósito de
“formular políticas y estrategias encaminadas al conocimiento y reducción del riesgo, así como el manejo
adecuado y sostenible de desastres generados por
eventos de origen natural” (APC Colombia, 2011:
23, 24); lo anterior se volvió aun más justificable
cuando sobrevino el desastre nacional provocado por
el Fenómeno del Niño durante los años 2010 y 2011.
Ahora bien, cuando se asocian los desastres por
eventos naturales se deja de lado el impacto que tienen
las actividades antrópicas en el desequilibrio del clima
y los ecosistemas; “conocemos que los desastres son
hechos sociales, no fenómenos físicos, entonces, intensificar y profundizar la búsqueda de respuestas en el
análisis del comportamiento humano frente a sí mismo
y a la naturaleza supone la búsqueda de soluciones
factibles” (Fernández y Rodríguez, 1996: 7). No se
plantean soluciones dentro de la línea de acción de la
política ambiental y solamente se enfoca en estudiar la
naturaleza de los desastres y a establecer mecanismos
de prevención conjuntamente con las comunidades;
pero no se analiza ni cuestiona el verdadero origen de
los desastres, cuyas causas obligarían a replantear el
modelo de desarrollo actual.
Con respecto a la segunda línea de acción, el objetivo de la política colombiana “es garantizar la recu-
TEMA CENTRAL
peración y el mantenimiento del capital natural y
de sus servicios ecosistémicos, como soporte del
crecimiento económico y apoyo a las locomotoras de
desarrollo para la prosperidad democrática” (APC
La Contraloría General de la República deja entrever esta preocupación en su informe anual sobre
el estado de los recursos naturales y del ambiente
considera que: “dada la realidad institucional [...] y
aunado a la débil capacidad de manejo de las comunidades [...], se puede incentivar la mercantilización
[...] de los recursos naturales, como de los conocimientos tradicionales” (CGR, 2013); es decir, la débil
institucionalidad ambiental estará subordinada a las
políticas de desarrollo del país.
Pero en un futuro no muy lejano, la crisis ambiental
no solo traerá consigo mayor incertidumbre ante los
fenómenos climatológicos con sus correspondientes
desastres naturales, sino que también abrirá la posibilidad para que dicha coyuntura sea aprovechada
por las potencias extranjeras,“los líderes mundiales
podrían utilizar las tensiones ocasionadas por el cambio climático para ganar poder o retener poder en las
luchas internas, utilizando como chivo expiatorio
los inmigrantes” (Giddens, 2010); y en ello también podría contribuir la cooperación internacional
cuyo instrumento estaría al servicio de este poder
hegemónico. Sin embargo, en el caso colombiano el
chivo expiatorio estaría conformado por las diversas
comunidades que hacen parte territorio y las fuerzas
insurgentes que se contraponen al régimen colombiano actual, quienes son el talón de Aquiles para el
actual patrón de acumulación.
En fin, la cooperación internacional podría constituirse en un instrumento al desarrollo de una agenda
paralela, al servicio de las grandes potencias, con el
fin de hacerse del control de los recursos naturales
mediante diferentes mecanismos de intervención
política, social, cultural, económica, comercial e
incluso militar.
Colombia, 2011: 36).
Partamos por entender el concepto de desarrollo
sostenible; según Domínguez (2013), “la protección
del medio ambiente no es un factor limitativo del
crecimiento, sino que el crecimiento es la solución
a los problemas ambientales”. Según esta consideración, la política ambiental colombiana considera el
medio ambiente como base o soporte del crecimiento
económico, el cual se sustenta en las locomotoras del
crecimiento.1 Simplemente es un instrumento que
contribuye a favorecer el actual patrón de acumulación de capital, a costa de la usurpación de grandes
extensiones de territorio y la explotación intensiva
de recursos naturales limitados, y trae consigo problemas de carácter ambiental y social cuyas externalidades son marginadas por el actual modelo de
crecimiento económico.
Según esa lógica, la problemática ambiental
colombiana debe sus causas, no solo a los efectos
de cambio climático, sino también a las contradicciones generadas entre las políticas de desarrollo y
las políticas ambientales; quizá la coyuntura de la
Amazonía brasileña plantea la misma problemática
que lo que sucede en Colombia: las políticas de
ocupación aumentan la oferta de tierras en áreas
de floresta, que influyen en las decisiones privadas
de inversión y deforestación, de manera mucho
más intensa que las políticas ambientales puedan
actuar para contener esos impactos” (Weissy Pinheiro, 2008: 271).
Al articular sus políticas con la cooperación internacional, los objetivos del gobierno colombiano son:
1. la alineación de la cooperación internacional a
los objetivos del plan de desarrollo y a las actividades transversales de sostenibilidad ambiental y la
gestión del riesgo; 2. la ampliación del porcentaje
de los recursos de cooperación canalizados por las
entidades públicas, y 3. balancear la distribución de
los proyectos de cooperación de regiones de mayor
concentración de recursos (Región Pacífica, Andina)
hacia otras (Orinoquia y Amazonía) que no los poseen
(APC Colombia, 2011).
Ahora, ¿qué rol podría tener la cooperación bajo
esta coyuntura ambiental en Colombia? sin lugar
a dudas, seguirá tratando de articular la política
ambiental nacional a la ya trabada agenda internacional de cambio climático; sin embargo, podría seguir
fortaleciendo el andamiaje institucional –aumento
de canalización de flujos por estas vías– y contribuir,
en el futuro, en el desarrollo de una oferta de bienes
y servicios ambientales en Colombia, dadas las características especiales que ofrece el país.
Bibliografía
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Externado de Colombia, “La cooperación internacional hacia
los países de renta media: una aproximación al caso de América Latina y Colombia”, en Acción Social, Presidencia de la
República de Colombia-Agencia Presidencial para la Acción
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RESISTENCIA
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García Henao, Lilibeth, “Teoría del desarrollo sostenible y legislación ambiental colombiana. Una reflexión cultural”, en
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FLACSO Ecuador, p. 269-288, 2008.
Nota
1.
17
Política de Estado que se centra en los sectores que jalonarán la
economía: agricultura –establecimiento de monocultivos asociados
a los biocombustibles– y desarrollo rural; vivienda; desarrollo
minero y expansión energética, e infraestructura de transporte.
TEMA CENTRAL
Desafíos de la
cooperación Sur-Sur
China a la cabeza de
los “donantes emergentes”
Diana Carolina Castro Salgado*
Resumen:
La cooperación Sur-Sur (CSS) emerge y se consolida ante los
constantes cuestionamientos en torno a la cooperación tradicional Norte-Sur. China, a la cabeza de los donantes emergentes
“del Sur”, surge como un actor prometedor. Su fuerte dinamismo
está cambiando las reglas de juego del sistema internacional de
cooperación. Sin embargo, mucho se cuestiona su ayuda como
reproductora de las falencias de la cooperación tradicional. Así,
China ejemplifica las contradicciones en las que ha caído la CSS:
por un lado, las oportunidades de reconfiguración del sistema
internacional, y por otro, los desafíos que deberá superar para
convertirse en un verdadero modelo alternativo de cooperación
y desarrollo en el mundo.
18
Palabras clave:
Cooperación Sur-Sur (CSS), cooperación
tradicional, donantes emergentes, China.
* Estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con mención en Cooperación Internacional
para el Desarrollo de la UASB-E; Licenciada en
Estudios Internacionales por la Universidad del
Azuay.
Contacto: ‹[email protected]›.
RESISTENCIA
A
nte el rápido crecimiento de las economías
de los “donantes emergentes” del Sur y el
progresivo debilitamiento de los “donantes
tradicionales” del Norte, la CSS surge como una
herramienta complementaria a la cooperación
de los países del Comité de ayuda al desarrollo
(CAD). Esta creciente presencia de países en desarrollo, con China a la cabeza, ha sido evidente y
abrumadora en los últimos años (ALOP, 2010:
1). Las relaciones asistencialistas tradicionales
parecen romperse ante esta nueva “solidaridad”
entre los países “del Sur” y están generando un
nuevo dinamismo en el marco de la cooperación
internacional al desarrollo (CID).
Cabe preguntarse, sin embargo, si la CSS responde
eficazmente a su naturaleza solidaria e igualitaria,
contraria a las prácticas neocoloniales, asistencialistas e intervencionistas de la cooperación tradicional. Este cuestionamiento surge en torno al caso
particular de China, el gigante asiático, que emerge
como potencia conductora –aunque bastante cuestionable– en el contexto de la CSS.
El presente documento intentará responder a esta
pregunta mediante el análisis de la cooperación
china en el marco conceptual y político de la CSS.
La primera parte del trabajo se centrará en un breve
análisis de la CSS y sus principios conceptuales. La
segunda, analizará la cooperación china, su papel
como “donante emergente”, los principios y contradicciones de su ayuda. Finalmente, se analizarán los
desafíos que surgen de la cooperación china en torno
a la naturaleza de la CSS.
La cooperación Sur-Sur
como alternativa
La noción del “Sur” surge con la independencia de los
países de Asia y África después de la Segunda Guerra
Mundial. Tal como lo explica Lechini, “El concepto
‘Sur’ surgió como complementario y/o distintivo de
otra realidad diferente a la de los países del Norte,
industrializados/desarrollados/centrales” (2009:
65). En este contexto, la CSS nace con fuertes bases
ideológicas y políticas, cuando en la Conferencia
de Bandung de 1955, se dio “lo que Zuluaga (2006)
considera como el surgimiento del tercermundismo
y del MNOA [Movimiento de Países no Alineados]”
(citado en Nivia-Ruiz, 2010: 192).
Sin embargo, la década de los setenta marca la
aparición oficial de los países del “Sur” en el contexto de la CID. En 1978, la CSS se conceptualiza
en la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada
en Buenos Aires como reflejo de la intención de los
países en desarrollo de configurar un nuevo orden
internacional que implique principios anticolonialistas y antiimperialistas.
19
Aunque para el siglo XXI la CSS mantiene sus tintes
políticos, se ha expandido considerablemente en su
alcance, práctica, actores e impacto (Brant, 2011, 4).
Así pues, abarca importantes consideraciones económicas y juega un papel importante en la dinámica del
sistema de ayuda internacional para el desarrollo.
La CSS despega, ante las constantes críticas que
los países en desarrollo hacen a los países desarrollados, en torno al uso de la CID como un instrumento
neocolonial, que implica la imposición de condicionamientos políticos, económicos e, incluso, militares, lo que beneficia únicamente a los intereses del
donante. Por el contrario, la CSS –más que en el mero
asistencialismo– se basa en principios de solidaridad,
presentada como una modalidad de cooperación diferente a la cooperación Norte-Sur tradicional, tanto
en su forma, naturaleza y principios (6).
Así pues, la Agenda de Acción de Accra de 2008
señala que “La [CSS] sobre desarrollo busca observar
el principio de no interferencia en asuntos internos,
igualdad entre socios en desarrollo y respeto por su
independencia, soberanía nacional, diversidad cultural y contenidos locales y de identidad”. Posteriormente en 2009 estos principios se ven fortalecidos
en la Conferencia de Nairobi, en la cual se definió a
la CSS como “una manifestación de la solidaridad
entre los pueblos y países del Sur…” (ALOP, 2010: 3).
Más allá de la conceptualización teórica que se ha
hecho sobre lo que es –o debería ser– la CSS, en la
práctica parecería seguir siendo una noción de muchas
contradicciones. Por un lado, supone ventajas como:
mayor sentido de apropiación, fortalecimiento del poder
negociador de los socios, horizontalidad, menores costos,
baja condicionalidad, entre otros. Sin embargo, la CSS
también ha evidenciado grandes problemas que reproducen las malas prácticas de la cooperación tradicional:
ser una herramienta de política exterior que responde a
consideraciones estratégicas de los donantes, relaciones
asimétricas, problemas de fragmentación y fungibilidad
de la ayuda, falta de información y estadísticas reales,
ausencia de un marco normativo, o ayuda atada.
Estos problemas se evidenciaron en el Taller Regional
sobre Fondos e Instrumentos para la Financiación de
Proyectos de CSS en ALC, celebrado en México en 2011,
en donde se declaró que la CSS estaría empezando a
reproducir la “evaporación política” de la cooperación
tradicional del CAD, sin llegar a ser coherente con sus
principios de igualdad, horizontalidad y solidaridad.
La cooperación china
y sus contradicciones
La cooperación china ha tenido un gran impacto en
las reglas del juego y en la dinámica de la CID. Como
la segunda potencia económica mundial, sus principios, estrategias y prácticas son el reflejo mismo de
TEMA CENTRAL
las contradicciones –ventajas y limitaciones– en las
que ha caído la CSS.
Aunque el actuar de China en el marco de la CSS no
es nuevo, a partir de mediados de los años noventa
pasó de ser un receptor de AOD a un importante
“donante emergente”. La política de cooperación
china está basada en cinco principios de ayuda al
exterior: el mutuo respeto por la soberanía y la integridad territorial, la no agresión, la no interferencia
en asuntos internos, la igualdad y el mutuo beneficio, y la coexistencia pacífica (Santander, 2011: 113).
En este sentido, China –en teoría– no concibe la
cooperación internacional desde una orientación
asistencialista –ayuda del país desarrollado al país
“subdesarrollado”–, sino como una herramienta para
promover el desarrollo, tanto de su propia economía
como la de sus países socios.
Ahora bien, más allá de los principios “solidarios”
que supone la CCS, la realidad es que, como los
donantes tradicionales, no deja de tener intereses
estratégicos en sus políticas de cooperación internacional. En el caso de China, son evidentes dos objetivos: garantizarse seguridad económica, y aportar en el
desarrollo del receptor. Indudablemente, el gobierno
pone énfasis en su primer objetivo, pues “tanto el
discurso oficial como las experiencias prácticas indican que el objetivo de beneficiar al país receptor está
presente, pero siempre que sea funcional al objetivo
del beneficio chino y esté subordinado a este” (117).
Así, entonces, el aspecto económico se vuelve
trascendental en la política exterior china, la cual
pretende, a través de la cooperación, asegurar el
acceso a recursos naturales y energéticos –petróleo,
minerales, madera–, así como la apertura de nuevos
mercados internacionales para sostener el sector
industrial-manufacturero de exportación (Lancaster,
2007: 1). Para esto, según Woods, esta cooperación se
compone de un paquete de donaciones, inversiones
directas, créditos, asistencia técnica, condonación de
deudas; todos combinados con acuerdos e inversiones
comerciales (2008: 1).
En este sentido, la ayuda china es concebida como un
instrumento estrechamente relacionado con la inversión; por no decir, subordinada a ella. Según Kurlantzick
(2007), el programa de ayuda china es el elemento
central de su charm offensive –ofensiva encantadora–
(citado en De Haan, 2009: 14). La interrelación entre
ambas actividades, ayuda e inversión, es uno de los
rasgos más característicos de la CSS de China.
Por un lado, constituyen una misma agenda de relaciones entre China y los países receptores; es decir, la
ayuda es una de las herramientas con las que cuenta
el gobierno para llevar a cabo sus políticas comerciales. Por otro lado, desde una perspectiva operativa,
los actores responsables de la ayuda e inversión son
los mismos: el Ministerio de Comercio de la Repú-
blica Popular de China, MOFCOM, responsable de la
planificación y gestión de las donaciones y préstamos
sin interés y el Banco –estatal– de Importaciones y
Exportaciones, Eximbank, encargado de la aplicación
de las prácticas y gestión de préstamos concesionales (Santander, 2011: 117). Es por esta razón que se
vuelve muy difícil trazar una línea de diferenciación
entre la ayuda al desarrollo y la promoción de las
inversiones comerciales.
Esta relación ayuda-inversión ha causado un gran
problema en cuanto a la contabilidad de la ayuda. La
cooperación internacional china está compuesta tanto
por préstamos concesionales, como por inversiones
en infraestructura y recursos naturales respaldadas
o subsidiadas por el gobierno. Esto lleva a que exista
un amplio abanico de definiciones de lo que es la
ayuda (ALOP, 2010: 8).
De hecho, la ayuda del gigante asiático no es comparable con la AOD, principalmente porque en el caso
chino se contabilizan los préstamos no concesionales
o con concesión menor al 25% (préstamos que en el
CAD no se contabilizaría como AOD). En este sentido,
según Severino y Ray, la ayuda de China ha sido
objeto de gran debate, justamente por la dificultad
que se encuentra al intentar compararla con la AOD
tradicional (2009: 19). Además, las condiciones, así
como las cantidades de su ayuda, son un secreto de
Estado y no se suelen sacar a la luz pública. Los representantes chinos justifican esta falta de transparencia
aludiendo que la información no puede ser divulgada
ya que se someterían a una constante presión de los
receptores menores (Lancaster, 2007: 2).
Otro problema que se desprende de la interrelación
de ayuda-inversión, tiene que ver con el uso que se les
da a los préstamos concesionales, los cuales suelen
otorgarse en la figura de “ayuda atada”. Los créditos
de China cumplen un doble papel: financiar proyectos,
principalmente de infraestructura, y permitir que
sus empresas suministren servicios y bienes a los
países receptores. Esto implica atar la ayuda a una
serie de requisitos: que la empresa contratista sea
china, o que –como mínimo– el 50% de los bienes
(tecnología, electrónica, maquinaria, material, etc.)
y servicios (mano de obra) sean proporcionados por
China (Santander, 2001: 123). Lo que deja entrever,
nuevamente, que el interés primordial de China es
su seguridad comercial, recayendo en los mismos
peligros de la cooperación tradicional en la cual los
países del CAD o las organizaciones multinacionales
imponen condicionamientos políticos y económicos.
Un inconveniente adicional de los “donantes
emergentes”, incluida China, según Woods, es la no
observancia de los estándares globales y normas para
proteger el medio ambiente, los pueblos indígenas,
derechos humanos, y hábitats naturales (7). Estos
temas sí son tomados en cuenta por los “donantes
20
RESISTENCIA
tradicionales” pues son requisitos específicos del
CAD, Banco Mundial y otras organizaciones internacionales. El impacto que puede tener la inobservancia de estas normas puede ser letal en los países
receptores, que suelen ser Estados de gran riqueza
medio ambiental, étnica y cultural como es el caso
de los países africanos y América Latina.
Desafíos y oportunidades
Tomando el caso particular de China, y considerando que
como cabeza de los donantes emergentes tiene un gran
peso en la conducta y dinámica de la CID, se vislumbran
varios desafíos que la CSS debe enfrentar, en pro de
legitimar su naturaleza “solidaria”. La cooperación china,
más allá de ser una cooperación que oficialmente ha
manifestado intereses estratégicos, también ha declarado
gran interés por promover el desarrollo de sus socios.
Pero, cabe preguntarse, en qué medida se cumple el
segundo objetivo y si realmente está motivada por los
principios de beneficio mutuo e igualdad.
Mucho se ha criticado la condicionalidad económica y política de la ayuda tradicional, la cual ha
imposibilitado la apropiación de los países receptores.
Aquí también, es necesario cuestionarnos el papel de
la ayuda atada, que en el caso de China tiene importantes impactos económicos en los países receptores;
pues implica, por ejemplo, compromisos de contratación de empresas, tecnología o personal chino.
