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LA FORMA SINDICAL EN LATINOAMÉRICA
MIRADAS CONTEMPORÁNEAS
Editores:
Paula Abal Medina
Bruno Fornillo
Gabriela Wyczykier
N U E VA
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La forma sindical en Latinoamérica
Abal Medina Paula, Fornillo Bruno, Wyczykier Gabriela
La forma sindical en Latinoamérica. Miradas contemporáneas
-1a ed. - Buenos Aires : Nueva Trilce, 2012. 414 p. 23x16 cm.
ISBN 978-987-281903-3
1. Sociologia. 2. Trabajo
Fecha catalogacion 20/12/2012
© 2012 Nueva Trilce Editorial
www.nuevatrilce.com.ar | [email protected]
Primera edición: Diciembre 2012
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra bajo cualquier
método, incluidos la reprografía, la fotocopia y el tratamiento digital, sin la
previa y expresa autorización por escrito de los titulares del copyright.

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LA FORMA SINDICAL EN LATINOAMÉRICA.
MIRADAS CONTEMPORÁNEAS
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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¿El regreso de la patria minera en Bolivia? El sindicalismo revolucionario durante el primer gobierno del Movimiento Al Socialismo
Bruno Fornillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Las organizaciones sindicales campesino-indígenas y los
pueblos originarios de Bolivia en el proceso de cambio
Magdalena Cajías de la Vega . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Sindicalismo y precariedad laboral: apuntes para pensar la acción
gremial de base en la Argentina de la postconvertibilidad . . . . . .
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattin . . . . . . . . . . . 55
Sindicalismo y mundo trabajador en la Argentina reciente
Paula Abal Medina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
“El sindicalismo ante los gobiernos de la izquierda. Uruguay 2005-2010”
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato . . 155
Los trabajadores y el sindicalismo en Chile: nuevas expresiones a
inicios del siglo XXI
Antonio Aravena Carrasco . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Implicaciones sociopolíticas del surgimiento de la Central
Única de los Trabajadores (CUT) en Brasil
Iram Jácome Rodrigues . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Sindicalismo y desigualdades raciales en Brasil
Pedro C. Chadarevian . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Trabajo y sindicalismo en Brasil durante el gobierno Lula
Mario Henrique Ladosky . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
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La forma sindical en Latinoamérica
“El suelo bajo los pies”. La memoria sindical en la configuración identitaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
Blanca S. Fernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Nueva Geografía de la Guerra y la Resistencia:
Los Trabajadores de la Frontera Norte de México en el siglo XXI
Edur Velasco Arregui . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Revitalización territorial de los movimientos laborales tras la invasión
neoliberal
Juan Carlos Celis Ospina . . . . . . . . . . . . . . . . 371
El desarrollo del sindicalismo docente en América Latina.
Un ensayo sociológico.
Julián Gindin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
○
Introducción
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La forma sindical en Latinoamérica
Miradas contemporáneas
Introducción
En el último tercio del siglo XX la relación entre capital y trabajo se ha
transformado profundamente como consecuencia de la irrupción de una
nueva lógica mundial que puede ser denominada como capitalismo financiero transnacional. En América Latina, el neoliberalismo conjugó terrorismo
de estado y virulentas represiones con procesos hiper-inflacionarios, altos
niveles de desempleo y precarización del trabajo, amplificando las asimetrías sociales. La resultante de décadas sostenidas de políticas de “libre
mercado” fue la masificación del trabajador desocupado o empobrecido, con
derechos impedidos y organizaciones sindicales devastadas. Ciertamente,
los sectores subalternos sufrieron el impacto profundo sobre su condición de
trabajadores y, particularmente, en sus relaciones, formas de organización
y modos de politización y disputa social.
Como punto de partida concebimos la forma sindicato como la expresión
legitimada socialmente de existencia colectiva del trabajo. El sindicalismo, aun en su diversidad ideológica, se constituyó en la institucionalidad
privilegiada, cuando no exclusiva, de reconocimiento y visibilización de lo
subalterno.
En nuestro tiempo, como resultante de un proceso de varias décadas,
la forma sindical se encuentra atravesada e interpelada por una realidad
social latinoamericana que la desborda ampliamente. Un proceso complejo
que involucra retirada/cesión sindical; imposibilidad de abarcar conjuntos
de trabajadores que perdieron los rasgos de visibilidad, duración y estabilidad, bajo los cuales se hacía efectiva la representación; y desfasaje entre
las formas sindicales de la periferia local y los movimientos globales de las
empresas multinacionales.
Durante la última década, sin embargo, tuvieron lugar, en varios países
de la región, procesos de recomposición laboral y política que adquieren
cada vez mayor visibilidad y contornos que crecen en nitidez. Dichos
procesos nos permiten reflexionar sobre cómo es desafiada, tensionada,
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La forma sindical en Latinoamérica
modificada y/o complementada la forma sindical. En definitiva, la recomposición subalterna pone en crisis lo existente y abre senderos de mutación
de las formas vigentes.
Una estrategia de desconexión relativa, como define Samir Amin, respecto del capitalismo financiero transnacional, permite atenuar y resistir
la magnitud descomunal de asimetrías de esta fase capitalista, infiltrando
localmente rupturas con el neoliberalismo, creando condiciones de posibilidad para un nuevo momento político. Gobiernos como los de Evo Morales,
en Bolivia, Rafael Correa, en Ecuador y Hugo Chávez, en Venezuela, han
permitido reconfigurar la dinámica de relación entre capital y trabajo y
con ello otorgar un nuevo protagonismo de los trabajadores y lo popular.
También resultan significativas las transformaciones que tuvieron lugar
con la llegada de Luis Ignacio Lula, al gobierno de Brasil, de los Kirchner
en Argentina y del Frente Amplio en Uruguay.
Por el contrario, y con consecuencias verdaderamente dramáticas, los
trabajadores de México y de Colombia siguen padeciendo la composición
represiva y expulsiva del neoliberalismo. Matanzas y asesinatos de trabajadores y militantes sindicales y empobrecimiento desmesurado de las
poblaciones, no sólo persisten, sino que se han intensificado alcanzando
niveles impensables. En este sentido, el artículo de Edur Velazco Arregui,
que incluimos aquí, además de un trabajo de valor sociológico e histórico, es
un testimonio indispensable y una denuncia política de los padecimientos
de la región.
Allí donde la organización popular logró sedimentar ciertas transformaciones, aunque acechadas por las fuerzas conservadoras internas
del sindicalismo y los dilemas y contradicciones del orden internacional
vigente, que se instalan también en sus propias construcciones, la forma
sindical está siendo resignificada.
En este escenario, algunos de los interrogantes que animaron la
escritura y atraviesan los diversos artículos que componen este libro
pueden distinguirse del siguiente modo: ¿qué rasgos fue adoptando la
forma sindical en las últimas décadas? ¿Cómo está siendo desafiada en las
experiencias cotidianas de los trabajadores? ¿Qué articulaciones y procesos
de recomposición subalterna se crean entre trabajadores y otros sujetos
sociales? ¿Qué institucionalidades emergen?
Con estas inquietudes, el área andina es abordada de manera específica
por tres artículos, dos de ellos dedicados a Bolivia y el restante, a Ecuador.
De modo evidente, los países que se emplazan sobre la columna vertebral
de América Latina, la cordillera de los Andes, tienen, como característica
singular, el hecho de que la dimensión étnica adquiere un protagonismo
decisivo. Es por esta vía que es posible comprender las complejas imbricaciones que la forma sindical “moderna” posee con la mucho más antigua
Introducción
9
“forma comunidad”. Tal es la mixtura, en la que la rotación de cargos, propia
de la matriz comunitaria, es paralela, por ejemplo, a la elevación de los
pliegos petitorios, típica del siglo pasado, que en un clásico como We eat the
mines and the mines eat us, June Nash postuló que sólo por esa mixtura
es posible explicar el grado de radicalidad que expresa el sindicalismo
boliviano; el cual ha sabido co-gobernar el país o dar por tierra al ejército
oficial en la Revolución Nacional de 1952. A la par que los artículos abordan
la relación Etnia-clase, comunidad-sindicato, temporalmente están situados
de manera central en el despuntar del siglo, y reflejan la experiencia de
gobiernos de carácter progresista de los más activos del subcontinente
fuertemente permeables a las incidencias de los sectores populares.
El artículo de Magdalena Cajías, “Las organizaciones sindicales campesino-indígenas y los pueblos originarios de Bolivia en el proceso de cambio”,
destaca un elemento medular para comprender la dinámica política del
país andino-amazónico: la lenta pero no poco decidida conformación de
las organizaciones indígena-campesinas. Ahora bien, Magdalena Cajías
presenta, de manera clara, sintética y profunda, las múltiples vertientes
que fueron confluyendo en lo que llama un “bloque social, indígena, campesino, obrero y popular”, para explicar la genealogía organizacional del
gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). En otras palabras, el artículo
indaga sobre la emergencia del sindicalismo campesino independiente, a
principios de la década de los setenta, explicando las corrientes kataristas
y clasistas, en su seno, así como su peso específico en la resistencia a la
dictadura y en la lucha por el retorno a la democracia. Se analiza también
cómo, en las décadas de los ochenta y noventa, el sindicalismo campesino
pasó por profundas etapas de crisis y aislamiento, pero, al mismo tiempo,
de voluntad de articulación de su movimiento con los otros sectores obreropopulares, especialmente con la Central Obrera Boliviana (COB). Será este
proceso, postula la autora, el que derive en la voluntad de construcción de
un instrumento político que incorpore al resto de los sectores sociales populares bolivianos. Primero el Instrumento por la Soberanía de los Pueblos,
y después, el MAS, convirtieron a las organizaciones de matriz campesina
e indígena en un actor político central y, desde el poder, conquistaron una
suerte de hegemonía para la construcción de una nueva Bolivia.
Seguidamente, el artículo de Bruno Fornillo, “Historia reciente del
sindicalismo obrero en Bolivia”, aborda la dinámica del ala sindical clásica,
la federación de mineros y la COB. El trabajo, realizado principalmente
en base a fuentes primarias, procura dar cuenta del tránsito del sector
obrero minero boliviano -núcleo proletario central del siglo pasado- desde
la aplicación de las reformas estructurales del año 85, cuando se cierran las
principales minas estatales, a la actualidad. El escrito postula que durante
el “evismo” la acción colectiva del sector minero fue central para forzar la
10
La forma sindical en Latinoamérica
nacionalización de la principal reserva estañífera del país, trayendo consigo
una nueva elite de gestión ministerial en el área. A su turno, presenta
el recorrido trazado en tiempos recientes por la antes fortísima COB.
Aunque su carácter opositor en relación con los gobiernos neoliberales
pareció encontrar una línea de continuidad para con la actual gestión de
gobierno, esta perspectiva no ha sido la dominante: por primera vez en
su historia el ente matriz de los trabajadores se ha subordinado al campo
de articulación popular comandado por el sector campesino e indígena,
mostrando a las claras su lugar prioritario en la Bolivia de hoy. Dicho
esquemáticamente, si los dos artículos dedicados a Bolivia caracterizan
la hora actual, sin descuidar las historizaciones cuando son necesarias,
el primero lo hace desde el ala sindical indígena-campesina y el segundo
desde el ala proletaria clásica, minera.
La lógica sindical ecuatoriana queda a cargo del artículo de Blanca
Fernández, El suelo bajo los pies. La memoria sindical en la configuración
identitaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador”.
Entre mayo y junio de 1990, el Ecuador amaneció con una incuestionable
mayoría indígena movilizada en los parques y carreteras. El episodio es
liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE), una organización que nuclea al 75% de la población indígena
del país. La CONAIE, desde entonces, logró una alta influencia de alcance
nacional en la lucha contra el neoliberalismo. La autora propone, para
esta organización central en el proceso político ecuatoriano, que en su
plataforma de lucha se registran elementos que indican una clara influencia sindical de matriz clasista y otros de carácter étnico-cultural, ambos
convergentes en la demanda del Estado Plurinacional, que recientemente
se ha concretado en la letra de una nueva Constitución. En este sentido,
el principal movimiento social del Ecuador representa un claro exponente
de institucionalidad emergente, al mismo tiempo que recrea prácticas,
demandas y discursos del sindicalismo de izquierda que subyacen en los
orígenes de las organizaciones en la “Sierra ecuatoriana”. Dicha herencia,
sostiene, ha teñido su relación con el Estado a partir de una tensión entre
la demanda de integración y la de autonomía. Empero, no podría plantearse
una tensión equivalente frente a un Estado en descomposición (defensor del
modelo neoliberal) con el modelo de Estado hoy vigente, que ha recuperado
su rol planificador e intervencionista a partir de la renovación de sus
estructuras. En este artículo, entonces, se realiza un breve recorrido por
la historia organizativa de la CONAIE, para luego comparar esa tensa
relación entre el movimiento y el Estado, tanto en la etapa neoliberal (que
delimita entre 1990 y 2006), como en la nueva gestión de Rafael Correa,
de vertiente desarrollista.
Introducción
11
La imbricación entre las tensiones raciales y la forma sindical no es,
claro está, privativa del área andina, también forma parte de la urdiembre
político-cultural de Brasil. En su artículo, titulado “Sindicalismo y desigualdades raciales en Brasil”, Pedro Chadarevian se propone demostrar, a
partir de un análisis de carácter estadístico, la relación que se aprecia entre
la creciente presencia de los sindicatos en la economía verde-amarela y la
disminución de las desigualdades y el racismo en el mercado de trabajo. El
autor busca así contrarrestar el “dogma liberal” sostenido por la tradición
de los economistas conservadores, que reniega del impacto favorable que
puede tener la acción sindical sobre el bienestar de los trabajadores. Sobre
la base de una encuesta nacional domiciliaria anual que se realiza en todo
el país, Chadarevian destaca que la mayor presencia de trabajadores negros
se encuentra en los sectores de la economía menos sindicalizados; y que el
sector más dinámico -como el ala industrial ligada a la competencia internacional, demandante de alta calificación laboral- es el que presenta una
menor proporción de trabajadores negros, tornando patente “la tendencia
de los sectores más dinámicos (…) a mantener a los negros segregados a los
puestos más precarios”. De manera correlacionada, el autor muestra que en
Brasil las diferencias salariales son siempre desfavorables para los negros,
incluso con independencia del sector económico; distancia que disminuye
en aquellos rubros en los cuales la tasa de sindicalización es pareja con la
de los blancos. En este sentido, su estudio permite acercar evidencias con
respecto a la importancia de la organización sindical en la disminución
de las desigualdades salariales al interior de las empresas, pero también
para atenuar las consecuencias del racismo, entendido “como fenómeno que
determina la jerarquización racial de los trabajadores”.
Continuando con el caso brasilero, y persiguiendo el propósito de historizar la dinámica local de la forma sindical, el trabajo de Iram Jácome
Rodrigues, titulado “Implicaciones sociopolíticas del surgimiento de la
Central Única de los Trabajadores en Brasil”, busca comprender un hecho
clave: las formas de protagonismo que adquirieron los trabajadores hacia
finales de los setenta en Brasil, fermento del proceso de constitución de
la nueva central sindical (CUT) y del Partido de los Trabajadores (PT). El
autor analiza los idearios y acontecimientos que habilitaron el movimiento
huelguístico de 1978 y la doble dimensión de las luchas obreras de aquellos
años; al mismo tiempo, contra el régimen autoritario que se impuso tras
el golpe de 1964 y contra la antigua estructura sindical. Son, por tanto,
acciones de movilización y protesta que van destilando las vertientes que
convergen en un nuevo sindicalismo, no exento de tensiones: sindicalistas
combativos, grupos de izquierda y sectores vinculados a la Iglesia Católica;
institución central en tanto catalizadora de las aspiraciones populares. En
suma, la tesis que subtiende el escrito propone que el movimiento sindical,
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La forma sindical en Latinoamérica
emergente durante la etapa que se inicia con el movimiento huelguístico
de 1978, se vinculó estrechamente con los derechos de ciudadanía, y por
ello puede ser visto como una expresión de las aspiraciones más generales
de la sociedad civil.
De manera concatenada, el artículo de Mario Henrique Ladosky,
“Trabajo y sindicalismo en Brasil durante el gobierno de Lula”, avanza ya
sobre los frutos del anterior; más cercano en el tiempo, aborda el Brasil
de hoy. En efecto, este escrito nos presenta un conjunto de inquietudes
alrededor de la relación entre la Central Única de Trabajadores, principal
central sindical brasilera, y el gobierno nacional lulista que despunta en
el año 2002. Bajo este interés, Ladosky enseña los antecedentes organizativos de la CUT, analiza su creación y crecimiento en los inicios de los
‘80 y la reconfiguración de la “CUT-movimiento” a la “CUT-institución”
a partir de los años ‘90, década en la cual se profundizan las reformas
neoliberales. A su turno, los primeros pasos del gobierno lulista, sostiene
el autor, produjeron una fuerte tensión entre las distintas corrientes de
la CUT, gestada por las “diferentes perspectivas y expectativas” abiertas,
produciendo rupturas y alejamientos en su seno. A través del análisis del
Foro Nacional del Trabajo, impulsado por el gobierno en el año 2003, y
de la reforma sindical, el texto nos muestra un conjunto de cambios que
ocurrieron en la regulación y organización de los sindicatos, entre las que
se destaca el reconocimiento legal de las distintas centrales sindicales;
hecho que impactó en la fortaleza interna de la CUT. En suma, a través de
su escrito, Ladosky persigue abonar a la reflexión acerca de las tensiones,
contradicciones y logros que pueden acontecer en los gobiernos populares
que mantienen una fuerte alianza con sectores sindicales, teniendo en
cuenta tanto las presiones que provienen de los sectores patronales como
así también las del propio movimiento obrero.
En el artículo “El sindicalismo ante los gobiernos de izquierda. Uruguay
2005-2010”, Luis Senatore y Gustavo Mendez ubican como central la relación y posición de los sindicatos uruguayos con respecto al gobierno del
Frente Amplio, considerando el vínculo que históricamente han mantenido
las organizaciones de trabajadores con los partidos de izquierda. Para ello,
proponen inicialmente una recorrida histórica de este vínculo, mostrando
que ha estado signado por una “mutua autonomía de las organizaciones
sindicales y partidarias” a lo largo del siglo precedente. El debilitamiento
del movimiento sindical, en su ámbito específico de acción durante los
años 90, reflexionan Senatore y Mendez, tuvo como contrapartida su
reposicionamiento en el espacio político, “constituyéndose en la más firme
y persistente oposición a las reformas pro-mercado impulsadas por los
gobiernos de coalición de los partidos tradicionales”, y siendo el Frente
Amplio el aliado político por excelencia.
Introducción
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En la actualidad, aseguran los autores, la relación entre el Frente
Amplio y los sindicatos puede ser pensada bajo el influjo de tres figuras
centrales, que denominan “interconexión directriz”, “sintonía programática” y “coincidencia táctica”. Estas figuras reenvían fundamentalmente
a la presencia de miembros de partidos de izquierda en la dirección del
movimiento sindical y viceversa; a la cercanía o yuxtaposición en las formulaciones programáticas de ambos actores y al nivel de concordancia en el
posicionamiento frente a problemáticas concretas del país. Así, los autores
se involucran directamente en el análisis de las medidas impulsadas por
el gobierno de izquierda desde el año 2005, particularmente teniendo en
vista la regulación de las relaciones laborales. Entre ellas, contando el lugar
central que pasó a ocupar el Ministerio de Trabajo, se distingue la intensificación y extensión de las negociaciones colectivas a distintos sectores de la
actividad económica, la gestación de una serie de leyes y normas laborales
que atendieron demandas de los trabajadores y los sindicatos; cambios
que, entre otros, operaron en la regulación de las relaciones laborales y
alentaron un proceso de “revitalización sindical”.
El artículo de Paula Abal Medina, “Sindicalismo y Mundo Trabajador
en la Argentina reciente”, aborda la actual paradoja que atraviesa la forma
sindicato en Argentina: su mayor gravitación y eficacia al analizar la
situación de los trabajadores registrados y convencionados; la cada vez
mayor tensión y disputa interna puesta de manifiesto en sus crecientes
niveles de atomización y también vinculada con la relación particular que
históricamente asumió el sindicalismo con los gobiernos peronistas y, en la
actualidad, con el kirchnerismo; y, finalmente, los profundos límites para
reconocer, e inscribir en su institucionalidad, los cambios estructurales
que desde mediados de los setenta registra el mundo trabajador. Con el
propósito de brindar elementos para comprender la actual paradoja, la
autora reconstruye los rasgos que permiten singularizar la forma sindicato,
originada temporalmente hacia mediados de la década del cuarenta con la
irrupción del peronismo y la experiencia nacional-popular. Posteriormente,
analiza las diversas rupturas que, como consecuencia de la irrupción represiva del neoliberalismo, fueron sufriendo la forma sindicato y el mundo
trabajador. La resultante de la virulenta consolidación neoliberal es el
desfasaje abismal que se produce entre ambos. Y por eso la forma sindicato
queda como neutralizada, encogida, impermeable frente a una realidad
viva desbordante y brutal. A veces, incluso, es puro extrañamiento y el
sindicalismo, una institucionalidad invertida, como en los momentos en
que se consolidó el sindicalismo empresarial. Empero, Paula Abal Medina
afirma que entre los años 2001 y 2003 surge un nuevo ciclo social, sindical
y político que produce rupturas significativas respecto del neoliberalismo
-sin descontar que la fase actual del capitalismo financiero transnacional
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La forma sindical en Latinoamérica
no deja de acarrear sonadas continuidades-, y reconstruye los contornos y
los trazos gruesos de los modelos sindicales y proyectos de sociedad que se
asoman en nuestro tiempo actual.
Por su parte, el artículo de Mariana Barattini y Gabriela Wyczykier
tiene como interés fundamental interrogarse sobre las acciones de base
llevadas adelante por colectivos de trabajadores organizados en torno a la
precariedad laboral en la Argentina durante la última década. Dicha problematización cobra relevancia, sostienen las autoras, en un contexto signado
por la existencia de una serie de tendencias que muestran continuidades y
rupturas con respecto a la etapa neoliberal anterior. En efecto, se advierte
que tras la crisis económica-política y social, que tuvo lugar en la Argentina
a fines del 2001, convivió una cierta recuperación económica y del empleo
con la persistencia de relaciones precarias de trabajo; ciertamente, en un
marco de resurgimiento de las acciones sindicales organizadas que fueron
cobrando mayor protagonismo desde el año 2004.
El escrito busca de este modo contribuir a las reflexiones académicas y
políticas que observan en las inserciones laborales precarias un conjunto
de modalidades divergentes de transitar la experiencia de trabajo, las
cuales condicionan y afectan la dinamización de las relaciones colectivas
de trabajo y la representación gremial y política. A pesar de ello, en la
década observada se ha advertido la aparición de experiencias de carácter
sindical que han desarrollado estrategias para afrontar colectivamente
el proceso de individualización de la trayectoria vital a la que confina la
precariedad laboral. Con esta inquietud, Barattini y Wyczykier analizan los
atributos, potencialidades y limitaciones de estos procesos de colectivización
político-sindical, problematizando la precariedad y al trabajador precario
como sujeto político. Empíricamente, el escrito se centra en un conjunto
de experiencias que dan cuenta de acciones gremiales tanto en el sector
industrial como en el sector servicios de la economía. Para el primero, se
destacan las acciones gremiales que fueron impulsadas en forma atomizada
por delegados y trabajadores de base con determinada trayectoria política y
sindical desde los lugares de trabajo, y que han contenido las contrataciones
eventuales y la situación de los trabajadores tercerizados. En cuanto al
sector servicios, se analiza la experiencia de trabajadores de consultoras de
mercado y políticas, y la experiencia de la organización de los trabajadores
mensajeros y cadetes. Actividades, ambas, que mostraron un espectacular
crecimiento luego de la crisis del 2001 sucedida en Argentina.
Vale señalar la complementariedad que existe entre los artículos de
Abal Medina y el de Wyczykier y Barattini, en la medida en que éste último
aborda fundamentalmente las experiencias de los activismos y militancias
gremiales de los lugares de trabajo, mientras que el primero se plantea un
abordaje más ‘desde arriba’ al analizar las concepciones de los dirigentes de
Introducción
15
las centrales y/o los principales nucleamientos sindicales que participaron
de los procesos de resistencia al neoliberalismo.
El texto de Antonio Aravena Carrasco problematiza las expresiones
de los trabajadores y el sindicalismo en Chile en los albores del siglo. En
esta dirección, el autor presenta un breve recorrido sobre el sindicalismo
local desde los años 80’ en adelante, para luego concentrarse en algunas
experiencias y conflictos sindicales concretos de la última década. Así, Carrasco procura desestimar los diagnósticos que vaticinaban el debilitamiento
progresivo de las acciones sindicales en la región tras la era neoliberal, sin
por ello suponer que los mueve “una potencialidad política inherente”, o que
simplemente estaríamos frente a “una institución centrada en su función
económica”; mostrando, por el contrario, la significatividad de las acciones
colectivas organizadas por ciertos sectores laborales en el último quinquenio.
Concretamente: las dinámicas sindicales en el sector minero, forestal y
agrícola; de multitiendas y supermercados; las experiencias del sindicato
de Unilever y del sector público chileno, dieron cuenta de movilizaciones
masivas y ciclos de huelgas que revitalizaron la acción sindical; catapultando al movimiento obrero a la agenda social y mediática, más allá de sus
elementos comunes y divergencias. El estudio de los conflictos y estrategias
sindicales permite observar nuevas tendencias en la actualidad de las
organizaciones sindicales de Chile, reinstaladas nuevamente en la sociedad,
no sólo para “adecuarse a las condiciones políticas y económicas existentes,
sino que se han involucrado con propuestas, de manera crítica y creativa”.
Ahora bien, el artículo “Nueva geografía de la guerra y la resistencia
social de los trabajadores: México en el siglo XXI”, de Edur Velazco Arregui,
nos trae a colación otro panorama: el signado por la acción sindical en
contextos de alta militarización y violencia social. En México, del año 2006
a la fecha, en la guerra por la oligopolización de la economía sumergida,
han sido ejecutadas 22 mil 743 personas. A lo anterior hay que agregar
una de las tasas más altas de accidentes mortales de trabajo del mundo.
Edur Velazco Arregui propone, entonces, considerar el carácter medular
de la guerra, fuera de la fábrica y dentro del centro de trabajo, a la hora
de tipificar el ambiente determinante que envuelve a la dinámica sindical
local. La Ciudad en donde se han concentrado la mayoría de las víctimas
de este ciclo de violencia es Ciudad Juárez, Chihuahua; y la inmensa
mayoría de las víctimas han estado vinculadas a familias de trabajadores
de la industria maquiladora, o han sido ellas mismas parte de la población
trabajadora de la región. El escrito, presenta una reconstrucción de la forma
en que los núcleos urbanos de trabajadores, en distintos escenarios de la
guerra, van construyendo un tejido social de solidaridad y resistencia.
Juan Carlos Celis Ospina, autor colombiano, en su artículo “Revitalización territorial de los movimientos laborales tras la invasión neoliberal”,
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La forma sindical en Latinoamérica
busca traer a colación un panorama de las alternativas que construye el
sindicalismo en la actualidad, fruto de una mirada teórica y macro. Esas
nuevas formas están signadas en Latinoamérica por tres dimensiones
claves: una nueva concepción de la ciudadanía, la organización en red, y
la territorialización. La primera acarrea una “invasión de la democracia”
en los procesos de trabajo; la segunda, la construcción de una alternativa
organizada a nivel global frente a la natural globalización del capital;
la última, la territorialidad, uno de los temas más relevantes en las dos
últimas décadas, afirma Ospina, puesto que la globalización, la reestructuración productiva, el nuevo papel del poder local, la llamada nueva
cuestión social y la problemática medioambiental aunaron las lógicas del
trabajo y el sindicalismo al territorio. Por esta vía, el escrito aporta a los
debates contemporáneos acerca de la posición estratégica que asumen
los trabajadores y los sindicatos y la revitalización de las organizaciones
laborales.
Julián Gindin elaboró el único artículo que nos ofrece una mirada transversal de uno de los actores sindicales más significativos del continente:
el gremio docente. En efecto, su presentación lleva adelante un análisis
comparativo de la génesis y evolución histórica de las organizaciones
sindicales docentes en el sector público de enseñanza básica en Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, México y Venezuela; observando tendencias comunes
y divergentes. Al respecto, el escrito nos muestra cómo la actividad docente
y sus organizaciones de representación laboral estuvieron vinculadas en las
primeras décadas del siglo XX a las políticas de regulación estatal de las
condiciones de trabajo y de la actividad sindical. El papel político y social
de las mujeres que ingresan progresivamente al mercado de trabajo en
las décadas del 50 y 60 modifica los “contornos” del cuerpo docente, fortaleciendo la apreciación del trabajo docente como un segmento asalariado
común a otros, contribuyendo ello, por otra parte, y como destaca el autor,
a “transformar el horizonte de acción reivindicativa de una ocupación
femenina como la docencia”. Hacia fines de los años 50, Gindin destaca el
clima político favorable presente en casi todos los países para la acción del
gremio. Más temprano que tarde, la lucha contra las dictaduras militares
por la recomposición salarial movilizó a los docentes, politizó las demandas
gremiales, y colocó en el centro de la escena a las corrientes más radicalizadas (habiendo sufrido en países como Argentina y Chile medidas represivas
y asesinatos). Con la vuelta a la democracia, la implementación de las
reformas neoliberales de los años 90’, si bien afectó al sistema educativo
y a las condiciones laborales docentes, no limitó el crecimiento de esta
fuerza de trabajo en varios países. Se advierte, puntualiza el autor, una
supervivencia de la tradición sindical, y la posibilidad de agregar intereses,
fruto de condiciones reguladas por estatutos generales de la actividad, y
Introducción
17
por la presencia de grandes empleadores, como resultan las provincias y los
estados nacionales. Ello contribuyó a que el sindicalismo docente se colocara
en mejores condiciones estructurales que el resto de las organizaciones
sindicales.
La resignificación de la forma sindicato en la última década nos permite,
en definitiva, reflexionar sobre la articulación entre movimiento obrero y
movimientos sociales, la reemergencia y vitalización de la militancia y organización de base de los trabajadores; las tensiones, a veces creativas, que
redefinen nuevas relaciones entre gobiernos y movimientos; la reposición
de la matriz nacional-popular y las nuevas contradicciones que surgen
entre capital y trabajo; la articulación político sindical entre lo étnico, lo
campesino, y el trabajador urbano.
Hoy por hoy, las organizaciones sindicales parecen cabalgar al ritmo de
varios mundos: desde aquel marcado por el pasado sindical clásico, ligado
a los procesos de industrialización, el mercado-internismo y la política de
masas, pasando por la fisura que propició el neoliberalismo en el mundo
del trabajo, hasta el actual y sinuoso escenario cuya composición final es
aún un enigma, pero que no deja de tener por actor central a gobiernos que
aseguran defender las conquistas de las clases subalternas. Los artículos
que siguen, desde una mirada contemporánea, se lanzan entonces a problematizar estas condiciones sociohistóricas y políticas que acompañan a
la forma sindical latinoamericana.
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La forma sindical en Latinoamérica
Bruno Fornillo
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¿El regreso de la patria minera en Bolivia?
El sindicalismo revolucionario durante el
primer gobierno del Movimiento Al Socialismo
Bruno Fornillo
UBA - CONICET. Dr. en Ciencias Sociales (UBA), Geopolítia (Paris VIII).
“Si usted quiere ser diputado tiene que ir a hacer campaña para
que voten por usted, y a todas las clases va a ir a decir: ‘Yo voy a
hacer esto, y quiero hacer esto, esto y esto; y quiero que voten por
mí’. En la federación de mineros la democracia era al revés, las
bases decían: ‘Yo quiero que mi dirigente minero sea él’. Y muchas
veces, ése decía: ‘Yo no puedo compañeros, por favor. No me tomen
en cuenta’. ‘Tiene que ser’. Entonces aquí la democracia era que la
base era la propietaria de las decisiones y el dirigente se convertía
en el portavoz de ellos”. Edgar Ramírez Santiesteban, ex Secretario
General de la COB, actual Director de Archivos Históricos de la
Corporación Minera de Bolivia.
La Central Obrera Boliviana, surgida luego del triunfo militar de los
trabajadores mineros sobre el ejército oficial en la Revolución Nacional del
52, cifró la historia boliviana del siglo XX y supo ser uno de los sindicatos
más potentes de Latinoamérica. Su acción colectiva producía un inmediato
“efecto estatal”, y las determinaciones ideológico-políticas de la medular
Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivia (FSTMB) volcaban
la “irradiación obrera” de sus 60.000 trabajadores sobre cada uno de los
ámbitos laborales del país1. Claramente: luego del 52, la matriz sindical se
1 La solidaridad colectiva del sindicato minero se relacionaba con características
específicas del proceso de trabajo: 1) La concentración de enormes volúmenes
de medios de trabajo y de fuerza de trabajo para llevar adelante una producción
Bruno Fornillo
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La forma sindical en Latinoamérica
constituirá en el molde de la institucionalidad colectiva del país andinoamazónico, traspasando su forma a los nacientes sindicatos campesinos.
Se entiende, pues, la épica que embarga la narración de la historicidad
minero-cobista. Agentes básicos del accionar colectivo, núcleo de la resistencia a las dictaduras (tanto que debían militarizar completamente los
campamentos mineros), fueron quienes conquistaron -“desde abajo”- la
“vuelta” a la democracia.
Tal centralidad sufrió una angustiosa ruptura cuando el líder histórico
del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Víctor Paz Estenssoro, asumió
la presidencia en 1985, luego del fracaso de la Unión Democrática Popular,
proclamando “Bolivia se nos muere”. El intento de revivirla consistió en
inaugurar un ciclo de reformas neoliberales; siendo Bolivia uno de los
10 países que de manera más dogmática aplicó los principios del “libre
mercado”.2 La capacidad de reacción del sindicalismo minero colapsó luego
del frustrado avance hacia la capital del país que la “Marcha por la vida y
la paz” emprendió en 1986, en defensa de las empresas estatales. Advertida
de un inminente baño de sangre, la dirigencia de la FSTMB decidió no
violentar el cerco militar que impedía su paso en Kalamarka y los miles
de trabajadores del subsuelo retornaron a sus distritos. Ese mismo día
-29 de agosto- se promulgaba el decreto supremo 21.377, que disponía la
desestructuración de manera terminante de la otrora poderosa Corporación
Minera de Bolivia (COMIBOL). Un nuevo régimen de acumulación comenzaría a instalarse al perder sus empleos 40.000 fabriles como consecuencia
del decreto de la libre contratación, y al cerrarse las más de 50 minas
estatales, “relocalizando” (despidiendo) al 70 por ciento de su fuerza de
trabajo y convirtiendo en pueblos fantasmas a los distritos levantados en
derredor del trabajo del subsuelo.3
masiva; 2) La presencia de un tipo de contrato de trabajo por tiempo indeterminado; 3) La existencia de un sistema de fidelidades internas, transido por la
“anterior” lógica comunitaria, que permitía convertir en valor acumulable la
asociación por centro de trabajo; 4) La fusión de los derechos ciudadanos con
los derechos laborales, resultado del reconocimiento por parte del Estado de la
legitimidad de la organización sindical. Véase: Zavaleta, René. Clases sociales
y conocimiento. Los Amigos del Libro, Bolivia, 1988 y García Linera, Álvaro.
Sociología de los Movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización,
repertorios culturales y acción política. Diakonia/Oxfam, La Paz, 2004.
2 Barrios Suvelza, Franz Xavier, El discurso neoliberal boliviano y la crisis de
sus científicos sociales, El juguete rabioso, Bolivia, 2005.
3 Una de sus consecuencias fue producir una diáspora minera. Aquel núcleo
formado en la arena del sindicalismo revolucionario partió a habitar los núcleos
urbanos de mayor proyección económica, sean los alrededores de la capital
cruceña o de la ciudad de Tarija, sean las áreas urbanas de crecimiento acele-
Bruno Fornillo
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Se abrieron paso antiguas tendencias de rango menor en el campo de
la extracción y procesamiento minero, acentuadas hasta tal punto que,
para el año 1997, el 94 por ciento de la producción se hallaba en manos
privadas. Tal era el caso de la comúnmente llamada “minería mediana”, de
los parajes desechados por COMIBOL, que fueron entregados a capitales
internacionales, e incluso del cooperativismo que pasó a absorber una
cantidad abultada de los 47 mil trabajadores desempleados. El Estado,
por su parte, terminaría por desprenderse a fines de 1999 de las tres explotaciones de posible futuro que aún conservaba; sin compradores, fueron
entregadas “al mejor postor” Colquiri, Huanuni y la fundición de Vinto. En
aproximadamente 15 años, el grueso de la base económica mineral había
sido deteriorada hasta la práctica extinción.4 El movimiento minero dejaría
de constituir el núcleo de la COB, desahuciada en el escenario que se abría.
Así, liquidando el modo de acumulación asentado en la explotación del
estaño, que había significado la principal fuente de excedentes desde principios del siglo pasado, desestructurando la matriz económica industrialista
bajo regulación estatal, culminaba la Bolivia del metal.
Durante la década de los 90’, esta mutación radical pasó a impactar
decididamente en el plano político, ya que tendió a disminuir la capacidad
de cohesión y representación social de la COB. Tal es así que la antiquísima
Confederación de Trabajadores Ferroviarios no tenía delegados, puesto que
directamente había desaparecido la Empresa Nacional de Ferrocarriles;
e incluso caerían sobre el comité ejecutivo nacional las sospechas de que
estaba siendo acometido por los partidos del oficialismo neoliberal. El ente
matriz se concentró con espíritu defensivo, sin capacidad de movilización,
ni creación discursiva, ni éxito general, en intentar atemperar la ola privatizadora, que había dejado sólo un 20 por ciento de empleo formal.5 Ante el
rado, como la vital ciudad de El Alto, lindante a La Paz, o en las zonas rurales
de producción cocalera, en el chapare cochabambino o los yungas paceños.
4 Desde su creación, el 2 de octubre de 1952, la COMIBOL sería la empresa
productiva más grande de Bolivia, hasta mediados de los años ochenta.
Digamos que para 1980 la comercialización de minerales producidos por las
empresas de COMIBOL representaba cerca del 60 por ciento de las exportaciones bolivianas; para fines de la década del noventa, sólo el 5 por ciento. Ya
en el año 2000, la empresa había prácticamente desaparecido, pasó a ser una
adjudicadora de contratos fundamentalmente a grandes empresas extranjeras
y a sectores cooperativistas. Giavarini, María y Costas, Patricia. Huanuni y
la nueva empresa minera. Ministerio de la presidencia, La Paz, 2008 y Soliz
Rada, Andrés. La fortuna del expresidente. Edición del autor, Bolivia, 2005.
5 Los conflictos de baja intensidad que logró encarar fueron protagonizados por el sector del magisterio urbano y rural, y el sector de salud -todos
dependientes del Estado-, y en general los sectores laborales negociaban
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La forma sindical en Latinoamérica
debilitamiento de la coordinación madre, movimientos en ascenso -dentro
de los que sobresale la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cada vez más independiente y uno
de los pilares que dio origen al MAS- comenzaron a reclamar un papel
mayor, pero no les fue posible modificar los estatutos cobistas; el dirigente
máximo seguiría siendo un minero y los campesinos tendrían 101 delegados
frente a los 328 del sector proletario. Con todo, el ciclo de ebullición política
general que despunta en el año 2000, renovó los aires combativos de la
COB, que comenzaría a remontar su letanía al participar -aunque como
actor secundario- de las movilizaciones sociales. En la “Guerra del Gas” de
octubre del 2003 los mineros asalariados de la única empresa del Estado
sobreviviente -Huanuni- y base de la debilitadísima FSTMB, pondrían en
juego su decisiva capacidad dinamitera en el centro paceño, bajo el eco de
las consignas que en los trenes de retorno a los socavones, luego de aquella
derrota decisiva del 85, aseguraban que los mineros volverían.
Hecha esta caracterización de largo aliento, nos proponemos en adelante
sondear la dinámica del proletariado minero y de la COB durante buena
parte de la gestión de gobierno de Evo Morales, puesto que no falta literatura sobre los años pasados, pero apenas existe sobre los presentes, debido
a que abunda la investigación sobre las nuevas organizaciones sociales
pero poco se sabe y visita la matriz organizativa de clase tradicional, ya
que no suele considerarse la actuación de los “viejos sujetos” en las “nuevas
condiciones”. Al comenzar el mandato “evista” a principios de 2006, las
primeras señales de la casa de los trabajadores hacia el gobierno no fueron
precisamente halagüeñas: el magisterio urbano no dejó de movilizarse
haciendo difícil la gestión de varios ministros de la cartera educativa, tensiones generales que fueron apaciguadas gracias a un aumento constante
del salario básico. Entre la competencia, el apoyo mutuo, y el antagonismo
explícito fue circulando el posicionamiento de la COB frente al MAS; aunque
las últimas señales nos hablen de una relación en extremo novedosa. Nos
detendremos en ella, pero también daremos cuenta de la reconstrucción
de la fuerza y de la identidad minera, las políticas públicas y los actores
que se desenvuelven en el sector económico del subsuelo, debido a que las
principales novedades provienen desde quien fuese la “médula” obrera: la
federación de mineros. En este sentido, debemos decir que fue la acción
de los trabajadores del mineral lo que propició la nacionalización de un
sector central para la economía boliviana, horadando la dinámica local del
capitalismo tardío.
por separado sus demandas. García Linera, Álvaro La condición obrera.
Estructuras materiales y simbólicas del proletariado de la minería mediana
(1950-1999), Muela del Diablo Editores, Bolivia, 2001.
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Enfrentamiento fraticida y nacionalización
económica en Huanuni
Al asumir la presidencia, Evo Morales tomó la decisión de rediseñar
el poder ejecutivo nacional y reponer el Ministerio de Minería y Metalúrgica, una instancia política que supo ser central en los designios políticos
del país, pero que durante los tiempos neoliberales fue reducida a una
Secretaría de Estado para luego encontrar un destino aún menor. Presidió
la cartera Walter Villarroel, antiguo presidente de Federación Nacional
de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) y miembro de la cooperativa “La
Salvadora”, una de las ventajas que negoció el sector a cambio del apoyo
al Movimiento al Socialismo para el proyecto “Evo Presidente”. Las otras
fueron la participación en la lista parlamentaria y la entrega de las concesiones mineras cuyos contratos tuviesen “observaciones”. El cooperativismo
dista de hacer gala de la significación comunitaria que expresa su nombre,
ampliamente engrosado luego de la caída de la minería estatal. Lejos
de sostener prácticas productivas igualitarias tendió a tejer relaciones
laborales asimétricas e individualistas, bajo pautas de funcionamiento
cercanas a las de una pequeña empresa. Hasta 1980, existían unos 17.000
cooperativistas en Bolivia, y en el año 2000, el sector se triplicó al contar
con 47.538 socios y una cantidad de personas dependientes estimada en
251.951. El abultado caudal electoral de estos “trabajadores por cuenta
propia”, por tanto, se inclinó en las elecciones hacia el actual mandatario,
a quien rápidamente exigieron la promulgación de medidas que les beneficiaran en su faena extractiva, y cargos en representaciones diplomáticas
del extranjero. Presentaron también una lista de técnicos de FENCOMIN
para integrar la plana estatal -anteponiendo que “no se trata de un cuoteo
político ni sectorial”-.
Desde un comienzo, el ministro Villarroel procuró establecer una política consensuada con los diversos actores del sector, hecho esperable pero
complejo. Tónica análoga a la que sustentaba el primer mandatario, quien
afirmaba, ante la debilitada FSTMB, la necesidad de “refundar COMIBOL
y recuperar las minas para el pueblo” y, ante los cooperativistas, “una
política de captación de 1.300 millones de dólares de inversión privada y
apoyo financiero y técnico”. No resulta extraño que ante esta ambivalencia
en el proyecto político-económico para el área la COB demandase naturalmente la destitución del ministro, y lo propio hiciese la FENCOMIN,
ya que una de sus corrientes buscaba un perfil técnico del que -decíanVillarroel carecía. Tampoco lo es, entonces, que durante ocho meses se
hayan sostenido un total de 16 reuniones infructuosas con los principales
actores de la minería, teniendo como eje las características que adquiriría la
refundación de COMIBOL (mientras los mineros asalariados demandaban
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La forma sindical en Latinoamérica
una estatal minera productiva, los cooperativistas una que sea solamente
administrativa). Eusebio Gironda, asesor técnico de la presidencia, afirmó
que “no aceptan nada, ni el uno ni el otro sector”6, y esta falta de concordia
se expresaría fuertemente en el departamento de Oruro.
Los mineros asalariados de Huanuni detallaron a los recienvenidos que
fue en los socavones del Cerro Posokoni donde una aguerrida asamblea
dispuso la creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de
Bolivia, en 1944. Sucede que el distrito minero, capital de la primera sección
municipal de la provincia Pantaleón Dalence, del departamento orureño,
puede dar cuenta de un proceso ininterrumpido de antagonismo político que
no conoció altibajos, aún en los momentos más férreos de la capitalización
minera; recreando el empuje místico clásico de la matriz sindical clasista.
Un alto funcionario del Ministerio de Minería sostuvo que se debe reconocer
a sus obreros puesto que “de no haber sido por ellos hubiera desaparecido
la minería estatizada. Entonces, Huanuni ha sido el último yacimiento que
tenía COMIBOL trabajando y ha servido para reorganizar la minería”.7
El cerro Posokoni, que contiene la reserva de estaño más importante
de Bolivia, presentaba hasta hace poco un condensado de los actores
económico-sociales que se desenvuelven en el área extractiva. La compañía
inglesa Allies tomó a cargo la producción del cerro y de la fundición Vinto en
1999, ofertando casi 30 millones de dólares por ambas. Sin embargo, un mes
después, se supo que el Estado boliviano sólo recibiría 14.7 millones dado
que en equipos, materiales y estaño acumulado sólo tendría un valor de 15.
Luego de un año de entreveros jurídicos, comenzó sus faenas y prometió
invertir 10 millones con el objetivo de introducir tecnología de punta. Sin
embargo, desembolsó sólo dos y las condiciones de los trabajadores, en
todos los aspectos, tendieron a empeorar. A principios de 2002, se supo que
la empresa matriz en Londres, ahora denominada RBG, estaba en total
bancarrota, y que había arrastrado en su crisis a las posesiones locales.
Dada la situación, tras algunas dubitaciones y, antes que nada, gracias a la
movilización de los trabajadores, COMIBOL decidió intervenir Huanuni y
ofertar inmediatamente Vinto, que fue adjudicada a la empresa boliviana
Compañía Minera del Sur, propiedad del entonces presidente, Sánchez de
Lozada. Aunque COMIBOL señaló que el código minero aprobado en el 97
le impedía administrar Huanuni, los trabajadores y un amplio movimiento
departamental, que activó numerosas organizaciones sociales y cívicas
orureñas, la obligaron a quedarse en Huanuni y, a lo largo de todos estos
años, permaneció como la única mina bajo administración directa del
Estado.
6 Entrevista a Eusebio Gironda, Ministerio de la Presidencia, 2008
7 Entrevista a Carlos Castañon. Ministerio de Minería y Metalurgia, 2007 y 2008.
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Asimismo, el cuadro del cerro Posokoni se completaba con otros actores
igual de importantes, que adquirieron una presencia cada vez mayor
durante la década de los noventa. Luego de la relocalización, en Huanuni
se formarían las cooperativas La Salvadora, compuesta por trabajadores
provenientes de la mina situada a 100 kilómetros de Huanuni: Catavi
Siglo XX, y luego K’arazapato, Playa Verde y Relaveros Libres; ésta última,
dedicada al aprovechamiento de los residuos de minerales echados al
río. En total agrupaban a cerca de 4 mil trabajadores. La actividad de
los jukus -tradicionalmente conocidos como “ladrones de mineral”, cuyo
origen se remonta a tiempos coloniales- luego del decreto privatizador
21.060 se incrementó hasta niveles nunca alcanzados en todo el siglo XX.
Los “lobos”, así son llamados por los obreros sindicalizados, se adentran
por las galerías del cerro para lograr hacer una diferencia mínima, generalmente inmiscuyéndose en la noche por entradas laterales, atravesando
por cavidades mínimas a fin de burlar a la “policía sindical”. En el año
2000, COMIBOL informó que Huanuni era la mina más afectada por esta
actividad, reportándole una pérdida de cerca de tres millones y medio de
dólares anuales.
La convivencia de tantos sectores permite adivinar que la tensión en
Huanuni no es nueva. En abril de 1997, los cooperativistas hicieron estallar
miles de dinamitas para así tomar por la fuerza todo Posokoni, sólo un paro
de 24 horas decidido por los asalariados y una serie de intermediaciones
hicieron que los cooperativistas se contentasen con ampliar sus concesiones
hacia los sectores de “Duncan” y “Harrison”, colindantes con los socavones
de la COMIBOL, tornando aún más precarias y complejas las actividades
de explotación del cerro.8 Los cooperativistas, además, poseen cierta alianza
con los jukus. Por ejemplo, en julio de 2001, fueron apresados por la policía
sindical asalariada una serie de lobos que habían robado material, y sólo las
mujeres de los empleados del Estado pudieron evitar una confrontación de
considerables dimensiones dada la acusación cooperativa de haber tratado
con excesiva rudeza a quienes “carecen de otra alternativa para llevar el
pan a sus hogares”.9
Es la misma tensión histórica, alimentada por años en los que los antiguos trabajadores de COMIBOL acusaban de “pequeño burgueses” y los
cooperativistas retrucaban con “rojos subversivos”, la que venía despuntando
8 El cerro Posokoni, en comparación con otros de la región orureña, tiene la
característica singular de poseer una estructura horizontal, lo que permite
la existencia de diferentes explotaciones simultáneas sin que se entrecrucen
entre ellas.
9 Cajías, Magdalena “La crisis de la minería del estaño y sus consecuencias en
Huanuni”, mimeo, Bolivia, 2007.
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La forma sindical en Latinoamérica
en los primeros meses del gobierno de Evo10, alimentada por los sabrosos
ingresos que reporta actualmente el estaño, gracias a la bonanza de los
precios internacionales. En suma, quedó en nada la promesa de 2003, cuando
los obreros de la empresa Huanuni y las cooperativas lucharon juntos por
la reversión estatal de la mina, y sus líderes acordaron con un abrazo en
el Paraninfo de la Universidad Técnica de Oruro pelear por su demanda y
luego discutir el trabajo conjunto del estaño del Posokoni. “Todo eso ha sido
desechado, ahora las posiciones divergentes traen discordia a la localidad
y pueden derivar en consecuencias fatales. Sin embargo, las bases pueden
cambiar este horizonte, mascan la coca juntos en el interior de la mina”, en
palabras de Policarpio Calani, alcalde del poblado de Huanuni.
Efectivamente, la mañana del 5 de octubre de 2006, el distrito minero
de Huanuni amaneció con una serie de dinamitazos que tronaron en las
cercanías del socavón Santa Elena del cerro Posokoni. El sector cooperativo
buscó ocupar las instalaciones estatales que acrecentarían sus parajes en
Huanuni topándose con la resistencia de los asalariados de la FSTMB, y
de esta suerte el pequeño poblado se transformó durante dos días en un
campo de batalla. Evo Morales afirmó: “Mis peores días en ocho meses de
gobierno han sido ayer y anteayer, viendo a nuestros hermanos mineros
metiéndose bala y dinamita”; percibiendo a las claras las dimensiones que
había adquirido el enfrentamiento: 16 mineros muertos, 61 heridos de
gravedad, pérdidas materiales por 10 millones de dólares, además de sumir
en un estado de conmoción a todo el poblado minero y no menos a la sociedad boliviana. Tal como señala Dunia Mokrani, se aparecía a la memoria
sindical como un “enfrentamiento fraticida”, cuyo desquicio general hay
que rastrearlo en los efectos que la era neoliberal produjo al disolver la
cohesión política y productiva que caracterizaba al proletariado boliviano,
apenas resguardada por los mil obreros de Huanuni que buscaron revertir
ininterrumpidamente el proceso de capitalización desde el único yacimiento
estatal.11 Una continuidad que podría resaltarse nuevamente. Lo que
tenemos en el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni es
la perseverancia de la estructuración sindical, una fuente de recreación
identitaria y el núcleo clásico de la irradiación obrera.
Un primer atisbo de solución al conflicto, ya que la militarización del
poblado fue inocua, comenzó con la propuesta de crear una empresa social
totalmente estatal que recibiera inversión y contemplara la inmediata
creación de 4.010 fuentes laborales para acoger a los cooperativistas
locales, bajo los alcances de la Ley General del Trabajo. Luego de realizar
10 Pascale, Absi. Los ministros del Diablo. Pieb, La Paz, 2005.
11 Mokrani, Dunia. “Pensar la política en Bolivia desde Huanuni”. En: Pensamiento de los confines Nº 19. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006.
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populosas asambleas, en las que varios señalaron que ya no querían cargar
la k’epirina (mochila de lona) porque preferían percibir un salario, los
cooperativistas de K’arazapato, Relaveros Libres y La Salvadora aceptaron
la iniciativa del gobierno -ante la acusación de traidores de la matriz
FENCOMIN-. El gobierno aseguró el anuncio de una Nueva Política
Nacional Minero Metalúrgica para el 31 de octubre, día clave en el que
durante el año 1952 se habían nacionalizado las minas pertenecientes a
los “barones del estaño” Patiño, Aramayo y Rothschild, en el distrito minero
de Catavi. Pero, sintomáticamente, una correlación tal del tiempo encontró
un desenlace menos tajante, debido a que la proclama quedó postergada,
alegando el poder ejecutivo falta de recursos y detalles a pulir pero teniendo
de fondo la oposición de los cooperativistas, cuyo líder potosino -Filomeno
Qaqa Flores- afirmó en medio de una movilización que la organización
instruyó que en “cada mina, en cada socavón, un minero esté armado”.
Contribuyó también a ello la visita al Ministerio de funcionarios de la
embajada de Suiza, quienes expresaron su preocupación por el anuncio de
estatización de los centros mineros que fueron del ex presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada y que estaban en manos de capitales de aquel país, o la
de los representantes de la minería mediana, inquietos por la decisión de
revertir concesiones que, aseguraron, dañarían la posibilidad de sostener
proyectos grandes, como San Cristóbal y San Bartolomé, impulsados por
capitales estadounidenses..Así, pues, se anunció el más modesto pero no
poco importante Decreto Supremo 28.901 que determinó que todo el cerro
Posokoni esté bajo dirección y administración de la Corporación Minera
de Bolivia (COMIBOL), tornando cierta la terminante expresión del nuevo
ministro Guillermo Dalence: “No más cooperativas en Huanuni”12.
La alianza que unía a la minería cooperativista con el gobierno de Evo
se disolvió abruptamente, mostrando claramente los límites “electoralistas”
que orientaron la construcción del entramado político del MAS durante
el 2005, disolución que no fue ruptura. Como era de esperar, emergió en
contraparte una alianza estratégica con el sector asalariado de Huanuni,
con la FSTMB. Pero, por sobre todas las cosas, el conflicto puso en primer
plano la evidencia de que aun en el mismo gobierno de Evo Morales y a
pesar de un grado mayor de receptividad, fue en la resistencia de los trabajadores del subsuelo donde hay que encontrar las causas que posibilitaron
refundar la actividad minera para que sea futuro patrimonio de todos los
bolivianos. Comprobemos que son los núcleos políticos movilizados los que
forzaron las medidas más progresistas, si así no fuese las cosas tendían
a seguir “como de costumbre”; esto es, en cercanía con los patrones de
funcionamiento inmediatamente recientes. De modo que la capacidad de
12 Entrevista a Guillermo Dalence, ex Ministro de Minería y Metalurgia, 2007.
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La forma sindical en Latinoamérica
presión de los movimientos, y a no dudarlo en el área de la minería, fue un
factor de primer orden a la hora de tornar radical la política del gobierno.
La acción ministerial ¿El retorno de la patria minera?
Luego de este gran conflicto, que marcó fuertemente el año 2006, la
agenda minera ha entrado en la sintonía de las nacionalizaciones que buscó
armonizar el gobierno del MAS. Arribó a las altas esferas ministeriales una
capa intelectual de arraigo nacionalista, con trayectoria en el determinante
movimiento clasista de antaño. El ministro entrante, Alberto Echazú13, de
reconocida militancia maoísta, afirmó que el plan de acción estatal consistía
en reconstruir COMIBOL -cuyo presidente era el representante de la
FSTMB en el directorio- sobre la base estratégica de Huanuni y Vinto -la
principal fundición del país que fue también nacionalizada- yendo hacia
la explotación de nuevos parajes y antiguos residuos aún productivos;
sosteniendo finalmente una presencia sustantiva en todos los procesos económicos: extracción, industrialización y comercialización (actualmente en
manos de empresas privadas que hacen una gran diferencia monetaria)14.
Un trayecto que aguardó consolidarse con un nuevo código minero, cuyo
adelanto fue la promulgación, el 1 de mayo de 2007, de un decreto que
declaraba a todo el territorio boliviano reserva fiscal minera. Por último,
en las explotaciones de gran envergadura, como el yacimiento de hierro
Mutún, otorgado a la empresa india Jindal, se buscó que prosiguieran
grandes capitales con un margen de ganancias, en provecho del Estado,
mayor que el corriente. En este camino es que actualmente se ha comenzado
13 A fines de marzo de 2007 el presidente Evo Morales reemplazó a José Guillermo Dalence por Luis Alberto Echazú en la cartera de Minería y Metalurgia,
molesto porque Dalence viajó a Cuba para participar en una reunión de
ministros de minería de los países del ALBA sin cumplir los requisitos burocráticos para obtener la autorización. Aunque Echazú compartía los principios
básicos que guiaban la nueva gestión de Dalence, y de hecho ocupaba el
cargo de viceministro, estaba dispuesto a bajar el tono de la disputa con
los contingentes cooperativistas. Por su parte, la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia y la Central Obrera Departamental de
Oruro, expresaron su desacuerdo con el cambio.
14 Con la nacionalización de Vinto, la mayor fundidora, que consume el ciento
por ciento de materia prima de Huanuni, se ha reducido considerablemente
el mercado de las comercializadoras. Sin embargo, estas persisten y trabajan
principalmente comprando minerales de otros centros mineros o mineral
proveniente del juquéo que es recién legalizado en otras regiones o en el
exterior del país. Durante los últimos años el Estado boliviano dejó de percibir
70 millones U$D anuales por concepto de impuestos a la actividad minera, a
causa de la salida no registrada del mineral.
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a invertir y reactivar yacimientos como San Miguel en Potosí y Coro-Coro
en La Paz, sin considerar -como más adelante veremos- los estragos que
producen en el entorno ambiental.15
A pesar del nuevo escenario, la confrontación no cesó. Las cooperativas
buscaron recuperar sus posesiones vía la justicia ordinaria, mediante la
presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de
nacionalización, lo cual motivó una movilización asalariada a Sucre, sede
del poder judicial, demandando la promulgación de una ley definitiva. Así
sucedió el 31 de julio de 2007 al promulgarse la Ley Nº 3.719, que nacionalizó el yacimiento de estaño Posokoni, administrado por el Estado mediante
la COMIBOL. Sin embargo, la articulación de los actores que pugnan por
un proyecto común no se encontró exenta de tensiones. La FTSMB fue
reprimida y desalojada de la ruta a la fuerza cuando demandaba la inversión de lo prometido y un nivel más amplio de autogestión en Huanuni,
afianzando el control de los trabajadores en el proceso de producción; lo
que fue conseguido en parte al formarse una “comisión tripartita entre
COMIBOL-trabajadores mineros-Ministerio de Minería (para contemplar)
el pedido de participación, control social y fiscalización de los trabajadores”,
que contribuyera al diseño de la nueva Ley de Empresas Estatales16. En
esta línea, ha vuelto a ser la protesta la que ha posibilitado que un dirigente
de Huanuni afirme: “Nosotros tenemos una herramienta política, que es la
relación con el poder a través del control obrero”.17 El Sindicato Mixto de
Trabajadores Mineros de Huanuni entró desde entonces en un proceso de
consolidación como organización, participando activamente en la gestión de
la Empresa, por lo que se ha trabajado en relativa afinidad con COMIBOL
y el poder ejecutivo “evista”.18
Reseñado Huanuni, el proceso de nacionalización ya no avanzará más
en toda la primera gestión masista, ni sobre la minería mediana en manos
privadas, ni sobre las grandes explotaciones -a las que se les buscará con
mayor intensidad buenos inversores-, y tampoco sobre el sector cooperativo;
confirmando el papel clave jugado en su momento por la movilización de
15 A tono con el “boom minero”, que no es privativo de Bolivia, en el plan de
gobierno para la gestión 2010-2015, destacan la puesta en marcha de la
industrialización del hierro en el Mutún, el inicio de operaciones de la planta
de cobre en Corocoro (Kores Ltda.), la industrialización del Salar de Uyuni
y Coipasa y la construcción de dos plantas hidrometalúrgicas para el zinc,
en Oruro y Potosí.
16 Acuerdo gobierno-FSTMB, 2007.
17 Entrevista a Juan Carlos Trujillo, militante del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni.
18Entrevista a Fernando Chávez, secretario ejecutivo del Sindicato Mixto de
Trabajadores Mineros de Huanuni.
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La forma sindical en Latinoamérica
los mineros estatales. El dato no es menor, lo que se buscó fue “respetar”
los contratos existentes y vincularse al capital privado para llevar adelante
emprendimientos “mixtos”, bajo el propósito de “diversificar la matriz
productiva” e impulsar la “industrialización”.
Sea como fuese, los números querían cerrarle al actual gobierno. El PBI
minero creció el 20,65 por ciento entre 2006 y 2009, por encima del 0,82 que
creció la minería entre 2002 y 2005, y muy por encima del 4,75 que creció
el PBI general. Durante 2009, se alcanzó el récord de producción minera
en toda la historia de Bolivia: 2.055 millones de U$D; llegando a erigirse
como el principal rubro exportable del país, aun por sobre la explotación
gasífera. Una memoria ministerial de fines de 2009 rezaba: “El país retoma
su perfil minero. Bolivia es el cuarto país productor del mundo de estaño y
wolfram, el octavo de plomo, el noveno de plata, el décimo de zinc, el segundo
de antimonio y sexto de bismuto. Resultado nada despreciable del esfuerzo
del sector privado, cooperativo y de la minería estatal”.19 Es esta bonanza
económica, lograda por el entonces primer rubro de exportación nacional y
la capacidad para encuadrar las tensiones del área, lo que ha permitido a la
gestión que ingresó tras la confrontación reseñada permanecer a la cabeza
del ministerio durante todo el primer gobierno “evista”, a diferencia del
cambio constante de jefes de cartera que dispuso el presidente en otras áreas.
Sin embargo, salta a la vista que la absorción estatal del excedente no ha
sido del todo prometedora, se espera que la explotación del Mutún reporte
200 millones U$D anuales, Vinto, 7 y Huanuni, una ganancia anual de 40
millones U$D, gracias a sus 7.669 toneladas de estaño exportadas; pero lo
cierto es que las recaudaciones por regalías e impuestos alcanzaron, en la
gestión 2008, la tenue cifra de 150,5 millones U$D (94,1 por regalías y 56,4
por impuestos a las utilidades). Aunque si se sitúan estos valores en perspectiva, el panorama no es tan desolador: entre 2002 y 2005 se recaudaron 56,37
millones U$D, mientras que entre 2006 y 2009 se obtuvieron 439,1 millones
U$D, o sea, se ha recaudado casi 8 veces más. Empero, el 75 por ciento de la
explotación permanece en manos privadas y el incremento de la recaudación
responde en gran parte al salto salvaje de la cuantía exportada. La minería
a cielo abierto de San Cristóbal, a modo ilustrativo, en manos japonesas,
se espera que en 16 años reporte 12.841 millones U$D de ganancia, con
un impuesto complementario minero que bordea el tope máximo de 5 por
ciento del valor exportado, fundiendo y refinando fuera del país, situación
que se acerca peligrosamente, en lo fundamental, a lo sucedido durante la
etapa neoliberal.20
19Memoria anual 2006-2009. Asesoría de Comunicación y Dirección General
de Planificación del Ministerio de Minería y Metalurgia. La Paz, 2010.
20 Ribera Arismendi, Marco. El sector minero. Análisis crítico y problemáticas
socio ambientales de: megaproyecto Mutún, cuenca del Poopó, cuenca del
Bruno Fornillo
31
En lo que hace a la dinámica de los principales actores del área, las
grandes empresas privadas, como la coreana que pasará a explotar la
principal reserva de litio del mundo en el Salar de Uyuni, sólo tienen que
saber que el rango de utilidades será menor, y que el gobierno manifiesta
la intención de procesar localmente las materias primas, pero no significa
que encaren malos negocios, todo lo contrario. De hecho, el 32 por ciento de
las exportaciones se dirigen a aquel país asiático, principal comprador. Por
su parte, el cooperativismo tendió a consolidarse al obtener sus demandas
centrales: el límite a las nacionalizaciones, una suba leve del Impuesto
Complementario Minero, provisión de material técnico, el control de lo que
ya dispone (incluso garantizado dentro del nuevo código constitucional,
aprobado en enero de 2009), la creación de un Viceministerio de Cooperativas y un pacto de delimitación con el sector indígena-campesino, que
abruptamente venía reclamando el usufructo de la explotación minera en
tierra propia, provocando infinitos conflictos. Los cooperativistas, pues,
según un alto dirigente de FENCOMIN, volvieron a tejer buenas relaciones
con el gobierno, esta vez “de palabra”21, pero el efecto no ha sido menor: cada
vez que el presidente los convoca ellos se movilizan.
En lo que respecta al vital proletariado minero, sujeto obrero clásico y
combativo del siglo XX, tendió a reconstituirse, de bordear la desaparición
pasaron a ser cinco mil los trabajadores agrupados en la zona orureña.
Lejos del “efecto estatal” que supieron demostrar no dejan de ser un contingente de movilización por lo demás aguerrido, puesto que siguen siendo un
ejército latente. Al día de hoy reconstruyeron la épica narrativa tradicional;
no otra cosa expresaron al pasar de la penosa contemplación muda de
los campamentos desiertos a proferir con certeza que fueron quienes le
dieron el golpe de gracia a los militares que intentaban evitar la huida de
Sánchez de Lozada en octubre de 2003, y quienes dieron por tierra a las
ambiciones cooperativistas. Por último, el gobierno acomodó a cada uno
de estos actores bajo su égida, haciendo honor a la usual destreza sindical
para congeniar intereses aparentemente opuestos, mostrándose -antes
que nada- interesado en reconstituir la productiva explotación minera de
Bolivia.
Pilcomayo, megaproyecto San Cristóbal. Actualización 2009-2010. Programa
de Investigación y Monitoreo Ambiental/LIDEMA, Bolivia, 2010 y Webber,
Jeffery. “The Rebellion in Potosi: Uneven Development, Neoliberal Continuities, and a Revolt Against Poverty in Bolivia”. En: Fornillo, Bruno y Puente,
Florencia. Observatorio Latinoamericano. Instituto de Estudios de América
Latina y el Caribe, UBA, Argentina, 2010.
21 Entrevista a Fredy, integrante de la Federación Cooperativas Mineras.
32
La forma sindical en Latinoamérica
La Central Obrera Boliviana y el MAS:
entre la oposición y el diálogo
La COB desplegó una línea política opositora para con el gobierno de
Evo Morales, si bien mostró ambivalencias, dada la generalizada aceptación
y los vientos de cambio que rodean al actual mandatario. A contramano
de la clásica apelación a la “unidad de criterio” sindical, la central de
los trabajadores distó de tener control sobre las ramificaciones de los 9
departamentos, presas de un fenómeno de duplicidad (en Santa Cruz hay
tres centrales, en Beni, dos, en Pando, no existe). La Central Obrera Departamental de Oruro fue comandada por un antiguo dirigente, Jaime Solares,
cuyo radical y solitario patrón de activación nunca terminó de mostrar si
buscaba el bienestar de los trabajadores; en Tarija, la central obrera fue
asediada hasta el asalto por la oposición derechista, acto respaldado por
la dirección cobista, no así por el Ministerio de Trabajo. Los sectores más
activos continuaron siendo el magisterio urbano y rural, el sector de la
salud, los fabriles y ahora, fundamentalmente, el ala de la minería estatal
nacionalizada, Huanuni, que constituye además la punta de lanza central
para cualquier resolución que apele a la movilización.
Lo acaecido en el año 2008 viene a expresar cabalmente el derrotero
ambivalente que siguió la casa matriz de los trabajadores, además de ser el
momento en el que se modificó de modo profundo la relación entablada con
el gobierno. Veamos los hechos: el día de los trabajadores, como cada 1 de
mayo de los últimos años, la relación de Pedro Montes -secretario ejecutivo
de la COB- con el poder ejecutivo escenificaba las mieles de la concordia
desde el balcón del Palacio Quemado. Evo Morales anunciaba la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, promulgaba un
nuevo Código Procesal Laboral y consolidaba el Fuero Sindical.