Por otro lado, la transparencia es otro desafío con
el que se debe lidiar. El gobierno chino se muestra renuente a brindar información acerca de sus
inversiones y cantidades de ayuda. Esto sucede con
muchos donantes del Sur, que a falta de mecanismos
de contabilización, cuantifican su ayuda bajo distintos
conceptos y modalidades, lo que vuelve imposible el
levantamiento de información estadística confiable.
Esto se ve empeorado por la falta de coordinación y
planeación dentro de los países socios y entre ellos;
falta de agencias especializadas que manejen y hagan
seguimiento de la ayuda. Todo esto es un problema
latente y un gran desafío, cuando hablamos de CSS.
Como se ha evidenciado, China ejemplifica muchas
de las contradicciones en las que ha caído la CSS. Por
un lado, podría estar reproduciendo las prácticas
nocivas de la cooperación tradicional: relaciones
asimétricas, ayuda atada, priorización de intereses del
donante e inobservancia de normas ambientales. Por
otro lado, se percibe que este tipo de ayuda implica
también: menos intervencionismo político, menor
asistencialismo, mayor transferencia tecnológica.
Sobre todo, y lo más relevante, parecería apostar
por cambiar las reglas y dinámicas de la CID hacia la
reconfiguración de un nuevo orden internacional en
donde los países “del Norte” pierdan protagonismo
como fuentes de ayuda.
21
No hay duda entonces que la CSS, al margen de
todos los desafíos que debe afrontar, tiene y seguirá
teniendo un impacto significativo en el sistema internacional de cooperación. Tal como afirma Woods, “una
revolución silenciosa está teniendo lugar en el régimen
de ayuda al desarrollo”. Esta revolución es silenciosa
porque los “donantes emergentes” no intentan revocar
o reemplazar al sistema tradicional de ayuda, sino
pretenden ofrecer alternativas de ayuda a los países
receptores, las cuales, además, intentan presionar a los
“donantes tradicionales” del Norte a ser más eficientes
(16). Por lo tanto, el aporte más importante de la CSS
es configurar un sistema internacional de ayuda al
desarrollo multipolar que implique relaciones hacia
y desde diferentes polos y regiones.
Bibliografía
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al
Desarrollo (ALOP), The Reality of Aid. Reporte especial sobre
cooperación Sur-Sur. Cooperación Sur-Sur: ¿Un desafío al
sistema de la ayuda?, Medellín, ALOP, 2010, en ‹http://www.
anong.org.uy/uploads/docs/Foro/Cooperacion_Sur_Sur.pdf›.
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Working Paper No. 3, Beijing, International Poverty Reduction Center, en ‹http://www.iprcc.org/front/article/article.
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De Haan, Arjan, “Aid: the drama, the fiction, and does it work?”,
Working Paper No. 448, International Institute of Social
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2009, ‹http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/
view/173.html›.
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org/files/13953_file_Chinese_aid.pdf›.
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América Latina y el Caribe: Una mirada desde sus avances y
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Santander, Guillermo, coord., Nuevos donantes y Cooperación
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Severino, Jean-Michel, y Oliver Ray, “The End of ODA: Death and
rebirth of a global public policy”, Working Paper No. 167,
Center for Global Development, 2009, en ‹http://www.cgdev.
org/content/publications/detail/1421419/›.
Woods, Ngaire, “Whose aid? Whose influence? China, emerging
donors and the silent revolution in development assistance”,
en International Affairs, No. 84, 2008, ‹http://www.globaleconomicgovernance.org/wp-content/uploads/ChinaNew%20
donorsIA.pdf›.
TEMA CENTRAL
Eficacia de la ayuda
al desarrollo
el debate político sobre la cooperación
internacional en Colombia
Luis Fernando Vásquez Ruiz*
Resumen:
Si bien un importante referente sobre la agenda de la eficacia en el
mundo de la cooperación lo constituye la Declaración de París (DP) y
posteriormente la Agenda de Acción de Accra (AAA), en este ensayo se
traerá a colación otro proceso en la búsqueda de eficacia de la cooperación internacional en Colombia; el proceso Londres, Cartagena, Bogotá
(LCB). El objetivo de este ensayo consiste en poner en discusión los
posibles avances y aportes al desarrollo en Colombia desde la agenda
de eficacia de la ayuda. Así como también destacar las críticas que en
dicho proceso de implementación se generan desde actores afectados
o involucrados en el proceso como las organizaciones de la sociedad
civil (OSC).
22
Palabras clave:
Eficacia de la ayuda, Declaración de
París, Agenda de Acción de Accra, cooperación internacional, desarrollo en
Colombia.
* Estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales, con mención en Cooperación Internacional de la UASB-E; Licenciado en Ciencias
Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional
de Colombia, Bogotá.
Contacto: ‹[email protected]›.
RESISTENCIA
Contextualización de la cooperación
en Colombia: el proceso LCB y la DP
E
l proceso Londres, Cartagena, Bogotá (LCB),
como experiencia previa a la Declaración de
París (DP), constituyó una gestión de algunos países donantes, liderados por el Reino Unido,
para direccionar estratégicamente la cooperación en
Colombia. Es de resaltar en este proceso un interés
por los fenómenos de la realidad colombiana como el
conflicto armado, la crisis humanitaria, la desigualdad y la pobreza. Por la amplitud y la implicación de
estos fenómenos, a este proceso se vincularon, a más
de los sectores de la sociedad civil, sectores opositores y organizaciones no gubernamentales (ONG)
que planteaban al Gobierno colombiano (GC) y a los
donantes una agenda, que finalmente constituyó un
espacio de debate político. (McGee y García, 2010: 13).
El proceso LCB empezó formalmente con una reunión de donantes convocada por el GC, en Londres,
en junio de 2003. A partir de esta fecha, empezó
un ciclo de encuentros claves: Cartagena (2005) y
Bogotá (2007). El proceso LCB se constituyó como
un diálogo intensivo y constante en reuniones de
diferente alcance, tamaño y enfoque desde 2003. Participaron tres grupos de actores: el G-24, agrupó a la
comunidad internacional conformada por los países
donantes liderados por el Reino Unido y los organismos intergubernamentales; este grupo no tenía
poder de toma de decisiones pero logró influir en el
establecimiento de prioridades y políticas por parte
del gobierno. Los actores sociales constituyeron una
organización heterogénea denominada “La Alianza”
(OSC-organizaciones de la sociedad civil); inicialmente se agrupó como “La Alianza de organizaciones
sociales y afines por una cooperación para la paz y
la democracia en Colombia”, posteriormente constituyó una alianza estratégica con la Iglesia católica y
asociaciones empresariales, las cuales, en conjunto,
representaban a la sociedad civil en el proceso LCB
(McGee y García, 2010: 14).
Otro actor participante en el proceso fue el Gobierno
en la forma de acción social (Agencia presidencial
para la acción social y la cooperación internacional) y
la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). Por otra parte,
el GC, paralelamente, creó el Sistema Nacional de
Cooperación Internacional (SNCI) en 2004 y, dentro
de la oficina del Presidente, la Unidad de Gestión de
la Cooperación Acción Social (AS); además, elaboró
una estrategia de cooperación para 2003-2006 que
fue discutida con actores sociales, en presencia del
G-24. Esta estrategia implicaba compromisos de
fortalecimiento del predominio de la ley y de los
derechos humanos, la consolidación de la paz y un
modelo de desarrollo sostenible mediante reformas
23
sociales y económicas. Sin embargo, esta estrategia
fue alterada por la reformulación unilateral, por parte
del gobierno, de una estrategia adicional de cooperación para 2007-2010. Esta reformulación puso como
asuntos prioritarios los objetivos de desarrollo del
milenio (ODM) y la guerra contra las drogas (McGee
y García, 2010: 15).
La adhesión de Colombia a la DP se inició formalmente mediante la Directiva Presidencial No. 1 de
2008. Para la comunidad internacional y el GC, la
implementación de la DP se sustentó, inicialmente,
en el principio de alineación.1 Algunos sectores afines
a la administración del gobierno de Álvaro Uribe y
de algunos sectores del grupo de donantes G-24 aseguraban que el país había avanzado en el principio
de apropiación democrática. Sin embargo, sectores
críticos de las OSC consideraban que el proceso de
apropiación aún no estaba totalmente logrado. Luego
de la vinculación a la DP, el GC pasó a desarrollar una
estrategia para su participación activa en el Tercer
Foro de Alto Nivel (FAN) que se celebraría en Accra,
en septiembre de 2008.
DP y aportes al desarrollo en Colombia
En primer lugar, la DP se relaciona con una mayor
preocupación por la gestión de la cooperación internacional en Colombia. Para el GC e instituciones
derivadas –como AS y el MRE–, la DP ofrece una
guía para sus políticas. La DP y la AAA permitieron
actualizar el debate sobre la mejora de una ayuda
más coordinada y pusieron sobre el tapete el tema
de las responsabilidades del Estado, los donantes
y las OSC sobre la Agenda de Eficacia de la Ayuda.
Se han disipado las opiniones divergentes respecto
a la no pertinencia de la DP en Colombia por su condición de país de renta media; contrariamente, se está
recalcando la oportunidad y urgencia de la DP y AAA
para permitir mayor sostenibilidad en el contexto de
la cooperación internacional. Los principios sobre
la eficacia de la cooperación se han venido incorporando a estrategias de trabajo en red, a las necesidades de adaptación institucional y a los enfoques
de fortalecimiento de capacidades para la gestión
de cooperación. La aplicación y los resultados de la
DP y la AAA son vistos por actores locales –como las
OSC, las entidades subnacionales y ONG nacionales– como principios sin realidad, en un marco de
reformas insuficientes para generar cambios. A este
respecto, Accra interpela la necesidad de avanzar en
apropiación local y democrática, también en definir
el papel de la sociedad civil en la Agenda de Eficacia
de la cooperación y en las políticas de desarrollo;
lo cual conduce a que los principios de la DP sean
aplicados y contextualizados a nivel local (Schönrock
y Buchelli, 2010: 40).
TEMA CENTRAL
La DP también ha sido importante para que la
comunidad de cooperantes en el país realice mayores
ejercicios de armonización; adicionalmente, permitió
que las OSC definieran su aporte con respecto a la
Agenda de Eficacia de la cooperación. La necesidad
de hacer parte del diálogo político de la cooperación,
especialmente, hizo que sus exigencias fueran parte
importante en la AAA. Los principios de la DP han
dado más prioridad a los principios de Apropiación,
Alineación y Armonización que a los transversales
de gestión orientada a resultados y Mutua Responsabilidad.
Las estrategias de cooperación internacional de
Colombia se caracterizan por ser estrategias políticamente negociadas que comprometen a la agenda
internacional en la articulación con los planes de
desarrollo nacional. En síntesis, la contribución de
la DP vincula los siguientes aspectos:
centralizadora de la política de cooperación internacional es, en buena parte, justificada por la misma DP.2
Otro efecto colateral de la centralización se refleja
en que no todos los donantes están canalizando la
ayuda a través del GC. Algunas organizaciones de
la sociedad civil y algunos donantes creen que la
mediación del Gobierno y acción social en la ayuda
está viciada por intereses políticos. Ello revela desconfianza y percepción de corrupción y falta de transparencia en los procesos de ayuda impulsados desde
el Gobierno (99). El GC vio la adopción de la DP como
una vía para la búsqueda de sus propios intereses.
Adicionalmente, los principios DP de apropiación, alineamiento y armonización pueden generar conflictos
con la gestión de los donantes y la de la sociedad civil
cuando interpelan al Gobierno sobre los derechos
humanos y el conflicto (Wilks, 2010: 24).
La alineación de los donantes con las políticas
gubernamentales se centra en discusiones técnicas
sobre apropiación, armonización y alineación de la
ayuda, en desmedro de intercambiar miradas sobre
el conflicto interno colombiano. El Gobierno incrementó su legitimidad y negó los señalamientos de
enfocarse poco en la pobreza y restringir el diálogo
democrático y la disidencia. Algunos grupos de la
sociedad civil han sido marginados de las discusiones
sobre la ejecución de la ayuda. Estos esperan que la
legitimación de la participación civil en la creación
de políticas sobre la ayuda, desde el Programa de
Acción de Accra, permita la causa de la defensa de
los derechos humanos (24).
Una perspectiva propositiva de la DP y AAA asegura
que constituyen una oportunidad política para los
actores sociales en Colombia, siempre que empleen
las herramientas que legitimen la participación de la
sociedad civil en la cooperación y el diálogo sobre las
políticas, en búsqueda de los principios de la DP. En
la medida en que los actores sociales, de la mano de
las ONG, exhorten desde sus exigencias políticas a
una “mejor cooperación” que a “más cooperación”.
Así como la oportunidad de promover desde la DP y el
marco de legitimación de la participación civil en la
creación de políticas sobre la ayuda, contemplada
en el Programa de Acción de Accra, a ganar espacio político por la defensa y respeto de los derechos
humanos. Las ONG cercanas a los actores sociales
pueden apoyarlos en el dominio de los debates sobre
DP, compartiéndoles sus experiencias políticas en
la cooperación en otras regiones del mundo más
dependientes de la cooperación.
Los debates actuales sobre la cooperación internacional evidencian que, aunque prevalezca el enfoque de los ODM, los derechos humanos, el derecho
internacional humanitario, el conflicto y la paz, por
lo contrario, tomarán más relevancia en los debates
sobre la política de cooperación colombiana, (con
a) algún aumento de capacidades en el sistema nacional
y reconocimiento de necesidades de fortalecimiento
en el ámbito territorial;
b) mayor movilización relativa de las OSC en el debate
sobre el desarrollo en el marco de la agenda de eficacia de la ayuda;
c) cierto progreso en la implicación de los ODM en
la planeación del desarrollo nacional y regional,
también en el avance de las metas país, y
d) condiciones para la discusión pública sobre la cooperación y participación e interpelación de actores
públicos, privados y sociales involucrados (90).
Elementos críticos de la DP y la eficacia
de la ayuda en Colombia
Una evaluación analítica de la cooperación en términos
nacionales no evidencia su contribución al desarrollo
del país. Dadas las notables diferencias de desarrollo
entre regiones, se deduce que la cooperación en zonas
pobres o en aspectos críticos de acción puede producir
más efectos que si se asigna en el presupuesto nacional.
Establecer esta diferencia permite distinguir y analizar
la contribución de la cooperación y las áreas temáticas
y geográficas en donde se debe implementar. Una gran
contradicción en la aplicación de los principios de la DP
evidencia mayor fortalecimiento de la institucionalidad, en relación a los sistemas nacionales, de acuerdo
al principio de Alineación y su efecto con respecto al
principio de Apropiación; como consecuencia, se deriva
la centralización de los recursos y el debilitamiento del
papel de la sociedad civil en su relación con la cooperación internacional (99). De tal modo, dicha tendencia
24
RESISTENCIA
DP o sin ella, y más allá del proceso Londres, Cartagena, Bogotá y las luchas de activistas de derechos
humanos y demandantes de rendición de cuentas
colombianos). La adhesión del GC a la DP para reparar su imagen internacional constituye un avance,
como consecuencia de la incidencia de la sociedad
civil y la labor de los actores sociales colombianos,
con el apoyo de miembros del G-24 y de ONGI. Es
necesario que el GC reconozca que las cuestiones
de fragilidad estatal, conflicto y consolidación de
la paz han tomado relevancia en las agendas de los
donantes en todo el mundo y, por tanto, estos temas
son relevantes en las relaciones y prioridades de los
donantes en Colombia (McGee y García, 2010: 38).
Schönrock, Philipp, y Juan Fernando Buchelli, coord., Evaluación
conjunta de la declaración de París, Fase 2, Bogotá, CEPEI,
2010.
Wilks, Alex, Ayuda y efectividad del desarrollo: Hacia los derechos
humanos, la justicia social y la democracia. La realidad de
la ayuda 2010, versión abreviada, Filipinas, IBON Books,
2010.
Notas
1.
Bibliografía
2.
McGee, Rosemary, e Irma García Heredia, París en Bogotá: Aplicación de la Agenda de la Eficacia de la Ayuda en Colombia,
Sussex, Instituto de Estudios sobre el Desarrollo (IDS)-Universidad de Sussex, 2010.
Sanahuja Perales, José Antonio, “¿Más y mejor ayuda?: la declaración de París y las tendencias en la Cooperación al desarrollo”,
en Anuario CEIPAZ, No. 1, p. 71-102, 2007-2008, ‹http://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2787397›.
25
número 3
Los Principios de la Declaración de París se sintetizan
en: apropiación –los países socios definen la agenda–;
alineamiento –los donantes se alinean con la agenda de
los socios–; armonización –establecer acuerdos comunes
y simplificar procedimientos–; gestión por resultados –los
donantes se basan en sistemas de los socios– y mutua
responsabilidad –compartir información– (Sanahuja, 2007:
95).
Sanahuja identifica cuatro aspectos de riesgos para la ayuda
y cumplimiento de objetivos en el marco de los ODM, desde
la Declaración de París: 1. centralidad del Estado y, por ende,
menor espacio para la sociedad civil; 2. una visión tecnocrática
y mal informada del Estado en los países en desarrollo; 3. tensión entre la condicionalidad y la mutua rendición de cuentas,
y 4. coherencia de políticas como elemento ausente, quedando
en duda si hay mejora de la ayuda o política de desarrollo (97101).
TEMA CENTRAL
Lo político del
análisis de la cooperación
internacional para
el desarrollo
Edgar Alberto Zamora Avilés*
Resumen:
A través de los elementos que posicionan las trasformaciones
del sistema de ayuda se puede enriquecer el análisis de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) restituyendo los
elementos propiamente políticos de esta. Antes que inducir una
valoración a priori de las transformaciones, el cambio de óptica
permite proponer un marco de análisis en el cual la CID no sea
vista solamente como un imperativo moral “despolitizado”, sobre
el cual pareciera haber cada vez menos acuerdo, sino que se la
sitúe en el contexto y dinámica del sistema internacional.
26
Palabras clave:
Análisis político, cooperación internacional para el desarrollo, ayuda oficial
al desarrollo, relaciones internacionales.
* Ver datos en p. 6.
RESISTENCIA
C
omo sostiene Cox (1994: 150), “[toda] teoría
actúa en favor de alguien y en favor de un
propósito específico”. Esto aplica para el caso
de las tendencias de análisis de la cooperación internacional para el desarrollo (CID), las cuales podemos
relacionar con trasformaciones del sistema de ayuda
en el marco de los cambios del sistema internacional.
Durante la Guerra Fría (1960-1989), la ayuda era
analizada con un enfoque estratégico de relaciones
Norte-Sur bajo el marco ideológico de la disputa
capitalismo-comunismo. La caída del Muro de Berlín
dio paso a los años compasivos (1989-2001), en los
que la desideologización de las relaciones internacionales generó una crisis de identidad de la ayuda,
y esta se enfocó en controlar los impactos negativos
del ajuste estructural. En el siglo XXI el sistema de
ayuda se ha enfocado en prevenir los riesgos de la
prosperidad global derivados de la interdependencia
entre países en desarrollo (PED) y países desarrollados (PD). Ante la crisis internacional, se ha señalado
una nueva crisis de identidad de la ayuda (véanse
Severino y Ray, 2009; Domínguez, 2011).
Esta breve descripción de las transformaciones
históricas de la CID, evidencia simultáneamente el
carácter intencionado de la teorización dominante.
Dicha teorización se ha centrado en preguntarse por
la forma técnicamente apropiada de hacer que la CID
funcione. Así, se ha desplazado el debate político
sobre los contenidos del desarrollo.
Se considera que a través de los elementos que
posicionan las transformaciones del sistema de ayuda
se puede enriquecer el análisis de la CID restituyendo
los elementos propiamente políticos de esta. Antes
que inducir una valoración a priori de las transformaciones, el cambio de óptica permite proponer un
marco de análisis en el cual la CID no sea vista solamente como un imperativo moral, “despolitizado”,
sino que se la sitúe en el contexto y dinámica del
sistema internacional.
En adelante, la discusión se desarrolla en tres apartados: en el primero se presentan críticamente algunas tendencias representativas del análisis dominante
sobre la CID; luego se tratan las transformaciones
del sistema de ayuda que mayor “ruido” generan
para el análisis dominante, y en el tercer apartado
se presentan unas consideraciones finales.
Elementos críticos sobre el análisis
dominante de la CID
Existen dos enfoques de análisis de la CID: 1. uno que
considera como objeto casi exclusivo de análisis la
ayuda oficial al desarrollo (AOD), también llamada
“industria de la ayuda” (De Hann, 2009), sus actores,
organizaciones y prácticas, que deberían proveer
desarrollo a sus beneficiarios, y 2. y otro que toma
27
como eje de análisis el sistema internacional y estudia la CID (incluida la ayuda) como parte de este, en
cuanto “sistema de poder que se integra en la esfera
más amplia de la política internacional” (David Sogge,
2002: 63, citado en Benzi y Lo Brutto).
Se rastreará el carácter restringido del análisis
dominante de la CID, que se centra en la industria
de la ayuda y apela a una neutralidad valorativa,
revisando las principales cuestiones tratadas en los
trabajos de Severino y Ray (2009), De Hann (2009)
y Sumner (2010, 2011).
Severino y Ray sostienen que el régimen de ayuda
internacional al desarrollo está sometido a una triple
revolución: diversificación de objetivos, diversificación de agentes y renovación de los instrumentos
ligada a innovaciones financieras. Esta triple revolución cuestiona ampliamente la AOD como concepto y
como forma de medición, razón por la cual proponen
un nuevo enfoque de medición bajo la idea de Global
Policy Finance (GPF), capaz de incorporar las transformaciones actuales del régimen de la ayuda que
se ha convertido en una emergente política pública
global (PPG).
Estos autores asumen como base de su análisis
el sistema de ayuda, por lo cual no existe discusión
frente a los contenidos del desarrollo, ni preocupación por situar su análisis en el contexto del sistema
internacional del que hace parte la CID. Si bien el
tema de debatir los cambiantes objetivos del desarrollo puede dar luces sobre su contenido, la forma
en que lo asumen es de carácter unívoco y terminan
presentando un panorama de aparente consenso
sobre lo que denominan el manejo global de la interdependencia mundial (5), sin tener consideración
sobre las relaciones de poder implicadas.
En segundo lugar, su análisis crítico de la AOD
(Severino y Ray: 17 y s.) les lleva a proponer nuevas
formas de medición. Este interés en la renovación
del arsenal técnico de medición es característico de
la despolitización del debate, porque no discuten los
cambios del sistema de ayuda ni los del sistema internacional. Desde otra visión, estos esfuerzos por mejorar las técnicas de medición pueden estar orientados
por objetivos políticos, como relegitimar el sistema
de ayuda cuando los PD tienden a perder capacidad
de financiar la AOD, espacio que paralelamente van
ganando las “economías emergentes”.
Asi mismo, la extensión del abanico de agentes
involucrados puede leerse como un movimiento
político de relaciones de fuerza en el que agentes
privados ganan poder político a nivel internacional
a través de los flujos de ayuda. Movimiento en el
que se intenta (re)asegurar la (re)definición de las
reglas de juego del sistema de ayuda en favor de los
poderes centrales del capitalismo, bajo la forma de
alianza público-privada.
TEMA CENTRAL
A partir de considerar el sistema de ayuda como
objeto de análisis, Sumner (2010) pretende mostrar
evidencia sobre la nueva geografía de la pobreza,
en la que la mayoría de la población pobre habita en
países de renta media (PRM) y no en países de renta
baja (PRB), debido a la expansión de la economía
global experimentada.
Por tanto, si la ayuda y el desarrollo tienen que ver
con la reducción de la pobreza, es necesario reorientar las estrategias y su destino geográfico, ya no en
función de la renta per cápita de los países sino de
acuerdo a la ubicación de la mayor cantidad de pobres.
Estos cambios implican que el problema de la pobreza
y sus soluciones pierden carácter internacional para
convertirse cada vez más en un asunto nacional, en el
que las políticas impositivas y redistributivas podrían
ser más importantes que la AOD.
Sumner (2011: 16) señala que la AOD podría reorientarse en la dirección de contribuir a fortalecer
capacidades institucionales de los PRM para implementar políticas nacionales que logren reducir los
problemas de inequidad y acceso a servicios esenciales.
Los agentes de la ayuda deberían reorientarse hacia
esta nueva demanda.
Estos trabajos de Sumner muestran la necesidad
de los donantes tradicionales de construir discursos para justificar la existencia de la industria de la
ayuda. Detrás de esta argumentación, resulta sintomático que los PRM con mayor número de pobres
son potenciales mercados de gran tamaño (India,
Paquistán, Indonesia, Malasia, Nigeria, entre otros)
para la extensión de estrategias de negocios, en los
que las alianzas público-privadas de ayuda pueden
converger: de un lado, financiando políticas nacionales, en nombre de la equidad, que contribuyan a
aumentar el poder adquisitivo de los pobres y; de
otro lado, que esa nueva capacidad de compra sea
aprovechada por las transnacionales de los PD para
dinamizar la economía global.
Este discurso también sirve a los donantes para
conservar sus viejas clientelas en el sistema de ayuda:
receptores que ahora son PRM donde históricamente
han tenido influencia, ya sea por su pasado colonial o
por intereses geopolíticos y geoeconómicos, al tiempo
que los donantes conservan sus credenciales morales
y de solidaridad en el escenario internacional.
En otra versión del análisis, De Hann (2009) argumenta que el “drama del desarrollo” está constituido
por la divergencia de interpretaciones, objetivos y
formas de medición, muchas veces inducida por los
intereses de quienes participan de la industria de la
ayuda. En los extremos se ubican defensores y contradictores; en medio quienes analizan las formas en
que la ayuda es dada, recibida y medida.
Tales divergencias derivan de: a) cada institución
define la ayuda por sus intereses; b) diferentes horizon-
tes conceptuales de análisis (realismo, marxismo, liberalismo, constructivismo); c) no existe acuerdo sobre
qué es desarrollo, y d) persisten diferencias ideológicas
entre derechas e izquierdas, por ejemplo acerca del rol
del Estado. Por tanto, concluye en tono desalentador,
las divergencias seguirán existiendo porque la mayoría
del debate no es sobre la ayuda, sino sobre creencias
más profundas en cuanto a valores, ideas, y logros (De
Hann: 18 y s.).
Esta queja de De Hann sobre el desvió del análisis
hacia temáticas más amplias (relaciones internacionales, conceptos de desarrollo, e incluso referentes
simbólico-ideológicos), refleja muy bien que al sacar
del análisis los elementos propiamente políticos que
caracterizan la naturaleza de la CID, resulta irrelevante o por lo menos frustrante la discusión sobre
las formas técnicamente adecuadas (medición, evaluación, rendición de cuentas, etc.) de hacer que la
ayuda al desarrollo funcione.
Ruidos que generan las transformaciones de la CID en el análisis dominante
Discutiendo la crisis de identidad del sistema de
ayuda, Domínguez (2011) aporta luces sobre el argumento aquí defendido. Sostiene que dicha crisis es
resultado de tres procesos, acelerados por la crisis
económica: el primero es “el problema constitutivo”
(ver la ayuda como compromiso moral) y las “contradicciones recurrentes del sistema de ayuda” (dependencia, incumplimiento sin penalizaciones, distorsión
por intereses políticos o comerciales, fragmentación,
etcetera).
El segundo proceso es la “proliferación de nuevos
actores públicos y privados” que resta importancia a
la AOD y a los donantes tradicionales. Y, finalmente,
“la disolución de la metáfora jerárquica Norte-Sur
ordenadora de las relaciones internacionales”. Por
tanto, para Domínguez es imposible seguir justificando la ayuda en función del cierre de la doble
brecha (de ahorro y divisas) de los PED porque: estos
prestarán dinero a los PD en la crisis y, serán quienes
impulsen el crecimiento económico global.
El análisis de Domínguez sitúa los cambios del
sistema de ayuda en el marco de la transformación
del sistema internacional. Así, concluye el autor que,
más allá de la retórica de los donantes tradicionales,
existe una “agenda oculta” que socava la legitimidad
del sistema de ayuda. Esta “agenda oculta” estaría
compuesta por: el aumento de ayuda reembolsable,
acompañada de la delegación de la AOD a organismos
financieros multilaterales; una redefinición de la AOD
para incluir gastos de defensa y diplomacia; el interés
de incorporar más activamente agentes privados y;
el fomento de la cooperación Sur-Sur (CSS), como
argucia para aliviar la presión fiscal. Todo esto en
28
RESISTENCIA
el contexto de pérdida de peso económico a nivel
global de los PD que “es la clave última de la crisis
de identidad del sistema de ayuda” (6).
Análogamente, para Benzi y Lo Brutto la clave de
análisis de la CID es la reestructuración en curso del
sistema internacional: de las relaciones de poder
geopolítico y geoeconómico. En discusión con Domínguez, los autores sostienen que es difícil prever la
dirección en la que se orienta la reestructuración
del sistema de ayuda. Primero, porque el sistema de
ayuda ha jugado históricamente un papel importante
en los momentos de crisis y transiciones geopolíticas;
es más, afirman que la ayuda ha influido en el declive
y ascenso de potencias emergentes.
En segundo lugar, los autores no se muestran tan
acongojados con el problema de la “crisis de identidad”
del sistema de ayuda, porque éste ha demostrado
amplias capacidades de adaptarse, mimetizarse y
sobrevivir a la sombra de las dinámicas geopolíticas.
En tercer lugar, respecto del “problema constitutivo
y las contradicciones recurrentes”, señalan que esa
parece ser la naturaleza misma del sistema de ayuda;
una naturaleza que, bien podríamos decir en relación
con nuestro argumento, es la naturaleza propiamente
política de la ayuda y de la CID, en tanto partes constitutivas las relaciones internacionales.
Así, Benzi y Lo Brutto coinciden con Domínguez
en que el problema relevante es la pérdida de peso
económico de los donantes tradicionales que desafía
su control hegemónico sobre el sistema de ayuda.
Condición que se intenta menguar a través de estrategias que incluyen: cesión parcial de poder hacia los
países emergentes a cambio de disminuir los costos
de la AOD y mantener el control sobre la estructuración de reglas de juego del sistema de ayuda, y la
incorporación de agentes privados y sus prácticas,
así como mediante nuevas “astucias contables” para
medir los flujos de ayuda.
Consideraciones finales
Situar el análisis de la CID en el marco más amplio
de las relaciones internacionales, intentando restituir
el carácter propiamente político de esta, antes que
inducirnos a asumir posturas infundadas permite
orientar la discusión hacia la crítica de los críticos
o, como señalan Benzi y Lo Brutto, nos permite ser
menos indulgentes con el análisis de fenómenos (re)
emergentes como la CSS.
Por ejemplo, desde esta lectura política puede
considerarse que ante las transformaciones del sistema internacional, y particularmente del sistema de
ayuda, los “actores emergentes de peso” (los BRICS)
tratan de evitar la cooptación e intentan alcanzar sus
propios objetivos: escalar posiciones en la jerarquía
económica y política del sistema internacional, para
29
lo cual se sirven de sus propios sistemas de ayuda,
arropados bajo la semántica de la CSS.
Por tanto, podemos reconocer que la CSS intenta
promover nuevas relaciones caracterizadas por la
horizontalidad y el consenso, que evidencia menores
condicionalidades político-económicas, que tiene bajos
costes relativos, que sus procesos pueden ser más
eficaces en ciertos sectores. Pero esto no nos impide
reconocer simultáneamente que en su re-emergencia
la CSS ha terminado por reproducir y profundizar
ciertos patrones negativos de cooperación Norte-Sur
(CNS): el intercambio desigual, la dependencia económica, la profundización de modelos primario-exportadores, la desigualdad de beneficios en la promoción
de modelos de integración regional, la condicionalidad
implicada en la modalidad de ayuda atada, y hasta la
reproducción de cierto paternalismo.
Bibliografía
Benzi, D., y Lo Brutto, G., “La cooperación Sur-Sur en América
Latina a principios del siglo XXI (un enfoque menos indulgente)”, en L. Aceves y H. Sotomayor, coord., Volver al
desarrollo o salir de él. Límites y potencialidades del cambio
desde América Latina, Edic. EyC / BUAP / CLACSO, 2013.
Cox, Robert, “Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: más
allá de la teoría de las relaciones internacionales”, en John A.
Vásquez, comp., Relaciones internacionales: el pensamiento
de los clásicos, México, Lumusa, 1994.
De Hann, Arjan, “Aid: the drama, the fiction, and does it work?”,
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Sumner, Andy, “Global Poverty and the New Bottom Billion: What
if Three-quarters of the World’s Poor Live in Middle-income
Countries?”, Working Paper No. 349, noviembre, Institute of
Development Studies, 2010, en ‹http://www.ids.ac.uk/files/
dmfile/GlobalPovertyDataPaper1.pdf›.
------ “Poverty in Middle-Income Countries”, The Bellagio Initiative
/ IDS, noviembre de 2011, en ‹http://www.bellagioinitiative.
org/2011/10/poverty-in-middle-income-countries-report-›.
ENTREVISTA
Gestión de la cooperación
internacional desde
el Gobierno central
en Ecuador
Entrevista a la economista Gabriela Rosero, Secretaría Técnica de Cooperación Internacional
Estefanía Belén Calderón*
*
30
Estudiante de Maestría en Relaciones Internacionales, con mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos en la UASB-E;
Especialista en Género, Violencia y Justicia por la
FLACSO, Ecuador, Quito; Psicóloga por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
RESISTENCIA
¿Cuáles han sido los principales logros de
la Secretaría Técnica de Cooperación
Internacional (SETECI) en estos
primeros años de funcionamiento?
Yo señalaría que en el Gobierno de la Revolución
ciudadana se inicia un período en el cual el Estado
comienza a recuperar sus funciones de planificación
institucional y de políticas públicas. Esta planificación
ha llevado a que la cooperación se alinee y se armonice con las orientaciones y necesidades reales del
país. En el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013
(PNBV) se establecen los objetivos de desarrollo del
Ecuador, y la cooperación está llamada a complementar dichos objetivos. Para nosotros, este primer
momento en el que nace la institución (inicialmente
como Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional, (AGECI), adscrita a la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo, SENPLADES) permite
que la gestión de la cooperación aterrice en la lógica
nacional; es decir, que se reinvente en lo público.
Un primer logro tiene que ver con las negociaciones con los cooperantes. Se ha buscado que estas
respondan a principios de complementariedad, de
no duplicidad, y cada propuesta de cooperación debe
tener sentido en su aporte al PNBV.
En segundo lugar, fue importante apostar por
un proceso de democratización de la información
sobre la cooperación. Hoy parece sencillo mostrar
los datos de identificación de los cooperantes, de
los lugares en los que actúan y de las actividades
que desarrollan; pero esto implicó un gran esfuerzo.
Disponer de esta información ha favorecido a la ciudadanía en general, y es importante para el proceso
de toma de decisiones tanto a nivel los gobiernos
territoriales como a nivel de los ministerios.
Un tercer logro se relaciona con la programación
y planificación de la cooperación. Anteriormente la
cooperación seguía la lógica de “proyectitis” heredada del contexto internacional: hacer un proyecto
y luego buscarle financiamiento, sin tener en cuenta
una lógica más integral. Ahora, las negociaciones y
la programación de la cooperación tienen un marco
referencial de país que se negocia con los cooperantes. Esto quiere decir que, más allá de los proyectos
puntuales, existe una programación de la cooperación durante varios años, con los correspondientes presupuestos; esto garantiza que los proyectos
cuenten con recursos adecuados.
Esta programación incluye a las agencias oficiales
de los países cooperantes, y también a sus ONG y a
la cooperación multilateral; es decir, abarca los diferentes actores de la cooperación. Así, estos marcos
de acción se constituyen en verdaderos instrumentos
de programación de la cooperación, en una lógica
global de las intervenciones.
31
Otro tema importante tiene que ver con una apuesta
por cambiar la mentalidad; la forma cómo vemos la
cooperación, cómo replantear la cooperación vista
como AOD; proceso en el que un país da y otro recibe.
Intentamos replantear esa cooperación, entendiéndola ahora como un intercambio más justo, más ético.
En este intercambio alguien otorga recursos financieros, humanos, tecnológicos, y hay otro país que
también aporta a partir de lo que tiene. Esta ha sido
una primera aproximación a la idea de un Ecuador
que también puede ofrecer al mundo experiencias de
cooperación. Es la denominada cooperación Sur-Sur
(CSS), que no es algo que estemos inventando, sino
que es un sentir de muchos países, sobre todo de
América Latina y el Caribe, para mostrar y proyectar
al mundo lo que tenemos para ofrecer.
¿Cuáles son los principales retos que
tiene la SETECI de cara a la continuidad del gobierno de Rafael Correa?
La mirada está puesta en los territorios. Creo que
hemos avanzado mucho en cuanto a normativa y
metodología para regular la gestión de la cooperación. Esta gestión hasta ahora ha tenido una mirada
nacional. Pero si realmente queremos determinar
los verdaderos impactos de la cooperación en sus
beneficiarios, tenemos que verla desde los territorios.
Por lo tanto, en estos próximos cuatro años la cooperación debe tener una mirada mucho más territorial.
En esta dirección, hace año y medio la SETECI,
junto con el Consejo Nacional de Competencias y
SENPLADES, transfirió la competencia de “Gestión de la Cooperación” a los gobiernos autónomos
descentralizados (GAD). Algunos afirman que esa
transferencia formal ya es suficiente; nosotros creemos que se necesita acompañamiento para que los
GAD puedan gestionar, evaluar y concertar con los
diferentes actores territoriales. En eso estamos trabajando, además de incluir un plan de fortalecimiento
conjunto con los gremios. Todo esto implica que
SETECI tenga mayor participación en los territorios como acompañante; apostando porque haya
mayor transparencia y rendición de cuentas sobre
la cooperación.