Apenas dos meses después, la COB llamaba a una huelga nacional
indefinida seguida de un bloqueo de caminos, porque el proyecto sindical
de Ley de Pensiones, de tendencia obrerista, había sido rechazado.22 Tras
22 Las principales coincidencias eran la eliminación de las Administradoras de
Fondos de Pensiones, la universalización del seguro de vejez, la reducción
en la edad de jubilación (pero el gobierno planteaba 60 años, y la COB,
55), mejorar el monto de la pensión de jubilación, y que los recursos de la
seguridad social estuviesen exentos de impuestos. Entre las divergencias, la
COB proponía fusionar en una bolsa común los aportes individuales de los
trabajadores, mientras el poder ejecutivo planteaba mantenerlos; la COB
eliminaba la Renta Dignidad (bono universal, para mayores, que distribuye
el gobierno) y creaba una pensión mínima vitalicia en su lugar. Además
pedía dejar de usar los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos,
elementos que el poder ejecutivo rechazaba. Proyecto de Ley de Pensiones
Bruno Fornillo
33
una serie de convocatorias de poca monta -no es un dato menor que la
COB haya llamado a cuatro marchas sin respuesta-, sobrevino una escalada de bloqueos que recién a principios de agosto tenía a los afiliados
cercando los departamentos de Sucre, Potosí, Cochabamba y desatando
protestas en La Paz. El 10 de agosto, se proyectaba realizar un referéndum
revocatorio que ponía en juego el mandato del presidente de la República
y los prefectos (cada cual debía abandonar el cargo si no obtenía más o
igual cantidad de votos que los que le habían permitido asumirlo), y el
bloque cívico-prefectural opositor se movilizaba en la “media luna” con un
grado de radicalidad que era acompañado por la central obrera. A modo
de ejemplo, el mismo día -5 de agosto- en que el Comité Cívico de Tarija
tomaba el aeropuerto del departamento, impidiendo un acto conjunto de
Hugo Chávez, presidente venezolano, Cristina Kirchner, su par argentina,
y Evo Morales, en Oruro capital, un contingente policial irrumpió el bloqueo
que hacía dos días sostenían los trabajadores de Huanuni demandando la
promulgación de la Ley de Pensiones cobista, cuyo saldo fueron dos muertos
mineros. El apoyo a la medida de las bases en Huanuni no fue unánime,
y el descontento frente a la dirigencia fue en ascenso. Un día antes del
referéndum -el 9 de agosto- en un ampliado local se afirmaba que los
trabajadores habían sido “obligados” a movilizarse y que se determinó en
asamblea general desconocer como dirigentes representativos de Huanuni a
toda la dirigencia (a Pedro Montes, Secretario Ejecutivo de la COB, a Jaime
Solares, Secretario Ejecutivo de la COD Oruro, a Guido Mitma, Secretario
Ejecutivo de la FSTMB y a la cúpula del Sindicato de Trabajadores Mineros
de Huanuni), posicionando a Juan Carlos Trujillo como nuevo líder local.
No extrañamente, el 9 de agosto se firmó un acta de entendimiento entre
la COB y el gobierno.23
Tras el referéndum revocatorio en el que Evo Morales fue ratificado
con el 67 por ciento de los votos, se reforzó el vínculo de confianza entre
el sector minero de Huanuni y el Gobierno, que ha tenido continuidad en
la realización de reuniones y audiencias. La COB ha dado un paso inédito
en su medio siglo de historia: participar de la coordinadora que agrupa
a todas las organizaciones oficialistas, la Coordinadora Nacional para el
Cambio (CONALCAM), desde una posición de relativa subordinación.24
presentado por la COB. Resolución de la reunión ampliada de emergencia
de secretarios ejecutivos de la COB, 2008.
23 Acuerdo de Entendimiento Gobierno Nacional-COB, 2008.
24 Ya para el 18 de septiembre de 2008, en la sede paceña de los trabajadores,
la COB y la CONALCAM suscribieron un documento de siete puntos,
llamado “Por la defensa de la democracia, la unidad e integridad de Bolivia”,
que convocaba, a la organización matriz de los trabajadores, a encabezar
34
La forma sindical en Latinoamérica
¿Cuáles son las causas de un viraje de época? Como hecho puntual: se
llegó a él debido a que la Ley de Pensiones comenzó a adquirir una forma
parcialmente análoga a lo que la COB demandaba, teniendo en vistas el
aplastador triunfo de Evo Morales en el referéndum, pero sobre todo a
causa de que las bases mismas comenzaron a pensar que no era necesario
estar tan cerca de ser “funcionales a la derecha”; de hecho, en Huanuni
acababan de declarar “traidores” a casi toda la dirigencia, y la dirección
nacional de la COB tomó nota de que debía modificar su patrón de alianzas
si pretendía seguir comandando. En definitiva, como afirma Eusebio Martínez -dirigente de Huanuni-, “Pedro Montes era débil porque lo desconoció
la base minera”25, y esa capacidad de revocatoria del sindicato obrerista
fue la influencia decisiva para que la casa de los trabajadores apoyara al
actual mandatario nacional. Como hecho general: sobresale la evidencia de
que las organizaciones sindicales campesinas, indígenas, han suplantado
a la COB en su papel protagónico.
Vale decir que en su más de medio siglo de historia nunca la COB
aceptó la subordinación al sector campesino indígena, siempre mantuvo
la tradicional “independencia sindical”, no formó parte orgánica del MAS
ni realizó alianzas electorales, aunque la mayoría de sus trabajadores
votaron a Evo Morales. Lo que es claro es que se firmó un acuerdo no
menor, por vez primera la COB fue parte de una red de organizaciones
sociales sin ser quien la comandaba, se sumó a los bloqueos oficialistas
a la “media luna”, y para las elecciones de fines de 2009 había logrado
incluir a candidatos propios para bancas legislativas. Aún más, tampoco
se privó de mencionar que la relación con el ejecutivo recomponía el
“cogobierno” y hasta era “superior”.26
“el proceso de cambio que vive el país y a sepultar el modelo neoliberal”.
Sobresalen, entre los siete puntos de la resolución, las menciones referidas a
“defender la unidad de la patria ante el golpe de Estado civil”, “preservar la
democracia que costó luto y sangre al pueblo boliviano”, “defender el proceso
revolucionario de cambio en busca de la equidad, igualdad y justicia social
que es liderado por nuestro hermano Presidente”, o el repudio a “el odio y
el racismo fascista neonazi, y la actitud de los prefectos y dirigentes cívicos
neoliberales”. “Por la defensa de la democracia, la unidad e integridad de
Bolivia”, acuerdo COB-CONALCAM, 2008.
25 Entrevista a Eusebio Martínez, dirigente del Sindicato Mixto de Trabajadores
Mineros de Huanuni, 2008.
26Al respecto, la cabeza actual de la COB, Pedro Montes, afirmó: “La COB,
cuando nace y triunfa la revolución el 9 de abril, el 17 de abril nace la COB,
y al 21 de abril es cogobierno. El 64 también ha sido cogobierno, el 70 con J.J.
Torres también ha sido cogobierno. Solamente con la UDP en el 82 ha habido
discrepancias, y eso ha sido por aquel entonces una equivocación, nos ha
Bruno Fornillo
35
En la práctica, la COB vino a asumir un lugar que no mostró en palabras. Las representaciones sobre el destino gigante siguieron su curso, bastó
entablar un diálogo con Pedro Montes, ocupando el sitial que fue de Lechín
Oquendo, para escuchar que si todo el piso que lo sostiene fuese la COB, el
MAS sería tan sólo “el pequeño zócalo de la esquina” 27, es decir, siempre va
a existir un solo ente matriz de los trabajadores de Bolivia.
costado el golpe de García Mesa que ha sido sangriento. Estas equivocaciones
no se pueden repetir, no se trata sólo de cogobernar o ser gobierno, sino se
trata de la unificación de la patria con políticas de orden estructural. ¿Qué se
exige? Se exige comunicación, coordinación, dentro de un marco de respeto”.
Entrevista a Pedro Montes, secretario ejecutivo de la COB.
27 Entrevista a Pedro Montes.
36
La forma sindical en Latinoamérica
Bibliografía
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Bolivia.
Entrevistas (realizadas entre los años 2007 y 2009)
Pedro Montes, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana.
Fernando Chávez, secretario ejecutivo del Sindicato Mixto de Trabajadores
Mineros de Huanuni.
Irineo Martínez, secretario ejecutivo del Sindicato Mixto de Trabajadores
Mineros de Huanuni.
Juan Carlos Trujillo, militante del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros
de Huanuni.
Bruno Fornillo
37
Entrevista a Eusebio Martinez, dirigente del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni.
Fredy, Federación Cooperativas Mineras
Hugo Rendón, presidente de la Corporación Minera de Bolivia.
Edgar Ramírez Santiesteban, Director de Archivos Históricos de la Corporación Minera de Bolivia.
Eusebio Gironda, Ministerio de la Presidencia.
Guillermo Dalence, Ministerio de Minería y Metalurgia.
Carlos Castañon, Ministerio de Minería y Metalurgia.
Documentos
Informe gestión de gobierno (2006 a junio 2008). Presidencia de la República.
Pre-acuerdo Ley de empresas estatales. FSTMB-GOBIERNO-SMTMH, 2007.
Resolución de la reunión ampliada de emergencia de secretarios ejecutivos
de la COB, 1 de agosto de 2008.
Acuerdo de Entendimiento Gobierno Nacional-COB, 9 agosto 2008.
“Por la defensa de la democracia, la unidad e integridad de Bolivia”, COBCONALCAM, 18 septiembre de 2008.
Proyecto de Ley de Pensiones presentado por la COB.
Memoria anual 2006-2009. Asesoría de Comunicación y Dirección General
de Planificación del Ministerio de Minería y Metalurgia, La
Paz, Enero 2010.
Recursos web (Diarios nacionales)
www.laprensa.com.bo
www.la-razon.com
38
La forma sindical en Latinoamérica
Magdalena Cajías de la Vega
39
Las organizaciones sindicales campesinoindígenas y Los pueblos originarios
de Bolivia en el proceso de cambio
Magdalena Cajías de la Vega
Doctora en Ciencias Sociales, Master en Historia Andina,
Licenciada en Historia, ex Ministra de Educación de Bolivia,
docente emérita de la Universidad Mayor de San Andrés.
Los sentidos generales de la irrupción política de los pueblos
originarios y las organizaciones sindicales campesino-indígenas
En enero del año 2011, se cumplieron cinco años del gobierno de Evo
Morales Ayma, primer Presidente indígena de Bolivia, quien ganó en los
últimos años dos elecciones generales (diciembre de 2005, con 53.7 por
ciento de los votos, y diciembre de 2009, con el 63.9 por ciento de los votos)
y un referéndum revocatorio que él mismo convocó ante la arremetida de
la oposición (agosto de 2008, con el 67.4 por ciento de los votos). Además,
puede considerarse que el voto que aprobó la nueva Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de un referéndum (enero de
2009), donde el SI ganó con el 61.4 por ciento de los votos, fue también una
aprobación indirecta a su liderazgo nacional.
Para muchos de sus seguidores esto prueba que el movimiento indígenacampesino boliviano y los pueblos originarios, que se han constituido en
la principal base social del actual gobierno, han logrado plasmar sus
acumulaciones históricas -expresadas en procesos de resistencia étnica y
cultural, movilización social en torno a demandas sectoriales y capacidad
organizativa y de presión política de carácter más amplio, entre otros- en
una especie de hegemonía practicada a partir del ejercicio del poder político
“desde arriba” y “desde abajo”.
40
La forma sindical en Latinoamérica
“Desde arriba”, pues por primera vez en nuestro país decenas de mujeres
y hombres provenientes de los pueblos originarios y las organizaciones
sindicales campesino-indígenas ocupan puestos en la administración
central (Poder Ejecutivo), en la Asamblea Plurinacional de Bolivia (Poder
Legislativo), se aprestan a participar en las elecciones de octubre de 2011
para ocupar cargos en el Poder Judicial, y cuentan con dirigentes políticos
que vienen jugando un papel importante en la toma de decisiones a nivel
nacional y regional.
“Desde abajo”, porque los ahora llamados “movimientos sociales” han
tenido todos estos años un rol gravitante con sus movilizaciones y capacidad
de presión en la defensa del régimen, en el aplastamiento de la oposición
político-regional que en los primeros años del gobierno de Evo Morales
intentó acorralarlo y frustrar el proceso de cambio, así como en la aprobación de la nueva Constitución y diferentes leyes que buscaban legitimar
el cambio.
Por otro lado, esa especie de voluntad hegemónica de “lo indígena”
y lo “sindical-campesino”, se ha venido expresando cotidianamente en
aspectos como el discurso emitido desde las esferas gubernamentales y los
liderazgos indígenas; en la generalización de la utilización intensiva de
símbolos propios de los pueblos originarios; en la construcción de la imagen
de “gobierno indígena” hacia afuera -principalmente como ejemplo para
los pueblos originarios de otros países del subcontinente pero también del
mundo-, y hacia adentro -en relación a los grupos “mestizos” y “blancoides”
a los que normalmente se descalifica-, así como en la puesta en marcha de
políticas públicas a partir de la ideología del “vivir bien”, plasmada en la
Nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia.
Sin embargo, después de que el gobierno decretara un “gasolinazo” en
diciembre de 2010; es decir, la subida de los precios de la gasolina en un
cien por ciento, parecen haberse desatado importantes contradicciones
internas que actuaban subyacentemente hasta ese momento, pues aunque
la medida fue suspendida por la presión de la movilización popular, las
críticas a la conducción del proceso de cambio más importantes han
surgido de las mismas filas del Movimiento al Socialismo (MAS). Entre
los cuestionamientos más llamativos están los que señalan que los movimientos sociales están siendo instrumentalizados por un pequeño grupo
que controla el poder político, que los líderes sociales se han burocratizado
y se ha perdido la capacidad autónoma de movilización y acción en pos de
sus reivindicaciones, además de no practicarse auténticamente la consulta
a los diversos sectores para la toma de decisiones, y de haberse utilizado la
represión en varias oportunidades contra movimientos populares.
Aunque estas últimas consideraciones no son el tema central de este artículo, las señalamos como referente necesario para enlazar con los objetivos
Magdalena Cajías de la Vega
41
de este trabajo. El primero de ellos es mostrar que la gestación del proceso
de cambio en Bolivia tuvo como actores a diferentes sectores sociales que
desde la década de los noventa fueron abriendo una agenda de transformaciones a partir de la lucha emprendida -expresada de diferentes maneras
y en distintos momentos- por demandas que cuestionaban radicalmente
las políticas neoliberales implantadas desde 1985 y que pre-figuraron sus
contenidos políticos e ideológicos. Aunque los sectores movilizados fueron
muchos, como trabajadores mineros, cooperativistas, maestros, pobladores
urbanos, gremialistas y otros, fueron los pueblos originarios y los campesinos indígenas organizados sindicalmente los que ganaron cada vez mayor
protagonismo, hasta el punto de prácticamente pasar a ser los conductores
de un nuevo “bloque social indígena, campesino, obrero y popular”.
En segundo lugar, buscamos mostrar cómo los pueblos indígenas originarios de las tierras bajas, organizados desde mediados de la década de
los ochenta, los campesinos cocaleros del trópico cochabambino, que se
hicieron sentir sobre todo desde mediados de la década de los noventa, y los
indígenas de tierras altas, aglutinados en la Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que irrumpieron con
fuerza a inicios del nuevo siglo, desarrollaron intensos conflictos sociales
que permitieron que se fuera construyendo un poder “desde abajo”, el
que en el año 2005 se plasmó en el triunfo electoral del Movimiento al
Socialismo (MAS) y en la conquista de la Presidencia de Bolivia por Evo
Morales.
Y aunque aquí no vamos a referirnos a los actores sociales urbanos
populares, obreros en general, y mineros en particular, que lucharon en
la “Guerra del Agua” de Cochabamba, en abril de 2000, en la “Guerra del
Gas” de octubre de 2003, y en muchos otros momentos de movilizaciones
intermitentes que se produjeron a lo largo de toda la última década, es
evidente que también los actores indígenas y campesinos lograron articularse con estos otros, con los que sumaron fuerzas a través de importantes
alianzas sociales.
Ahora bien, para entender mejor los alcances de la rebelión indígena
originaria y campesina de este nuevo siglo es necesario hacer unas rápidas
apreciaciones sobre algunas de las características de la coyuntura histórica
boliviana en la que ésta se desarrolló.
El cuestionamiento al neoliberalismo: Los sectores sociales fueron
identificando crecientemente como causa principal de la situación de crisis
económica que soportaban las mayorías nacionales, a la aplicación de un
radical modelo neoliberal desde mediados de la década de los ochenta,
a través del cual -entre otras cosas- se produjo la desnacionalización de
nuestras empresas estatales estratégicas (como del importante sector de los
hidrocarburos), se descuidó sistemáticamente la reactivación del aparato
42
La forma sindical en Latinoamérica
productivo nacional, se provocó el mayor acaparamiento de tierras en pocas
manos, se generó desempleo y se amplió la brecha entre ricos y pobres.
En suma, el neoliberalismo era percibido por la mayoría de la población
boliviana como un sistema que afectaba negativamente sus posibilidades
de mejora económica y social.
El cuestionamiento a la democracia representativa: La democracia
boliviana logró consolidarse desde 1982, luego de un largo período de
gobiernos militares que desde entonces no volvieron a repetirse. Aunque
ésta fue reconquistada fundamentalmente por las luchas populares, el
sistema de partidos que pasó a administrarla comenzó a sufrir un profundo
descrédito a partir de fines de la década de los noventa del siglo pasado.
Esto se debió a que se practicó una “democracia pactada” que permitió
a los partidos políticos afines al modelo neoliberal -como el Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR), la Acción Democrática Nacionalista
(ADN), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), la Nueva
Fuerza Republicana (NFR), la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), e incluso
Conciencia de Patria (CONDEPA), que había emergido como un partido
populista- turnarse en el gobierno en cinco elecciones sucesivas y aprobar
conjuntamente leyes que fueron rechazadas por amplios sectores de la
población, como la Reforma Educativa, la Ley de Pensiones, la Ley de
Capitalización, la Ley de Hidrocarburos y otras. Además, se les criticó
su falta de interés en dar respuestas a las reivindicaciones populares, su
comportamiento autoritario y represivo para frenar las movilizaciones
sociales, haber practicado ampliamente la corrupción y defender intereses
de los nuevos grupos dominantes.
La crisis de los viejos actores sociales: La aplicación de las políticas liberales tuvo como uno de sus efectos sociales más significativos el profundo
debilitamiento de las organizaciones obreras y populares que habían jugado
durante décadas un papel central, tanto social-sindical como político. La
otrora poderosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
(FSTMB) vivió su momento más crítico luego de que el desmoronamiento
de la economía minera de 1985-86 provocara el despido de más del 80%
de los trabajadores de las empresas de la Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL), y la Central Obrera Boliviana (COB), en cuyo seno los mineros
habían sido hegemónicos, y entró en uno de los reflujos más profundos de
su historia. Por otro lado, la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia, creada en 1979 como un símbolo central de la
ruptura del pacto militar campesino iniciado una década antes y que se
fortaleció hasta mediados de los ochenta, ingresó en un período de fuertes
divisiones internas y ausencia de un proyecto compartido.
La recomposición de la protesta social: Desde 1985 hasta fines del siglo
pasado, los sectores sociales aglutinados en la COB y la CSUTCB, pese a
Magdalena Cajías de la Vega
43
su debilidad, desarrollaron innumerables conflictos sociales, que en los
primeros años no llegaron a tener los resultados deseados por distintas
causas, como la ausencia de objetivos claros, el sectarismo, la utilización de
métodos de lucha desacreditados, la ausencia de liderazgos renovados, la
represión gubernamental, la dispersión y otras. Sin embargo, la paulatina
combinación de distintas estrategias de lucha, la ampliación de los motivos
de la protesta, la aparición de nuevos actores sociales con peso significativo
-como los campesinos cocaleros, las organizaciones indígenas de tierras
bajas y los actores urbano-populares- y las cada vez más eficaces articulaciones entre unos y otros, fue posibilitando la emergencia de un nuevo
momento histórico, en el que los grupos dominantes comenzaban a perder
espacios significativos de su poder y los movimientos sociales comenzaban
a instalar en la sociedad sus perspectivas y a proyectar la construcción de
su propio poder.
Desde el año 2000, las condiciones descritas más arriba fueron el sedimento del inicio de la aceleración de un proceso en el que las acciones de
los movimientos sociales tuvieron consecuencias directas en el paulatino
desmoronamiento del modelo neoliberal y sus sustentadores: los partidos
“tradicionales”. Un sentido central de la movilización social fue que, ante el
descrédito de la forma en que se había desenvuelto la democracia representativa en Bolivia, diferentes sectores de la población comenzaron a utilizar
intensamente la confrontación abierta y la presión desde fuera del sistema
para obtener respuestas a sus reivindicaciones, desconfiando mucho más que
antes en las posibilidades del diálogo entre los gobernantes y la sociedad.
Con la “Guerra del Agua” de abril de ese año, los bloqueos campesinos
dirigidos por la CSUTCB, que se iniciaron en ese mismo mes y seguirían
practicándose intensamente por lo menos hasta el año 2003, los radicales
bloqueos y permanentes movilizaciones de los campesinos cocaleros, la
reaparición de los trabajadores mineros que volvieron a mostrar su capacidad combativa, las huelgas desatadas por diferentes sectores afiliados a la
COB, como los maestros y los jubilados, así como las sacrificadas marchas
hacia la ciudad de La Paz, protagonizadas por los indígenas de tierras bajas;
todas las formas de lucha practicadas en el pasado cobraron nuevo impulso
y se convirtieron en estrategias ofensivas ante el paulatino debilitamiento
de los gobiernos neoliberales.
Poco a poco se fueron revelando los sentidos inmediatos y más estructurales de los actores movilizados, así como los horizontes ideológicoculturales que subyacían posiblemente desde mucho tiempo atrás, pero
que ahora comenzaban a hacerse explícitos. Por otro lado, emergían nuevos
liderazgos de origen popular, principalmente de origen indígena, y las
nuevas generaciones se incorporaban a la lucha como “guerreros del agua”,
fuerzas de choque y otros.
44
La forma sindical en Latinoamérica
En todo ello, es necesario señalar que el refortalecimiento de los actores
sociales populares en Bolivia no hubiese sido posible sin los referentes del
pasado, es decir, sin la memoria colectiva de las acumulaciones y experiencias anteriores, así como sin el rescate de formas organizativas que habían
sido debilitadas pero no eliminadas en los años de crisis, en especial, la
forma sindical de organización.
Al respecto, no es posible sostener, como algunos cientistas sociales lo
hicieron, que la “multitud” actuó sólo a partir de nuevos parámetros de movilización social e incluso de manera puramente espontánea. En realidad,
ni la acción insurreccional, ni los bloqueos, ni las marchas y movilizaciones
hacia la sede de gobierno, ni la irrupción volcánica de las masas en las
calles, ni los bloqueos de carreteras, ni el uso de la dinamita como arma
de amedrentamiento al adversario, ni la utilización de hondas y chicotes
eran algo nuevo. Lo nuevo, lo diferente, fueron principalmente dos cosas:
1) La superación de la dispersión y sectarización de las movilizaciones, lo
que permitió dotar de sentidos comunes a la lucha popular, así como la
articulación entre distintos sectores desde abajo en momentos claves, y
2) La vocación por participar en la lucha electoral con partidos propios, es
decir, que representen directamente a los sectores indígenas y populares,
habiendo emergido el Movimiento al Socialismo como la expresión más
importante de esa voluntad política.
En relación a lo primero, se logró conformar un auténtico “bloque social
indígena, campesino, obrero y popular”, que ya en el año 2003 consiguió
derrocar al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, aun cuando éste había
apelado a las FF.AA., las cuales masacraron a más de 70 bolivianos en la
ciudad de El Alto. Más adelante, en junio de 2005, expulsaron del gobierno
al sucesor de “Goni”, Carlos Mesa, que se negó a cumplir la “agenda de
octubre” que el pueblo perfiló en la insurrección popular de 2003.
En relación a lo segundo, la significativa y sorprendente votación obtenida en las elecciones nacionales de 2002 por el Movimiento al Socialismo
(MAS), que obtuvo el segundo lugar y la posibilidad de que Evo Morales
fuera elegido Presidente de la República, así como el apoyo de importantes
sectores campesino-indígenas a la candidatura de Felipe Quispe del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), permitieron por primera vez en nuestra
historia la presencia de decenas de diputados y senadores indígenas en el
Parlamento Nacional, que habían sido elegidos como representantes de
partidos políticos propios. Con el triunfo del MAS, en diciembre de 2005,
se produjo un verdadero salto cualitativo en la acumulación de lucha social
previa y la correlación de fuerzas fue profundamente modificada en el
campo político boliviano.
Sin embargo, más de cinco años de ejercicio del poder político del partido
que logró reunir a los actores sociales dispersos y a las corrientes políticas
Magdalena Cajías de la Vega
45
de la “izquierda tradicional”, desestructuradas en las dos últimas décadas,
ha comenzado a mostrar fisuras internas y, en algunos casos, la falta de
reconocimiento de que la construcción del proceso les pertenece a todos, lo
que podría provocar un retroceso significativo de lo logrado hasta ahora y
una nueva centralización del poder.
Los pueblos originarios de tierras bajas:
la lucha por territorio y dignidad
La Reforma Agraria de 1953 desconoció la existencia de los pueblos
indígenas del oriente, que fueron calificados como Tribus Selvícolas. Esto
permitió que muchas de sus tierras fueran entregadas a personas individuales. Surgieron latifundios sobrepuestos a las tierras que desde tiempos
inmemoriales habían sido ocupadas por los pueblos de tierras bajas.
En las últimas décadas del siglo pasado, las cosas empeoraron. Ganaderos, productores agrícolas, madereros, recibieron amplias concesiones
de tierras, en gran medida por favores políticos de los gobiernos de turno.
Surgieron nuevas formas de explotación y el gobierno violaba constantemente el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales adoptado por
la OIT en junio de 1989.
En esos años, tres problemas centrales preocupaban a los pueblos originarios del Beni. Uno: La presencia de siete empresas madereras en la zona
de Chimanes, que estaban explotando ese recurso natural a partir de que el
gobierno convirtió a la zona en Bosque de Producción Permanente. Dos: En
el Ibiato, los sirionós protestaban contra los asentamientos irregulares de
prepotentes ganaderos que buscaban adueñarse de ese inmenso territorio
de 23.000 hectáreas. Tres: En el Isiboro Sécure, declarado Parque Nacional
en 1965, cientos de colonizadores llegados del occidente del país estaban
plantando coca.
Nadie les preguntó qué pensaban de esto a los indígenas de los pueblos
chimán, mojeño, yuracaré, movima, trinitario, sirionó y otros pueblos asentados en esos territorios. A nadie parecía importarle la difícil realidad de
estas naciones originarias. Eran pueblos invisibles, de los que el Estado no
se ocupaba. Sin embargo, ellos ya habían tomado conciencia por sí mismos
de sus problemas y empezaban a organizarse.
En 1987, se creó la Central de Pueblos Indígenas del Beni con más de
150 comunidades que ya estaban organizadas en cabildos indigenales.
También se produjeron diversos eventos que permitían el encuentro entre
pueblos indígenas de tierras bajas y donde se demandó el control sobre
sus territorios. En una declaración de ese año, señalaron: “El territorio
que reclamamos es un espacio de tierra ocupado por los nativos desde
el tiempo de nuestros antepasados; nos pertenece por derecho con todos
46
La forma sindical en Latinoamérica
sus recursos naturales de flora, fauna, suelo y subsuelo. Es aquí donde
desarrollamos nuestras costumbres culturales, religiosas, de producción
y de organización. Parte de nuestra lucha es para que nuestros cabildos,
capitanías, cacicazgos y otras formas de organización se fortalezcan”
(Presencia, 8 de noviembre de 1987).
Por todo ello, en 1990, indígenas del Bosque de Chimanes, del Isiboro
Sécure y del Ibiato tomaron la iniciativa de emprender juntos una sacrificada marcha desde Trinidad hasta la ciudad de La Paz. Iban a recorrer unos
seiscientos kilómetros a pie. La llamaron “Marcha Indígena por el Territorio
y la Dignidad”. Los comandaban Tomás Ticuazu, jefe del pueblo sirionó;
el mojeño Marcial Fabricano, presidente de la Subcentral de Cabildos del
Parque Nacional Isiboro Sécure y coordinador de la marcha, y Ernesto Noé
Tamo, presidente de la Central de los Pueblos Indígenas del Beni.
El 15 de agosto de ese año, cientos de indígenas se reunieron en Trinidad
para iniciar la caminata y oyeron misa en la Catedral antes de partir. El
gobierno de Jaime Paz Zamora (MIR) guardó silencio. Pensaba que el
movimiento no tenía fuerza. Había que dejarlo desvanecerse por sí solo.
Pero día que pasaba, la marcha se fortalecía. A ella se unieron chiriguanos
del Alto y Bajo Izozog; guaraníes de Camiri, Yta, Caraparirenda, Santa
Rosa, Tetayapi y otros lugares del Chaco boliviano; mosetenes y yuracarés;
aymaras y quechuas; chipayas del departamento de Oruro.
La Coordinadora de Solidaridad con el Movimiento Indígena integrada
por unas 70 instituciones humanitarias, la Iglesia Católica Boliviana y la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, los acompañó
en todo su recorrido. El gobierno llamó a los principales dirigentes de la
marcha a dialogar, quienes viajaron a La Paz el 22 de agosto, pero no se
logró ningún acuerdo, por lo que Paz Zamora y varios de sus ministros
fueron a su encuentro.
El 30 de agosto, la Marcha ingresó a suelo paceño bajo una persistente
llovizna. La Alcaldía Municipal de Caranavi los declaró “Patriotas de la Soberanía Nacional y Embajadores de su tierra”. Nadie creyó a los empresarios
benianos y cruceños que los acusaron, en costosas publicaciones de prensa,
de estar defendiendo intereses políticos. El 11 de septiembre iniciaron el
ascenso a la cumbre, ubicada a 4.624 metros sobre el nivel del mar. Sólo
faltaban 89 kilómetros para llegar a La Paz. La Cumbre fue el espacio
del encuentro histórico entre los diferentes pueblos de tierras bajas, y los
aymaras y quechuas de tierras altas, que fueron a recibirlos. Nada igual se
había vivido hasta ese momento.
El 18 de septiembre, después de 32 días de caminata, los marchistas
ingresaron en la ciudad de La Paz. Entre ellos se encontraban 200 mujeres
y 55 menores de edad. En todo el trayecto, la presencia de la mujer había
sido importantísima. Caminaron a la par de los hombres y, al llegar a
Magdalena Cajías de la Vega
47
los campamentos de descanso, se hacían cargo de la elaboración de los
alimentos. Nunca desmayaron.
Desde la tranca de Chuquiaguillo hasta la Plaza Murillo, juntas vecinales, organizaciones cívicas, sindicatos y miles de pobladores paceños
les dieron la bienvenida. Eran las seis de la tarde. Al gobierno no le había
quedado otra alternativa que ceder. El apoyo a los indígenas había sido tan
inesperado como inmenso, por lo que Paz Zamora dictó varios decretos que
recogieron sus demandas.
Los marchistas indígenas habían dejado de ser invisibles. Ya ningún
gobierno podía olvidar que existían. Ya la sociedad boliviana sabía de sus
derechos. Para la memoria de estos pueblos la marcha quedó como un
acontecimiento altamente significativo.
El movimiento cocalero: la defensa de la hoja de coca y de la
soberanía nacional
El trópico cochabambino comenzó a llenarse de migrantes llegados
de distintos lugares del país, principalmente desde las décadas de los
setenta y ochenta del siglo pasado. A los campesinos del valle bajo y alto
de Cochabamba, se sumaron los de la región andina y los ex-trabajadores
de las antiguas minas estañíferas. Ellos se convertían rápidamente en
productores de la hoja milenaria de coca.
Durante el gobierno dictatorial de Luis García Meza, el Chapare cochabambino comenzó a ser percibido como una de las “zonas rojas” por la
presencia de narcotraficantes y “pisacocas”. Con el retorno de la democracia,
en 1982, los gobiernos comenzaron a buscar soluciones a este problema y,
bajo la influencia de Estados Unidos, se dictó la famosa Ley 1008. Paralelamente, se crearon organismos especiales como UMOPAR, y llegó la DEA
norteamericana para intervenir en el Chapare.
Como los cocaleros defendieron sus plantaciones, que iban a ser
erradicadas pese a que la mayoría habían sido calificadas por la 1008
como legales, se produjeron dos masacres: la de Parotani, en 1987, y la de
Villa Tunari, en 1988, que costaron la vida a once personas y produjeron
decenas de heridos. Desde esos años, los cocaleros y sus familias estuvieron
expuestos a constantes atropellos y vejámenes. Por eso se organizaron en
cinco federaciones especiales, las que tuvieron como modelo organizativo a
los sindicatos campesinos, así como la influencia de ex-dirigentes mineros
que habían llegado a la zona. Paralelamente, emergió el liderazgo de un
joven dirigente llegado al Chapare desde Oruro, Evo Morales.
A principios de los noventa, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico incrementó la reducción forzosa de los cultivos de coca. Mientras
tanto, los 75 millones de dólares invertidos para el desarrollo alternativo
48
La forma sindical en Latinoamérica
sólo habían beneficiado a dos centenas de familias de las aproximadamente
50.000 presentes en la zona. En septiembre de 1991, el presidente Jaime
Paz Zamora determinó la militarización de la zona y 51 asesores militares
norteamericanos entrenaron a los batallones Jordán y Manchego en Riberalta. En respuesta a ello, los cocaleros comenzaron a ejercitar diversos
métodos de lucha para resistir la arremetida, como bloqueos de caminos,
desarrollo de “comités de autodefensa”, búsqueda de apoyo en organismos
de derechos humanos y de instituciones nacionales e internacionales.
Tres años después, el zar antidroga Lee Brown, impuso al gobierno
boliviano la opción “Coca Cero” y comenzó la “Operación Nuevo Amanecer”
para erradicar cinco mil hectáreas de coca. En abril de 1994, la Central
Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación Sindical de Campesinos Colonizadores,
decretaron un bloqueo de caminos a los campesinos cocales -y por otras
reivindicaciones-, que en el trópico cochabambino fue total.
Las fuerzas represivas detuvieron a más de 600 cocaleros; entre ellos
mujeres y niños y un campesino resultó muerto. En ese momento se consideró que era preciso cambiar de táctica y se decidió realizar una marcha
pacífica hacia la ciudad de La Paz, a la que llamaron “Por la vida, la coca
y la soberanía nacional”. En ella participarían las cinco Federaciones del
Trópico y representantes de la COB, de la CSUTCB, de la CSCB y otros
sectores sociales.
Los cocaleros pedían el cumplimiento de convenios anteriormente
firmados con el gobierno, la salida del Chapare de las fuerzas militares y
policiales y de la DEA, garantías para los dirigentes sindicales, respeto a
los derechos humanos y ejecución de proyectos de desarrollo alternativo
sin condiciones. Y aunque 400 militares y 200 policías llegaron a la zona
para impedir que la marcha saliera de ahí, ésta logró burlar la vigilancia
y continuó por “caminos de herradura”.
Caminaron muchos días eludiendo a la represión. Desde Cochabamba,
Potosí, Oruro, Santa Cruz, Tarija y los Yungas de La Paz salieron contingentes campesinos para llegar hasta la sede de gobierno en apoyo a
los cocaleros. El 19 de septiembre, tras caminar más de 600 kilómetros,
entraron a La Paz por Ovejuyo y Chasquipampa, recibiendo una enorme
solidaridad de sus pobladores. El 22 de septiembre, tras 27 días de conflicto,
se logró firmar un convenio con el gobierno, que daba respuesta a sus
principales pedidos.
La marcha cocalera también había servido para que la sociedad
boliviana conociera la verdadera realidad del trópico cochabambino y
para fortalecer a sus federaciones y líderes sindicales. Sin embargo, unos
meses después, las promesas de respeto a los derechos humanos no se
Magdalena Cajías de la Vega
49
habían cumplido, las detenciones inconstitucionales habían continuado y
la erradicación forzosa estaba en ascenso.
Marchar otra vez a La Paz fue una decisión de las mujeres cocaleras ante
la nueva arremetida represiva, las que iniciaron su marcha en diciembre de
1995. Los motivos eran prácticamente los mismos de un año antes. Cuando
arribaron a La Paz, el 17 de enero de 1996, luego de 31 días de caminata,
como siempre, esa ciudad respondió con una enorme solidaridad. Allí las
cocaleras instalaron una huelga de hambre, que finalmente consiguió un
nuevo acuerdo con el gobierno, firmado el 3 de febrero de 1996.
En los siguientes años, los cocaleros combinarían diferentes formas de
lucha: bloqueo de carreteras, grupos de autodefensa, formación ideológica
de las bases, búsqueda de aliados en la sociedad boliviana y en el exterior, y
la participación electoral. Para 1995, esa última estrategia cocalera estaba
dando sus frutos. En las elecciones municipales de diciembre de ese año,
ganarom las alcaldías de Villa Tunari, Sinahota, Puerto Villarroel, Pojo y
Chimoré y medio centenar de concejales en 21 municipios. El nuevo instrumento político, convertido en MAS-IPSP siguió aumentando su caudal
electoral a través del establecimiento de mayores vínculos con otros sectores
populares y por el reconocimiento social a la lucha del movimiento cocalero.
L a recomposición de la C onfederación S indical Ú nica
Trabajadores Campesinos de Bolivia
de
“Aquí hay dos Bolivias. Una Bolivia es la que está en las ciudades. Yo
soy de la otra. Esa otra Bolivia no tiene teléfono, no tiene internet, no
tiene medios comunicacionales. Esa Bolivia no tiene electricidad; tenemos
que vivir con mecheros. Esa Bolivia no tiene postas sanitarias, no hay
farmacias, no hay Mejoral, no hay Heno; nosotros tenemos que estar
masticando coca o tomando orín [para curarnos]. Esa es nuestra realidad.
Así hemos crecido y así hemos nacido. Esa Bolivia no tiene agua potable,
no tiene duchas, no hay javoncillo; tenemos que utilizar poq’e y montón
de esas otras cosas. Esa Bolivia no tiene buenos caminos. Esa Bolivia no
tiene medios para estar feliz (...). Esa Bolivia, o lo que era el Kollasuyo,
tiene su propia cultura, su propia religión, su propia filosofía, su propia
historia; tenemos nuestros propios territorios y nuestras leyes ancestrales
(...), nuestros hábitos y nuestras costumbres”.
Esas palabras fueron pronunciadas por el dirigente indígena Felipe
Quispe Huanca en una entrevista realizada en septiembre del año 2000,
en el programa “De Cerca”, conducido por el periodista Carlos Mesa, que
convocaba normalmente a “personalidades”. Para entonces, Quispe se había
constituído en un protagonista de primera línea de acontecimientos sociales
que estaban conmoviendo al país.
50
La forma sindical en Latinoamérica
En abril de ese año, había conducido como Secretario Ejecutivo de la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y
como líder de los aymaras del altiplano boliviano, un primer contundente
bloqueo de caminos en torno a la problemática de la privatización del agua,
que se desarrolló paralelamente a la “Guerra del Agua” de Cochabamba. En
el momento de la entrevista citada, estaba dirigiendo el segundo bloqueo de
caminos en distintas provincias de los departamentos de La Paz y Oruro,
el que puso en jaque al gobierno de Hugo Banzer Suárez.
Sobre ambas movilizaciones, un dirigente de Achacachi, localidad que
había asumido el liderazgo de las acciones, señaló: “Estos movimientos de
abril y septiembre no van a ser en vano. Alguna gente debe pensar que
solamente es una actitud o locura de nuestra gente, pero yo digo que no
es tanto así. Este movimiento ya ha generado intelectuales, ha generado
pensamiento diferente a lo occidental, un pensamiento en el marco de la
lógica aymara”. (Entrevista a dirigente campesino de Achacachi, octubre
del año 2000).
En ambos casos, el gobierno se vio obligado a abrir el diálogo y las negociaciones con el movimiento campesino-indígena del Altiplano boliviano,
luego de que fracasara la utilización del ejército y la policía contra los
bloqueadores que provocaron varios muertos y heridos. Pero la lentitud de
la aplicación de los acuerdos alcanzados provocó el estallido de un nuevo
conflicto en junio de 2001. En esta oportunidad, la estrategia campesina
fue la concentración de más de 50.000 campesinos en las carreteras el
día en que el gobierno dio un ultimátum para que fueran levantadas las
medidas, lo que impidió el avance del ejército y obligó a Banzer a volver
a entrar en negociaciones.
Para entonces, estaba claro que se había producido la emergencia de
un vigoroso movimiento campesino-indígena, que durante más o menos
dos décadas estuvo sumergido en una larga crisis. En varios sentidos, los
aymaras estaban utilizando simbólicamente la memoria histórica de las
rebeliones anticoloniales de Túpac Catari en el siglo XVIII, de Pablo Zárate
Willka de fines del siglo XIX, de los levantamientos del siglo XX contra la
expansión de la hacienda, de las milicias campesinas de la revolución del
52 y de los bloqueos de fines de la década del 70 organizados para lograr
el retorno a la democracia.
Por otro lado, el movimiento tenía reivindicaciones económicas y sociales
concretas, que se plasmaron en un pliego de demandas de 50 puntos que
incluía desde la dotación de tractores, hasta la construcción de universidades
indígenas. Pero lo que le dio más significado al movimiento conducido por la
CSUTCB fue la fuerza que cobró la dimensión étnico-cultural. Al respecto,
los indígenas aymaras del Altiplano boliviano recrearon tradiciones organizativas y formas de lucha ancestrales, como la mita (turnos), la mink’a y el
Magdalena Cajías de la Vega
51
ayni (formas comunitarias de apoyo solidario) para sostener los bloqueos, la
utilización de hondas, palos y piedras para enfrentarse al ejército y la puesta
en escena permanente de símbolos originarios como la Whipala (bandera
indígena) y el sonido de los “pututus” para convocar a la lucha.
El discurso de los líderes reflejó cada vez más nítidamente el contenido
político de las acciones, como se puede advertir en lo señalado por Felipe
Quispe a la prensa: “En lo posterior vamos a plantear la autodeterminación
de la nación aymara, así como de la quechua y las demás [etnias] que hay
en este país y eso va a ser una lucha por las nacionalidades y no como ahora
que es una lucha de clases” (“El Juguete Rabioso”, 15 al 28 de julio de 2001).
En los movimientos sucesivos, como en los bloqueos campesinos y la
huelga de hambre de septiembre de 2003, los líderes insistieron en que sus
acciones eran una respuesta a la explotación y marginación que durante
siglos habían ejercido contra aymaras, quechuas y otras naciones indígenas
los “k’aras” (blancos, criollos, sectores dominantes), y plantearon que había
llegado la hora del “Pachakuti”, es decir, de la rebelión general y total contra
el colonialismo interno vigente. Durante la insurrección popular de octubre
de ese año, miles de campesinos-indígenas realizaron un cerco a la ciudad
de La Paz, provocando un profundo temor entre sus sectores acomodados
asentados en los barrios recidenciales, aunque finalmente este hecho fue
ante todo de carácter simbólico.
En todo caso, la irrupción social y política indígena iniciada en el año
2000 tuvo la suficiente fuerza como para convertir a este sector en un
actor central de los nuevos tiempos, y a su discurso indianista en uno de
los sustentos ideológicos fundamentales.
El “bloque social indígena, campesino, obrero
y popular” y la Asamblea Constituyente
A modo de conclusión, queremos volver brevemente sobre uno de los
dos aspectos más significativos y novedosos del período histórico que abrió
el camino al proceso de transformaciones en Bolivia: la articulación entre
distintos sectores -movimientos sociales- en momentos altamente significativos para la estructuración de lo que podemos llamar “una agenda del
cambio”, así como para comenzar a perfilar un proyecto político ideológico
de construcción de un nuevo Estado.
Al respecto, aunque es evidente que cada sector tuvo reivindicaciones
particulares, muchas otras consiguieron aglutinar a grupos regionales
y sociales diversos como fue el caso de la lucha por tierra y territorio, la
mejora de condiciones de vida y de trabajo, la reconquista de derechos
laborales, eliminados desde la implantación del neoliberalismo, la defensa
de la hoja de coca, la nacionalización de los recursos naturales y otros, así
52
La forma sindical en Latinoamérica
como la crítica a la “partidocracia”, el rechazo a la utilización de la violencia
estatal y el descrédito de la democracia representativa.
Durante más de una década, indígenas de tierras bajas, pueblos originarios de tierras altas, colonizadores y cocaleros, sectores afiliados a la
Central Obrera Boliviana, asalariados y cooperativistas mineros, hombres
y mujeres, nuevas y viejas generaciones, se fueron encontrando en los
caminos -ya sea bloqueando las carreteras o marchando hacia la sede de
gobierno-, en los momentos de insurrección popular urbana -como en las
ciudades de Cochabamba, El Alto y La Paz-, soportando la represión o
celebrando los triunfos populares.
Pero no se encontraban sólo como ciudadanos movilizados espontáneamente, sino que la mayoría de ellos estaban afiliados a organizaciones
sindicales, cívicas y sociales que sostenían colectivamente sus acciones.
Eran masas y multitudes volcadas a la rebelión y practicando la acción
directa, pero detrás de ellas dirigentes y bases respondían a sus diferentes
estructuras organizativas.
En todos esos años, actuaron la Central Indígena de Pueblos del Oriente
Boliviano (CIDOB), el Consejo Nacional de Markas del Qollasuyu, las seis
Federaciones de Campesinos del Trópico de Cochabamba, la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Central Obrera
Boliviana, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, La
Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, la Confederación
Sindical de Colonizadores de Bolivia, la Central Obrera Regional de El Alto,
las Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto, la Coordinadora del Agua de
Cochabamba, las organizaciones indígenas del Beni y Santa Cruz y muchas
otras más.
Fue justamente la capacidad organizativa de cada uno de los sectores lo
que permitió sumar fuerzas cuando los motivos comunes de la movilización
confluyeron en una demanda de carácter más global y estructural: la convocatoria a una Asamblea Constituyente para transformar radicalmente
la Carta Magna como instrumento legal fundamental del ordenamiento
de una nueva Bolivia.
Esa demanda ya había sido planteada en junio de 2002 por organizaciones indígenas de tierras bajas y de tierras altas, comandados por la CIDOB,
CONAMAQ, el Bloque Oriente y otras 50 organizaciones, que realizaron
una larga y sacrificada marcha hacia la ciudad de La Paz. Aunque en ese
momento no lograron su objetivo, la consigna fue levantada con mayor
fuerza aun durante la insurrección popular de octubre de 2003, junto a otra
demanda generalizada: la nacionalización de los hidrocarburos.
En cuanto al segundo aspecto señalado al principio de este artículo,
igualmente trascendente para el proceso de cambio, los movimientos sociales -especialmente, las organizaciones indígenas- optaron por participar
Magdalena Cajías de la Vega
53
del juego democrático para plasmar a través de la conquista del poder
político sus experiencias previas y sus aspiraciones sociales, para lo que
contaron con candidatos y estructuras políticas propias. Ya hemos descrito
cómo las sucesivas votaciones que se dieron desde el año 2005 favorecieron
al Movimiento al Socialismo y al liderazgo de Evo Morales, lo que puede
calificarse como inédito en nuestra historia, aun cuando el Instrumento
Político de la Soberanía de los Pueblos ya había incursionado en procesos
electorales municipales y nacionales con bastante éxito.
Por otro lado, el triunfo electoral del MAS se debió también al apoyo
recibido por las clases medias, ausentes en el período de desarrollo de los
conflictos. Esto puede deberse al hecho de que las distintas movilizaciones y
sobre todo la insurrección de octubre de 2003, convocaron e interpelaron al
conjunto de la sociedad boliviana y lograron la solidaridad de otros sectores
no necesariamente involucrados directamente en los acontecimientos. De
alguna manera, las “acciones populares”, sean aisladas o más generales,
se transmitieron a los no participantes que, a veces, las hicieron suyas e
incluso comenzaron a formar parte del nuevo bloque social.
Unos y otros construyeron y apoyaron el desarrollo de la Asamblea
Constituyente instalada en el año 2006 tras un apoteósico y nunca visto
desfile en la ciudad de Sucre en el que participaron miles y miles de personas que representaban a las organizaciones indígenas, campesinas, obreras,
populares, al mismo tiempo que por primera vez desfilaban junto al ejército
nacional. Tres años más tarde, dieron su voto por el SI para la aprobación
definitiva de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia. El camino para la construcción de un nuevo Estado estaba abierto.
Bibliografía
El juguete rabioso, 15 al 28 de julio, 2001.
Entrevistas
Entrevista a dirigente campero de Achacachi, octubre, 2000.
54
La forma sindical en Latinoamérica
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
55
Sindicalismo y precariedad laboral: apuntes
para pensar la acción gremial de base en
la Argentina de la postconvertibilidad
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
Gabriela Wyczykier
Doctora en Ciencias Sociales de FLACSO-Argentina, Investigadora
del CONICET, Investigadora-Docente de la Universidad
Nacional de General Sarmiento. [email protected]
Mariana Barattini
Magíster en Ciencia Política, Investigadora-Docente de la
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Doctoranda
en Ciencias sociales IDES-UNGS. [email protected]
Introducción
En el milenio actual hemos asistido en la Argentina a un resurgimiento
de los estudios y discusiones sobre prácticas y acciones sindicales, tanto en
el ámbito académico como en el político. Ello se enmarca en un contexto de
reposicionamiento de los actores sindicales que ha contenido un conjunto
de acciones y demandas en sus diversos niveles organizativos (de primer,
segundo y tercer grado) en torno a distintas problemáticas y con dispares
resultados.
En efecto, se distingue en este período una estrategia de revinculación
estratégica y rearticulación política de la principal central de trabajadores
que agrupa al movimiento obrero argentino (la Confederación General
del Trabajo -CGT-)1 con el primer y segundo gobierno del Frente Para La
Victoria (FPV), así como la reemergencia de disputas laborales encaradas
por organizaciones sindicales de distinto nivel de agregación, entre las que se
aprecian seccionales gremiales, delegados de fábricas y trabajadores de base.
1 La otra central obrera que agrupa fundamentalmente gremios estatales
y otros sindicatos, pero que no ha logrado obtener hasta la actualidad la
personería gremial, es la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
56
La forma sindical en Latinoamérica
En esta dirección y en contraposición a la disminución de los conflictos
laborales en el ámbito de trabajo y en el escenario público en los años ‘90,
la recomposición de la actividad económica luego de la crisis social, política
y económica del 2001 favoreció, junto a otros factores, la dinamización de
disputas en torno a las relaciones de abajo especialmente desde el 2004
en adelante.2 Éstas últimas se han centrado principalmente en demandas
en torno a mejoras económicas, básicamente la recomposición salarial;
pero también han contenido, aunque proporcionalmente en menor medida,
reclamos en torno a la problemática de la precariedad laboral y la democratización sindical.3
Estas disputas se han venido así desplegando y problematizando en
un escenario caracterizado, como referencian algunos autores, por el fin
del consenso neoliberal y el comienzo de una nueva etapa, marcada por
ambigüedades, rupturas y continuidades.4 En este marco, determinados
2 Se distingue como la etapa de la postconvertibilidad en la Argentina al período
económico, político y social inaugurado en el año 2002, cuando se dejó sin efecto
como política pública el Plan de Convertibilidad vigente desde el año 1991, que
igualaba la paridad de un peso argentino a un dólar estadounidense. Dicho
Plan había generado significativos efectos perniciosos sobre el tejido económico
nacional, habiendo implicado su finalización una serie de situaciones que
favorecieron la reversión de las tendencias negativas en el crecimiento del PBI
en el milenio actual, contribuyendo ello al crecimiento económico.
3 Los datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA muestran en el 2007
y 2008, en el país, una mayor incidencia porcentual de demandas económicas
que promovieron estos conflictos (63% y 54% de los casos, respectivamente),
pero se registran adicionalmente -con oscilaciones entre los períodos- una
serie de demandas en torno a la problemática de la representación sindical
(20% y 24%, respectivamente), las condiciones de trabajo y condiciones
precarias (17% en el 2007), y en torno a situaciones de crisis de las empresas
(despidos, suspensiones, cierre de empresas). En el informe anual del 2009,
los datos muestran un importante ascenso de los conflictos vinculados a
situaciones de crisis que adquieren una magnitud mayor en los casos del
sector privado (55%). En este sector, los conflictos dinamizados por demandas
económicas muestran una disminución, mientras que los referidos a cuestiones de representación sindical oscilaron en torno al 20%.
4 Algunos autores analizan que en el milenio actual varios países latinoamericanos, incluyendo a la Argentina, se encuentran experimentando un “cambio
de época” que, en sus dimensiones económico-político y sociales, marca un
giro hacia un modelo neodesarrollista con base “extractiva”, marcando ello
continuidades y rupturas respecto a la etapa neoliberal (Svampa, 2010).
Feliz (2010) refiere a una forma de Estado neodesarrollista que reconoce
la centralidad de la clase trabajadora en el desarrollo económico, y ello se
expresa a través de una serie de concesiones políticas a los trabajadores
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
57
procesos se fueron desarrollando en forma concomitante: la coexistencia
de la recuperación económica y un discurso que revaloriza el trabajo como
vector de integración, reenviando a la matriz nacional-popular de otras
etapas políticas en el país y en la región, denotando tendencias ideológicas “progresistas” en diversos países del continente. Ello se produce, sin
embargo, con la persistencia de dinámicas que acentúan la precarización
de las relaciones laborales, la concentración y extranjerización de la economía. Este escenario, en el caso de la Argentina, fue acompañado por un
fortalecimiento político de los sindicatos.
En vistas de este contexto de reflexión académica y política, junto a la
constatación de ciertos cambios en la dinámica de las relaciones laborales,
este artículo se propone centralmente indagar sobre una dimensión central
que atraviesa y continúa caracterizando este escenario: la persistencia
en la Argentina, y en otras geografías, de inserciones laborales precarias
que suponen tanto la presencia de formas divergentes de transitar la
experiencia de trabajo, como así también, algunos intentos de recrear
relaciones solidarias de clase, que se ven reflejadas en experiencias de
carácter sindical de estos trabajadores.
La precariedad laboral es un fenómeno que condiciona y afecta la dinamización de relaciones colectivas de trabajo y de representación gremial y
política, dado que la misma experiencia laboral acentúa una tendencia a
la individualización en el modo de transitarla. En esta dirección, podemos
señalar en las prácticas del sindicalismo argentino un doble proceso: de un
lado, esas prácticas han permitido (ya sea por acción u omisión) la persistencia de la tendencia a la precarización de las relaciones laborales. Pero al
mismo tiempo, algunas organizaciones gremiales en sus distintos niveles
de representación han acogido la problemática de la precariedad laboral
entre sus demandas reivindicativas, aunque de un modo muy atomizado
y particularizado, especialmente en estos últimos años de recuperación
económica y del empleo.
En este marco, se advierte de todos modos la emergencia de experiencias
de carácter sindical en diversos sectores de la economía, que han desarrollado, especialmente desde el lugar de trabajo, estrategias para afrontar
colectivamente el proceso de individualización de la trayectoria vital a la
que confina la precariedad laboral. En esta dirección, nuestra inquietud
investigativa y reflexiva ha buscado concentrarse en los atributos, potencialidades y limitaciones de los procesos de colectivización político-sindical
que han perseguido, entre sus objetivos, desandar y operar sobre el proceso
junto con una serie de políticas activas de intervención gubernamental en
este desarrollo. Ello acontece en una etapa post neoliberal, donde el capital
transnacional tiene significativa relevancia.
58
La forma sindical en Latinoamérica
de descolectivización que ha venido afectando a los trabajadores en las
últimas décadas.
Con este propósito, las siguientes preguntas han estructurado nuestras preocupaciones: ¿Qué características asume la
acción colectiva que incorpora la problemática de la precarización
del trabajo? ¿Qué atributos asumen estas acciones considerando los procesos de individualización y la dificultad de acceso a
instituciones colectivas que caracterizan esta clase de inscripciones y experiencia laboral? ¿Qué relaciones y vínculos solidarios, entre trabajadores
que experimentan similares y diferentes modos de atravesar la experiencia
laboral, se advierten a partir de la precarización del trabajo? ¿Cómo se
desarrolló la relación entre los diferentes niveles de organización sindical
ante estas experiencias?
Un aspecto central a destacar es el nivel de análisis para pensar la acción
sindical desde nuestros estudios. Ello remarca una elección analítica que
de ningún modo comprende la complejidad de dimensiones que requieren
atención para pensar e ilustrar las preguntas y los enunciados señalados.
Con esta consideración, nuestro propósito es aportar a inquietudes analíticas reflexionando sobre algunos procesos organizativos en particular, sin
ahondar en otros que sin duda resultarían fundamentales para aportar a
una visión más comprensiva de la situación actual del sindicalismo.
En vistas de ello, el artículo recorre la problematización de la precariedad y del trabajador precario como sujeto político, considerando los aportes
de la bibliografía desde una perspectiva académica, y otra mirada políticomilitante. A continuación, presentaremos un conjunto de experiencias que
dan cuenta de acciones gremiales en torno a la precariedad laboral que se
desarrollaron tanto en el sector industrial como en el sector servicios de
la economía desde el año 2001 en la Argentina.
En el primer caso, el del sector industrial, observaremos que las acciones gremiales han sido impulsadas en forma atomizada por delegados y
trabajadores de base con determinada trayectoria política y sindical desde
los lugares de trabajo, y que han contenido fundamentalmente las contrataciones eventuales y la situación de los trabajadores tercerizados dentro
de las demandas fundamentales para afrontar la precariedad laboral.
En cuanto al sector servicios, presentaremos el recorrido de dos experiencias ligadas a los nuevos servicios de la economía, una enmarcada
en las consultoras de mercado y políticas: la organización gremial de los
trabajadores de las encuestas, y la otra, la organización de los trabajadores mensajeros y cadetes, actividad que ha denotado un espectacular
crecimiento luego de la crisis del 2001. Ambas experiencias se sitúan en
un recorrido que da cuenta de una des-individualización de la experiencia
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
59
laboral y el inicio de un camino de construcción colectiva que se propuso
desafiar la precariedad.
Los cambios en el mundo del trabajo y en sus organizaciones de
representación
Como consignamos anteriormente, el proceso de reposicionamiento de
los actores sindicales se llevó adelante en el marco de un mejoramiento
de los indicadores socioeconómicos luego de la crisis del año 2001. Sin
embargo, la mejora sustancial de las condiciones laborales no se ha distribuido de modo homogéneo por sobre el conjunto de los trabajadores y de
los diferentes sectores de actividad. Más aún, aspectos que parecen denotar
una ruptura con la década pasada, como la disminución del porcentual de
desocupación o el registramiento de trabajadores, coexisten con deficitarias
condiciones laborales, bajos salarios, y la permanencia de irregularidades
de contratación en distintas actividades. Como se ha destacado vastamente
en la bibliografía, tanto en la Argentina como en otras economías occidentales en, los años 90’ se avanzó significativamente en la flexibilización
de las relaciones laborales, predominando estrategias empresariales que
consistieron en la creación de condiciones de contratación dúctiles que,
junto a los elevados niveles de desempleo, confluyeron para generar un
fuerte debilitamiento de los derechos e instituciones colectivas y protectoras
del trabajo. Ello trajo como correlato un debilitamiento y desestructuración
de los vínculos sociales y laborales que otrora caracterizaron los estándares
del trabajador protegido, imperantes fundamentalmente, y en términos
generales y normativos, entre los años 40 y 70, en las economías capitalistas
de América Latina (atendiendo a las disparidades nacionales y regionales).
Estas transformaciones generaron una fragmentación del mundo del
trabajo que conllevó un resquebrajamiento de solidaridades entre los
trabajadores, tanto en sus espacios productivos, como de sociabilidad
(Negri, 2002), ante un acelerado proceso de estratificación vertical y
fragmentación horizontal de los vínculos laborales (De la Garza, 2001).
Como señala lúcidamente R. Castel (2003), la precariedad y el desempleo
afectaron desde los años 70 en adelante a la clase obrera operando sobre
sus formas de organización, por la existencia de un conjunto de desigualdades inter e intra categoriales que profundizaron las dificultades en torno
a la construcción de identidades colectivas. Estos cambios entrañan para
Castel un proceso de descolectivización de las relaciones laborales y del
modo de organización de los trabajadores, observándose como contrapartida una individualización de las estrategias personales para afrontar la
precariedad y el desempleo, con el objeto de permanecer integrados en
relaciones de trabajo asalariadas formales.
60
La forma sindical en Latinoamérica
En este escenario, y como abona Harvey (2004) a estas reflexiones,
hemos asistido a una transición en el régimen de acumulación, y su correspondiente modo de regulación social y política, notándose un pasaje
a un sistema que apela a la flexibilidad de los procesos de trabajo, que
ha tenido significativos efectos sobre las modalidades de vinculación de
los individuos con el mercado laboral, afectando profundamente, como
mencionamos con anterioridad, sus formas de organización. En relación
a estas organizaciones, durante la etapa fordista fueron los sindicatos
-en el caso argentino, estructurados bajo una forma corporativa, vertical
y jerárquica, en cuya cúpula se encontraba la Central de Trabajadores
Argentinos (CGT)- la forma predominante (hegemónica) de regulación de
las relaciones laborales.
Las transformaciones antes señaladas han afectado claramente en una
variedad de situaciones la fortaleza de esas organizaciones sindicales tradicionales, herederas de estrategias defensivas y reivindicativas de recursos
materiales, simbólicos y culturales propios de esa era de acumulación.
Diferentes perspectivas han augurado el fin de esa forma de regulación,
destacando la ineficacia de las instituciones clásicas del sistema de relaciones industriales (negociación colectiva, seguridad social, neocorporativismo)
(Boyer, 1989; Lipietz, 1985).
A pesar de esos diagnósticos, en los últimos años, ciertos indicadores nos
muestran la reversión del proceso de desmovilización y acotamiento de la
acción sindical, denotando un reposicionamiento político de los sindicatos.5
Con ello se hace referencia al aumento de la cantidad de trabajadores
afiliados a estructuras sindicales, el crecimiento del número de acuerdos
y convenios de negociación colectiva6 y el traslado del conflicto social al
5 El “resurgir del actor” fue analizado observando experiencias de vitalización
sindical en países como México, Brasil y Argentina, y hay una reciente producción bibliográfica sobre la temática (Zapata, 2004; Bensusan, 2004; de La
Garza Toledo, 2005; Alcalde, 2003, 2006; Leyva, 2005; Bisberg, 2003; Guzmán
Concha, 2004; Etchemendy y Coller, 2009; Fernández, 2005, 2007; Ferrero,
2005; Di Tella, 2003; Armelino, 2004, entre otros).
6 Para Senén Gonzáles y Haidar (2009), dicho proceso de “revitalización” de
la negociación colectiva no debe confundirse sin embargo con el denominado
proceso de “revitalización” sindical si se considera la literatura existente principalmente en Europa respecto a este concepto. En esta dirección, las autoras
advierten claras señales de una recuperación del sindicalismo, pero no se
destaca el fortalecimiento de estructuras sindicales horizontales, la afiliación
de nuevos miembros, y la construcción de vínculos con organizaciones de la
sociedad civil, elementos que nos hablarían de una revitalización sindical.
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
61
conflicto laboral que se verifica desde el 2003 en adelante (Trajtemberg,
Senén González, Medwid, 2007)7, entre otros factores.
Apuntes sobre la precariedad laboral
La precariedad laboral ha sido una modalidad de inserción en el mundo
del trabajo, presente en las relaciones salariales del modelo de acumulación
capitalista, en distintos momentos históricos de consolidación de este
modelo, y en diversas geografías nacionales. Sin embargo, su precisión conceptual, su significación estadística, política y su presencia en la literatura
académica, política y militante, se inscribe fundamentalmente a partir de
mediados de los años 70, en adelante, en el marco de las transformaciones
capitalistas que definen un cambio en el modelo de acumulación.
Como bien destacan Alvater y Mahnkopf (2008), las relaciones laborales
precarias, y por tanto no normadas, fueron absorbidas por el sistema industrial o desplazadas hacia pequeñas subempresas, actividades agrícolas, el
comercio minorista, sobre todo en los países subdesarrollados. Sin embargo,
en la era de la globalización, la precariedad laboral vuelve a resituarse
transversalmente en los mercados capitalistas desarrollados. Ello condujo,
analizan estos autores, a profundizar las desigualdades socioestructurales
de poder entre capital y trabajo, porque las nuevas formas se oponen a las
garantías y la seguridad social e institucional que resultan de la relación
hasta ese momento normal de trabajo. Esta relación laboral era la que
brindaba seguridad, ligada a la dependencia y la subordinación, por la
permanencia y pertenencia de los trabajadores a una rama profesional por
un tiempo indeterminado. Sin que ello mine las asimetrías de poder entre
capital y trabajo, se fueron configurando formas de solidaridad ligadas
principalmente a los convenios colectivos y los seguros sociales.
Fue entonces, a mediados de los años 70, que la OIT utilizó por primera
7 Desde el año 2003, creció la cantidad de afiliados en numerosas organizaciones
gremiales, revirtiendo la tendencia a la baja de las tasas de afiliación ligada
a los cambios de composición sociológica del salariado (Drolas, 2008: p. 10).
En referencia a la negociación colectiva, hubo un auge de este instrumento,
no sólo por la cantidad de negociaciones sino también por el contenido de las
mismas (Novick y Trajtemberg, 2000; Palomino y Trajtemberg, 2006: p. 49).
Según los autores, este reimpulso fue incentivado por el Estado, que articuló
las políticas salariales con la promoción de la negociación colectiva, alcanzando
a colectivos más amplios de trabajadores, como los trabajadores del sector
agrario, los docentes del sector privado, los trabajadores del servicio doméstico
y los del trabajo a domicilio (op. Cit. p. 53). Sin embargo, más allá de la creciente
cobertura de este instrumento a partir del 2003, hay una porción importante
de trabajadores que no están registrados y cuyo salario no alcanza al mínimo.
62
La forma sindical en Latinoamérica
vez el concepto de precarización ligándolo a la inestabilidad en el puesto
de trabajo, y tomando como indicador para ello formas de contratación
por tiempo determinado o la inexistencia de contrato (el llamado trabajo
en negro). Al mismo tiempo, el término quedaba ligado a las situaciones
del mercado de trabajo de las economías subdesarrolladas, porque era
allí en donde estas formas adquirían relevancia. A partir de entonces, y
acompañando las transformaciones en los modos de producir y gestionar
las relaciones trabajo-capital, fue aumentando la preocupación por la temática, siempre asumida como un efecto no deseado de la reestructuración
productiva, la incorporación de tecnologías en la producción y las nuevas
formas de organización del trabajo (Aguiar, 2008).8
Progresivamente, la precariedad laboral comenzó a instalarse en la discusión académica contemplando al trabajo precario como “atípico” y opuesto al
trabajo regular estable asalariado, caracterizado por la seguridad y predictibilidad normativa. Si bien hay un reconocimiento del carácter heterogéneo,
complejo y ambiguo del trabajo precario, éste se visualiza como aquella
modalidad de inserción ocupacional que se desvía de la norma. Aquello que
identifica entonces a la precariedad es una combinación de estos factores,
“y los límites del concepto son, inevitablemente, arbitrarios hasta cierto
punto” (Rodgers, 1992, pág. 19). En esta dirección, Feldman y Galín (1990)
destacan la dificultad de trabajar con una conceptualización delimitada por
residuo, al ser definidas como precarias las ocupaciones que no son “típicas”,
y quedando así registradas como formas “atípicas” el empleo clandestino
(empleo no registrado); el empleo a tiempo parcial; el empleo temporario y
el empleo asalariado fraudulento. Como manifiestan los autores, varias de
estas formas de empleo precario se superponen parcialmente.9
Desde una mirada en la que confluyen la preocupación por identificar
un proceso social en curso y sus efectos políticos en la estructuración de
identidades colectivas, De La Garza Toledo (2005) destaca que en América
Latina y el Caribe la precariedad caracteriza el problema del empleo,
8 Aguiar (2008) menciona cuatro perspectivas interesantes para pensar la
precariedad: Una perspectiva jurídica y del mercado de trabajo (la atipicidad
contractual y de las condiciones de trabajo); una perspectiva del proceso de
trabajo (la flexibilización laboral); una perspectiva de la subjetividad (dispersión, debilitamiento); y una perspectiva “del bienestar” (la preocupación por
la protección social).
9 Los autores estimaban en 1990 que el 40% del empleo asalariado ya era
precario en el Gran Buenos Aires, Argentina. Ello fue el producto de la desconcentración del empleo, al incrementarse el peso relativo de la ocupación
en establecimientos de pequeño tamaño, y en la pequeña producción; así
como de la tercerización del empleo y particularmente de la expansión de las
actividades de servicios personales.