Aunque mucha de la cooperación oficial se queda en
lo nacional, tenemos que saber qué pasa con las ONG
extranjeras, con las diversas fundaciones nacionales,
con la responsabilidad social empresarial (RSE) y,
en general, con todo este nuevo mundo de alianzas
público-privadas que se complementan y se afianzan en los territorios. Por ello es importante que
las comunidades y los GAD tengan conocimiento
sobre la cooperación, puedan evaluar sus posibles
beneficios y reorientar, incluso, la cooperación que
no está siendo beneficiosa.
ENTREVISTA
Otro de nuestros retos es replantear la cooperación como una forma de vida; me refiero a que el
ecuatoriano, por esencia, coopera; al ser funcionario,
al ser gobierno. Significa que es necesario generar
mecanismos y crear sinergias para hablar de una
cooperación nacional, de una cooperación entre GAD.
En estos momentos existe una reflexión interna muy
profunda sobre el hecho de que la cooperación no es
solo un tema internacional; también tiene que ver
con nuestra identidad porque, si nosotros no podemos cooperar entre nosotros mismos, ¿qué podemos
proyectar al mundo? Por eso debemos visibilizar el
tema de buenas prácticas de cooperación, abrirnos
hacia la sociedad civil para trabajar conjuntamente,
generar campañas para valorar los que somos.
Esta cooperación como forma de vida apuesta por
el ser humano en su totalidad, considerándolo como
talento humano. Para nosotros, eso es cooperación.
internacional alianzas estratégicas. Incluso hay una
propuesta en el marco de UNASUR para crear una
red de agencias de cooperación.
De hecho, algunos de los consejos de UNASUR
ya tienen una agenda; como es el caso de salud. La
idea es que los países puedan asignar recursos para
esta agenda, pero también se busca negociar, como
bloque, recursos provenientes de la cooperación.
Adicionalmente, hay un fondo de UNASUR para
financiar proyectos estratégicos, y recientemente
se ha hecho una distribución por proyectos. Para
nosotros, este año es claro el interés en los temas
de CELAC y UNASUR.
Otro espacio en el que participamos es el Iberoamericano. En las diferentes cumbres intentamos actuar
en bloque, para definir una agenda de relaciones de
América Latina frente a España. Es importante ver
qué papel podemos jugar ahora nosotros como cooperantes Sur-Sur, cuando España no puede cumplir
su anterior papel de principal financiador de la SEGIB
(Secretaría General Iberoamericana).
¿Cómo plantea Ecuador su agenda
local en relación con la agenda global
de cooperación?
Creo que es importante separar dos espacios; por
un lado está la agenda global post Busán (2011) que
no consiguió los consensos suficientes para que la
voz latinoamericana fuera escuchada. Aunque en
Busán se plantearon críticas al actual sistema de
gobernanza de la cooperación, la propuesta final no
refleja las voces de quienes han estado excluidos, sino
la de los países que dan dinero. En ese momento, por
países como China e India no se logró un verdadero
consenso.
La agenda post Busán también nos llevó a reflexionar, desde América Latina y el Caribe, acerca de las
diferentes miradas que tenemos sobre la CSS. No
tenemos la misma visión de India, por ejemplo, que
considera la CSS como un asunto relacionado con
mecanismos previos a procesos de inversión y de
comercio exterior. Para nosotros, la CSS es una reivindicación política que tiene que ver con nuestra
propia historia, con nuestros propios intercambios,
con nuestro entendimiento del desarrollo y con nuestra propuesta de un sistema económico y financiero
alternativo.
En medio de estos debates, también tenemos la
construcción de toda una agenda post –ODM (objetivos de desarrollo del milenio) que nos va a generar
más reflexiones críticas sobre los pocos resultados
obtenidos.
Por otro lado, está el asunto de cómo vemos la
cooperación dentro de los procesos de integración
subregional latinoamericanos. En espacios como la
CELAC, UNASUR y sus relaciones con la Unión Europea (UE) existe la posibilidad de construir agendas
regionales sectoriales para plantear a la cooperación
En el marco del resurgimiento de la CSS,
¿qué importancia adquiere el tema del
regionalismo para el Estado ecuatoriano?
La CSS ha existido siempre y ha sido un mecanismo
para establecer lazos de hermandad y solidaridad.
Ahora que estamos en un escenario en el cual existen
muchos países latinoamericanos que tienen mayor
grado de desarrollo y de experiencias generadas, que
tienen claro cuáles son sus ofertas de cooperación,
existe una apuesta por construir agendas comunes
de CSS. Agendas que permitan dar un valor añadido,
que no necesariamente se relacionan con la cantidad
de dinero que se invierte en los proyectos.
La pregunta es cómo podemos trabajar de la mano
con países con los cuales no tenemos una afinidad
política, pero que son importantes para conseguir
consensos cuando estamos negociando; cómo la CSS
puede convertirse en ese mecanismo que dinamice
verdaderos procesos de consenso. Algunos sostienen que esta es una postura muy institucional, muy
“gobiernista”, pero es lo que intentamos hacer.
¿Cuáles son los instrumentos
y la agenda de CSS?
Hace dos años publicamos un primer “Catálogo de
oferta de asistencia técnica ecuatoriano”, y ahora
estamos en un proceso de validación de una nueva
versión. Por ejemplo, hemos incluido temas como
la experiencia de la cancillería en refugiados; también incluimos la experiencia del Programa Manuela
Espejo, por su importancia de buenas prácticas de
inclusión social, que para mí es, claramente, un ejem-
32
RESISTENCIA
plo de cómo se coopera en el país. Otro tema es el
caso de protección de bosques, como el Programa
Socio Bosque que hace parte de la política pública
medioambiental. Es importante que Ecuador tenga
claro en qué sectores puede tener la posibilidad de
aportar a otros países, para incluirlos en las negociaciones bilaterales o regionales.
Otro tema importante, liderado personalmente por
el canciller, es la renegociación de la deuda. Este es
un tema solicitado, ya no solamente por los países
latinoamericanos, sino por Grecia y por España, como
una cooperación Sur-Norte. Esta experiencia tiene
que ver con la voluntad política de realizar dichos
procesos.
Es importante que, respecto de la CSS, pueda haber
un proceso más aterrizado técnicamente, para poder
compartir esas experiencias. Esto nos corresponde
hacer en estos próximos años.
Sobre el tema de las modalidades, existen experiencias como la chilena, la brasileña, la argentina,
de haber generado un “fondo país”. Estos son fondos
semilla del presupuesto de cada país para la cooperación. Este año, nosotros contamos con un primer
fondo semilla para proyectos de CSS, que busca financiar la movilización de expertos ecuatorianos hacia
otros países, y la de expertos de otros países hacia acá.
Esto es importante porque algunas negociaciones
con otros países incluso fracasan, no solo porque falten proyectos o una hoja de ruta, sino simplemente
porque no se cuenta con recursos suficientes. Estos
fondos son importantes también en el replanteamiento que estamos haciendo para acercarnos hacia
Centroamérica y el Caribe en el marco de la CSS.
Algunas organizaciones de la sociedad
civil, y concretamente las ONG, aducen
que han sido desplazadas por el Estado
ecuatoriano del espacio de gestión de la
cooperación; señalan que es un espacio
que también les pertenece. Más allá de
la pertinencia que podemos reconocer
al Estado ecuatoriano en la formulación
de una política central de cooperación,
también debemos reconocer que las
distintas organizaciones tienen grandes
acumulados de experiencias, e incluso
han sido relevantes en diversos procesos de construcción de espacios públicos
participativos. ¿Cuáles son las formas
de articulación que propone SETECI
con las diversas organizaciones de la
sociedad civil en los procesos de gestión de la cooperación internacional?
Reconocemos que durante muchos años, por ausencia
del Estado, las diversas organizaciones de la socie-
33
dad civil fueron centros importantes de generación
de pensamiento, de reflexiones y de propuestas de
política pública; aún ahora hay algunas fundaciones
que hacen esto.
Como SETECI, nosotros somos una entidad coordinadora y articuladora de lo que se conoce como el
Sistema ecuatoriano de cooperación internacional
(SECI). Dentro del SECI, no solamente están los cooperantes oficiales (multilaterales, ministerios, GAD),
también están la sociedad civil y las ONG extranjeras.
Justamente, hace poco iniciamos un proceso de
diálogo con la sociedad civil ecuatoriana, con representantes de quince fundaciones nacionales y de ONG
extranjeras, que trabajan en diversas áreas temáticas.
Lo que estamos planteando es la posibilidad de crear
sinergias de trabajo, a partir de lo que hemos avanzado como SETECI, como gobierno, y explorando
cómo avanzar conjuntamente.
Muchas de estas fundaciones han desarrollado
buenos procesos de veeduría ciudadana. Actualmente,
además del Observatorio de la Cooperación, no existen veedurías territoriales a la cooperación para saber
qué es lo que está sucediendo. Esta sería una primera
apuesta de trabajo conjunto. Otra apuesta es la formación conjunta de redes que permitan tener mayor
información sobre buenas prácticas. En tercer lugar,
la mayoría de las ONG se encuentran en los diferentes
territorios y trabajan de la mano con las comunidades; esos conocimientos son muy importantes. Pero,
¿cómo fortalecer sus procesos de concertación y los
nuestros en los territorios? Aquí se involucra lo que
tiene que ver con la planificación territorial, la cooperación y los ministerios desconcentrados.
En cuarto lugar, muchas de estas organizaciones
nacionales han generado interesantes procesos y
metodologías de evaluación y seguimiento. Para
nosotros, es importante aprender de ellos también,
y proponemos abrir estos procesos y desarrollarlos
conjuntamente de manera transparente.
Por otro lado, a las organizaciones les interesa
poder formar parte de las negociaciones de la cooperación, porque hay líneas de algunos cooperantes
que apuestan a la participación democrática, gobernabilidad y buen gobierno; líneas que permitan a
la sociedad civil fortalecer procesos de exigibilidad
de derechos.
Siendo esto un tema sensible, lo que queremos
construir son mecanismos de concertación. Tendremos próximamente la tercera Mesa Global, que por
primera vez va a incluir miembros de la sociedad
civil y de las ONG. Como Gobierno central, tenemos
claro que hay una cooperación que debe ser oficial,
apostando por políticas públicas, por ministerios, por
instituciones. Sin embargo, hay otra cooperación más
privada, que tiene que ver con la cooperación entre
sociedad civil, en la que podemos indicar cuáles son
ENTREVISTA
nuestras prioridades, pero la sociedad civil tiene un
grado de autonomía.
Con todo esto quiero señalar que el tema está dentro de nuestra agenda porque, si cooperar significa
formar redes y pasar a ser más complementarios, es
importante incluir la visión que tienen las organizaciones de cómo está funcionando la cooperación.
peración europea tiene que ver con gobernabilidad,
derechos humanos y temas comerciales. Pero los
asiáticos se centran en infraestructura y promoción
de comercio. Son grandes proyectos de infraestructura que implican contrataciones, que venga gente de
allá, empresas de allá, y, por otro lado, si son donaciones, esperan que puedan contribuir a dinamizar
su industria y su comercio.
Un mito sería precisamente el tipo de cooperación
que es. No podríamos considerarla, necesariamente,
cooperación para el desarrollo porque no vincula
términos de solidaridad o promoción desinteresada
del desarrollo de otros países o, por lo menos, podríamos decir que, desde otros cooperantes hay mayor
compromiso o mayor transparencia, como en el caso
de la Unión Europea.
En la cooperación asiática las cosas están claras.
En la medida en que esa cooperación se convierta
en un vínculo que permita invertir más o generar
condiciones favorables de inversión en otro país,
financian estudios de prefactibilidad. Eso nos pasó
con la cooperación japonesa durante muchos años
que, por ejemplo, financiaban estudios de prefactibilidad con cooperación no reembolsable, pero luego los
proyectos se realizaban con créditos. Por eso un mito
lo constituye el tipo de cooperación, ¿es cooperación
para el desarrollo?, ¿qué intereses están detrás?
Ahora, es válida esa cooperación en la medida en
que afianza las relaciones entre ambos países, en la
medida en que podemos cubrir déficit comercial, en
la medida en que podemos tener más inversiones. Si
esa cooperación es beneficiosa para Ecuador podemos aceptar o no. Pero esta no es una característica
solamente de China, esto también pasa con muchos
países.
Como latinoamericanos, debemos tener claro qué
queremos. Esta es una oportunidad histórica para
plantear nuestros asuntos, para creer que es posible negociar de otra forma, y no solo en el tema de
cooperación.
¿Este escenario que propone va más allá
de que las organizaciones sean simples
contratistas de SETECI? ¿Vincula sus
perspectivas sobre el desarrollo y sus
discusiones sobre las políticas del Estado?
Claro. La política pública también se tiene que retroalimentar de las diferentes perspectivas. Por ejemplo, en el caso de preparación hacia Busán, nosotros
recibimos insumos a través del Observatorio de la
Cooperación.
A través de la participación en la Mesa Global, en
donde presentamos las orientaciones, las prioridades
y líneas de trabajo, buscamos que no solamente se
presente la posición oficial sino que se cuente con
otras perspectivas desde la sociedad civil y de las
mismas ONG.
¿Podría señalar algunos logros, mitos y
Pretos o desafíos sobre la cooperación
de China con Ecuador?
Debemos partir de diferenciar la cooperación reembolsable y la no reembolsable. Hasta ahora solamente
hemos tenido cooperación reembolsable; es decir,
créditos. En materia de cooperación no reembolsable, que es lo que a mí me corresponde, yo no he
visto mucho.
Creo que hubo un primer momento de una fuerte
apuesta de los dos países por financiar el desarrollo
ecuatoriano, financiar proyectos de envergadura; es
decir, inversiones, mejorar exportaciones; pero eso ha
sido cooperación reembolsable en términos blandos.
La cooperación no reembolsable vendría a ser un
segundo momento en el que recién estamos empezando a trabajar. Este cambio sería uno de los logros.
China nos ha pedido formular proyectos para los
próximos cinco años, que podrían ser financiados
con cooperación no reembolsable. Hasta ahora, no
se han definido sectores porque hemos promovido
que sean los GAD los que formulen las propuestas
para que ellos se beneficien de ese financiamiento.
Hasta el momento la cooperación con China ha
sido cooperación económica, de financiamiento para
el desarrollo. La cooperación China o la asiática es
diferente, porque no se entiende como la tradicional
AOD. Por ejemplo, la cooperación estadounidense se
limita a temas hemisféricos y de seguridad; la coo-
34
OTROS TEMAS
Acusación
y defensa de la literatura
indigenista
Mateo Guayasamín*
Resumen:
La literatura indigenista de los años 30 ha pasado por una lectura
crítica que desmereció sus proporciones artísticas. La representación y puesta en primer plano de la condición del indígena durante
la Conquista y después de ella, aparentemente, incurrió en la
hiperbolación y en el excesivo artificio. Sin embargo, este modelo
literario, que consistió en la inclusión del universo indígena y
denunció su marginación, requiere de una nueva revisión crítica
que tome en cuenta el valor de su intencionalidad y la presencia
de los sujetos subalternos en el mundo literario.
35
Palabras clave:
Indigenismo, crítica, Mariátegui, nación,
cultura.
* Estudiante de la Maestría en Estudios de la Cultura,
con mención en Literatura Hispanoamericana
de la UASB-E; Licenciado en Comunicación y
Literatura por la PUCE.
Contacto: ‹[email protected]›.
OTROS TEMAS
El arte tiene necesidad de alimentarse
de la savia de una tradición, de
una historia, de un pueblo.
Más tarde, Antonio Cornejo Polar le brinda a las
ideas de Mariátegui otro matiz: el indigenismo como
equivalente de una expresión descolonizadora, y
añade:
José Carlos Mariátegui
No hay que olvidar que para Mariátegui el indigenismo, como inicio del periodo nacional de
nuestra literatura, niega y cancela la etapa
colonialista, como es claro, niega y cancela la
etapa cosmopolita (223).
J
osé Carlos Mariátegui fue quizás el primero
en abrir una defensa de la literatura indigenista que se estaba produciendo en América
Latina en el siglo XX. Esta entraría en debate luego
de algunos epítetos que empezaron a considerarla
exagerada, artificiosa (Mariátegui, 1995: 218), de
estar elaborada netamente por escritores mestizos.
La crítica central se basaba en que la literatura indigenista se desprende del sentido estético y se acerca
más al discurso político.
Sin embargo, la literatura indigenista, encontró su
sentido en la “reivindicación de lo autóctono” (221).
Lo que quiere decir que la finalidad de ésta fue retratar la situación problemática del indio y poner en
el debate público nuestra dualidad de raza. A esto
habría que añadir el interés de este tipo de literatura
por representar temas nacionales y locales, ya que
anteriormente a ella –dice Mariátegui– la literatura
se preocupaba por una “devoción imitativa de lo
extranjero”.1
Los escritores hispanoamericanos, antes “europeizados”, ponen sus ojos en la realidad nacional y
empiezan a darse cuenta del drama de los nativos.
Con sus letras cuestionan el rezago de la Conquista
que todavía penetraba, en forma de dependencia y
subordinación económica y política, en pleno siglo
XX. Así, la escritura y el desarrollo de la literatura
indigenista nació como una nueva orientación en el
arte que problematizaría con los factores sociales
contemporáneos, y se identificaba con las ideologías
políticas de la revolución socialista.
Vale la pena, en este punto, señalar que la característica principal de la novela indigenista es la
representación del indígena envuelto en una realidad económica y social donde solo existe para ellos
pobreza y explotación. Pero más allá de esto, como
señala Mariátegui, los objetivos principales fueron
poner un grito de protesta “de millones de hombres”,
revertir la situación del indio y darle cabida dentro
del imaginario nacional.
Así, fue la literatura la que puso en discusión la
problemática indígena abogando por la diversidad
cultural de Hispanoamérica. Sin embargo, para
Mariátegui, la verdadera literatura indígena vendrá
a su tiempo “cuando los propios indios estén en grado
de producirla” (223), lo que nos confirma que se trata
de una corriente literaria elaborada bajo una mirada
mestiza y que aún se espera una literatura indígena
producida por los propios protagonistas.
Con este otro pensador peruano, la revalorización
de la literatura indigenista pasa también por el tema
de la “heterogeneidad esencial”, lo que significa que
los escritores indigenistas apuntaron hacia un reconocimiento de la multiplicidad de todos los componentes étnicos de la sociedad hispanoamericana;
es decir, se trataría de un discurso que reconocía
nuestra diversidad étnica y apelaba a transformar la
realidad del indio, situada entre la discriminación y
la inferioridad.
La literatura indigenista, entonces, se presentó
en su época como alternativa frente a la literatura
erudita o de tradición romántica elaborada por la
burguesía, que expulsó, como afirma Cornejo Polar,
a las literaturas orales de los pueblos nativos. Habría
que añadir a esta idea, que el romanticismo trató el
referente indígena desde una visión exótica e idealizada, y más bien el indigenismo reflejó la confrontación que subsiste a la hora de plantear una cultura
y una identidad nacional.
Por eso, es mérito importante de los escritores
indigenistas como Icaza, Arguedas, Ciro Alegría,
Rómulo Gallegos, etc., no solamente la recopilación
del pensamiento mítico y la imaginación popular que
sobrevivió de los pueblos indígenas, sino también
denunciar la servidumbre y la explotación a la que
fueron confinados, con imágenes que afectan al lector
y que apelan a su sensibilidad. La intención sería,
entonces, conocer y transformar los procesos históricos del pueblo indio-mestizo. Veamos un ejemplo
de la novela Huasipungo: “Gritar para qué, ¿Para que
le quiten el huasipungo? ¿Para que comprueben las
patronas su carishinería? ¿Para qué? No, era mejor
quedarse en silencio, no sentir nada, nada, frenar la
amargura que se le hinchaba en el pecho y las lágrimas que se le escurrían por la nariz”.
Esta escena pertenece a una violación ejecutada por
parte del patrón de hacienda al personaje femenino
llamado Cunshi. Es fácil observar en este episodio
la representación de un sujeto marginal estropeado
por el poder de quien ostenta el capital. Así que también resulta evidente que la literatura indigenista
sintonizó plenamente con el ideario socialista del
siglo XX, identificado con la lucha de clases y la reivindicación popular.
36
RESISTENCIA
Al contrario, los críticos e impugnadores de esta
corriente literaria consideraron que la posición política del autor no debe nunca reflejarse en su obra,
ya que corre el riesgo de convertirse en “panfleto”.
Otro argumento frecuentemente utilizado es que
el “lugar de enunciación” sigue siendo la del sujeto
blanco-mestizo, como si no fuera legítimo asumir el
papel del Otro y expresar en un lenguaje universal
el dolor de los subalternos.
A esto habría que decir que la llegada de la literatura indigenista es la aplicación de una mirada
distinta hacia los pueblos originarios; ya no es la
visión romántica ni nostálgica del pasado, se trata
ahora de no silenciar lo que significó el proceso de
Conquista, exteriorizar el dolor de muchas generaciones, visibilizar al sujeto que durante siglos
estuvo oprimido, como se mencionó anteriormente,
incorporar al indígena dentro de la construcción
de Nación y discutir sobre la identidad y nuestra
cultura mestiza.
Y cuando el gran tema de esta literatura fue “la
opresión injusta y arbitraria del indio” (Corrales
Pascual, 1974: 21), la crítica de la corriente indigenista
se dedicó, por su lado, a juzgar la cuestión lingüística
de las obras literarias, el contenido estético y las
técnicas retóricas empleadas para la construcción
de dichas obras narrativas; como si los escritores del
indigenismo hubieran descuidado aquellos elementos.
Lo que la crítica encontró fue representaciones exageradas, insinuaciones políticas dentro de una obra
artística-ficcional, “excesivos elementos de artificio”
(Mariátegui, 1995: 223), y lo que ya se dijo también,
que se trataba de una mirada blanco-mestiza del
indígena, etcétera.
Estas críticas sin duda hacen eco de uno de los
primeros corifeos del pensamiento hispanista, el
peruano intelectual José de Riva Agüero, quien por
sus ideas conservadoras y civilizatorias “expulsó de la
nación y de la literatura nacional a todo componente
que no fuera hispánico en su raíz” (Mariátegui, 1995:
223), justificando que el aborigen se encuentra en
una esfera de barbarie. Los críticos contemporáneos,
por su lado, encontraron este otro matiz: “Personajes
y acontecimientos atomizados, inertes [...]. Entre
los episodios, hay algunos bastante sencillos en su
contenido y estructura (Corrales Pascual, 1974: 25).
“Situaciones feudales típicas” (Cueva, 1993: 128).
Pero estas críticas, que bien parecen reminiscencias
del hispanismo, no dan cuenta o pretenden deslegitimar al movimiento literario “de más larga historia y
de más sólida coherencia [...]” (Cornejo Polar, 1996:
29) que existió antes del boom en las letras hispanoamericanas. Podría definirse este movimiento como un
proceso por el cual se abre paso al, hasta ese entonces,
menospreciado mundo indígena y, como señala Cornejo Polar, puso en tensión universos diferenciados
37
y contradictorios “no solo quechua/español, sino
también oralidad/escritura” (29).
Y de esta manera, la crítica en torno al indigenismo
literario no dio cuenta de lo que significa el indio
como símbolo de resistencia, víctima de la Colonia y
del sistema capitalista. Hablar desde esta perspectiva
significa una valorización por lo americano y la incorporación al discurso estético-literario de “la visión
de los vencidos”. Así, esta expresión literaria de los
años 20 plantea una expresión propia de nuestros
problemas y de nuestras peculiaridades (reivindicación de lo autóctono), lo que en suma implica un
pleno reconocimiento del signo cultural de América
Latina: el mestizaje.
En conclusión, la crítica, como proceso de producción y recepción que cambia y se transforma
históricamente, en el caso del indigenismo podría
replantearse algunas de sus interpretaciones. Entre
ellas está la reconsideración de esta corriente literaria
que sin duda no ha perdido vigencia y, como bien lo
señala Agustín Cueva, es esta una “interiorización
de nuestro ser nacional” que contribuyó a conformar
una visión propia de comunidad.
Bibliografía
Cueva, Agustín, Literatura y Sociedad en el Ecuador, Quito, Planeta, 1993
Elzbieta Sklodowska, “Entrevista a Roberto Fernández Retamar” en
Roberto Fernández Retamar y los estudios latinoamericanos,
USA, Pittsburgh, 2000.
Mamour Diop, Papa “Recorrido de la literatura indigenista del siglo
XX en Latinoamérica: análisis de una muestra de novelas”,
Ogigia. Revista electrónica de estudios hispánicos, No. 1,
enero 2007, p. 31-40, en ‹http://www.ogigia.es›.
León, Chirstian, Reinventando al otro. El documental indigenista
en el Ecuador, Quito, Caracola, 2010, p. 29.
Corrales Pascual, Manuel, Jorge Icaza: frontera del relato indigenista, Quito, Centro de Publicaciones, 1974.
Cornejo Polar, Antonio, El problema nacional en la Literatura
peruana, Caracas, Ayacucho, 1996,
Mariátegui, José Carlos, Siete ensayos de la interpretación de la
realidad peruana, Caracas, Ayacucho, 1995.
Nota
1
Anteriormente al aparecimiento de los movimientos realistas e indigenistas, se distingue al romanticismo como modelo literario. Este
último apareció en Europa en el siglo XVII y, según Mariátegui,
hasta antes de los años 30, los escritores mantenían una mirada
colonialista en la literatura.
OTROS TEMAS
Las industrias culturales
para el desarrollo
en Ecuador
Lupita Vernimmen Aguirre*
Resumen:
El siguiente trabajo pretende reflexionar acerca de las políticas
públicas culturales que establece el Gobierno mediante el Plan
Nacional de Desarrollo, Sumak Kawsay (Buen Vivir), en función
de las Industrias Culturales. Vale aclarar que, más allá de que la
instrumentalización del Plan pueda anidar riesgos de uniformar y
subordinar lo cultural a un proyecto ideológico-político específico
del Gobierno de la Revolución ciudadana, es indispensable hacer
una crítica al respecto.
38
Palabras clave:
Indigenismo, crítica, Mariátegui, nación,
cultura.
* Estudios de Maestría en Estudios de la Cultura, con mención en Políticas Culturales, por
la UASB-E; Licenciada en Comunicación, con
mención en Redacción Creativa Publicitaria, y
Técnica en Publicidad por la Universidad Casa
Grande, Guayaquil.
Contacto: ‹[email protected]›.
RESISTENCIA
L
as dinámicas de resistencia y hegemonía cultural que encara América Latina frente a los países desarrollados han inquietado, sobretodo,
a los gestores culturales y al sector público. En este
sentido, es importante ampliar la discusión acerca
de las industrias culturales (IC). En la actualidad, el
debate al respecto se convierte en un tema pertinente
para sociedades como la nuestra. Consecuentemente,
a fin de fortalecer la visión de las políticas públicas
para el desarrollo del País, colocaré en discusión
el rol de las industrias creativas y culturales con la
finalidad de dar cuenta de ellas desde una mirada
integradora. Así también, es necesario entender el
porvenir de los tiempos de la globalización, bajo el
concepto de desarrollo, implantado como meta del
quehacer mundial, después de la Segunda Guerra
Mundial; concepto que divide a los países entre desarrollados y subdesarrollados.
Políticas públicas y desarrollo
De acuerdo con Lahera, “toda sociedad tiene un
debate sobre sí misma. La riqueza de una sociedad
se mide por su discusión pública, así como por su
capacidad de transformarse a partir de ella. De allí
que la democracia debe educar a sus ciudadanos en
su habilidad de plantearse públicamente”. (2004:
13). En este sentido, debemos considerar que los
sistemas políticos no siempre estarán de acuerdo con
las medidas de los programas, sin embargo, vale la
pena trazar políticas públicas sólidas en función de
crear una esfera social propicia y moderna.
Es importante destacar que Ecuador considera
cuatro ejes programáticos para las políticas públicas culturales: descolonización, derechos culturales, emprendimientos culturales y nueva identidad
ecuatoriana contemporánea. Lo anterior supone
nuevas formas de reconocimiento y permanencia de
las prácticas y saberes ancestrales, en el marco de un
paradigma más atento a la circularidad y sincronicidad; así como también la promoción de la diversidad
de las expresiones culturales; la incentivación de la
creación artística, y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales.
En cuanto al desarrollo, vale la pena destacar que
el fin principal que busca el Plan Nacional del Buen
Vivir (PNBV), desarrollado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), es
la formación del Sistema Nacional Descentralizado
de Planificación Participativa que tiene la intención
de construir un Estado plurinacional e intercultural
(SENPLADES, 2009). El PNBV toma en cuenta tres
aspectos: el conceptual que tiene que ver con las
directrices para lograr un cambio, considerando el
análisis de los procesos económicos, sociales y políticos; el de políticas públicas que corresponde a los
39
lineamientos de agendas políticas y la presentación
de metas del Gobierno, y la parte instrumental
que responde a una herramienta flexible que reúne
los resultados con la intención de generar políticas
complementarias al PNBV. Para ello, el Plan Nacional
del Buen Vivir promueve la participación ciudadana
y el respeto a los derechos individuales y colectivos
por el bienestar común; así también, pretende el
diálogo y la concentración con actores sociales e
institucionales a fin de crear políticas de desarrollo
inclusivo (SENPLADES, 2009).
El valor de las industrias culturales
Para iniciar, es preciso comprender las nociones de
las IC, con la finalidad de entender los valores de la
cultura, del desarrollo económico y del valor creativo
que configuran los productos y servicios culturales. De
acuerdo con la concepción que trabajó Edgar Morin
en L’Esprit du temps, se entendería a la industria
cultural como el “conjunto de dispositivos de intercambio cotidiano entre lo real y lo imaginario.” (1962:
104). Así también, se habla de un orden o sistema que
produce y regula la cultura, acercándola a los sujetos
(masa) por medio de nuevos sistemas de reproducción,
logrando que éstos le otorguen un sentido social (Barbero, 1987). De ahí que en las sociedades modernas, el
arte, la música, la estética y moda, el cine, la literatura
y la televisión sean producto de la industrialización de
la cultura. La realidad social se retrata en estos productos y viceversa; los sujetos toman y proporcionan
material para que sean fabricados. En suma, algunos
espacios de las IC son: la industria editorial (periódicos,
revistas, libros impresos y libros digitales), fonográfica
(música, radio), audiovisual y cinematográfica (cine,
televisión y videos en general) y artística (pinturas,
performances).
Por otra parte, según Diana Rey “los gobiernos
nacionales de América Latina que a la fecha carecen
de acciones a favor de las Industrias Culturales, [...]
tienen la gran tarea de iniciar la formulación de
políticas que exploren sus potenciales culturales
y, asimismo, garanticen la salvaguardia del principio de Identidad” (2009: 23). En ese sentido, es
necesario valorar las IC como promotoras de las
identidades sociales y culturales que tienen como
objetivo construir ciudadanía a partir de bienes
que contienen múltiples significados simbólicos y
culturales. Así pues, convendría revisar los aportes
de los bienes y servicios culturales que, como he
mencionado, benefician a las sociedades en varios
aspectos. Por último, y siguiendo a la misma autora,
vale señalar que las industrias creativas y culturales
“al ser portadoras de identidad, de valores y sentido
no deben ser consideradas mercancías o bienes de
consumo como los demás” (2009: 67).
OTROS TEMAS
Consecuentemente, es menester destacar la importancia de revisar y hacer crítica de los productos de
la industria creativa y cultural que se generan en
Ecuador; es decir, de las producciones de bienes y
servicios culturales que desde la subalternidad se
producen y no logran competir en el mercado. En
todo caso, parece haber una disputa entre producir
cultura y, al mismo tiempo, alejarnos de la industrialización como legado neoliberal: “El enorme desafío
que enfrentamos actualmente es el de reconstituir el
tejido social, fortalecer las organizaciones autónomas
de la sociedad civil potenciando lo comunitario-social, frente a la devastadora lógica individualista del
mercado” (SENPLADES, 2012: 17). No obstante, es
pertinente fortalecer los valores culturales desde las
industrias creativas; al mismo tiempo, es necesario
tomar conciencia de que con una mirada multicultural no se puede alcanzar las metas que establece
el Sumak Kawsay. Por ello, la interculturalidad es
una apuesta, así como un asunto pendiente, de las
políticas públicas ecuatorianas. De este modo, las IC
no deben ser descartadas o reconocidas tan somera
ni tan discursivamente.
bitante y sería posible crear una forma dinámica y
moderna de masificar lo tradicional y lo popular para
integrarlos en una suerte de hibridación cultural para
el desarrollo del País.
Bibliografía
Figueroa Díaz, María Elena, “Políticas culturales para el desarrollo
en un contexto mundializado”, en Política y Cultura, No.
26, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Xochimilco, otoño, p. 157-183, 2006, ‹http://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=26702608›. Consulta: 4 de febrero de 2013.
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en América Latina: hacia una estrategia multinacional”, en
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‹http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derycul/
cont/9/ref/ref5.pdf›. Consulta: 4 de febrero de 2013.
Lahera, Eugenio, Política y políticas públicas, Santiago, División de
Desarrollo Social Naciones Unidas / CEPAL, 2004, en ‹http://
www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/19485/sps95_lcl2176p.
pdf›. Consulta: 3 de febrero de 2013.
Larrea Maldonado, Ana María, Modo de desarrollo, organización territorial y cambio constituyente en el Ecuador, Quito,
SENPLADES, 2012.
Nivón Bolán, Eduardo, La política cultural. Temas, problemas y
oportunidades, México, Conaculta, 2006.
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América Latina y la Unión Europea”, en Estudios sobre las
Culturas Contemporáneas, No. 30, México, Universidad de
Colima, 2009, ‹http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=31612027004›. Consulta: 20 de diciembre
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una perspectiva basada en el anarquismo epistemológico”, en
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Sánchez Ruiz, Enrique E., Industrias culturales, diversidad y
pluralismo en América Latina, Guadalajara, Cuadernos de
Información y Comunicación, 2006, en ‹http://www.redalyc.
org›. Consulta: 13 de febrero de 2013.
Conclusiones
Comprender la cultura en tiempos de la globalización
es todo un reto, explica Eduardo Nivón Bolán. Existe
un fuerte miedo en torno a la homogenización cultural, y Estados Unidos sería, básicamente, la principal
competencia. En esta situación, es pertinente –según
Nivón– aceptar que los Estados latinoamericanos
presentan dificultades para atender las necesidades
de una sociedad y de una cultura para sostener una
visión de desarrollo. Dicho de otra manera, el problema no radica únicamente en comprender la dinámica cultural que promueven las industrias latinoamericanas, sino también en aprender a “desarrollarla,
redistribuirla, fomentar su expresión y creatividad
en todos los sectores sociales” (2006: 57). Al mismo
tiempo, es fundamental realizar un replanteamiento
acerca de lo tradicional y lo popular; este ámbito
tiene una suerte de voz apenas susurrante y resultaría
pertinente adaptar los bienes de la cultura popular
a las nuevas y múltiples plataformas, especialmente
la tecnológica. De la misma manera, las diferentes
expresiones culturales contemporáneas deberían
ocupar un lugar privilegiado para que con el tiempo
se visibilicen o al menos nos apropiemos de ellas de
una forma distinta.
Por último, no hay que descartar la cultura virtual.
Al respecto, internet es una herramienta que podría
fortalecer los valores culturales populares (en línea
con el discurso gobiernista); más aún, si la Revolución
Ciudadana apelara a un estrategia publicitaria comunicacional, se podría evitar la americanización exor-
40
RESISTENCIA
Explorando
nuevos horizontes
una aproximación
a las políticas públicas culturales
Maico E. Pitalua Fruto*
Resumen:
El artículo es una exploración sobre los fundamentos del diseño y
posterior aplicación de una política pública cultural de integración.
Se proponen los procesos de interculturalidad y algunos aspectos
de la investigación crítica como elementos necesarios para la
formulación de una política pública cultural que promueva la
integración de nuestras nacionalidades. Se analiza el papel de la
cultura en los procesos de integración, así como, de los actores
llamados a intervenir en el diseño de las políticas culturales. Finalmente, se sugieren los principios que consideramos determinantes
a la hora de diseñar una política pública cultural de integración.
41
Palabras clave:
políticas culturales, integración cultural,
investigación crítica, interculturalidad.
* Estudiante de la Maestría en Estudios de la Cultura, con mención en Políticas Culturales de la
UASB-E; Historiador egresado de la Universidad
de Cartagena. Docente de la Institución Educativa Distrital Jorge Robledo Ortiz, Barranquilla.
Contacto: ‹[email protected]›.
OTROS TEMAS
Del lugar de la cultura y los actores
necesarios para el diseño de políticas
culturales
E
n sus inicios, el término cultura hacía alusión
a “las formas en las cuales unos grupos se
distinguen de todos los demás. Representaba
lo que es común dentro del grupo, y supuestamente
al mismo tiempo lo que no es común (o por lo menos
no del todo) fuera de él” (Wallerstein, 1999: 164). Era
una forma de trasmisión y conservación de la historia
de los pueblos ya que encerraba las diferenciadas
maneras de ver, comprender y estar en el mundo.
Hoy en día, la cultura es uno de los conceptos más
utilizados en las ciencias sociales; es una noción que
evoluciona en medio de los cambios que experimenta
la humanidad. Ahora “representa un tipo de pedagogía ética que nos prepara para la ciudadanía política
mediante el desarrollo libre de un ideal o yo colectivo
que todos llevamos dentro, un yo que encuentra su
expresión suprema en la esfera del Estado” (Eagleton,
2001: 19). Por ello, en nuestro tiempo, la cultura es
la manifestación de la total integración que impulsa
tanto la globalización como la mundialización del
mundo. Estos procesos que, según María Elena
Figueroa (2006), se refieren a los aspectos económico y tecnológico de integración y conformación
supranacional de los Estados, y a la configuración
de las identidades y su inserción en los espacios de
lo global, nacional y local.