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
63
alentando un proceso de fragmentación de la clase trabajadora que no
necesariamente se encuentra ligado, en esta región, al advenimiento de la
sociedad posindustrial, o bien a la posmodernidad. Ello es más bien el fruto
de una base económica no estructurada, en la cual crecieron las ocupaciones
por cuenta propia y aumentó el empleo en micro establecimientos, siendo
características de estas ocupaciones las condiciones de trabajo precarias.
Ahora bien, como sostiene Alves (2009), la base objetiva de la precarización es la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo, la desarticulación de colectivos de trabajadores y de la resistencia sindical-corporativa,
y la fragmentación social ligada al crecimiento significativo del desempleo
de masas. La experiencia de precarización produce una inseguridad de clase
por la inestabilidad laboral y la falta de representación que conllevan las
modalidades de contratación que emergieron en la etapa neoliberal.
Otras miradas provenientes de algunos colectivos militantes que han
incorporado esta problemática en su agenda consideran a la precariedad
como una experiencia que trasciende las relaciones laborales normadas,
acentuando que en el actual contexto ya no resulta siquiera posible realizar
una clara distinción entre un sector precario de la población y otro seguro
o garantizado. Por el contrario, se destaca una tendencia más amplificada
ligada a la precarización de la vida como una amenaza que afecta a la sociedad en su conjunto. En esta línea de análisis, que considera a la precariedad
como un factor que caracteriza a las sociedades posindustriales, podríamos
pensar que el trabajo, para tornarse más productivo, comienza a incorporarse en el tiempo de no trabajo y así la explotación de la mano de obra se
sustancia adicionalmente por fuera de la esfera laboral, distribuyéndose a
través de todo el tiempo y el espacio de la vida. De este modo, la precariedad
se liga a la explotación del continuo de la vida cotidiana, siendo ésta la
experiencia corporizada de la precariedad (Tsianos y Papadopoulos, 2006).10
Este enfoque europeo surge a partir de la figura del trabajador inmaterial que caracterizaría la etapa actual, tras la derrota del obrero fordista
y la centralidad del trabajo vivo, cada vez más intelectualizado en la producción (Lazzarato y Negri, 2006). Para estos autores, el ciclo del trabajo
inmaterial ha tomado un papel estratégico en la organización global de la
10Esta experiencia corporizada tendría las siguientes características: vulnerabilidad ligada a la continua experiencia de la flexibilidad sin ninguna
forma de protección; hiperactividad que exige el imperativo a adaptarse a
la disponibilidad constante; simultaneidad que opera sobre la capacidad de
manejar a la vez los distintos tiempos y velocidades de múltiples actividades;
recombinación que supone los entrecruzamientos entre varias redes, espacios
sociales y recursos disponibles; inestabilidad que se sustancia en la continua
experiencia de la movilidad a través de distintos espacios y líneas temporales;
agotamiento afectivo y explotación emocional.
64
La forma sindical en Latinoamérica
producción, y su integración al trabajo industrial y terciario es una de las
principales fuentes de la productividad. En la gran empresa reestructurada,
el trabajo del obrero es un trabajo que implica, en forma ascendente, la
capacidad de elegir entre varias alternativas y la de responsabilizarse de
ciertas decisiones. Cualidad y cantidad de trabajo son reorganizadas en
torno a su inmaterialidad, y la actividad productiva se liga cada vez más
con tareas de control, de gestión de la información, de capacidad de decisión.
Considerando estos enunciados, es posible advertir que la precariedad
laboral se instala tanto en la agenda de discusión académica, como así
también en interrelación con discusiones políticas y en documentos de
organizaciones militantes. Su conceptualización, en tanto noción, proceso
y experiencia, se relacionan entonces con un conjunto de dimensiones que
denotan un fenómeno complejo al momento, tanto de reflexionar sobre su
potencialidad política, de acción colectiva y de clase, como así también, en
términos de trazar una caracterización de tipo descriptiva para referenciar
el universo socio demográfico que conforma a este universo. Esto es, referirse
tanto a una dimensión de universo objetivo como así también de experiencia
subjetiva y colectiva.
En efecto, y en relación con la primera dimensión, la inexactitud y
ambigüedad que rodean a este fenómeno inciden sobre la dificultad de
precisar numéricamente los grupos de trabajo afectados directamente
por este proceso. En términos estadísticos, el acercamiento usualmente
considerado para arrojar cifras sobre la precariedad ha sido el de medir
el trabajo no registrado o “en negro” como un indicador, aunque parcial,
de la precariedad laboral.11 Sin embargo, y como hemos planteado en este
apartado, la precariedad engloba experiencias, situaciones y trabajadores
que trascienden la noción del trabajo en negro.
Como bien destacan los enfoques y la bibliografía referenciada, la precariedad distingue un conjunto de experiencias “atípicas” de empleo, que
traducen modalidades divergentes de transitar el mundo del trabajo. De este
modo, legalidad e ilegalidad, trabajo “típico” y “atípico” constituyen fronteras
sumamente lábiles y porosas para demarcar este fenómeno extendido en
las relaciones laborales desde los años 70 en adelante en las economías
occidentales.12 En esta orientación, y como ilustraremos posteriormente con
11 Las cifras de la Encuesta Permanente de Hogares -EPH- muestran que en el
primer trimestre del año 2005, los trabajadores asalariados no registrados en
la Argentina representaban el 47,5%, mientras que, en igual período del año
2010, esta cifra descendió al 34,6% (Informe Estadístico del Tel, junio 2010).
12 La extensión de la flexibilización contractual, a partir de la década del 90 en la
Argentina, como analiza Perelman (2001), que se llevó adelante con la sanción
de la Ley 24.013 del año 1991 y la sanción de la Ley 24.465 de 1995, promovió
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
65
nuestros propios análisis de campo, las contrataciones eventuales y a tiempo
determinado, el trabajo tercerizado, la reivindicación por el trabajo estable,
el trabajo en negro, el empleo asalariado fraudulento, entre otros, forman
parte del conjunto de demandas de trabajadores en distintos sectores de la
economía en torno a la problemática del empleo precario.
Sobre ello avanzaremos en los próximos apartados de este artículo.
Acciones gremiales y trabajo precario: aproximaciones a partir de
los trabajadores industriales y de servicios en la Argentina actual.
En este apartado, concentraremos nuestra atención en aquellas situaciones en las cuales fue posible observar el desarrollo de demandas y acciones
en torno a la precariedad, desde el lugar de trabajo, con la complejidad y la
diferencia que aquel lugar refiere, tanto para los trabajadores industriales,
como para algunas actividades de servicios.
En variados casos, ello permitió la rearticulación de solidaridades entre
trabajadores estables y precarios con el objeto de modificar sus condiciones
laborales -como advertimos en los trabajadores de la industria-: en otros,
ello supuso la organización de solidaridades entre trabajadores precarizados cuyo lugar de trabajo no se encuentra necesariamente delimitado por
los muros de una fábrica o empresa, siendo la vía pública un espacio de
referencia para el despliegue de ciertas ocupaciones.
En vistas de ello, abordaremos el análisis a partir de dos sectores de
la economía: el sector industrial y el sector servicios, considerando una
pequeña porción de experiencias que se concentran en cada caso, y que
permiten ilustrar los procesos señalados. Para el caso del sector industrial,
presentaremos información sobre demandas y acciones, en torno a la precariedad, estimuladas por comisiones internas de fábrica del sector manufacturero de la economía, específicamente, del metalúrgico, el automotriz
y el sector de la alimentación. Para el segundo caso, reflexionaremos sobre
dos experiencias organizativas de carácter gremial de trabajadores ligados
a los nuevos servicios de la economía, que tomaron como eje articulador la
problemática de la precariedad, básicamente, el trabajo no registrado y el
empleo asalariado no fraudulento: las experiencias del SIMeCa (Sindicato
Independiente de Mensajeros y Cadetes) y del SENCUE (Sindicato de
Encuestadores en Lucha).
El trabajo de campo que otorga una base para los argumentos que
desarrollaremos se llevó adelante entre los años 2007 y 2009, a través
de una estrategia cualitativa de investigación social, aplicando la técnica
de las entrevistas en profundidad a delegados, militantes y trabajadores
las modalidades de empleo que contribuyeron a precarizar las relaciones de
trabajo dentro de un marco normativo y legal de regularización del empleo.
66
La forma sindical en Latinoamérica
de base, y la participación activa en repertorios de acción y en instancias
asamblearias.13
Es importante destacar que en el caso de los trabajadores industriales
las demandas y acciones de los colectivos laborales en torno a la precariedad se ligaron especialmente con las contrataciones eventuales, a tiempo
determinado, y a la situación de los trabajadores tercerizados. 14 Estas
demandas y acciones generalmente emergieron en virtud de la observación
de condiciones de trabajo desiguales, que introducían significativas disparidades materiales, culturales y simbólicas de transitar el espacio productivo
entre trabajadores con diferente inscripción ocupacional.
En cuanto a las otras experiencias, las demandas y acciones se estructuraron en torno al reconocimiento de la relación de dependencia oculta en
esas formas de contratación inestables y transitorias. De allí que el pedido
13 Los casos abordados en la industria corresponden a los colectivos de trabajo
de la planta Tenaris-Siat ubicada en la localidad de Avellaneda; de la planta
de Siderar-Morón, de la planta Dana-Spicer ubicada en la localidad de Grand
Bourg, Provincia de Buenos Aires, y de las fábricas de alimentos de Kraft-Food
(ex Terrabussi) y Pepsico, la primera ubicada en la localidad de Pacheco, la
segunda en la localidad de Florida, Provincia de Buenos Aires. Es importante
destacar que la elección de los casos no obedeció de ningún modo a una lógica
metodológica que procurara algún tipo de representación con respecto a un
fenómeno más amplio, sino que, por el contrario, hemos llegado a estos casos
por el interés que inviste en el estudio analizar acciones gremiales respecto a
la precariedad laboral en el sector de la industria que se hubieran producido
fundamentalmente desde el año 2001 en adelante, considerando que este tipo
de situaciones no se ha producido mayormente en este sector de la economía.
Por otra parte, y dada la extensión del presente artículo y sus objetivos primarios, enunciaremos algunas tendencias generales observadas a partir de estos
casos, que nos permitan reflexionar sobre las preguntas planteadas en el texto.
14 En la Ley de Contrato de Trabajo se considera que “media contrato de trabajo
eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de
un empleador para la satisfacción de resultados concretos tenidos en vista
por éste, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano, o
exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización
del contrato. Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el
vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto
o la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador”. (Art.
99-según Ley 24.013; 2009) El trabajo de temporada se desarrolla “cuando la
relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal
de la empresa o explotación, se cumple en determinadas épocas del año
solamente y está sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza
de la actividad” (Art. 96-según Ley 24.012; 2009).
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
67
de registración (según los actores, “el blanqueo”) haya sido una de las
primeras demandas que abrían la puerta a muchas otras, como el derecho
a la sindicalización.
Los trabajadores industriales
El sector industrial de la economía que atrajo nuestro interés, para
indagar sobre acciones de base y precariedad laboral, reviste un interés que
obedece a dos inquietudes que primaron en la elección de esta problemática:
De un lado, este sector de la economía no solamente ha experimentado en
la etapa de la postconvertibilidad un incremento productivo significativo
en relación a la década precedente sino que, conjuntamente, ha atravezado,
en términos generales, un aumento de la ocupación con la pervivencia de
formas de inserción laboral diferentes y desiguales en el espacio productivo. En efecto, se advierte un incremento de planteles productivos en los
cuales han convivido formas de contratación a tiempo indeterminado, con
contrataciones eventuales y de trabajo tercerizado.
En suma, aquellas tendencias que se acentuaron en el período neoliberal, y que afectaron profundamente la organización productiva, gremial
y política de los lugares de trabajo en el sector industrial, continuaron
desarrollándose en el milenio actual en el marco del proceso de vitalización
sindical referenciado antecedentemente.
En este escenario, la precariedad laboral del mencionado ámbito de la
economía, ligada mayormente a la desigualdad de condiciones de trabajo y
acceso a recursos materiales, simbólicos y culturales, que distingue a los trabajadores según el tipo de relación laboral que los caracteriza en cada espacio
productivo, poco ha sido encarada como problemática por las organizaciones
de segundo y tercer grado. Cuando esta problemática ha encontrado un
espacio en la disputa gremial, fue adoptada por unas pocas organizaciones
en el lugar de trabajo y en un contexto de fuertes limitaciones.
Como habíamos destacado anteriormente, en la evolución del sector
industrial de la economía, se advierten en términos generales algunos
aspectos que denotan continuidades y rupturas con relación al milenio
anterior. En este sentido, Azpiazu y Schorr (2010) destacan que si bien el
sector industrial no fue una de las actividades ganadoras por las medidas
de política económica implementadas desde el 2002 en adelante, se
notan heterogeneidades al interior de este sector, al mismo tiempo que
se distingue un acelerado ritmo de crecimiento que revirtió el proceso de
desindustrialización, que había afectado profundamente la actividad desde
los años 70.15
15 Según los autores, mientras el PBI global se expandió a 36,1%, el de la actividad
industrial se incrementó al 45,6%.
68
La forma sindical en Latinoamérica
Entre los atributos que caracterizan la evolución del sector industrial en
el período postconvertibilidad se distinguen, según estos autores, una serie
de señalamientos que vale la pena introducir: 1) Entre el 2001 y el 2007,
fueron las agroindustrias, la rama automotriz e industrias productoras de
commodities (siderurgia, aluminio, cemento, química) las que realizaron una
mayor contribución al crecimiento industrial; 2) La reactivación económica
del sector en este período estuvo fuertemente ligada a la utilización de
capacidad ociosa instalada en la industria, dando lugar a un proceso de
reindustrialización acotado, tanto cualitativa, como cuantitativamente; 3) El
desempeño productivo del sector impactó positivamente sobre la creación de
puestos de trabajo, ocupando, en el 2007, el 36,3% más de trabajadores que
en el año 2002; 4) Se advierte en el período un incremento de la productividad de la mano de obra; 5) Se profundizó la fragmentación de la clase obrera
argentina debido a la presencia de trabajadores empleados con modalidades
precarias de contratación y remuneraciones reducidas, con relación a los
trabajadores que gozan de empleos registrados y perciben mejores salarios,
conformando ello una nueva dimensión de la diferenciación.
Este último aspecto señalado reviste para nosotros una importancia fundamental al observar algunas tendencias muy marcadas en la organización
gremial de los lugares de trabajo. En primer lugar, es importante destacar
que las maneras diferentes de experimentar la actividad laboral en los
espacios productivos, conforme a las modalidades contractuales distintas
que se reproducen en estos espacios, muestran desigualdades significativas
entre los trabajadores que cooperan en un proceso de trabajo conjunto. De
este modo, se advierte una diferencia de acceso a diferentes recursos que
afecta, no solamente a los trabajadores en su experiencia vital individual,
sino además, a la experiencia colectiva en general.
Con referencia a las contrataciones eventuales, las demandas gremiales en el lugar de trabajo se han inspirado en la observación del uso de
estrategias legales fraudulentas por parte de los empresarios, que han
optado por esta modalidad de contratación cuando el requisito del puesto
de trabajo denotaba una permanencia más que una eventualidad. Así, dicho
puesto mostraba su permanencia a través de los meses, mientras que la
empresa rotaba personal para ocupar aquellos puestos, los cuales hubieran
requerido o justificado la contratación de personal efectivo.
Ello era una observación presente en los distintos colectivos laborales
indagados. En el caso de las industrias de la alimentación, por ejemplo,
algunos trabajadores evaluaban cómo, a pesar de que en un escenario
de ascenso productivo, visto especialmente desde el 2003 en adelante, la
empresa disponía de un plantel significativo de trabajadores eventuales
que rotaban constantemente por la misma. En este sentido, los mecanismos
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
69
de contratación y rotación de personal eran vistos como una estrategia que
no obedecía a los descensos y ascensos de producción, sino a una estrategia de gestión de los recursos humanos que ocultaba la existencia, como
manifiestan trabajadores de ésta y otras empresas, de puestos de trabajo
genuinos y con posibilidad de efectivización del personal.
Trabajadores de la empresa metalúrgica notaban igualmente cómo
el trabajo eventual era considerado por la empresa como una manera
de evitar la efectivización del empleo, abusando de esta modalidad de
contratación:
“Los que estaban contratados en forma eventual, por ahí bajaba un
poco el trabajo y una cantidad de compañeros se iban, en determinado momento se iban dos meses, volvían y se iban a los dos meses,
y era todo así. Tuvimos compañeros que durante 10 años estuvieron
contratados por agencia. Y el otro tema es la tarea, porque no son contrataciones eventuales, no es que se enfermó uno y el otro va a estar
reemplazándolo un año entero. Los compañeros tenían un trabajo
establecido” (Entrevista realizada por la autora a José, 41 años, y a
Ariel, 45 años, delegado y trabajador respectivamente de Tenaris-Siat,
diciembre de 2008, y diciembre de 2009).
La modalidad de contratación eventual tendió a ser así utilizada por
muchas empresas como una estrategia que conformó, pero además superó,
aquel “ejército industrial de reserva” puesto a disposición de los capitalistas cuando el proceso productivo, conforme a los vaivenes económicos,
requiriera de su utilización, tal cual lo analizó Marx. De este modo, en los
momentos de incremento de la producción, esta modalidad de inserción
laboral continuó cumpliendo una función clave en las relaciones laborales
al interior de las empresas: debilitar la organización gremial interna y
abaratar los costos empresariales de la fuerza de trabajo.
Entre los trabajadores eventuales y efectivos se notaban diferencias
salariales y de otros beneficios materiales significativos: los primeros cobraban salarios menores por tener categorías muchas veces más bajas que
los segundos, a pesar de desarrollar similares tareas; no accedían a premios
por productividad o presentismo, no podían solicitar créditos que la empresa
brindaba a los efectivos, como, por ejemplo, en materiales y mercadería, o al
uso de colonia de vacaciones.
A ello se sumaba en algunas empresas el uso de ropa de trabajo diferente
que aportaba una distinción corporal entre unos y otros, el uso de horarios
distintos de comedor, un trato diferencial por parte de supervisores con
relación a los tiempos de descanso, sólo para mencionar algunos. El vínculo
con las organizaciones sindicales, para estos trabajadores, acostumbrados a
70
La forma sindical en Latinoamérica
la rotación o a la “eventualidad permanente”16, era sin dudas un privilegio
vedado. Incluso, en algunos eventos conflictivos o en demandas de parte de
delegados y comisiones internas ante ciertas situaciones problemáticas que
afectaban a los trabajadores contratados, la respuesta de la organización
sindical solía ser renuente a la incorporación de este grupo como parte de
las actividades y compromisos de representación sindical.
Estas diferencias entre los trabajadores efectivos y contratados mellaban las relaciones solidarias y de cooperación entre los mismos en el
espacio productivo. En el lugar de trabajo, la división entre trabajadores con
categorías contractuales diferentes generaba dificultades para establecer
lazos secundarios duraderos, que otrora caracterizaba el pasaje por los espacios productivos. Para unos, la figura del trabajador estable se inviste de
una meta y una aspiración para evitar la continua rotación y la dificultad
que ello entraña por sus efectos materiales y sociales sobre las condiciones
vitales y laborales. Para los otros, el trabajador contratado se convierte
en parte de una escenografía que cambia con frecuencia, dificultando la
recreación de lazos solidarios de clase.
Entre aquellos suele establecerse una relación distante, de competencia,
muchas de las veces, por el temor de los primeros de ser reemplazados por
los segundos, y de cierta sensación de abuso de los contratados por tener
que realizar tareas que los trabajadores efectivos ya no quieren desarrollar.
“Cuando entré yo, entrábamos en tandas de entre 20 y 30 compañeros,
y quedaban no más de 5 ó 6 como efectivos. El resto era despedido
en forma automática, sin ningún tipo de asombro por parte de los
compañeros, era algo naturalizado. Incluso la tanda anterior venía
de 2 ó 3 años contratados. La rivalidad que había entre contratados y
efectivos era terrible, porque cuando entraba un compañero, el efectivo
pensaba que le venía a sacar el puesto. Lo he vivido personalmente,
cuando me mandaron a una máquina de fundición y me di cuenta que
el compañero, de 50 años, que me explicaba, me estaba ocultando cosas,
para que yo cometiera un error grande. Esa división nos costó varios
meses romper” (Entrevista realizada por la autora a Gastón, 30 años,
delegado despedido de DANA, Buenos Aires, diciembre 2008).
Las empresas por otra parte aprovechan para incentivar estas diferencias.
16 “La eventualidad permanente” ha sido un término referenciado en varias notas
periodísticas para destacar la situación de los trabajadores con contratos eventuales, en el sector de la industria, en particular en alusión al caso de los trabajadores
de Tenaris-Siat.
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
71
“La empresa S. se encarga de marcar la diferencia entre los estables
y los contratados, trabajan mucho con esa psicología” (Entrevista
realizada por la autora a Coco, 42 años, delegado de la empresa
Siderar-Morón, noviembre de 2008).
La rotación de los trabajadores genera, por otro lado, serias dificultades
en varias empresas para desarrollar vínculos de compañerismo de cierta
permanencia, así como las estrategias de gestión del personal conspiran
en muchas ocasiones contra la posibilidad de dinamizar estas relaciones.
“Vos entrabas a la empresa y no distinguías cuál era cuál. Lo distinguías en el trato. Los contratados estaban excluidos de todos los
beneficios que había, en la proveeduría vos podías comprar mercadería
de la empresa. Pero tenía que ser con una lista, con un pedido. Y los
que estábamos por agencia no podíamos. A parte del laburo que hacías,
eras un paria, en todo el sentido de la palabra. Y tus compañeros
también lo veían así, te decían no me voy a encariñar con vos porque
los van a echar a la mierda. Entonces cuando los echaban, no pasaba
nada. Uno se acostumbra a eso y yo tampoco le daba mucha pelota
la verdad a los compañeros contratados (Entrevista realizada por la
autora a Roberto, 31 años, ex trabajador y delegado de sector de Kraft
despedido, diciembre 2009, Buenos Aires).
La dificultad de ver al otro como un igual y como un sujeto de derechos
semejantes requirió entonces, en las experiencias estudiadas, de la activación
de delegados y trabajadores más comprometidos con revertir este tipo de
situaciones que limitaban la solidaridad en el lugar de trabajo. Ello supuso
aprovechar diferentes instancias de sociabilidad en el espacio productivo, y
por fuera del mismo (como los asados y los partidos de fútbol), para incentivar
una mayor empatía de parte de los trabajadores efectivos con relación a los
contratados.
En algunas empresas, como en una de la alimentación, camadas de
trabajadores contratados presionaron a la CI (Comisión Interna) para que
generara acciones de apoyo a su situación, en la búsqueda de la efectivización laboral. Ello en alguna medida también fue motorizado por algunos
trabajadores y delegados que actuaron como referentes en estos reclamos.
En otras empresas, trabajadores más activos, delegados y CI promovieron acciones para efectivizar a los contratados con vistas a igualar
condiciones de trabajo y remuneración. Algunas de las veces ello obtuvo
resoluciones favorables a los reclamos, y en otras, a pesar de la intervención
del Estado a favor de los trabajadores (como lo demuestra el caso de los
trabajadores de Tenaris-Siat), varios trabajadores eventuales no pudieron
efectivizar su condición laboral.17
17 En el caso del colectivo de trabajadores de Tenaris-Siat, la CI, entre sus variadas
72
La forma sindical en Latinoamérica
Las amenazas de quite de colaboración, la no realización de horas extras,
la presión gremial interna, presentaciones institucionales al Ministerio de
Trabajo en la órbita nacional y provincial, fueron algunas de las medidas
colectivas desarrolladas por las organizaciones gremiales internas. Para
que estas medidas fueran dinamizadas, y las inquietudes por la precariedad
transitaran de la preocupación de un grupo o delegado en particular a ser
una demanda colectiva, se advierte en todas las experiencias un trabajo
de concientización política por parte de los referentes y trabajadores más
“inquietos” con estas condiciones. Algunas de las veces estas inquietudes se
ligaron con tradiciones partidarias de izquierda de algunos de los referentes,
otras, con trayectos de experiencia y trabajo básicamente sindical, mientras
que en otras experiencias se advierten preocupaciones que reconocen
antecedentes más diversos. Pero una condición para que estas inquietudes
se proyectaran como demandas de colectivos basistas ha sido la irrupción
en los espacios productivos, en el milenio actual, de trabajadores jóvenes,
sin experiencia sindical ni de trabajo efectivo muchas de las veces, pero
con actitudes políticas de carácter contestatario y revulsivo, que buscaron
desnaturalizar condiciones de trabajo asumidas como infranqueables.
En esta orientación, en algunos colectivos laborales también se avanzó
reivindicando la situación de los trabajadores tercerizados que, si bien
responden a distintas empresas, transitan el mismo espacio productivo,
alertando sobre la responsabilidad solidaria que las empresas que contratan
estos servicios tercerizados tienen sobre los trabajadores. En este camino, se
buscó colocar bajo el mismo convenio de trabajo a todo el plantel de trabajadores, se avanzó sobre la organización gremial de los tercerizados en uno
de los casos, y se persiguió igualar ciertos beneficios entre los trabajadores
que dependían directamente de las empresas solicitantes de los servicios
tercerizados, y los trabajadores que respondían a estas otras empresas.18
acciones, realizó una serie de reuniones y presentaciones en el Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, hacia fines del año 2009, para resolver
la situación de un grupo de 20 trabajadores eventuales. Ante esta institución,
lograron demostrar que dichas contrataciones habían sido fraudulentas: contratos
por un período de tres años, en el mismo puesto de trabajo y en la misma empresa.
Si bien el Ministerio de Trabajo instó a la empresa a que regularizara la situación
de aquellos trabajadores debido a la extensión en el tiempo de los contratos, los
mismos no fueron finalmente reincorporados.
18 La Ley de Contrato de Trabajo estipula que las empresas que contraten servicios
de terceros, con vistas a proporcionarlos en la propia empresa, responden solidariamente por las obligaciones emergentes de la relación laboral. (Art. 29, según
Ley 24.013). Ello fue el sustento de la acción emprendida en el país, en agosto
de 2010, por el Sindicato de Camioneros, ante la empresa Techint, exigiendo el
blanqueo de aproximadamente 5000 transportistas que trabajaban para esta
empresa de forma tercerizada. Los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
73
Ello lo ilustra el caso del colectivo de trabajadores de la empresa
Siderar-Morón. Entre las demandas y los logros obtenidos se distingue la
estabilización de los trabajadores de las empresas tercerizadas en su puesto
de trabajo (los cuales acostumbraban rotar de lugar de trabajo cuando una
empresa de estas características dejaba de prestar sus servicios en Siderar),
reconociéndoles antigüedad por la tarea realizada a pesar del cambio de
la firma que presta los servicios en la fábrica metalúrgica; la promoción de
la organización gremial interna de estos trabajadores tercerizados; la obtención de ciertos beneficios y demandas postergadas para estos grupos de
trabajo, como el acceso a refrigerio, ropa de trabajo, elementos de seguridad,
mejoras de salario, la no realización de ciertas tareas laborales, entre otros.
Estos reclamos se produjeron tanto hacia las empresas tercerizadas como
hacia Siderar, a la cual se la considera solidariamente responsable de las
condiciones de trabajo de todos los que integran la planta.
“Tuvimos muchas conquistas, pero una de las satisfacciones más
grandes para mi persona fue el recordar cuando mis compañeros
corrían detrás del carrito mangueando un sándwich, al que le daban
si les sobraba (luego de repartirlos entre los trabajadores estables
de Siderar). El día que logramos que esto la empresa lo diera por
derecho, porque lo habíamos adquirido como trabajadores, fue una
de las grandes satisfacciones que tuve” (Entrevista realizada por la
autora a Marcos, 40 años, delegado de la empresa de limpieza que
presta sus servicios en Siderar-Morón, diciembre de 2008).
Como señalamos anteriormente, los sindicatos en general no acompañaron estas acciones (sólo en uno de los casos se logró el acompañamiento de
una seccional sindical de la UOM por presión de trabajadores y delegados,
como lo muestra la experiencia de los trabajadores de Tenaris-SIAT)
y, en otros casos, el sindicato actuó para desmembrar la organización
gremial interna, demostrando dificultades en las instancias sindicales
más amplias para incorporar la situación de trabajadores eventuales y
tercerizados dentro de sus reclamos colectivos. Ello se notó claramente
en el caso de la organización gremial interna que se había conformado
a principios del milenio actual en Dana-Spicer, actuando el sindicato del
SMATA (Sindicato de Mecánico y Afines del Transporte Automotor de la
Argentina) que representa al sector para desactivar dicha organización.
En cuanto al sindicato que nuclea a los trabajadores de la alimentación de
las empresas abordadas, tampoco se distingue una política solidaria para
con los trabajadores eventuales y tercerizados, habiéndose acercado a los
también emprendieron una serie de acciones para igualar condiciones de trabajo
entre tercerizados y efectivos. Véase Arias y Haydar, 2008.
74
La forma sindical en Latinoamérica
delegados del colectivo laboral de PEPSICO recién en meses recientes,
ante las denuncias constantes de estos delegados, para que la justicia y
el Ministerio de Trabajo nacional intercediera ante las contrataciones
eventuales fraudulentas que llevaba adelante la empresa.
El sector servicios: las experiencias del SIMECA y el SENCUE.
El Sector Servicios está asociado a todas aquellas actividades que facilitan y permiten la relación entre agentes económicos y sus actividades
productivas (CAC, 2009). A partir de esta definición, podemos deducir
la heterogeneidad del sector, tanto por el tipo de servicio, la calificación
requerida para ofrecerlo, el sector del que se trate, sumando las diferentes
relaciones contractuales entre el prestador y el demandante.
El sector servicios, con su heterogeneidad y complejidad, comienza a
crecer en Argentina a mediados de los 70, coincidiendo con la instauración
de un nuevo modelo de acumulación que rompe con el perfil industrialista
y proteccionista del período anterior. La apertura comercial y la desregulación coinciden entonces con el proceso de terciarización, fenómeno que
trascendió las fronteras nacionales. Ya para los años 90, el sector servicios
pasó a ser el primer empleador de la economía, a partir de la absorción
de trabajadores desplazados del sector industrial. La incorporación de
nuevas tecnologías al servicio de la producción fue uno de los factores
explicativos de este desplazamiento, hecho que nos lleva a rechazar las tesis
que argumentan el crecimiento del sector servicios como resultante de la
desindustrialización.19 Ahora bien, pese al crecimiento del sector servicios,
la situación de los trabajadores vinculados a él estuvo caracterizada por un
alto grado de desprotección. Según los últimos datos estadísticos, al tomar
el universo de trabajadores precarios de la economía y analizar su lugar de
inserción, puede notarse que el 77% de ellos trabaja en el sector terciario;
más precisamente, el 23% se dedica a actividades de servicio doméstico,
19Entre 2003 y 2008, el sector servicios creció a una tasa promedio anual del
8,03% (un comportamiento similar a la industria manufacturera) y actualmente genera el 62% del Producto Interno Bruto (PIB), cerca de USD 12.000
millones de exportaciones (el 16% del total de exportaciones), y emplea al
71% de los trabajadores registrados. Dentro del sector servicios los rubros
de mayor participación son el Comercio (21,1%), Actividades Inmobiliarias
(20,6%) y Transporte Almacenamiento y Comunicaciones (17,8%), que concentran aproximadamente el 60% de la producción de servicios. Le siguen en
importancia los servicios de Enseñanza y Salud, Otros servicios y la Intermediación financiera. El tercero de los tres rubros de mayor participación,
transportes, almacenamiento y comunicaciones, creció a una tasa del 6,6%
anual, logrando un PIB de 42.129 millones de pesos (op. cit., p. 10).
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
75
el 18%, a comercio y el 9% se desempeña en las ramas de transporte y
comunicaciones (Santarcángelo y Borroni, 2009, p. 15).20
Ahora bien, el crecimiento del sector servicios en los últimos años
estuvo asociado a la tercerización, mecanismo que permite a las empresas
modificar su estructura de costos, fragmentando el proceso productivo.21 La
tercerización no es un fenómeno novedoso, pero generalmente se limitaba
a los servicios de seguridad, limpieza y catering. A partir de los 90, como
señala Teuly, se produjo una generalización y extensión de este mecanismo a todo tipo de servicios y tareas, “desde los servicios de facturación,
informática, transporte, atención telefónica y logística, hasta las tareas de
producción y mantenimiento en la industria” (Teuly, 2004, p. 2).
En cuanto al empleo y los servicios, un elemento llamativo es que la distribución de los asalariados por sector económico es muy dispar, siendo que
en la actualidad el sector productor de servicios -que representa alrededor
del 60% del PBI argentino- aglutina al 75% de los trabajadores asalariados
de la economía, de los cuales el 40% de ellos es precario (Santarcángelo y
Borroni, 2009).22
En nuestros casos de estudio, la precariedad se presenta bajo dos formas
características: el empleo no registrado o en negro, para el caso de los
trabajadores mensajeros, y el empleo asalariado fraudulento a tiempo
determinado, para el caso de los trabajadores de las encuestas. Las singularidades de ambos casos son, fundamentalmente, la distancia con el
mundo sindical leída en términos de desprotección, y la inestabilidad de la
experiencia laboral. Las experiencias que aquí analizamos, la del SIMeCa
20Estos autores, para cuantificar el fenómeno de la precariedad, realizan un
recorte del universo de asalariados sin aportes a la seguridad social. Está
de más aclarar que el fenómeno de la precariedad supone una complejidad
mayor y que esta definición corresponde a la necesidad de cuantificación.
21La fragmentación del proceso productivo en diferentes países, llamada
outsourcing, también ha contribuido al desarrollo del comercio internacional
de servicios (Santarcángelo y Borroni, 2009).
22 El 77% del total de asalariados de la economía pertenecen al sector servicios,
y mirando las ramas, el 15% pertenece a comercio y reparaciones, el servicio
doméstico, con el 11% del total, y administración pública y enseñanza (10%
cada una). Las de menor peso son la rama de restaurantes y hoteles (3%) y
la de intermediación financiera (2%); en tanto que el resto de las ramas se
ubican entre esos valores extremos. Al mirar la tasa de precariedad, la rama
del servicio doméstico es la que muestra peores condiciones, ascendiendo
a un 93%, luego hoteles y restaurantes con un 54%, comercio, el 51% y los
de transporte y comunicaciones, un 48%. Todas estas ramas presentan una
tasa de precariedad laboral superior a la del promedio de la economía, que
se encuentra por encima del 40% (op. cit., p. 16).
76
La forma sindical en Latinoamérica
y del SENCUE, intentan problematizar esa condición y construir una
identidad común en un mundo laboral fragmentado y precarizado.
La experiencia del SIMeCa (Sindicato Independiente de Mensajeros y
Cadetes) se constituyó en un ejemplo para quienes desde otras actividades
decidían emprender un camino de organización gremial. Como tal, sus orígenes se sitúan en un contexto diferente a la experiencia del SENCUE, ya que
datan del año 1999, en el marco del ciclo de luchas anti neoliberales abierto
en esos años. El SIMeCa está marcado por las jornadas represivas del 19 y
20 de 2001, porque los trabajadores mensajeros acentúan la importancia de
su accionar rescatando a las víctimas de la represión policial en su lugar de
trabajo: las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires. La combatividad
constitutiva de la experiencia luego se fue adaptando a nuevos tiempos y
necesidades, sin que ello opacara sus orígenes disruptivos, marcando su
originalidad en una contradicción entre constituirse en sindicato y la negación de esa forma en tanto estructura instituida; una contradicción que con
el tiempo terminó por resolverse, en otro ciclo de luchas, en otro escenario.
Como mencionamos, el SIMeCa se constituyó en un ejemplo a seguir por
su capacidad de generar un espacio gremial horizontal, independiente y
democrático, a partir del esfuerzo militante y la acción directa.
Si bien el SIMeCa comenzó con un formato de movimiento social
(negando la representación y la legalidad), con el tiempo dicho formato
fue mutando, producto del cambio de contexto y del mismo devenir de la
experiencia. La defensa de los derechos de los trabajadores y en particular
de los trabajadores mensajeros fue una de sus principales banderas. En ese
camino, luego de que algunas de las pocas luchas gremiales, que habían
sido ganadas “poniendo el cuerpo”, terminaran siendo capitalizadas por
otros sindicatos -como Comercio o Pasteleros- se replantearon sus lógicas
de organización y de acción. Recordemos que esta experiencia se situó en
un vacío gremial porque no había un sindicato que encuadrara la actividad
del mensajero, y ni siquiera la actividad estaba en el nomenclador oficial.
Es así que si el sindicato impulsaba un conflicto demandando el blanqueo
de los trabajadores, mejores condiciones de trabajo y recomposición salarial,
logrando el registramiento de esos trabajadores, éstos terminarían siendo
afiliados a otros gremios. De allí la necesidad de comenzar la disputa por
la personería, una pelea que aún permanece abierta. Desde la voz de los
actores hubo un viraje que implicó el alejamiento de muchos motoqueros
que rechazaban la figura sindical tradicional o que aspiraban a conformar
un agrupamiento político desde ese espacio.23
23 Sin embargo, pese a este alejamiento, en la actualidad hay militantes fundadores y sigue participando del SIMeCa el afiliado N°1.
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
77
El trabajo registrado y el acceso a la personería comenzaron a ser
entonces nuevas banderas de lucha, proceso que significó para muchos
militantes un repliegue hacia adentro, dejar de participar en espacios más
abiertos, en marchas “políticas”, y comenzar a construir el sindicato. ¿Con
qué herramientas comenzaron esa nueva lucha? Adoptando el discurso del
gobierno nacional de la lucha contra el trabajo en negro y utilizando las
inspecciones laborales como herramientas para ejercer presión.
“Nosotros empezamos con el tema del trabajo registrado, nosotros dimos
vueltas el discurso del gobierno, y fuimos con el discurso del gobierno
a reclamar, “y bueno nosotros también lo queremos”, y ahí empezaron
una serie de inspecciones en las agencias y ahí se empezó a registrar
recién a los compañeros y fue un efecto dominó porque empezaron a
blanquear a los compañeros. ¿Después cómo capitalizamos nosotros
todo eso? Fue muy difícil, pero bueno, logramos hacerlo. Después en el
2005 caemos en cana en una agencia que se llama TRANSICLE. Ya no
empezamos a caer en cana por tener quilombos con la policía, sino por
tener problemas con la patronal” (Entrevista realizada por la autora a
Fausto, 23 años, militante SIMECA, mayo de 2007).
En el discurso de los actores involucrados en esa transformación se
presenta la idea de “evolución”, marcando el pasaje de un SIMeCa viejo a
un SIMeCa nuevo. El viejo, ligado a la idea de los fundadores, la mayoría,
militantes de la organización HIJOS24, cuyo objetivo era conformar una
agrupación de trabajadores, en donde no sólo se diera la pelea por las
reivindicaciones del sector, sino que hubiera también definiciones políticas
claras y profundas. Como sostiene Carlos:
“Con un sindicato muy vinculado a la idea de cambio social, no se
quedaba sólo en los trabajadores, sino que era muy politizado” (Entrevista realizada por la autora a Carlos, 21 años, Militante SIMeCa,
octubre de 2007).
Sin embargo, paulatinamente y en un contexto diferente, el SIMECA
fue cambiando su forma en tanto estructura, funcionamiento y marco relacional, acercándose al modelo sindical tradicional y perdiendo su carácter
movimientista. A la hora de buscar las causas de ese viraje se presentó
la necesidad de tener que decidir entre una supuesta dicotomía “lucha
gremial – lucha política”. Este fue un proceso conflictivo en donde muchos
24HIJOS es una organización vinculada a la derechos humanos, integrada
por hijos de desaparecidos, que se caracterizó desde sus orígenes por la
modalidad de la acción directa como repertorio de acción: “si no hay justicia,
hay escrache”, “a donde vayan los iremos a buscar”.
78
La forma sindical en Latinoamérica
militantes de partidos optaron por estar en otros espacios, replanteando
sus banderas de lucha y las formas de lograr esos objetivos: blanqueo,
negociación, legalidad y estructura.
“Quedó el clasismo independiente, digamos, mirá, los partidos se fueron,
se cansaron de discutir y se fueron, en esa época SIMeCa eran militantes, todos los que estaban en SIMeCa eran militantes, eran de partidos,
y ahora vos te ponés a pensar lo que es SIMeCa hoy y no son militantes,
son militantes los 5 o 6 dirigentes que tiene la comisión directiva pero el
resto son todos compañeros de las agencias, ese es laburo que hicimos
nosotros, eso es re importante, nosotros ganamos la confianza de los
compañeros de la calle al traerlos al sindicato y nosotros tratamos
de formarlos en los conflictos y todo eso” (Entrevista realizada por la
autora a Lucio, 25 años, Militante SIMeCa, agosto de 2007).
Revalorizar la figura del sindicato como herramienta legítima de lucha de
los trabajadores fue una de las metas de los militantes actuales del SIMeCa,
y llegar a esa revalorización fue el resultado del mismo camino recorrido,
según ellos, de la experiencia, y del cambio del contexto que sitúa a ésta
última en otro marco de oportunidades políticas. La vitalización sindical del
período de la convertibilidad corresponde a este cambio de perspectiva dentro
del SIMeCa, en el que el formato de organización gremial aparece acorde con
el nuevo ciclo de luchas. Sin embargo, hay que destacar que la forma sindical
revalorizada lejos está de pensarse en términos burocráticos, sino que se
fomentan prácticas democráticas en el funcionamiento del sindicato: “no
queremos ser un sindicato como los que se denominan ahora tradicional”. De
allí surge la necesidad de rescatar prácticas clasistas que pueden recuperarse
de algunos sindicatos de los años 60 y 70, de las experiencias anarquistas
de principio de siglo, pero que en definitiva suponen lo antiburocrático, la
democracia y la solidaridad de clase.
Nosotros también pensamos que si bien es una herramienta gremial,
el sindicato también tiene que servir para poner al servicio a otros
trabajadores, a través de la solidaridad, y apoyar nuestros conflictos
y apoyar otras luchas de otros sectores de la sociedad. En su momento
también hoy estamos sentados acá en la CTA, pero también tiene que
ver con la experiencia, con las necesidades, hay un rechazo absoluto
a las centrales sindicales y a relacionarnos con cualquier otro tipo
de sindicato. Hoy siete u ocho años después estamos sentados con la
CTA” (Entrevista realizada por la autora a Fausto, 23 años, Militante
SIMeCa, mayo de 2007).
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
79
Es necesario situar el cambio de posicionamientos en función de los
escenarios en los que se desarrolla la experiencia. No era lo mismo reclamar
el blanqueo de los trabajadores en un contexto de alta conflictividad social y
en donde la economía mostraba claros signos de deterioro en sus indicadores,
que adoptar ese reclamo en contextos de mejoramiento de esos indicadores
y ante un gobierno que impulsa el registramiento. Si bien el pragmatismo
resultó fundamental a la hora de buscar las razones de los cambios del
SIMeCa, es necesario remarcar el cambio de contexto. La revalorización de
la figura del sindicato se sitúa allí, entre el pragmatismo y el cambio en las
oportunidades políticas, dado por el quiebre del consenso neoliberal.
Esa revalorización supuso un trabajo minucioso al interior del sindicato,
que implicó formación sindical y la necesidad de incorporar tanto la mística
como el lenguaje y determinadas prácticas inscriptas en el sindicalismo
tradicional. Esto llevó a los militantes activos a iniciar un proceso de formación, acercarse a compañeros que militaron en el sindicalismo clasista
de los 70, y también revalorizar elementos del sindicalismo tradicional
que pueden ser incorporados más allá de las cuestiones ideológicas o de
principios del SIMeCa. La discusión al interior del sindicato CGT o CTA,
cuando se planteó la necesidad de incorporarse a una estructura mayor,
da cuenta del grado de apertura que experimentó esta organización. De un
rechazo general a las prácticas sindicales a plantearse la inclusión en la
central por demás cuestionada por aquellas experiencias que se reivindican
antiburocráticas.
“Yo rescato de Moyano, de camioneros, la cuestión de la mística que
le dan. Nosotros tenemos chalecos, eso me pega, cuando fuimos a
hablar con la gente de Moyano están todos con camperas verdes, y un
chabón me dice nosotros tenemos el mejor secretario que podíamos
tener en los siglos de los siglos, le falto decir amén, igual son (...) pero
la cuestión de la mística, nada más, la ideología nada que ver, hay que
darle un poco de mística. SIMeCa tiene como una cosa de hinchada,
y si nosotros le ponemos un poco más de rojo y negro al color del
sindicato, todos efectos visuales” (Entrevista realizada por la autora
a Fausto, 23 años, Militante SIMeCa, mayo de 2007).
Así fue que el SIMeCa comenzó a poner por delante del enfrentamiento
directo la negociación; comenzó a valorar la cuestión simbólica como elemento que incentiva sentimientos de pertenencia en aquellos motoqueros que
se consideraban cuentapropistas o autónomos, ajenos a cualquier forma de
militancia. Estos elementos nuevamente tienen relación con la dimensión
experiencial. ¿Qué elementos contribuían a capitalizar el esfuerzo de los
militantes del sindicato, de qué valía la pura confrontación? La cuestión de
la legalidad, en los orígenes rechazada, fue crucial conforme a los testimonios
80
La forma sindical en Latinoamérica
de los entrevistados: tomar la legalidad como base para la acción tuvo que
ver con la maduración de las ideas. La personería gremial fue un paso
importante para posicionarse frente al nuevo antagónico: la patronal. En este
punto, se puede destacar que la figura legal que logró adquirir el SIMeCa es
la inscripción simple, ésta le permite hacer convenios por empresa, aunque
no representa a todo el sector. La ley le posibilita hacer acuerdos entre el
sindicato y la empresa mientras no haya un sindicato con personalidad
gremial en la actividad. Así, el SIMeCa se propuso comenzar una campaña
de afiliación a la par de pelear por tener la personería.25 En resumen, la
lucha por la obtención de la personería gremial fue un paso importante para
posicionarse frente al nuevo antagonista (la patronal) en la conformación
de alianzas, y en definitiva ante los trabadores que (busca) representa(r).
La representación es una dimensión que debe ser tomada en cuenta al
momento de identificar mutaciones. Los militantes más activos del SIMeCa
se consideran el sector más avanzado de los trabajadores mensajeros, tanto
en conciencia como en compromiso, hecho que los habilitaría a ejercer el rol de
la representación hacia todos aquellos que se propongan militar para mejorar
las condiciones laborales. La idea de representación viene acompañada por
una particular concepción de la relación bases –cúpulas, visualizándose un
elemento diferenciador de las experiencias de burocratización sindical. El
SIMeCa, a pesar de sus mutaciones, ha mantenido su principio de fomentar
el protagonismo y la participación de todos sus miembros.
Por otra parte, el pasaje de una forma a otra se conjuga con un cambio
en la composición de los trabajadores representados por el SIMeCa; tornándose en los últimos años “más proletaria”. En sus orígenes, se consideraba
una actividad atractiva para aquellos jóvenes de sectores medios que
compatibilizaban sus estudios con la “moto”, pero en la actualidad aparece
la noción de oficio. La transitoriedad y la alta rotación que ha existido en la
actividad comienzan a diluirse. Un elemento que destacan los entrevistados,
en relación a las características de la actual composición más “proletaria”,
es el menor nivel educativo de los actuales trabajadores del sector, así como
el costo y el modo de adquisición de la herramienta de trabajo.
Y sin embargo, como mencionamos, el cambio de eje de la lucha del
SIMeCa muestra ser una adecuación a la nueva realidad, o lo que, en
otros términos, puede comprenderse como un aprovechamiento de una
estructura de oportunidades políticas. Estas oportunidades expresadas en
la política de registración del empleo potencializa su lucha por la mejora
de las condiciones laborales, al tiempo que produce un reencauce. Así, la
25 En enero de 2009, el SIMeCa comenzó una campaña de afiliación para cotejar
el número de afiliados del sindicato en el camino de su lucha por adquirir la
personería gremial.
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
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transmutación del ciclo de luchas sociales producido luego de la devaluación
y condensado en la disputa sindical es expresión de un reencauce de las
luchas, donde, de la negatividad contra el orden neoliberal, se pasa a una
positividad26 que busca mejoras sociales. Y en este sentido, el SIMeCa
al enfocarse en la consolidación como sindicato ingresó en una etapa de
aceptación, impuesta por la estructura de oportunidades políticas abiertas
de las formas constituidas. La disputa por el cambio social en y contra su
propia forma sindical ha quedado entonces desdibujada. La racionalidad
instrumental parece haber colonizando sus prácticas, si bien esta colonización no se ha dado linealmente y sin conflictos.
La experiencia del SENCUE se sitúa en un ciclo de luchas diferente, en
donde el reposicionamiento de los actores sindicales marca las condiciones
de posibilidad del camino a recorrer. ¿Por qué constituirse en un sindicato?
Porque aparece como una herramienta legítima de defensa de los derechos
de los trabajadores, hecho que no estaba muy claro en los años 90. Si bien
la actividad del encuestador data de los años 80, la misma siempre fue
asociada por los propios trabajadores de las encuestas al cuentapropismo,
negando toda relación de dependencia y posible protección sindical, aun
existiendo un sindicato y un convenio colectivo que la contemplen. Pero el
contexto en el que el SENCUE comenzó a conformarse, la revalorización
del sindicalismo y la existencia de experiencias de organización sindical
novedosas, diferencian a esta experiencia de la historia del SIMeCa. El
acercamiento del SENCUE al SIMeCa, el conocimiento de la experiencia
de los delegados del subte,27 mostró posibles caminos organizativos en
oposición a estructuras instituidas (de carácter tradicional) o la creación
de nuevas estructuras más flexibles y democráticas. En ese debate se
situó el SENCUE luego de todo un esfuerzo militante previo que implicó
la revalorización del trabajo en relación de dependencia y la importancia
del registramiento y de la protección sindical que el mismo conlleva. Así,
cuando uno rastrea sus orígenes en el año 2004, había un total desconocimiento de la existencia de un Sindicato que nucleaba la actividad
y de un convenio colectivo. Todo empezó cuando un grupo reducido de
encuestadores comenzó a organizarse para reclamar por el aumento del
valor de las encuestas en una consultora. Ese reclamo puntual significó
26 Negatividad y positividad de las luchas se refiere, simplemente, a que la
primera tiene por horizonte la destitución del orden existente; mientras que la
segunda (la positividad) remite a que las luchas, a pesar de su carácter conflictivo, son afirmativas de la sociedad existente, aun de los intereses declarados.
27 Esta experiencia da cuenta de procesos organizativos en los lugares de trabajo
que cuestionan el rol de las cúpulas en el monopolio de la representación, y
muestra a su vez, la articulación de resistencias entre trabajadores registrados y precarizados. Véase, Arias y Haydar, 2008.
82
La forma sindical en Latinoamérica
que esa consultora que contrataba a los encuestadores duplicara el monto
pagado por cada encuesta realizada. Estos encuestadores comenzaron a
percibir entonces la potencialidad de la organización. Este hecho particular
significó un quiebre en la percepción acerca de la posibilidad de mejorar
las condiciones de trabajo, a partir de pensarse en términos colectivos, en
el marco de una realidad dada por un tipo de trabajo individualizado, una
trama empresarial por demás compleja y una concepción de la tarea sin
fuerte arraigo identitario. En virtud de ello, consideramos que este paso
tuvo relación con un primer nivel de relación inter-individual, en el cual
la cuestión del vínculo y la confianza cobraron relevancia, siendo la base
para la construcción de una organización.
“El tema del temor que había, que sigue estando, pero que ahora es
mucho menor, que bueno, hablás, te juntás, te quedás sin trabajo. Si
se enteran te quedás sin trabajo. Por eso la importancia de generar
confianza para romper con eso” (…) “Cada uno que venía, que venía
a contar su historia como si fuera propia y como si fuera individual,
cuando en realidad es siempre la misma historia de todos” (Entrevista
realizada por la autora a Gabriela, 39 años, 10 años de encuestadora,
diciembre de 2007).
A partir de ese primer nivel, los militantes decidieron conformar el
SENCUE, jugando con el desconocimiento que tenían las consultoras
acerca de la magnitud del mismo y llevando adelante un tipo de militancia clandestina. La desconfianza fue entonces el primer obstáculo que se
presentaba como una dificultad a la hora de convocar a los encuestadores
para que se organizaran en los (no) lugares de trabajo.28 Recordemos que la
actividad del encuestador dificulta la organización porque no se desarrolla
en un espacio físico acotado y es una actividad que se caracteriza por la
alta rotación, siendo desde sus orígenes un tipo de trabajo transitorio de
jóvenes entre los estudios y un empleo estable, o como una opción posible
para mujeres amas de casa en vistas de aumentar el ingreso familiar.
Esas particularidades generan un obstáculo para el sostenimiento de una
estructura organizativa estable.
La calle aparece en este caso como el lugar de trabajo por excelencia y
la existencia de diferentes modalidades de realizar la tarea del encuestador
28Plantear la existencia de no lugares tiene que ver con no poder establecer
un espacio fijo de trabajo. Si bien la calle es un espacio concreto, su amplitud
dificulta una demarcación y sabemos que los análisis sobre los procesos
organizativos de los trabajadores parten del hecho de compartir las mismas
condiciones en un espacio laboral acotado y concreto, como se observó en los
trabajadores industriales.
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
83
(timbreo, salón, telefónica, coincidencial, por contacto) implica también
relaciones diferentes con el encuestado, entre los encuestadores, con los
supervisores, distintos instrumentos de trabajo y espacios también diferentes. El riesgo también es un factor del tipo de trabajo, por el grado
de exposición del encuestador cuando la calle es el espacio laboral. Ante
la dificultad de generar adhesiones inmediatas, cambia el sujeto a quien
interpelar: son las empresas sobre las que hay que ejercer presión y por
decantación, en un mediano plazo, los mismos encuestadores cambiaron su
concepción acerca de la actividad. Así, la forma de trabajo del encuestador
llevó a que el SENCUE aprovechara el momento de la entrega de los
instructivos29 para el trabajo militante, porque era el único momento en el
que los encuestadores se reunían en un mismo espacio físico (generalmente,
un bar), en contacto directo con las consultoras.
Ahora bien, luego de romper la barrera puesta por la misma actividad,
cuando ya se habían logrado victorias que implicaban la suba del monto
pagado por encuesta, y cuando la forma de accionar del SENCUE comenzó a
tener una regularidad y una dinámica propia, hubo un hecho que cambió el
objetivo primario de la organización: La existencia de un convenio colectivo
que regulaba la actividad del encuestador, así como la existencia de un sindicato en donde estaba encuadrada la misma, marcaron la posibilidad del
cambio en la concepción misma del tipo de trabajo (del cuentapropismo a la
relación de dependencia), como la posibilidad de encuadrar la militancia en
una estructura mayor. Sin embargo, el SUP resultó no ser permeable a los
reclamos de estos encuestadores, quienes plantearon la exigencia a todas
las consultoras del registramiento de los trabajadores de las encuestas y
que el SUP fuera quien llevara adelante esa negociación.
“Encima nos dicen ‘ustedes están en negro, así que no les corresponde
el convenio, la única salida es hacer juicio individual, nosotros no
podemos hacer nada como sindicato’, qué indignación, desestimulaban
todo, ponían precauciones, individualizaban el reclamo” (Entrevista
realizada por la autora a Roberto, 24 años, 7 años de encuestador,
julio de 2008).
Este primer encuentro frustrado con la forma sindical instituida generó
un debate interno en la organización. Si conformar un sindicato alternativo
al SUP o afiliarse al mismo y disputar su conducción. Sin embargo, había
29 El momento del instructivo es aquel en que los encuestadores son convocados
por la consultora, generalmente un bar, para capacitarlos en el uso del instrumento: la encuesta. Este momento es el único en el que los encuestadores
están en contacto entre sí, porque una vez realizadas las encuestas, su entrega
es un acto individual.
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La forma sindical en Latinoamérica
un paso previo para esta segunda opción: el registramiento para aquellos
trabajadores que estaban o en negro o pagando el monotributo30 para poder
realizar las encuestas. Esto estaba claro: La importancia del registramiento
de los trabajadores como un pasaje respecto de ser prestadores de servicios
con obligaciones a ser trabajadores con derechos. El repertorio de acción
de los militantes del SENCUE consistió entonces en la acción directa:
“petitorio, presión, escrache” hasta el “blanqueo” de los trabajadores. Aquí
podemos percibir un cambio además de la forma en el tipo de reclamo, que
transitó desde la demanda del aumento del valor de la encuesta (aumento
salarial), a otro reclamo que incluía el reconocimiento de la relación de
dependencia.
“Al principio era tan lejano el tema del blanqueo, estábamos tan
acostumbrados a estar en negro. El convenio trajo un montón de
discusiones, porque era difícil aceptar la idea de la relación de dependencia, porque estaba el razonamiento de que si me blanqueo en una
empresa no puedo agarrar trabajo en otra. Fue un proceso para que
se transforme en un objetivo colectivo” (Entrevista realizada por la
autora a Fiorela, 25 años, 4 años de encuestadora, febrero de 2008).
El blanqueo adquiría para estos trabajadores varios significados: acceso
a la obra social, aguinaldo, vacaciones, y que el “dejar de llamar” por parte
de una consultora resultara una señal de despido. El blanqueo daría un
marco de estabilidad que al mismo tiempo facilitaría el proceso organizativo en los lugares de trabajo, al disminuir los altos niveles de rotación y
también posibilitaría otro tipo de acercamiento al SUP.
30 El Monotributo es un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes,
propuesto por la Ley 24.977, promulgada el 2 de julio de 1998. Se define como
un régimen tributario integrado y simplificado, relativo a los impuestos a las
ganancias y al valor agregado y al sistema previsional, destinado a los pequeños
contribuyentes, que son aquellas personas físicas que ejercen oficio o son
titulares de empresas o explotaciones unipersonales y a las sucesiones indivisas
en su carácter de continuadoras de los mismos, que habiendo obtenido en el año
calendario inmediato anterior al período fiscal de que se trata, ingresos brutos
inferiores o iguales a pesos ciento cuarenta y cuatro mil ($ 144.000), no superen
en el mismo período los parámetros máximos referidos a las magnitudes físicas
y el precio unitario de operaciones, que se establezcan para su categorización a
los efectos del pago integrado de impuestos que les corresponda realizar (Art.2).
Esta modalidad, consideramos, esconde relaciones de dependencia laboral,
dándole la responsabilidad del costo laboral al mismo trabajador.
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85
“Consideramos que una victoria en una empresa acarrea un espacio
y una base de militancia y para conseguir mejoras, entonces es como
un efecto dominó en un punto” (Entrevista realizada por la autora a
Gisela, 25 años, 3 años de encuestadora, marzo de 2008).
Por vínculos personales, el SENCUE se contactó con el SIMeCa, y
el abogado de esta organización asesoró en cuestiones relacionadas
a las nuevas modalidades de contratación y en el carácter ilegal del
monotributo como forma que esconde la relación de dependencia. La
posibilidad de usar una herramienta legal como son las inspecciones
del Ministerio de Trabajo31 para multar a aquellas empresas que tienen
trabajadores en negro, que había sido fructífero para los mensajeros,
abrió una nueva etapa, ampliando el marco relacional del SENCUE. El
Ministerio terminó respondiendo a esta demanda de intervención, en
el marco de una campaña estatal de lucha contra el trabajo en negro
(como fueron las acciones para comenzar a regular el trabajo doméstico).
Estas inspecciones comenzaron a finales del 2006 y continuaron hasta la
finalización del trabajo de campo. Las inspecciones implicaban un trabajo
previo, de una militancia clandestina en las empresas, del “boca en boca”,
pintadas y “pegatinas” de noche, informando del convenio, para generar
un grado de consenso entre los trabajadores.
El camino recorrido por el SENCUE resulta aún muy incipiente: Ensayo
y error entre lo instituido y lo nuevo resultan cuestiones importantes de
esta organización. El camino de la lucha es una de las banderas que levantó
esta organización en un ciclo de luchas que revaloriza el trabajo portador
de derechos e instituciones que los defienden. El debate entre la generación
de un espacio alternativo o el ingreso al SUP en calidad de afiliados no
estaba aún resuelto, pero la militancia, defendiendo el Convenio Colectivo
de Trabajo 107/90 que regula la actividad y los beneficios del blanqueo, son
banderas de esta organización.
“¿Qué hacer cuando aquello que se presenta como una situación
transitoria se va convirtiendo en una actividad más de todos los días?
¿Qué hacer cuando aquello que era un trabajo bien pago nos consume
31La relación con las instancias estatales se da a partir de la decisión de
contactarse con el Ministerio de Trabajo, para que éste realice inspecciones
en el momento del instructivo de la encuesta (momento en que la empresa
contratada por la consultora se junta con los encuestadores para hacer una
demostración de cómo se aplica la encuesta). Sin embargo, el SENCUE
denuncia la complicidad del Estado con las empresas, por la promulgación
de las leyes de flexibilización laboral que dieron el marco a la existencia de
estas relaciones de trabajo precarias.
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La forma sindical en Latinoamérica
en la actualidad más tiempo y nos reditúa menos dinero? ¿Qué hacer
cuando aquellas exigencias de las empresas que se presentan como
un absurdo son en realidad un abuso? ¿Qué hacer cuando nos exigen
todos los deberes sin reconocernos un solo derecho? ¿Qué hacer...?
Pareciera una pregunta que se corresponde con una respuesta única.
Nosotras y nosotros no tenemos esa repuesta, mientras tanto vamos
haciendo, nos vamos juntando, compartimos experiencias, construimos colectiva y horizontalmente ensayos de respuestas… Y mientras
tanto seguimos avanzando, reconociéndonos como trabajadores/
as, y nos damos cuenta de que debemos luchar para que los que
nos emplean nos reconozcan como trabajadoras y trabajadores,
para que reconozcan nuestros derechos… si bien no tenemos una
respuesta sí tenemos una convicción, es necesario luchar, y por eso
firmamos: encuestadores y encuestadoras en lucha”. (En Boletín N°
8, SENCUE).
Reflexiones finales
En el presente artículo hemos reflexionado sobre un conjunto de situaciones y experiencias de carácter gremial que se han reproducido contendiendo
la condición de la precariedad laboral como estímulo y dinamizador de
demandas, acciones conjuntas, e impulso a la organización. De este modo,
nuestra intención ha sido analizar qué situaciones se han manifestado
entre los trabajadores de base en los lugares de trabajo, o con el lugar
de trabajo como referencia indiscutible, en torno a esta problemática. En
este sentido, nos ha preocupado prioritariamente argumentar respecto de
algunas dimensiones que han favorecido que ciertas cuestiones sociales
ligadas a las modalidades de inserción ocupacional de los trabajadores y
sus condiciones laborales, hubieran sufrido un proceso de desnaturalización
que pudo conllevar a la activación de demandas y acciones por parte de
estos colectivos, en la persecución de objetivos poco presentes en las diputas
laborales en décadas antecedentes.
En esta orientación, pensar la problemática de las acciones sindicales
y la precariedad laboral nos permite colocar la mirada analítica no tanto
sobre el proceso de descolectivización e individualización de las estrategias
para enfrentar la pérdida de inscripciones laborales sino por el contrario,
nos conduce a observar un escenario de estrategias y redefinición de
solidaridades en torno a las condiciones de trabajo que se traducen en
acciones colectivas.
Como enunciamos en líneas anteriores, la precariedad como fenómeno
sociológico supone la vinculación de los individuos al mercado de empleo
en condiciones contractuales que los distancian de aquellas modalidades
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
87
consideradas típicas y normales, en función de la herencia que la etapa
productiva denominada fordista, y la extensión de los derechos laborales
y sociales ligados a la misma, instalaron avanzado el siglo XX en las economías occidentales.
Asimismo, la ampliación de estas modalidades contractuales precarias
no afectó a todos los grupos demográficos por igual, siendo las mujeres,
los jóvenes, los colectivos migratorios, entre otros, quienes afrontaron
mayoritariamente dichas condiciones de trabajo. De otra parte, estas
formas de integración laboral atravesaron distintos sectores de la economía,
ampliándose tanto en aquellas actividades que usualmente reproducían
mecanismos contractuales vinculados a la indeterminación temporal, la
estabilidad y la homogeneización de condiciones colectivas de trabajo en
una misma empresa -como es factible de observar en el sector industrial de
la economía- como así también, favoreciendo modalidades de vinculación
laboral en actividades productivas cuya lógica de reproducción ha estado
ligada a las nuevas tecnologías y a la difusión de tareas eventuales en los
llamados nuevos servicios -telemarketers, encuestas de mercado y opinión,
servicios tecnológicos a empresas, entre otras-. Es en éste último sector
donde es factible observar con mayor fortaleza la diversificación incluso
formativa y de calificaciones de quienes se vinculan laboralmente al mismo,
coexistiendo trabajadores con alto nivel de calificación, y otros con menores
credenciales educativas y formativas.
En esta dirección, la precariedad como fenómeno excede la noción de
trabajo “en negro”. Así, este término denota normativamente inserciones ocupacionales ilegales mientras que, en el caso de la precariedad,
legalidad e ilegalidad se entrecruzan y confunden algunas de las veces,
y se distancian en otras. Al mismo tiempo, el carácter electivo o forzado
de ocupaciones intermitentes y a tiempo determinado adicionan otros
elementos de consideración al pensar en esta problemática. Así, se observa
bajo la noción de precariedad tanto la reproducción de trabajo esclavo
y clandestino en talleres textiles, como también el caso de trabajadores
jóvenes universitarios que aspiran durante su etapa de formación a la
efectivización de tareas intermitentes. Entre ambas situaciones, claro está,
se encuentra todo un conjunto heterogéneo de situaciones y aspiraciones
laborales que reflejan diversas formas de transitar la experiencia laboral.
Ahora bien, las consecuencias de la precariedad sobre los grupos laborales afectados en este proceso contienen un elemento en común: la
inestabilidad de la ocupación, la incertidumbre laboral, la desigualdad
en las condiciones de trabajo e ingreso, y la dificultad para configurar
relaciones solidarias y colectivas de trabajo.
88
La forma sindical en Latinoamérica
Con respecto a este último aspecto, las experiencias que analizamos en el
artículo permiten remarcar las siguientes consideraciones. Tradicionalmente, el lugar de trabajo ha sido observado en términos político-ideológicos,
y de práctica organizativa, como el espacio privilegiado para configurar
identidades políticas y de clase. La acción gremial se ha consolidado y
sustanciado a lo largo de varias décadas conteniendo al ámbito y el espacio
de trabajo como un escenario de significativa relevancia. Así, la socialización, transmisión de ideas y mancomunión que es factible concitar entre
trabajadores que comparten un mismo espacio productivo y condiciones de
trabajo que los recrea como grupo que establece relaciones antagónicas con
el capital, han sido considerados en la literatura como base fundamental
para pensar la organización y acción reivindicativa y/ ó defensiva de los
trabajadores.
En esta dirección, las comisiones internas de fábrica (CI) conformadas
por delegados elegidos desde las bases, han constituido órganos de representación colectiva de los trabajadores que actúan como nexos entre el
ámbito propiamente fabril y las organizaciones sindicales más amplias.
Históricamente, estos ámbitos de representación micropolíticos han conformado espacios de fuerte resistencia y reclamo de los trabajadores frente
a las empresas, al Estado, y a sus propios sindicatos. Otras tantas han sido
señaladas por los mismos trabajadores como estructuras de disciplinamiento y control de sus propias bases, atendiendo principalmente los intereses
de las organizaciones sindicales más amplias, y de las empresas. En este
sentido, son espacios de representación y acción colectiva en disputa, pero
que resultan fundamentales al momento de pensar como se redefinen las
relaciones de cooperación y de conflicto entre los trabajadores de base, y
con ámbitos de representación colectiva extra fabriles, y políticos. Y en
esta dirección, resulta para nosotros estimulante reflexionar acerca de
que acontece en estos ámbitos cuando la diversificación contractual ha
instalado en el seno de los espacios productivos situaciones diferentes de
inserción colectiva y política.
En el sector servicios, y en particular en las experiencias gremiales
que abordamos respecto de los trabajadores del SENCUE y el SIMeCa,
el lugar de trabajo como espacio de sociabilidad y socialización política y
configuración identitaria reviste algunas dimensiones que difieren sustancialmente con relación a la industria. En primer lugar, cabe destacar
que se trata de actividades laborales que han crecido acompañando el
incremento en importancia del sector servicios en general en las últimas
décadas, y en lo particular, que carecían de una tradición en la organización
gremial de base, y en la representación sindical más amplia -en el caso
del SIMeCa fundamentalmente-. En este sentido, la construcción de una
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
89
organización colectiva que favoreciera la representación político-gremial de
las actividades de estos trabajadores hubo de desarrollarse interpelando a
ciertas tradiciones sindicales y políticas en vistas de la generación de una
experiencia relativamente novedosa, y que contara al mismo tiempo con la
experiencia surgida de la propia construcción de dicha organización. Y ello,
en un primer momento, se desplegó a través del distanciamiento y posicionamiento alternativo a las organizaciones sindicales más tradicionales y
dominantes en el arco político-gremial de la Argentina.