Visto así, la cultura como elemento integrador –en
palabras de Manuel Antonio Garretón (2008)– haría
posible la constitución del espacio común latinoamericano, siempre que, por medio de esta integración, se
propicie la creación de un bloque de países de nuestro continente. Pero para esta constitución, la clave
está en formar públicos culturales y usuarios de las
nuevas tecnologías comunicacionales que coloquen el
aprendizaje desde la interculturalidad, la innovación
y el pensamiento crítico. Para ello, debemos insistir
en lo que plantea Víctor Vich: en la necesidad de
“dejar entender la cultura como una ´representación’
y más bien pasar a experimentarla como una práctica
cotidiana asociada a una visión de desarrollo” ( 46).
Pero, ¿es posible pensar que la cultura por sí sola propicia el desarrollo y la integración? En consonancia
con lo planteado por García Canclini (2005), y tal
como se verá más adelante, el aspecto cultural debe
organizarse en tanto política pública, para desde ahí
promover un diálogo intercultural que con visión
crítica establezca, no solo las bases del encuentro
cultural, sino que propicie el desarrollo sustentable
del que nos habla este autor.
La creación de sitios multidireccionales, diversificados y de comunicación abierta promovida y
gestionada desde focos heterogéneos de la vida social
es, quizás, la salida más próxima que se tiene para
repensar la estratégica, pero conflictiva relación de
la cultura y el desarrollo. Esa relación que se vincula
a los modos de formar ciudadanos (García, 2005:
11) en la medida en que se relacionan los derechos
económicos con los culturales o colectivos. La misma
que al “actuar en el campo de la cultura reclama de
nuevas concepciones teóricas en torno a las políticas
culturales, así como de nuevas estrategias de gestión que recuperen la capacidad de acción local de
muchos de los promotores culturales, pero siempre
alimentados desde una perspectiva internacional”
(Nivón, 2006: 14).
Así pues, es clave preguntarse ahora por los actores
que ocuparían el lugar de gestores de esas nuevas
formas de concebir la cultura para la promoción de
procesos integradores en nuestras sociedades. Ya
que, “no se puede hablar de políticas culturales como
estrategias elaboradas y ejecutadas ‘desde arriba’
pues sabemos que todo el trabajo de la cultura supone
permanentemente la participación de la población”
(Cortés y Vich, 2006: 12). Por consiguiente, estamos
hablando de una política pública cultural que debe
“surgir al interior de un proyecto participativo que se
reafirme en la articulación positiva tanto de la heterogeneidad simbólica como de los distintos actores
sociales” (12).
El Estado es una agente central en la planificación,
promoción y ejecución de una política pública cultural. Es un actor que aun promoviendo iniciativas que
respalden entre otros aspectos la creación cultural,
la investigación especializada y la inversión para el
desarrollo de las prácticas culturales debe –según
Víctor Vich– “producir una narrativa inclusiva donde
la reflexión sobre la historia, las identidades, los
antagonismos sociales sea el principio que acompañe
a todo el conjunto de decisiones políticas” (53).
Por su parte, a la empresa privada se le otorga el
papel de articular los intereses del mercado con los
del Estado y con los de la sociedad civil, ya que, en
el marco del desarrollo de proyectos empresariales,
sobre todo en el campo de las Industrias Culturales,
constituye un aliado estratégico en la inversión,
promoción e implementación de las inciativas de
emprendimientos creativos. La sociedad civil debe
ser un agente motor de todos los proyectos de políticas culturales. Su poca o nula participación permitiría que las iniciativas públicas o privadas en
materia cultural sean instancias enmarcadas desde
arriba con predominancia económica o política. Tal
como lo propone Vich, “como actor privilegiado, la
sociedad civil debe situarse ante el reto de promover
nuevas prácticas que busquen neutralizar los poderes existentes y que vaya construyendo nuevos vínculos ciudadanos. Se trataría de leer la ciudadanía
en clave cultural identificando las maneras como los
42
RESISTENCIA
sujetos negocian las diferentes relaciones de poder
y van conquistando espacios políticos a través de
sus marcas identitarias” (57).
Así las cosas, la participación de la sociedad civil
permitiría la construcción de una narrativa colectiva que, sin duda, promovería cierta renovación
democrática. Se trata de una “autoridad” alternativa
capaz de producir una mayor capacidad retórica
sobre las identidades. La sociedad civil, en este caso,
estaría representada por las organizaciones de base
(llámense ONG, creadores individuales, centros culturales o universidades).
Las políticas públicas culturales
para los procesos de integración
Las políticas culturales se relacionan con el ámbito
de las acciones y flujos de la información y con las
múltiples formas de interpretación y de acción representativa de los sectores público y privado; pero
también de la sociedad civil. Por ello, las políticas
culturales y, en ellas, los emprendimientos de la
cultura considerados en su dimensión sociológica
constituyen un instrumento relevante para entender
las dinámicas del desarrollo. Por ello se le asigna a la
cultura un profundo sentido dinámico que atacaría
los problemas del desarrollo. Podemos encontrar las
claves de este proceso en la medida en que se intente
revitalizar, proteger y divulgar las expresiones culturales locales; pero también cuando ese intento de
divulgación siente sus bases en el impulso económico.
El rol de la investigación para generar estructuras
de sostenibilidad en materia de desarrollo humano
debe ir más allá de meros indicadores económicos
que den cuenta de los beneficios de cual o tal proceso
cultural. La investigación crítica debe establecer
puentes políticos y múltiples estrategias que permitan la conexión con la ciudadanía para que, de
esta manera, los proyectos de política cultural sean
un espacio de verdadera inclusión. De este modo,
como eje de sostenibilidad social, la investigación
crítica no debe responder a un tipo de organización
tradicional, sino a nuevos modelos de gestión que
permitan identificar soluciones creativas. Siguiendo
a Lázaro Rodríguez (Pitalua, 2012), la investigación
crítica, debe explorar las expectativas y necesidades
en torno a categorías como las identidades culturales.
Nuevos campos para identificar que otras tendencias de gestión cultural y de políticas públicas
culturales se desarrollan a la hora de construir en
medio de una política sistemática las iniciativas de
integración. Así que, la investigación crítica, desde
la perspectiva de cooperación cultural; favorece los
desplazamientos conceptuales a la hora de ubicar los
conceptos propios de la política.
43
El impacto de la investigación crítica la situamos
en el plano de los usos de los discursos y prácticas de
las políticas culturales ya que “supone una actividad
a partir del reconocimiento de la propia posición de
poder, busca identificar y actuar frente a las formas
de dominación y procesos de hegemonización presentes en las sociedades actuales”. (Balasch, Bonet,
Callén y otros, 2005: 133). La investigación crítica,
finalmente, es el puente que permite sobrepasar la
linea del multiculturalismo para situarnos en el de
la interculturalidad. El último fundamento que permitirá diseñar un proyecto de política cultural para
la integración en nuestra región.
El multiculturalismo y la interculturalidad en su
esencia giran en torno a los problemas de la integración política de la pluralidad cultural (Moneta, 1999:
23). Tal como lo plantea Moneta, “mientras que el
multiculturalismo se focaliza en la gestión interna
de la diversidad cultural, el interculturalismo examina los procesos de intercambio entre las culturas
singulares. Considera no solo los temas relativos a la
‘diplomacia cultural’ como vía de inserción, influencia
y presencia en el campo internacional, sino también
los problemas a ellos vinculados, tanto desde el punto
de vista simbólico como material (24).
En fin, el interculturalismo como principio y fundamento del entendimiento étnico-cultural, más allá de
la constatación de la existencia de culturas diversas,
finalidad última del multiculturalismo, se presenta
como el principal enfoque académico y político de
un nuevo proyecto de sociedad. Un nuevo proyecto
que acogiendo varias posturas posibilita la relación
y el diálogo de los múltiples grupos que integran
el conglomerado social. Un proyecto en el que se
cree posible una relación cultural e interactiva, que
superando la noción descriptiva y totalizante del
multiculturalismo pueda asumir la inter-relación
de las culturas como una realidad histórica, flexible,
contextual y situacional (Walsh, 2010). Sin embargo,
este principio, tal como lo plantea Fidel Tubino, debe
ser amplio e imaginarse “como un enfoque intersectorial que debe atravesar los programas de salud
pública comunitaria y de administración de justicia
y empezar a concebirlo como el gran eje transversal
de las políticas del Estado” (Tubino, 2002: 75).
De esta manera, el problema de integración que
parte del ámbito de lo cultural, al proveer las bases
simbólicas en las que se dinamizan las interacciones
políticas, sociales y económicas en la sociedad, está
llamado a incorporar nuevos elementos y mecanismos que, apelando a las identidades territoriales,
permitan el diálogo sobre la base inter-social. Esto
es, el proceso de interacción horizontal que favorezca la convivencia, el respeto a la diversidad y el
enriquecimiento mutuo. Este proceso representa, en
términos generales, lo intercultural.
OTROS TEMAS
Moneta, Carlos, “Identidades y políticas culturales en procesos
de globalización e integración regional”, en Néstor García
Canclini y Carlos Moneta, coord., Las industrias culturales
en la integración latinoamericana, Buenos Aires, Convenio
Andrés Bello, 1999.
Nivón, Eduardo, La política cultural. Temas, problemas y oportunidades, México, Consejo Nacional para las Culturas y
las Artes / Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la
Zona Centro, 2006.
Rodríguez Oliva, Lázaro Israel, “Investigación crítica y políticas
culturales en el proceso de integración centroamericano”,
conferencia presentada en el VIII Campus Euroamericano de
Cooperación Cultural, Cuenca, Alcaldía de Cuenca, Organización de Estados Iberoamericanos y Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo-Inter arts, del28
al 30 de noviembre de 2012.
Tubino, Fidel, “Entre el multiculturalismo y la interculturalidad:
más allá de la discrimincación positiva”, en Norma Fuller,
edit., Interculturalidad y política: desafíos y posibilidades,
Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el
Perú, 2002.
Vich, Víctor, “Gestionar riesgos: agencia y maniobra en la política
cultural”, en Guillermo Cortés y Víctor Vich, edit., Políticas
culturales: Ensayos críticos, Lima, Instituto de Estudios
Peruanos, 2006.
Wallerstein, Immanuel, “La cultura como campo de batalla ideológico del sistema-mundo moderno”, en Santiago Castro-Gómez,
Óscar Guardiola Rivera y Carmen Millán de Benavides, edit.,
Pensar (en) los interticios: teoría y práctica de la crítica
poscolonial, Bogotá, Pontificia Universidad Javariana, 1999.
Walsh, Catherine, “Interculturalidad crítica y educación intercultural”, en Luis Tapias y Jorge Viaña, edit., Construyendo
interculturalidad crítica, La Paz, Instituto Internacional de
Integración del Convenio Andrés Bello, 2010.
Desde esta perspectiva, el objetivo de las políticas
culturales fundamentadas en la investigación crítica y en el diálogo intercultural, no solo debe estar
relacionado con el interés por rescatar, defender y
preservar la identidad del grupo hegemónico, sino
que deben ir más allá, procurando la difusión y promoción de todas las expresiones culturales. En este
punto, la integración se daría en la medida en que se
exploran y articulan múltiples canales comunicacionales en los que circularían conocimientos, valores
y variadas formas de hacer cultura. Ese intercambio
respetuoso, y no por ello menos conflictivo, en el que
personas, bienes y capitales (simbólicos y materiales) se encuentran, sin duda alguna, permitiría la
concreción de un espacio común que, inmerso en
las dinámicas de la globalización y mundialización,
promovería el avance y el desarrollo de manera sostenible de nuestras sociedades.
Retomando lo planteado por Manuel Garretón, es
viable un espacio cultural común en nuestro continente; un espacio que tras los procesos de integración permita, luego de la construcción institucional y supranacional, superar la problemática de
la identidad y las relaciones de la sociedad con el
Estado. Esa constitución en bloque permitiría una
mejor participación en los procesos de integración
mundial. Para alcanzar este objetivo, es necesario el
diseño de una política pública cultural inspirada en el
proyecto de constitución de una sociedad inclusiva;
una política que, de manera contundente, incida en
la cotidianidad y que no solo articule los diferentes
actores en su gestión, ejecución y evaluación; sino las
diferentes narrativas que sobre la sociedad, el Estado
y la cultura tienen los mismos. Estamos, pues, frente
a un proceso en el que el diálogo intercultural y los
aspectos críticos de la investigación deben trascender
para poder constituir un mundo mejor.
Bibliografía
Balasch, Marcel, et al., “Investigación crítica: desafíos y posibilidades”, en Athenea Digital, No. 8, otoño, p. 129-144, 2005.
Eagleton, Terry, “Modelos de cultura”, en La idea de cultura. Una
mirada política sobre los conflictos culturales, Barcelona,
Paidós, 2001.
Figueroa, María, “Políticas culturales para el desarrollo en un contexto
mundializado”, en Política y Cultura, No. 26, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 2006.
García, Nestor, “Todos tienen cultura: ¿quienes pueden desarrollarla?”, conferencia para el Seminario de Cultura y Desarrollo,
Washington, Banco Interamericano de Desarrollo, 24 de
febrero de 2005, en ‹http://www.aulaintercultural.org/IMG/
pdf/0202405canclini.pdf›.
Garretón, Manuel, “El espacio cultural latinoamericano revisitado”,
en Linda Rubim y Miranda Nadja, org., Transversalidades
da la cultura, Salvador, Edufba, 2008.
44
RESISTENCIA
Cadenas transnacionales
de cuidado
la incursión del amor en el mercado
internacional
Diana Marcela Agudelo Ortiz*
Resumen:
Este trabajo reflexiona a propósito de la mercantilización del
cuidado de personas en la sociedad del capitalismo globalizado.
Se argumenta que, desde este marco, las prácticas alrededor del
cuidado modifican las relaciones de género y generación de las
familias del sujeto migrante y develan las desigualdades sociales
que impregnan las dinámicas de relación interpersonal, en un
espacio en el que convergen las relaciones coloniales de dominación en clave de género, clase social y etnicidad.
45
Palabras clave:
Cadenas transnacionales de cuidado,
mercantilización del cuidado, feminización de los flujos migratorios, cuidado
y género.
* Psicóloga por la Universidad Externado de Colombia, 2010; estudiante de la Maestría en Estudios
de la Cultura, con mención en Políticas Culturales,
UASB-E. Docente-investigadora de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad
Externado de Colombia, Grupo salud, conocimiento médico y sociedad del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS).
Contacto: ‹[email protected]›.
OTROS TEMAS
P
ensar en el cuidado y el amor como recursos
frente a los retos y desafíos que impone el
capitalismo globalizado permite ver las desigualdades que se tejen alrededor de las prácticas de
cuidado que se materializan en nuestras relaciones
interpersonales. Se habla aquí de cuidado en relación con la atención de niños, ancianos, personas
enfermas o con alguna discapacidad y con el servicio
doméstico en general.
Hoy se está frente a una situación donde miles de
mujeres tienen que dejar a sus hijos en busca de un
mejor horizonte económico, a miles de kilómetros
de distancia de sus propios hogares, para ir a realizar
las mismas labores de cuidado que realizan en sus
casas, donde no reciben remuneración o reconocimiento alguno –en tanto que se asume que es una
labor “natural” de la mujer; sea esta madre, hermana
o hija–. Sin embargo, la remuneración económica
que reciben en las comunidades de destino por estas
labores no es necesariamente justa, ni se ha insertado
de una forma afortunada en el mercado laboral; especialmente en el caso de las trabajadoras en condición
de inmigrantes.
Se habla entonces de cadenas transnacionales de
cuidado, en donde estas mujeres recorren largas
distancias para ocuparse de tareas de cuidado de
personas adultas y niños que no hacen parte de su
familia, por lo que se ven también en la necesidad
de recurrir a otros en su comunidad de origen –muy
seguramente mujeres– para que hagan lo propio
con los suyos, en una cadena que se reproduce y que
suele dirigirse hacia abajo en la escala social; en vez
de hacerlo horizontalmente con la aparición del rol
masculino en las labores de cuidado.1
Dichas cadenas transnacionales de cuidado han
ocasionado gran impacto en las estadísticas demográficas. Esto ha dado lugar a que se hable de una
feminización de los flujos migratorios, en los cuales las mujeres son ahora el primer eslabón de esta
cadena. Además, esto ha conducido también a una
revisión de la manera en la que se organiza la red de
cuidados familiares y los cambios en las pautas de
crianza de los hijos e hijas, en tanto que se percibe
un reacomodamiento de las relaciones de género y
generacionales en el ámbito de las familias migrantes.
Esto ha sido particularmente importante en los estudios acerca del fenómeno migratorio, especialmente
desde el llamado enfoque transnacional.
Los estudios antropológicos guiados por Nina Glick
Schiller, Cristina Blanc-Szanton y Linda Basch abrieron la puerta a lo que se conoce hoy como el enfoque
“transnacional” (Glick-Schiller, Basch y Blanc-Szanton, 1992).
De acuerdo a la definición realizada por las autoras,
este se centra en el análisis del tipo de relaciones que
los migrantes construyen, tanto con las comunidades
de acogida como con sus comunidades de origen, a
partir de las relaciones sociales y culturales, políticas
y económicas, que suelen “tener lugar” en espacios
que desbordan las fronteras de los Estados-nación.
De acuerdo con Ludger Pries, la transmigración permite entender una nueva relación entre espacios
sociales y espacios geográficos (Pries, 2002).
En nuestra región, los casos de inmigrantes en
EUA y España son buen ejemplo de estos procesos
de construcción de campos sociales transnacionales.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de
Estadística, basados en la revisión del padrón de 2007
que aparecen en Sandra Gil Araujo (s.f.), cerca de dos
millones de personas nacidas en Sur y Centroamérica
residen en España; de las cuales el 54% son mujeres
cuyos principales países de origen son, entre otros,
Ecuador y Colombia (Gil Araujo, s.f.).
Es importante señalar que tanto en España como
en Francia e Inglaterra, el pasado colonial está presente de manera evidente en su panorama migratorio,
pues la mayoría de los inmigrantes provienen de
alguna de sus antiguas colonias: Marruecos, América
Latina, Guinea Ecuatorial y Filipinas. Esto muestra
que el fenómeno migratorio actual no se da en el vacío,
sino que responde a unas dinámicas particulares,
determinadas sociopolíticamente.
En tanto las condiciones de la población migrante
no están desvinculadas de las condiciones del capitalismo globalizado. Claudia Pedone afirma que los
estudios transnacionales han permitido poner en
evidencia las relaciones entre el sistema económico
global y la “nueva división internacional y sexual
del mercado de trabajo, que genera una demanda
de mano de obra femenina que ha acelerado los
movimientos Norte-Sur” (Pedone, 2011). Es así que
se habla de una “globalización de los cuidados”, en
donde mujeres provenientes de África y Suramérica,
en su mayoría, encuentran una forma de inserción
laboral que implica estar al cuidado de los más vulnerables del mal llamado primer mundo (bebés, niños
y ancianos).
El análisis aquí propuesto tiene que ver con las
tensiones entre las expectativas sociales en cuanto
a las relaciones de género y generacionales, especialmente en relación con el cuidado y las negociaciones de poder. Esta migración está marcada por
la comparación del promedio salarial realizada por
las mujeres entre su oficio en los países de origen y
de acogida, lo que suele derivar en una prolongada
estadía en relación a la productividad.
Usualmente, las migrantes recurren a conseguir
varios empleos al mismo tiempo para poder cumplir
con el envío de remesas a sus hogares y a sus comunidades de origen, lo que las mantiene sometidas a
unos horarios bastante duros. Esta situación conduce
a un cierto aumento de su autonomía, respecto al
46
RESISTENCIA
uso tanto del dinero como de su tiempo libre. Solo
se ha de anotar aquí que esta situación muchas veces
termina en la base de los conflictos matrimoniales y
familiares de la mujer que retorna, en la medida en
que sus parejas y familiares intentan restablecer el
modelo de familia con el que se funcionaba antes del
movimiento migratorio, en el que la mujer suele ser
subordinada precisamente en relación a la administración del dinero y de su propio tiempo.
Estas mujeres migrantes terminan desafiando las
nociones de maternidad aquí y allá. En el primer caso,
se las acusa de “malas madres” por “abandonar” sus
hijos, mientras que en el segundo, se las mira como
“portadoras de valores retrógrados”, en relación a la
dedicación casi exclusiva de la mujer a la crianza de
los niños y de la casa. Si se tiene en cuenta que la
noción de maternidad no está predeterminada biológicamente, sino que es una construcción histórica,
social y cultural, se entiende que son tales construcciones las que generan una estigmatización de las
mujeres migrantes como malas madres culpándolas
de la desintegración del hogar, dado que ellas como
eslabón inicial de la migración son tomadas por causantes de la fragmentación inicial del núcleo familiar.
La mujer como proveedora del hogar entra a cuestionar los estereotipos femeninos y masculinos que
suelen imponerse en América Latina. La pregunta
de fondo tiene que ver con el cuidado. ¿Qué es o qué
significa el cuidado? ¿El cuidado paterno corresponde
únicamente a garantizar un bienestar económico para
su familia? ¿Por qué no se habla de un abandono
paterno en el caso de los hombres migrantes, sino
de hombres buenos y trabajadores?
En cuanto a la segunda situación, resulta muy interesante atender a dos perspectivas diferentes planteadas por Arlie Russell, las cuales exploran posibles
explicaciones a la preferencia de algunos padres acerca
del cuidado de sus hijos por parte de mujeres inmigrantes: por un lado, la cuestión de los valores de
crianza y modelos de familia asociados a los latinoamericanos, que a pesar de ser considerados muchas
veces como portadores de una cultura afincada en
el pasado, valores como la dedicación y la figura de
la madre que lo entrega todo por sus hijos, son tremendamente deseables en estos oficios;2 y por otro
lado, y de acuerdo a un argumento menos sonado y
discutido, que plantea que los lazos materno filiales
que establecen las cuidadores inmigrantes con los
niños que cuidan son alimentados por la soledad y
añoranza de los propios hijos. Es decir, se expropia
amor en un lugar para depositarlo en otro, en lo que
sería una cadena de adquisición y apropiación de amor
y cuidado como recursos, develando una situación
en la que las relaciones de dominación colonial en
relación al género, a la clase social y a la etnicidad se
ven implicadas simultáneamente (Russell H., 2008).
47
Ahora bien, las dinámicas de productividad del
sujeto migrante entran a determinar nuevas formas
de organización familiar, influyendo notablemente
sobre las relaciones generacionales. La red social de
apoyo tiene un rol muy importante de soporte aquí,
ya que su reordenamiento permite asumir las funciones que normalmente el migrante haría; además,
es fundamental tener en cuenta que dicha red suele
tomar forma alrededor de las remesas que llegan
desde el extranjero. Es así que abuelas, hermanas,
vecinas, sobrinas y primas construyen un entramado
de relaciones que giran en torno al cuidado de unos y
otros. Esto afecta de manera importante las nociones
de autoridad y lealtad dentro del grupo familiar. En
este reordenamiento, la figura masculina, normalmente, brilla por su ausencia.
Finalmente, cabe anotar que estas mujeres migrantes no solo deben lidiar con la estigmatización como
malas madres, sino que además en su condición como
cuidadoras se ven constantemente sometidas a la
lógica de exclusión característica de las dinámicas del
capital. Esto tiene que ver con lo que señala Vicente
Rodríguez respecto de las mujeres inmigrantes que se
ven casi obligadas a integrarse a las redes de labores
de cuidado, muchas veces para legalizar su situación irregular, pero además para comenzar a ganar
algún dinero, teniendo en cuenta la precariedad de
la situación en la que suelen llegar desde sus países
de origen (Rodríguez, et al., 2010). Esto implica un
sometimiento a las dinámicas del empleo informal,
en donde la condición de irregularidad se impone en
la relación con sus empleadores, lo que se traduce
en condiciones laborales paupérrimas y degradantes.
Así pues, ni siquiera el cuidado y el amor escapan
a la lógica del capital, y en su condición como mercancías tampoco escapan a las dinámicas de exclusión características de este capitalismo globalizado.
Tenemos, entonces, que sobre las mujeres migrantes
recaen diferentes esquemas de dominación. En la
medida en que se las considera responsables principales y protagonistas de la crianza de los hijos, cuando
migran y se ven forzadas a distanciarse de ellos, se
efectúa un movimiento que las convierte tanto en
villanas como en heroínas; malas madres y proveedoras, simultáneamente. A esto hay que agregar el
hecho de que en las comunidades de llegada se las
somete muchas veces a condiciones miserables de
trabajo, donde –paradójicamente– sus valores culturales respecto a la familia son percibidos también
de manera ambigua, como clavados en el pasado y,
sin embargo, deseables.
OTROS TEMAS
Bibliografía
Gil Araujo, Sandra, “Políticas migratorias y relaciones bilaterales
España-América Latina”, en Gemma Punjol, y Anna Ayuzo,
coord., Inmigración latinoamericana en España: el estado
de la investigación, Barcelona, CIDOB, p. 1-27, s.f.
Glick-Schiller, Nina, Linda Basch y Cristina Blanc-Szanton,
edit., “Transnationalism: a new analytic framework for
understanding migration. Towards a transnational perspective on migration: race, class, ethnicity and nationalism reconsidered”, en Annals of the New York Academy
of Sciences, No. 645, p. 1-25, 1992, ‹http://www.academia.
edu/457018/Transnationalism_A_New_Analytic_Framework_for_Understanding_Migration_and_A_Global_Perspective_on_Transnational_Migration_Theorizing_Migration_Without_Methodological_Nationalism›.
Consulta: 26 de septiembre de 2011.
Pedone, Claudia, “Familias en movimiento. El abordaje teórico-metodológico del transnacionalismo familiar latinoamericano en el debate académico español”, en Revista
Latinoamericana de Estudios de Familia, vol. 3, p. 223244, 2011.
Pries, Ludger, “Migración transnacional y la perforación de los
contenedores de Estados-nación”, en Estudios Demográficos
y Urbanos, No. 51, p. 571-597, 2002, ‹http://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=31205105›. Consulta: 4 de noviembre
de 2011.
Rodríguez, Vicente, et al., “Inmigración y cuidados de mayores
en los hogares de la Comunidad de Madrid”, en Informes
Portal Mayores, No. 102, Madrid, Portal Mayores, 2010,
‹http://digital.csic.es/bitstream/10261/24009/1/Informe_Portal_Mayores_102.pdf›. Consulta: 18 de noviembre de 2011.
Russell H., Arlie. La mercantilización de la vida íntima. Apuntes
de la casa y el trabajo, Buenos Aires, Katz, 2008.
Notas
1.
2.
48
La lucha por la ampliación de las licencias de paternidad en
los países de América Latina es casi nula. Se ha avanzado
bastante en el reconocimiento de las licencias remuneradas
de maternidad, sin embargo, el rol preponderante masculino
en la crianza sigue estando anclado a la garantía económica.
Esto debe ser discutido más ampliamente, pues argumentos culturalistas como este han sido promovidos en España,
afirmando una cercanía cultural entre latinoamericanos y
españoles –en relación a la lengua y la religión, por ejemplo–, incluso llegando a nombrar a los inmigrantes de estos
orígenes como los favoritos del siglo XXI. Este argumento,
lejos de ser inocente, esconde argumentos de discriminación
y operaciones de exclusión a otros inmigrantes; en tanto la
promoción de unos es la discriminación de otros, como en
el caso del rechazo a los migrantes de origen musulmán.
RESISTENCIA
División de poderes
en la actual Constitución
del Ecuador
Jorge Luis Chuquimarca Ch.*
Resumen:
El presente trabajo realiza un acercamiento a la visión actual
brindada dentro del Ecuador a los poderes subramificados en el
Estado; analizamos este neoexperimento concebido por la vigente
Constitución al clásico principio de división de poderes.
Palabras clave:
División de poderes, constitución, neoconstitucionalismo, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, participación
ciudadana y control social.
* Estudiante de la Maestría en Derecho, con mención en Derecho Tributario de la UASB-E; Abogado por la Universidad Nacional de Loja.
Contacto: ‹[email protected]›.
49
OTROS TEMAS
La voluntad del poder se presenta en los
más fuertes,más pletóricos, más independientes, más valientes [...]
[…] como voluntad de supremacía.
res para buscar igualdad; es decir, la suma de jefes
ejerciendo el poder (Aristóteles, 2007: 207); pero
un efecto negativo es la existencia de un poder preponderante, incluso entre las autoridades (Carré de
Malberg, 2001: 794).
Este principio de trascendencia histórica divide
el poder desde tres formas (ejecutivo, legislativo y
judicial); esto nos permite diferenciar entre el buen
y mal gobierno (Bobbio, 2003: 238). Es bueno o
positivo cuando disloca de forma equitativa el poder
que posee; mientras que sería malo o negativo cuando
acapare el poder general, sin brindar autonomía plena
a cada micropoder.
Es muy importante esta separación del poder desde
estas tres vías porque solamente el “poder frena el
poder” (Montesquieu, 1972: 142) porque brindar
plenos poderes a uno solo puede causar condición
cegadora por la efervescencia que el poder global
produce en todo aquello que toca. Creemos necesario
la activación sistemática de elementos causantes de
frenos y contrapesos, para evitar que el despotismo
de cualquiera de ellos cree un solo príncipe.
En la Constitución se garantiza la división de poderes; el más sublime postulado de la teoría y práctica
constitucional (Loewenstein 1982: 62).
¿Qué es una Constitución? La concebimos como
un sistema de normas jurídicas, un documento normativo, un conjunto sistemático cuyo aspecto fundamental es el “formal”; o sea, un específico régimen
jurídico (Guastini, 2004: 23-24) cuya fisonomía actual
brindada por el neoconstitucionalismo la enmarca
como principalista; es decir, un principio es norma
fundamental (2010: 74). Además, se requiere reconocimiento de derechos (Atienza, 2010: 452); de lo
contrario, se producirían verdaderos choques al violentarlos. Una buena Constitución sería la que mejor
se adapte a una realidad social, debido a que este
espacio representa el termómetro propicio para buscar
la armonía entre la teoría y las circunstancias fácticas,
ecualizando siempre el balance de la Constitución
entre estas dos esferas; buscando lo que en doctrina
se conoce como balanced constitution (Vile, 2007: 58).
La división del poder se viabiliza cuando cada
subsistema es independiente, y ello permite que se
fiscalicen unos a otros; brindando seguridad de que
cada uno o en conjunto frenen posibles abusos (Jackisch, 1994: 7); esto conducirá a una “práctica política,
razonable y de sentido común” (Pereira, 1978: 126).
La Constitución otorga funciones específicas: el
Poder Legislativo posesiona al Presidente, participa
en la reforma constitucional; expide, deroga, modifica
leyes; controla otros poderes –el Judicial no entra
en fiscalización–; aprueba el presupuesto general del
Estado (Constitución del Ecuador 2008, art. 120),
entre otras; pero debe establecérsele ciertas limitaciones para no ir en contra de la nación y objetivizar
Friedrich Nietzsche
E
lactual marco constitucional ecuatoriano
podría examinarse como uno de los más vanguardistas de la región por todas las acciones
de reestructuración institucional en la colectividad
(Gargarella, 2008: 13). En la Constitución de la
República del Ecuador figura una segmentación de
poderes públicos derivados en: ejecutivo, legislativo,
judicial, electoral, y transparencia y control social;
generando así una novedosa configuración de división
de poderes, que clásicamente era ejecutivo, legislativo y judicial.
Esta división tradicional surgió en contraposición
“de la indivisibilidad del poder del Estado. Un poder
dividido supone el desmenuzamiento del Estado en
una variedad de formaciones políticas” (Jellinek,
1978: 373). Doctrina divisional fundamental porque sostiene la teoría de un Estado constitucional
(373), ya que, aparte de conocer cada atribución,
establece un límite al poder cedido (Foucault, 2004:
93); demarcación necesaria por la estabilidad social
y para ella.
La clásica división de poderes “ha hecho escuela
en los últimos 250 años” (Hoffmann-Riem, 2007:
211); descubrir el tratamiento jurídico dentro del país
representa nuestro objetivo, así como plantear sus
posibles deficiencias; es decir, un estudio analítico al
puzzle (rompecabezas, en ingles) planteado.
El Estado, este Leviatán, es el artífice que organiza la segmentación de poderes en la sociedad, por
cuanto desde su nacimiento ya se gestó un conglomerado social organizado que le brinda poder necesario
para ser gobernados y controlados; se ha pensado
que actúa como vigía y garantista del sistema (Acosta,
1998: 38), nosotros derivamos que su praxis es actuar
como actor principal y no como mero vigía. Más bien,
“puede utilizar la fortaleza y medios de todos [...] para
asegurar la paz y la defensa común” (Hobbes, 2007:
104); poseer fuerza solvente –hablando en términos
de acción– para regular sus propios miembros, permitiendo que no se atrofien; más bien se armonicen
y cumplan a cabalidad cada atribución concedida.
El poder estatal equivale a una máquina diversa
en acción; esta aglomeración unificante ha desatado
mecanismos de ejercicios diversos, tendientes a su
auto sobrevivencia, buscando siempre su adaptabilidad a una forma de gobierno. Es allí donde surge
una Constitución que origina la vida de todo Estado
teniendo como fundamento la distribución de pode-
50
RESISTENCIA
la defensa nacional (Hamilton, 2010: 104), por cuanto
su acción une a poderes en discordia” (Palmer, 2003:
190); su participación es vista como necesaria en la
colectividad.
El Ejecutivo es otro poder clásico, personificado
por la Presidenta o Presidente de la República; gran
detentador y artífice del Estado por intermedio de
la administración pública (Constitución del Ecuador 2008, art. 141); actúa de dos formas para ganar
adeptos: o se hace querer por los ciudadanos por
su gestión o se hace temer instaurando el miedo
(Maquiavelo, 2010: 93) a sus críticos. Este mando
se enfoca en abstraer necesidades sociales, hacerlas
tangibles por medio de todas las instituciones que
constituyen su puntal: veinte ministerios del Estado
ecuatoriano, diez Secretarías Nacionales, ocho Ministerios coordinadores (Presidencia de la República
del Ecuador) y otras instituciones adscritas a este
ramo. El Ejecutivo ha crecido significativamente en
su fuerza planificadora estatal; hoy es casi imposible
que no tenga supremacía sobre los otros poderes.
El Judicial administra justicia (Constitución del
Ecuador 2008, art. 168) por intermedio de todas las
instituciones que lo conforman: Corte Nacional de
Justicia, cortes provinciales de justicia, tribunales,
entre otras (Constitución del Ecuador 2008, art. 178).
Micropoder que es vigía social por cuanto en todo
acontecimiento, es casi imposible que no se cite la
autoridad del juez. Segmento que posee características, como ser: “árbitro [...], pronunciarse sobre casos
particulares y no generales, actuar solo cuando se lo
llame [...]” (Tocqueville, 1985: 66-67).
Un nuevo poder es el de la función de transparencia
y control social, creado con la actual Constitución;
fiscaliza el poder público y es ejercido por el pueblo
mediante el derecho de participación. Está formado
por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría
General del Estado y las superintendencias (Constitución del Ecuador 2008, art. 204). Sus funciones
son designar las primeras autoridades de: la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General
del Estado y Contraloría General del Estado; a los
miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal
Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura
(Constitución del Ecuador 2008, art. 208). Esta función debe controlar a los otros poderes; pero hasta el
momento sus falencias son notorias ya sea porque es
nuevo en la palestra pública o por la simple pantalla
que representa en el Estado.
El quinto nuevo poder es la Función Electoral cuya
ocupación principal es hacer viable el sufragio de las
y los ecuatorianos; también le corresponde la organización política (Constitución del Ecuador 2008, art.
217) dentro del territorio. Se encarga de apuntalar
todo el sistema para que se realice la elección de
los nuevos gobernantes. El pueblo por intermedio
del sufragio ejerce democracia directa; pero solo es
invocado en época de elecciones; el resto del año
inverna largamente.
¿Por qué se ha concebido esta nueva división de
poderes? Todo apuntala a las emergidas expresiones
que se han dado en Latinoamérica con el llamado
neoconstitucionalismo; esta nueva forma de leer
el constitucionalismo determina algunas características importantes en su espectro de aplicación;
entre ellas: sus vigilantes son los jueces, proclama en
superioridad principios, tiene plenos poderes, consta
la ponderación, reclama la argumentación de decisiones públicas (Bernal, 2006: 11-13); es decir, todo
mecanismo estructural parte desde la Constitución.
Ecuador es estado constitucional de derechos y
de justicia” (Constitución del Ecuador 2008, art. 1);
juego de palabras que muestra un nuevo rostro a la
sociedad y al mundo. La categorización de Estado
constitucional de derechos representa una característica constitucional que no ha existido previamente
en la región; en tanto que el complemento de justicia
lo encontramos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (Ávila, 2008: 20).
En Ecuador se formuló un nuevo pacto social
donde los poderes del Estado deben o deberían
encaminarse a que todos los ecuatorianos pongan en
“común su persona y todo su poder bajo la suprema
dirección de la voluntad general y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte
indivisible del todo” (Rousseau, 2010: 39). Pero cada
quien entiende a su manera el poder; a veces se mira
como alejado de la voluntad popular, excluyente y
selectivo; otras veces, privilegio de cierto grupo;
haciendo inviable que se conciba esa dirección general como garantía o verdadera realización del beneficio común, por el interés particular de aglutinar
poder que deriva en un proceso más complejo que
lo querido por la teoría (Ferrajoli, 2011: 90).
¿Cuál es el freno que la función de transparencia
y control social y la función electoral podrían oponer
a los otros poderes clásicos? Si se parte de la concepción de equilibrio y contrapeso, sus acciones serían
evitar la supremacía.
La primera Función ha sido enfocada como simple
pantalla de inacción; su ejemplo es que “las veedurías
gener[an] división en el consejo porque un grupo que
participó como veedores enfrenta ahora un juicio y eso
pone en riesgo el ejercicio de los veedores” (CPCCS);
su participación puede ser tomada como intromisión.