El lugar de trabajo, para estas dos experiencias sindicales, inviste otra
característica distintiva en relación a las organizaciones de base de la
industria. Se trata de un lugar y un espacio definido en otros términos: es
la calle, la vía pública, o los entre muros de una empresa que puede cambiar
asiduamente dada la rotación propia que se destaca en algunas actividades,
como la de los encuestadores.
De este modo observamos, de un lado, comisiones internas, delegados de
fábrica, trabajadores más activos política y sindicalmente que han buscado
reconstruir relaciones solidarias entre la figura del trabajador estable, el
contratado y el tercerizado, en vistas a homologar e igualar las condiciones
de trabajo, remuneración, participación y representación colectiva de todas
aquellas formas de inserción laboral.
De otra parte, notamos experiencias que han buscado recrear un espacio
común de representación colectiva y experimentación de las condiciones de
trabajo que parten de un lugar físico y cultural más difuso y cambiante,
con una historia y una trayectoria de acción colectiva mucho más virgen
y espontánea aún, en comparación con las situaciones estudiadas en la
industria.
Entre las diferencias, podemos distinguir de todos modos ciertos rasgos
que permiten delinear un escenario de proximidad entre las distintas experiencias enunciadas que forman parte de los dos sectores de la economía. En
efecto, todas ellas se han desarrollado especialmente en el escenario societal
inaugurado por la crisis sistémica del 2001 en la Argentina, que estimuló
el surgimiento de una etapa de cambios económicos, políticos y sociales y
de vitalización -en relación con la década de los 90- de la acción colectiva
de diversos actores y movimientos sociales con diferentes demandas. Entre
estos actores, y como enunciamos al principio del texto, las organizaciones
sindicales y las experiencias gremiales de base adquirieron una mayor
relevancia, significación política y estadística, obteniendo nuevamente
un lugar destacado en las relaciones con el gobierno y en los niveles de
conflictividad laboral.
Estas experiencias referenciadas representan, sin embargo, un lugar
atomizado dentro de la evolución de las relaciones laborales en el país
90
La forma sindical en Latinoamérica
en el milenio actual, e ilustran de algún modo demandas y conflictos que
ocupan un interés minoritario dentro de los actores sindicales argentinos32.
Dichos actores -reconociendo y advirtiendo sobre su heterogeneidad- han
sido proclives en general a lidiar y negociar, políticamente atentos a los
trabajadores sindicalizados y formales, por sobre aquellas figuras de trabajadores con contrataciones definidas en nuestro trabajo como precarias
e inestables. Esta tendencia ha mostrado, sin embargo, algunos signos
distintivos con relación al involucramiento del sindicato de los camioneros
(del cual proviene Hugo Moyano, líder actual de la CGT) en la defensa
de los trabajadores tercerizados de su actividad, en el año 2010. Esta
acción reconoce, sin embargo, límites estrechos, no habiéndose extendido ni
generado políticas activas desde la central sindical para procurar atender
las necesidades e igualar las condiciones de trabajo de otras actividades
laborales que desarrollan trabajadores tercerizados, o de los contratados
en condiciones de “eventualidad permanente”.
Otro aspecto común que recorre a estas experiencias es el generacional. Los trabajadores jóvenes que han experimentado luego del 2001 su
integración al mundo del trabajo, en términos generales, en condiciones
contractuales precarias, en una primera etapa para algunos, en forma consecuente para otros, se han visto motivados a demandar y generar acciones
conjuntas para subvertir las condiciones de trabajo inestables y desiguales
que los aquejan. Dicha motivación reconoce la importancia del contexto
socialmente revulsivo y de protesta que se inauguró con la crisis societal
mencionada, con la presencia de dos gobiernos (el de Néstor y el de Cristina
Kirchner) que re-situaron las relaciones de trabajo nuevamente en el centro
de la escena política, y con el desarrollo de un mercado de trabajo que, a
diferencia de la etapa neoliberal y favorecido por el crecimiento económico
de la última década, incentivó procesos de integración en relaciones laborales
y productivas por sobre los procesos de expulsión que primaron en aquella
32 Es importante señalar que algunas seccionales gremiales emprendieron una
serie de demandas contra la precariedad. Este ha sido el caso de la seccional
UOM Quilmas, que presentó un documento en el año 2007 al Ministerio
de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, denunciando una situación de
fraude laboral contra la empresa Siderar S.A. ubicada en Florencio Varela.
En este documento la seccional gremial denunciaba que estos trabajadores
percibían una remuneración más baja que la de los trabajadores efectivos de
planta, generando una marcada diferenciación entre los empleados directos
de la empresa, y la de los trabajadores tercerizados. Allí se constata que un
trabajador de una empresa tercerizada percibía un salario de aproximadamente $1400, mientras que las remuneraciones de Siderar promediaban
los $3000. Ante ello, el gremio interpelaba a la empresa a no precarizar las
remuneraciones y las condiciones de trabajo de sus afiliados.
Gabriela Wyczykier y Mariana Barattini
91
etapa. Ello, sin embargo, y como reiteramos en variados párrafos de este
escrito, se ha dinamizado en forma concomitante a la consolidación de
tendencias de integración sociolaboral de tipo precarias.
Es relevante destacar que el origen de estas experiencias implicó formas
de militancia de tipo clandestina, ante la vigilancia manifiesta o latente de
las empresas que, mediante diferentes estrategias, expulsaban a aquellos
trabajadores que consideraban disruptivos, cuestionadores, alteradores del
orden. Esta militancia clandestina le imprimió un carácter particular a las
acciones desarrolladas por estos colectivos.
En suma, los enunciados y argumentos propuestos en este artículo han
buscado motivar e incentivar la reflexión y discusión respecto a la acción
sindical y la precariedad en un contexto signado por la presencia de gobiernos
en distintos países de América Latina, definidos y reconocidos a partir de
una matriz política nacional-popular, que han demostrado revertir algunas
tendencias propias de la época neoliberal. Dichos gobiernos han revalorizado
al empleo productivo como uno de los vectores del desarrollo y la integración
social pero al mismo tiempo no han logrado todavía desmembrar otras
tendencias que caracterizaron aquella etapa del libre mercado. Algunas
experiencias de organización sindical se han abocado, en esta dirección, a
presionar y demandar para que estas tendencias, como la de la precariedad
laboral -por lo pronto en alguna de sus expresiones- puedan ser transformadas, visto ello en estas líneas a través de la experiencia argentina.
La forma sindical en Latinoamérica
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96
La forma sindical en Latinoamérica
Paula Abal Medina
97
Sindicalismo y mundo trabajador
en la Argentina reciente1
Paula Abal Medina
Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General
Sarmiento y del Instituto de Desarrollo Económico y Social.
Investigadora del CONICET. Docente de grado en la Carrera de
Sociología de la Universidad de San Martín y docente de posgrado en
el Instituto de Altos Estudios Sociales. [email protected]
Introducción
El capitalismo financiero transnacional se expresa radicalmente en
nuestro país, y más en general en la región, a través del neoliberalismo
que irrumpe a mediados de los 70 con terrorismo de estado y una transformación abrupta y traumática de las relaciones entre capital y trabajo.
Es numerosa y concluyente la investigación que funda el sentido político
de la dictadura como un plan sistemático de exterminio del trabajador
asalariado, organizado sindical y políticamente, figura que se había fortalecido en estrecha vinculación con el proceso de industrialización2 y con la
centralidad del peronismo en la vida política nacional.
Hiperinflaciones y desempleo masivo fueron los dispositivos de dominación más significativos que continuaron, profundizaron y consolidaron el
neoliberalismo argentino. La resultante de los años que transcurren entre
1975 y el 2001 compone una nueva morfología del mundo trabajador, que
puede sintetizarse a través de los siguientes rasgos principales:
1 Este proyecto se enmarca en mi actividad como Investigadora asistente
del CONICET (Plan de trabajo 2011 y 2012: Transformaciones recientes
del sindicalismo argentino) y como investigadora del grupo responsable del
Proyecto PICT (2009-2012) Modelos de desarrollo: actores, disputas y nuevos
escenarios en la Argentina contemporánea, dirigido por Maristella Svampa.
2 Ver Basualdo (2001), Battistini (2002), Martucelli y Svampa (1997).
Paula Abal Medina
98
La forma sindical en Latinoamérica
• la masificación de la condición de trabajador ocupado pobre;3
• la precarización y la tercerización como iluminación general del
mundo del trabajo;4
• el aumento sustancial de los niveles de desocupación y la multiplicación de trayectorias laborales inestables;5
• la extensión de un proceso de insularización de territorios en los
cuales el trabajo queda ‘atrapado’ en circuitos informales, clandestinos y/o ilegales que amplifican la vulnerabilidad y desigualdad de
vastos segmentos de la población;6
• la fragmentación del trabajo como sujeto colectivo7, con el consiguiente debilitamiento de la forma sindical como institucionalidad, hasta
entonces predominate de la organización subalterna.
En términos de actividades productivas, fueron el sector primario y el
de servicios los que lideraron el crecimiento en detrimento de la actividad
industrial que se contrajo significativamente. Es fundamental también
vincular los rasgos mencionados con el tipo de matriz de intervención
estatal que rigió durante la etapa referida: desreguladora en los mercados
(en especial el mercado de trabajo); facilitadora de la acción de las empresas
3 O. Altimir y L. Beccaria (1999) señalan específicamente para la década del
noventa que la mayor parte de los puestos de trabajo creados corresponden
a posiciones precarias, con bajas remuneraciones, sin cobertura social y con
una nula protección al despido.
4 En P. Abal Medina (2011) se profundiza en torno al significado de la precarización como iluminación general. Numerosos trabajos de Julio Neffa brindan
evidencia sobre la magnitud y rasgos sustantivos de la precarización del
trabajo. Ver también los aportes de Arias y Crivelli (2010); Busso (2007 y
2010); Battistini (2009); Del Bono y Quaranta (2010); Figari (2009); Wyczykier
y Barattini (2009); Basualdo (2012).
5 En particular, es interesante la clasificación que realiza Gabriel Kessler
sobre las trayectorias laborales inestables: descendentes (caída en la pobreza),
espúreas (movilidad ascendente inter o intrageneracional en cuanto al tipo
de puestos ocupado pero sin ganar -o aun perdiendo- bienestar respecto del
pasado) e inconsistentes (simultaneidad entre una movilidad ascendente
según criterios objetivos con una percepción subjetiva de trayectoria descendente). Ver, Espinoza y Kessler (2003) y Kessler (2004).
6 Ver Gorbán, (2008); Kessler, (2000); Soldano, (2008) y Crisis Nº3, (2011).
7 Nos referimos a la multiplicación de condiciones y situaciones de trabajo que
obstaculizaron la identificación entre trabajadores.
Paula Abal Medina
99
concentradas y extranjeras;8 de intervención focopolítica en términos de
asistencia social9; y represiva y criminalizadora de la protesta social.10
En síntesis, durante el último cuarto del siglo XX se conjugaron y potenciaron en la Argentina dos dinámicas sociales: por un lado, la degradación
generalizada de la condición de trabajador; por otro lado, la intensificación
de las desigualdades y fracturas sociales.
Los procesos reseñados y sus consecuencias en términos de dinámicas de
degradación y fractura, transformaron la vida de los sectores subalternos y,
en particular, sus relaciones, formas de organización y modos de politización
y disputa social.
El movimiento sindical argentino, aún corroído internamente por
virulentas diferencias ideológico-políticas,11 había garantizado hasta
mediados de los 70 una capacidad representativa elevada: conducido
por gremios industriales, representantes de los sectores más dinámicos
de la economía, actuando sobre un mercado de trabajo relativamente
equilibrado y homogéneo, las conquistas de los gremios de algún modo se
esparcían y beneficiaban al conjunto de los trabajadores.
Si hasta entonces la forma sindical se había constituido en la institucionalidad privilegiada de reconocimiento y organización de lo subalterno, la
profundidad de los cambios visibilizó sus límites y puso en juego su eficacia.
Por este motivo el proceso de resistencia y lucha social que inició la
recomposición del trabajo, durante el último decenio del siglo XX y los
primeros años del siguiente, desbordó e incluso enfrentó los cauces del
sindicalismo tradicional.
8 Para un análisis detallado, ver, Neffa (1998), Persia (2011) y Azpiazu y Schorr
(2010).
9 Álvarez Leguizamón (2002), en una investigación muy esclarecedora se
refiere a las transformaciones del Estado a partir de la idea de reemplazo de
la biopolítica por la “foco-política”. De esta forma el Estado actúa sobre las
poblaciones des-fijadas por el capital a partir de una variedad de programas y
políticas que operan sobre segmentos cada vez más minúsculos de la sociedad.
En la Argentina, este viraje se registró en forma virulenta, a partir de la
implementación de programas contra la pobreza, inspirados en las directivas
de Organismos Internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional. La noción de foco-política se aplica para reflexionar sobre el
caso argentino en Abal Medina (2004).
10 Svampa y Pandolfi (2005).
11 Quizás es más adecuado afirmar que la mayor capacidad de representación
sindical residía justamente en la magnitud de estas disputas ideológicopolíticas, dado que ellas preservaban el carácter reversible del sindicalismo:
desde la integración hacia la resistencia-transformación social. Esta reflexión
se profundiza en Abal Medina (2009).
100
La forma sindical en Latinoamérica
El nuevo ciclo político y social que se origina en 2001/2003 produce
numerosas modificaciones, una de las más significativas es la fuerte y
constante disminución que registra el desempleo desde entonces y que nos
permite comprender cierto desplazamiento de los espacios y sujetos de manifestación de la conflictividad social. Si bien en las investigaciones locales
existe controversia respecto de las formas de aproximación cuantitativa a
la protesta y a la conflictividad social, podemos decir, de todos modos, que el
corte de ruta y de calles y el sujeto piquetero tuvieron una gravitación muy
significativa en la etapa que va de 1997 a 2001 y que, a partir de entonces
y en especial desde el 2003, desciende su importancia para potenciarse una
conflictividad laboral-sindical. Asimismo, durante esta etapa vuelve a acrecentarse la gravitación del sindicalismo y su capacidad para representar
ciertos segmentos del mundo trabajador a través de herramientas como la
negociación colectiva. En este marco el sindicalismo recupera protagonismo
y vuelve a ser objeto de polémicas y aspiraciones.
Actualmente, la forma sindicato se encuentra atravesada por una
paradoja: su mayor gravitación y eficacia al analizar la situación de los
trabajadores registrados y convencionados; la cada vez mayor tensión y
disputa interna puesta de manifiesto en sus crecientes niveles de atomización y también vinculada con la relación singular que históricamente
asumió el sindicalismo con los gobiernos peronistas y, en la actualidad,
con el kirchnerismo; y, finalmente, los profundos límites para reconocer,
e inscribir en su institucionalidad, los cambios estructurales que desde
mediados de los 70 registra el mundo trabajador.
La escritura del presente artículo se ordenará del siguiente modo: en
primer lugar, realizaremos una síntesis reflexiva que nos permita comprender cómo se fue constituyendo la singularidad histórica de la forma sindicato. Luego abordaremos algunas de las rupturas respecto del neoliberalismo,
que tienen lugar como consecuencia de la convergencia de luchas sociales
que se produce en 2001 y los procesos de gobierno iniciados en 2003 con la
llegada del kirchnerismo al gobierno, focalizando nuestra atención en el
mundo trabajador. Finalmente, nos proponemos abordar el estado actual
del debate sindical retomando las voces de los dirigentes de los principales
nucleamientos sindicales que han participado o protagonizado procesos de
resistencia al neoliberalismo.
La forma sindicato en perspectiva histórica
La forma sindicato que abordaremos en este artículo se origina a mediados de los 40, impregnada por la irrupción del peronismo como identidad
política, proceso de gobierno y tonalidad propia del ideario nacional popular.
Paula Abal Medina
101
Como lo afirma Juan Carlos Torre, “el sindicalismo se constituye, desde
los cambios operados entre 1946 y 1955, en un hecho central de la vida
social y política. Su gravitación en la vida nacional es fundamental más
aún si, desde una perspectiva comparativa, se analiza su presencia en otros
países de la región”.12
En el mismo sentido, sostiene Adolfo Gilly que “el proletariado argentino, tal cual es hoy, ha sido modelado en las luchas de esos treinta años
[se refiere a 1945-1975]. El viejo proletariado se fundió en 1945-1946 con
las nuevas camadas de obreros venidas del interior, y todos ellos transmitieron su experiencia a las generaciones siguientes, que la absorbieron
y enriquecieron: delegados, comisiones internas, sindicatos de industria,
central obrera única, afiliación sindical masiva, intervención política de
los sindicatos. En esos treinta años, se formó un tejido social indestructible
[…] Ese tejido se extiende por los innumerables vasos comunicantes de la
clase, al barrio y a las ciudades. El principal objetivo de la dictadura militar
fue destruirlo, aniquilarlo. La represión más violenta ha sido contra los
cuadros sindicales: miles de delegados han sido asesinados, otros miles
encarcelados”.13
Rodolfo Walsh dimensiona en Quién mató a Rosendo, la envergadura
del acontecimiento sindical: “Muchos creen que la industria metalúrgica
apareció en la época de Perón […] La fantasía es más profunda de lo que
parece: se trata de oponer empresario bueno a terrateniente malo y de
identificar industria con liberación nacional. La realidad no es tan simple.
[…] En 1935 eran ya 85.000, es decir que de cada cinco obreros industriales,
uno era metalúrgico. En 1943 había ya en el país dieciséis mil establecimientos metalúrgicos, con 155.000 obreros. Este crecimiento fabuloso, que
en ocho años iguala al de los cuarenta años anteriores, formaba parte de la
“explosión industrial” que en ese período elevó el número total de obreros
ocupados en la manufactura de casi cuatrocientos mil a más de setecientos
mil. Esa expansión era a la vez un fenómeno mundial. […] Lo que sí aparece
después de 1943 es la organización sindical de los obreros metalúrgicos.
La primitiva Asociación, de origen comunista, apenas nucleaba en 1941 a
2.000 afiliados. Es un trotsquista, Ángel Perelman, quien embandera el
sindicato en el peronismo. En 1946, la Unión Obrera Metalúrgica tiene
100.000 afiliados, casi la mitad de los trabajadores de la industria”.
12Torre (2004, VIII-XI). Agrega también: “sólo cuando en una sociedad industrial se está en presencia de una clase obrera, por un lado, homogéneamente
articulada como clase social y, por otro, ampliamente incorporada en un
nivel nacional a la comunidad política, se puede hablar de la vigencia del
sindicalismo como fuerza social” (XI).
13 Gilly, (1978, pp60-1).
102
La forma sindical en Latinoamérica
La afiliación sindical llega a sextuplicarse entre 1945 y 1955, pasando de
400.000 a 2.300.000 trabajadores (Gasparri y Orsatti, 2000). En el mismo
período se crean más de quince estatutos para la regulación de actividades
específicas (docentes, viajantes, periodistas, tambero, radiotelegrafista, etc.)
y se sancionan numerosas normas de protección laboral sobre vacaciones,
indemnizaciones, descansos, etc. También se masifica la negociación colectiva hasta abarcar, prácticamente, la totalidad de las actividades productivas
(Barbeito, 2000).
Perón induce a la unificación, a la construcción de organizaciones
sindicales fuertes: “es mejor un sindicato grande que un sindicato chico….
Es mejor un dirigente de todos que un dirigente de fracción. Únanse en el
gremio total y no en el sindicato parcial. No abran frentes de lucha chicos,
únanse en lo fundamental y no en lo secundario. Procuren la organización
nacional y resolverán más fácilmente el problema comunal”.14
Es destacable que durante los años 1946-1949, tal como documentó
Louise Doyon (1988, p. 256), rechazando la caracterización de los sindicatos
como simples organismos administrativos operacionalizadores de beneficios
otorgados por el Estado, las huelgas y paros crecieron de una manera exponencial, al igual que la cantidad de afiliados que casi se cuadruplicó. Y es
en este tiempo cuando surge una institucionalidad nueva que tendrá una
gravitación inusitada a lo largo de las tres décadas siguientes: la comisión
interna, entonces denominada “Comité de delegados de empresa”. También
es significativa la consagración de derechos individuales y colectivos en la
Constitución de 1949.
¿Por qué resulta central destacar esta etapa? En primer término, porque
el relato académico y político que más ha proliferado es el que interpreta
este tiempo como de integración vertical de la CGT en el gobierno y, más en
general, en las estructuras del Estado. Por el contrario, la documentación
pormenorizada de la época muestra una relación más compleja y nada
exenta de conflictos que se expresó también en esta institucionalidad que
se fortalecía en los lugares de producción y volvía significativa la figura
del trabajador, entre otras figuras subalternas que constituían la identidad
política peronista, como la de Pueblo y Descamisado.
Como afirma James para referir a la etapa de la resistencia “el símbolo
del nuevo equilibrio de fuerzas en las fábricas y la resistencia de los empleadores a modificarla fue la ‘comisión interna’”.15 Pero la misma se había
originado y desarrollado durante “los años dorados” del peronismo.
Su gravitación, y también los límites, quedarían de manifiesto durante
el Congreso de la Productividad y el Bienestar Social realizado en marzo
14 Perón citado en Barbeito (2000).
15 James, D. (1981, p. 333).
Paula Abal Medina
103
de 1955 -convocado por la CGT y la CGE a fines de 1954. Numerosas
conclusiones pueden extraerse del Congreso pero baste aquí aludir a las declaraciones de José Gelbard, representante de la parte empresaria nucleada
en la Confederación General Económica (CGE), quien señala a la comisión
interna como uno de los obstáculos principales para el crecimiento de la
productividad: “es inaceptable que, cualquiera sea el motivo, un delegado
toque su silbato en una fábrica y la paralice”.16
Desde entonces, una línea histórica coherente puede ser trazada para
interpretar hasta nuestros días la férrea oposición del empresariado a la
organización de los lugares de trabajo y a la expansión de las prerrogativas
de dicha institucionalidad en la estructura general del sindicalismo. La
misma es entendida como el principal obstáculo para el aumento de la
producción por productividad del trabajo y de sus márgenes de ganancia.
Posiblemente, también se consolide en estos escenarios de disputa una
estrategia duradera de fracciones de los sectores dominantes quienes, reconociendo la centralidad sindical en la vida nacional, hayan direccionado su
intervención a garantizar un sindicalismo tan vigoroso como disciplinado.
Una intervención que en términos conceptuales podemos inscribir en una
larga tradición durkheminiana ,cuyos principales exponentes teóricos son
el matrimonio fabiano de S. y B. Webb en el clásico trabajo La democracia
industrial (1897). Allí se concibe y fundamenta, en aras de la armonía social
y el bien común, una acción sindical auto-contenida y compartimentada.
Qué se produce y cómo se produce constituyen, según el enfoque, esferas
prohibidas para el sindicalismo y privativas del capital en el orden mercantil y fabril, respectivamente. En ese contexto, sí son competencias del
sindicalismo las condiciones específicas bajo las cuales “el factor humano
debe ser empleado”, entre ellas “la temperatura, el ambiente y las condiciones sanitarias entre las que deben trabajar, la intensidad y la duración
de sus tareas, y los salarios recibidos como recompensa”. Obviamente, la
enunciación declarativa tiene demasiadas superposiciones con el cómo
se produce y, finalmente, la esfera específica del sindicalismo se reduce a
“la insistencia en las reformas necesarias”, pero actuando como un “freno
constante generado por la necesidad de asegurar el empleo”.
De este modo, a fin de ser más precisos, debemos decir que desde esta
perspectiva la competencia sindical reside en la experticia del sindicalista
para saber hasta dónde aprieta el zapato del afiliado y, en tal sentido,
cuánta suciedad, ruido y atmósfera viciada, cuánta intensidad, cuánta
fatiga y cuántas privaciones pueden soportar los trabajadores. Más allá
del regateo en torno del lugar exacto donde se traza el límite, la cuestión
es clara: el qué y el cómo se produce no se negocian.
16 Gelbard en James (1981, p. 334).
104
La forma sindical en Latinoamérica
De aquí la importancia de un sindicalismo que en el plano reivindicativo
actuaba primordialmente a través de la negociación colectiva por rama de
actividad, con una dinámica decisional que autorizaba a negociar a un solo
sindicato (el que obtuviera la personería gremial), y que tendía a fortalecer
a las cúpulas de las estructuras sindicales con poca o nula participación de
delegados fabriles y comisiones internas.
Una última cuestión sobre el Congreso de la Productividad porque en
él se abordaba una problemática actual sobre cómo se proponía afrontar
el peronismo la puja distributiva frente a las tendencias inflacionarias que
impedían un equilibrio sostenido entre precios y salarios.
En la convocatoria al Congreso, Perón sostuvo: “cada argentino debe
saber que han terminado las posibilidades de un bienestar social que no
esté afirmado en una mayor riqueza y que el camino que conduce a una
mayor riqueza es únicamente el de la productividad (…) Muchas veces se
ha dicho en los ambientes de las discusiones obreras: ¿para qué vamos a
producir más? ¿Para que el patrón se ponga más rico y más gordo? Frente
a un individualismo capitalista de explotación eso es justo, es real (…) Pero
en un país como el nuestro donde hemos ya superado esa etapa, donde no
hay explotación y el producto del trabajo se reparte ecuánime y justicieramente, sostener que se trabaja para el patrón es sostener una mentira (…)
Nosotros encontramos una comunidad donde la distribución de la riqueza
era injusta y desigual. Para corregir ese mal, nosotros hemos procedido a la
realización de una reforma que se ha cumplido íntegramente y hoy podemos
decir que los beneficios de las empresas ya han sido justo y ecuánimemente
distribuidos en la comunidad, respetando la capitalización indispensable
para la realización de las empresas. No podríamos ya echar mano a los
recursos de esa capitalización para mejorar el bienestar social. (…) En otras
palabras, se ha repartido lo posible. Para más, hay que producir”.
La frase de Perón expresaba la aspiración pluriclasista del movimiento
peronista y ponía de manifiesto una ambivalencia en términos de concepción de la relación capital-trabajo que se desarrolló durante las décadas
posteriores: a) como relación cuya asimetría fundaba un antagonismo
irreductible que sólo podía manifestarse de manera conflictiva y en un
juego de suma cero;17 b) como relación capaz de dinamizar un juego de suma
17 Sin pretender incurrir en una simplificación que oponga en esta concepción
las figuras de Evita y Perón, es destacable la siguiente afirmación de la
primera: “Yo no auspicio la lucha de clases. Pero el dilema nuestro es muy
claro. La oligarquía que nos explotó miles de años en el mundo tratará
siempre de vencernos. Con ellos no nos entenderemos nunca porque lo único
que quieren es lo que nosotros no podemos darles jamás: nuestra libertad. Lo
fundamental es que los hombres del pueblo, los de la clase que trabaja, no se
Paula Abal Medina
105
positiva que asegurara beneficios para ambas partes y armonía social y
cuya pre-condición es que los trabajadores aceptaran los términos de la
asimetría de la relación (se ha repartido lo posible), depusieran el silbato
menguando la organización gremial en las fábricas; y se dispusieran al
presentismo y la intensificación del trabajo (mano de obra barata).
Podríamos decir que en el primer caso, el horizonte de disputa es la
igualdad y la agregación es clasista; en el segundo, por el contrario, tiende
a razonarse en términos de una relación de fuerzas estabilizada, a partir
de la cual, los beneficios dependerían del crecimiento, dinamizando una
concepción de agregación pluriclasista, igualmente cuestionadora de la
ideología liberal como de los socialismos soviéticos, cuyo objetivo es el de
construcción de una Nación soberana, libre de todo imperialismo, que logre
vertebrar una amplia alianza de clases al interior de la comunidad nacional (Barbeito, 2000:23-4). De aquí lo significativo que se vuelve el clivaje
liberalismo-nacionalismo como ordenador del razonamiento peronista.
En este marco la importancia de lo que la doctrina justicialista denomina
las Organizaciones Libres del Pueblo y de la concepción movimientista
que impulsa a superar las diferencias y disensos entre clases en pos de
constituir la fortaleza del campo nacional. En este entramado de alianzas
el movimiento obrero organizado suele ser designado como la columna
vertebral del Movimiento Nacional.
Finalmente, otro rasgo resulta sustantivo para caracterizar el sindicalismo emergente en 1945-6: la tensión entre la idea de autonomía sindical
y/o política y la de homogeneidad del movimiento obrero. La complejidad de
la problemática hace difícil un abordaje fundamentado en esta instancia.
Pero será suficiente destacar la velocidad y el entramado de conflictos
que deponen la constitución del Partido Laborista y en qué medida ello
expresa, como es analizado en máximo detalle por J. C. Torre en La vieja
guardia sindical y Perón, la resignación de autonomía política de la clase
trabajadora y su limitación al terreno sindical. Sin embargo, continuando
con el énfasis en el devenir ambivalente del sindicalismo, esta resultante
no logró erradicar la aspiración de autonomía del movimiento obrero18 que
reaparecería en otros momentos de la historia nacional.
entregan a la raza de los oligarcas, de los explotadores. Todo explotador es
enemigo del pueblo. La justicia exige que sea derrotado” (Mi Mensaje, citado
en Historia del Movimiento Obrero Argentino 2. CTA).
18 Un solo ejemplo para ilustrar la afirmación; cuando en 1946 se abrió el proceso
electoral para renovar autoridades de la CGT, el candidato de Perón, que ya se
desempeñaba como Ministro del Interior de su gobierno, A. Borlenghi, quien
expresaba para decirlo en forma muy simplificada, la mayor subordinación
del sindicalismo a las estructuras de gobierno, no pudo sostenerse como
106
La forma sindical en Latinoamérica
En la medida en que el campo de fuerzas de la sociedad de aquellos
años se volvía más virulento y conflictivo, la cesión de autonomía sindical
se conjugó con una aspiración de homogeneidad del movimiento obrero
que se inscribía (y justificaba) en el tenor de la embestida que padecía el
gobierno de Perón. Precisamos esta idea tras la ilustrativa afirmación de
A. Borlenghi:
“El movimiento peronista, originado en la afluencia de gente de distintos sectores pudo anarquizarse fácilmente porque algunas personas que
llegaron a nuestro movimiento creyeron que debían imponer en el mismo
los viejos credos políticos que habían abrazado…antes. […] Por eso fue
quedando alguna gente de lado. No faltan peronistas ingenuos que dicen:
“caramba, cuánta gente va quedando de lado”. Todos esos son desconformes,
todos esos pueden ser enemigos para más adelante. No tengan miedo
compañeros y compañeras, esa es la aspiración de nuestro movimiento.
Eso era indispensable para que el movimiento fuera homogéneo, para que
en el movimiento peronista no haya más que peronistas; para que ninguno
quiera imponer métodos que no son peronistas. Por eso fueron quedando
de lado algunos que no respondían claramente a la directiva central que
les indicaba que se debía hacer un movimiento de masas”.19
Aquí la unidad consagrada sobre la base de una multiplicidad de exclusiones políticas, que funda la deseabilidad de la homogeneidad de ideario
del movimiento obrero y que legitima prácticas de persecución y declaración
de enemistad frente a trabajadores portadores de “viejos credos”, es lo
suficientemente elocuente y clara como para definir también estos rasgos
como constitutivos del sindicalismo originado a mediados de los cuarenta,
cuyo carácter extremo se inscribe, como dijimos, en la brutal ofensiva que
sufría el gobierno de Perón, circunstancia que afianzó la vinculación del
sindicalismo como correa de transmisión de los gobiernos peronistas.
Este rasgo ha sido señalado por diversa bibliografía al analizar el tipo
de populismo y experiencia nacional-popular que representó el peronismo.
Tanto De Ipola como Portantiero (1981) advirtieron sobre la construcción
candidato por la irrisoria cantidad de votos que obtuvo. Por el contrario, ganó
por importante mayoría la candidatura de Louis Gay, quien expresaba las
aspiraciones de los impulsores del Partido Laborista.
19 Discurso de Borlenghi, Secretario General de la Federación, 21 de Agosto de
1951. Estas declaraciones se pronuncian un día antes del renunciamiento
de Eva Perón como candidata a la vicepresidencia de la Nación en medio de
amenazas de levantamientos, golpes y complots militares contra el gobierno
de Perón. Borlenghi, además de dirigente de la Federación de Empleados
de Comercio, es Ministro del Interior del gobierno amenazado. De hecho un
mes después se consumaría el primer intento de levantamiento conducido
por Benjamín Menéndez y derrotado por el gobierno constitucional.
Paula Abal Medina
107
de un tipo de hegemonía organicista que tiende a enaltecer homogeneidad
y semejanza por sobre el disenso y la diferencia y, en el extremo, persigue
la unanimidad.
Desde entonces, es el vandorismo el modelo sindical que incluye, como
una suerte de figura extrema, este rasgo expulsivo y macartista, aunque
adquiriendo una especificidad: en tanto expresión de un sindicalismo integrado, el suelo de causales de expulsión del vandorismo crece en sintonía
y complicidad con el empresariado. El registro más contundente procede,
una vez más, de la páginas de Walsh: “el vandorismo tiene su discurso del
método, que puede condensarse en una frase: el que molesta en la fábrica,
molesta a la UOM; y el que molesta a la UOM, molesta en la fábrica […]
antivandorismo equivale a perder el empleo”. Otras especificidades del
vandorismo se definen más abajo.
En trabajos anteriores hemos sostenido que el sindicalismo argentino
que emergió de estas tramas históricas podría caracterizarse como una
institucionalidad en la línea de juntura, una ambivalencia irreductible lo
recorre y amaga con situarlo de un lado o del otro: integrado o resistente,
como lo expresa James, y más aún, con capacidad de convertir la resistencia, dada su gravitación en la representación subalterna, para emerger
en momentos fugaces como sujeto con capacidad de transformación. Esa
condición de reversibilidad implica desistir de puntos de partida que
pretenden saturar su significado, para abordarlo en la complejidad que lo
compuso históricamente.
Hemos pretendido aquí partir de la afirmación de Torre sobre la singularidad que adquiere desde 1945-6 como fuerza social, para remitir a la
enumeración descriptiva de rasgos que traza Gilly (delegados, comisiones
internas, sindicatos de industria, central obrera única, afiliación sindical
masiva, intervención política de los sindicatos) y reponer el carácter conflictivo que se inscribió en la forma sindicato. Por dar un sólo ejemplo: el
dinamismo y radicalidad de las comisiones internas no siempre coexistió
armónicamente, muchas veces más bien lo contrario, con las poderosas
estructuras sindicales nacionales por rama de actividad.
Desde el golpe de 1955, la proscripción del peronismo y la intervención de
sindicatos tendieron a concentrar la resistencia en los lugares de producción,
abonando una práctica de intervención que, en medio de una feroz represión,
creaba no sólo una resistencia, sino también la densificación de un ideario
que transgredía con creces los cauces definidos más arriba a propósito de la
referencia a los Webb. Walsh registra de este modo: “la revolución libertadora
intervino la CGT, derogó la ley de asociaciones, asaltó locales, encarceló
dirigentes, disolvió hasta los cuerpos de delegados. Nace entonces una etapa
oscura y heroica […]: la Resistencia. Su punto de partida es la fábrica, su
ámbito el país entero, sus armas la huelga y el sabotaje”. Y agrega algunos
108
La forma sindical en Latinoamérica
datos significativos: en 1955 se alcanza el record histórico de trabajadores
metalúrgicos, 315.000, alrededor del uno porciento de los establecimientos
industriales empleaba casi la mitad de los trabajadores y acaparaba más
de la mitad de la producción, es decir, alta concentración de trabajadores
en establecimientos con alta concentración económica. Afirma además que
en estas empresas predominaba el capital nacional y que durante la época
peronista no se establecieron en el sector metalúrgico nuevas firmas extranjeras. Por último, que las concentradas nacionales junto a las extranjeras
preexistentes al peronismo se constituyeron en el motor de la gigantesca
represión ya aludida.
Como consecuencia de la radicalidad que adquirió la resistencia peronista se consolidó una estrategia de los sectores dominantes que, reconociendo
la gravitación sindical en la vida nacional como un dato irreversible, se
propuso afectar la forma sindicato de modo tal de asegurar la prevalencia
de un sindicalismo corporativo, cupular y con capacidad de garantizar la
contención de la conflictividad laboral.
De hecho durante los 60 se fortalece una estrategia sindical que dilata
la resistencia y negocia con los gobiernos constitucionales y de facto que
se suceden vertiginosamente, supeditando aumentos salariales a cláusulas
de productividad y rendimiento. De esta forma en 1959 existían 309.000
trabajadores empleados en la industria metalúrgica, cifra que desciende
paulatinamente hasta 252.000 en 1965.20 El proceso de destrucción del
empleo se acompaña de una profundización de la concentración y también
de un cambio de tendencia respecto de la década peronista: la acelerada
extranjerización industrial. Una vez consolidados estos cambios, los salarios
serán acechados una y otra vez por el congelamiento.
Desde 1955, dos tendencias polarizan cada vez con mayor virulencia
tensionando la forma sindicato que surgió durante el primer peronismo.21
Cabe aquí, antes de retomar la discusión más actual, sintetizar los
rasgos más sustantivos del vandorismo porque se trató de un modelo sindical, en sentido fuerte, que dejó marcas que se prolongan hasta la actualidad:
20 Walsh (1994).
21La bibliografía consigna una variedad de clasificaciones que con diversos
matices coexisten al interior de lo que podríamos denominar como sindicalismo peronista y que traducen dicho enfrentamiento entre las tendencias
reseñadas: “62 de pie junto a Perón”; “62 Leales Peronistas”; “Independientes”
(peronistas no partidistas); “Combativos (peronistas confrontacionistas)”;
“62. Peronistas vandoristas”; “8. Peronistas expulsados de ‘la 62’”; “Nueva
Corriente de Opinión (peronistas y no peronistas participacionistas)”; CGT
de los Argentinos, CGT Azopardo, etc. La clasificación corresponde a la etapa
1955-1975. Ver Arturo Fernández (1984).
Paula Abal Medina
109
1) la concepción del sindicalismo como factor de poder22, imprescindible, de
la vida nacional, junto a las Fuerzas Armadas, la Iglesia, y las organizaciones patronales nacionales. Esta concepción tendió a acompañarse de un
antiliberalismo que desdeñaba los poderes representativos23, y ponderaba
en formas matizadas un proyecto de tipo corporativo que proponía reformar “la antigua sociedad liberal e individualista” para convertirla en
una “verdadera comunidad nacional”; 2) “Golpear primero para negociar
después” afirmaba con frecuencia Vandor como método que permitía volver
efectiva la gravitación sindical como factor de poder; 3) En este sentido,
la negociación y su idea de integración en el gobierno no discriminó entre
gobiernos constitucionales y de facto; 4) Se declaraba abiertamente no
clasista, insistiendo en la armonía de la comunidad como elemento posible y
necesario; 5) En este marco, desarrolló como práctica efectiva la persecusión
y expulsión de todo trabajador, dirigente y activista que, como dijimos más
arriba, atentara contra el funcionamiento del sindicato como factor de poder.
Ejerció un macartismo profundo que se acompañó de prácticas regulares
de matoneo y violencia; 6) Profundizó el funcionamiento del sindicalismo
como poderoso aparato24 dotado de funciones políticas y económicas. La
concentración de recursos económicos es de enorme magnitud y se tradujo
en la expansión de un sindicalismo de servicios. J. Taccone, dirigente de Luz
y Fuerza, sostenía en 1966 “hoy, en cambio, tenemos una organización con
un capital real de más de 1.500 millones, un movimiento económico actual
de 2000 millones […] campos de recreo, hoteles, departamentos”. James
retoma la declaración de otro sindicalista para sintetizar su idea central:
“tenemos el concepto moderno de que las organizaciones valen en relación
a su poder económico”.
22Refiriéndose al sindicalismo sostiene Vandor que “en todas las latitudes...
ha sido y es fundamentalmente constructivo”. Agrega que en Argentina
las elecciones de 1958 demostraron “su poder real y concreto” y que si se lo
elimina de la conducción nacional se produce “el estancamiento económico”.
“Pienso que la única forma en que las relaciones entre el Sindicalismo y el
Poder Público adquieren carácter permanente, es con la participación del
sindicalismo en este último”. (Vandor citado en Walsh, 1994).
23Uno de los exponentes más puros de este sesgo corporativo fue J. Alonso,
secretario General de la CGT entre 1962 y 1965, elegido con la “bendición
de Vandor”. Aunque años después la coyuntura política los enemistó, James
señala y fundamenta en forma suficiente la comunidad que existía entre
ambos en términos de concepción del sindicalismo.
24 “Aun en la coyuntura más desfavorable, nuestro Sindicalismo ha probado su
notable voluntad comunitaria(...) Policlínicos, servicios sociales en general,
turismo, planes de vivienda, campos de deporte, bancos sindicales(...), son la
prueba(...)” Declaraciones de Vandor, citadas en Walsh (1994).
110
La forma sindical en Latinoamérica
Sin embargo, el sindicalismo de servicios, que concentra poderosos
aparatos económicos, es un rasgo común al conjunto del sindicalismo
peronista. El censo de Asociaciones Profesionales realizado por el Ministerio de Trabajo en 1965, por ejemplo, detalla los recursos económicos que
recibían diferentes sindicatos en concepto de cuotas sindical, asistencial,
extraordinaria. También surgen de dicha fuente la extensa y variada oferta
de servicios sindicales: bibliotecas, cantinas, campos recreativos, campos de
deportes, cooperativas, escuelas, farmacias, gestión de pensiones, hospitales,
sanatorios, proveedurias, gestión de seguros, etc.
Finalmente debemos decir que la consolidación del sindicalismo como
aparato económico se termina de concretar durante el gobierno de facto
de Onganía cuando se generalizó el modelo de obras sociales al declararlo
obligatorio para todos los trabajadores en relación de dependencia (y sus
familiares a cargo), a la par que se unifican los descuentos salariales y se
define que es responsabilidad de los empleadores realizarlos y transferirlos
a los sindicatos25. En 1968 se registraba un total de 3.543.345 beneficiarios
de obras sociales de todo el país, contabilizando a los titulares y miembros
de los grupos familiares; después de sancionada esta ley la población
cubierta estimada llegó a 15.957.000 personas”.26
En febrero de 1973, Ignacio Rucci y Agustín Tosco participaron de un
célebre debate televisivo en el que se ponían nuevamente de manifiesto
los términos del enfrentamiento: el sindicalismo concebido como factor de
poder en la enunciación de Rucci y la contestación de Tosco: “yo creo que ese
es un concepto que está encuadrado en el concepto de defensa del sistema.
Para nosotros, el movimiento obrero y la CGT deben ser una palanca para
transformaciones revolucionarias de la sociedad capitalista”. En el mismo
programa y, muchas otras declaraciones de Rucci resurge el contenido
macartista27, ya aludido.
25 Ver Danani (1992) citado en Loza y Perelman. Disponible en http://www.icesi.
edu.co/ret/documentos/ Ponencias %20pdf /197.pdf
26 Ver Grassi, Hintze y Neufeld (1996: 24)
27 En julio del 72, cuando es reelegido en su cargo de Secretario General de
la CGT Ignacio Rucci, la confederación realiza la siguiente declaración: “el
justicialismo se proyectó sobre las masas, infundiendo fe y esperanzas, vida,
calor y movimiento, a esos contingentes estacionados en los campos de concentración de nuestras izquierdas, alejándolos de esta manera de los confines
del mundo comunista […] el justicialismo ha sido el antídoto por excelencia
de la penetración de ideas extranjerizantes […] Afirmamos que las entidades
obreras y los cuerpos orgánicos peronistas constituyen hoy la columna vertebral providencial de la seguridad ideológica” Declaraciones dirigidas “Al Pueblo
de la República, a las Fuerzas Armadas del Ejército, Marina y Aeronáutica”.
Citado en Schneider, (2005, p. 349). La Razón, 7 de julio de 1972.
Paula Abal Medina
111
A lo largo de estos años de consolidación del modelo vandorista se
producen dos experiencias que lo enfrentan y que convergen en diversos
acontecimientos: por un lado la CGT de los Argentinos (1968) y lo que se
denominó Sindicalismo de Liberación, y el clasismo de Tosco y Salamanca,
en especial con la experiencia de lucha protagonizada por los sindicatos
SITRAC y SITRAM entre 1970 y 1971. Los acontecimientos políticos más
importantes que protagonizan son el Cordobazo, el Viborazo y el Villazo.
El carácter de la lucha sindical que llevan adelante estas experiencias de
izquierda sindical podría sintetizarse así: 1) luchas anti-burocráticas que
desatan profundos conflictos intra-sindicales que enfrentan bases con
cúpulas y exigen democratización de las estructuras28; 2) luchas por el
control de las condiciones de trabajo y contra el autoritarismo patronal29
definiendo demandas que se vinculaban muy directamente con las condiciones concretas de esos trabajadores y consolidando de esta forma la
representatividad de líderes nuevos que desde la activación de los lugares
de trabajo también cuestionaban el liderazgo establecido al interior de los
sindicatos30.
La dirección de estos procesos de lucha tenía lugar en medio de un
proceso de densificación del debate estratégico, ideológico y político entre
organizaciones del movimiento obrero, partidos políticos y movimientos
de izquierda, organizaciones de izquierda peronista y organizaciones
guerrilleras, destacando además la intensa participación estudiantil y
de círculos intelectuales. Circunstancia que se inscribía también en un
escenario de politización y radicalización creciente del Tercer Mundo y de
diversos países de Europa. En este marco surgieron, en especial, en el tejido
industrial del río Paraná, en Campana, San Nicolás y Villa Constitución,
experiencias de organización obrera hasta entonces inéditas: los comités
de lucha y las Coordinadoras inter-fabriles. El clasismo en tanto expresión
radicalizada de lucha reivindicativa al interior de los lugares de producción
y concretización del principio de autonomía de la patronal, el Estado y los
28 De esta forma las acciones eran de destitución de autoridades sindicales en
asambleas, conflictos obreros que no sólo se dirimían entre representantes
sindicales y trabajadores en la empresa sino que abarcaban fuertes cuestionamientos a las dinámicas sindicales enfrentando diversos grupos que muchas
veces desencadenaban ocupaciones de los “locales sindicales” (Jelin, 1978).
29“La demandas durante este período se referían a la provisión de ropa de
trabajo adecuada, el control de los ritmos de producción y los períodos de
descanso, problemas de temperatura, ventilación, salubridad e higiene de los
lugares de trabajo, malos tratos por parte del personal superior, etcétera. Si
bien estos temas pueden contar fácilmente con el apoyo generalizado de los
obreros” (Jelin, 1978, p. 135).
30 Jelin, (1978, p. 433-7).
112
La forma sindical en Latinoamérica
sindicatos, es desbordado para pensar y ensayar la convergencia de la lucha
obrera con la constitución de un frente de masas.
La escalada represiva del gobierno de Isabel Perón sobre el proceso y el
horizonte de disputa que abrían estas experiencias fue de una brutalidad
inusitada. Las complicidades y hasta el colaboracionismo de dirigentes
sindicales y empresariales con la ofensiva represiva permanecen aún
invisibilizadas. Actualmente en el marco de los juicios por los crímenes del
Terrorismo de Estado comienza a develarse el entramado de delaciones
que tuvo lugar durante dicha etapa y en particular la significación y las
dimensiones del Operativo Serpiente Roja del Paraná.
La bibliografía es bastante coincidente al señalar que tras la exhaustiva
y homogénea política represiva del gobierno de facto de Onganía frente al
conjunto del sindicalismo y el movimiento obrero entra en crisis el método
vandorista de golpear para negociar y de este modo se desarrollan dos
polaridades sindicales: por un lado, las vertientes de izquierda mencionadas
en el párrafo anterior; por otro, un ala colaboracionista y subordinada a dicho
gobierno que desde entonces se cristalizó como parte del movimiento sindical.
El blanco fundamental de la última dictadura militar fue la radicalización de las consignas de los trabajadores, el sindicalismo de la resistencia,
la democracia interna impulsada desde la organización de los lugares
de trabajo, las experiencias de pluralidad que se gestaban entre idearios
múltiples de la izquierda y el peronismo revolucionario, el discurso antiburocrático, los delegados, las comisiones internas. Se combinó, como lo
expresa con claridad Taiana, el criterio ideológico con el criterio estructural
por el cual la represión se ejerció con distinta intensidad en los diferentes
niveles de la estructura sindical: “fue masiva, violenta y persistente a nivel
de cuerpos de delegados y comisiones internas; amplia, pero limitada en el
tiempo, para las conducciones zonales; muy selectiva para los dirigentes
nacionales”. La lucha por el control de la fábrica fue el objetivo estratégico
para desarticular la organización obrera.31 Desarticulada esta organización,
31 Recordemos sólo una parte del comunicado militar anunciado en el marco del
inicio de la dictadura, el 25 de marzo de 1976: “se comunica a la población que
todas las fuentes de producción y lugares de trabajo, estatales y privadas, a
partir de la fecha, serán considerados objetivos de interés militar”. Asimismo,
se decretaron intervenciones militares en la CGT y principales gremios. Se
suspendió la actividad gremial, se eliminó el derecho de huelga y el ejercicio
de cualquier otra medida de fuerza, se derogó el fuero sindical, se sancionó
la ley 21.400 de “seguridad industrial”, destinada a combatir la subversión
fabril. Se ocuparon militarmente establecimientos industriales, se generaron
despidos masivos, persecusiones y desapariciones. Para analizar con mayor
detalle el caudal represivo ,ver, Taiana y Pozzi.
Paula Abal Medina
113
el resto de la estructura y los dirigentes girarían en el vacío.32 Las superposiciones entre el criterio ideológico y el criterio estructural son evidentes,
sin embargo, la distinción resulta significativa.
Durante la dictadura militar, el producto industrial creció menos que
el promedio y el número absoluto de asalariados en la industria se redujo
un 33%. Esto llevó a que la industria pasara de generar el 44% del total
del empleo asalariado en 1974 al 30% en 1982.33
Es indispensable también retener datos vinculados a la reducción de
establecimientos manufactureros, que pasa de 126.388 en 1974 a 109.436
en 1985, la reducción representa el 13.4%. Si analizamos esta reducción,
teniendo en cuenta el tamaño de los establecimientos34 en 1974 había 122
fábricas que ocupaban más de 1000 personas cada una y reunían un total
de 246.618 obreros. En 1985, sólo había 64 de estos establecimientos y
ocupaban un total de 127.153 operarios. La reducción alcanza aquí el 50%.
En el mismo sentido, la reducción es mucho más marcada entre las ramas
de actividad y en las regiones en las cuales el movimiento sindical tuvo
mayor inserción.35
Al cambio de la composición, tamaño y localización de empresas industriales debe adicionarse una política empresarial destinada a crear una
renovación del personal muy significativa36 y a dinamizar dispositivos
culturales de afectación de la relación capital – trabajo en torno a las
ideologías del new management.37 Lo que conllevó a una situación de falta
de cuadros en los establecimientos productivos durante muchos años y a
profundas rupturas y tensiones en el intercambio entre generaciones de
trabajadores.38
Durante los 90 con Carlos Menem en el gobierno durante una década, se
produce la consolidación del orden neoliberal a partir de la implementación
de las denominadas reformas estructurales: privatizaciones masivas de
empresas públicas estratégicas, desregulación de los mercados, en espe32 Taiana, (1988, p. 11)
33 Persia (2011).
34Es en las grandes fábricas donde más desarrollo tuvo el sindicalismo de
izquierda y la organización a nivel de establecimientos.
35 Taiana (1988, pp.19-20).
36 Taiana ilustra sólo refiriendo a la planta Ford de Pacheco: “allí no se realizaron asambleas de trabajadores durante al menos 8 años”.
37Analizo más en profundidad algunas de estas problemáticas al referirme
a las líneas estratégicas de dispositivos empresarios de grandes empresas
de supermercados y call centers offshore como: la exaltación de la debilidad
del trabajo, el destierro de la alteridad y la esquilmación inmediata (Abal
Medina, 2009).
38 Problemática desarrollada por Maristella Svampa (2000).
114
La forma sindical en Latinoamérica
cial el de trabajo, implementando importantes reformas legislativas que
minaron los derechos protectorios del trabajo instalando la flexibilización
precarizadora, brutal aumento del desempleo, desindustrialización y especulación financiera. Los legados del cuarto de siglo neoliberal con relación
al mundo del trabajo se han abordado en la primera página de este escrito.
En lo atinente a la forma sindicato es en especial durante esta década
cuando se consolida lo que Martuccelli y Svampa (1997) caracterizaron
como “nuevo sindicalismo”39 al analizar el caso de los mercantiles. Una estructura sindical extremadamente importante en términos cuantitativos ya
que posee casi un quinto del total de trabajadores registrados enmarcados
en su convenio colectivo por rama de actividad.
Dicha estructura sindical resulta emblemática para definir la consolidación de un nuevo tipo sindical durante el neoliberalismo: el sindicalismo
empresarial (Abal Medina, 2009 y 2011). Lo denominamos de este modo
porque sustenta su práctica en la gestión y provisión de servicios al cotizante concebido como usuario40, menguando en forma significativa la
representación del afiliado como empleado y eliminando cualquier práctica
de carácter socio-político destinada a la representación y organización del
trabajador como sujeto colectivo. En algunos casos la rentabilidad y la
acumulación de capital del sindicato se transforman en un objetivo central
que queda incluso disociado de los trabajadores representados.
El mercantil es sólo uno de los gremios más significativos. La lista es
numerosa y abarca estructuras sindicales cuantitativamente grandes. En
la jerga mediática sus dirigentes son denominados como “los gordos”.
En algunos casos la acepción sindicalismo empresarial describe más
literalmente un tipo contradictorio porque el mismo sindicato se desempeña
simultáneamente como patrón y representante sindical de los mismos
trabajadores41.
En definitiva, tras la dictadura la transformación del mundo trabajador es tan profunda que el sindicalismo no podrá recuperar hasta hoy la
centralidad y gravitación que lo tuvo como representante protagónico de
la subalternidad nacional.
39Danilo Martucelli y Maristella Svampa (1997) analizan sus rasgos más
significativos a partir del caso de los Sindicatos de Empleados de Comercio.
En el mismo sentido varios trabajos de mi autoría dan cuenta del devenir de
ese tipo sindical en la actualidad (2009, 2010).
40 El debate conceptual que subyace a estas conclusiones se origina en diversos
trabajos del sociólogo alemán, Clauss Offe.
41Esto ocurrió con algunos sindicatos que representaban trabajadores de
empresas públicas que se privatizaron o concesionaron durante los 90 como
la Unión Ferroviaria y el Sindicato de Luz y Fuerza y que se transformaron
en accionistas de las empresas.
Paula Abal Medina
115
Resistencia al neoliberalismo y recomposición del trabajo
Como adelantamos en la introducción, el proceso de resistencia y lucha
laboral/popular que inició la recomposición social durante el último decenio
del siglo XX y los primeros años del siguiente, desbordó e incluso enfrentó
los cauces de este tipo sindical, el empresarial, y aún más en general del
sindicalismo tradicional:
• ya sea como expresión disidente al interior de la única central reconocida legalmente (el MTA42 de la CGT);
• como nueva central sindical (la CTA) que emergió con la consigna
“la nueva fábrica es el barrio”;
• como numerosos movimientos y organizaciones con inscripción territorial o en los lugares de trabajo (Organizaciones de Trabajadores
Desocupados, Movimiento de Empresas y Fábricas Recuperadas,
Organizaciones gremiales y activistas en los lugares de trabajo,
Frentes clasistas, etc.). En algunos casos estos colectivos se sumaron
a la central alternativa (CTA) y en otros se mantuvieron por fuera
de ambas centrales.
También a través de frentes nacionales que convergieron en expresiones
de fuerte gravitación, como la Marcha Federal43 en Julio de 1994, que logró
la confluencia de la CTA y el MTA, o la Consulta Popular organizada por
el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO) en 2001.
La consigna central de la Marcha Federal fue A llenar la Plaza de Mayo
42Una descripción actualizada sobre el MTA y su reposicionamiento, tras el
2003, al interior de la CGT, a la par que la creación de la Corriente Sindical
Peronista puede encontrarse en los capítulos 10 y 11 de Díaz, Claudio (2010).
Para un análisis de la constitución del MTA, ver Ferrer (2005).
43La Marcha Federal fue convocada por las dos organizaciones mencionadas
pero para su organización se constituyó una Mesa de Enlace de la que participaron otras organizaciones muy importantes como: la Corriente Clasista y
Combativa liderada por el Perro Santillán, dirigente municipal de la provincia
de Jujuy, que tras sucesivas movilizaciones había logrado la renuncia del gobernador. La Federación Agraria Argentina, dirigida entonces por H. Volando,
expresaba las reivindicaciones de los pequeños y medianos productores que
habían logrado una fuerte visibilidad con una novedosa medida de fuerza:
“el tractorazo”. También se sumaron a la Mesa diversas organizaciones de
jubilados y pensionados, la Federación Universitaria Argentina (FUA), la
Asamblea de Pequeños y Mediano Empresarios (Apyme). Adhirieron también
algunos partidos políticos entre los que se destacaba el Frente Grande, el
Partido Socialista y el Comunista.
116
La forma sindical en Latinoamérica
afirmando que “los niveles de exclusión, el crecimiento del desempleo y la
pobreza, la crisis de las economías regionales y el deterioro de los pequeños
y medianos empresarios del campo y la ciudad parecen no tener límite”.44
En diciembre de 2001, tiene lugar la consulta popular organizada por
el FRENAPO, bajo el lema Ningún hogar pobre en la Argentina. Votan
alrededor de tres millones de personas a favor de una serie de medidas
que pretendían limitar los efectos de la crisis social: un subsidio de empleo
para todos los jefes de hogar desocupados, asignaciones familiares por cada
hijo menor de 18 años y una asignación universal para los ancianos sin
cobertura jubilatoria.
La consulta popular se realiza en tiempos en que casi cinco millones de
trabajadores buscan infructuosamente un empleo o trabajar más horas.45
Alrededor de quince millones de personas son pobres.46 Casi la mitad del
total de asalariados no está registrado (3 de cada 10 trabajadores formales
y 7.5 de cada 10 trabajadores del sector informal).47
La CTA lidera este frente48 que ensaya una articulación entre el trabajador ocupado y el desocupado, resistiendo las ideologías más esparcidas y
adherentes de la época que más bien practicaban modos de enfrentamiento.
El más reiterado es el que dio lugar a las leyes precarizadoras de principios
de los 90: son los privilegios y rigideces de los ocupados los que impiden
fuentes de trabajo a los desocupados49. También se ensayarían otros argumentos: la culpabilización de los desocupados por “inempleables-obsoletos”
y, tras su organización colectiva, la criminalización de la protesta con la
asimilación de las figuras de desocupado, piquetero y violento. El sujeto
44 Ferrer (2005).
45 Situación que se agravaría intensamente durante el 2002. En porcentajes, en
la medición de octubre de 2001, el desempleo alcanzaba 18.3% y la subocupación demandante, el 10.7%. En mayo de 2002, la desocupación alcanzaría
su pico histórico más elevado: 21.5% y la subocupación treparía al 12.7%.
(Fuente: EPH-INDEC).
46En octubre de 2001, las personas por debajo de la línea de pobreza alcanzaban el 35.4% y por debajo de la línea de indigencia, el 12.2%. En mayo de
2002, 49.7% y 22.7%, respectivamente. En octubre de 2002, 54.3% y 24.7%,
respectivamente. (Fuente: INDEC).
47 Persia (2011).
48Integrado además por asociaciones de pequeños y medianos empresarios
(como la CAME y Federación Agraria Argentina) y numerosas organizaciones
de derechos humanos.
49Es el argumento más ejercitado para fundamentar las reformas de flexibilización laboral de la década de los 90 que tendieron a precarizar múltiples
condiciones de trabajo. Esta problemática es analizada con mayor detalle en
Abal Medina (2011a).
Paula Abal Medina
117
disruptivo de la etapa fue el trabajador desocupado organizado territorialmente y la metodología, el corte de ruta.50
En contraste, el disciplinamiento es tan profundo entre los trabajadores ocupados que los establecimientos empresarios parecen petrificados
durante aquellos años. El desempleo es el que otorga el sentido al trabajo,
los ocupados se sienten desempleados en potencia, por eso la débil manifestación del conflicto que, sin embargo, se padecía a diario.
Quizás sea Gramsci quien planteó con elocuencia conceptual y política el
sentido más fundamental de la práctica sindical en tiempos de desempleo
masivo: “he aquí las exigencias presentadas como esenciales para la acción
sindical: mantener la ligazón entre desocupados y quienes no lo son; buscar
que en el terreno de la oferta de la mano de obra no se libre sólo una serie
de duelos ‘singulares’ entre el individuo desesperado y el hambre, sino que
el desocupado sienta que el órgano tradicional de defensa de sus intereses,
el sindicato, sigue siendo ‘suyo’ […] Renunciar a dicho objetivo, significaría
perder el contacto con la vida obrera en todo lo que ella tiene hoy de más
expresivo, de más trágico, de más sentido”.
En Argentina, los sindicatos que condujeron y hegemonizaron la CGT51,
durante la década noventista, convirtieron dicha institucionalidad en una
estructura conservadora que al mismo tiempo que declamaba la unidad,
expulsaba de su representación a alrededor del 60% de los trabajadores.52
En otros trabajos (2009 y 2011), refiero a la metáfora de la casa y a la
figura del extranjero para ilustrar el modo en el cual diversos dirigentes
explicaban por qué muchos sindicatos y la CGT no asumieron la representación de trabajadores desocupados o en negro. Una de las afirmaciones
más gráficas es la siguiente: “es como todo, primero hay que estar bien
con los que son de tu propia casa y después podés salir a defender a los
demás”. El sindicalismo dominante convirtió a buena parte del colectivo
de trabajadores en extranjeros: una concepción empequeñecida de los
sujetos susceptibles de representación sindical, un desgajamiento gestado
por la fuerza de imposición material e ideológica del capital en tiempos
neoliberales que se convalida y profundiza por la resignificación de lo propio
y de lo ajeno, que ejercitó buena parte del sindicalismo local.
50Ver, Svampa y Pereyra (2003) para una exhaustiva caracterización del
movimiento de trabajadores desocupados, en términos de idearios, formas
organizativas, pertenencias y repertorios de acción.
51 La central sindical mayoritaria y única que actúa con reconocimiento estatal.
52 Ver, Persia (2011) donde se analiza la evolución de los trabajadores potencialmente convencionados (cuyas condiciones de trabajo se rigen por CCT), que
son los que pueden ser considerados como parte de la representación efectiva
de los sindicatos nucleados en la CGT.
118
La forma sindical en Latinoamérica
La cartografía de las resistencias puso de manifiesto el ‘encogimiento’
de la forma sindical tradicional y su incapacidad para expresar la realidad
que padecía un sector muy numeroso y significativo de los trabajadores.
El 19 y 20 de diciembre de 2001, el conflicto se manifestó con máxima
radicalidad a través de diversos repertorios de acción (saqueos, cacerolazos,
movilizaciones, destrucción de bancos) y a través de figuras muy heterogénas
(vecinos, ahorristas, piqueteros y luego asambleístas) que confluyeron en
una potente fuerza destituyente. Sólo un par de días antes había concluido
la consulta popular del FRENAPO.53
Ni las estructuras sindicales tradicionales ni la figura del trabajador
ocupado protagonizaron estas jornadas de sublevación colectiva.
Los procesos de gobierno que iniciaron en mayo de 2003, con Néstor Kirchner y posteriormente con Cristina Fernández de Kirchner, son en alguna
medida resultantes del tensionamiento y los límites que los acontecimientos
de 2001 producen en el campo de la política institucional.
Néstor Kirchner accede al gobierno con más desocupados que votos.
Sin embargo, la actualización del ideario nacional popular junto con la
capacidad de interpelar desde la gestión de gobierno a los trabajadores
en general, a los organizados en sindicatos y a diversos movimientos del
campo popular, le permite construir con bastante rapidez una legitimidad
mucho mayor.
Los cambios en materia de trabajo son muy significativos: la baja muy
sustancial del desempleo y el subempleo demandante, la disminución del
empleo no registrado, la recuperación de la tasa de empleo y asalarización
y la implementación de políticas de carácter más universal que lograron
reducir la incidencia de la pobreza y la indigencia, como la Asignación
Universal por hijo54 y el aumento de la cobertura y de la jubilación mínima55.
53 Ver, Abal Medina (2011).
54“Un decreto instituyó un subsistema no contributivo en el marco de la Ley
24714, la cual ya establecía las asignaciones familiares para trabajadores
registrados pero que son financiadas por contribuciones patronales. El decreto
oficial definió como beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a los
hijos menores de 18 años de los desocupados, trabajadores con empleos no
registrados que ganan menos que el salario mínimo y a los monotributistas
sociales que no perciben asignaciones familiares […] se estima que a comienzos de 2010 el beneficio ya cubría unos 3.500.000 niños y jóvenes que antes
no los percibían […]” (Neffa, 2011, pp. 333-4)
55 “La instauración de un sistema de jubilaciones y pensiones no contributivas
otorgadas a personas que no reunían los aportes ni las condiciones establecidas
en la legislación; esta situación se debía a que no habían hecho aportes, habían
estado inactivos o desocupados o que habían trabajado en empleos no registrados. A comienzos de 2010, esta política ya había beneficiado a casi 2.300.000
Paula Abal Medina
119
Asimismo se logra la reversión parcial de algunas reformas precarizadoras
de institutos del trabajo, vinculadas al derecho individual, que tuvieron
lugar en los noventa. El proceso de recuperación del empleo coincide con
una reactivación de la actividad industrial y con una mayor intervención
del Estado regulando la actividad económica. También con un proceso de
concentración y extranjerización de la actividad económica en general.
En este contexto el sindicalismo recupera centralidad y dinamismo.
En muchos casos sus estructuras se ven desafiadas por la extensión y
radicalización de una militancia en los lugares de trabajo que, en especial
durante los primeros años del kirchnerismo, dirigió sus reclamos hacia
las empresas pero también hacia los sindicatos, provocando conflictos
intra-sindicales de intensidad.56
Según un informe del Equipo de Conflicto y Protestas Sociales de la
CTA, el sector de los asalariados formales sindicalizados es el que impulsó,
durante el año 2005, la mayor cantidad de conflictos: el 32.4% en 2004
asciende al 48.5% en 2005. Por el contrario, en el ámbito no sindical, los
actores que acumulan mayor cantidad de protestas son las organizaciones
de trabajadores desocupados: en el año 2004 estuvieron presentes casi en
el 30% de las protestas y, en el año 2005, su participación en el conjunto
descendió al 15.1%. Estos años marcan con mucha claridad el momento de
modificación de tendencia y de desplazamiento de la frontera del conflicto,
desde el desempleo hacia la precariedad (Svampa, 2008).
Asimismo, un cambio en la relación de fuerzas interna de la CGT logra
imponer en la conducción a la disidencia que se había nucleado en el MTA
durante los años noventa. Desde el 2003 y hasta el 2012, Hugo Moyano
–dirigente camionero– se desempeñará como Secretario General de la
central.57
La otra central sindical que se constituyó en 1992, la Central de Trabajadores Argentinos, sufre una fractura muy significativa tras una elección
de autoridades con acusaciones cruzadas de fraude. La CTA formalizó una
fractura que se había esbozado de hecho como consecuencia de la polarización política que se produjo en el marco de un conflicto entre patronales y
personas. De esa manera se incrementó fuertemente la tasa de cobertura del
sistema previsional, que pasó del 49% hacia fines de la convertibilidad a más
del 85% en 2009” (Neffa, 2011, p, 332).
56En el libro Colectivos Resistentes. Procesos de politización de trabajadores
de la Argentina Reciente, que compilo junto a Nicolás Diana Menéndez, se
analizan diversas experiencias de organización en los lugares de trabajo,
caracterizando los idearios, activismos y formas de disputa que se construyen.
57 Una fractura minoritaria es encabezada por el gremialista gastronómico Luis
Barrionuevo desde 2008, con la conformación de la denominada CGT Azul y
Blanca.
120
La forma sindical en Latinoamérica
nucleamientos de productores agropecuarios y el gobierno nacional. Dicho
conflicto profundizó los desacuerdos en torno a la valoración de los gobiernos kirchneristas y sobre el tipo de reposición de lo nacional-popular en la
actualidad nacional.
Durante estos años, la negociación colectiva protagoniza la escena, el
incremento de la negociación es despampanante: ascendió de 200 convenios
colectivos anuales negociados durante el año 1991 hasta 1864 durante el
2011.58 No sólo aumentó cuantitativamente la negociación colectiva, sino
también sus niveles de cobertura respecto del conjunto de trabajadores59, y
su eficacia en términos de determinación colectiva del salario60 (Palomino
y Trajtemberg, 2007 y Etchemendy, 2011). Algunas estadísticas muestran
un aumento de la sindicalización61 y la densidad sindical.62
A pesar de ello, los resultados al momento de evaluar la capacidad de
plantear e impulsar la distribución de las ganancias y la riqueza, tanto al
interior de la clase trabajadora, como en relación con el capital, son menos
alentadores. También, al analizar la capacidad de asegurar un piso de
derechos y condiciones de trabajo al conjunto heterogéneo de trabajadores
e, incluso, al indagar los contenidos de la negociación colectiva, mayoritariamente ceñidos a la cuestión salarial en momentos de suba de los niveles
generales de precios.
Asimismo, resulta llamativa la escasa representación sindical en los establecimientos empresarios. En aproximadamente el 85% de las empresas
58Personal comprendido: 4,2 millones de puestos de trabajo. Fuente: SSPTMTEySS. http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/negCol/index.asp 59 Si tenemos en cuenta el Gran Buenos Aires, la población potencialmente convencionada asciende del 35 al 45% del total de la población económicamente
activa, entre el 2003 y el 2009. El crecimiento es significativo, sin embargo,
sigue siendo mayoritaria la cantidad de población trabajadora no afectada por
la negociación colectiva y además, tendríamos que tener en cuenta, que estas
cifras se reducirían aún más si se consideraran otros dominios geográficos
del país con mayor participación de trabajadores rurales y amplias franjas
de informales (Persia, 2011, pp. 394-5).
60En 1990, sólo el 60% del salario de los trabajadores convencionados correspondía al salario de convenio; en 2010 el 90% del salario lo determina el CCT.
61 Creció un 24% entre 2003 y 2010. Ver, Palomino (2011) y Trajtemberg, Senén
González y Medwig (2007). La tendencia en un sindicato tan emblemático
como la UOM profundiza esta tendencia. De acuerdo a declaraciones de
Carlos Gdansky (Secretario General ral UOM La Matanza) en 1976 había
537.000 afiliados directos en la UOM Nacional, en el 2001 70.000 y actualmente alrededor de 300.000. En Programa Televisivo CN23, conducción de
Martín Granovsky, emitido el miércoles 29 de junio de 2011.
62 Definida como la relación entre la afiliación real y la afiliación potencial.
Paula Abal Medina
121
no existe ninguna instancia de representación directa de los trabajadores63
(delegados o comisiones internas). No se producen modificaciones en
materia de derecho colectivo de trabajo, tampoco se otorga personería
gremial a la Central de Trabajadores Argentinos. La CGT no realiza
modificaciones estatutarias destinadas a promover la representación
y participación del mundo trabajador excluido de su institucionalidad
sindical. Del análisis de un núcleo de reformas recientes de estatutos de
diversos sindicatos se puede inferir que no sólo los sindicatos no aumentaron la representación directa a nivel de establecimientos, sino que además
han tendido a reducir las competencias y prerrogativas de los delegados
y comisiones internas y a intensificar un tipo de relación radial entre los
delegados y las comisiones directivas.64
La ausencia de modificaciones en la legalidad sindical es un rasgo
problemático si se tiene en cuenta que, pese al aumento de la proporción de
trabajadores involucrados por la negociación colectiva, el sector no afectado
por este tipo de representación sindical continúa siendo mayoritario.
En lo que sigue, presentamos algunos clivajes que consideramos sustanciales para dimensionar el debate que prolifera entre importantes dirigentes65 del sindicalismo que resistió, de modos diversos, el neoliberalismo:
quienes constituyeron el MTA y luego, en 2008, accedieron a la conducción
de la CGT (nos referimos a ellos a través de la noción “núcleo MTA”) y de
los dirigentes que fundaron la CTA y actualmente fracturaron la central en
dos (nos referiremos a estos grupos en función de sus actuales secretarios
generales como CTA Yasky y CTA Micheli).
La CGT, Confederación General del Trabajo, es la única central que
posee personería gremial66 . Se constituye en 1930 con la fusión de la
Confederación Obrera Argentina (COA), la Unión Sindical Argentina
63Fuente: Ministerio de Trabajo (EIL, 2005 y 2006). Ver Trajtemberg, Senén
González y Medwid (2007): La expansión de la afiliación sindical. Análisis
del módulo de relaciones laborales de la EIL.
64 Ver, Abal Medina, Anigstein y Diana Menéndez (2011).
65Los apartados que siguen se basan en una aproximación preliminar a 20
entrevistas en profundidad realizadas desde el primer semestre de 2011
a integrantes de las Comisiones Directivas de las centrales sindicales y a
otros reconocidos dirigentes de las mismas. Varias de las entrevistas fueron
realizadas junto con Cecilia Anigstein.
66 La ley de asociaciones sindicales, la 23.551, mantuvo el criterio de las leyes
sindicales de la primera etapa peronista, reconociendo una sola y exclusiva
personería gremial por actividad, profesión y oficio, y una única confederación
o central sindical nacional. Entre los beneficios de la personería gremial,
además del derecho de representación en las negociaciones colectivas, figura
el reconocimiento del fuero sindical a sus dirigentes y el derecho al cobro de
122
La forma sindical en Latinoamérica
(USA) y la Comisión Poligráfica Argentina. La Unión Ferroviaria fue, hasta
el advenimiento del peronismo, coincidiendo con la vigencia del modelo
agro-exportador, el principal componente de la CGT y el gremio con mayor
capacidad de hegemonizar su conducción. Posteriormente, consolidándose
la industrialización y un sindicalismo poderoso, el liderazgo se desplazó a
la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En la actualidad una de las disputas
de mayor repercusión se vincula con la ausencia de correlación entre el
gremio que lidera la CGT (camioneros) y la recuperación, proclamada por
el gobierno, de un modelo de desarrollo industrial.
Actualmente los trabajadores afiliados a gremios que pertenecen
a la CGT superan los cuatro millones. Desde el 2003 los que más han
crecido en afiliados son el gremio de la construcción, el de metalúrgicos y
el del complejo automotor. Los gremios más numerosos serían Comercio
(FAECyS), Construcción (UOCRA), Metalúrgicos (UOM), Sanidad (FATSA),
Camioneros, Gastronómicos (UTHGRA), Municipales (COEMA), Rurales
(UATRE) y Estatales (UPCN).
La CGT está contituida en la actualidad por tres grandes fracciones:
1) quienes conducen la central desde el 2003 son, en su mayoría, los que
resistieron la consolidación neoliberal durante los noventa nucléandose en
el MTA. El Secretario General es desde entonces Hugo Moyano del gremio
de camioneros; 2) un sector disidente constituyó, de hecho, la CGT Azul y
Blanca, liderada por el gastronómico Barrionuevo y ligada a sectores de la
derecha peronista; 3) los denominados “Gordos”, gremios muy numerosos
que integraron la conducción de la confederación durante los noventa, a
quienes cabe la clasificación de sindicalismo empresarial, si bien forman
parte formal de la comisión directiva, de hecho se retiraron de los órganos
oficiales de la central y confrontan abiertamente con el ‘moyanismo’. Finalmente es importante destacar que durante los últimos años las relaciones
entre la conducción de la CGT y el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner se han deteriorado, lo que está horadando la unidad del primer
grupo, pudiendo ya diferenciarse dos subgrupos en función del apoyo o
incipiente cuestionamiento al gobierno nacional.
La CTA67 (desde fines de 2010 fracturada en dos) es una central simplemente inscripta que exige desde su fundación en 1992 el otorgamiento
de la personería gremial. Posee alrededor de un millón trescientos mil
afiliados. Su modalidad de afiliación es muy diferente a la de la CGT ya
que los afiliados de la CTA son: 1) trabajadores afiliados a sindicatos, 2)
la cuota sindical. Para profundizar en el debate del modelo sindical argentino
actual se recomienda la lectura de Ciampa, Roudil y Roa (2010).
67 Existen muchos trabajos sumamente interesantes sobre la CTA como Pérez,
G. (2008) y Armelino (2004).
Paula Abal Medina
123
integrantes de movimientos sociales y 3) afiliados directos a la central
(trabajadores con o sin empleo, trabajadores beneficiarios de alguna de
las prestaciones del régimen la seguridad social, trabajadores autónomos
y cuentapropistas; trabajadores asociados o autogestivos; y trabajadores
de la actividad doméstica). De acuerdo a diversos dirigentes sindicales los
afiliados de la central se distribuyen en tercios equivalentes. En los últimos
años creció la afiliación al sindicato de neumáticos, refinerías de maíz,
minería y sector público.68
Las voces de los dirigentes
CTA y MTA: ¿Nueva Central o Corriente Interna?
En diciembre de 1991, en lo que fue denominado como el Grito de
Burzaco, confluyeron numerosos dirigentes sindicales enfrentados con
la conducción de la CGT que, tras la derrota de Ubaldini, había quedado
subordinada al gobierno de Carlos Menem y que funcionaría como correa de
transmisión de las reformas estructurales que permitieron la consolidación
del neoliberalismo. El documento del Congreso de la CGT realizado en el
Teatro San Martín decía, “Habiendo ahora un gobierno justicialista los
sindicalistas tenemos que ser la garantía de la concreción de sus políticas”.69
En Burzaco, coincidieron dirigentes y organizaciones que luego se
dividirían en base a dos experiencias de resistencia: la mayoría se nucleó
en el CTA (creado en 1992 como Congreso), y algunos otros dirigentes y
organizaciones en el MTA (creado en 1994).
Una de las más importantes afirmaciones de la declaración que cierra
el encuentro es: “Por un nuevo modelo sindical. El viejo modelo sindical
sostenido por su dependencia al poder político y su grado de complicidad
con el poder económico no sirve para canalizar las demandas de sus representantes ni defender sus conquistas e intereses.”70
Se define la conversión de dicha corriente interna en un movimiento
político-social que surja de una práctica que contemple: 1) autonomía
sindical; 2) democracia sindical; 3) apertura a otras organizaciones sociales
que reflejen la realidad de los cinco millones de argentinos con problemas
de empleo; 4) Revalorización de la ética gremial.71
La decisión de creación de una nueva central fue cuestionada por los
68 Declaraciones de Hugo Yasky. Ver http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-5374-2011-08-14.html
69 Ver Periódico de la CTA Nº 81, octubre de 2011. Disponible en www.agenciacta.org/spip.php?article2938
70 Declaración del Grito de Burzaco, 17 de diciembre de 1991.
71Ibídem.
124
La forma sindical en Latinoamérica
dirigentes que luego constituirían el MTA. Horacio Ghilini 72 lo explica
del siguiente modo: “Decidir ser ‘corriente interna’ o ‘movimiento’ de los
trabajadores, significó no prestarnos al juego del enemigo de fragmentar y
atomizar a la clase trabajadora […] Esto nos distanció de la CTA. Muchas
de las organizaciones fundadoras del MTA compartimos no sólo la unidad
de acción sino mesas de discusión con lo que terminó siendo el encuentro
de Burzaco. Pero después cuando se optó por transformar esa corriente en
una ‘Central’ de trabajadores, nos retiramos de ese agrupamiento. Con esta
experiencia era lógico que en el seno del MTA planteásemos la unidad en
una sola CGT como objetivo estratégico. Claro que esto conlleva el desafío
de una CGT realmente pluralista y con una clara gimnasia de democracia
sindical”. (Horacio Ghilini- MTA-CGT)
Los debates sobre la unidad y las concepciones del mundo trabajador
Como queda de manifiesto en la afirmación de Ghilini, para una gran
parte del núcleo MTA la unidad defendida es la de la estructura sindical.
La unidad es, como mínimo, el punto de partida. Para otros la unidad no
es identificada como un problema, por eso podríamos decir que es punto
de partida y de llegada: la unidad en una central aseguraría la unión de
los trabajadores.
Un enunciado se reitera entre los diversos dirigentes de este nucleamiento: “central única, fuerte y poderosa”. El fundamento se vuelve indiscutible, una suerte de lógica impenetrable del dirigente MTA que puede
ser sintetizada así: ‘el capital, el empresariado se fusiona, se concentra, se
transnacionaliza y ¿los trabajadores se fragmentan? Esa es la estrategia
del enemigo, no puede ser la de los trabajadores’.
Además, se habla del Modelo Sindical Argentino (las mayúsculas se
usan para poner de manifiesto la formalidad de la enunciación y lo inamovible que resulta), su esencia es fundamentalmente la de un sindicalismo
poderoso y peronista. Una fórmula infalible que puede comprobarse con
sólo revisar la historia de las mayores conquistas del movimiento obrero
argentino. Barbeito apunta: “con el peronismo el sindicalismo pudo pasar
de ser grupo de presión a ser grupo de poder”. Por otra parte estas ideas
constituyen el núcleo del ideario del justicialismo que revisamos más
arriba al citar a Perón alentando a constituir el gremio total y rechazando
los frentes de lucha chico. Una frase circula con mucha asiduidad en los
discursos y también en los relatos surgidos de las entrevistas: “es mejor ser
cola de león que cabeza de ratón”, dicen los dirigentes del sector MTA-CGT.
La comparación con la situación de los trabajadores en otros países del
mundo, ya sea de América Latina, del Norte o de Europa, es parte central
72 Horacio Ghilini en prólogo de Ferrer (2005).
Paula Abal Medina
125
de la argumentación. El sindicalismo argentino trasciende las fronteras
nacionales y es objeto de polémica internacional:
“Ingenuos no somos, el sindicalismo argentino es odiado porque es
un sindicalismo poderoso y peronista, no porque sea mafioso y no
democrático, que también lo es. Pero no es odiado por eso. Es odiado
porque es poderoso y peronista” [Horacio Ghilini -MTA-CGT].
“¿Por qué preocupan los sindicatos al poder? Porque los sindicatos
son la organización libre del pueblo más perfecta que armó Perón, eh?
Acá lo que molesta es cuando los trabajadores están organizados y
manteniendo un proyecto político. Esa es la gran lucha de la Argentina
en los últimos 60 años, la que instauró el peronismo y por eso quieren
destruir al peronismo porque saben que si no destruyen al peronismo
es imposible cambiar definitivamente” [Julio Piumato -MTA-CGT].
La singularidad del sindicalismo local enorgullece a los dirigentes del
núcleo MTA. Como Ghilini, muchos otros dirigentes, vuelven sospechosos
los motivos de la crítica internacional, y en particular las objeciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo.
Es interesante el deslizamiento que se produce en las formulaciones,
Victor de Gennaro destaca también la extraordinaria cualidad nacional,
pero del siguiente modo:
“Porque la clase trabajadora es muy poderosa, tiene la capacidad en
nuestro país de una cultura, una historia, más de 150 años, en que
ha sido protagonista central. No hay un hecho político en la historia
argentina que no haya sido una rebelión de masas y fundamentalmente de la clase trabajadora la que lo esté pariendo”[Víctor de Gennaro
CTA Micheli].
Habla de clase trabajadora (y no de sindicalismo) y de un período histórico que antecede al peronismo, más bien es coextensivo de la historia
misma del trabajo en la historia argentina.
De todos modos, al interior del ‘núcleo MTA’ se ubican matices: quienes encuentran causas que permiten interpretar, aunque sin compartir, el momento
de creación de la CTA y, a su vez, valorar las numerosas coincidencias que se
plasmaron en unidad de acción desde mediados de los 90 y quienes definen la
fractura como un error estratégico, en su versión más extrema, una “traición
al movimiento obrero”:
“Que exista la CTA es culpa de la CGT (…) Ahora yo creo que la CTA
no entendió nada. Acá el problema no son las estructuras organizativas, el problema es de definición política. El modelo sindical argentino
es uno de los mejores del mundo, y eso lo ven todos.” [Facundo MoyanoJuventud Sindical-CGT].
126
La forma sindical en Latinoamérica
“Sí, es culpa de la CGT porque cuando los compañeros iban quedando
despedidos, nosotros los acompañamos con la indemnización y le dimos
un golpecito en la espalda. Y después cuando llegaron a su casa, no los
fuimos a buscar”[Mono Lombardi, Juventud Sindical].
“Primero el CTA era un congreso pero después cuando deciden armar
otra central dividida cometen un grave error estratégico, porque hacen
un modelo de central que no tiene nada que ver con la historia del
movimiento obrero argentino, tiene más que ver con un modelo que
desarrollaron en Europa (…) Acá la CTA compró el discurso de la
derrota y creyeron que el neoliberalismo era un proceso irreversible,
hicieron la central de la derrota (…) La experiencia de la CTA es
parecida a lo que quisieran hacer los que se aliaron al poder. Los
dos pensaron que el modelo neoliberal triunfaba en la Argentina y
desaparecía todo” [Julio Piumato -MTA-CGT].
La exaltación de la unidad, en algunos casos, significa homogeneidad
y fusión. Las diferencias son asimiladas rápidamente con el enemigo y se
actualiza el componente macartista que definimos más arriba al referir a
uno de los rasgos de la forma sindicato:
“Porque ahí donde hubo un divorcio entre la dirigencia y las bases,
aparecieron otros delegados, con otras características, entonces eso
no les hace bien a los trabajadores porque debilita la organización, al
empresario de alguna manera lo podés jorobar porque le anarquizás
determinados establecimientos, pero después el que más pierde es el
trabajador, ¿por qué?, porque no tiene una organización fuerte que lo
defienda. Vos no podés hacer en la Argentina lecturas ideologistas,
como las hace el troskismo y algunas ideas minoritarias no inciden en
la realidad, forman parte más de lo discursivo que tienen más fuerza
en los enemigos de los trabajadores que en los propios trabajadores,
porque esos sectores muchas veces son funcionales a los enemigos de
los trabajadores”[Julio Piumato -MTA-CGT].
De todos modos, este rasgo macartista no es generalizable. Si bien los
dirigentes exaltan la vinculación entre sindicalismo y peronismo, incluso
hasta asimilarlos, la concepción misma del peronismo es muy amplia. El
peronismo es concebido como un movimiento histórico con capacidad de
contener idearios y tendencias múltiples y varios de los dirigentes del
núcleo MTA integraron o, al menos, simpatizan más fuertemente con las
experiencias del sindicalismo peronista más combativo, en especial, con la
CGT de los Argentinos.
Las exclusiones de la unidad de estructura (desocupados, trabajadores
no registrados, etc.) se relativizan o adjudican a la relación de fuerzas que
Paula Abal Medina
127
sufrieron en la CGT cuando la conducción se subordinó al menemismo y
muchos en vez de enfrentar la conducción desde adentro se fueron a formar
otra central, lo que acentuó la debilidad de fuerzas interna. En todos los
casos se recuerda, a veces de modo defensivo, la constitución del MTA y las
movilizaciones contra la exclusión, la pobreza y el desempleo:
“Fue un tiempo de confrontación con el enemigo externo y común de
todo el pueblo argentino, que era el Neoliberalismo. Y al interior la
confrontación era con la propia lectura que hacía de ese sistema la conducción de la CGT. En aquel momento, cuando nosotros confrontamos
contra el sistema lo que decíamos era: si nosotros no derrumbamos
este sistema, acá no hay solución, ni para los precarizados, ni para
los desocupados, ni para nosotros tampoco” [J. C. Schmid -MTA-CGT].
Un común denominador de los dirigentes del núcleo MTA es definido con
precisión por Facundo Moyano: el problema tuvo que ver con la definición
política y no con las estructuras organizativas. La defensa, de los trabajadores desocupados o informales que puede hacer una Central Sindical,
se asume desde un lugar de externidad. Podríamos decir que la CGT es
sólo el conjunto de trabajadores registrados y convencionados, que suelen
denominar como Movimiento Obrero Organizado. Este es el ‘nosotros’
que aparece en la cita de Juan Carlos Schmid, uno de los exponentes más
críticos de la conducción de la CGT durante la década de los 90.
Otros dirigentes, ya refiriéndose a la actualidad, afirman que admitir
trabajadores que “ganan menos que el salario mínimo legal implicaría
que la CGT legitime esa circunstancia y eso no puede ocurrir ya que lo
que tienen no es trabajo digno”. Suele ensayarse esta argumentación al
referir a los trabajadores que participan del Programa de Cooperativas
Argentina Trabaja.
Al insistir en el marco de las entrevistas con el señalamiento sobre
la incapacidad de la CGT para integrar al conjunto de expresiones del
trabajo, algunos dirigentes esbozan nuevos argumentos e insinúan los
peligros: “mirá lo que le pasó a la CTA por la afiliación directa”. Con estos
mecanismos “corrés el riesgo de rifar la central”, “es imposible controlar internamente la relación de fuerzas”. Las garantías de lo instituido
prevalecen y obturan la posibilidad de poner en cuestión las estructuras
organizativas. Esto se produce actualmente cuando habiendo alcanzado
el núcleo MTA la conducción de la CGT, a través de la figura de Hugo
Moyano, las diferencias al interior de la central, inclusive al interior de lo
que podríamos denominar ‘el moyanismo’ son significativas.
Entre los dirigentes de la CTA la unidad es el punto de llegada, la
resultante de una construcción. Los dirigentes que integran la CTA Yasky
enfatizan la unidad de acción como objetivo. Además tienden a relativizar
128
La forma sindical en Latinoamérica
la fractura de la CTA señalando que son casi excepcionales los momentos
de central única en la Argentina. De todos modos la diferencia entre los
dirigentes del núcleo MTA y este sector de la CTA tienen que ver con la
posibilidad de legalizar una nueva estructura sindical, lo que implicaría
reconocer la caducidad del Modelo Sindical Argentino. Para el núcleo MTA
las diferencias son de definición política y no ponen en cuestión el modelo
sindical. Al menos en sus rasgos más nodales como el de la central única.
De este modo, la noción de unidad circula en los testimonios de sindicalistas de manera reiterada y por momentos redundante. La unidad es
un valor preciado de la dirigencia sindical aunque es significada de forma
heterogénea: unidad de organización, de acción, de conceptos, unidad de
clase.
Asimismo, en torno a la unidad/unificación coexisten dos tensiones: una
de carácter ideológico-político; otra de carácter estructural. Sobre la primera
tensión: ¿la unidad de organización supone una ideología monolítica y por
tanto este sería el fundamento esencial de las exclusiones, como subyace
en el fragmento de Borlenghi? ¿la heterogeneidad de idearios está ceñida
a lo que habilita el peronismo como proyecto político? ¿Se actualiza y de
qué modos la dimensión macartista de la forma sindicato tal como surge
en determinados momentos históricos de fuerte confrontación nacional?
Vale apuntar en este último sentido que durante el 2010, un importante
dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, Juan Belén, sostuvo en un
reportaje radial que “la CTA es una zurda loca, manejada desde afuera,
subordinada a los mandatos de la cuarta internacional comunista”.
Con relación a la segunda tensión de la unidad vinculada a la estructura,
debemos decir que los dirigentes del núcleo MTA refieren al Movimiento
Obrero Organizado (MOO), que a su vez es asimilable al conjunto de
trabajadores que pueden ser representados por los sindicatos: registrados
y convencionados. El resto de las expresiones del trabajo no constituye
al MOO y, por tanto, tampoco forma parte de la CGT. Podríamos decir,
incluso, que son una forma anómala del trabajo. A diferencia de Los Gordos
(sector que lideró la CGT durante la consolidación neoliberal de los 90)
que tendieron a destacar su extranjería, ejercitando la estigmatización
frente a procesos de organización; entre los dirigentes del núcleo MTA
hay cierta convicción respecto de la necesidad de terminar con un modelo
que los reproduce como infra-trabajadores pero ello no implica asumir su
organización o representación institucional.
La negociación colectiva es la herramienta que permitirá generar un
efecto de arrastre, irradiando o derramando hacia los sectores del trabajo
más desfavorecidos. Dos supuestos subyacen a las concepciones de dirigentes del MTA: por un lado, que sigue siendo efectiva la máxima que dice
‘que golpee el más fuerte porque eso asegura un piso de derechos para el
Paula Abal Medina
129
conjunto’ y, por otro lado, que es posible registrar y convencionar al conjunto
de los trabajadores argentinos, más allá de la fase actual de un capitalismo
financiero transnacional. En definitiva, se cree que con acción sindical
es posible eliminar la precarización y la tercerización precarizadora del
empleo y extender las protecciones y beneficios, que gozan gremios como
el de camioneros, al conjunto heterogéneo de trabajadores.
Entre diversos dirigentes de la CTA, en cambio, la unidad es parte
de una construcción que debe incluir al conjunto de la clase trabajadora
definida como:
“la unidad de clase no es la estructura orgánica, la unidad de clase
es que cualquiera que vive de su trabajo, que vivió de su trabajo,
que quiera vivir de su trabajo es un trabajador (…) Y por lo tanto
afiliación directa. Porque empezamos a darnos cuenta que en los
barrios, la organización existía, no había que inventarla, había que
abrir el cauce para que se organice. Obviamente que fue toda una
experiencia reencontrarnos con la vieja definición del sindicato, pero
el sindicato no lo da la legalidad del sistema, sino que para nosotros
un sindicato es cualquier tipo de organización de trabajadores que nos
sirve para defendernos y para transformar la sociedad. Por lo tanto
entraron en la característica de organización de los trabajadores un
montón de cosas que no estaban antes concebidas, por eso afiliación
directa, por eso elección directa.” [Víctor De Gennaro -CTA Micheli].
Las valiosas interpretaciones de la CTA sobre la transformación de la
estructura han tenido magros resultados en términos de representación
efectiva. La CTA sigue representando hasta hoy un sector minoritario del
trabajo, logrando su mayor fuerza entre los trabajadores estatales y los
movimientos sociales y, por el contrario, con dificultades para garantizar
la participación y representación de los trabajadores registrados del sector
privado.
La vinculación entre unidad de clase y el procedimiento de afiliación
directa se reitera en diversos testimonios de dirigentes de la CTA Micheli,
destacándose como una cuestión definitoria tanto para explicar por qué
no quisieron los gobiernos kirchneristas otorgarle personería gremial a la
CTA como para explicar el cuestionamiento de los partidos de izquierda
tradicional al modelo sindical de la CTA. En este sentido la afiliación
directa habilitaría la autonomía de los trabajadores a la par que la unidad
de la clase:
“Cuando sube Kirchner, este, ‘les damos la personería si sacan la
afiliación directa’, ese es el punto central de ellos, ellos no soportan la
afiliación directa. ¿Por qué no la soportan? Porque eso es una unidad
de clase que no están dispuestos a hacer, ellos se pueden bancar una
130
La forma sindical en Latinoamérica
central de gremios de izquierda o combativos, que rompan un poco
los huevos, ¿cuál es el problema? Mientras sea la estructura sindical,
mientras sea ese modelo. El problema es si vos querés todo, es otra
cosa, si vos querés en serio que haya unidad de clase y ahí sea una
organización. Por eso el modelo sindical no es menor el debate y por
eso los partidos de izquierda están en contra del modelo sindical de
la CTA no lo bancan, no lo soportan. Porque no van a soportar que la
clase sea autónoma”. [Víctor de Gennaro -CTA Micheli].
Los dirigentes de la CTA rescatan la capacidad para crear una estructura sindical receptiva del momento histórico y de los cambios que registraba
el mundo trabajador. Sin embargo para los dirigentes de la CTA Yasky
hubo una tendencia a confundir un momento coyuntural con un momento
estructural.
“La CTA se desarrolla en esa etapa de alta desocupación, de proceso
de desindustrialización, de crisis del modelo, con la aplicación de
políticas neoliberales, que estalla en el 2001, ese fue un período de
nacimiento y de crecimiento de la CTA donde, para mí, tiene el gran
mérito de hacerse cargo, fundamentalmente, de los trabajadores
excluidos, que no eran desocupados en términos tradicionales, digo,
sino es una masa gigantesca de trabajadores borrados con estrategias
muy precisas (…) empezamos desde Burzaco a construir una central
de otro tipo, con la representación directa, con el voto directo, con la
afiliación directa, pero también definiendo creo que como cuestiones
estructurales o definitivas, cuestiones coyunturales, por ejemplo, el
fin de la fábrica, la fábrica es el barrio, la clase trabajadora está en el
barrio, hay que buscarla en el territorio. Y, de alguna manera la CTA
no logra hacerse fuerte en la representación de lo que quedaba de la
clase obrera industrial, achicada, disminuida, que estaba larvada pero
que luego se expande nuevamente.” [Victorio Paulón CTA-Yasky].
La lectura que realizan los dirigentes de la CTA Micheli es algo diferente, también la autocrítica:
“Lo primero que creamos fue un sindicato de desocupados, en Rosario
(…) fue todo un proceso aprender que no se puede organizar a los
desocupados, que hay que organizar a las distintas formas de los
trabajadores, con empleo o sin empleo, y eso nos permitió integrar un
montón de organizaciones sociales que hoy existen al interior de la
clase trabajadora, al interior de la central de trabajadores”[Cachorro
Godoy -CTA Micheli].
Paula Abal Medina
131
“Nosotros planteamos que la nueva fábrica era el barrio. Las primeras
experiencias que a mí me llevaron a esta organización era que uno
se encontraba que en toda la estructura barrial, organizativa, social,
uno empezaba a preguntar qué hacían y respondían: “bueno, yo soy
ex delegado de sanidad, ex delegado metalúrgico, ex portuario”, ¿no?
Ex metalúrgico. Eran ex, ex, y había una estructura de organización,
que se complementa después con un aprendizaje, estamos hablando
de que no teníamos una idea tan clara de ese momento sindical, que
nos llevó a hacer una Unión de Trabajadores Desocupados, con la
demostración más cabal que eso es un contrasentido total, nadie
quiere ser lo que lo humilla o lo que desea no ser, desocupado. Entonces
estas organizaciones tendieron a desaparecer rápidamente (…) y los
desocupados no son la mayoría, son los precarios la mayoría después
descubrimos. Ese es el punto central del sistema” [Víctor De Gennaro
-CTA Micheli].
La autocrítica se vincula con la definción del sujeto fundamental de la
organización: no era el desocupado sino el trabajador precario. Asimismo
mientras que entre dirigentes del MTA la única organización señalada
es el sindicato; los dirigentes de la CTA Yasky reconocen la riqueza y
variedad de movimientos sociales, la importancia del sindicalismo estatal
pero definen una suerte de primacía del trabajador registrado del sector
privado, destacando en especial al sector industrial. El principal problema
de la CTA tiene que ver con la dificultad para ejercer esta representación.
“Para darte alguna cifra, en el 75, cuando tenemos el enfrentamiento
con Lorenzo Miguel había quinientos setenta mil metalúrgicos en
Argentina, en el 2001 quedaban sesenta y cinco mil, este es el mejor
termómetro de la desindustrialización. En el 2008 se había recuperado
más de la mitad, había casi trescientos mil metalúrgicos de nuevo y
de esta realidad la CTA no toma registro, y seguimos repitiendo el
discurso, la foto, la caracterización de los noventa, no solamente en
términos de decir que el gobierno es lo mismo que el Menemismo,
sino que decir que el proceso económico es igual que en los noventa”
[Victorio Paulón -CTA Yasky].
De algún modo, reaparece el debate sobre qué tipo de trabajador tiene
que hegemonizar o, al menos, definir el modo de organización de la clase
trabajadora. Extremando el argumento podríamos decir que entre “los
Gordos” el trabajador representado es, centralmente, el cotizante. De ahí
la centralidad de un modelo sindical de provisión de servicios que mencionamos brevemente más arriba. Entre el núcleo MTA, como ya dijimos, es
fundamentalmente el trabajador cotizante, afiliado y convencionado.
132
La forma sindical en Latinoamérica
De todos modos, hay excepciones, entre dirigentes de la Juventud
Sindical como Facundo Moyano; entre otros, el trabajador registrado,
convencionado y afiliado es quien debe liderar el proceso de organización
de la clase, generando nuevas solidaridades y acciones que permitan a los
precarizados o desempleados adquirir esta condición.
Esta lectura es compartida en términos generales por varios dirigentes
importantes de la CTA Yasky. La diferencia consiste en que para estos
últimos es necesario generar institucionalidades capaces de asegurar la
participación y representación efectiva del heterogéneo mundo trabajador:
además de la transformación del modelo sindical proponen la herramienta
de la Paritaria Social como institucionalidad complementaria a la negociación colectiva. La paritaria es un instrumeto indispensable ya que, a
diferencia del moyanismo, los dirigentes de este nucleamiento reconocen
la pérdida de eficacia de la máxima “que golpee el más fuerte…” y por ello
la necesidad de generar institucionalidades populares capaces de afectar
positivamente los salarios y condiciones de trabajo de los trabajadores
precarizados. En este sentido existe una interpretación más compleja sobre
las posibilidades de Argentina para sustraerse a las marcas y relaciones de
fuerza que impone el capitalismo financiero transnacional.
Finalmente, para estos dirigentes, el cambio que registra la Argentina
desde los inicios de siglo y, en especial, desde la llegada del kirchnerismo
al gobierno, impone recuperar o construir a la CTA como Central Sindical
y no como Partido de Pobres. Esta enunciación anticipa una de las críticas
más sustantivas que permiten comprender las disidencias que concluyeron
con la fractura de la CTA.
Idearios y valoración de la historia reciente
El abordaje de los idearios y tradiciones, subyacentes en los relatos y
testimonios de la dirigencia sindical, es sumamente complejo y problemático. En esta instancia preliminar de la investigación no podremos más
que señalar algunos trazos gruesos que sobresalen en las entrevistas y
contribuyen a delimitar un debate.
Esta problemática se filtraba en un apartado anterior al referirnos a
la concepción organicista de la hegemonía como tensión que atraviesa las
experiencias nacional-populares. Decíamos que esta concepción es marginal
entre dirigentes del núcleo MTA y ajena a la dirigencia de la CTA. Los
primeros actualizan con mayor fuerza el clivaje nacionalismo-liberalismo
que se inscribe en la tradición peronista, surgiendo el liberalismo como el
ideario más cuestionado. “Esa es una concepción liberal” sostienen y con
esta frase demarcan un terreno de ideas extraño al peronismo. La distinción
entre derecha e izquierda, en cambio, adquiere menos densidad y entre
algunos dirigentes es directamente rechazada:
Paula Abal Medina
133
“Yo soy de los que piensa que las ideologías de derecha e izquierda
son muy etéreas, no? En la Argentina como está el peronismo, este,
en los países de este continente creo que la derecha y la izquierda es
aleatoria. Porque vos en un proceso de liberación y de reencontrarte
con un proyecto de nación terminan coincidiendo muchos sectores
que, que en otras circunstancias estaríamos a los tiros. Por ejemplo,
vos tenés muchos sectores económicos que bancan al Gobierno ¿Por
qué lo bancan? Porque están haciendo grandes negocios, y bueno ¿qué
hacemos? ¿Los combatimos a todos con una postura dogmática? Porque
más allá de su negocio hay otros sectores que también están haciendo
grandes negocios y que tienen una connotación ideológica tal que no
se bancan una Argentina con equidad” [Julio Piumato -MTA-CGT].
Para los diferentes dirigentes de la CTA el clivaje estructurante es el
de izquierda/derecha. En el caso de la CTA Yasky, aunque son muchos los
dirigentes que provienen de la izquierda no peronista, resulta complementaria del clivaje anterior la revalorización y reconocimiento de una tradición
nacional-popular que con el peronismo expresó su mayor potencial aunque
también límites. De aquí las referencias o identificaciones con un peronismo
de izquierda o con un sindicalismo de liberación y la ponderación de los
momentos de intersección entre extracciones de la izquierda peronista
con el clasismo, con izquierdas nacionalistas y experiencias sindicales
muy radicalizadas como las que proliferaron mediando los 70 en el cordón
industrial del Paraná.
“Aprendí a considerarme peronista de izquierda. Eso aprendí a hacer.
Viví, mamé el peronismo de mi viejo, mi abuelo; mi abuelo fue preso
en el ’55, también secretario general de ATE, hay una historia sindical
en mi familia. Y me contó lo que fue el peronismo, pero nunca lo viví.
A partir del kirchnerismo aprendí qué es el peronismo. Y dentro de
lo que me mostró este proceso político, en ese marco amplio que tiene
este proceso político, se vierten diferentes corrientes ideológicas, puedo
decir que me considero parte de la izquierda peronista. Y es una forma
de actuar, una decisión política de actuar e irrumpir ante el capital…”
[Pablo Reyner -CTA Yasky].
“El peronismo fue el peronismo porque hubo una base social que
lo llevó a Perón a distribuir la riqueza, porque si no se distribuía
había paro. Hubo una clase trabajadora lo suficientemente fuerte y
grande para mostrarle a aquel que gobernaba el estado, que fue Perón,
que distribuía o distribuía. Por eso yo preferiría tener el 100% de la
clase trabajadora organizada en diferentes organizaciones para que
haya realmente una puja de poder (…) porque así se puede forjar la
posibilidad de un campo nacional y popular más grande que avance
hacia adelante”.[Pablo Reyner -CTA Yasky].
134
La forma sindical en Latinoamérica
Entre los dirigentes de la CTA Micheli se destaca fuertemente la traición
del peronismo durante los gobiernos de Carlos Menem. El énfasis en este
momento lleva a leer en términos de ruptura la tradición nacional-popular
del peronismo: “fue capaz de lo mejor y lo peor”. Al profundizar sobre el
modo de vinculación del sindicalismo con los gobiernos peronistas se cuestiona fundamentalmente su funcionamiento como correa de transmisión.
Resulta muy importante la caracterización completa ya que esta misma
crítica se dirige a los partidos de izquierda tradicional y los modos en los
cuales sus activistas intervienen en conflictos laborales y sindicales. El
funcionamiento como correa de transmisión plantea jerarquías y por tanto
la subordinación de los trabajadores a la conducción de un gobierno o a la
vanguardia partidaria:
“La CTA nace como modelo sindical en plena crisis después de la caída
del campo socialista y la traición del peronismo” [Víctor de Gennaro]
“Por eso los partidos de izquierda están en contra del modelo sindical
de la CTA, no están de acuerdo, no lo bancan, no lo soportan. Porque
no van a soportar que la clase sea autónoma. El sindicato tiene que
subordinarse al partido. Y el partido en la Unión Soviética tenía que
subordinarse al Estado” [Víctor de Gennaro -CTA Micheli].
“Hasta ese momento, con idas y con vueltas, con la polémica entre
la derecha y la izquierda peronista, no había discusión sobre que
la expresión política de la clase trabajadora era el peronismo, y el
peronismo no sólo como movimiento sino además como fuerza electoral. Esto entra en crisis con el menemismo, a pocos meses de que
asume Menem se empieza a dar este debate, de cómo se reemplaza
esa representación política de los trabajadores que ya no era el PJ y
en ese marco se da el debate entre Mary Sánchez y De Gennaro, en
el cual Mary Sánchez plantea ‘hay que hacer un partido político que
venga a reemplazar al PJ’, y De Gennaro dice ‘hay que construir la
fuerza social para que ese partido no sea simplemente un partido más
de un sistema político que no permite una participación igualitaria de
los sectores populares’. La mercantilización de la política hace que no
podés vos disputar, esta es la perspectiva nuestra, con las maquinarias
electorales de la UCR, del PJ, y ahora con los nuevos emergentes del
PRO, de De Narváez, etc., con los recursos que hacen falta, pero eso
sí puede ocurrir si tenés una fuerza social que te permita equilibrar
fuerzas desde otro lugar”. [Pablo Abramovich -CTA Micheli].
El señalamiento y caracterización de los dos procesos históricos mencionados por De Gennaro lleva a enfatizar las rupturas con el modo de
construcción de poder del socialismo y del peronismo. Por este motivo es tan
Paula Abal Medina
135
importante el clivaje izquierda/derecha como el de autonomía/heteronomía
(vanguardismo-verticalismo). A su vez, así como el objetivo central al que
aspiran los dirigentes de la CTA Yasky es la construcción de una central
sindical con fuerte presencia de trabajadores registrados del sector privado
y la combinación de la negociación colectiva, con una paritaria social y
la mayor organización de los lugares de trabajo; en la CTA Micheli, la
herramienta es lo que denominan la Constituyente Social, un espacio de
construcción de la unidad popular que, sin jerarquizaciones, construya un
movimiento político, social y cultural. Es un espacio de elaboración colectivo,
que desde su primer declaración (2009) enfatiza que no hay recetas, resulta
destacable, en este mismo sentido, que el principal documento esté constituido por “100 preguntas al campo popular”.73 Se destaca la necesidad de
la paritaria social junto a otras institucionalidades más referidas al campo
político y social como el presupuesto participativo y la consulta popular.
Una de las ideas fuerza principales del clivaje autonomía/heteronomía es
que no es posible la distribución de la riqueza si no hay antes distribución
del poder social, y por la tanto resulta tan imperativa la discusión del para
qué como la discusión del cómo se contruye una democratización popular.
Entre los dirigentes entrevistados de este sector se reitera esta formulación
en especial para invalidar las lecturas optimistas sobre las posibilidades
que abrió el kirchnerismo, ya que la apreciación de este proceso es que ha
dejado intactas las institucionalidades de decisión política del peronismo,
por eso puede haber mejoría sin transformación de las relaciones de fuerza.
La lectura del kirchnerismo es extremadamente crítica: reposición de los
problemas del peronismo y continuidades de la matriz de poder económico
de las grandes empresas concentradas y transnacionales.
La caracterización que hacen los dirigentes del MTA y de la CTA Yasky
difiere con lo anterior. Un punto de partida muy destacado es la recuperación del empleo. En este sentido, vale un paréntesis sobre las implicancias
que tiene esta recuperación en términos de irrupción de un nuevo trabajador en las fábricas. Este señalamiento es prácticamente inexistente en los
relatos de los dirigentes de la CTA Micheli que entrevistamos y en cambio
muy destacado en el resto de los testimonios de dirigentes sindicales.
La creación de más de tres millones de puestos de trabajo registrados
que se produce desde el 2003 implica el surgimiento de un “trabajador
nuevo” en fábricas y empresas: el trabajador joven que hizo su primera
experiencia laboral en tiempos en que la conflictividad sacudía el orden
empresarial y en el cual los trabajadores volvían a conocer y a discutir
sobre el convenio colectivo, la paritaria y los sindicatos. Un segundo tipo
de trabajador nuevo es el que proviene del desempleo o el trabajo infor73 Disponible en http://www.constituyentesocial.org.ar/IMG/pdf/100preguntas.pdf
136
La forma sindical en Latinoamérica
mal, condición que lo mantuvo expulsado de las estructuras sindicales
tradicionales. Este trabajador tiende a cuestionar con más virulencia la
institucionalidad sindical misma y los modos en que obstruye la participación de los trabajadores.
Las reflexiones de los dirigentes sindicales complementan con mucha
riqueza la particularidad aludida en términos de composición de la clase
obrera. El testimonio de Ghilini aporta reflexiones sobre las características del nuevo trabajador y su potencial disruptivo para las estructuras
sindicales. El de Piumato la excepcionalidad política del momento actual,
definiendo como equivalente la del primer peronismo. Paulón, problematiza el acortamiento de la antigüedad de los trabajadores en fábricas y la
emergencia de un trabajador joven socializado en tramas históricas de
discontinuidad respecto de la forma sindicato que aquí analizamos. Plantea
un interrogante fundamental: ¿cómo funcionará la cabeza colectiva de
esta nueva clase obrera? En definitiva podemos aseverar que repuesta la
indeterminación, la institución sindical está en suspenso porque, puertas
adentro, su normalidad estaría siendo desafiada.
“Más allá de todos los pormenores que se quieran señalar, vuelve el
empleo, esto es lo que queríamos y esto pasa con Kirchner. En este
sentido es una etapa feliz. Con el empleo surgen dos ingredientes
nuevos en los gremios: los jóvenes y los que retoman el trabajo
(…) Ambos son un desafío para las conducciones. Yo veo la caída,
la destrucción de un sindicalismo burocrático que no contiene este
vino nuevo. ¿Y hay vino nuevo por qué? Porque el desocupado de
ayer que volvió al trabajo viene con bronca y tiene razón. Porque
de alguna manera le atribuye su padecimiento de desempleo a una
conducción entreguista. Entonces si viene al gremio, viene a patear
las estructuras. Y después está el nuevo, el joven. “¿Qué hago con éste
nuevo? ¿Lo reprimo? ¿Lo manejo con patota? o lo capacito, conduzco
que no es mandar, significa una política de apertura, de cuadros, de
formación que no todas las dirigencias están dispuestas, no todas las
organizaciones están dispuestas y esto es lo que ya está haciendo crisis
en la CGT, en el movimiento obrero y va a dar que hablar en los años
que vienen”. [Horacio Ghilini -MTA-CGT].
“El movimiento obrero vive una situación similar a la del `45 que es
la modificación de la constitución de los sindicatos por la irrupción
de masas nuevas de trabajadores, acá hubo gremios que fueron casi
oficinas, en los noventa, porque se quedaron sin trabajadores, y de
golpe la actividad vuelve, esos gremios se llenan de trabajadores, y no
se pueden manejar con la lógica que se manejaban, hay gremios que
están teniendo cambios profundos, como Smata. En Smata vos ves,
todos los delegados son jóvenes, en la UOM también, entonces esos
Paula Abal Medina
137
gremios en unos años más van a tener una transformación impresionante” [Julio Piumato -MTA-CGT].
“La influencia de esta nueva clase obrera que surgió desde el 2003, va a
ser cada vez mayor en el mundo del trabajo, porque nosotros teníamos un
fenómeno de una clase obrera envejecida (yo hablo, fundamentalmente,
del sector industrial) En el año 2000 el promedio de antigüedad de los
trabajadores en la fábrica era de más de veinte años, hoy la mayoría
de esos están afuera, están jubilados, hay una nueva clase obrera. Son
trabajadores que están haciendo su aprendizaje, entonces hay que ver
cómo funciona la cabeza colectiva de esta nueva clase obrera, que no
tiene los paradigmas…no conocieron a Perón, no conocieron a Vandor, a
Rucci, no conocieron a Ongaro, o sea, no conocieron aquella historia que
tuvo continuidad hasta la generación nuestra. Acá hay un corte, también
una ruptura del proceso de aprendizaje histórico que, normalmente, en
el sindicalismo, viene de los más viejos a los más nuevos: se aprende a
trabajar, se aprende a organizar, y se aprende a resistir, entonces, en ese
proceso creo que va a haber algo nuevo.” [Victorio Paulón -CTA Yasky]
“hay una generación que viene que no se come ninguna y que va por
todo y hay que ver quién está dispuesto en las estructuras a bancarse
que vayan por todo” [Pablo Reyner -CTA Yasky].
Regresando a la cuestión de la ponderación de la historia reciente y en
particular del kirchnerismo, entre los dirigentes del MTA que conducen
la CGT se destaca con máximo entusiasmo el retorno del peronismo en
términos de recuperación de protagonismo del trabajador organizado, de
aumento del poder adquisitivo del salario, de la apuesta por el mercado
interno, del círculo virtuoso de incentivo de la demanda. Para estos dirigentes el menenismo no fue peronismo sino parte fundamental del modelo
neoliberal. Y el kirchnerismo permitió el retorno de la dinámica social
peronista.
De todos modos al interior de este nucleamiento hay diferencias significativas que no podrán sintetizarse aquí en sus matices y complejidad.
En un sector de la conducción actual de la CGT tiende a ponderarse más
fuertemente una tradición movimientista que exige el reconocimiento del
movimiento obrero como ‘columna vertebral’ pero que acepta la conducción
política del kirchnerismo. Entre otros dirigentes, la aspiración es que el
movimiento obrero organizado se transforme en la “cabeza del movimiento
político”, para decirlo en los términos de un dirigente. La polémica parece
reeditar el planteo de un partido laborista, con mucha similitud con lo
que en esta cuestión planteaba el vandorismo. En sintonía con esta disidencia una parte de la dirigencia parece definirse más fuertemente como
‘sindicalistas kirchneristas’ y otros como ‘dirigentes del moyanismo’. Los
138
La forma sindical en Latinoamérica
pesos relativos que se reconocen a ambas conducciones dependerán de
estas lecturas. En este terreno deben inscribirse las polémicas suscitadas
por la exigencia del moyanismo de participación de sus dirigentes en el
armado electoral que garantizó la reelección de Cristina Fernández de
Kirchner. En clave más anecdótica se expresa en la declaración de Hugo
Moyano: “queremos que alguna vez un trabajador ocupe la presidencia”.
Declaración que fue contestada por la presidenta y entonces candidata con
la frase: “trabajo desde los 16 años” y con un cierre de listas electorales que
restringió fuertemente la participación del moyanismo y, más en general,
del sindicalismo. En consonancia con esta definición la presidenta, tras
su reelección por el 54% de los votos a fines de 2011, también obstruyó y
generó dilaciones diversas en los giros de fondos para las obras sociales,
estructuras económicas que aseguran la existencia del sindicalismo como
factor de poder.
La lectura que realizan de la historia reciente establece como punto de
partida la irrupción del peronismo y el liderazgo de Perón. El fugaz retorno
de Perón seguido por su muerte y una lectura muy arraigada sobre los
antecedentes del golpe de 1976:
“Muere Perón, la gestión del peronismo, después de la muerte de Perón,
se ve convulsionada por la violencia social del país, pero además por una
disputa en serio, digamos por la captura de la riqueza en la Argentina.
Nosotros habíamos llegado a casi 45-47% del producto bruto interno
en el reparto de las riquezas, y nos parecía poco, si hubiéramos podido
ver, leer el futuro, y lo que nos esperaba si no desbarrancábamos de eso
seguramente no se hubieran cometido los errores, nos parecía poco”
[Juan Carlos Schmid -MTA-CGT].
“Hubo una equivocación porque en realidad nosotros estuvimos confrontando, las vertientes populares, frente a una derecha que siempre tuvo
más claro que todos nosotros lo que tenía que hacer, y que cuando lo hace
lo hace con tal brutalidad, y con tal decisión que termina exterminando,
qué se yo, a los indios a principio de siglo, bombardeando la ciudad
después, y finalmente produciendo el Terrorismo de Estado en 1976”
[Juan Carlos Schmid -MTA-CGT].
“Pero hay una semejanza de nuestra juventud con esta, en términos
generales yo la noto muy semejante, creo que el enemigo la nota muy
semejante, que es una gran preocupación. Entonces acá el tema está
en si el enemigo va a usar las mismas fórmulas que con nosotros, cosa
que normalmente hace (…) cómo trabajaron la tensión del movimiento,
la derecha y izquierda, cómo pudieron trabajarla de modo tal que no
viéramos el enemigo principal, lo que nosotros en realidad llamamos las
contradicciones en el seno de lo popular, las explotó el enemigo. Tuvimos
Paula Abal Medina
139
un elevado nivel de contradicciones tácticas y eso nos generó muchos
problemas” [Horacio Ghilini -MTA-CGT].
“Yo abrí los ojos cuando fui a la cárcel, antes no lo veía. Recién cuando
vi los que estábamos en la cárcel ‘¿Cómo? ¿Estos no eran nuestros enemigos? ¿Estamos todos juntos?’ Algo falló, quería decir que los enemigos
eran los que estaban afuera.” [J. Piumato -MTA-CGT].
La confrontación entre vertientes populares, la forma en que el
enemigo aprovecha esta circunstancia, las elevadas exigencias obreras, la
posibilidad de que se reitere la estrategia del enemigo, que en definitva es
la del exterminio, atraviesan los relatos de muchos dirigentes sindicales,
pero en especial de los que ocupan la conducción de la actual CGT y de
quienes comparten la resistencia del MTA.74 Las consecuencias de esta
lectura de aquellos años y su traspolación al presente son muy complejas,
aquí sólo queremos apuntar que dada su fuerte gravitación en los tiempos
actuales estas lecturas podrían funcionar como auto-limitación o anticipación, desde el propio campo popular, del momento de estabilización
creando una adaptación a las estructuras de injusticia vigentes.
Por último queremos destacar que para este nucleamiento, a diferencia
de los dirigentes de la CTA, el 2001 y en particular el 19 y 20 de diciembre
son significados sólo de manera negativa. Julio Piumato lo define con
el “anti-17 de octubre”. Dirigentes de la juventud sindical cuestionan la
dimensión espontánea: “lucha espontánea, conduce el enemigo”, sentencian. También retacean protagonismo y potencial disruptivo al trabajador
desocupado organizado. Sólo apuntan la resistencia al neoliberalismo que
ejerció el MTA y la unidad de acción que logró con otros sectores sindicales
y sociales. El 19 y 20 es la expresión de la anti-política y el momento más
profundo de la crisis connotada de manera exclusivamente negativa.
Para los dirigentes de la CTA Yasky el kirchnerismo es definido como
una excepcionalidad inesperada, entre sus dirigentes se encuentran los
apoyos más entusiastas. Ocurre cuando nadie esperaba el retorno de una
experiencia nacional-popular. Algunos leen este gobierno como continuidad
del camporismo:
“Yo vengo con el síndrome de nuestra generación que vivió una primavera que duró un año, que fue el Camporismo y bueno, a mi en
un determinado momento, me pareció vivir otra primavera, pero se
prolongó, ya van ocho años, con perspectiva de que haya cuatro años
más!” [Victorio Paulón -CTA Yasky].
74No corresponde profundizar aquí pero este diagnóstico es compartido por
muchos militantes y dirigentes del kirchnerismo que integraban diversas
organizaciones de izquierda juvenil del peronismo.
140
La forma sindical en Latinoamérica
Otros dirigentes destacan los significados del kirchnerismo para las
subjetividades populares que sólo metabolizaban la derrota: “que cuando
hay una masa en el campo popular que cree que puede y va por todo y que
tiene derecho a ir por todo, porque eso es lo que verdaderamente se vislumbró, que tenemos derecho a ir por todo. Entonces después mas o menos
a favor o en contra, lo que hizo este tipo [se refiere a Néstor Kirchner] fue
abrir la posibilidad del triunfo, de saborear alguna vez adentro de la muela
y del paladar lo que es ganar, y eso no lo cambiás mas. Yo por lo menos no
lo cambio más, ahora yo sé lo que es ganar” [Pablo Reyner]
Otros, los que en general provienen de la izquierda, insisten en que
más allá de los cuestionamientos y los propios límites del kirchnerismo, la
iniciativa política es dinamizada desde arriba, desde los gobiernos kichneristas. Dirigentes como Alberto Pianelli suelen insistir en el diagnóstico:
“hasta ahora los Kirchner estuvieron siempre a la izquierda de la sociedad”.
Por los relatos y en función de las trayectorias de sus dirigentes tiende a
quedar sobreentendido que estos dirigentes quieren consolidar transformaciones más ambiciosas. El sobreentendido junto con los méritos asignados
al kirchnerismo actúa como inhibidor de las aspiraciones y reivindicaciones
que ciertas tradiciones ideológicas podrían actualizar y reponer en esta
coyuntura histórica, cómo por ejemplo la traducción de qué significa en
este momento “ir por más”.
El sindicalismo como factor de poder y la concepción de las centrales
sindicales
A lo largo de este escrito hemos referido en varias oportunidades a la
definición del sindicalismo como factor de presión, factor de poder o herramienta para la transformación social. Si lo replicamos en la literalidad con
que surgió históricamente, en el debate entre Rucci y Tosco, los términos
factor de poder/palanca para la transformación revolucionaria aparecieron
como antagónicos y excluyentes, expresiones de construcciones sindicales
enfrentadas.
Entre los dirigentes del núcleo MTA-CGT, en cambio, se fundamenta de
manera directa la importancia de un sindicalismo poderoso en términos
económicos, que se consolide como factor de poder, estableciendo una relación directa con las posibilidades de transformación. Persiste entonces, con
la misma fuerza, el concepto que identificamos más arriba como uno de los
rasgos singulares de la forma sindicato que emergió con el peronismo: las
organizaciones valen en relación a su poder económico.
“Que los sindicatos tengan que construir su poder económico…mejor
dicho, sus instrumentos económicos, es una cosa muy distinta a un
negociado hecho sobre las espaldas de los trabajadores. Instrumentos
Paula Abal Medina
141
económicos que le permitan confrontar con el poder económico, porque
si nosotros creemos que al poder económico lo vamos a confrontar
con declaraciones, con solicitadas, estamos fritos, estamos al horno,
nosotros tenemos que construir nuestros instrumentos económicos”
[Juan Carlos Schmid -MTA-CGT].
“Una cosa es el negocio, otra es el negociado, y te diría mas, otra cosa es
un principismo utópico tonto que no acepta que el poder es también el
dinero. Está bien que los gremios tengan guita, pero el negociado está
ahí, al lado del negocio. El negociado y el negocio, ahí las palabras son
muy claras (...) Porque el negocio es parte de una estrategia de poder,
el negociado es parte de la estrategia de poder del enemigo. Te meten
en el negociado porque sos parte de una mafia, cuando vos querés decir
“Ahora“, “Ahora no, ahora... callate la boca, ahora hacés esto“. Ahora
otra cosa es el principismo es “Ah no! yo la plata no la toco. Yo hago
política en el café, entonces yo no tengo 2 pesos para nada”. Puteo a
todo el mundo pero en el fondo no construyo nada de poder, no me
ensucio con el poder. Y no ensuciarse con el poder es no entender el
poder, y eso es negativo. En realidad para ayudar a la transformación
hay que tener poder, sino yo sería abogado. Como mi señora que quería
ser abogada porque le interesaba la justicia. Muy sana, demasiado
sana. No, si te interesa la justicia tenés que tener poder, no razón.
Razón siempre tenemos…” [Horacio Ghilini -MTA-CGT].
La reflexión de Ghilini expresa con máxima claridad en qué medida los
negocios son parte de la estrategia de poder de los sindicatos y también el
rechazo y cierta ridiculización de quienes creen que ‘poder decir’ es equivalente a ‘poder hacer’. El plano discursivo se encuentra muy subestimado
y la relación entre poder y transformación está muy poco problematizada.
La conservación es la pulsión primaria de cualquier factor de poder y, en
muchas y diversas circunstancias históricas, ha funcionado en detrimento
de la transformación.
Esta concepción, además, polemiza con la mirada del sindicalismo como
correa de transmisión de los gobiernos peronistas. En la medida que los
sindicatos se consolidan como factor de poder pueden desempeñar otras
funciones y construir una relación diferente – no subordinada - con el
gobierno y, en general, con el campo estatal.
Entre los dirigentes de la CTA Yasky se enfatiza el cuestionamiento a
los negociados y la consolidación de un sindicalismo empresarial. De todos
modos esta lectura no es unánime y tiene matices, a veces se alterna con
un reconocimiento a la “capacidad de los burócratas para negociar”. Pedro
Wasiejko realiza una reflexión con puntos de contacto con las anteriores
transcripciones del núcleo MTA-CGT:
142
La forma sindical en Latinoamérica
“Los trabajadores en su conjunto tienen derecho a utilizar sus recursos
económicos y su poder económico de la manera que crean más conveniente para su interés. Me parece que ése es un valor que no puede
ser discutido. Si tengo la capacidad de juntar recursos económicos y
ponerlos en determinada dirección, por qué no lo voy a hacer. Eso me
parece que no puede estar en discusión, porque si no parece que en todo
caso los únicos que tienen derecho a hacer negocios son los empresarios,
¿por qué? no se puede suprimir la necesidad de que las organizaciones
puedan brindar servicios, puedan utilizar sus recursos económicos
eficientemente, en forma adecuada” [Pedro Wasiejko -CTA Yasky]
Los dirigentes de la CTA Micheli repudian el modelo de sindicalismo de
negocios. Realizan una distinción entre poder de administración y poder
sindical. De Gennaro, refiriéndose al momento de achicamiento del estado
sobre la base de los despidos de personal, afirma: “uno tendía a decir, bueno
es cuestión de fortalecerse e incidir, fortalecerse e incidir, si vos ganás ahí
después ganás a todos los trabajadores, mentira. Vos podes ser el secretario
general de ATE y nos estaban echando a la mierda a los laburantes, retiro
voluntario y no tenías poder. Tenías poder de administración, manejábamos
hoteles, casas, pero te echaban a los trabajadores por el retiro voluntario.
Entonces íbamos a las asambleas y decíamos “El retiro voluntario, pan
para hoy y hambre para mañana, no acepten” y después se anotaban. O
sea, te habían penetrado por otros lados” [Víctor De Gennaro -CTA Micheli].
En términos de construcción de poder es destacable la insistencia con
la cual se definen como una minoría, definición que puede rastrearse en
las primeras declaraciones de sus dirigentes casi 20 años atrás.
“Bueno, nosotros pateamos el tablero, nos fuimos del peronismo y de
la CGT, y empezamos a entender que bueno, somos minoría, y somos
minoría, y… no nos da bola nadie, y somos minoría. Ahora, tenemos
una vocación de ser mayoría y apostamos a creer en la clase, porque
hasta que nos demuestren lo contrario los únicos que generamos
riqueza somos nosotros” [Víctor De Gennaro -CTA Micheli].
Resulta interesante corroborar los énfasis polares de unos y otros
dirigentes: por un lado los enunciados ‘hay que ensuciarse con el poder’ y
‘los negocios son parte de la estrategia’; por el otro, el reconocerse y definirse como una minoría, tan reiterado en el tiempo y entre la militancia,
y también la insistencia en la ruptura con lo previo (los populismos o
socialismos realmente existentes) y en la expresión de ‘lo nuevo’, un plano
discursivo hiper-desarrollado, el rechazo a la acumulación económica.
Paula Abal Medina
143
Los dirigentes construyen matices con lucidez y con la experiencia de
acumular décadas de lucha, sin embargo, en su polaridad, unos resuenan
demasiado adaptados a la realidad, inmunizados frente a los dilemas y
tensiones que producen las contradicciones y, los otros, parecen mantenerse
en paralelo, excedidos en pureza, con riesgo de seleccionar justo la parte
que no contiene el todo y que entonces no podría totalizar una realidad
nueva. “El partido se juega en toda la cancha” suelen decir los dirigentes
para cuestionar esta selectividad.
La polémica se reedita nuevamente en los términos de poder de las
estructuras o poder de los trabajadores a propósito de los estatutos de
las centrales sindicales: CGT y CTA. ¿Central de sindicatos o Central de
trabajadores? Horacio Ghilini repone la complejidad de la disyuntiva del
siguiente modo:
“Me acuerdo que West Ocampo, hablando del tema del estatuto dice:
‘no es conveniente que un secretario de la CGT sea secretario de los
trabajadores y no de los gremios’. Mirá lo que dice, me quedó grabado
esto desde hace 25 años. Yo creo que es una expresión bastante fascista
en el fondo, no? Es decir, en el fondo la imagen de un líder, de un secretario general para ciertas estructuras, es que sea líder de estructuras
y no de trabajadores (…) Otros podrían decir: ‘el secretario general de
la CGT tiene que expresar a los trabajadores contra las estructuras’.
¡Pero las estructuras garantizan muchas cosas! Entonces yo pienso
que el secretario general de la CGT tiene que conciliar ser un líder de
los trabajadores y de las estructuras” [Horacio Ghilini -MTA-CGT].
Llevado al plano de los instrumentos previstos en los estatutos la
discusión se produce en torno a la afiliación directa de los trabajadores o
afiliación de estructuras (sindicatos, federaciones). De acuerdo al estatuto
de la CTA rige una combinación de afiliación directa de trabajadores,
sindicatos y también movimientos sociales. La CGT es una confederación
de sindicatos, es decir, sólo pueden afiliarse estructuras sindicales. Los
fraudes de los que se acusan los sectores de la CTA que luego se fracturan
se originan, según dicen, en esta apertura (afiliación directa y afiliación a
través de movimientos sociales). Alertando sobre esta cuestión persiste el
funcionamiento de la CGT como compuerta, referimos a ello más arriba.
La afiliación directa, lo hemos fundado en forma reiterada, es un sello
distintivo del que se enorgullece la dirigencia de la CTA Micheli. Por el
contrario para la otra vertiente de la CTA fue más bien una solución transitoria a la desestructuración del mundo del trabajo en tiempos de desempleo
masivo y vigente el proyecto de desindustrialización. Si bien no surgió de
este modo entre los dirigentes del sector MTA-CGT, podríamos decir que
la gravitación y ponderación excesiva de este procedimiento incurre en el
144
La forma sindical en Latinoamérica
desliz de consagrar la inevitabilidad de la desagregación o de la agregación
atomística, individual. Para la dirigencia del MTA esto sería de algún
modo “liberalismo”, ideología que posiblemente encabeza el listado de sus
rechazos. En todo caso la afiliación directa debería concebirse más como una
incapacidad de vehiculizar un modo de agregación en el trabajo superador
de la individualidad, que como la fortaleza de un modelo sindical. Lo que
no invalida que no existiendo otros modos, habilite, al menos, un modo de
pertenencia, débil y hasta radial, a una instancia sindical.
Reflexión final
En Crítica de la razón dialéctica J. P. Sartre aborda los modos múltiples
de relación que tienen lugar en la vida cotidiana, en especial, en el seno
de los sectores subalternos y define diversas socialidades en juego y distintos modos de estar con otros: la serie, el colectivo, el grupo fusionado, el
grupo estatuido, el grupo institucionalizado. Afirma Sartre (1995) que: “las
determinaciones del discurso nos presentan siempre a la clase demasiado
simplemente, ya sea siempre unida y levantada contra los explotadores, ya
sea desmovilizada provisionalmente”. Rechazando estas dicotomías, Sartre
nos invita a pensar tres estatutos simultáneos de existencia de la clase
trabajadora como dispersión pasiva, aparato institucionalizado y conjunto
de grupos de acción directa.75
La perspectiva sartreana nos permite señalar que mundo trabajador,
sindicalismo y clase obrera no son equivalentes. Esta afirmación suena
como una obviedad, sin embargo, algunas veces parece extraviarse en su
significación y se generan algunas confusiones. Los desfasajes, los hiatos,
son irreductibles, y desde la investigación es imperativo reponerlos y,
fundamentalmente, problematizarlos.
El sindicalismo condensa además estructura (institución) y acción directa,
y no hay pura externidad entre ambas, sí implicación. La acción directa se
nutre de fuerzas heterogénas, a veces embiste hacia adentro, a veces empuja
a la institución hacia fuera. En algunos casos es muy audible, en otros casi
nada. Lo cierto es que en esos movimientos grandilocuentes o infinitesimales
va mutando la institucionalidad sindical.
Aquí definimos los contornos y los trazos gruesos de los modelos sindicales y proyectos de sociedad que se asoman en nuestro tiempo actual teniendo
en cuenta el espectro restringido de voces de las principales dirigencias
sindicales que participaron de procesos de resistencia al neoliberalismo pero
tratando de reconstruir la diversidad de perspectivas, concepciones, tradiciones e idearios. Han surgido así diferencias y disidencias significativas en
torno a: concepciones de unidad (unidad de acción, unidad de organización,
75 Sartre, Jean-Paul (1995)
Paula Abal Medina
145
unidad de clase, unidad como fusión); lecturas, énfasis e interpretaciones
sobre la historia reciente (el tensionamiento del movimiento, la radicalidad
obrera, la dictadura, la traición del peronismo, la caída del muro, el 2001
como la anti-política, el 2001 como momento instituyente, el kirchnerismo
como retorno de lo nacional y popular, como reposición de lo nacional-estatal;
etc.); concepciones del sindicato (como factor de presión, factor de poder,
herramienta para las transformaciones, construcción autónoma, como
columna vertebral o cabeza del movimiento político); figuras representadas
(afiliado/convencionado/cotizante; primacía de trabajadores covencionados; precariado; heterogeneidad de trabajadores sin jerarquizaciones);
herramientas primordiales (negociación colectiva, participación electoral;
paritaria social, constituyente social); idearios (liberalismo/nacionalismo;
izquierda/derecha; autonomía/heteronomía; vanguardismo/verticalismo);
entre otras que surgen de los fragmentados citados y de la reconstrucción
reflexiva que realizamos sobre la forma sindicato.
La hechura histórica de nuestro sindicalismo, repleto de tensiones
internas y desbordando potencia las más de las veces en base a melentendidos en torno al peronismo, aquella que lo marca a fuego con el peronismo
desde el mismo 17 de octubre de 1945 y le imprime una singularidad
nueva, lo aproxima una y otra vez a una línea de juntura: “ahí donde duele,
donde arde, donde está más viva y menos cristalizada la relación, donde
la actividad humana se manifiesta y se rebela dentro de una hegemonía
que, para seguir siendo tal, se ve obligada a adaptarse y a cambiar”. Con la
fricción pudo ensayar la resistencia y también la transformación.
La represión buscó descomponer de una y mil formas sus agregaciones
para debilitar el lazo que construía y lo ligaba con el mundo trabajador.
Sin embargo la represión parecía estar signada por una incapacidad, no
alcanzaba sus objetivos, la radicalidad obrera se expandía multiplicando
las experiencias de lucha y plantando los contornos de un nuevo proyecto
de sociedad. Por eso la dictadura de 1976, y lo que siguió, significó un
cambio cualitativo porque además de que la escalada represiva adquirió
una intensidad inusitada, se define la pulverización de los cimientos. ¿Qué
queremos decir? Uno de los dirigentes, Víctor de Gennaro, lo expresa así:
“para terminar con la rabia hubo que matar al perro”. El proyecto represivo
que impusieron las derechas civiles y militares no sólo se dirigió hacia los
sindicatos y las organizaciones, sino que minó la estructura productiva y las
formas de vida y acción cotiana del mundo trabajador. Es aquí donde el desfasaje entre sindicalismo y mundo trabajador se vuelve abismal. Y por eso
la forma sindicato queda como neutralizada, encogida, impermeable frente
a una realidad viva desbordante. A veces, incluso, es puro extrañamiento y
el sindicalismo una institucionalidad invertida, como en los momentos en
que se consolidó el sindicalismo empresarial.