La función electoral ha tenido, igualmente, síntomas negativos. Un ejemplo desastroso representó la
denuncia de la falsificación o suplantación de identidades, antes de los comicios de 2013. El sistema
informático fue manipulado por alguien, debido a la
debilidad del sistema del ente institucional. Tienen
51
OTROS TEMAS
grandes cortapisas debido a que ni siquiera poseen
cruce de información con el Registro Civil, por lo que
el trámite es más engorroso; cuenta con un freno
de actuación del 60%, su discrecionalidad (Rojas y
Zamora) no permite una verdadera actuación o la
libertad de su efectivo desarrollo en lo público.
nal deben ir de la mano. Este objetivo se logrará
cuando los llamados a defender esta seguridad
(administradores públicos y, en primer término,
el pueblo) cumplan otro rol, cuando su actuación
deje de seguir limando los colmillos a los amos
y desciendan al propio pueblo, podríamos estar
hablando, entonces, de una verdadera separación
del poder.
Conclusiones
La actual división de poderes representa un artilugio
doctrinario y jurídico porque “el partido mayoritario
dispone del poder legislativo, dispone, además del
poder que se llama, de manera hipócrita, ejecutivo”
(Castoriadis, 2005: 159); de su lectura nos trasluce
la existencia de un solo gamonal en el Estado el cual
detenta el poder global, siendo los otros micropoderes
simples conductores de esos fines, para repartir los
beneficios a los verdaderos dueños y seguir adormeciendo a la gran mayoría, representada en el pueblo.
La Constitución de la República del Ecuador
distribuye el poder, pero no garantiza el correcto
desempeño de cada función. Esto se sustenta en las
falencias de las dos nuevas funciones que al final de
la línea de acción representan otro engranaje inactivo,
y solo un poder termina siendo supremo jefe, el cual
engulle sin temor a los restantes.
La Constitución es puro instrumento fugaz, siempre
derivado al mejor postor; sus leyes, más que normas
rectoras, se acoplan a la fragua que las forje; por eso,
siempre se habla de enmienda, reforma o refundación;
llamando al soberano a consulta popular, referéndum,
constituyente o cualquier pantomima coyuntural.
El neoconstitucionalismo no ha justificado esta
nueva teoría de división del poder, siendo cómplice o
espectador pasajero que interviene cuando le conviene:
si se trastoca sus impulsos serviles, ayuda a solventar
la tesis; si no, se esconde en sus fachadas doctrinales
Hablar de división de poderes, con el neoconstitucionalismo o sin él, es una verdadera farsa; demostrado está que en la práctica social no hay independencia absoluta; siempre se responde a un metapoder
que maniobra los desmembramientos en el Estado y
ordena cómo se manipulen los demás peones.
Los dos nuevos poderes: la Función Electoral y la
Función de Transparencia y Control Social siendo
un lastre para las restantes funciones. Su acción es
inacción por las mordazas legales, instrumentales
y operativas que tienen. Poseen un celofán débil de
gestión y no un ropaje jurídico fuerte que límite el
quiebre de sus propias aspiraciones.
Se necesita una justa legal práctica para que
la lucha sin cuartel del poder total sea frenada
objetivamente, porque el tan nombrado principio de separación de poderes se encuentra garantizado como norma de rango constitucional; es
decir, tanto la teoría como la práctica constitucio-
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52
RESISTENCIA
Odiseo frente al canto
de la gerencia moderna
una mirada crítica a la evolución
de la teoría organizacional
Marcela Pérez Pazmiño*
Resumen:
En este artículo se analiza cómo los autores que prevalecen en
la defensa de los modelos de gerencia modernos son el producto
de la nostalgia por la Ilustración. Presentaremos algunos de los
modelos más frecuentes de gerencia moderna y los contrastaremos
con el pensamiento de Horkheimer y Adorno quienes aseguran
que persiste el debate entre el mito (que quería ser derrotado) y
la Ilustración que ha creado sus propios mitos.
53
Palabras clave:
Modernidad, teoría crítica, organización,
gerencia, management
* Estudiante del Doctorado en Administración de
la UASB-E; Ingeniera Química por la Escuela
Politécnica Nacional.
Contacto: ‹marcela [email protected]›.
OTROS TEMAS
L
amodernidad no ha terminado. A esta conclusión llega Tenorio (2009) cuando hace
referencia a la separación –o no- entre modernidad y posmodernidad. En efecto, el autor manifiesta que si se reconoce que la modernidad está
conformada por los acontecimientos que tienen
lugar durante el tiempo en que somos sus protagonistas, tendremos que admitir que somos modernos.
Las implicaciones que la época moderna ha tenido
para la gerencia tienen relación con la manera en
que nos aproximamos a los conceptos, las dimensiones y las variables de la misma. Según Tenorio, “No
caso dos estudos organizacionais, a modernidade
através do seu substantivo modernização, promove
a racionalização do processo produtivo, pela incorporação da ciência e da técnica.” (473) “En el caso
de los estudios organizacionales, la modernidad a
través de su sustantivo modernización, promueve
la racionalización del proceso productivo, por la
incorporación de la ciencia y de la técnica”. (Traducción libre de la autora).
En este sentido, el interés de este artículo es revisar algunos de los modelos de la gerencia moderna,
mirarlos a través de la teoría crítica, especialmente
de la obra de Horkheimer y Adorno, Dialéctica de
la Ilustración. Fragmentos filosóficos (1998), para
descubrir que la modernidad, de acuerdo al significado presentado por Tenorio, sigue presente en los
estudios organizacionales, pero creando sus propios
mitos, oponiéndose al pensamiento ilustrado que
creía haber derrotado.
En efecto, el mito se ha configurado en la mente
humana como una protección contra lo desconocido,
pero ha servido también para ejercer dominio sobre
aquellos que se han dejado atrapar por el ancestral miedo a lo oculto, a lo inasible. Horkheimer y
Adorno ya advertían que la repetición obtusa de pensamientos solo conduce a un encierro. “Lo que existe
de hecho es justificado, el conocimiento se limita
a su repetición, el pensamiento se reduce a mera
tautología. Cuanto más domina el aparato teórico
todo cuanto existe, tanto más ciegamente se limita
a repetirlo. De este modo, la Ilustración recae en la
mitología, de la que nunca supo escapar” (80).
Cuando se ha dejado que el miedo domine a la
razón, la humanidad ha caído en oscurantismos, que
no han sido privativos de una época, sino más bien
recurrentes en la historia. El oscurantismo prima
cuando el sujeto ha caído víctima de su propio miedo
a la libertad, siendo presa fácil del dominio de los
poseedores de verdades y fatalistas agoreros del fin
del mundo. Y es aquí cuando resurge el mito. «En el
camino de la ciencia moderna los hombres renuncian
al sentido» (60).
Es así como, la ciencia moderna busca la extirpación de consideraciones teológicas o demoníacas,
mediante la observación de los fenómenos, buscando
la univocidad, la ausencia de contradicciones (Weyl,
citado en Horkheimer, 1972). El progreso se ha conseguido gracias a la racionalidad con que se han tratado
los temas económicos, productivos y sociales, lo que
ha conllevado a un silencio obcecado del sujeto. En
efecto, la modernidad ha buscado el dominio sobre
la naturaleza, con eficiencia, eficacia y productividad,
haciendo que los dominados sean los individuos, bajo
la prevalencia del poder económico.
La caída del hombre actual bajo el dominio de
la naturaleza es inseparable del progreso social. El
aumento de la productividad económica, que por un
lado crea las condiciones para un mundo más justo,
procura, por otro, al aparato técnico y a los grupos
sociales que disponen de él una inmensa superioridad
sobre el resto de la población. El individuo es anulado
por completo frente a los poderes económicos. Al
mismo tiempo, estos elevan el dominio de la sociedad
sobre la naturaleza a un nivel hasta ahora insospechado. Mientras el individuo desaparece frente al
aparato al que sirve, este le provee mejor que nunca
(Horkeimer y Adorno, 1998: 54).
Con ello, se muestra que el progreso económico
ha sustituido al mito demoníaco, haciendo que los
detentadores del poder consigan su éxito, a través, ya
no de enmarañados sortilegios, sino de tareas organizativas y administrativas que son ejecutadas por los
inferiores, que no son dueños del propio resultado
de su oficio. “La impotencia de los trabajadores no
es solo una artimaña de los patrones, sino la consecuencia lógica de la sociedad industrial, en la que se
ha transformado finalmente el antiguo destino bajo
el esfuerzo por sustraerse a él” (61).
Ciertamente, los científicos tradicionales han confiado en los resultados verificables de su labor, de
tal forma que, la teoría producida de esta manera
se integre en órdenes conceptuales que puedan ser
utilizados para “dominar un ámbito de objetos lo más
amplio posible” (Horkeimer, 2000: 31). La separación
entre objeto percibido y sujeto percipiente ha sido
una constante contradicción en la ciencia tradicional;
los científicos tradicionales se han acostumbrado
a ella, considerándola como natural. Esta misma
separación ha tenido lugar en el objeto de estudio
de la gerencia. La división del trabajo, cuyo origen
fue la mejora de la eficiencia de los trabajadores,
a partir de los trabajos de Elton Mayo, comprobó
ser adecuada para el trabajo de los científicos, que
se sienten confortables asumiendo esta supuesta
imparcialidad; “el industrialismo reifica las almas”
(Horkeimer y Adorno, 1998: 81).
La separación de estos dos ámbitos deja a ambos
dañados. En la limitación del pensamiento a tareas
organizativas y administrativas practicada por los
superiores, desde el astuto Odiseo hasta los ingenuos
54
RESISTENCIA
directores generales, se halla implícita la limitación
que invade a los grandes en cuanto no se trata de la
manipulación de los pequeños. El espíritu se convierte de hecho en el aparato de dominio y autodominio con el que lo confundió siempre la filosofía
burguesa (89-90).
Sin embargo, advierte Horkheimer, la vida en sociedad no está sujeta a la división del trabajo, sino que
es “el resultado del trabajo conjunto de las distintas
ramas de la producción” (2000: 32). Pero, mientras
más se inserta el investigador en su campo de estudio,
más se aleja de la verdadera razón del mismo. Se
intenta justificar esta necesidad del investigador de
alejarse del sujeto de estudio a través de su aparente
urgencia de imparcialidad. “Las leyes de la ciencia
moderna son un tipo de causa formal que privilegia el
cómo funciona de las cosas en detrimento de cuál es
el agente o cuál es el fin de las cosas” (Santos, 2009:
25). Así, la ciencia, cuyo fin debería ser la clarificación
del sentido de la vida (la ilusión de la Ilustración),
se ve envuelta en el oscuro deseo de clasificación y
unificación “que es a lo único en lo que todo se funda
y a lo que apunta todo esfuerzo humano” (Horkeimer,
2000: 33).
En los estudios organizacionales no es diferente.
Los pioneros de los estudios científicos de la administración, Taylor y Mayo, estuvieron de acuerdo en
la necesidad de mejorar la productividad a través de
un mejor ambiente laboral, en el que los trabajadores
pudieran rendir más y mejor, proporcionándoles
métodos y técnicas que les evitaran el cansancio. Se
muestra así que el interés no se encontraba en el
bienestar del trabajador, sino en cómo obtener su
mayor rendimiento. Si rendimiento y bienestar eran
directamente proporcionales, no cabía duda de que
la comodidad de los trabajadores debía ser tomada
en cuenta. El utilitarismo con el que se manejaba la
preocupación por los trabajadores es una constante
en el desarrollo de los métodos de gerencia.
En un recorrido por la historia del management,
la revista Harvard Business Review (Kiechel, 2012)
presenta un recuento de los avatares que han sufrido
los cientistas de la gerencia al pretender que la mejora
de la producción se relacionase, directamente, con la
mejora de las condiciones de trabajo de los obreros.
En efecto, Taylor preconizaba que la única forma
de aumentar la productividad de las empresas era a
través de un trabajo metódicamente definido a través
de reglas, principios y leyes que debían conducir a la
máxima prosperidad del empleador.
Sin embargo Taylor consideraba que esta prosperidad no debía desacoplarse de la máxima prosperidad del empleado, la cual se conseguiría mediante
una mejor distribución del trabajo entre obreros y
directivos, que debía ser elaborada por las gerencias
(Kiechel, 2012). Su lucha por mejorar la situación
55
de los trabajadores se vio enfrentada duramente
con el pragmatismo con que fueron adoptadas sus
recomendaciones. La sistematización del método de
medición de tiempos y movimientos ha sido uno de
los mayores logros de la ciencia administrativa, y uno
de los más duros fracasos del incipiente “humanismo”
de su creador.
Con los experimentos realizados por Elton Mayo
en la fábrica Hawthorne, se iniciaron cientos de
ensayos que buscaban mejorar la productividad del
lugar de trabajo, mediante el cambio de condiciones
ambientales. Los estudios de Mayo diagnosticaron
que la mejora dependía no solamente de las condiciones ambientales, sino del trabajo en grupo; los
trabajadores fueron señalados como uno de los más
importantes recursos dentro de la economía empresarial: los recursos humanos (ibid.).
Hasta aquí, nos encontramos en la mitad del siglo
XX. La gerencia o management continuaba siendo
considerada con la tradicional visión burguesa: la
división del trabajo correspondía a la división de
clases. Los estudios gerenciales comprendían que
los cambios debían ser promovidos por la clase dirigente, que era la única capaz de motivar una empresa
eficiente.
Por otro lado, los pensadores críticos, en uno y
otro lado del Atlántico, ponían a las ciencias sociales a mirar al sujeto, no como una herramienta de
producción, sino como objetos “en tanto productores
de sus formas históricas de vida” (Horkeimer, 2000:
79). Denunciaban así, tanto a los científicos como a
los gerentes, por ser los causantes del aniquilamiento
de los valores humanos y prácticos. Los teóricos de
la Escuela de Frankfurt, destapaban la verdadera
intencionalidad de la ciencia tradicional: el mantenimiento del concepto burgués de la sociedad, el
incremento del capitalismo en desmedro del bienestar y de la libertad del ser humano. “Tal como lo ha
demostrado el curso de crisis anteriores, el equilibrio
económico se restaura únicamente sobre la base de
un vasto aniquilamiento de valores humanos y de
valores prácticos” (Horkeimer, 2000: 16).
A pesar de la fuerza de su pensamiento, la teoría crítica no repercutió en los estudios de gerencia,
sobre todo en aquellos que provenían del Norte. El
quehacer académico en las universidades estadounidenses se concentraba solamente en la producción
de fuentes más eficaces para lograr el éxito empresarial. Sin embargo, las corrientes de los estudios
de relaciones humanas en la organización, venían a
traer un aire fresco al, siempre oscuro habitante de la
empresa. Peter Drucker, considerado por muchos el
padre del management moderno, logró una inmensa
notoriedad al proponer que la empresa debía ser un
ganar-ganar (Kiechel, 2012). Si el interés de Drucker
estaba fundamentado en el bienestar del trabajador,
OTROS TEMAS
no era menos cierto que sus estudios estaban encaminados a la organización racional de la actividad de los
trabajadores, liderados, como no, por los managers.
En la más pura tradición tayloriana, Drucker concibió
a la organización como un perfecto campo de batalla,
creado para lograr resultados.
En la carrera por el primer lugar, ni los científicos,
ni los gerentes, ni los empleados pueden dudar que
es más fácil seguir corriendo que detenerse a pensar. Horkheimer percibe contradictoria esta carrera:
es más bien, dice, pereza intelectual esta forma de
comportarse de los científicos. No involucrarse con
el objeto causar muchas menos dificultades, pero el
resultado es una farsa. Esta situación causa mayor
debilitamiento y ceguera del sujeto. “El único resultado previsible de esta situación es el incremento
del poder, las relaciones sociales dentro del espacio
organizacional son inadecuadas para el presente”
(Horkeimer, 2000: 48).
Sin embargo, la situación de estos managers no es
la mejor. Se encuentran sometidos a grandes niveles
de estrés y trabajan más horas del día de las que
probablemente deberían, dada la racionalidad de su
pensamiento, con el fin de alcanzar los resultados que
según el hilo conductor no deberían estar tan lejos
de conseguirse. El pensamiento racional tiene un
límite que está dado por la propia naturaleza de su
concepción: la administración no es racional.
Gran parte del desencanto de los altos ejecutivos
ante el resultado de sus esfuerzos para lograr cambios
se debe a que ven a sus empresas como instrumentos
diseñados para conseguir propósitos específicos, de
modo que cuando tratan de cambiar su diseño esperan cambios predecibles y cuantificables en toda la
estructura. Sin embargo, la estructura diseñada se
entrecruza siempre con los individuos y las comunidades vivas de la organización, para los cuales el
cambio no puede ser diseñado (Capra, 2003: 136).
Por lo contrario, el pensamiento crítico busca en
la racionalidad de la producción humana, no solo el
resultado concreto de su producción, sino al hombre
con todas sus posibilidades (Horkeimer, 2000).
De este modo, la teoría crítica preserva el legado, no
ya del idealismo alemán, sino de la filosofía en general.
No es una hipótesis de investigación que demuestre su
utilidad en la industria dominante, sino un momento
indispensable del esfuerzo histórico por construir un
mundo que satisfaga las necesidades y corresponda a
las fuerzas de los hombres. En toda interacción entre
la teoría crítica y las ciencias especializadas, de cuyo
progreso ha de recibir orientación permanente y sobre
las cuales ejerce desde hace décadas una influencia
liberadora y estimulante, la teoría crítica no apunta en
modo alguno simplemente a la ampliación del saber
en cuanto tal, sino a emancipar a los hombres de las
relaciones que los esclavizan (81).
Entonces, ¿por qué la gestión moderna de las organizaciones se empeña en seguir el curso de la racionalidad? Porque el anhelo de acumulación de poder y
de beneficio solo para los poderosos no escucha otro
llamado más que el de la existencia feliz de los grupos
dominantes. Si se buscase la felicidad de todos los
hombres y la superación de las condiciones sociales
adversas, las organizaciones deberían ser las primeras
en ofrecer las posibilidades para la recuperación de
este sentido primordial, que está en su origen.
A pesar de lo que asegura Horkheimer: “está inscrito en cada hombre el objetivo de una sociedad
racional” (87), el aturdimiento en el que nos hemos
autoencerrado, que proviene de la sobreexplotación
de los recursos para garantizar la disponibilidad de
artefactos suntuarios, nos ha limitado nuestra propia
capacidad para hacernos dueños de nuestra vida. Esta
carrera alocada en la que el que gana pierde, nos ha
convertido en dueños y señores de cascarones vacíos,
en los que hemos convertido nuestras organizaciones. Usándolas como herramientas de dominación,
lo único que hemos conseguido es nuestra propia
perdición, pues los cantos de sirena que atormentaron a Odiseo nos han conducido a odiar aquello que
deberíamos amar, que es nuestra propia creación.
El creador odia su creación porque mira en ella sus
propios errores, su propia fealdad. ¿Seremos capaces
de superar el mito?
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REVISTA DE LOS ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR
número 3
diciembre de 2013
RESISTENCIA / número 3
REVISTA DE LOS ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR
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