146
La forma sindical en Latinoamérica
La clase comenzó a hacerse entonces más allá de los sindicatos, a veces
contra ellos. Formas nuevas de agregación debilitaron la omnipresencia
de los lazos de aislamiento habilitando recomposiciones sociales, políticas,
laborales. La clase trabajadora, primero desde la intemperie y luego más
guarnecida va sacudiendo, en estos movimientos, lo más esclerosado de
las estructuras sindicales. De algún modo, en esta ebullición estamos hoy.
Por ello también la riqueza de ideas y la importancia de la polémica y la
disputa que surjen de los testimonios de los dirigentes sindicales, que aquí
compartimos con los lectores.
La memoria colectiva de los trabajadores tiene grabadas ambas, tanto
la ferocidad represiva como la fuerza inaudita y también inextinguible de
los trabajadores para recomponerse. La resultante es incierta. La clase que
se está haciendo otra vez en los sindicatos, además de en los movimientos,
quizás, de nuevo se esté dirigiendo hacia la línea de juntura. Dependerá del
tipo de marca que logre imprimirle el “nuevo trabajador” en su quehacer
cotidiano que ahora también es reivindicativo y político. No hay dudas que
la resultante de mínima es la de lograr expandir el sindicalismo existente
con idearios múltiples y con la heterogeneidad de capacidades, rebeldías y
realidades que coexisten en el mundo trabajador de la Argentina.
Paula Abal Medina
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La forma sindical en Latinoamérica
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
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“El sindicalismo ante los gobiernos de
la izquierda. Uruguay 2005-2010”
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
Luis Alberto Senatore Camerota
Docente e investigador del Área de Estado y Políticas
Públicas, Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de la República; Master en Sociología
de la Universidad M.V. Lomonósov, Candidato a Magíster
en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de la República. [email protected]
Gustavo Mendez Barbato
Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política.
Investigador en el marco del Convenio entre UdelaRICP-Fesur, en el ámbito de la política laboral
Introducción
La instalación del gobierno encabezado por Tabaré Vázquez el 1º de
marzo de 2005, seguido por el de José Mujica a partir del 2010, han colocado
a los sindicatos uruguayos de trabajadores ante una situación inédita.
Por primera vez, el gobierno es ejercido por la fuerza política con la que
el movimiento sindical mantiene un vínculo de histórica hermandad.
A diferencia de lo sucedido en otros países de la región, los sindicatos
uruguayos, no obstante la autonomía y la independencia de clase que han
proclamado y defendido celosamente, nunca dejaron de mantener una
relación privilegiada con los partidos de izquierda. Desde que en 1971 se
fundó el Frente Amplio (FA)1 la gran mayoría de los dirigentes sindicales
1 Inicialmente, el FA fue una coalición electoral basada en un acuerdo programático entre los dos viejos partidos marxistas (el Partido Comunista y el
Partido Socialista), la democracia cristiana, algunas fracciones escindidas de
los partidos tradicionales (Nacional y Colorado), y otros grupos de izquierda.
La forma sindical en Latinoamérica
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han sido militantes pertenecientes a alguna de sus fracciones. De hecho, el
FA ha sido desde entonces el hermano político del sindicalismo nucleado en
el PIT-CNT2, situación que se ve frecuentemente retratada en los análisis
políticos y académicos, toda vez que se hace referencia a las dos “patas” o
“frentes” (político y social) de la izquierda.
¿Qué expectativas ha generado en el ámbito sindical esta nueva situación política? ¿Cómo incidirá la misma en el vínculo que hasta ahora
han mantenido la izquierda política y los sindicatos de trabajadores?
¿Qué cambios pueden razonablemente esperarse en las políticas públicas
relativas al mercado laboral y la relación entre el estado y los sindicatos?
¿Cuáles han sido las primeras medidas de los gobiernos “progresistas” en
relación a estos asuntos?
Para responder a estas preguntas, en el Capítulo 1, se realiza un repaso
de la situación de sindicalismo a lo largo del último cuarto del siglo pasado.
En el Capítulo 2 se prestará especial atención al modelo liberal y desregulador predominante en las relaciones laborales (1992-2004) y la fuerte
oposición del movimiento sindical. Este análisis opera como antecedente
relevante de la posición de los sindicatos frente al nuevo contexto político
signado por la asunción del primer gobierno del FA. A ese acontecimiento
político, al establecimiento de un modelo -opuesto- regulador y participativo en el mundo del trabajo, y a la integración del sindicalismo al nuevo
sistema, se dedica el Capítulo 3. El Capítulo 4 analiza los impactos del
nuevo modelo de relaciones laborales sobre el sujeto sindical. En el Capítulo
5 se analizan qué perspectivas se abren, en términos de oportunidades y
desafíos para los sindicatos, en el futuro inmediato. Finalmente, se delinean
algunas conclusiones.
1. La
izquierda y los sindicatos en el siglo
XX:
autonomía y
hermandad
La estrecha relación entre sindicatos de trabajadores y partidos de
izquierda convivió con la mutua autonomía de las organizaciones sindicales
y partidarias. Ni los sindicatos han sido la expresión social de partidos de
Luego de la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985, el FA devino
en un partido político en el que los viejos componentes coaligados se transformaron en fracciones del nuevo partido frenteamplista.
2 En 1966 se concretó la unificación de las diversas corrientes del sindicalismo
al crearse la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Tras la ilegalización y desarticulación de ésta por parte de la dictadura, en 1982 los sindicatos
se reorganizaron en el marco del Plenario Intersindical de Trabajadores
(PIT). A la salida de la dictadura, en el año 1984, el PIT resolvió cambiar su
denominación a PIT-CNT, marcando su continuidad histórica con la CNT.
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izquierda, ni éstos, el instrumento político de los sindicatos. La relación que
los vincula no es ni de sumisión ni de total independencia. Este reconocimiento de autonomías recíprocas surge de la observación de la historia del
movimiento sindical y de los partidos de izquierda en el Uruguay.
Desde los orígenes de las organizaciones sindicales, a fines del siglo XIX,
y especialmente en la época del “primer batllismo” -momento inicial de la
incorporación política de los trabajadores, del sufragio universal masculino
y del reconocimiento de la actividad sindical- se aprecian rasgos que serán
distintivos del movimiento sindical uruguayo en el largo plazo. El espíritu
de clase, la permanente apelación a la movilización, un fuerte grado de
autonomía, cierta distancia tanto del Estado como de los Partidos Blanco y
Colorado, así como ciertas señas de politización, acompañarán el desarrollo
futuro de las organizaciones sindicales. Sin embargo, dichos rasgos permanentes los encontraremos plasmados en formas sindicales diferentes.
El primer sindicalismo, nacido entre fines del siglo XIX y las primeras
tres décadas del siglo XX, bajo el impulso ideológico y político del anarquismo, el socialismo y el comunismo, se caracteriza por su base urbana
concentrada en la capital del país. Nace junto a la incipiente industria y,
dado su alto componente migratorio, cuenta con las experiencias asociativas
de los inmigrantes españoles e italianos. Se configura como un sindicalismo
altamente ideologizado y fragmentario, orientado a la oposición, fundamentalmente minoritario (aun entre los trabajadores), revolucionario y
combativo.
Después de los años 30, y sobre todo a partir de los 40, sobre la base
del proceso de industrialización que experimenta el Uruguay en ese
período, emerge un nuevo tipo de sindicalismo “de masas”, con menor
carga ideológica, que hace de la defensa de las reivindicaciones inmediatas
de los trabajadores su eje principal de demanda y movilización. A partir
del establecimiento de los Consejos de Salarios (1943), los sindicatos
participan de los ámbitos de regulación de la fuerza de trabajo. Se abre
una etapa de institucionalización del conflicto. Los comunistas adquieren
un protagonismo que los ubica como actor de mayor relevancia dentro
del movimiento obrero. En este período, el desempeño sindical adquiere
dimensiones corporativas, centrándose en las reivindicaciones económicas,
sin un horizonte político ambicioso. Se abre camino una modalidad de
acción que incorpora fuertemente las prácticas negociadoras, articuladas
con la movilización. Es este el período en que la organización sindical de los
trabajadores se desarrolla y crece fuertemente. El espacio político nacional
y especialmente electoral sigue dominado por los partidos tradicionales.
De esta forma, el espacio obrero es el ámbito principal de acción de la
izquierda, pero su importante influencia gremial, no logra traducirse en
las elecciones nacionales.
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La forma sindical en Latinoamérica
Hacia fines de la década del 50, se agota el diseño económico del neobatllismo, así como también los modos de regulación y de institucionalización
del conflicto social. Se produce una inflexión en el desarrollo social y político
del país, el nuevo gobierno herrero-ruralista impulsa políticas económicas
que reducen el apoyo a la industria, en favor de los sectores agropecuarios,
y tienden a la contención salarial. Esta inflexión alcanzará un punto
culminante en 1968 cuando la interrupción de los Consejos de Salarios, y
su sustitución por la COPRIN, implican para los sindicatos la pérdida de
injerencia en la fijación de salarios, que pasan a ser fijados por decreto.
En este contexto de crisis y reestructuración del modelo de desarrollo,
en la primera mitad de la década de los 60, se renuevan los intentos,
varias veces fracasados con anterioridad, de concretar la unidad sindical,
desatando un proceso que culmina en 1966 cuando la CNT se transforma
en la central única de trabajadores organizados. Esta adopta como propio el
“Programa de Soluciones a la Crisis”, aprobado por el Congreso del Pueblo
el año anterior (1965). El contenido de este programa evidencia el carácter
nacional y popular que el movimiento sindical incorpora a su accionar, sin
abandonar la dimensión clasista y reivindicativa.
De esta forma, en la etapa previa al golpe de estado, en el espacio de
acción de los trabajadores, aparecen definidos con claridad dos tipos de objetivos que, si bien separables analíticamente, están totalmente imbricados
en el discurso y el accionar sindical. Por un lado, la acción reivindicativa
en sentido amplio, no sólo salarial, sino también, relativa a las condiciones
de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores. Simultáneamente, los
sindicatos, al adoptar el Programa del Congreso del Pueblo, hacen propio
un proyecto nacional de transformación económica y social que vertebra y
otorga un sentido político estratégico a su accionar cotidiano, ordenando los
objetivos inmediatos en el marco de los objetivos de largo plazo, delineando
una política de alianzas sociales y políticas.
Es en ese mismo contexto socio-económico que se concreta también la
unificación de la izquierda política junto a fracciones escindidas de los
partidos tradicionales. En 1971, cinco años después de que la unidad sindical se concretara en la CNT, comunistas, socialistas, demócratacristianos,
blancos y colorados convergen en la fundación del Frente Amplio. Desde
entonces, la vieja hermandad entre sindicatos y partidos de izquierda se
expresa en la relación de cercanías entre la CNT (PIT-CNT desde 1984) y el
FA. Estrictamente, esta relación se desarrolla en dos niveles superpuestos.
Uno, más intenso, de parte de ciertas fracciones del FA que tienen una
implantación sindical importante. Otro, entre la central sindical y el propio
FA que, como tal, no desarrolla una política sindical propia, más allá del
relacionamiento, a nivel general, con los sindicatos.
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Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX (entre 1944-1968
y entre 1985-1991), la autonomía de los sindicatos respecto a la izquierda
fue compatible y funcional con la inscripción de aquellos en mecanismos
institucionalizados de negociación salarial donde se producía un juego de
negociación y compromisos directos con el Estado y los Gobiernos de turno.
De esta forma, el sindicalismo exhibía una doble articulación al sistema
político: a través de su relación privilegiada con la izquierda y a través de
su inscripción en instituciones paraestatales en las que generaba vínculos
y compromisos con el Estado y los partidos tradicionales. Al mismo tiempo,
la izquierda partidaria se integraba más plenamente al sistema político
por los dos carriles que tenía a disposición: a través de sus asentamientos
sindicales (que participaban en las instituciones ya señaladas) y desde su
inscripción parlamentaria. Por largo tiempo, esta última fue tan reducida,
que la “vía sindical” fue la principal forma de integración de la izquierda
al sistema político. Por ello, Jorge Lanzaro (1986) denominó a esa forma de
incorporación de la izquierda una “adscripción corporativa”.
Más allá de su raíz ideológica (la opción clasista que proclaman como
propia las corrientes políticas socialistas), la “hermandad” entre sindicatos
e izquierda política puede registrarse a través de tres variables. A través
de su observación buscaremos caracterizar y medir la intensidad de la
relación entre FA y Sindicatos, así como reconocer la evolución de la misma,
identificando lo permanente y lo cambiante.
La primera variable a considerar es la que denominaremos “interconexión directriz”. En esta variable discriminamos a su vez dos dimensiones:
la presencia de militantes partidarios de izquierda en la dirección del movimiento sindical y de militantes sindicales en la dirección de la izquierda. La
segunda variable que permite visualizar esta relación, refiere a la “sintonía
programática” entre FA y central sindical, esto es la cercanía o superposición
de las formulaciones programáticas de ambos actores. La tercera y última
dimensión que consideraremos es la “coincidencia táctica”, es decir el grado
de concordancia en el posicionamiento frente a problemas y situaciones
concretas de la coyuntura nacional a lo largo del período considerado.
1.2. Pertenencia político-partidaria de los dirigentes sindicales
En cuanto a la primera dimensión de la “interconexión directriz”, el
indicador más relevante y visible es la pertenencia político-partidaria
de la dirigencia sindical. En este sentido, la composición de las Mesas
Representativas de la CNT tras los Congresos de 1969 y 1971 (véase,
cuadro Nº 1), y la de los Secretariados Ejecutivos del PIT-CNT a partir de
19853 (véase Cuadro 2) permiten señalar varias conclusiones.
3 Para este período, no fue posible acceder a la información necesaria para
La forma sindical en Latinoamérica
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CUADRO Nº 1
Composición de la dirección sindical según tendencias políticas *
MESA REPRESENTATIVA
I CONGRESO(1969)
II CONGRESO(1971)
16
2
2
1
1
1
1
24
19
4
3
2
PCU
INDEPENDIENTES
MLN/M26
PSU
ANARQUISTAS
ROE
GAU
TOTAL
1
- 29
* Al momento de la integración de la Mesa Representativa en cada Congreso de la CNT
CUADRO Nº 2
Composición de la dirección sindical según tendencias políticas *
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL PIT-CNT
PCU
PARANINFO**
MLN/MPP
PSU
PVP
M26
CI
IDI/VA
PGP
ASU
III
IV
V
VI
VII
VIII
CONGRESO CONGRESO CONGRESO CONGRESO CONGRESO CONGRESO
(1985)
8
1
3
2
1
1
INDEP.
TOTAL
16
(1990)
7
1
3
2
(1993)
2
6
4
1
2
(1996)
2
4
1
2
1
1
1
1
1
1 14
16
13
(2001)
5
2
2
2
1
1
13
(2003)
3
2
1
3
1
2
1
13
* Al momento de su integración luego de cada Congreso.
** Ex comunistas.
desagregar por tendencias políticas la integración de la Mesa Representativa
de la central, por lo que optamos por presentar únicamente la integración de
su Secretariado Ejecutivo.
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161
En primer lugar, todos los dirigentes de la central sindical pertenecen
a grupos políticos de izquierda. Desde 1971, una contundente mayoría de
ellos pertenece a organizaciones políticas que son a su vez fracciones del FA.
En segundo lugar, las fracciones frenteamplistas han tenido pesos relativos diferentes y cambiantes en la dirección de la central sindical. Estos no
han sido coincidentes con los respectivos pesos (electoral y parlamentario)
de dichas fracciones que al interior del FA tuvieron a lo largo del período
comprendido en los cuadros 1 y 2.
En tercer lugar, se perciben claramente los efectos de la crisis del PCU
en 1992: en los congresos de 1985 y 1990 la mitad de los integrantes del
Secretariado Ejecutivo pertenece a esta fracción frenteamplista, mientas
que, tras el Congreso de 1993, esta participación cae abruptamente y se
recompone parcialmente recién en el Congreso del año 2001, para volver a
caer en el último Congreso. Entretanto, ninguna corriente política relevó
al PCU en el lugar que éste ocupó hasta su crisis.
Este es un factor de importancia, no sólo para verificar los cambios en
las relaciones de fuerzas entre diversas corrientes de izquierda y su correlación con los cambios en la composición fraccional del FA y sus equilibrios,
sino también porque permite explicar algunos de los cambios que se han
producido en la relación entre FA y movimiento sindical, en particular,
la ausencia de un partido con una capacidad de “disciplinamiento” del
sindicalismo, similar a la que ostenta el PCU desde la creación de la CNT
hasta inicios de la década del 90.
1.4. Reconsiderando la teoría del “dualismo”
Al considerar la composición partidaria de las direcciones sindicales
registramos una casi completa interconexión directriz con los partidos de
izquierda. Debe hacerse notar que la misma se verificaba con anterioridad
al gran crecimiento electoral del FA, cuando la izquierda apenas captaba
una ínfima parte del electorado. Éste era menor al número de trabajadores
sindicalizados. Vale decir que la mayor parte de los votantes era de los
partidos tradicionales. Esta aparente paradoja (trabajadores que votaban a
dirigentes sindicales de izquierda, mientras elegían a gobiernos de partidos
“burgueses”) llevó a que algunos académicos que estudiaron el fenómeno en
los años 60 del siglo pasado, adhiriesen a las tesis “dualistas”, formuladas
en referencia a casos nacionales del mundo desarrollado, para dar cuenta
de similares comportamientos políticos de los obreros.
Repasemos brevemente el itinerario de esta hipótesis en nuestro país.
Aplicando al caso uruguayo las formulaciones que Beatrice Potter y
Sydney Webb (“los esposos Webb”, como se los suele citar) elaboraron
en referencia a la clase obrera británica, Alfredo Errandonea y Daniel
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La forma sindical en Latinoamérica
Costábile (1969) plantearon la pertinencia del “dualismo” como categoría
de análisis que da cuenta del hecho de que los trabajadores sindicalizados
apoyaran a dirigentes gremiales de izquierda mientras que, en sus preferencias políticas, no abandonaban su adhesión a los partidos tradicionales.
Casi treinta años después de su primera aplicación al caso uruguayo,
esa tesis fue reafirmada por Errandonea (1986) y cuestionada por Luis
Eduardo González (1986), quien entiende que no existe tal dualismo ya
que, de acuerdo a los resultados de su investigación basada en encuestas,
considera que hay una correlación positiva fuerte entre afiliación sindical
y adhesión electoral izquierdista de los encuestados.
Alfredo Errandonea, al sostener la hipótesis dualista, argumentaba en
los siguientes términos: La acción de los sindicatos se orienta a dos tipos de
objetivos distintos. Como actor meramente social, el movimiento sindical
se orienta a las reivindicaciones inmediatas de tipo económico y laboral,
que tienen que ver fundamentalmente con los salarios y con las condiciones
generales de trabajo. Pero a su vez, el sindicalismo es un actor político en
tanto es portador de un proyecto alternativo de sociedad que se orienta a
la superación del sistema capitalista.
Para Errandonea, los sindicatos viven en permanente tensión entre
estos dos tipos de objetivos. Mientras que las bases presionan únicamente
para la consecución de las reivindicaciones inmediatas, las dirigencias
sindicales, altamente politizadas, buscan basarse en la lucha reivindicativa para ir más allá, hacia los objetivos políticos finalistas:
“La característica definitoria de este tipo de sindicalismo es precisamente la discrepancia entre dirección y base, acerca de la finalidad
de la acción sindical y la tensión consecuente. Mientras que la base
ve en el sindicato su defensa ante la superior capacidad de maniobra del empresario para establecer y mantener las condiciones de
trabajo, la dirección se integra con hombres con motivación política,
que fomentan y defienden al sindicalismo porque lo consideran una
forma de organización de la clase obrera, y ven en él un vehículo (...)
de liberación” (Errandonea, 1986).
A su vez, este fenómeno se relaciona con el comportamiento dual de los
trabajadores sindicalizados: en las elecciones sindicales apoyan y acatan
a los dirigentes de izquierda mientras que en las elecciones nacionales se
mantienen leales a los partidos tradicionales, mostrando una “conciencia
dividida” entre el comportamiento sindical y el accionar ciudadano. Este
comportamiento se vincula a su vez con lo que César Aguiar (1984) ha
denominado “doble escena” para diferenciar los comportamientos que se
dan en los momentos electorales y en los períodos interelectorales.
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
163
Luis Eduardo González (1986) discrepa con este enfoque y sostiene que,
al menos desde los años 80, en verdad no existe tal dualismo. A partir de
encuestas que mede las preferencias políticas de los trabajadores sindicalizados, constata que efectivamente, a la hora de votar, estos trabajadores
también lo hacen mayoritariamente por los partidos de izquierda. Su
comportamiento político electoral era coherente con sus lealtades sindicales. Lo que sucede es que los trabajadores sindicalizados son, en el total
del electorado, un sector minoritario. González va un paso más adelante
en su razonamiento y señala que, no sólo no hay comportamiento dualista,
sino que:
“(...) los sindicatos han actuado como agentes de socialización política
para la izquierda. La izquierda recluta adherentes y electores a través
de los sindicatos (...) en términos de electorados (...) los sindicatos
hacen a la izquierda, y no al revés” (González 1986).
Los sindicatos han sido un ámbito privilegiado de reclutamiento de
militantes y votantes para la izquierda, un ámbito de socialización política
de izquierda. A través de encuestas, González encuentra que allí donde los
trabajadores no están sindicalizados, el porcentaje de adhesión política de
izquierda desciende, lo cual confirmaría sus afirmaciones anteriores. La
razón de este correlato sindicalización/preferencia ideológica izquierdista
se explicaría por la sencilla razón de que la izquierda ha sido históricamente la única oferta que los trabajadores sindicalizados han tenido
en sus organizaciones. En este sentido, lo único que podría revertir esta
identificación sería un cambio en la actitud de automarginación de los
partidos tradicionales respecto a la militancia sindical, lo cual al pluralizar
la oferta ideológica intrasindical rompería el monopolio de izquierda y
podría alterar el carácter de los sindicatos como ámbitos privilegiados de
socialización de la izquierda política. Sin embargo, lo amagues que en ese
sentido se verifican en la transición de los 80 fracasan y desaparecen por
lo que esta posibilidad no se concreta.
A la inversa, en la actualidad las encuestas señalan que los votantes de
izquierda mantienen mejor imagen de los sindicatos. La constante caída
de la imagen que la Central de trabajadores sufre, fundamentalmente a
partir de los 90, es de hecho menos preocupante para los ciudadanos que
se inclinan a votar al Frente Amplio; esto parecería señalarnos la hipótesis
contraria. La izquierda aparece en las nuevas capas de trabajadores como
un agente de socialización sindical. Aquellos grupos de trabajadores que
no votan al FA en las elecciones nacionales, tenderán menos a organizar
un sindicato o a afiliarse en el caso de que ya exista uno. Parafraseando
a González, parecería ser que hoy la izquierda hace a los sindicatos y no
al revés.
164
La forma sindical en Latinoamérica
1.5. Sintonía programática y coincidencia táctica
Consideraremos ahora la segunda variable propuesta para explorar
la relación entre Frente Amplio y sindicatos: la “sintonía programática”.
Para ello compararemos las formulaciones programáticas del movimiento
sindical y del FA y su evolución desde 1971 a la actualidad, considerando
tres momentos en ese itinerario: fundacional (1966-1973), reorganización
(1984-85) y reciente (1994-2003).
En el punto de partida deben considerarse dos documentos básicos:
“El programa de soluciones a la crisis”, aprobado por el Congreso del
Pueblo en 1965 y adoptado por la CNT como propio en 1966, y las “Bases
programáticas de la Unidad”, aprobadas por el Frente Amplio al momento
de su fundación en 1971. Entre ambos programas existe una fuerte sintonía, al punto que puede decirse que las Bases del FA son un resumen
del programa del Congreso del Pueblo y por tanto del de la CNT. Se trata
de un programa de fuerte tono transformador centrado en la propuesta
de cambios económicos y sociales de carácter estructural. Es, a su vez, un
programa de inspiración desarrollista y dependentista, que se proclama
“antioligárquico y antiimperialista”, “nacional y popular”, y contiene una
fuerte reivindicación del rol central del Estado en el proceso económico
y social y del valor estratégico de la planificación de la economía. El
corazón de la batería de medidas propuestas está dado por estas tres
medidas básicas: reforma agraria, nacionalización del comercio exterior y
nacionalización de la banca. La sintonía programática entre izquierda y
sindicatos era completa.
A la salida de la dictadura, al momento de su reorganización y actualización, tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT revisan sus formulaciones programáticas. Predomina la intención restauradora y son más
las reivindicaciones del pasado que los avances renovadores. En el caso
del FA, en agosto de 1984, se preparan nuevas “Bases programáticas de
la unidad”, que son un ajuste fiel a las del 71, con pequeñas modificaciones que no alteran la sustancia del programa fundacional (se cambia la
nacionalización por la estatización de la banca y se elimina la referencia
a la nacionalización del comercio exterior). En el caso del PIT-CNT, el III
Congreso reunido en octubre de 1985 no llega a considerar la propuesta
de Programa que se incluía en el Documento Preparatorio del Congreso,
por lo que queda vigente el programa original hasta el Primer Congreso
Extraordinario reunido en 1987. En esa ocasión, se realizaron agregados
que no modificaron sino que más bien ampliaron a través de agregados los
postulados del programa fundacional.
A partir de 1994, se produce en el caso del FA una importante renovación programática. En ese año, la creación del Encuentro Progresista, como
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165
un marco de alianzas más amplio que la izquierda reunida en el FA, es el
punto inicial de una moderación del programa que se confirma plenamente
en “El otro programa”, con que el EP-FA disputó las elecciones de 1999.
Se trata de un programa de cambio moderado en el que se mantiene la
apuesta al crecimiento y la distribución del ingreso, la reivindicación del
rol primordial del Estado en la dirección del proceso económico y el énfasis
en la promoción del bienestar a través de políticas sociales. Sin embargo,
desaparecen algunas de las medidas más fuertes del programa fundacional
que se habían mantenido hasta 1989: la reforma agraria y la nacionalización y/o estatización de la banca.
En el caso del PIT-CNT, la propuesta contenida en el informe de la
Comisión de Programa para el III Congreso (1985) mantiene en esencia
el programa de 1965. Se sigue planteando la necesidad de nacionalizar
la banca, reforma agraria, moratoria de la deuda externa, medidas que
detengan el avance del capital extranjero en la industria, que se preserven
los monopolios estatales, que se nacionalice el comercio exterior.
En ocasión del Primer Congreso Extraordinario (1987) se alcanza un
amplio consenso sobre la necesidad de actualizar aquel programa introduciendo temas nuevos como: Reforma del Estado, recuperación del salario
real a los niveles previos al golpe de estado, jubilación base equivalente al
salario mínimo, subsidio a los productos de la canasta familiar, reducción
de los montos de las tasas bancarias de interés, política arancelaria que
aliente la inversión productiva, aliviar la carga impositiva que se vuelca al
consumo, plan de viviendas populares, ley de vivienda que beneficie a los
inquilinos, entre otros puntos.
Se produce así una adecuación del Programa de 1965, que implica
combinar reivindicaciones inmediatas y específicas de los asalariados con
otras de tipo general, que afecta al conjunto de los sectores populares, a los
que la central obrera también aspira a representar.
Al convencimiento -más allá de que se mantiene la adhesión al programa histórico- de la necesidad de reformular los objetivos de largo plazo,
se agregan las dificultades crecientes en lograr éxitos reivindicativos
(situación muy diferenciada según los sectores que consideremos), lo que
genera un cierto desgaste y finalmente la reformulación ideológica de la
izquierda. Específicamente, la crisis del Partido Comunista y su fuerte
impacto en los sindicatos son elementos que pautan la nueva situación del
movimiento sindical.
Partiendo de una fuerte sintonía en el período fundacional (1966-1973),
que se reprodujo casi incambiada al momento de la restauración democrática
(1984-1987), en los últimos diez años, el FA y el PIT-CNT se han distanciado
desde el punto de vista de sus trayectorias programáticas. Mientras que la
izquierda ha realizado una importante renovación pautada por la modera-
166
La forma sindical en Latinoamérica
ción de sus propuestas, el PIT-CNT mantiene en esencia el viejo programa
fundacional, ubicándose en esta materia más a la izquierda que el FA.
Finalmente, la observación del comportamiento de la tercera variable
planteada, el grado de “coincidencia táctica” entre izquierda y sindicatos,
requiere escoger un indicador que permita captar la frecuencia en que
ambos actores se posicionan de forma coincidente o disidente frente a
ciertas situaciones a lo largo del período estudiado, en particular, desde el
retorno a la democracia en 1985. En este sentido, hemos optado por tomar
una serie de situaciones que tienen características comunes, que presentan
un número reducido de casos relevantes: las convocatorias a plebiscitos
revocatorios de leyes o partes de leyes aprobadas por los gobiernos de
turno, o para impulsar leyes o reformas por la vía de la iniciativa popular.
En ambos casos (plebiscitos y otros temas de debate público), se verifica
una elevada coincidencia táctica. Sin embargo, se observan diferencias en
la intensidad de los pronunciamientos y en el origen de las iniciativas. En
cuanto a lo primero, en general los sindicatos han sido más radicales que
el FA en su postura opositora frente al gobierno. En cuanto a lo segundo,
en muchos casos, la iniciativa ha partido del movimiento sindical, mientras
que el FA, por momentos en forma vacilante, se ha plegado a las mismas
una vez que estaban en marcha.
En resumen, a lo largo del período considerado, hay: una fuerte interconexión directriz, un alto grado de sintonía programática y también
una importante coincidencia táctica. En los tres aspectos se verifican
cambios, especialmente notorios a partir de los años 90, que replantean la
histórica “hermandad” existente entre sindicatos e izquierda, reforzando
las autonomías mutuas, pero sin cuestionarla.
2. Los sindicatos y el modelo liberal y desregulador (1992-2004)
2.1. Transición política, redemocratización y el papel del sindicalismo.
Para el movimiento sindical, el período dictatorial implicó la represión
y clausura de casi toda actividad gremial pública, la ilegalización de la
CNT y la persecución, el encarcelamiento y el exilio de los principales
dirigentes sindicales. En este período, en particular en su fase inicial y final,
el movimiento sindical tiene una relevante actuación como sujeto político
opositor al régimen, basando sus movilizaciones en demandas políticas
generales cuyo eje central era la reconquista de la democracia.
En los últimos años de la dictadura, los sindicatos reorganizados se
transforman en el canal legítimo de las demandas del conjunto de la
sociedad (rebasando los límites estrictamente clasistas). Se desarrolla un
sindicalismo del tipo confrontacionista (Valenzuela, 1983) con una “nueva”
dirigencia que, junto a los militantes partidarios de los grupos políticos
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ilegalizados, encuentran en la acción sindical el único canal para la lucha
política democrática.
Al aparecer las primeras grietas en el muro dictatorial, irrumpen los
trabajadores en acciones públicas autorizadas, representando a un vasto
abanico de fuerzas sociales y a los propios partidos de izquierda aún proscriptos. Estos factores ejercieron un efecto multiplicador del perfil político
general del movimiento sindical en los primeros tramos de la transición.
Simultáneamente, los partidos políticos hermanados al movimiento obrero,
procuraron reafirmar sus vínculos con las organizaciones sindicales y
ocupar un lugar dentro del nuevo espacio político que se iniciaba.
La salida de la dictadura implicó un claro desafío para el movimiento
sindical. Debió definir nuevas estrategias de articulación con los distintos
actores sociales y políticos. Por un lado, terminada esta etapa de reorganización, el FA vuelvoó a escena y el movimiento sindical dejó de ser el eje del
accionar político, y por otro, debió lograr unificar a los “nuevos” dirigentes
con los “viejos”, que ahora vuelven del exilio o de la cárcel. Este doble desafío,
en parte, se logró cuando el acto del 1º de mayo de 1984 fue convocado por
el PIT-CNT, en tanto expresión de un solo movimiento sindical.
Pero estos no fueron los únicos ni los principales desafíos que los sindicatos enfrentarían a partir de 1985. El escenario político nacional en los años
90, estuvo signado por la orientación hacia un modelo de desarrollo pautado
por la apertura comercial, la integración regional y la desregulación de la
economía. Como resultado se producirá en pocos años la desaparición de
las grandes concentraciones fabriles que habían sobrevivido a la crisis de
los 80, y la consiguiente pérdida de empleos que no fueron ni automática
ni completamente compensados por la creación de nuevos puestos en los
nuevos sectores en expansión (básicamente, los servicios).
Este conjunto de reformas, como parte del fenómeno conocido como la
“segunda transición”, golpeó fuertemente al movimiento sindical. A lo largo
de la década, éste fue perdiendo capacidad de organización y movilización
de los trabajadores. Como señalamos en el apartado anterior, por esos años,
el Frente Amplio se fue consolidando como partido político de izquierda y, al
tiempo que procesó una importante renovación ideológica y programática,
creció hasta transformarse en 1999 en la mayor fuerza política del país.
Junto a esta “nueva” izquierda uruguaya, también se reforzó un nuevo
tipo de sindicalismo, “de opinión” (Lanzaro, 1991), desarrollando nuevas
formas de vinculación con los propios trabajadores, con el Estado y con los
partidos políticos.
Según lo ha señalado Jorge Lanzaro (1991) emergió un nuevo tipo de
sindicalismo “post keynesiano”, con cambios en los niveles de compromiso
y organicidad, en los apegos ideológicos y los grados de politización, lo que
confluye hacia una redefinición de sus relaciones con los partidos políticos,
168
La forma sindical en Latinoamérica
con el Estado, con los empresarios y sus organizaciones representativas.
Esto altera particularmente la relación de los sindicatos con la izquierda
política, determinando un vuelco importante de las pautas históricas
de ensamble, propias de lo que el mismo autor denominó “adscripción
corporativa” (Lanzaro, 1996), de la izquierda y el movimiento sindical, y
fundadas en los años 40.
2.2. Las reformas de los 90
Lo mismo que en la mayoría de los países latinoamericanos, el Uruguay
experimentó, a lo largo de la década de los 90, los efectos de las reformas
estructurales, promovidas por coaliciones políticas y sociales internas, con el
respaldo ideológico y material de los organismos financieros internacionales
(Godio, 2004). Aun cuando se ha señalado la peculiar modalidad heterodoxa
y gradualista del reformismo liberal en Uruguay -por contraposición a la
profundidad y ritmo que habría caracterizado a los procesos de reforma,
entre otros, en Argentina y Brasil- el hecho es que la economía uruguaya
experimentó un verdadero ajuste estructural que constituyó una segunda
fase del operado en los 70, en los tiempos de la dictadura cívico-militar
(Moreira, 2001). En el año 2000, la economía estaba más abierta y más
desregulada que en 1990. A su vez, la política de estabilización de precios
con ancla cambiaria había apreciado la moneda nacional en relación a las
de los socios comerciales extra-regionales.
Los impactos de estos fenómenos sobre la estructura productiva y
ocupacional del país fueron muy fuertes. Por efecto de la apertura, la
desregulación y la apreciación cambiaria, buena parte de la industria
manufacturera doméstica sucumbió frente a la competencia extranjera; y la
competitividad externa de los transables uruguayos se deterioró. Al mismo
tiempo, la actividad bancaria, el turismo y el comercio florecieron alimentando la imagen del “país de servicios” y del proyecto de “plaza financiera”
con la que buena parte del elenco gobernante soñaba desde tiempo atrás.
En un contexto pautado por la liquidez financiera internacional, con una
tasa de interés moderada y un esquema de integración comercial regional,
con socios que también se embarcaron en procesos de apertura externa y
estabilización con apreciación cambiaria, la economía ingresó en una fase
de crecimiento que se sostuvo hasta fines de los 90.
Al mismo tiempo, el creciente desempleo, generado por la caída de la
actividad en el sector secundario, no fue compensado por la creación de
nuevos empleos en el terciario que se expandía, lo que provocó un aumento
del desempleo. Éste pasó de un promedio de poco menos de 10%, en el
quinquenio 1985-1989, a algo más de 15% en 2001. Asimismo, la pobreza
que se había reducido desde 1986, pasando del 46% al 15% en 1993, se
estancó desde entonces en ese nivel. Así fue que en la segunda década de
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
169
los 90 el crecimiento económico convivió con el alza del desempleo y la
mantención del nivel de pobreza. Luego, la crisis desatada en 1999 llevaría
el desempleo y la pobreza a niveles sorprendentes, del orden de 17% en
2002 y 31% en 2003, respectivamente.
2.3. El modelo liberal y desregulador de relaciones laborales (1992-2004) y
sus impactos en el mundo del trabajo y en el sindicalismo.
La desregulación del mercado laboral y la flexibilización consecuente de
las relaciones entre empresarios y trabajadores despojaron a los sindicatos
desde 1991 (año en que, en el marco de la liberalización, el gobierno suspendió la convocatoria a los Consejos de Salarios4) del ámbito institucional
en el que se negociaban los salarios. Esta decisión, así como las políticas
efectivamente implementadas, son coincidentes con los criterios impulsados
por algunos organismos internacionales (BM). Dichos criterios orientaban
hacia la desregulación de los mercados y en especial el mercado de trabajo;
la adaptabilidad de la fuerza de trabajo vía flexibilidad laboral; la limitación
y disminución de los privilegios monopolísticos de los trabajadores del sector
formal (por considerar que las mejoras logradas fueron a expensas de la
inversión y los consumidores) y las transferencias de ciertos recursos a los
sectores informales más desfavorecidos (BM, 1995).
En ese marco, el Poder Ejecutivo se limitó a establecer, vía decreto, el
salario mínimo nacional, el salario mínimo del sector doméstico así como
el del sector rural. Como excepción, siguió participando en sectores estratégicos que debían ser resguardados, ya sea por su impacto en la economía
o en la sociedad.5 En síntesis, este período se caracterizó, a excepción de los
sectores ya señalados, por la descentralización y el carácter bilateral de la
negociación colectiva; cuando ésta existía, se producía a nivel de empresa
y no por rama de actividad.6
4 Los Consejos de Salarios fueron establecidos por ley de 1943 como una
instancia obligatoria de negociación salarial tripartita, entre empresarios
y trabajadores, con la mediación del estado, el que luego daba, por decreto
del Poder Ejecutivo, carácter legal a lo allí laudado. Su funcionamiento fue
suspendido en 1968 por resolución del gobierno de la época en el marco de una
política de estabilización basada en el congelamiento de precios y salarios.
Luego, fueron reestablecidos en 1986 por el primer gobierno democrático
posdictadura, pero volvieron a ser suspendidos en 1991, en el marco de la
política de desindexación de la economía y de desregulación del mercado
laboral. La ley nunca fue derogada.
5 La intervención pública se mantuvo en las áreas de salud, el transporte y
construcción, en tanto en sectores tales como la banca se continúo negociando
según la importancia del sector y la fuerza de la organización sindical.
6 El convenio colectivo del sector metalúrgico (2003) constituye una excepción
importante.
La forma sindical en Latinoamérica
170
Desde entonces, el Estado se retiró de la negociación y el nivel salarial
quedó sujeto al libre juego de las partes y, en definitiva, a la fortaleza o
debilidad de las organizaciones de trabajadores. Ésta se vio fuertemente
afectada por la convergencia de tres factores: la desaparición física de
numerosas actividades productivas vinculadas al sector manufacturero
orientado al mercado interno, donde residían buena parte de los núcleos
tradicionales del sindicalismo obrero; la pasividad de los gobiernos frente a
la deliberada política de desmantelamiento de las organizaciones sindicales
emprendida por las patronales, especialmente en los sectores en expansión
vinculados al comercio y los servicios en general; y la propia desregulación
del mercado laboral, que al quitar la institucionalidad de la negociación
colectiva eliminó un ámbito que incentivaba la acción organizada.
Así fue que en estos años, el sindicalismo se redujo cuantitativamente,
con una brutal caída de la tasa de sindicalización que pasó del 35% en 1987
al 15% en el año 2000. Este descenso fue especialmente grave en el sector
privado de la economía, donde cayó del 28% al 8%, en el mismo período.
Como resultado de ello, se produjo al interior del movimiento sindical,
una sobre-representación de los funcionarios públicos, que pasaron de
ser el 49 % de los afiliados, en 1987, a ser el 69%, en 2003 (Gráfico 1 y 2).
Con la casi única excepción en el sector privado del gremialismo bancario.
Este sindicalismo, reducido cuantitativamente, desposeído de los ámbitos
institucionales de negociación salarial y, por la vía de los hechos, sin la
garantía estatal del derecho de asociación y de huelga, perdió gravitación
como actor social, viéndose, en el sector privado, notablemente reducida
su capacidad para defender a los trabajadores frente a los embates de
un nuevo empresariado vinculado a las actividades más dinámicas, en el
contexto del modelo de crecimiento de los 90.
Gráfico 1. Afiliados cotizantes PIT-CNT (1985-2003)
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
Total
Públicos
50,000
Privados
0
1985
1987
1990
1993
1996
2001
2003
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
171
Gráfico 2. Relación Públicos / Privados
Afiliados Cotizantes PIT - CNT
Por Sector 1987
Públicos
49 %
Privados
51 %
Afiliados Cotizantes PIT - CNT
Por Sector 2003
Privados
31 %
Públicos
69 %
En este panorama, el movimiento sindical, debilitado en su ámbito
de acción específico, se reposicionó como un actor relevante en el espacio
político, constituyéndose en la más firme y persistente oposición a las reformas pro-mercado impulsadas por los gobiernos de coalición de los partidos
tradicionales (Nacional y Colorado). En esta oposición, su único aliado en
el sistema político fue el Frente Amplio. Sin embargo, los sindicatos fueron,
en ese frente anti-reformas, la vertiente más radical y contundente. El
PIT-CNT fue el principal promotor, a veces con éxito, otras sin él, de los
recursos de referéndum popular para derogar diversas leyes que pautaron
el proceso del reformismo liberal. En estas iniciativas no siempre contó
con el apoyo del FA, que en ocasiones se mostró reticente, aun cuando se
plegara finalmente a las acciones promovidas por los sindicatos, en otras,
directamente, no las acompañó.
De todas formas, el PIT-CNT y el FA fueron aliados en la oposición a las
reformas y, el constante crecimiento electoral de la izquierda a lo largo de
los años 90, fue creando amplias expectativas en el sindicalismo, centradas
en la posibilidad de poner fin al ciclo reformista liberal, en particular a
la desregulación del mercado laboral y a la desprotección de los derechos
sindicales (Doglio, Senatore y Yaffé, 2004).
En resumen, la política de relaciones laborales del período 1992-2004
puede caracterizarse en base a los conceptos de desregulación y flexibilización laboral, en un contexto de fuerte predominio de las concepciones
liberales, fomentadas por los organismos financieros internacionales,
que propugnaban la reducción del Estado y el consecuente traspaso de
atribuciones al mercado.
No obstante esto, y como señalan algunos especialistas en Derecho
Laboral, en términos jurídicos, en el Uruguay convivían dos modelos de
relaciones laborales, debido a que el Poder Ejecutivo podía convocar a los
consejos de salarios y por tanto impulsar la negociación colectiva, o de lo
contrario no hacerlo. Es por esta realidad que los cambios en materia de
172
La forma sindical en Latinoamérica
relaciones laborales durante los 90 no necesitaron modificar fuertemente
la legislación existente. Esta dualidad, como se verá más adelante, facilitó
la rápida reinstalación de los consejos de salarios en los primeros días del
gobierno del Frente Amplio.
3. Primer gobierno del FA: los cambios en las relaciones laborales (2005-2010).
3.1. Antecedentes del Cambio
La instalación del gobierno encabezado por Tabaré Vázquez, el 1º de
marzo del año 2005, colocó a los sindicatos uruguayos de trabajadores ante
una situación inédita. Por primera vez, el gobierno es ejercido por la fuerza
política con la que el movimiento sindical mantiene un vínculo de histórica
hermandad. A diferencia de lo sucedido en otros países de la región, los
sindicatos uruguayos, no obstante la autonomía y la independencia de clase
que han proclamado y defendido celosamente, nunca dejaron de mantener
una relación privilegiada con los partidos de izquierda, como se señaló en
el Cap. 1.
Por otro lado, las definiciones del FA, elaboradas en el IV Congreso
(2003), en el Plenario Nacional (mayo de 2004) y del VIII Congreso Ordinario PIT-CNT (24-26 de octubre de 2003) sobre el relacionamiento
entre organizaciones sociales e izquierda gobernante, tuvieron diversas
instancias de discusión en actividades que nuclearon al entonces EPFA-NM junto a sindicalistas7 y empresarios durante el año 2004 y se
prolongaron luego en el período de transición. Es así que el presidente
electo Tabaré Vázquez, antes de asumir el gobierno, realizó el lanzamiento
político8 de las reuniones tripartitas entre representantes de la futura
administración, empresarios y trabajadores, orientadas al restablecimiento
de la negociación colectiva y la conformación de ámbitos de diálogo social.
7 Taller. (27-28 de mayo de 2004).Organizan: PIT-CNT y EP/FA/NM (Auspicia
UGT/España). Documento del PIT-CNT: “La política de relacionamiento del
movimiento sindical en la perspectiva de un gobierno del EP/FA/NM”. Taller.
(22-23 de julio de 2004, Salón Azul IMM y Aebu), Organizan: PIT-CNT y EP/
FA/NM (Auspicia UGT/España) “La Gestión en un gobierno progresista”.
Seminario (24 de agosto). Organizan: PIT-CNT y EP/FA/NM (Auspicia UGT
España): “Fuerza Política – Gobierno – Movimiento Sindical”. Seminario
(18.10.04) “El Mercado de Trabajo”. La experiencia italiana, los desafíos
nacionales: El Acuerdo Social-Patronato Inca- Cgil y EP/FA/NM – PIT-CNT.
8 Seminario convocado por el gobierno electo: “Análisis y propuestas acerca de
la negociación colectiva en el Uruguay” (31.01.05).
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
173
3.2. El perfil del modelo regulador de RRLL.
Es notorio el cambio de rumbo y de entonación que las medidas del
gobierno del Frente Amplio imprimieron a la estructura institucional
de regulación de las relaciones laborales. La nueva orientación de la
política pública laboral, condensada en dos decisiones: el fomento de la
negociación colectiva y el tripartismo, por un lado, y medidas que apuntan
al equilibrio de los negociadores, por otro, constituyen un fuerte cambio
de rumbo. El reequilibrio de los actores, luego del predominio del modelo
desregulador de la etapa 1992-2004, cuando los sindicatos del sector
privado se debilitaron por la vertiginosa caída de la afiliación, exigía
como paso inicial facilitar el fortalecimiento de la organización sindical;
al tiempo de reestablecer la acción reguladora del MTSS.
3.2.1. Negociación Colectiva: Reinstalación con Innovaciones
Una de las primeras medidas del gobierno del Frente Amplio fue reconvocar a los Consejos de Salarios, para lo cual no necesitó aprobar ninguna
ley puesto que la ley Nº 10.449 de Consejos de Salarios estaba vigente. Tres
iniciativas se dieron casi simultáneamente:
• Se creó el Consejo Superior Tripartito y el Consejo Superior Rural,
con competencias originales para categorizar los sectores de actividad
y proponer modificaciones a la ley de Consejos de Salarios.
• Se creó un Consejo Bipartito de diálogo y negociación con los funcionarios públicos.9
• Se instalaron los Consejos de Salarios en los 20 grupos de actividad
definidos por el Consejo Superior.10 Asimismo, el gobierno impulsó
un nuevo ámbito de discusión entre empresarios y trabajadores
denominado “Compromiso Nacional para el Empleo, los Ingresos
y las Responsabilidades”, el objetivo de la iniciativa era lograr un
compromiso nacional que operara de marco regulador para las
posteriores negociaciones colectivas.11
En este marco, la negociación colectiva reapareció con la intensidad
habitual. Sin embargo, se presentó con la novedad de una mayor extensión,
9 Por vía de los decretos Nº 104/005 y 113/005.
10El presidente de la República en acuerdo con el Ministro de Trabajo en los
decretos: ( Nº 105/005 del 07.03.05).
11 El anuncio lo efectuaron Astori y Bonomi, en su visita a la sede del PIT-CNT
(18.03.2005) para reunirse con el Secretariado Ejecutivo.
174
La forma sindical en Latinoamérica
ya que por primera vez en la historia de las relaciones laborales, se extiende a los trabajadores rurales y a la totalidad de los funcionarios públicos.
A su vez, esta mayor extensión se cristalizó en la ronda de Consejos de
Salarios de 2008, en la cual se creó el grupo de actividad que abarca al
servicio doméstico.
Los nuevos criterios de la política pública laboral han generado cambios
en la ubicación de los actores. Las principales iniciativas gubernamentales han contado con la simpatía del movimiento sindical12, en tanto, los
empresarios se han distanciado y, en ciertos casos, han formulado fuertes
cuestionamientos públicos.13 No obstante esto, los Consejos de Salarios
que se instalaron en mayo de 2005, luego de negociaciones tripartitas para
redefinir las reglas de las relaciones laborales y logrados ciertos acuerdos
básicos, constituyeron el primer paso de cristalización del diálogo social. En
la misma dirección, aunque trascendiendo la negociación laboral, se realizó
una convocatoria al Compromiso Nacional por el Empleo, los Ingresos y
las Responsabilidades.
En diciembre de 2006, produjo un primer acuerdo, en torno al objetivo de
creación de 35.000 puestos de trabajo durante el año 2007. En el año 2006,
continuó vigente la orientación de la política pública laboral diseñada al
inicio de la gestión: se convocó a los Consejos de Salarios del sector privado
y rural, se mantuvieron las reuniones del Consejo Superior Tripartito
-aunque con frecuencia menor- y se relanzó, sobre el fin del año, la convocatoria del Compromiso Nacional. Asimismo, en el ámbito público continuó
desarrollándose la negociación colectiva a través del Consejo Superior de
la Negociación Colectiva del sector público.14
12Inmediatamente después de las elecciones nacionales (03.11.2004) ya el
movimiento sindical, a través de un documento de seis puntos de su
Secretario Ejecutivo, entre otras afirmaciones, señala que “de acuerdo
con los anuncios del Dr. Tabaré Vázquez, en lo que tiene que ver con el
mundo del trabajo - trabajo, negociación colectiva y libertades sindicalesencontramos varios puntos de acuerdo con las resoluciones emanadas del
8º Congreso del PIT-CNT”.
13 Declaración de las cámaras empresariales (15.12.2005), previa a la
aprobación de la Ley de Fuero Sindical. El punto 7 de la misma afirma
lo que sigue: “Esta iniciativa no es un hecho aislado. Forma parte de una
estrategia que apunta al desplazamiento del empresario en la gestión de
su propia empresa, determinando un nuevo orden en nuestra sociedad.”
Manifiesto de las principales cámaras empresariales del Uruguay, motorizadas por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, en contra del
proyecto de ley denominado “Prevención de Conflictos” (08.03.2006).
14 Como así también de los grupos previstos en el Decreto 113/05(15.03.05)
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
175
El diseño referido, a la vez de significar un quiebre con el período 19922004, también tiene importantes diferencias con el modelo de negociación
construido en el período 1985-1989. Las convocatorias se universalizaron,
son múltiples, no sólo van dirigidas al sector privado tradicional -como
se hizo en 1985- sino al sector rural, al sector público (negociación bipartita) y también al sector del trabajo doméstico.15 Si bien en 1985 había
existido el Consejo Superior de Salarios -especie de acuerdo entre los
tres operadores principales del sistema-, el Consejo Superior Tripartito
se creó como un órgano formalmente constituido y con una integración
tripartita (9 representantes del poder ejecutivo, 6 de los empresarios y 6
de los trabajadores). Asimismo, la Comisión de Clasificación de las ramas
tuvo integración tripartita y no sólo estatal como en 1985. Por lo tanto,
si bien existió una reinstauración del tripartismo clásico, podría ser más
adecuado denominarlo como tripartismo ampliado.
3.2.2. Principales Leyes Aprobadas
La actividad legislativa en materia de relaciones laborales fue importante durante el período. Esto marca una diferencia respecto al modelo
vigente durante 1992-2004, el cual no necesitó del dictado de numerosas
leyes para implementarse, debido a que el retiro del Estado del marco de la
negociación colectiva era una facultad que podía ejercer el Poder Ejecutivo.
En el período se aprobaron más de 35 leyes referidas al ámbito de las
relaciones laborales, sólo vamos a hacer referencia a las que consideramos
más relevantes.
En el primer y segundo año de gobierno del Frente Amplio se dio una
fuerte producción legislativa en lo referente al ámbito laboral. Así, el período
de “luna de miel” del gobierno fue el momento en que se enviaron al Parlamento una batería de normas (protección y promoción sindical, descentralización empresarial, trabajo doméstico, entre otras) que, conjuntamente
con la reinstalación de la negociación colectiva tripartita, dieron forma a
un nuevo modelo de regulación de las relaciones laborales. Las mayores
garantías para los trabajadores, a través del reconocimiento de derechos por
ley, se materializaron en dos medidas: las normas de libertad sindical y la
regulación de la licencia sindical. También en este período el Poder Ejecutivo
decretó la posibilidad de que el Ministerio del Interior desalojará los lugares
de trabajo ocupados por los trabajadores en caso de conflicto, obviamente
esta medida no contó con el apoyo del movimiento sindical.
donde se toman en cuenta las especificidades de la institucionalidad
pública.
15Debe notarse que sólo concurrió la delegación trabajadora y se elaboró un
decreto en consulta con ella.
176
La forma sindical en Latinoamérica
Luego, entre fines de 2006 y durante el 2007, lo más relevante es que se
aprobó la tan esperada Ley de Tercerizaciones16, que regula esta modalidad
de contratación muy extendida en el Uruguay a partir de la década del 90.
Tras esta ley se produjo una suerte de impasse legislativo.
Sin embargo, los últimos meses del 2008 y los primeros del 2009 conformaron nuevamente un período muy activo en materia de aprobación de
leyes laborales. Podríamos denominar este período como una segunda ola, si
entendemos los años 2005-2006 como la primera ola reformista en materia
laboral. En el mes de octubre de 2008, se creó por ley el Instituto Nacional
de Empleo y Formación Profesional (INEFOP)17, que sustituyó a la Junta
Nacional de Empleo a partir de mayo del 2009. El INEFOP se constituyó
como persona de derecho público no estatal y tiene conformación tripartita
(trabajadores, empresarios y el Estado). Entre sus principales cometidos
se encuentran: administrar el fondo de reconversión laboral; asesorar al
Poder Ejecutivo en materia de relaciones laborales; realizar programas
de capacitación y reinserción para los desempleados; y convertirse en una
nueva usina desde la cual se elaboren estudios acerca del panorama laboral
uruguayo. El INEFOP es considerado por el gobierno como un factor clave
para enfrentar las consecuencias de la crisis económica mundial. Luego, en
diciembre se aprobó la ley que establece para todos los trabajadores rurales
la jornada laboral de 8 horas, la regulación del ciclo semanal de trabajo y
los días de descanso.18
Ya en 2009, en enero, entró en vigencia la ley que regula las licencias
especiales, constatándose un cambio respecto a las licencias por estudio
de los trabajadores.19 La anterior normativa establecía 18 días de licencia
por estudio a efectuarse cuando el empleado lo solicitara, en la actual, el
número de días se fija según la cantidad de horas trabajadas por semana y
la fecha del goce debe ser coordinada con el empleador. En el mes siguiente,
entró en vigencia la normativa que establece la ampliación del seguro de
desempleo para los trabajadores de más de 50 años, con la previsión de
su generalización al conjunto de los trabajadores en caso de crisis.20 Esta
legislación, que se implementa desde el Banco de Previsión Social (BPS),
apunta a flexibilizar el acceso al seguro de desempleo, haciendo potenciales beneficiarios también a aquellos que, aun conservando un trabajo
formal, pierden su empleo principal. También modifica la modalidad de la
prestación económica, asumiendo ésta una lógica decreciente para que no
sea muy fuerte el impacto en los primeros meses de pérdida del trabajo y
16 Leyes 18.098, 18.099 y 18.215 años 2006 y 2007.
17 Ley 18.046, octubre 2008.
18 Ley 18.441, diciembre 2008.
19 Ley 18.458, enero 2009.
20 Ley 18.399, febrero 2009.
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
177
sea mayor el incentivo de buscar un nuevo empleo en los meses siguientes.
En agosto se aprobó la ley de acoso sexual laboral. Esta ley establece la
indemnización con 6 salarios al trabajador o trabajadora que lo padezca,
quien deberá denunciarlo en su empresa o ante la Inspección de Trabajo.
La normativa implica un avance en la cuestión de las relaciones de género,
ya que la mayoría de los casos de acoso sexual en el trabajo tienen como
víctima a mujeres.
Dentro de esta segunda ola de leyes laborales, también se aprobó una
ley que regula los accidentes laborales camino al trabajo, sin embargo,
fue vetada por el Presidente. Tabaré Vázquez actuando en Consejo de
Ministros, argumentó en el veto que la ley es muy difícil de reglamentar,
de inspeccionar y que encarece los seguros. El veto tuvo impacto en la
bancada frenteamplista y en el PIT-CNT, quienes mostraron rechazo y
“asombro” ante la situación, ya que no había existido un aviso previo del
Poder Ejecutivo.21 Las últimas dos leyes aprobadas en esta legislatura
fueron la que establece el acortamiento de los juicios laborales (que por
problemas de implementación el PE retrasó su aplicación) y la ley de
negociación colectiva (de públicos y privados) que se analiza en el próximo
apartado.
Principales Leyes Aprobadas (2005-2010)
Promoción y Protección Sindical (Fuero y licencia sindical)
Prescripción de Créditos Laborales
Regulación del Trabajo Doméstico
Tercerizaciones y responsabilidad empresarial
Limitación de la Jornada Laboral Rural (8 horas)
Creación del INEFOP
Regulación de las licencias especiales para trabajadores privados
Flexibilización del seguro de desempleo
Acoso Sexual Laboral
Ley de Negociación Colectiva para sector Público y Privado
Abreviación de los Juicios laborales
3.2.3. Las leyes de negociación colectiva
21 Diario “El País”, 22/05/09.
178
La forma sindical en Latinoamérica
Casi finalizando la legislatura pasada, el Parlamento aprobó la Ley de
Negociación Colectiva para el sector privado y para el público, consolidando
los cambios implementados por el Frente Amplio.
Sector Privado (Ley 18.566)
En el ámbito privado, el órgano de coordinación y gobernanza de las
relaciones laborales es el Consejo Superior Tripartito (CST), que queda
configurado de la siguiente manera: 9 delegados del Poder Ejecutivo; 6
delegados de los empleadores; y 6 delegados de las organizaciones de
trabajadores. Las competencias que le atribuye la ley al CST son:
A)
Expedirse en forma previa al establecimiento, aplicación y
modificación del salario mínimo nacional y del que se determine para los sectores de actividad que no puedan fijarlo por
procedimientos de negociación colectiva. A tales efectos, el Poder
Ejecutivo deberá someter estas materias a consulta del Consejo
con suficiente antelación.
B)
Efectuar la clasificación de los grupos de negociación tripartita
por rama de actividad o cadenas productivas, designando, en su
caso, las organizaciones negociadoras en cada ámbito.
C)
Asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en caso de recursos
administrativos dictados contra resoluciones referidas a diferencias ocasionadas por la ubicación de empresas en los grupos de
actividad para la negociación tripartita.
D)
Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los
niveles de negociación tripartita y bipartita.
E)
Estudiar y adoptar iniciativas en temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la negociación y el desarrollo
de las relaciones laborales.
La principal novedad que introduce esta ley es que pone fin al monopolio
del Poder Ejecutivo en la facultad de convocar a los Consejos de Salarios.
Con esta normativa la convocatoria puede ser solicitada por cualquiera de
las tres partes del sistema. A su vez, en la ley se establece que existirán
tres niveles de negociación, que podríamos denominar, el nivel macro
tripartito en los Consejos de Salarios, el nivel meso bipartito a nivel de
rama de actividad, y a nivel micro, negociación por empresa. Los niveles
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
179
inferiores de negociación no podrán disminuir los mínimos acordados en
los niveles superiores, salvo que se establezca lo contrario en los Consejos
de Salarios. La novedad en este punto es que la negociación bipartita entre
empresarios y trabajadores cuando se realice a nivel meso, es decir, por
rama de actividad y sin presencia del PE tendrá aplicabilidad para todo
el sector de actividad.
Por otra parte, en cuanto a la duración de los convenios, la ley se orientó
hacia el criterio de la ultra actividad, es decir, que un convenio sigue vigente
hasta que lo sustituya otro, salvo que en el mismo se haya establecido
explícitamente lo contrario. Finalmente, en la ley se introdujo una cláusula de prevención de conflictos, por la cual, los pactantes del acuerdo se
obligan a no promover acciones que contradigan lo pactado. Esta cláusula
fue introducida a último momento por el Senado, cuando la Cámara de
Diputados ya había dado aprobación al proyecto de ley. Tal situación generó
algunas discrepancias entre los legisladores del FA, principalmente por el
hecho de que los plazos eran muy restringidos debido a que el proyecto de
ley (que estaba en discusión desde 2007) terminó aprobándose en una de
las últimas sesiones de la legislatura.
Sector Público (Ley 18.508)
La negociación colectiva para el sector público es una de las novedades que se produjeron en la administración del FA. Esta ley consolida la
innovación. Si bien existía negociación colectiva en este sector en los años
precedentes, no se instrumentaba de acuerdo a una estructura formal de
negociación, como la prevista por la nueva normativa. La ley establece que
la Negociación colectiva en el sector público “es la que tiene lugar, por una
parte entre uno o varios organismos públicos, o una o varias organizaciones
que los representen y, por otra parte, una o varias organizaciones representativas de funcionarios públicos, con el objetivo de propender a alcanzar
acuerdos que regulen”:
A)
Las condiciones de trabajo, salud e higiene laboral.
B)
El diseño y planificación de la capacitación y formación profesional de los empleados en la función pública.
C)
La estructura de la carrera funcional.
D)
El sistema de reforma de la gestión del Estado, criterios de
eficiencia, eficacia, calidad y profesionalización.
La forma sindical en Latinoamérica
180
E)
Las relaciones entre empleadores y funcionarios.
F)
Las relaciones entre uno o varios organismos públicos y la o
las organizaciones de funcionarios públicos correspondientes
y todo aquello que las partes acuerden en la agenda de la
negociación.
Fuente: Ley 18.508. Art.4º
Asimismo, en la normativa aprobada se incorpora la obligatoriedad de
la negociación, aunque no se obliga a llegar a acuerdos. La ley abarca al
Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, los
entes autónomos, servicios descentralizados y los Gobiernos Departamentales (Intendencias Municipales, Juntas Departamentales y Juntas Locales
Autónomas Electivas). A su vez, será el MTSS el encargado de velar por la
aplicación de la norma.
3.2.4. El MTSS, de la Marginación a la Centralidad
Con la reinstalación de la negociación tripartita, se produjo la revitalización del MTSS. Una de las notas relevantes es que ha pasado de ser
una cartera marginal a ocupar un lugar central, su visibilidad pública así
lo demuestra. El papel del MTSS en los Consejos de Salarios, el rol de los
negociadores del Ministerio en la resolución de los conflictos, así como la
fuerte actividad de la Dirección Nacional de Trabajo y de la Inspección de
Trabajo, son todas cuestiones que hacen que la actividad del MTSS se haya
expandido en cuanto a la regulación de las relaciones laborales. Por otra
parte, también se potenciaron las oficinas que el MTSS posee en el interior,
configurando un avance en materia de descentralización.
Este aspecto cobra especial relevancia en cuanto cristaliza la mayor participación del estado en materia de regulación de las relaciones laborales,
siendo un elemento fuertemente contrastante con el período 1992-2004.
3.2.5. Cambio de Orientación del FA: Organismos Financieros vs OIT
Las decisiones gubernamentales del FA fueron coincidentes con propuestas elaboradas por la OIT22, orientadas a la búsqueda de lo que se
22 El concepto de “trabajo decente” está contenido en el llamado de alerta lanzado
por el Director General de la OIT, Juan Somavía, en su primer Memoria a la
Conferencia Internacional del Trabajo (1999). Plantea la absoluta necesidad
de dotar a las transformaciones económicas de un fuerte contenido ético,
que reúna los conceptos de seguridad, protección social, equidad y dignidad
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
181
ha denominado trabajo decente o trabajo digno, el reconocimiento de la
existencia de derechos laborales irrenunciables y universales, y la promoción del diálogo social como un objetivo estratégico. Al mismo tiempo, el
modelo tripartito de negociación ha exigido la presencia de sujetos colectivos
fuertes, independientes y representativos, lo cual demanda medidas de
garantía y protección a los negociadores, en especial a los más débiles;
el fortalecimiento de la representación colectiva del sector empresarial,
superando la fragmentación de intereses sectoriales; y la recolocación del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el que ha pasado de una
ubicación marginal a otra central, constituyéndose en un actor de peso en
el conjunto del gobierno, lo que le ha implicado el desafío de desarrollar
capacidades propias para la nueva función reguladora. En este sentido, el
contraste con el modelo de relaciones laborales de 1992-2004 es notorio,
pasando de las orientaciones de los organismos financieros, hacia una fuerte
influencia de las conceptualizaciones de OIT.
El primer gobierno del Frente Amplio, introdujo importantes cambios
en materia de regulación de las relaciones laborales. En ese sentido, el FA
fue muy activo en materia legislativa, sancionando aproximadamente 40
leyes en ese ámbito. De manera resumida, puede decirse que dos fueron
las principales modificaciones, que conjuntamente dieron lugar a un
nuevo modelo de relaciones laborales. Por un lado, la reanudación de la
negociación colectiva y su posterior institucionalización; por el otro, el
fortalecimiento de dos de los actores principales del sistema: el Estado
(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) y los trabajadores.
Es preciso remarcar el quiebre que implicaron los cambios con el modelo
de relaciones instaurado durante la década de los 90, basado en el retiro
del Estado y el traspaso de la regulación de las relaciones laborales a la
lógica de mercado. En efecto, una de las primeras medidas del gobierno
del FA, fue reconvocar a los Consejos de Salarios, para lo cual no necesitó
aprobar ninguna ley puesto que la ley Nº 10.449 de Consejos de Salarios
estaba vigente.
En resumen, puede decirse que los cambios que realizó el FA se caracterizan por: convocar y fomentar la negociación colectiva con la novedad
del sector público, el rural y el servicio doméstico (tripartismo ampliado);
fortalecer legalmente las garantías para la actividad sindical; dotar de
centralidad en la regulación de las relaciones laborales al MTSS; y por
último, un cambio de orientación ideológica con respecto al período 19922004, basándose el FA en las conceptualizaciones de OIT.
humana, con los conceptos de eficiencia, productividad y flexibilidad, como
única estrategia realista de crecimiento.
182
La forma sindical en Latinoamérica
4. El impacto de los cambios en el sindicalismo
4.1. El fortalecimiento de la organización y la acción del sindicalismo
Durante la década de los 90, el sindicalismo vivió una etapa de crisis.
Las políticas de liberalización de la economía tuvieron un fuerte impacto en
el sujeto sindical. La desregulación del mercado laboral, la no convocatoria
a los Consejos de Salarios a partir de 1991, la flexibilización laboral, la
política de desmantelamiento de las organizaciones sindicales, llevadas a
cabo por las patronales, sumado a la caída fuerte de la actividad industrial
por la apertura económica irrestricta, se cristalizaron en un debilitamiento
fuerte del PIT-CNT.
Como vimos en el capítulo 3, con la llegada del Frente Amplio al gobierno
y la realización de importantes cambios en la regulación de las relaciones
laborales, dotando de mayores incentivos a la afiliación sindical, el PIT-CNT
procesó una suerte de revitalización. Los mayores incentivos se explican
por la mayor protección legal a la actividad sindical, y por la reinstalación
de la negociación colectiva. En los apartados siguientes describimos los
resultados de las rondas de consejos de salarios y la evolución de las principales variables económico-laborales. De esa manera, intentamos evaluar,
al menos parcialmente, el impacto de los cambios en las relaciones laborales
en el movimiento sindical.
4.2. La negociación colectiva en las rondas de los consejos de salarios
Respecto a las rondas de Consejos de Salarios (CCSS) 2005 y 2006, en
calidad de resumen y de acuerdo al registro sistemático de la información
acerca de la negociación colectiva, a nivel de grupos y subgrupos acumulada por el MTSS, puede decirse que “los resultados fueron positivos en
términos de participación (más de 1.500 representantes de trabajadores
y empleadores en 20 grupos y más de 200 subgrupos, entre ellos todas
las ramas de los trabajadores rurales), convenios salariales concretados
(aproximadamente 400) y la solidez de los mismos (en el entorno del 90%
de los convenios, en ambas rondas, fueron por acuerdo entre trabajadores
y empleadores). Por su parte, los CCSS moderaron la conflictividad “sin
debilitar la competitividad de las empresas y posibilitando la creación de
aproximadamente 170.000 nuevos puestos de trabajo en el trienio 20052007”.23 Asimismo, los cotizantes al BPS se incrementaron en 200.585 (16.9
%) en el período 2005-2007 y se produjo una progresiva recuperación del
salario real privado del 19%, entre abril de 2004 y abril de 2008.
23 “Relaciones Laborales, Diálogo Social y Consejos de Salarios”, junio de 2008,
Espacio de Opinión de Presidencia de la República.
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
183
En 2007, no fueron convocados los ámbitos institucionales creados desde
2005 en el sector privado, por existir convenios vigentes. Es así que, para
este sector, fue un año de transición hacia la última ronda de negociación
colectiva en el segundo semestre del año 2008.
Otra fue la situación para la Comisión de los Funcionarios Públicos que
trabajó durante todo el año 2007 en las subcomisiones, tratando problemas
puntuales de los distintos organismos y abocándose sobre fin de año a la
negociación del futuro acuerdo salarial. La propuesta del Poder Ejecutivo
fue, en todos los casos, firmar convenios de acuerdo hasta el 2010, con
ajustes en los meses de enero de cada año, tomando en cuenta, para el 2008,
el IPC pasado y, para los años siguientes, el IPC proyectado. En los dos
últimos años, en caso de que la inflación real fuera mayor que la esperada,
se estipuló la aplicación de un correctivo. Asimismo, se acordó la continuación del proceso de recuperación de la caída del salario real producida
entre 1999-2004 (cuantificada en 16% para todos los trabajadores), aunque
variable en función de la pérdida efectiva de cada organismo. Además de lo
convenido, se agregan los puntos de incremento salarial que se acuerden
para cada subsector.
La Enseñanza ya tenía un acuerdo anterior, el que fue ratificado en
la negociación. En las Empresas Públicas el criterio de ajuste salarial
acordado fue la inflación pasada en el 2008 e inflación futura en los dos
años siguientes. En estos años, se hará una corrección que operará si la
inflación real es diferente de la proyectada.
La discusión más compleja se procesó en la banca pública, dando mérito
a un conflicto que duró cerca de 70 días y que se levantó tras la firma de
un preacuerdo aceptado por la asamblea.24
El caso de los trabajadores de la Administración central agremiados
en COFE tuvo la particularidad de que inicialmente no aceptaron la
propuesta del Poder Ejecutivo, siendo los últimos en acordar, en el mes de
marzo de 200825.
24 La propuesta del poder ejecutivo, para la banca pública y los entes incorpora
el criterio del cumplimiento de las metas de las instituciones a los efectos de
otorgar puntos de incrementos salariales.
25 Cabe recordar que en diciembre de 2007 COFE se había negado a suscribir el
convenio laboral que sí firmaron los trabajadores de los Entes y de la banca
Estatal. Solicitaron y les fue concedida una entrevista (marzo 2008) con el
presidente de la República, Tabaré Vázquez, y finalmente firmaron un acuerdo
que, en un anexo, incluye una tabla específica de la recuperación salarial, que
al finalizar el convenio estaría en el 19,5%, lo que equivale a la pérdida que
hubo en el quinquenio de la administración de Jorge Batlle. El convenio laboral
abarca a todos los trabajadores de la administración central, además de los
del artículo 220 (Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU),
184
La forma sindical en Latinoamérica
Los resultados de la tercera ronda de Consejos de Salarios realizada
en 2008 arrojaron un saldo positivo. La cantidad de convenios alcanzados
fue de 226, lográndose 185 por consenso de trabajadores, empresarios y
Ministerio de Trabajo (MTSS). En 23 convenios se resolvió por votación
mayoritaria, votando el MTSS con los trabajadores en 12 oportunidades, y
en 11 con los empresarios. Los restantes 15 convenios fueron establecidos
por decreto del Poder Ejecutivo, dictando un ajuste de salarios mínimos.
En los acuerdos prevaleció la firma de convenios de 24 meses sobre la
alternativa 2, que establecía convenios a 30 meses.
En el cuadro 4 se encuentra la información resumida de los resultados
de todas las rondas de Consejos de Salarios. De los datos se desprende que
el nivel de acuerdos por consenso de las tres delegaciones fue muy alto
en todas las rondas. En este sentido, los resultados de las negociaciones
parecen demostrar que las dificultades para acordar no eran insuperables,
como se podía suponer en la década de los 90, en donde los sectores que
estuvieron cubiertos por convenios colectivos eran la excepción. Asimismo,
la apuesta del gobierno del Frente Amplio de impulsar la negociación
colectiva con la convocatoria a los Consejos de Salarios parece haber sido
exitosa a la luz de los resultados, cuestión que también se relaciona con
el grado de madurez que poseen las organizaciones gremiales en el país.
Cuadro 4. Resultados de las Rondas de Consejos de Salarios
Número de Convenios Según Forma de Resolución
2005
2006
2007
2008
181
213
8
226
ACUERDOS POR CONSENSO
167
184
6
185
ACUERDOS POR MAYORÍA*
10
22
s/d
23
SIN ACUERDO (DECRETO PE)
4
7
s/d
15
92%
86%
75%**
84%
TOTAL DOCUMENTOS FIRMADOS
% ACUERDOS POR CONSENSO
*En la mitad de los casos la delegación del MTSS votó con los
empresarios y en la otra mitad con los trabajadores.
** Cifra mínima, debido a que no encontramos datos de la forma de
resolución de los otros dos convenios. De todos modos, el año 2007 tuvo
sólo 8 mesas de negociación, no hubo ronda de Consejos de Salarios.
Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y la Corte Electoral), en total,
cerca de 35 mil funcionarios. Más allá de que la firma del convenio es calificada
como un gran avance, el presidente de COFE dijo que “no ata las manos del
gremio para luchar por la plataforma reivindicativa para la próxima Rendición
de Cuentas”.
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
185
Fuente: Presentación del MEF y el MTSS en el Consejo Superior de Salarios
(04.06.2008) en base a datos del Programa de Modernización de las RRLL de Ucudal
y MTSS y Memoria Anual del MTSS 2008.
No obstante la participación y el alto nivel de acuerdos alcanzados,
existen dos matices a tener en cuenta. En primer lugar, las rondas de
Consejos de Salarios se realizaron previamente a la aprobación de las leyes
de negociación colectiva. En segundo lugar, las rondas de negociación se
realizaron teniendo algunas metas quinquenales ya establecidas. Al iniciar
el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, se había planteado lograr la recuperación del salario real perdido durante la administración del Dr. Jorge Batlle
(2000-2005) y los empresarios y el PIT-CNT mostraron conformidad. A su
vez, existía un acuerdo tácito entre el gobierno y el PIT-CNT que suponía
la aprobación de leyes de protección a la actividad sindical.
Estos dos matices impiden hablar de la existencia de concertación, de
un pacto tripartito sólido, ya que al asumir el nuevo gobierno en 2010 dos
desafíos importantes le estaban planteados en la órbita de las relaciones
laborales: el desacuerdo de los empresarios acerca de las reglas de juego
básicas (su oposición a las leyes de negociación colectiva) y la inexistencia
de parámetros para ajustar los salarios. No obstante esto, es importante
señalar que el primer gobierno del FA fue un paso hacia adelante en el
sentido de acercarse a un esquema de concertación, ya que institucionalizó
la consulta regular al aprobar las leyes de negociación colectiva.
4.3. Evolución de las variables económico-laborales en el primer gobierno
del FA
En términos generales, las principales variables económico-laborales
mostraron una evolución positiva en todo el período. En el año 2008, así
como en los primeros meses del 2009, la evolución confirma el desempeño
positivo registrado en los años precedentes. Tal desempeño se dio en un
contexto de crecimiento económico estable y pronunciado. El PBI del
Uruguay creció un 8,5% en 2008, lo que lo ubica por encima de la media
mundial y latinoamericana.
El salario real aumentó en 2008, en promedio un 3.5%, y el aumento se
distribuyó uniformemente en los ámbitos público y privado. Estas cifras
confirman el crecimiento del salario real en todos los años del primer
gobierno del FA, ascendiendo a un 18,4% en el período 2005-2008, como se
muestra en el Gráfico 3. Según afirmó el entonces Ministro de Trabajo, Julio
Baraibar, el salario real al finalizar 2010 completó un aumento promedio
de un 25%.26
26Fuente: www.mtss.gub.uy Nota: Baráibar: “Salario experimentó aumento
promedio del 25%”.
La forma sindical en Latinoamérica
186
Gráfico 3. Salario Real (2004-2008)
(Indice Diciembre 1997=100)
120
110
100
90
Públicos
80
Privados
Total
70
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe
de Coyuntura 2009 del Instituto de Economía.
La tasa de desempleo en promedio del 2008, para el total del país urbano,
se ubicó en un 7,6%, configurando la cifra más baja de los últimos 18 años
y continuando la tendencia que se manifiesta desde el año 2004, como
muestra el Grafico 4. La disminución del desempleo en 2008 fue mayor en
las mujeres que en los hombres, de todos modos, las mujeres siguen registrando una tasa de desempleo mayor en el total de la población. También
fue mayor la caída del desempleo en los menores de 25 años, sin embargo,
siguen registrando una tasa de desempleo mayor que los mayores de 25
años. La caída del desempleo se debió a la generación de nuevos puestos
de trabajo, ya que el número de activos se mantuvo estable en 2008 con
respecto al año anterior, aumentando tan sólo un 0,6% la cantidad de
personas en edad de trabajar que se ofreció en el mercado laboral.27
27 Ver Informe de Coyuntura 2009 del Instituto de Economía de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración.
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
187
Gráfico 4. Tasa de Desempleo (1998-2008)
19
17
15
13
11
9
7
5
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
En cuanto a la calidad del empleo, los datos disponibles indican que en
promedio aproximadamente un 7% de los activos se encontró en situación
de subempleo en 2008; un 23,7% no estuvo registrado (no tenía aportes
jubilatorios) y un 9,5% se encontró en ambas situaciones, simultáneamente.
En tanto que aproximadamente un 60% tuvo empleo sin restricciones.28
Estos datos suponen un leve descenso del empleo sin restricciones, un leve
aumento de la formalización del trabajo y un aumento más sensible del
subempleo con respecto al año 2007.
La sindicalización aumentó considerablemente en 2008, lo que confirmó
la tendencia de los anteriors cuatro años. En el año 2003, los cotizantes al
Congreso del PIT-CNT eran poco más de 100 mil trabajadores, en 2008 la
cifra superó los 180 mil, como se muestra en el Grafico 5. En estos momentos,
el PIT-CNT estima que la cantidad de afiliados supera los 320.000 trabajadores y se propuso como meta culminar el 2010 con más de 400.000 afiliados.29
Otro hecho, tal vez menor, pero que puede simbólicamente ilustrar el proceso
de revitalización sindical es la inauguración de una nueva y moderna sede
del PIT-CNT a principios de 2009. Este aspecto es de especial relevancia en
tanto que a partir de 2006 se evidencia un cambio notorio de la tendencia
28Datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística.
29 Diario “La República”, Sección POLITICA, 17/03/2009.
La forma sindical en Latinoamérica
188
de la afiliación sindical, ya que durante la década del 90 tuvo una fuerte y
constante caída, configurando una gran crisis de representación sindical.
Gráfico 5. Afiliados Cotizantes PIT-CNT (1985-1985)
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
Total
Públicos
50,000
Privados
0
1985
1987
1990
1993
1996
2001
2003
2006
2008
Una característica muy importante del movimiento sindical uruguayo es
la capacidad de acción unificada que ha mantenido a lo largo del tiempo en
distintos escenarios. En ese sentido, una seña distintiva de los trabajadores
organizados uruguayos es la capacidad de articular los dos grandes sectores
de trabajadores, los públicos y privados. Teniendo presente las diferentes
lógicas de los sectores, es importante la capacidad de la central única de
trabajadores, de agrupar a ambos sectores en un movimiento único, lo cual
constituye una excepcionalidad en el mundo, con pocos casos comparables.
Cabe señalar que durante la crisis del sindicalismo en la década del 90,
la relación numérica entre públicos y privados se modificó, pasando los
primeros a representar una cifra cercana al 70% de los afiliados al PIT-CNT.
En el año 2008, en el marco de la revitalización del movimiento sindical,
los trabajadores privados mejoraron su nivel de afiliación, tras lo cual,
la representación porcentual en el PIT-CNT quedó 50% públicos y 50%
privados.
5. Segundo gobierno del FA: Desafíos, dificultades y coyuntura
(2010-2015)
5.1. Los desafíos del segundo gobierno del FA
Al asumir el gobierno el Presidente José Mujica, éste debía enfrentar
dos desafíos principales en materia de relaciones laborales: la oposición
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
189
de los empresarios a la ley de negociación colectiva y la inexistencia de
parámetros para el ajuste salarial. La oposición de los empresarios a la
ley de negociación colectiva se vio fortalecida por la respuesta del Comité
de Libertad Sindical de OIT, que planteó recomendaciones al gobierno
uruguayo para que modifique la normativa.
A su vez, cuatro factores hacían prever que el 2010 sería un año complejo en materia de relaciones laborales. En primer lugar, el vencimiento
de gran parte de los convenios colectivos del sector privado (una parte en
julio y la otra en diciembre) implica que 2010 es un año de “ronda grande”
de negociación en Consejos de Salarios. En segundo lugar, el 2010 es el año
donde el sistema nacional de negociación colectiva -en el marco de las leyes
de negociación colectiva- iba a ser efectivamente implementado, ya que las
leyes fueron aprobadas al final de la legislatura pasada.
En tercer lugar, como todo primer año de gobierno, el 2010 es el año de
elaboración y discusión del presupuestos nacional quinquenal. Este hecho
implica un año de arduas discusiones en el sector público, ya que se definen
los lineamientos principales en materia de asignación presupuestal -más
allá de que existan rendiciones de cuentas anuales que pueden realizar
modificaciones-. En cuarto lugar, y vinculado al último punto, la discusión
sobre la reforma del Estado iba a permear todo tipo de negociaciones en
el sector público. Cabe recordar que la reforma del Estado, y en particular
de la administración pública, fue uno de los ejes de la campaña política de
José Mujica.
Estos cuatro factores inciden a la hora de enfrentar los dos desafíos
señalados. En este sentido, la negociación salarial en el ámbito público y la
“ronda grande” en el sector privado, hacen más complicada la inexistencia
de parámetros para el ajuste salarial. En tanto, la puesta en marcha del
nuevo sistema de negociación, en el marco de la nueva normativa, se
conjuga con una fuerte oposición de los empresarios.
No obstante estas dificultades, el segundo gobierno del FA tiene a su
favor una coyuntura que en materia de indicadores económicos es favorable. Durante el quinquenio 2005-2010, las variables económico-laborales
presentaron un desempeño positivo, y -al parecer- los efectos de la crisis
económico-financiera mundial han sido superados.
Como se muestra en el Cuadro 5, el PBI uruguayo creció todos los años
desde el 2004. A su vez este crecimiento supera largamente la media de
crecimiento anual del PBI, incluso en 2009 -el año de mayor impacto de la
crisis mundial- el Uruguay creció un 2,9%. Las estimaciones del desempeño
La forma sindical en Latinoamérica
190
de la economía uruguaya en los próximos años también son favorables. A
principios de 2010, las expectativas eran de un crecimiento de 4% anual,
cifra que fue corregida al alza en el segundo semestre (Cuadro 8).
Cuadro 5.
PBI Crecimiento Anual Porcentual 2001-2010
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010*
-3,4
-11
-2,2
12,3
7,5
4,3
7,5
8,5
2,9
6,0*
* Valores Proyectados.
Fuente: Informe de Coyuntura 2004-2005, 2005-2006 y 2009-2010
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad
de la República. Disponibles en: http://www.iecon.ccee.edu.uy
El salario real aumentó en todos los años del quinquenio 2005-2010,
como se muestra en el Cuadro 6. Si bien no se cumplió la meta que se había
establecido de recuperar para todos los sectores de trabajadores el total
del salario real perdido en el gobierno del Dr. Jorge Batlle (2000-2005), se
estuvo muy cerca de dicho aumento promedial, superándolo en algunos
sectores de actividad. Por otra parte, el Salario Mínimo Nacional creció de
manera importante, pasando de $1.310 en 2004 a $4.150 en 2009, lo que
implica que se duplicó en términos reales (Olesker, 2009).
Cuadro 6.
Salario Real Crecimiento Anual Porcentual 2005-2009
Año
2005
2006
2007
2008
2009
Público
5,7
3,3
5,2
3,6
6,0
Privado
4,0
5,0
4,5
3,5
8,0
General
4,6
4,4
4,8
3,5
7,3
Fuente: Instituto de Economía en base a datos del INE: Informe de
Coyuntura Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República. Disponible en: http://www.iecon.ccee.edu.uy
Por otra parte, la tasa de desempleo ha descendido año a año desde
2004, como se muestra en el Gráfico 4. En 2009, el promedio anual fue de
7,3% y alcanzó la cifra record de 6,2% en agosto de 2010, para la totalidad
del país (dato mensual). No obstante la caída promedial de la tasa de
desempleo, no se ha revertido el diferencial negativo de algunos sectores.
Principalmente, los más afectados son las mujeres, las cuales presentan
una tasa de desempleo sensiblemente mayor a la de los hombres, y las
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
191
personas menores de 25 años, los cuales presentan una tasa de desempleo
mayor que otros cohortes de edad, como se muestra en el Gráfico 6.
Gráfico 6. Desempleo por sexo y edad (III trimestre 2010).
30%
25%
20%
15%
hombres
Mujeres
10%
5%
0%
Menores de 25
Mayores de 25
Fuente: INE
Cuadro 7. Estimación de evolución de PBI, empleo y salario real 2011-2014.
2011
2012
2013
2014
PBI (var. Real anual)
4,2%
4,0%
4,0%
4,0%
Empleo (var. Personal)
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
Salario real
2,8%
2,6%
2,6%
2,6%
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Por tanto, a la hora de enfrentar la oposición de los empresarios a las
reglas de juego y la inexistencia de parámetros para ajustar los salarios, el
2010 presentaba, por un lado, algunos factores que hacían prever un año
complejo en materia de relaciones laborales, pero, por otro, una coyuntura
económica favorable. Con este contexto, analizaremos las primeras acciones
del gobierno para enfrentar los desafíos principales que planteamos.
5.2. Las propuestas del gobierno ante los dos desafíos
Al momento de iniciar la ronda de Consejos de Salarios en 2010, la
OIT respondió a la denuncia presentada por los empresarios sobre la ley
de negociación colectiva. Los empresarios consideraban que las normas
aprobadas son violatorias de los convenios 98 y 154. La respuesta de OIT
supuso la presentación de recomendaciones al gobierno uruguayo para que
192
La forma sindical en Latinoamérica
realice modificaciones a la normativa. Ante esto, el gobierno convocó una
comisión tripartita (gobierno, trabajadores y empresarios) para analizar
modificaciones a la ley de negociación colectiva. Se propuso que dicha
comisión trabajara independientemente del ámbito de negociación de los
Consejos de Salarios. En ese sentido, la estrategia del gobierno es enfrentar
por separado, en “arenas” distintas, los dos desafíos, para minimizar la
retroalimentación del potencial conflictivo de cada uno de ellos.
Por otra parte, ante el desafío planteado ante la inexistencia de parámetros de ajuste salarial, el gobierno planteó la elaboración de un índice
compuesto, con un componente de ajuste por inflación, un componente de
ajuste real (macro y sectorial), correctivos y cláusulas de salvaguarda. A su
vez, propuso la firma de convenios de larga duración, de tres a cinco años.
Las propuestas del gobierno para enfrentar los dos desafíos que estaban
planteados en 2010, claramente apuntan a transitar hacia un esquema
de concertación. Por un lado, la creación de la comisión tripartita para
analizar modificaciones a las leyes de negociación colectiva, suponen la
propuesta de solidificar el pacto tripartito más importante: el acuerdo
sobre las reglas de juego.
Por el otro, la propuesta de creación de un índice para el ajuste salarial,
así como la intención de realizar acuerdos de larga duración, también
implican una apuesta por la concertación. Si finalmente se llega a un
consenso acerca de un parámetro para ajustar los salarios, la discusión
salarial se convertiría en una cuestión esencialmente técnica. La discusión principal pasaría a ser acerca de las fuentes de información para la
elaboración del índice. El análisis de los convenios colectivos firmados, así
como las resoluciones de la comisión sobre las modificaciones a la ley, serán
centrales para conocer si efectivamente el Uruguay transita a un esquema
de concertación.
Ante el sindicalismo, luego de cinco años de integración en el modelo
regulado y participativo de rrll, está planteado un tema clásico que formula
Richard Hyman (1989: 217) y que recoge Jorge Notaro (2010: 33) en un
trabajo reciente: “el análisis sobre cuanto pueden ganar en las relaciones
de producción las organizaciones sindicales, presionando o concertando con
el Estado en la sociedad capitalista.; la situación se repite a principios del
siglo XXI en Brasil con el gobierno del PT y la CUT, en Argentina con el
gobierno peronista y la CGT y en Uruguay con el gobierno del FA y el PITCNT. Se trata de analizar la relación entre medidas de lucha y resultados
económicos en términos de salarios y empleo, así como entre estas y los
resultados políticos en términos de cambios en las relaciones de poder”.
Luis Alberto Senatore Camerota y Gustavo Mendez Barbato
193
6. Conclusiones
A lo largo del período considerado, signado por la unificación sindical
(1966) y la fundación del FA (1971) y hasta el presente, constatamos que
entre el FA y el sindicalismo existe una fuerte interconexión directriz; un
alto grado de sintonía programática; y hay también una importante coincidencia táctica. En los tres aspectos se verifican cambios, especialmente
notorios a partir de los años noventa, que replantean la histórica “hermandad” existente entre sindicatos e izquierda, reforzando las autonomías
mutuas, pero sin cuestionarla.
En los últimos años de la dictadura (1973-1985) en el proceso de la
transición a la democracia, los sindicatos reorganizados se transformaron
en el canal legítimo de las demandas del conjunto de la sociedad (rebasando
los límites estrictamente clasistas). Se desarrolló un sindicalismo del tipo
confrontacionista (Valenzuela, 1983) con una “nueva” dirigencia que junto
a los militantes partidarios de los grupos políticos ilegalizados, encontraron
en la acción sindical el único canal para la lucha política democrática.
En la década del 90, sindicalismo y FA se erigieron como opositores a las
políticas de liberalización de la economía. La política de relaciones laborales
del período 1992-2004 puede caracterizarse en base a los conceptos de
desregulación y flexibilización laboral, en un contexto de fuerte predominio
de las concepciones liberales, fomentadas por los organismos financieros
internacionales, que propugnaban la reducción del Estado y el consecuente
traspaso de atribuciones al mercado. En este período el sindicalismo se vio
fuertemente debilitado, a raíz de la supresión de la negociación colectiva al
dejar de convocarse los consejos de salarios. Este debilitamiento se tradujo
en una caída constante de la afiliación sindical.
Con la llegada del FA al gobierno y la realización de importantes cambios
en la regulación de las relaciones laborales, dotando de mayores incentivos
a la afiliación sindical, el PIT-CNT procesó una suerte de revitalización,
aumentando cuantitativamente su afiliación, y fortaleciendo su organización. Los mayores incentivos se explican por la mayor protección legal
a la actividad sindical, y por la reinstalación de la negociación colectiva.
El primer gobierno del FA supuso la consolidación e institucionalización
de la negociación colectiva orientada a la conformación de un sistema de
concertación salarial entre empresarios, trabajadores y Estado.
Desde el punto de vista de la estrategia sindical, si manejamos las y
clásicas categorías de Alain Touraine (1987), se puede afirmar que en el
período desregulador prevaleció una lógica de oposición, en tanto con la
consolidación de un modelo regulador y participativo en las rrll prevalece
una lógica de integración.
194
La forma sindical en Latinoamérica
Finalmente, la realización de pactos tripartitos, clásicos de los modelos
neocorporativos (concertación), no está sólidamente construida a pesar
de que existieron altos niveles de acuerdos por consenso en las rondas
de consejos de salarios en el período 2005-2010. Por lo tanto la evolución
presente del sistema de relaciones laborales será clave para definir si
Uruguay se dirige realmente hacia un esquema de concertación salarial.
En este marco, el sindicalismo realiza un balance de la relación entre
medidas de lucha y resultados económicos en términos de salarios y empleo,
así como entre estas y los resultados políticos en términos de cambios en
las relaciones de poder. De la evaluación de estos resultados dependerá en
mucho el tipo de acción colectiva a desarrollar en el futuro.
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Antonio Aravena Carrasco
197
Los trabajadores y el sindicalismo en Chile:
nuevas expresiones a inicios del siglo XXI
Antonio Aravena Carrasco
Sociólogo. Director Magíster en Sociología, Universidad de Arte
y Ciencias Sociales, ARCIS, Chile. Doctorando en Sociología,
Universidad Alberto Hurtado, [email protected]
Presentación
El propósito de este artículo es entregar algunas reflexiones sobre la
situación del sindicalismo en Chile, destacando una serie de movilizaciones
observadas en los últimos años. Lo que ha tenido lugar en nuestro país es un
ciclo de protestas que ha permitido a dicho actor recuperar su protagonismo
social, mostrando interesantes estrategias. Al mismo tiempo, ha conllevado
un replanteamiento de las orientaciones que había seguido desde el “retorno
a la democracia”, que lo habían situado en una posición más bien moderada. La importancia de este período va más allá del sindicalismo, pues los
hechos ocurridos han despertado el interés de investigadores por examinar
estos temas, situación que, siendo aún muy acotada, permite visualizar el
surgimiento de nuevos estudios en este campo.
Para dar cuenta de nuestros propósitos vamos a exponer, en primer lugar,
de manera sucinta, el recorrido reciente del sindicalismo en Chile, tratando
de proveer elementos que faciliten el análisis de los actuales procesos.
Asimismo, nos interesa en este apartado vincular nuestra perspectiva de
análisis con estudios que se realizan en América Latina y que contribuyen
a repensar estos tópicos. En segundo lugar, nos centraremos en algunas
experiencias sindicales, tratando de identificar sus aspectos más destacados.
Finalmente, en las conclusiones, se procurará mostrar los desafíos que estos
hechos plantean a los estudios sindicales y al actor sindical.
Con este texto nos hemos planteado aportar al debate, abrir la discusión, sin embargo, los temas pueden ser objeto de una indagación más
minuciosa. En ese sentido, es conveniente considerar que para captar de
198
La forma sindical en Latinoamérica
mejor modo procesos que son dinámicos y complejos, los estudios sindicales
deben innovar en sus perspectivas teóricas y metodológicas. Es necesario
reconocer este elemento para dar pasos consistentes en dicho terreno.
Trayectoria y orientaciones del sindicalismo
Los estudios sindicales en Chile han considerado diferentes temáticas:
los procesos políticos y económicos que le han afectado, los cambios en el
mercado laboral, su fuerza como movimiento social, su evolución cuantitativa, la situación por sectores laborales, los indicadores de conflictividad,
sus modalidades de acción, etc. En los 80, ochenta los procesos asociados
a las dictaduras militares fueron focos privilegiados de atención. En esos
años, el sindicalismo jugó un papel importante en la lucha contra el régimen
militar, tal como sucedió en diferentes países de la región, por lo que su
función política fue muy valorada. La investigación sobre “la demanda
democrática” de los trabajadores y los cambios en la acción sindical, por citar
dos tópicos, fueron muy influyentes no sólo a nivel nacional, sino también
en Latinoamérica (Campero, Valenzuela, 1984; Barrera, 1984; Frías, 1989).
En aquellos años, se planteaba que este actor pasaba desde una posición
anticapitalista a una de tipo antiautoritaria (Ruiz Tagle, 1985).
Las investigaciones referidas a la reducción cuantitativa de la clase
obrera, que se relacionaba con los cambios estructurales ocurridos en ese
período y no sólo a las acciones represivas del régimen militar, adquieren
relevancia. Es decir, se coloca atención a las nuevas tendencias productivas
y ocupacionales, la disminución de la actividad industrial y la construcción,
el auge del sector servicios, entre otros aspectos, que condujeron a plantear
la necesidad de nuevas estrategias por parte del movimiento sindical.
Entre ellas, funcionar sobre la base de alianzas (Martínez, Tironi, 1983).
Al mismo tiempo, se sostenía que las orientaciones de la acción sindical
requerían repensar lo que se denominó las dimensiones política, ideológica,
estructural y organizacional de la crisis sindical (Campero, Valenzuela,
1984). Esto es, la relación con el Estado y los partidos políticos, su discurso,
su base material de apoyo, su grado de unidad, la relación entre las bases
y la directiva sindical. En este marco, el sindicalismo se sumó a las luchas
por la democratización de la sociedad chilena, lo que implicó nuevas articulaciones internas y con otros actores políticos y sociales.
Posteriormente, en los 90, varios autores analizaron la estrategia de
la concertación social que el sindicalizmo utilizó a través de la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), su organización más importante a nivel
nacional. La mayoría de ellos coincide en señalar que en la perspectiva de
aportar al desarrollo político y económico del país esa posición resultaba
más adecuada que la confrontación. Esta nueva disposición implicaba
Antonio Aravena Carrasco
199
abandonar demandas históricas, asumir mayor disposición al diálogo
(sobre la base de criterios “técnicos”), entendiendo que ese era el aporte
del sindicalismo al fortalecimiento de la democracia (Aravena, 2000). En
los hechos, esto conllevó la aceptación del modelo económico, restringiendo
su acción y fuerza como colectivo (Drake, Paul, 2003). Sin embargo, con el
correr de los años surgieron cuestionamientos a esta práctica, especialmente porque los resultados obtenidos no respondieron a las expectativas de
los trabajadores, lo que constituye un elemento a considerar a la hora de
pensar estrategias sindicales en la actualidad. Paralelamente, los estudios
sobre el sindicalismo comenzaron a decaer, dejando de constituir una
preocupación central.
Los estudios muestran que el nuevo escenario político, económico y
socio-cultural ubica a este actor en una situación de “crisis”. Esto, tanto
en Chile como en América Latina. Los cambios acaecidos en la sociedad
tienen un profundo impacto por cuanto su desarrollo y consolidación se
dio en el marco de un régimen político democrático y en una forma de
crecimiento económico basada en la industria, con una activa presencia
del Estado y una valoración del sindicalismo en la negociación de intereses
colectivos. Por esta razón, Zapata (1993, 2003) sostiene que la crisis del
sindicalismo puede ser entendida en un contexto histórico, considerando
la desarticulación de los marcos institucionales que habían prevalecido en
los regímenes populistas y la política de industrialización por sustitución
de importaciones. Y en ese sentido, se puede afirmar que la crisis no es sólo
del sindicalismo, sino que de las sociedades en general.
La idea de “crisis sindical” volvió a instalarse con fuerza en Chile hacia
fines de los 90. Tal como sucede en la región, hay elementos que se utilizan
para caracterizarla, como la ausencia de proyectos nacionales, las tendencias
hacia la fragmentación, la disminución de las tasas de sindicalización, los
menores logros en materia de negociación colectiva, etc. Al mismo tiempo,
hay algunas situaciones más específicas que cabe considerar, entre ellas,
la disminución de la afiliación sindical en los sindicatos de empresa, que
son los que, de acuerdo a la ley laboral, tienen derecho a negociar. Esto,
asociado a la modernización y descentralización productiva y el incremento
de la subcontratación, reforzó la idea de crisis, no sólo en el mundo político
o en los medios de comunicación, sino también entre los propios dirigentes
sindicales. Circunscrita la negociación colectiva a nivel de la empresa el
poder sindical se veía fuertemente afectado, lo que originó debates sobre
el modelo de acción más eficaz para responder a los cambios económicos y
productivos que habían tenido lugar en el país.
La crisis también se vinculaba a la debilidad de la CUT. En ese
momento, se destacaba la disminución de la afiliación sindical (que afectaba indudablemente su representatividad), la falta de renovación de los
200
La forma sindical en Latinoamérica
cuadros sindicales, la intervención del gobierno y los partidos políticos, la
insuficiente democracia en sus mecanismos y procedimientos, las rencillas
internas (que tuvieron varios momentos complejos, como algunos vividos
en procesos eleccionarios), la lejanía con los nuevos problemas de los trabajadores y la sociedad en general. A esto se agregan las escisiones que
han ocurrido en la central y que derivaron en el surgimiento de la Central
Autónoma de Trabajadores (CAT) y la Unión Nacional de Trabajadores
(UNT), con menor presencia en el mundo sindical, pero que dan cuenta de
los problemas antes señalados.
Asimismo, hay que recordar que se vio profundamente afectado por lo
ocurrido durante el régimen militar. En ese período no sólo se prohibió la
actividad sindical, sino que sus dirigentes fueron perseguidos, y muchos
de ellos asesinados, produciéndose el quiebre de esta cultura colectiva.
De la misma manera, el funcionamiento clandestino condujo a formas de
trabajo muy particulares, con considerable protagonismo de sus líderes,
dependencia del financiamiento externo, entre otros aspectos, que no se
modificaron una vez derrotada la dictadura y que siguen siendo cuestiones
importantes de atender (Rojas, Aravena, 1999).
Hay quienes sostienen, en relación a estas discusiones, que pese a perder
fuerza y capacidad para representar a los trabajadores, la crisis no puede
ser catalogada de “terminal”. Más bien el sindicalismo estaría sufriendo las
consecuencias de un proceso adaptativo frente a condiciones políticas, económicas y sociales nuevas y diferentes a las que permitieron su fortalecimiento.
La crisis no estaría relacionada con el rol corporativo de los sindicatos,
hacia adentro de las empresas, sino más bien con el rol sociopolítico que
está radicado en la CUT y que aparentemente no está siendo disputado por
este sindicalismo corporativo que, de alguna manera, delega en la CUT esas
responsabilidades (Espinoza, 1997). Este punto de vista, que consideramos
una incitación a la reflexión y al análisis, es coincidente con diagnósticos
efectuados en Latinoamérica, donde se muestra que hoy estaría en crisis un
determinado tipo de sindicalismo, el denominado “sindicalismo de masas”,
no así su existencia más general. Por otra parte, se ha sostenido que está
en juego la revisión del modelo de acción histórico del sindicalismo, que
experimentaría cambios para insertarse en las nuevas condiciones sociales,
económicas, tecnológicas e institucionales (Campero, 2000).
La situación del sindicalismo y particularmente su estado de crisis
deberan ser examinados con precaución. Si bien se encuentra en un estado
de debilidad si se compara con su rol histórico, el sindicalismo ha desplegado algunas acciones que permiten complejizar ese diagnóstico. A fines de
los años 90, por ejemplo, cesantes y trabajadores eventuales organizaron
sindicatos en diferentes regiones del país, pese a que se encontraban en
condiciones de gran marginalidad y exclusión socio-laboral. También cabe
Antonio Aravena Carrasco
201
consignar los interesantes niveles de organización mostrados por los trabajadores subcontratistas en la minería, trabajadores forestales y en algunos
sindicatos de empresas transnacionales que, en nuestra opinión, no han
sido suficientemente considerados en los análisis por la mayor atención
que ha concentrado la crisis.
En varios sectores sindicales es distintivo el uso de nuevas tecnologías
de información, la generación de alianzas y redes de apoyo político y social,
la presencia de jóvenes y mujeres en diferentes actividades (esto es especialmente claro en el comercio y servicios, o en el caso de los call center,
últimamente); lo que está abriendo el debate sobre un conjunto de temas y
problemas, como son los referidos a maternidad, discriminación de género, el
conflicto entre trabajador y clientes (y no sólo entre trabajador y empresa),
las expectativas laborales y el sentido del trabajo, las enfermedades profesionales, las nuevas formas de acción a nivel individual y colectivo, etc. Es
decir, temas que generan el desafío de observar las diversas expresiones del
sindicalismo, sin ocuparnos sólo de lo que ocurre en las centrales sindicales.
Al comenzar el siglo XXI es importante avanzar en una sociología
del sindicalismo que contribuya a pensar la situación y perspectivas de
este actor. Los diagnósticos existentes son reducidos, se concentran en
las grandes estructuras o en algunas experiencias puntuales. Hasta la
década de los 80, hubo variados estudios en este sentido, pero en los años
90, el interés de los investigadores decayó. En cierta medida, esto se debe al
diagnóstico de crisis sindical, así como a la emergencia de otros temas que
convocaron a los estudiosos del trabajo, como las reestructuraciones productivas o el seguimiento a la empresa como actor económico, político y social.
Además, los pocos estudios han centrado su atención preferentemente en
las tácticas defensivas del sindicalismo, sin observar los cambios que se
han producido en sus formas de acción. Avanzar en ese sentido, develando
algunos de esos cambios, es el propósito de este texto. Ello bajo el supuesto
de que el sindicalismo en Chile presenta nuevas características, sufre un
proceso de recomposición, buscando un espacio en la sociedad global actual
y no simplemente desvaneciéndose.
En esta dirección, nos parecen muy sugerentes los aportes de diferentes
investigadores en América Latina, que han advertido sobre las orientaciones y desafíos de los estudios sindicales. Por ejemplo, concordamos con
Leyva y Rodríguez cuando sostienen:
“Así pues, el sindicalismo tiene vida propia y nuevamente nos muestra
sus recomposiciones en función de las nuevas realidades productivas y
políticas. El reto para el análisis sindical es valorar esta condición antes
que atribuirles por anticipado sentidos a sus comportamientos. Hay
que reconocer la legitimidad del conocimiento y la experiencia de los
propios agentes sindicales que no sólo se niegan a sobrevivir, sino que su
202
La forma sindical en Latinoamérica
insistencia en la reproducción de la sociedad indica que son agentes que
entienden y controlan su vida en tensión con las estructuras económicas
y políticas y, ahora, también en tensión con planteamientos teóricos y
configuraciones ideológicas que predicen su falta de sentido necesario
y hasta su extinción” (Leyva y Rodríguez, 2006, pág. 172).
Según De la Garza el contenido del concepto sindicato ha estado muy
relacionado con “la extensión de la actividad industrial, la forma de llevarla
a cabo, la estructura del mercado del trabajo, la distribución por ramas y
ocupaciones en la economía, la estructura organizacional de dichos sindicatos, las ideologías dominantes, las demandas y formas de lucha de estas
organizaciones, y el tipo de relaciones entre sindicatos, partidos, empresas
y Estados” (De la Garza, s/f). Esto permite entender que el sindicato fuera
definido como una organización que promueve la cooperación entre los trabajadores, posibilita enfrentar las fuerzas del capitalismo o los intentos de
distinto tipo por dividirlos, facilita el desarrollo de la conciencia e identidad
sindical y/o permite el control del puesto de trabajo (Zapata, 2003). Todos
aspectos que se deben mirar en un contexto de transformaciones, abriéndose
nuevamente la pregunta por lo que ocurre con la organización sindical.
Algunos antecedentes históricos ayudan a entender mejor los cambios en
la visión de los sindicatos. Se sabe que su recorrido ofrece múltiples matices
y giros en sus orientaciones. Antes que se constituyeran los sindicatos
“legales” a inicios del siglo XX hubo otras formas de organización, como las
mutuales, que estaban centradas en la solidaridad, la ayuda mutua y la
defensa de su oficio (más que en la relación salarial), y sus formas de lucha
eran las huelgas de hecho, pues no había una legislación que las regulara.
Estas organizaciones tenían una estructura muy simple, con un sistema de
democracia asamblearia y control directo de las bases sobre los dirigentes.
A la vez, fueron testigos del surgimiento de las formas de producción
capitalistas, en un contexto de gran exclusión social. Posteriormente, en
una fase de mayor institucionalización, los sindicatos pasaron a ser actores
fundamentales en el nuevo modelo de desarrollo, lo que se acompañó de un
crecimiento de sus organizaciones.
Esto se observó también en las sociedades mutuales (o de socorros
mutuos) que fueron los instrumentos utilizados por los trabajadores para
plantear sus demandas. Según Alan Angell las mutuales tuvieron un
importante desarrollo desde fines del siglo XIX hasta inicios del siglo XX,
pasando de 13 en 1870 a 39 en 1880 y a 600 en 1924, con 90 mil miembros,
sin considerar las sociedades sin reconocimiento oficial (Angel, 1972). Ellas
serían el precedente de las sociedades de resistencia (organizadas por
oficio, y que privilegiaban el enfrentamiento directo con los empresarios)
y las mancomunales (que tenían una base territorial, y el propósito de
la defensa social y la educación popular), donde el componente político
Antonio Aravena Carrasco
203
e ideológico era más importante. Estas formas de expresión cambiaron
décadas después cuando aparece el sindicato “legalizado”, que participa de
un arreglo institucional que les entrega ciertos beneficios a los trabajadores,
pero que circunscribe su acción a normas y procedimientos. Este es el
momento en que las centrales, federaciones y confederaciones adquieren
también mayor realce, proceso que se produce paralelamente al aumento
de las asociaciones de funcionarios del Estado.
Entonces, desde una concepción que ve a los sindicatos como actores centrales de la sociedad, y por lo tanto como “sindicatos fuertes”, se ha pasado
en las últimas décadas a una visión que recalca su debilidad; aunque han
surgido igualmente posiciones intermedias que destacan la presencia e
influencia que éstos continúan exhibiendo. Nuestra posición se acerca a
esta última, en el sentido de que no hacemos nuestra observación atribuyendo al sindicalismo una potencialidad política inherente o consustancial
ni lo vemos sólo como una institución centrada en su función económica.
Creemos que desarrolla acciones de distinto tipo, que contribuyen a dar
forma a su propia existencia, aun cuando está condicionado también por
diversos factores que deben ser evaluados a partir del trabajo empírico.
El diagnóstico de De la Garza nos parece muy acertado en relación a
nuestros propósitos:
“La crisis actual del sindicalismo es una realidad, sin embargo habría
que preguntarnos si cada uno de los períodos analizados no implicó la crisis
de la forma sindical precedente (Lipset, 1986): del sindicato de resistencia
inicial, del sindicato como fuerza política, el de negociación en el sistema de
relaciones institucionales (…) En el período actual este sindicato no puede
aspirar a incrementar simplemente las condiciones de vida o trabajo por
presión en el Estado o a través de la negociación colectiva porque el sistema
de relaciones industriales ha cambiado, así como el Estado en que encontraba
apoyo en términos de política económica y laboral (…) ¿Lo anterior significa
el fin de la forma sindicato como tal?”.
Esta pregunta indica la vigencia del rol histórico jugado por el sindicato,
aunque se advierten modificaciones en su sentido. Por esta misma razón,
el autor agrega:
“Sin embargo, la globalización no ha traído la prosperidad homogénea
del mundo, por el contrario los estándares laborales han ido hacia
la baja aun en países desarrollados; tampoco las crisis económicas y
financieras han sido abolidas con el libre mercado, por ende el problema del desempleo sigue latente. Teóricamente la tesis del conflicto
estructurado no ha sido rebatida y la concepción de desarticulación de
mundos de vida ignora que tampoco en el pasado existió una sociedad
totalmente articulada (…)”(De la Garza, s/f).
204
La forma sindical en Latinoamérica
Resurgimiento de la actividad sindical
El recorrido del sindicalismo en Chile está vinculado a la implementación del modelo de desarrollo neoliberal que, como se sabe, se comenzó a
implementar en el curso de una feroz dictadura. En este marco, se produce
una descentralización de la actividad productiva, cambios en los mercados
laborales, incorporación de la fuerza de trabajo femenina, entre otros
aspectos, que inciden en su poder y capacidades históricas. Si se aprecia
lo que ocurre con los procesos de subcontratación, por ejemplo, destaca su
mayor incidencia y el deterioro que implican en las condiciones laborales
y los derechos colectivos. Llama la atención que la subcontratación no se
utiliza sólo en actividades anexas, sino también en la actividad económica
principal de las empresas. Así, la encuesta laboral ENCLA de 2008 muestra
que el 31,6% de las empresas subcontrataba en este tipo de actividad
(Dirección del Trabajo, 2009, a). A la vez, los cambios en la organización
y gestión empresarial que se producen en los 80 y 90 propician un mayor
involucramiento de los trabajadores con la empresa, afectando de ese modo
la identidad sindical.
Por otra parte, es importante considerar lo ocurrido durante la transición
a la democracia. Esta etapa no implicó cambios importantes en el modelo de
desarrollo, por lo que se mantienen condiciones de precariedad en el trabajo
y en el ámbito de las relaciones laborales (Aravena, 2009). Asimismo, este
actor perdió progresivamente incidencia política, quedando relegado a un
segundo plano en las decisiones de interés nacional. No es de extrañar,
entonces, que continúe vigente un marco legal que restringe la actividad
sindical. Podemos mencionar dos ejemplos al respecto: por una parte, la
negociación colectiva sigue circunscrita al ámbito de la empresa (una
reforma ya aprobada permite la negociación interempresa, pero siempre
que ambas partes estén de acuerdo, lo que rara vez sucede); por otra, existe
la posibilidad de reemplazar trabajadores en huelga, lo que hace ineficaz
este instrumento. A esto se suma una cultura antisindical muy extendida
en el país, que se expresa en conductas desleales de distinto tipo.
En la práctica, el ejercicio sindical, particularmente en el sector privado,
es una tarea muy complicada, que expone a los dirigentes y trabajadores
a costos muy elevados, que pueden incluir el despido tras su participación
en una huelga. Esto, entre otras cosas, por la existencia del artículo 161
en el Código del Trabajo, que permite el “despido por necesidad de la
empresa”. Si bien en los primeros años de los 90, el sindicalismo, a través
de la CUT, participó de la estrategia de la concertación social, dialogando
con el gobierno y los representantes del empresariado, paulatinamente fue
asumiendo un papel más crítico, reconociendo las limitaciones que tenía
y la falta de soluciones a sus exigencias. De tal modo, se comenzaron a
Antonio Aravena Carrasco
205
demandar cambios estructurales en el modelo de desarrollo, la calidad de
la democracia y los derechos laborales y sindicales (aunque los resultados
fueron débiles). El cambio de posición de la central se aprecia en la primera
protesta social del 2003 y el apoyo a movilizaciones y conflictos sindicales
en diferentes regiones y sectores de la economía. Pese a estas acciones, los
problemas orgánicos y las disputas internas en la central han sido un factor
que le ha restado fuerza a sus acciones.
Si nos centramos en el sector privado vemos una situación compleja.
Existen procesos de reestructuración social y laboral, nuevas dinámicas de
exclusión social, otras figuras de trabajadores, como el de celulosa o el de los
call center. A la vez, como decíamos antes, los trabajadores están expuestos
a una desprotección legal en los procesos de negociación, lo que explica
que persista el sentimiento de “miedo a perder el empleo”. En cuanto a
indicadores como sindicalización, negociación colectiva y huelgas, en los
90 mostraron progresivamente baja significación, experimentando una
recuperación en los últimos años. La afiliación sindical, por ejemplo, pasó
de 724.065 trabajadores en 1992, a 595.495 en 2000, a 724.606 en 2007, y
a 837.055 en 2009; esta última cifra representa el 12,5% de la fuerza de
trabajo ocupada y el 20,3% de los trabajadores asalariados. La negociación
colectiva, por su parte, ha tenido el siguiente comportamiento: en 1993, eran
255.226 trabajadores involucrados en instrumentos colectivos (contratos
y convenios), cifra que llega a 232.667 en 2007 y 227.282 en 2009; esto
representa el 9,1%, 6,1% y 5,9%, respectivamente, considerando la fuerza
de trabajo asalariada en el sector privado. En cuanto a las huelgas, en 1991
se efectuaron 219, con 45.910 trabajadores involucrados, pasando a 146
en 2007, involucrando a 17.294 trabajadores, y 171 en 2009, con 21.915
involucrados (Dirección del Trabajo, 2009, b).
Por estas mismas razones han sido muy sugerentes y llamativas las
experiencias sindicales ocurridas en el último tiempo. Entre 2006 y 2008, se
desarrollaron una serie de movilizaciones, muy masivas, que revitalizaron
la actividad sindical y la instalaron nuevamente en la agenda social y en
los medios de comunicación. Antes y después de este período, se observan
también episodios relevantes, aunque los cambios registrados en este ciclo
han tenido un impacto simbólico especialmente significativo. Varios casos se
ubican en sectores estratégicos del modelo económico chileno, mientras que
otros responden a procesos más particulares. En ellos se observa que los trabajadores generan estrategias para superar las dificultades, creando nuevas
coordinaciones sindicales, enfrentando a empresas que tienen un poder
económico y político inmensamente superior. Además, son conflictos que se
dieron en un contexto político más propicio para las demandas sindicales.
No todas las experiencias fueron exitosas para los trabajadores, sin embargo,
significaron un aprendizaje que bien podría ser utilizado en el futuro.
206
La forma sindical en Latinoamérica
Dinámicas sindicales en la minería, el sector forestal y la agricultura
Los trabajadores subcontratados de la Corporación de Desarrollo del
Cobre (CODELCO) llevaron a cabo una huelga muy intensa entre junio
y julio del 2007, aunque en los años previos se habían visto involucrados
en acciones similares. Se trata de un sector que exhibe elevados grados
de conflictividad, que se ha apropiado de la cultura sindical minera y
que ha venido desplegando un intenso trabajo, que llevó a la creación de
organizaciones en los diferentes yacimientos. Un lugar especial en ese
sentido ocupa la fundación de la Confederación de Trabajadores del Cobre
(CTC), que representa a los trabajadores de las diferentes divisiones de esta
empresa estatal (ubicadas desde la segunda a la sexta región del país). Este
movimiento sacudió el escenario nacional, desafiando a la institucionalidad
y el ordenamiento político.
En un reciente estudio, Núñez (2009) entrega un minucioso análisis
de lo ocurrido. La huelga se extendió por 37 días y comprendió las cinco
divisiones de la empresa. Las precarias condiciones laborales y salariales
son elementos que inciden en las movilizaciones. Sin embargo, según el
autor, es necesario considerar otros elementos como la historia sindical
en la minería, la coyuntura económica del 2007 (bonanza del precio del
cobre) y el contexto político. Cabe señalar también el lugar estratégico de la
minería en Chile, así como la magnitud del trabajo subcontratado que sólo
en actividades operacionales superaba los 25 mil trabajadores, mucho más
que los 18 mil contratados directamente por CODELCO. Además, se debe
recordar que en agosto de 2006 los mineros de la empresa Escondida, en la
segunda región, realizaron una huelga que se prolongó por casi un mes. Las
reivindicaciones salariales y la demanda de un bono por los elevados precios
del cobre fueron aspectos muy conocidos. De igual forma, la estrategia
implementada por el sindicato de trabajadores N°1, que declaró la huelga,
se distinguió por el alto nivel de planificación, la participación de asesores,
el acceso y producción de información, el apoyo de las familias mineras,
las acciones masivas, con apreciables grados de conciencia (Zapata, 2010).
La huelga de los subcontratados pasó por diferentes momentos, pero en
general se caracterizó por su masividad, la actitud decidida y combativa de
los trabajadores, y la conjugación de acciones muy diversas que incluyeron
tomas de carreteras, paralización de faenas, marchas, bloqueo de accesos
a las minas, protestas pacíficas, ocupación de calles y plazas, ocupación
de edificios corporativos, acciones de sabotaje, carta abierta, entre otras.
Los subcontratados proponen una nueva forma de hacer sindicalismo, con
participación de las bases, sentido de pertenencia de clase, rescatando
elementos de la historia sindical como el desarrollo de prensa obrera, pero
Antonio Aravena Carrasco
207
incorporando las herramientas tecnológicas hoy disponibles. El evento de
mayor notoriedad e impacto mediático fue, de todas formas, el incendio de
varios buses de CODELCO en el mineral de El Teniente.
El conflicto concluye con logros importantes para los trabajadores. Se
forzó una negociación interempresa donde la CTC, organización sectorial de
los trabajadores, tuvo un papel fundamental, siendo reconocida en dichas
negociaciones. Se obtuvieron diversos beneficios económicos y sociales,
entre ellos, un bono de productividad (por el alto precio del cobre), situación
sin precedente en trabajadores del subcontrato. Generaron alianzas con
actores políticos, sociales y sindicales, y con la iglesia (que cumplió un
papel clave en la solución de la huelga). La experiencia mostró que la
acción sindical podía conducir a resultados favorables, lo que sin duda
influyó en movilizaciones registradas posteriormente. De la misma forma,
los trabajadores visibilizaron temas de interés nacional, como la aplicación
de la ley de subcontratación y los convenios internacionales de la OIT, así
como la nacionalización del cobre, que seguramente será un tema de debate
en los próximos años.
La huelga forestal se desarrolla entre marzo y mayo de 2007 en Forestal
Arauco, empresa que pertenece al holding COPEC, y que ha experimentado
un sostenido crecimiento en los últimos años. Uno de los elementos que la
provocan es el contraste que observan los trabajadores entre las elevadas
utilidades de la empresa y sus precarias condiciones salariales, así como la
situación de pobreza de los habitantes de la provincia de Arauco, en el sur
de Chile (Ruminot, 2009). Esto quedó expresado en el petitorio de 23 puntos
que presentó la recién creada Unión de Sindicatos Forestales (USINFA),
donde los aspectos económicos constituían un elemento central. Cabe
decir que la unión de los sindicatos responde a un proceso que se había
comenzado a gestar en los años previos y que se sostenía en la convicción
de sus dirigentes de que la unidad amplia de los trabajadores forestales
era clave para lograr mejoras significativas en sus condiciones salariales
y laborales.
Después de estar circunscrito al ámbito regional, el conflicto repercute a
nivel nacional debido a un hecho lamentable: la muerte del obrero forestal
Rodrigo Cisternas durante una jornada de protesta que congregó a cerca
de 6 mil personas. Este hecho, informado por los medios de comunicación,
influyó en su trayectoria y desenlace. Mientras los trabajadores se fortalecían, lograban ampliar sus alianzas y las bases mostraban disposición para
mantener la paralización, la empresa sentía la presión política y social;
incluyendo la de la iglesia católica que se hizo parte del conflicto, tal como
ocurrió en el caso minero. Todo esto, que comprendió duros enfrentamientos
con carabineros, ocupación de las instalaciones de la empresa, marchas,
entre otras manifestaciones, finalmente concluye con una negociación inter
208
La forma sindical en Latinoamérica
empresa, donde se alcanza casi la totalidad de los puntos solicitados por la
USINFA (Ruminot, 2009).
En el caso de los trabajadores asalariados agrícolas, también se han
registrado conflictos importantes, como los desarrollados entre fines de
2007 e inicios de 2008 por los temporeros del Valle de Copiapó (tercera
región), de la Provincia del Limarí (cuarta región), del Valle de Aconcagua
(quinta región) y del Valle del Cachapoal (sexta región). Este es un sector
estratégico en la economía chilena, donde han prevalecido históricamente
condiciones muy precarias de trabajo, con una creciente participación
de mujeres y niños. Los trabajadores tienen muchas dificultades para
organizarse y en los hechos ven muy limitada su intervención en procesos
de negociación. En ese marco, es sorprendente lo ocurrido con los llamados
“temporeros” o “temporeras”, que se han agrupado en organizaciones de
distinto tipo, algunas históricas y otras nacidas al calor de los conflictos,
luchando por mejores salarios y un trato digno, evitar los abusos de las
empresas contratistas, denunciar el incumplimiento de la ley, reclamando
un rol más activo y protector de parte del gobierno.
Los temporeros de Copiapó se vieron involucrados en un conflicto
en diciembre de 2007 que incluyó a más de tres mil trabajadores. Constituyeron el Sindicato de Trabajadores Temporales y Eventuales y se
coordinaron con la CUT, la Confederación Nacional Sindical Campesina y
del Agro (Ranquil), la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
(ANAMURI) y otras organizaciones (sindicatos, agrupaciones de mujeres,
cooperativas), para demandar el mejoramiento de sus condiciones laborales
y un salario de 250 mil pesos, propuesto como “salario ético” por la iglesia
meses antes. Cabe destacar que los trabajadores lograron desarrollar
una negociación por rama, con las empresas mandantes, saltándose a
las contratistas. A la vez, constituyeron una mesa de diálogo del sector,
conformada por empresarios, trabajadores y gobierno, donde se acordó el
salario solicitado, entre otros aspectos.
No todos los acuerdos se respetaron, lo que motivó nuevas movilizaciones en enero del 2008, donde se registró una fuerte represión policial. No
obstante, se ha valorado la aparición de un actor que ha mostrado capacidad
de organización, movilización y propuesta, y que ha posicionado el tema de
la desprotección laboral en el trabajo de temporada agrícola, ha visibilizado
las contradicciones entre el éxito de la industria y las magras condiciones
de los trabajadores y trabajadoras, ha logrado un pronunciamiento de las
empresas respecto a los abusos de la subcontratación, consiguió mayor
fiscalización y el establecimiento de un “salario ético” (OLAB, Chile, 2008).
Los problemas y las tareas en este sector siguen siendo numerosos, por
ejemplo, en materia de trabajo infantil y situación de las mujeres. Respecto
al primer tema, las inspecciones de la Dirección del Trabajo constataban
Antonio Aravena Carrasco
209
en enero del 2008 lo siguiente: “Este año hemos sido sorprendidos lamentablemente con un nivel de trabajo infantil que no se había visto antes.
Hemos constatado en la cuarta región una infracción flagrante en materia
de trabajo infantil, donde se han incorporado a menores de edad en el
proceso productivo. Vimos por ejemplo en la Cuarta Región a altas horas
de la madrugada a niños que estaban haciendo la labor de una especie de
inventario y en Valle del Elqui incluso tuvimos que recurrir a la fuerza
pública para que nos dejaran entrar a fiscalizar” (La Nación, 27/01/2008).
Respecto a la situación de las trabajadoras, el Secretario del sindicato de
Trabajadores Agrícolas Eventuales y Transitorios de Copiapó, Gabriel Pino,
señala que “los trabajadores temporeros estamos sufriendo vejámenes que
se han prolongado por más de 20 años, incluso nuestras compañeras han
sido víctimas de abusos sexuales y lo más grave que ocurrió fue la muerte
de una de las trabajadoras” (La Nación, 30/01/2008).
Estas movilizaciones se asociaron en la prensa nacional al surgimiento
de los “megasindicatos”, que también incluía experiencias en otros sectores, como la banca o el retail. Los trabajadores mostraban interesantes
niveles de organización, una fuerza colectiva inusitada, contaban con una
importante base de apoyo y lograban legitimar socialmente sus reivindicaciones. La precariedad de las condiciones laborales y salariales, así como
los problemas para organizarse sindicalmente y negociar colectivamente
constituyeron mensajes muy potentes y convincentes. Todo esto hizo crecer
las expectativas en los dirigentes sindicales. Así, Arturo Martínez, presidente de la CUT, sostenía que “hasta hace poco hubo un proceso de progresiva
atomización sindical, en que surgieron muchas confederaciones chicas.
Pero hoy el proceso es inverso y se están creando estas organizaciones con
un volumen más grande” (La Nación, 10/07/2007). La atomización sindical
no se ha superado, aunque lo ocurrido abrió el espacio para pensar en la
viabilidad de cambios positivos para los trabajadores y sus organizaciones.
Multitiendas, supermercados y Agrosuper
La experiencia de los trabajadores forestales y mineros fue muy importante en este ciclo de huelgas, difundiéndose a otros sectores donde existen
condiciones menos favorables para la acción de los sindicatos. De hecho,
varios dirigentes de la CTC, entre ellos, su presidente, Cristián Cuevas,
acompañaron movilizaciones en distintos sectores, lo que reveló la rearticulación sindical que estaba en curso. Pese a las conocidas dificultades que
existen en el comercio (creación de múltiples razones sociales en las empresas, fragmentando de ese modo la acción de los sindicatos; externalización
de servicios; salarios bajos y condicionados por las comisiones; prácticas
antisindicales; acoso sexual; despidos injustificados; etc.) han surgido
210
La forma sindical en Latinoamérica
coordinadoras, federaciones, confederaciones, sindicatos interempresa,
que han evidenciado una reacción colectiva de los trabajadores. Por ley la
mayoría de estas orgánicas no tienen derecho a negociar, sin embargo, han
sido buenos mecanismos para unir a los trabajadores, generar un sentido
de identidad, apoyar negociaciones en los sindicatos por empresa, logrado
así legitimar sus posiciones.
Cabe mencionar el surgimiento de la Coordinadora de sindicatos de
Cencosud, holding que ha experimentado una sostenida expansión en los
últimos años y que tiene presencia en negocios como supermercados, tiendas
por departamentos, artículos para el hogar y la construcción, entre otras.
Algunas empresas que ésta controla en Chile son Supermercados Jumbo y
Santa Isabel, Almacenes Paris, Textil Foster, Tiendas Easy. La coordinadora
participa permanentemente en movilizaciones nacionales, además de ser
un vehículo para la solidaridad entre los sindicatos que la integran. En las
marchas convocadas por la CUT ha llamado la atención su presencia ya que
la misma representa a los “nuevos trabajadores”, muchos jóvenes y mujeres,
que hacen sus primeras incursiones en el mundo sindical. Además, se ha
incorporado en una red sindical Cencosud en América Latina.
En diferentes multitiendas, como Ripley o Falabella, han surgido federaciones que muestran cierta revitalización de la actividad sindical en este
sector, agrupando a muchos trabajadores. Existe también la coordinadora
de sindicatos del comercio, que surgió en noviembre de 2007, a partir de la
cercanía de procesos de negociación colectiva en cinco sindicatos de Ripley,
Falabella y Paris, y que incluye a otros sindicatos y a cerca de 7 mil trabajadores (La Nación, 01/11/2007). Sin embargo, este proceso no ha sido fácil
y tiene muchas dificultades, entre ellas, la actitud gubernamental, que en
ciertos momentos ha favorecido la relación con algunas de las organizaciones
en desmedro de otras; las disputas al interior del sindicalismo, entre las
nuevas organizaciones y otras más tradicionales; la acción de sindicatos
pro empresa que trastocan las dinámicas sindicales y la percepción de los
trabajadores; las prácticas productivas y sindicales de la empresa; etc. Todos
estos elementos reflejan las dificultades de la unidad sindical en el sector.
A esto se agregan otras movilizaciones, como la que llevaron adelante
los trabajadores del holding Agrosuper (vinculado a la producción de aves,
cerdos y pollos), o las convocatorias nacionales efectuadas por la CUT (como
el paro nacional de agosto de 2007). La paralización de los trabajadores
de Agrosuper, propiedad de Gonzalo Vial, ocurre en la planta Lo Miranda,
sexta región de Chile. Se produce en agosto de 2007 (después de los conflictos suscitados en el sector forestal y minero), debido a la amenaza que
ven los trabajadores de perder un bono de colación luego de la construcción
de un casino en la empresa, aunque existía un malestar más general con
las condiciones de trabajo y salarios, el acoso laboral, la dificultades de las
Antonio Aravena Carrasco
211
madres para cuidar a sus hijos y la falta de libertad para la acción sindical.
El conflicto no se produce en el marco de una negociación colectiva, como
suele suceder, razón por la cual los empresarios denunciaron el carácter
ilegal de esta paralización.
El paro involucró a más de 1200 trabajadores, se prolongó por casi dos
semanas, y tuvo momentos muy tensos, con toma de carretera, barricadas y duros enfrentamientos con carabineros, situación atípica en esta
empresa. Los dirigentes de diferentes sindicatos del holding, a través de
la coordinadora de sindicatos de la empresa, adhirieron a la paralización
señalando la siguiente: “Hacemos un llamado a todos los trabajadores a
continuar expresando su absoluta disconformidad con el trato indigno
de que somos objeto, de las remuneraciones y descuentos injustos y de la
actitud miserable al despedir a dirigentes sindicales y de perseguirlos” (…)
“Queremos que ya no existan despidos masivos e injustificados, queremos
remuneraciones justas, queremos una empresa donde exista verdadera
libertad sindical” (La Nación, 21/08/2007).
La empresa, por su parte, procuró instalar en los medios de comunicación la idea de que la paralización tenía un carácter ilegal, que estaba
influida por intereses políticos, que implicaba romper con el Estado de
Derecho y, consiguientemente, podía conducir a la desestabilización social.
Señalaba también el costo que tendría el conflicto en términos de imagen
e inversiones, aunque los indicadores muestran su sostenido crecimiento
en los últimos años. El gerente industrial de Agrosuper, por ejemplo,
señaló: “nos tienen parada una planta y este es un paro absolutamente
ilegal, porque nosotros no estamos negociando con ellos, no tenemos nada
pendiente” (…) “Aquí hay asesorías externas y todo un movimiento detrás.
Hay gente infiltrada, absolutamente, y al final los que pierden son la misma
gente, porque hay un problema de inseguridad importante” (La Nación,
21/08/2007).
Incluso, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Luis
Schmidt, llegó a comparar este período de agitación social, en que se insertaba el conflicto en Agrosuper, con el escenario político-social vivido en
la Unidad Popular: “Estamos viendo actuaciones que no veíamos hace 30
años, y todos sabemos lo que nos pasó cuando comenzamos a caminar por
ese desfiladero, que usted sabe cómo parte, pero no sabe cómo termina” (La
Nación, 22/08/2007). Y en otra entrevista sostenía: “Es difícil prever esos
conflictos cuando son ilegales. Se supone que existe un período establecido
para negociar, y el resto del tiempo debiera haber tranquilidad y armonía
para producir (…) (La Nación, 26/08/2007). Es decir, las movilizaciones de
los trabajadores generaron una reacción por parte de los empresarios, que
vieron afectadas las condiciones institucionales y sociales que permitieron
el crecimiento de sus negocios.
212
La forma sindical en Latinoamérica
Finalmente, se llegó a un acuerdo que contempló el uso voluntario del
casino, descuento salarial a los trabajadores de 50% por día no laborado,
constitución de una mesa de trabajo, se descartaron represalias y despidos
a los trabajadores que habían participado en la huelga y regresaron de
inmediato a las labores (La Nación, 01/09/2007). Es revelador el hecho
que el cierre del conflicto considerara que no se producirían “represalias”,
situación que es una probable consecuencia después de participar en
un evento de este tipo. El conflicto terminó después de las amenazas de
cierre de la empresa (maniobra utilizada también en otros casos), previo
a la celebración de fiestas patrias, período donde las ventas del sector
aumentan considerablemente. La huelga tuvo momentos muy duros para
los trabajadores, que se organizaron contra todas las disposiciones legales.
Unilever, redes globales y acción ciudadana
Una experiencia novedosa, pero distinta a las anteriores, es la que ha
llevado a cabo el sindicato nacional Nº1 de Unilever. A diferencia de los
casos comentados, su acción sindical, más que en la movilización social,
se basa en el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales del ámbito gubernamental, de la sociedad civil,
del mundo académico y sindical. A la vez, procura desarrollar una gestión
sindical eficaz, atento a los cambios globales que experimenta esta empresa
transnacional. El uso de tecnologías y la importancia del conocimiento
son aspectos relevantes de su estrategia, buscando ser un interlocutor
permanente de la empresa. De la misma manera, en los últimos años, ha
desarrollado esfuerzos por ampliar el concepto de responsabilidad social
empresarial, incluyendo en ella las relaciones laborales, propiciando así un
espacio para discutir un cambio en la cultura empresarial y sindical, que
favorezca el reconocimiento y la negociación entre las partes.
De la misma manera, destaca la utilización de conceptos poco empleados
por el sindicalismo a nivel nacional, como control ciudadano, exigibilidad
de derechos, sentido ético del trabajo, monitoreo tripartito, certificación
social de la producción, transformación del comportamiento empresarial,
etc. Es decir, la acción sindical se despliega a partir del desarrollo de nuevas
orientaciones y capacidades. Pero, al mismo tiempo, intenta provocar que
la empresa incluya criterios éticos en su actividad productiva y en sus
políticas laborales, medioambientales, sociales y sindicales. Además, que
valide organizaciones externas, como aquellas de tipo no gubernamental,
a la hora de definir sus políticas.
Estas orientaciones y preceptos se movilizaron con ocasión del conflicto
derivado de una reestructuración global de la empresa, impulsada entre
diciembre de 2004 y mayo de 2005, que en el caso de Chile implicó el cierre
de tres plantas y el despido de 190 trabajadores. En ese escenario, el sindi-
Antonio Aravena Carrasco
213
cato utilizó las redes político-sindicales y las tecnologías de la comunicación
para hacer visible el problema a nivel local y global. Estableció una relación
permanente con el Ministerio del Trabajo, con organizaciones no gubernamentales y con organizaciones sindicales de distinto nivel, que permitieron
sustentar técnicamente las acciones del sindicato y le otorgaron mayor
poder de negociación. Particularmente importante fue la vinculación con
la CUT (organización a la que se había afiliado con respaldo mayoritario
de sus socios), quien presentó la denuncia en representación del sindicato.
Así, tras denunciar a la empresa por incumplir las directrices de la
OCDE (específicamente, cierre sin aviso de las plantas en Chile), el conflicto
salió del ámbito de la empresa. En un hecho inédito en el país, el sindicato
continúa el proceso de negociación (conciliación, técnicamente) en el Punto
Nacional de Contacto, que físicamente se ubica en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como resultado de este proceso, el sindicato logró pasar
de una situación defensiva y desventajosa a una de mayor fortalecimiento.
Si bien no detuvo la reestructuración, sí logró mejores condiciones de
salida para los trabajadores y para el funcionamiento de la organización,
validándose así ante la empresa y los trabajadores. Asimismo, la utilización
de este instrumento ha significado un proceso de aprendizaje y maduración
sindical muy importante, que permitirá encarar de mejor modo eventos
similares en el futuro (OXFAM, 2006).
Podemos apreciar, a partir de esta experiencia, la importancia que
adquiere el conocimiento y el uso de redes e instrumentos internacionales
en la acción sindical. Considerando que las organizaciones están insertas
en un mundo cada vez más dinámico e interconectado es posible pensar en
incorporar nuevos mecanismos de negociación, que incrementen su poder.
Entre ellos se encuentran los vinculados a las directrices de la OCDE, que
se refieren a múltiples aspectos, y las normas internacionales del trabajo
de la OIT, por mencionar sólo algunos. Las directrices de la OCDE también
fueron utilizadas en el 2002 cuando la organización holandesa Amigos de la
Tierra denunció a la empresa salmonera Nutreco / Marine Harvest, ubicada
en la décima región de Chile, por incumplir aquellas vinculadas a aspectos
ambientales y sociales. Posteriormente, las organizaciones sindicales se
integraron al proceso de monitoreo de los acuerdos suscritos. En el caso
de las normas OIT diversas organizaciones han presentado quejas, sin
embargo, las recomendaciones que surgen de dicho proceso no obligan
jurídicamente, por lo que ha tenido un impacto menor en el sector privado,
a diferencia de lo que sucede en la administración pública, donde existen
mejores experiencias (Revista Laboral, ICAL, 2007).
Cabe mencionar que el desarrollo de redes y campañas ciudadanas ha
comenzado a ser incorporado en algunos sindicatos para dar a conocer
sus problemas y superar de esa forma las barreras comunicacionales
214
La forma sindical en Latinoamérica
que enfrentan en el país. Una de las redes utilizadas es el Encuentro de
Movimientos Sociales de América Latina, el Caribe y Europa, que funciona
a partir de un Tribunal ciudadano, donde se “juzga” el comportamiento
de las empresas transnacionales, promoviendo el control ciudadano. A los
encuentros efectuados en Austria y Perú asistieron dirigentes sindicales de
Chile. En el primer país los casos presentados fueron los de la Federación
de Trabajadores de la Industria Pesquera (FETRAINPES), por bajos estándares laborales en la salmonera Marine Harvest, y los procesos derivados
de la reestructuración en Unilever que ya comentamos (Revista Laboral,
ICAL, 2006). En Perú se expuso el caso de la salmonera Mainstream S.A.,
perteneciente a la transnacional Cermaq, por violar los convenios 87 y 98
de la OIT y las directrices de la OCDE sobre empleo, relaciones laborales,
medio ambiente y competencia (Presentación Tribunal Permanente de los
Pueblos, 2008).
El sector público y la modernización del Estado
En el sector público, a diferencia del ámbito privado, se han observado
desde hace varios años importantes niveles de organización, que incluyen
acciones muy diversas (paros nacionales, marchas, reuniones políticas,
paralizaciones momentáneas, etc.), hacen uso de las tecnologías de la
información, y cuyas protestas tienen un sentido de festividad, y en general
cuentan con atención de los medios de comunicación. Aunque no tienen
derecho legal a negociar colectivamente, hacen uso de esta facultad por la
vía de los hechos, debido a su fuerza social. De acuerdo a algunos estudios,
a partir de la década de los 90 los conflictos laborales se han desplazado
desde el sector privado al público y municipal, con un mayor protagonismo
de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Esto, a diferencia
de lo que ocurría antes de 1973 donde el papel de la CUT era preponderante (Armstrong, Águila, 2006). La ANEF, en todo caso, participa en la
central, siendo una fuerza mayoritaria en ella, razón por la que muchos le
asignan un papel fundamental en el reimpulso de la actividad sindical. La
asociación adhiere al sindicalismo sociopolítico, combinando sus demandas
gremiales con otras de carácter nacional y sectorial (salud, educación, etc.).
Desde los 90 los procesos de modernización del Estado han influido en
las acciones de los gremios públicos. En ese marco, aparecen nuevas concepciones, problemas y demandas. Por ejemplo, se han debido fijar posiciones
respecto a temas como gestión y evaluación del desempeño, productividad,
eficiencia, trabajo en equipo, transparencia, manejo de información, etc.,
que generalmente están en tensión con la promoción de políticas ligadas a
condiciones laborales y salariales. A la vez, han combinado reivindicaciones,
algunas dirigidas a proponer cambios en el modelo económico y otras de
Antonio Aravena Carrasco
215
tipo corporativas que se centran en temas salariales, estabilidad laboral,
daño previsional, participación en los procesos y decisiones, etc. En los
últimos meses, también ha cobrado resonancia el tema de la regulación
legal de la negociación colectiva, lo que ha llevado a un intenso proceso de
análisis y discusión en las asociaciones del sector público.
A nivel sectorial, sólo por citar un caso, se puede mencionar lo ocurrido
con la Confederación de Trabajadores de la Salud (CONFENATS) que, al
igual que otras organizaciones del sector, se ha movilizado en los últimos
años contra la reforma al sistema de salud y al plan Auge que se implementa en Chile. Esta reforma hizo que los trabajadores discutieran sobre
el modelo de salud existente en el país, el sistema de financiamiento, los
roles del Estado, la participación social en el diseño de políticas públicas,
etc., incorporándose en instancias de diálogo con el gobierno, pero también
activando la presión social. Los gremios de la salud, así como los profesores,
continúan exhibiendo fuerza y capacidad de convocatoria, independientemente de los problemas internos que cada cierto tiempo se suscitan, con
mayor o menor intensidad.
Un tema diferente es el que ocurre con los trabajadores de empresas
públicas, que han debido enfrentar procesos de privatización o reestructuración, tanto durante el régimen militar como “en democracia”, lo que
ha conducido al despido de contingentes importantes del personal. Tras
intentar resistir los cambios, los sindicatos buscaron mejores condiciones
de salida, lo que se expresó en que muchas indemnizaciones fueran superiores a lo establecido legalmente. No obstante, los procesos significaron
condiciones menos favorables para los trabajadores que posteriormente se
incorporaron en estas empresas; muchos de ellos, a partir de la modalidad
de subcontratación o formas más inestables, como se puede observar en
Telefónica. En esta empresa, los cambios soportaron la movilización sindical, que se entendía inherente al ajuste.
También hay estrategias que han favorecido el diálogo. En los 90 se
establecieron en CODELCO planes conjuntos entre empresa y sindicato
(alianza estratégica), que involucraron un compromiso de ambas partes
para dar sustentabilidad a la actividad minera. En esos términos, por lo
tanto, se reducían los niveles de conflictividad, pero se establecían condiciones que otorgaban mayor estabilidad laboral. Esto no siempre fue posible
y en el caso de la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR), más allá de
los esfuerzos realizados por los trabajadores para demostrar que se podía
producir eficientemente, la empresa procedió al cierre de sus plantas en el
sur de Chile (Rojas, Aravena, 1999).
216
La forma sindical en Latinoamérica
Conclusiones
El presente escrito ha procurado avanzar en la reflexión sobre la situación del sindicalismo en Chile, tratando de describir nuevas tendencias.
Para tal efecto hemos vinculado el análisis con los estudios realizados en
América Latina. Hemos destacado que los trabajadores, pese a las profundas dificultades, han desarrollado nuevas formas de acción, reinstalándose
en la sociedad chilena. No han buscado sólo adecuarse a las condiciones políticas y económicas existentes, sino que se han involucrado con propuestas,
de manera crítica y creativa. Así, por ejemplo, los sindicatos de diferentes
empresas (o razones sociales) de un holding, en diferentes sectores, han
negociado en conjunto con la matriz, forzando esta situación por la vía
de organizaciones masivas. Estas experiencias revelan la resistencia de
los trabajadores a la estructura legal instaurada por el régimen militar,
así como a las grandes desigualdades sociales y los contrastes entre las
utilidades de las empresas y los salarios de los trabajadores que, además,
están inmersos en formas muy precarias de trabajo.
Muchos dirigentes han sostenido, a partir de estos casos, que el sindicalismo chileno debe continuar imponiendo cambios a través de los hechos.
Sin embargo, esto debe ser objeto de un examen más acabado, considerando
los diferentes factores que inciden en sus posibilidades y limitaciones. A
la vez, hemos expuesto que en algunos sectores se están implementando
estrategias más cercanas a lo que podríamos denominar, preliminarmente,
una diplomacia sindical. Esto es, el desarrollo de relaciones nacionales e
internacionales que permiten aumentar sus recursos, capacidades y poder
de negociación. Y en otros casos, como la experiencia de la Federación
de Trabajadores de Call Center (FETRACALL), se está recién haciendo
un camino en el plano sindical, lo que podría conducir a la utilización de
diferentes recursos. En tal sentido, más que adherir a una estrategia en
particular es factible pensar que dicho actor debe explorar diversas fórmulas, que den cuenta de las heterogéneas situaciones en que se encuentran
los trabajadores y sus organizaciones. Esto no implica suprimir el desafío
de la unidad más transversal del sindicalismo, que podría considerarse
creando coordinaciones de distinto tipo.
Las experiencias examinadas presentan algunos elementos comunes.
Se aprecia el desarrollo de organizaciones amplias, que permiten extender
los horizontes de la unidad sindical. Es lo que ocurre con los trabajadores
forestales que crean la Unión de Sindicatos Forestales (USINFA) y, con
los trabajadores de la minería, fundan la Confederación de Trabajadores
del Cobre. Lo mismo sucede en el comercio y en Unilever (donde se ha
conformado una federación sindical), entre otros sectores. Es decir, hay una
disposición favorable por parte de los trabajadores a organizarse colecti-
Antonio Aravena Carrasco
217
vamente, aunque el papel de los dirigentes sigue siendo muy importante.
A esto podemos agregar la experiencia desarrollada previamente por la
Coordinadora de sindicatos del grupo Luksic que agrupa a sindicatos de
diferentes empresas y rubros, proponiendo espacios de reconocimiento,
identificación y solidaridad más allá del ámbito de la empresa.
Cabe destacar también el desarrollo de alianzas, la valoración del
conocimiento, el uso de las tecnologías de la información y de nuevos
mecanismos e instrumentos de negociación, como elementos distintivos
de las nuevas formas de acción que han emergido. Los trabajadores de la
minería y del ámbito forestal realizaron un trabajo muy interesante que les
permitió contar con el respaldo de actores políticos (expresado en acciones
concretas de autoridades del gobierno y parlamentarios), de la iglesia y de
organizaciones ciudadanas. A esto se suman los vínculos con organizaciones
sindicales de carácter internacional, con las que mantienen lazos formales
(que implican afiliación y cotización) e informales. En el caso del sindicato
Unilever la relevancia de los recursos mencionados es tanto o más central,
pues estructuraron su estrategia en momentos de conflicto.
Asimismo, las experiencias muestran cambios en las prácticas internas
de las organizaciones sindicales, que procuran establecer una relación más
estrecha entre los dirigentes y las bases, otorgándole a esta última poder
de control sobre los dirigentes; desarrollar trabajo en equipo, incorporando
asesoría profesional; promover principios éticos en su funcionamiento;
renovar la dirigencia sindical (muchos dirigentes sindicales en los sectores
analizados son de edades relativamente bajas); generar propuestas, sin
limitarse a la denuncia de los problemas; etc. En este sentido, instalan una
crítica al sindicalismo que ha prevalecido en el período postdictadura por
no disponer de un proyecto claro, haber perdido autonomía frente al gobierno y los partidos políticos (aunque muchos dirigentes tienen militancia
política), incurrir en prácticas poco transparentes, fomentar el caudillismo,
obstaculizar la renovación sindical, etc., abriendo de ese modo un debate
muy serio al interior del propio movimiento.
Ahora bien, cabe reparar en las dificultades que continúan enfrentando
los sindicatos. Debido a las barreras comunicacionales es difícil visibilizar
los conflictos sindicales, lo que sólo en algunas circunstancias se logra
superar. Se puede ejemplificar esta situación en dos casos ocurridos en el comercio: en julio de 2006, el sindicato de trabajadores de muebles Paris fue a
huelga, la primera huelga de la empresa, involucrando a cerca de 300 socios;
en octubre de 2008, el sindicato del supermercado Montecarlo también
fue a huelga, involucrando a más de 1000 trabajadores (Coordinadora de
Sindicatos Cencosud, 2007-2009). En ambos casos, hubo baja cobertura
en la prensa y prácticamente nula en los noticieros de la televisión, lo que
218
La forma sindical en Latinoamérica
ha hecho que los sitios web de las organizaciones sindicales comiencen a
ser valorados como mecanismo de información, con las limitaciones que
ciertamente tienen.
No se puede dejar de mencionar el costo personal que tiene la actividad
sindical, que conduce a que muchos trabajadores eviten ser parte de ella.
Existen frecuentes testimonios de dirigentes sindicales y trabajadores
en este sentido. A modo de ejemplo, rescatamos los dichos de Fabiola
Parra, dirigente sindical, que en el marco de la huelga del sindicato del
supermercado Santa Isabel Preaservice, en noviembre del 2009, dice: “El
costo humano es enorme; tanto para las dirigentes como para los cientos
de trabajadores y sus familias que deben cargar con el miedo al despido,
el hostigamiento de ciertas jefaturas, la suspensión del salario, etc. Hay
que tener mucho coraje para sortear una situación así” (Coordinadora de
Sindicatos Cencosud, 2009).
Asimismo, si bien las experiencias examinadas muestran que los
sindicatos lograron superar las barreras del plan laboral instaurado en
dictadura, no es menos cierto que ese marco sigue rigiendo las relaciones
laborales en nuestro país. Probablemente, ésta sea una de las principales
deudas de los gobiernos de la Concertación con los trabajadores. En ese
sentido, las organizaciones ven limitada su acción y no siempre logran
acumular las fuerzas suficientes para llevar a cabo movilizaciones como
las que se han descrito. A esto se agregan los problemas internos en el
propio sindicalismo, que han sido indicados en otros párrafos de este texto,
así como la represión policial que suelen enfrentar los trabajadores en
estos conflictos. Además, como una consideración más general, se debe
tener presente que los cambios que ha sufrido la sociedad chilena han
llevado la introducción de nuevas pautas culturales y una inclinación al
individualismo y el consumo que evidentemente afectan la forma como los
trabajadores se representan el trabajo y la organización sindical.
Estas situaciones han conducido a que muchas huelgas no tengan los
efectos esperados por los trabajadores, huelgas que igualmente creemos
que es importante analizar para reconocer los factores que inciden en la
trayectoria de los conflictos. En ese sentido, un ejemplo es el análisis que
realiza Álvarez (2009) de lo ocurrido en una empresa salmonera. Situado en
el mismo ciclo de huelgas que los ocurridos en la minería, el sector forestal
y la agricultura (se extendió entre diciembre de 2007 y marzo de 2008) tuvo
un recorrido diferente. Si bien lució grados importantes de fuerza sindical,
no dispuso de los mismos apoyos políticos y, por el contrario, debió enfrentar
una dura respuesta de la empresa. Debido a esto las consecuencias del
conflicto fueron una pérdida de poder sindical en la décima región. Más
recientemente, tuvo lugar una huelga de 32 días en Farmacias Ahumada
(FASA) que, pese al esfuerzo y los logros obtenidos, dejó a sus dirigentes
Antonio Aravena Carrasco
219
con un sentimiento de “descontento e impotencia hacia la empresa” (La
Nación, 06/11/2010).
Pensamos que es muy importante preguntarse por el lugar que ocupan
los trabajadores en la sociedad, así como sus formas de representación
colectiva. Lejos de las visiones que adhieren a las tesis del fin del trabajo
(y el fin de los actores colectivos que actúan en el trabajo), los sucesos
examinados muestran un actor vivo, que se renueva y busca construir
proyectos propios. Por eso es necesario continuar desarrollando investigaciones en el campo de los estudios sindicales, innovando teórica y
metodológicamente. En esa dirección, hay ciertos elementos que creemos
pueden ayudar a orientar futuras investigaciones. Se debe problematizar
el sentido de la crisis sindical y salir al paso de argumentos simplificadores
que la relacionan exclusivamente a las tasas de sindicalización; hay que
reexaminar la historia sindical, complejizando los análisis sobre sus dinámicas y funcionamiento; hay que vincular la situación del sindicalismo con
la de otros actores y procesos; etc. (Aravena, 2007).
De la misma manera, tal como sostienen algunos investigadores en
América Latina, es posible asumir una concepción ampliada del sindicalismo, que no lo restrinja sólo al trabajador asalariado o al nivel de la empresa,
sino que incluya a trabajadores o empleados del ámbito privado o público,
activos o no, que se organizan en defensa de sus intereses. Es decir, tal como
sostiene De la Garza, creemos que debido a que el trabajo ha experimentado
cambios es necesario modificar la perspectiva de análisis, repensando las
nociones tradicionales que se utilizaban para estudiarlo (De la Garza, 2006;
De la Garza, s/f). Esto contribuirá a apreciar las particularidades de la
acción sindical, así como las nuevas configuraciones que están surgiendo.
Naturalmente, este escenario genera desafíos al propio sindicalismo.
Algunos que nos parecen relevante mencionar son: realizar esfuerzos
concretos por constituirse en un actor político y social, capaz de ofrecer
o sumarse a proyectos democratizadores de la sociedad chilena; incorporar nuevas prácticas y valores en las organizaciones, apreciando la
democracia sindical, el trabajo en equipo, el conocimiento, la formación
político-sindical, entre otras cosas; desarrollar la capacidad propositiva,
ampliando la plataforma de demandas sindicales, incorporando temas
ligados a medioambiente, consumo, discriminación, género, jóvenes, salud,
por citar algunos; pensar globalmente el sindicalismo, propiciando las
alianzas, la solidaridad y la acción en ese nivel; etc. Estas preocupaciones
probablemente tendrán derroteros muy diversos en los diferentes niveles
y sectores del sindicalismo. De la misma manera, requieren considerar la
participación de otros actores, no sólo del Gobierno, las empresas o partidos
políticos, sino de universidades, ONGs, movimientos ciudadanos, entre
muchos más, que interactúan o afectan las dinámicas sindicales.
220
La forma sindical en Latinoamérica
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Iram Jácome Rodrigues
223
Implicaciones sociopolíticas del surgimiento de la
Central Única de los Trabajadores (CUT) en Brasil1
Iram Jácome Rodrigues
Sociólogo y Profesor de La Facultad de Economía
y del Programa de posgrado en Sociologia en la
Universidad de San Pablo (USP). [email protected]
Introducción
El objetivo de este texto2 es reflexionar sobre los años de formación de
la Central Única de los Trabajadores (1983-1991) y entender las formas
mediante las cuales los trabajadores irrumpieron en el escenario brasileño
al final de los años 1970 y durante toda la década de 1980. El punto central
del texto es discutir el papel desempeñado por el sindicalismo brasileño,
especialmente de la CUT, en el proceso de transición política en este período
y en la consolidación de la democracia en el país. Hoy, la Central Única de
los Trabajadores es una central sindical de gran importancia en el contexto
brasileño y latinoamericano.
La derrota experimentada tras el golpe de 1964 en Brasil desarticuló,
por un largo período, el movimiento de los trabajadores en Brasil. El proceso
de rearticulación tomó varios años y esa reorganización desembocaría en
la estructuración -después de un largo período de gestación- de dos polos
distintos, pero complementarios, al interior del movimiento obrero y del
sindicalismo brasileño: la Oposición Sindical Metalúrgica de São Paulo, en
la capital paulista, y el Sindicato de los Metalúrgicos de San Bernardo do
Campo y Diadema, en la región metropolitana de São Paulo.
Comenzaba entonces a surgir una nueva cepa de activistas al interior
de las empresas, principalmente entre los trabajadores metalúrgicos. La
1 Para una visión más amplia de este período y un análisis más minucioso de
las cuestiones aquí tratadas, ver el libro de mi autoría Sindicalismo e Política:
a trajetória da CUT (1983-1993). São Paulo, Editora LTr, 2ª. Edição, 2011.
2 Traducción de Catalina González-Zambrano.
224
La forma sindical en Latinoamérica
actuación de ese grupo consistía, por una parte, en pequeños embates que
caracterizaban las luchas obreras en el período 1969/77; por otra parte, en la
crítica a la práctica del sindicalismo populista, previo a 1964. Esos activistas
que forjan su lucha contra el régimen autoritario, siempre presente en el
cotidiano de las empresas durante ese período, aparentemente tienen una
mayor sensibilidad hacia lo que está pasando al interior de la clase trabajadora, ya que forman parte de esa reorganización del movimiento obrero
y, además, por lo menos en parte, pertenecen a esa vanguardia, que está
criticando la práctica sindical del período previo a 1964. Del mismo modo, la
acción de pequeños grupos, con su voluntarismo, busca substituir la acción
de masas, como sucedió con la experiencia de un sector de la izquierda que
defendía la lucha armada. Eso lleva a que militantes de los partidos políticos
de izquierda -en una época de clandestinidad-, en su intento por conseguir
una conexión más fuerte con el movimiento de masas, lleguen a las fábricas
y a los barrios de la periferia de las grandes ciudades, particularmente al
área metropolitana de São Paulo.
Ese proceso trae para el sindicalismo dos vertientes distintas, que en el
camino se encuentran durante los acontecimientos de 1978: el patrón de
acción de los sindicalistas de San Bernardo y la organización de base de los
militantes de la Oposición Sindical Metalúrgica de São Paulo. Estos aspectos explican la sensibilidad y creatividad que ambos grupos de trabajadores
tuvieron frente al momento de la eclosión de las huelgas.3
La concepción de esos dos movimientos y sus prácticas crearán las condiciones para el surgimiento de un nuevo tipo de acción sindical, conocido
inicialmente como nuevo sindicalismo, en oposición a la actividad sindical
vigente en el período anterior a 1964. Es esa nueva praxis sindical la que,
en buena medida, mostrará su eficacia en la acción de los trabajadores
posterior a 1978, y que da origen al Partido de los Trabajadores (PT) y a la
Central Única de los Trabajadores (CUT).
La Oposición Sindical Metalúrgica
La Oposición Sindical Metalúrgica de São Paulo surge después del
golpe de 1964. La primera agregación más orgánica de los activistas, que
posteriormente van a formar ese movimiento, ocurre durante las elecciones
para el Sindicato de los Metalúrgicos de São Paulo en 1967.
En ese año, un grupo de trabajadores provenientes de organizaciones de
izquierda, así como de sectores vinculados a la Iglesia Católica, forman una
lista opositora a la dirección del Sindicato, dirigida por Joaquim dos Santos
3 Iram Jácome Rodrigues. “As comissões de empresa e o movimento sindical”.
In: Armando Boito Júnior (org.) O sindicalismo brasileiro nos anos 80. São
Paulo, Paz e Terra, 1991, p. 153.
Iram Jácome Rodrigues
225
Andrade. Es el primer momento, después de 1964, en que los activistas
dispersos hasta entonces logran articularse para contraponerse, de forma
más organizada, al sindicalismo que había sido puesto en práctica por
la dirección sindical.4 Este era un sindicalismo que normalmente estaba
apartado del conjunto de demandas de la clase trabajadora en la capital
paulista, así como de la defensa para mejorar las condiciones de vida y
trabajo de los metalúrgicos.
Al funcionar como un frente de trabajadores, la Oposición Sindical -con
una influencia significativa de la Iglesia y de militantes de movimientos de
izquierda que fueron paulatinamente tomando distancia y hasta rompieron
con sus organizaciones al inicio de los años 70-, durante todo el régimen
autoritario, tuvo como una de sus principales banderas la defensa de la
organización de base de los trabajadores en las unidades de producción.
Además, defendía también la constitución de comisiones de empresa al
interior de las fábricas (influenciada por la experiencia de las comisiones
obreras en España y por los consejos de fábrica italianos), reclamaba poner
fin a un tipo de estructura sindical subordinada y dependiente del Estado,
y por consiguiente, afirmaba la libertad y la autonomía sindical, esto es,
un sindicalismo de masas y democrático.
Como lo muestra Hamilton Faria5, entre 1964/68, la participación de
núcleos de trabajadores más organizados en el movimiento obrero es muy
pequeña, “a excepción de los grupos de origen católico”.
Por un lado, aquellos sectores provenientes de la Iglesia Católica desempeñaron, al comienzo de la estructuración de la Oposición, un papel
más relevante que el de muchos grupos diseminados de la izquierda que se
aproximaban a una práctica más vinculada con el movimiento de masas y,
principalmente, a un trabajo con los obreros al interior de la fábrica. Esto
sucede por varios factores, entre los cuales, según Faria, pueden ser mencionados “la cercanía de esos núcleos (católicos) en relación al movimiento
obrero, a su actuación organizativa, y al espacio que existe para el trabajo
de la Iglesia en los años subsiguientes al golpe”.
Por otro lado, el movimiento huelguista, iniciado en mayo de 1978 en São
Bernardo do Campo, se va a encontrar con una Oposición en plena actividad
electoral: la disputa por la dirección del Sindicato de los Metalúrgicos de
4 Sobre la política del sindicato durante el período 1978-1983, ver Arnaldo Nogueira. Modernização conservadora no sindicalismo brasileiro: a experiência
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo (1978-1983). Trabajo de Maestría,
presentada al departamento de Ciencias Sociales de la Unicamp, 1990.
5 Hamilton Faria. A experiência operária nos anos de resistência: a oposição
metalúrgica e a dinâmica do movimento operário (1964-1978). Dissertação
de mestrado, Departamento de Ciências Sociais da PUC-SP, 1986.
226
La forma sindical en Latinoamérica
São Paulo que debía realizarse en junio de ese año. La campaña había comenzado en marzo6 y, de cierta forma, la lista encabezada por el metalúrgico
y activista de la Oposición Sindical, Anísio Batista de Oliveira, encarnaba
la madurez organizativa de la Oposición. Esta era la tercera elección por
la dirección del sindicato en la que había una participación de la propia
Oposición: las dos anteriores fueron durante las disputas de 1967 y 1972.
La corriente sindical para ese momento ya tenía un trabajo significativo
al interior de las principales empresas metalúrgicas de la capital, así lo
demuestran los hechos relacionados a la eclosión de huelgas en São Paulo.
Esos aspectos corroboran la idea de que, en el primer semestre de 1978,
la Oposición era de hecho una referencia relevante desde el punto de vista
sindical y estaba, además, integrada por sectores significativos de trabajadores. En ese contexto, el movimiento paredista de la capital gana mayor
relevancia. Durante los primeros meses de paralizaciones por empresa
en este municipio, por ejemplo, 75 fábricas metalúrgicas se quedaron
sin trabajar. Además, otras sesenta fábricas hicieron un acuerdo con sus
empleados: “Apenas con la amenaza de huelga, la resistencia patronal, que
durante las primeras veinte huelgas se demoraba, en promedio, más de
tres días y medio para aceptar algún acuerdo, se redujo y en las cincuenta
huelgas subsiguientes ese promedio bajó a un día y medio (...)”
Cerca de la mitad de las empresas del sector metalúrgico que hicieron
huelga, o tan sólo amenazaron con paralizar sus actividades, “tenían más
de quinientos obreros; 30% tenían entre doscientos y quinientos obreros;
10% entre cien y doscientos obreros y el resto 10% menos de cien obreros”.7
Estaban dadas las bases para una formulación más estructurada de
esta nueva corriente sindical, que ya venía participando activamente de
las experiencias de los trabajadores a partir del período inmediatamente
posterior a 1964, tanto en el día a día de la fábrica, como en el cotidiano
del barrio.
La experiencia
Diadema
del sindicalismo de
São Bernardo Do Campo
e
El año de 1978 fue emblemático para la lucha de los trabajadores, pues
es en este momento que se dan las primeras huelgas en cada fábrica de la
6 La papeleta electoral No. 3, correspondiente a la Oposición Sindical, presentó
oficialmente sus candidatos y su programa en la noche de un martes 4 de abril
de 1978. Murilo Carvalo. “A noite dos metalúrgicos”. In: jornal Movimento,
10/4/1978, p. 6. Sin embargo, la campaña ya había ganado en las fábricas
desde el mes anterior.
7 Idem, p. 3.
Iram Jácome Rodrigues
227
región del ABC paulista, luego de diez años sin movimientos significativos
del sindicalismo. La sociedad civil fue sorprendida cuando los trabajadores,
que escasamente eran mencionados en la prensa -cuando lo hacían aparecían tan sólo en los segmentos económicos-, de repente pasaron a ocupar
las primeras páginas de todos los periódicos y en los noticieros de radio y
televisión. A su manera, logran colocarse, de un momento para otro, en el
centro de atención política de todo el país.
El movimiento huelguista comienza en São Bernardo en mayo de
1978, posteriormente se extiende por todas las regiones de Brasil y logra
finalmente movilizar a un amplio espectro de asalariados transformándose
en un hecho político fundamental que transformaría, a mediano plazo, la
geografía del poder al colocar en el centro del debate una nueva agenda
política en la que se destacarían las demandas de los trabajadores.
Las huelgas, más allá de su significado específico de reivindicación por
el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, abren en el debate
nacional nuevos temas de gran importancia para las clases trabajadoras.
Sitúan, por primera vez, de forma concreta, el tema de los derechos de
ciudadanía para los trabajadores.
Defendiendo un patrón de acción sindical distinto del que fuera hegemónico antes de 1964, el Sindicato de São Bernardo, durante los años 70,
va definiendo su actividad y desarrollando el perfil de un sindicalismo de
masa empeñado en la solución de los problemas laborales al interior de las
empresas. En ese sentido, las preocupaciones del Sindicato se aproximan a
las observadas en la Oposición Sindical Metalúrgica de São Paulo, siendo
la más importante de ellas, sin duda, la cuestión de la organización de base
de la clase trabajadora. En este aspecto, “una reconstitución más minuciosa
de la historia del Sindicato de São Bernardo muestra que a partir de 1969
(…) comienza a manifestarse una cierta ofensiva en las negociaciones con
el patronato. Un ejemplo es la lucha por el anticipo salarial (octubre de
1971), de acuerdo a las condiciones poco favorables dentro de las cuales
ella se desarrolla”. A partir de las elecciones realizadas en 1972, Lula
entra a formar parte de la dirección, junto con otros dirigentes, “mostrando
sensibilidad frente a lo que pasa en las fábricas”, y crean un instrumento
llamado Consejo de Coordinación de los Trabajos de Base, que tiene como
propósito “establecer un puente entre la lucha del sindicato y aquella
que se despliega dentro de la empresa”.8 Los sindicalistas tienen pues
una determinada percepción sobre la relación de la organización de los
trabajadores en las unidades de producción. De cualquier manera, esta
8 Marco Aurélio Garcia, São Bernardo: a (auto) construção de um movimento
operário. Desvios, n. 1, São Paulo, novembro de 1982, p..
228
La forma sindical en Latinoamérica
es una temática que, a nivel internacional, está presente en la práctica
sindical desde mediados de los años 1960.9
La experiencia del sindicalismo de São Bernardo, así como de los activistas de la Oposición, lleva a reposicionar el lugar de trabajo como espacio
privilegiado del conflicto entre empleados y empleadores. Esta es una
especificidad que se encuentra presente tanto en la región del ABC como
en la capital paulista.
Es a partir de los temas relacionados con las condiciones de trabajo y
de los salarios, así como de las condiciones de vida de los metalúrgicos al
final de la década de los 60 y comienzo de los 70, que el surgimiento de esa
nova praxis sindical altera de sobremanera la correlación de fuerzas en el
sindicalismo al rescatar la lucha por los derechos para los trabajadores a
partir del lugar de trabajo. Este hecho es el que sin duda causará un fuerte
impacto entre los metalúrgicos en un primer momento y posteriormente se
extenderá a amplios sectores de las clases trabajadoras, funcionando como
un punto de irradiación cuyo origen es São Paulo.
A pesar del clima político que reina en el país al final de los años 1960 y
al inicio de 1970, se observa que el movimiento de los sindicatos brasileños
bascula entre reuniones, congresos y seminarios para discutir la situación
de los trabajadores.
Si el régimen militar consigue por un período controlar a la oposición
política, no consigue controlar completamente a la sociedad civil. El
sindicalismo expresa de forma clara y concisa su inconformidad con los
destinos del país al reivindicar libertades democráticas. Al tiempo que se
critica al régimen dictatorial, se defiende una participación mayor de los
trabajadores en la renta nacional. Son demandas que se inscriben en el
ámbito de los derechos políticos, sociales y económicos para el conjunto de
la clase trabajadora.
Basado en la experiencia de São Bernardo, y en consonancia con estas
cuestiones, aparece lo que se ha llamado nuevo sindicalismo.
Después del vacío dejado por el golpe de 1964, nuevas formas de actuación se van estructurando y comienzan a ocupar un espacio relevante
dentro de la sociedad civil, en lo que se refiere tanto al enfrentamiento
contra la antigua estructura sindical como contra el régimen autoritario.
En este contexto, este grupo de sindicalistas va afirmando su identidad
como una corriente del movimiento sindical.
9 Ver, por ejemplo,, Coulin Crouch e Alessandro Pizzorno (orgs.). El resurgimento
del conflito de clases em Europa Occidental a partir de 1968, Vol 1. Madrid,
Centro de Publicaciones Ministerio de TRabajo e Securidad Social, 1989. La
edición original de esta obra, compuesta de dos volúmenes, es de 1978.
Iram Jácome Rodrigues
229
Iglesia Y Movimiento Obrero
La gran mayoría de los activistas de la Oposición Sindical que eran
parte de grupos de ideología socialista venían de tendencias de izquierda
y buscaban, al final de la década de 1960 y principalmente al comienzo
de 1970, hacer un ajuste de cuentas con su pasado militante intentando
llegar a las masas. Este intento se realizaba a través de actividades en los
barrios o por medio del trabajo dentro de la fábrica. Otro grupo minoritario
de sindicalistas construía su crítica sobre la estructura sindical, las condiciones de vida y de trabajo en las que vivían sectores considerables de las
clases trabajadoras, a partir de las condiciones concretas de vida y prácticas
cotidianas. Las discrepancias de este segundo grupo sobre los variados
aspectos de la política que regían el aparato sindical, eran el resultado de
su experiencia al “interior de la “máquina”, o sea, de la estructura sindical
y/o del sindicato. Excepto en raras ocasiones, estos sindicalistas no tenían
grandes relaciones con la izquierda y, normalmente, se autodenominaban
independientes.10 Su visión pragmática inicial luego sería politizada. A
pesar de todas las diferencias existentes entre estos dos patrones de acción
sindical, lo que los aproxima aparentemente son sus formas de actuación
y su estrecha relación con la Iglesia Católica.
La Iglesia, entonces, ejerce una fuerte influencia al lado de los activistas
sindicales durante todo el período de resistencia al régimen autoritario.
Este hecho es fundamental, en primer lugar, para comprender el giro dado
en la temática reivindicativa y, en segundo lugar, por la idea de que “ir a
las bases” se refería al trabajador no sólo como un obrero de fábrica, sino
también como ciudadano.
Esta estrecha relación con los movimientos católicos llevará a esas dos
corrientes a tener prácticas mucho más próximas durante todo un período.
Heloísa de Souza Martins afirma que “la emergencia de una clase obrera
organizada y combativa, así como de un sindicalismo auténtico no se da por
casualidad a partir de las huelgas de 1978, ni exclusivamente a partir del
Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo (…). Es preciso igualmente
considerar, al lado de otras fuerzas, la actuación de los militantes cristianos
en el movimiento operario y sindical y avistar su influencia en los rumbos
del sindicalismo auténtico, especialmente en la región del ABC. Estos
militantes que en su práctica política enunciaban varias características
que hoy son atribuidas a los ‘nuevos’ movimientos sociales”.11
10Ver, por ejemplo, entrevista con Paulo Vidal Neto, en la época, presidente
del Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema, al
diario Opinião de 16 de septiembre de 1974, p. 3.
11 Heloísa de Souza Martins. Igreja e movimento operário no ABC: As raízes do
230
La forma sindical en Latinoamérica
Continuando con la participación de la Iglesia al lado del movimiento
obrero, específicamente junto al sindicalismo del ABC paulista, es necesario
aclarar que “el apoyo de la Iglesia al movimiento obrero en el ABC no surgió
con las huelgas de 1979 y 1980. Por el contrario, existía en la historia
de luchas obreras en el ABC una destacada participación de militantes
cristianos y de sectores de la jerarquía de la Iglesia. Pero específicamente,
desde 1954, con la creación de la diócesis y la ida de don Jorge Marcos de
Oliveira para allá, se inició una aproximación entre la Iglesia y el movimiento obrero”.12
Se observa, entonces, que en el caso brasileño la actuación de la Iglesia
Católica viene desde mucho antes del golpe del 64 y que, sin duda, esto
ayudó a la formación de un nuevo patrón de acción sindical presente tanto
en el sindicalismo de São Bernardo como en la actividad de la Oposición
de São Paulo.
Ciertamente, la Iglesia no fue la única responsable por la reorganización
del movimiento obrero y del sindicalismo en Brasil durante el período de
1964 a 1978. Nuestra hipótesis es que esa institución, como consecuencia
de su arraigo en la sociedad brasilera y en armonía con las transformaciones que estaban aconteciendo en la sociedad civil, fue capaz de percibir
y de tener cierta sensibilidad para los problemas más permanentes que
consternan a amplios sectores de la población trabajadora y no a la Iglesia
como un todo, sino a aquella parcela comprometida con las demandas de
las clases populares.
La Iglesia Católica, por su capacidad de organización al lado de los
pobres, ejerció, por un largo período, el papel de catalizadora de las aspiraciones populares y, desde ese punto de vista, fue una de las responsables
de la reorganización del movimiento popular sindical después de 1964.13
Sin embargo, es importante subrayar que con este tipo de acción reivindicativa en los barrios, en los sindicatos, en las empresas y aun en la
zona rural, emerge una praxis sindical diferente de la existente hasta
1964. Esa unión entre católicos, grupos de izquierda y sindicalistas es la
que aproxima las dos tendencias del sindicalismo y que, en cierta medida,
son los principales grupos responsables por la reinserción de los trabajadores en la esfera pública: los sindicalistas de São Bernardo y la Oposición
Sindical Metalúrgica de São Paulo. Aquellas tres corrientes (también las
sindicalismo autêntico e de base no Brasil, XV Encuentro Anual da ANPOCS,
Caxambu, 15 a 18 de octubre de 1991, mimeo., p. 5.
12 Idem, pp. 10/11.
13Ver Ana Maria Doimo. “Os rumos dos movimentos sociais nos caminhos
da religiosidade.” In: Paulo Krischke e Scott Mainwaring (orgs.) op. cit., pp.
101/129.
Iram Jácome Rodrigues
231
tensiones entre ellas) confluirían en la organización de la Central Única
de los Trabajadores, CUT.
El surgimiento de la CUT
Entre el 21 y el 23 de agosto de 1981 en Playa Grande, litoral paulista,
región donde están ubicadas muchas colonias de vacaciones de los sindicatos, se realiza la Primera Conferencia Nacional de las Clases Trabajadoras (CONCLAT). El evento tuvo un gran impacto frente a la situación
política nacional. Pese a los problemas internos, disputas y divergencias,
la CONCLAT impulsó de manera importante la lucha de los trabajadores
del campo y la ciudad.
En esta conferencia participaron 5.427 delegados que representaban
1.126 entidades sindicales. Además, se hicieron presentes 480 sindicatos
rurales representados por 969 trabajadores, 49 delegados en nombre de
32 asociaciones de funcionarios públicos, 176 asociaciones pre-sindicales
con 875 delegados, 134 representantes de 17 federaciones rurales y 22
delegados representando 4 confederaciones: trabajadores en comunicación,
agricultura, servidores públicos y profesores.14
La I CONCLAT mostró, por un lado, la fuerza organizativa del movimiento sindical y, por otro lado, expresó la capacidad política y de decisión
de los trabajadores para influir en el proceso político.
Reflexionando sobre la composición del encuentro, el plenario estuvo
divididp entre los dos principales rivales de tal evento. Por un lado, el
bloque de los combativos; por otro lado, los alineados con el bloque de la
reforma o de la unidad sindical, lo que sería luego crucial para la elección
de la Comisión Pro-CUT y que tenía como objetivo principal llevar a cabo
las resoluciones que habían sido extraídas y preparar, en agosto de 1982,
el Congreso Nacional de las Clases Trabajadoras; el cual crearía la Central
Única de los Trabajadores. La I CONCLAT no logró avances significativos.
Tampoco en lo referido a cuestiones más específicamente sindicales. No
obstante, mantuvo la defensa de la unicidad sindical, así como también la
contribución sindical o el impuesto sindical. Además, en lo relativo a la organización de los trabajadores en los lugares de producción, se menciona a
la comisión de empresa, o comisión de fábrica, y se define que sus estatutos
deben ser aprobados en la asamblea de los sindicalizados de la empresa.
O sea que no se trataría exactamente de comisiones de fábrica en las que
todos los trabajadores están representados, sean ellos sindicalizados o no,
14Clarice Melamed Menezes e Ingrid Sarti. Conclat 1981, a melhor expressão
do movimento sindical brasileiro. Campinas, Cartgraf, Coleção Ildes 3, 1981,
p. 46 e segs.
232
La forma sindical en Latinoamérica
sino de comisiones sindicales de base en las cuales participan solamente
los trabajadores sindicalizados.
El enfrentamiento entre las dos principales corrientes del movimiento
sindical, expresado claramente en la I CONCLAT, llegó hasta el interior
de la Comisión Nacional Pro-CUT. Cerca de dos años después de aquella
conferencia, el 7 de agosto de 1983, durante la reunión de la Comisión
Nacional Pro-CUT para la organización del Congreso Nacional de las
Clases Trabajadoras (llamado también de I CONCLAT), las dos principales
tendencias del movimiento sindical brasileño se enfrentaron: el bloque
combativo y los miembros de la Unidad Sindical.
Finalmente, el bloque de los combativos realizó entre el 26 y el 28 de
agosto de 1983 su propio Congreso Nacional y al final se creó la Central
Única de los Trabajadores.
El Congreso de fundación de la Cut
La realización de este I CONCLAT en agosto de 1983, en São Bernardo
do Campo, derivó en la fundación de la CUT.15 Este I CONCLAT, que
también es el congreso de fundación de la CUT, contó con la participación
de 5.059 delegados. Los participantes de los sectores rurales eran 1.658,
representando 310 sindicatos. Por otra parte, se hicieron presentes 355
sindicatos urbanos con 2.262 delegados. También participaron 134 asociaciones pre-sindicales, con 588 delegados y 99 asociaciones de funcionarios
públicos con 483 representantes. Además, en la fundación de la CUT
estuvieron presentes cinco federaciones de trabajadores, ocho entidades
de carácter nacional y una confederación.16
La realización de este congreso representó una victoria significativa de
los “combativos” en su lucha por conquistar el espacio político al crear su
propia central sindical y, a partir de ahí, tener un organismo nacional para
vehiculizar sus propuestas tanto políticas como sindicales.
El congreso definió un Plan de Luchas, con la intención de dar una
“respuesta política a la crisis”, conforme fue expuesto en las resoluciones
del encuentro. Las discusiones de la reunión giraron en torno a dos temas
relevantes: la creación de la CUT y la huelga general. Los principales
temas que fueron incluidos en las resoluciones finales giraban en torno
a la lucha contra el desempleo, la estabilidad en el empleo, la reducción
de la jornada de trabajo sin reducción de salario, la lucha por la extinción
de la hora extra, la lucha contra la reducción salarial, por la defensa de
15Sobre el congreso de fundación de la CUT o I Congreso de las Clases Trabajadoras (I CONCLAT) realizado el 26, 27 y 28 de agosto de 1983, ver: I
CONCLAT, São Paulo, CEDI/CUT, 1984, p. 214.
16 Idem, p. 73.
Iram Jácome Rodrigues
233
los servidores públicos, defensa de las empresas estatales, derecho a la
vivienda. En lo que se refiere a la organización general de los trabajadores,
fue aprobada la creación de la Central Única de los Trabajadores, CUT,
dirección dispuesta a conducir “de forma organizada, a nivel nacional, las
luchas de los trabajadores. La nueva entidad deberá ser representativa,
democrática e independiente del Estado, de los patrones y de los partidos
políticos”.17 Así como en la I CONCLAT, este congreso también elaboró un
programa extremadamente minucioso sobre la cuestión sindical y sobre la
situación política del país.
El programa contenía, entre otros aspectos a los cuales ya hemos hecho
referencia, la “exigencia” por parte de los trabajadores de acabar con la política económica del gobierno; romper con los acuerdos con el FMI; mantener
la libertad y la autonomía sindical; la libertad de organización política; la
reforma agraria bajo el control de los trabajadores; el rechazo al pago de
la deuda externa; el fin de la Ley de Seguridad Nacional (LSN); exigir el
fin del régimen militar y el comienzo de un gobierno controlado por los
trabajadores; elecciones directas para presidente.18 El sector vinculado,
en aquella época, a la Unidad Sindical, que no participó de este congreso,
realizó en noviembre de 1983 el Congreso Nacional de la Clase Trabajadora
(CONCLAT) y eligió también una coordinación nacional.
Decidida la creación de la CUT, en agosto de 1984 se realizó el I
CONCUT en São Bernardo do Campo. El segundo sería realizado a finales
de julio y comienzos de agosto de 1986 en Río de Janeiro. En septiembre de
1988 se realizaría el tercer congreso en Belo Horizonte y, finalmente el IV
CONCUT tuvo lugar en septiembre de 1991 en la capital paulista.
En el primer semestre de 1984, el movimiento sindical estaba completamente reorganizado. La historia de esa reorganización comienza con
las pequeñas luchas, aquellas prácticas de resistencia aparentemente
“invisibles” de los trabajadores en la cotidianeidad del trabajo, así como
en la actividad sindical stricto sensu. En este sentido, desde el momento
en que fue fundada, la central pasó a ser un componente fundamental del
17 Idem.
18 Como lo analiza Leoncio Martins Rodrigues, “el Programa de Luchas de
1983 traía de hecho algunos puntos que deberían aparecer en los congresos
posteriores de la CUT, mezclando demandas de carácter laboral con otras
de reforma social más radical. Por las primeras, estamos entendiendo las
reivindicaciones posibles que deben ser alcanzadas al interior de una economía
de mercado y el cuadro de un sistema político pluralista y representativo. Por
las segundas, estamos entendiendo las que sólo podrían ser realizadas en un
procesos de luchas y que resultarían en alteraciones profundas en el cuadro
institucional en dirección a alguna forma de socialismo”. Cf. Leôncio Martins
Rodrigues. CUT: os militantes e a ideologia. São Paulo: Paz e Terra, 1990, p. 7.
234
La forma sindical en Latinoamérica
proceso político brasileño y de la lucha por la ampliación de los derechos
democráticos en la sociedad, y colocó en la agenda de transición las demandas del mundo de trabajo.
A partir de la eclosión de las huelgas de mayo de 1978 hasta 1983,
cuando nace la CUT, hay una actividad febril de reorganización de los
trabajadores que rápidamente estructuran una central sindical a nivel
nacional, la que pasa a ser una referencia fundamental para los trabajadores de nuestro país.
La trayectoria de la Central Única de los Trabajadores, desde su fundación hasta su tercer congreso nacional, realizado en 1988, representó un
período de construcción y de afirmación cuya fase de mayor movimiento,
más libertaria, socialista y conflictiva, en fin, heroica, se cierra con el III
CONCUT.
Consideraciones finales
En resumen, el movimiento sindical brasileño dio un paso importante en
la construcción de sus organismos de representación en un tiempo relativamente corto. Este texto intentó mostrar, de forma concisa, el camino andado
por el sindicalismo desde finales de los años 1960 y comienzos de 1970,
conjuntamente con algunos aspectos de la práctica obrera y laboral en los
locales de trabajo. De otra parte, buscó resaltar el papel desempeñado por la
Iglesia Católica en esa reorganización, así como de los dos principales centros
de irradiación de la práctica obrera y sindical de la época: la Oposición
Sindical Metalúrgica de São Paulo y el Sindicato de los Metalúrgicos de São
Bernardo.
La CUT fue fundada en 1983, dentro de una coyuntura favorable para
el movimiento sindical brasileño, a pesar de la recesión que deprimió al
país al inicio de los años 80. Expresión del sindicalismo que dio inicio a
la ola de huelgas en 1978, con una actuación más conflictiva frente al
Estado y al sector empresarial y representativa de considerables sectores de
trabajadores, la CUT logró en tan sólo 10 años un crecimiento significativo
dentro del movimiento sindical: sin lugar a dudas, es la central sindical más
importante de nuestro país. La CUT participó en los principales sucesos
políticos en el escenario nacional y se convirtió durante esos años en una
interlocutora fundamental de amplios sectores de las clases trabajadoras,
tanto en el ámbito de la sociedad civil como en la esfera política.
La Central Única de Trabajadores surgió para defender un lugar para
los trabajadores en la sociedad brasileña y representó, en cierta medida,
las aspiraciones laborales por los derechos sociales, políticos y económicos.
Habiendo surgido en un período de descenso del régimen autoritario,
la CUT comenzó su proceso de consolidación enfrentando el régimen de
Iram Jácome Rodrigues
235
excepción, reivindicando -de manera más general- la democratización del
país, las mudanzas económicas y sociales que trajeran beneficios para
los asalariados y asociando estas demandas a la defensa de mejoras en
la calidad de vida y de trabajo para la población trabajadora, así como de
cuestiones más concretas que permeaban el cotidiano de la mano de obra.
Contando con una fuerte presencia en la sociedad brasileña, la CUT
ha desempeñado un papel importante en el manejo de las luchas de los
asalariados, trayendo para la esfera pública demandas que antes no tenían
espacio en la agenda política. En ese sentido, puede ser considerada como
la propia expresión de lucha por los derechos de ciudadanía para amplios
sectores de las clases trabajadoras.
Para afirmarse como dirección de una corriente significativa del movimiento sindical y construir su identidad, la CUT optó en un primer
momento por una actuación más conflictiva en la esfera de las relaciones
de trabajo. No obstante, pasados diez años, ese patrón de acción sindical
comienza a debilitarse, teniendo en cuenta, principalmente, la crisis por
la que pasa el sindicalismo internacional y en Brasil como consecuencia,
fundamentalmente, de las profundas transformaciones en el mundo de
trabajo.
Prácticas muy localizadas de algunos grandes sindicatos afiliados a la
Central Única de Trabajadores, especialmente aquellos con experiencia
en las cámaras sectoriales, están indicando una mudanza apreciable de
una acción sindical que se apoyaba en el conflicto hacia otra que privilegia
la negociación. Sin embargo, ese camino no es lineal y las dificultades
son considerables, sin contar con que los desafíos son aún de mayores
proporciones.
La convivencia al interior de la Central de una amplia gama de posiciones político-ideológicas, si por un lado es saludable en la medida en que
permite la discusión de cuestiones a partir de opiniones diversas, de otro
lado trae riesgos que pueden desembocar en una parálisis permanente,
pues son proyectos algunas veces contradictorios y hasta excluyentes.
Esto se refleja en un grado de conflicto interno mucho más alto que acabó
por desgastar muchas iniciativas que estaban siendo implementadas. Ese
proceso ocasionó, durante este período, un acentuado distanciamiento
entre el discurso y la práctica del sindicalismo dentro de la CUT, porque
son varias las “prácticas” y varios los “discursos”. Este proceso también es
responsable, en cierta medida, por la ausencia de un proyecto sindical más
diáfano. Este es el dilema por el que atravesó la CUT en sus primeros años
y que se debe, también, a la misma dinámica de su institucionalización.
La trayectoria de la Central Única de los Trabajadores demuestra
que varias reivindicaciones, que eran importantes en el momento de la
236
La forma sindical en Latinoamérica
aparición del “nuevo sindicalismo”, luego fueron paulatinamente dejadas
de lado. La crítica más contundente a la estructura sindical dio lugar a una
adaptación activa al modelo corporativo y la adaptación a ese modelo se
expresa, entre otros aspectos, a través de la frágil penetración de ese nuevo
sindicalismo en las empresas.
Nuestra hipótesis es que, en buena medida, la demanda de los trabajadores a partir del movimiento huelguista de 1978 por mejores salarios,
democratización al interior de la empresa, contratos de trabajo negociados
colectivamente, participación en las discusiones políticas, económicas y sociales (políticas públicas), en la lucha por la democracia, fueron primordialmente
reivindicaciones por derechos de ciudadanía. En otras palabras, la actuación
del movimiento sindical de aquel período, de 1978 a comienzos de 1990, puede
ser vista como una expresión de las aspiraciones más generales de la sociedad
civil. Al tiempo que se fortaleció su organización, fue uno de los actores de
mayor peso en la lucha por los derechos en nuestro país y la Central Única de
los Trabajadores tuvo una participación fundamental en ese proceso.
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Pedro C. Chadarevian
239
Sindicalismo y desigualdades raciales en Brasil
Pedro C. Chadarevian
Economista y Profesor de grado, Magister en Economia
de la Universidad Federal de San Carlos - Campus
Sorocaba. [email protected]
Introducción
La organización de los trabajadores en sindicatos asistió a un desarrollo
importante a mediados del siglo XIX como manera de contrarrestar un
patrón de acumulación extremadamente liberal, en donde se justificaba
el empleo de niños y mayores hasta que se agotaran sus últimas fuerzas.
La lucha, más allá de mejores sueldos, pronto se situaría alrededor de
mejores condiciones de trabajo y participación en las decisiones de las
empresas. A lo largo del siglo XX, el sindicato se ha vuelto un interlocutor
de los intereses de los trabajadores siempre presente incluso en el debate
político y económico de los países centrales, y muchas veces de algunos de
los países periféricos, sobre todo los latinoamericanos.
Además, el así llamado golden age, los años de oro del capitalismo, comprendido entre el pos segunda guerra mundial y los años 1970, representó
un período de importantes conquistas para los trabajadores en estos países,
gracias, entre otros, a un papel activo de los sindicatos en la regulación del
mercado laboral. La flexibilización de estas conquistas, bajo un patrón de
acumulación influenciado por la ideología neoliberal, a partir de los años
1980, no sólo hizo retroceder muchas de estas conquistas, sino que también
resultó en una importante disminución del poder de los sindicatos.
Sin embargo, aunque esta evolución histórica nos ofrezca ejemplos
concretos del impacto de la acción sindical sobre el bienestar de los trabajadores, el mainstream de la Economía, con fuerte penetración en la
estrategia de políticas laborales de la actualidad, sostiene que los sindicatos
240
La forma sindical en Latinoamérica
no hacen más que generar desempleo, privilegiando a sus miembros y
discriminando a los demás.
Con el espíritu de desarmar el argumento dominante de los economistas conservadores, buscamos aquí evidencias del impacto de la acción
sindical en la reducción de un tipo muy particular de desigualdades: las
desigualdades raciales que se reproducen en el mercado laboral.1 Para ello,
presentaremos sucintamente el debate económico respecto a los efectos de
la organización de trabajadores en el mercado laboral, para luego analizar
el problema racial en Brasil y su relación con la sindicalización en diferentes sectores económicos del país en el período reciente.
Cuando los manuales de Economía declaran guerra a los sindicatos
Los sindicatos son los culpables del desempleo, el retraso tecnológico, la
inflación, y la desigualdad en la economía. Esta es la conclusión que sobresale de la lectura de los principales manuales de pregrado de introducción
a Economía2, a partir de los años 1980. Más especificamente, los sindicatos,
según este punto de vista, con su poder monopolista en la representación
obrera, impedirían la contratación de trabajadores que deseen trabajar
por un salario inferior al mínimo acordado, dejándoles en situación de
desempleo; rechazarían cambios tecnológicos que generen la sustitución
de mano de obra por máquinas; presionarían por aumentos salariales por
encima de la evolución promedio de los precios en la economía, causando
inflación; estimularían la formación de un nuevo segmento privilegiado
de la clase obrera, los sindicalizados, en oposición a los no sindicalizados,
alejados de los beneficios y conquistas sociales.3
Estos verdaderos ataques a los sindicatos tienen una repercusión que
va mucho más allá de la formación académica del economista, puesto que
los manuales de Economía son comúnmente utilizados en los cursos de
otras áreas como Periodismo, Derecho, Ciencias Sociales, Administración,
1 Para un análisis profundizado del modo de reproducción de las desigualdades raciales en el mercado laboral, véase Pedro C. Chadarevian, Économie
politique du racisme au Brésil. De l’abolition de l’esclavage à l’adoption des
politiques d’action affirmative. Editions Universitaires Européennes, 2011.
2 Véase, por ejemplo, Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus. Economics,
McGraw-Hill/Irwin, Nueva York, 1985; Robert S. Pindyck y Daniel L.
Rubinfeld, Microeconomics, Prentice Hall, Nueva York, 2008.
3 Otro eminente economista, autor de manuales de Macroeconomía, aunque
no aborde los sindicatos desde un punto de vista teórico en sus libros de pre
grado, explicitó su visión antisindical en un artículo de prensa, por ocasión
de la reciente ola de huelgas en Wisconsin. Se trata de Robert Barro, “Unions
vs. The Right to Work”, The Wall Street Journal, 28/02/2011.
Iram Jácome Rodrigues
241
Contabilidad, Ingenierías, Turismo, Geografía, etc., en Brasil y otras partes
del mundo.4
La naturaleza ideológica de la visión conservadora es evidente cuando
se busca comprender las bases teóricas de este posicionamiento; ellas
simplemente no existen. En realidad, los primeros estudios de economistas
neoclásicos -que influencian la redacción de los manuales- interesados en
los impactos de un fortalecido movimiento sindical en la economía americana surgieron en los años 1960, en la escuela de Chicago. El precursor es,
naturalmente, Milton Friedman, para quien los sindicatos aumentan los
ingresos en sectores en los que ejercen influencia, por medio del establecimiento de restricciones a la entrada de trabajadores a las empresas, o sea,
la acción sindical discrimina y disminuye las oportunidades de trabajadores
no sindicalizados. Como esto hiere, en su visión, la libertad individual de
opción por el puesto de trabajo preferido por los individuos, determinando
la discriminación de unos en beneficio de otros, y como la filosofía económica
de Friedman pide la realización de la libertad individual de opción en
primer plano, la recomendación implícita del autor es la abolición de las
actividades sindicales. Así de sencillo.
Pero es quizás con los estudios de Lewis, igualmente de la escuela de
Chicago, que se inaugura una metodología neoclásica específica para el tratamiento de los impactos del sindicalismo. En uno de sus primeros trabajos,
el autor busca cuantificar los efectos de la sindicalización en la dispersión
salarial, para diferentes sectores económicos. Concluye que el sindicato
influye muy poco en la variación de los salarios en el período estudiado.
Su análisis es, sin embargo, puramente cuantitativo, y no aclara que otros
factores también serían importantes en la determinación de los salarios.5
Ashenfelter, importante heredero de esta tradición, fue considerado una
de las principales autoridades en el análisis del papel de los sindicatos en el
mercado laboral. Su contribución pretende ir más allá de la cuantificación
de los impactos en términos salariales u ocupacionales de la acción sindical
y demostrar que los sindicatos son un importante factor determinante
de las desigualdades raciales en los EE.UU.6 Entre sus conclusiones, se
destaca la preservación de altos diferenciales de salarios persistentemente
favorables a blancos sindicalizados, respecto a negros sindicalizados, en
diferentes sectores de la economía, lo que indicaría el impacto despreciable
de la acción sindical para reducir las desigualdades raciales. El autor parece
4 Incluso en algunos países se enseña la Economía con esta misma orientación
de los manuales a estudiantes escolares, como en Francia.
5 H. Gregg Lewis. “The Effect of Unions on Industrial Wage Differentials”.
National Bureau of Economic Research, Princeton, 1968.
6 Orley Ashenfelter. “Discrimination and Trade Unions”. Working Papers, n.
30C, Princeton University, 1971.
242
La forma sindical en Latinoamérica
olvidar, sin embargo, la dimensión ocupacional en la determinación de los
ingresos promedios en la economía. El ingreso menor de los negros refleja
muchas veces su concentración en segmentos subordinados, resultado de la
presencia de mecanismos de discriminación que les impiden una mobilidad
en el interior de las empresas, y en contra de los cuales muchas veces el
sindicato nada puede hacer.
Esta posición económica ultraconservadora determina una importante,
y definitiva hasta el momento, ofensiva de los gobiernos que terminó por legitimar las restricciones a la libertad sindical en muchos países, empezando
por los EE.UU. De hecho, durante la administración Reagan, a principios
de los años 1980, diversas medidas produjeron una rápida flexibilización
del mercado laboral en ese país, aumentando así la competitividad entre
trabajadores y el desempleo. Paralelamente, se desarrolla en el período
una gestión conservadora en la agencia nacional de regulación laboral (la
National Labor Relation Board), haciendo cada vez más difícil la concretización de las demandas de los sindicatos.7 Consecuentemente, asistimos al
rápido declinio de los sindicatos americanos -nada más en los ocho años de
gobierno Reagan la densidad sindical cae por la mitad en el sector privado,
llegando a un 12% en 1989-, en un movimiento acompañado por una caída
importante de los ingresos de los trabajadores y por un aumento inédito
de las desigualdades.
La política de desregulamentación del mercado laboral encuentra en
el discurso (pseudo) científico de los economistas su razón de existir. En
realidad, la teoría neoclásica de la formación de los salarios considera toda
intervención institucional maléfica, ya sea en términos de alocación eficiente de los recursos, ya sea en términos de bienestar general. Se entiende
que los salarios equivalen únicamente a la productividad marginal de los
trabajadores en la producción. Desde esta concepción meritocrática, los
bajos salarios se explican por cuenta de la baja productividad de estos
trabajadores. Igualmente, los más privilegiados merecen cada centavo de su
sueldo, puesto que su contribución fue elevada para la riqueza producida.
La moraleja es bastante sencilla: la educación y el esfuerzo individual -y
no la la lucha unificada alrededor de las organizaciones sindicales- son los
caminos que los trabajadores deben seguir para aumentar sus salarios.
Pero no siempre ha sido así. Hubo un tiempo en que los manuales de Economía transmitían una visión relativamente tolerante respecto a la acción
sindical. El mismo Samuelson, en las primeras ediciones de su manual, en
7 Samuel Rosenberg. “Labor in the Contemporary Structure of Accumulation”.
In: Terrence McDonough, Michael Reich y David Kotz, Contemporary Capitalism and its Crisis. Social Structure of Accumulation for the 21st Century,
Cambridge University Press, 2010.
Iram Jácome Rodrigues
243
los años 1950, temía, es cierto, el riesgo de una subida incontrolable de los
ingresos como resultado del poder creciente de los sindicatos; sin embargo,
reconocía la necesidad de regulación del estado para protegerlos de los
abusos de los patrones. En ese entonces, cuando la escuela de Chicago
no había sembrado todavía las raíces de la revolución conservadora en el
pensamiento económico, la oposición ideológica a los sindicatos parecía
carecer de argumentos más convincentes. Era otro el contexto, eran otros
los manuales, y, claro, era otro el Samuelson que denfendía una actitud
colaboradora entre los sindicatos y los patrones, en lugar de la relación
conflictiva predominante (para la cual contribuía, naturalmente, según el
autor, el comportamiento beligerante de los sindicatos (...).8 En fín, hay que
tener en cuenta que una crítica muy radical a la presencia de los sindicatos
en la economía americana, como la que hacía Hayek, le podría costar un
largo período de ostracismo, debido al inegable bienestar resultante de los
años de oro del sindicalismo estadounidense. De hecho, la crítica voraz al
sindicalismo no tenía lugar en plena consolidación del ‘consenso keynesiano’,
cuyas bases teóricas justifican la importancia económica de los movimientos
laborales, como veremos a continuación.
El sindicato en el análisis económico heterodoxo
La verdad es que, como dice Anne Perrot, especialista en las teorías
económicas del mercado laboral, los economistas neoclásicos en su ortodoxia
pura no disponen de un instrumental adecuado para tratar el fenómeno
sindical.9 Sindicalismo presupone un cuadro teórico apto a incluir variables
como poder, Estado y clases sociales, totalmente ausentes del actual método
dominante de análisis económico.
Sin embargo, el tratamiento teórico del sindicato ha estado siempre
muy presente en el marco de la economía heterodoxa. Empecemos por los
clásicos. Para Marx y Engels el precio de equilibrio en el mercado laboral
no es obra de la mano invisible, del encuentro ciego entre oferta y demanda,
sino que refleja los costos de producción. En el caso del mercado laboral, el
costo de (re)producción de la fuerza de trabajo es dado por el costo de los
bienes consumidos por los trabajadores para mantener su bienestar. Sin
embargo, el salario de los obreros no organizados tiende al mínimo absoluto,
8 Paul A. Samuelson, Economics, Nueva York, 1958.
9 Hubo, es cierto, intentos de internalizar la acción sindical por parte de economistas que pertenecen a una ramificación institucionalista del paradigma
neoclásico. Partiendo de una concepción más flexible de racionalidad, que
permite su aplicación a decisiones colectivas, analizan el sindicato bajo la
lógica de la maximización de sus intereses de clase. Anne Perrot. Les nouvelles
théories du marché du travail. La Découverte, Paris, 1998.
244
La forma sindical en Latinoamérica
o sea, a un monto inferior al precio de equilibrio, o valor. Es la natureleza
misma del capitalismo que el empresario intente aumentar continuamente
su ganancia, y el camino más simple es la reducción de sueldos, absoluta
o relativa. Simpre que el trabajador entra aisladamente en relación con el
capitalista se somete a una situación de desigualdad de condiciones para
negociar su contrato de trabajo; éste le impone a aquel la duración, las
condiciones y el precio por el trabajo ejecutado. El resultado de esta desigualdad en la determinación del salario es que el trabajador recibirá una
remuneración por debajo del valor de su fuerza de trabajo, o sea, inferior
a lo necesario para su reproducción física y social. Los autores atribuyen
al surgimiento del sindicato la necesidad natural de los trabajadores de
organizarse frente a los abusos del capital, tratando así de equilibrar
las relaciones de fuerza profundamente desiguales que caracterizan el
funcionamiento del mercado laboral. El mecanismo principal por el cual
opera el sindicato en el mercado laboral es por medio de la restricción de la
competencia, dificultando que la “mano invisible del mercado” determine
exclusivamente el precio de la fuerza de trabajo.
Trotsky, en uno de sus últimos escritos, se interesó por el fenómeno sindical en su relación con las transformaciones del capitalismo en la primera
mitad de siglo XX. Consideraba natural el desarrollo del sindicalismo
alrededor de grandes centrales sindicales, como reacción a la expansión
del imperialismo económico, o sea, el capital monopolista.10 Sin embargo,
éste, como otros autores clásicos de la tradición marxista, concentraron su
atención sobre todo en el carácter político del sindicalismo en su relación
con el Estado y la revolución.
Más recientemente, Michael D. Yates, el autor del aclamado Why Unions
Matter (Por qué los sindicatos importan), sostiene en sus investigaciones
sobre el impacto del sindicato en el mercado laboral, que la organización de
los trabajadores es un paso fundamental para alcanzar mejores salarios,
beneficios, participación y condiciones de trabajo. Y sobre todo, la acción sindical, contrariamente a la visión de los economistas conservadores, resulta
generalmente en la extensión de estas mejorías a los no sindicalizados, ya
sea por su acción política directa, ya sea por el efecto de contaminación
(spillover effect), en el que las empresas prefieren conceder beneficios para
evitar un proceso de sindicalización de sus empleados. Además, muestra
que negros americanos se benefician más que los blancos al sindicalizarse,
lo que lleva al autor a concluir que la presencia de sindicatos en el mercado
laboral actúa para disminuir las desigualdades raciales.11
10León Trotsky. “Trade Unions in the Epoch of Imperialist Decay”. Fourth
International, v. 2, n. 2, 1941.
11 Michal D. Yates. “Why Unions Still Matter”. Monthly Review, v. 60, n. 9, 2009.
Iram Jácome Rodrigues
245
Keynes fue uno de los primeros en criticar la visión ortodoxa que ve en
la acción sindical un intento sistemático de obstruir nuevas contrataciones,
siempre que el poder de compra de sus miembros está amenazado.12
El autor destaca el carácter procíclico del sindicato, pues los trabajadores
tienden a aumentar su poder relativo durante los períodos de crecimiento
económico, garantizando así conquistas salariales. Sin embargo, su obra
mayor no detalla el impacto del sindicato en la determinación de los salarios o del empleo, aunque se encuentre ahí una visible intuición de estas
articulaciones.
Los seguidores de esta tradición heterodoxa no marxista mantendrán
una visión positiva de la actuación de organizaciones laborales en el
sentido de evitar una caída contraproducente del nivel de los salarios
o, más generalmente, de la demanda efectiva. Galbraith, por ejemplo,
llama la atención para el hecho que el declinio del sindicalismo en los
años de oro del capitalismo se explica por su presencia desnecesaria en un
contexto de conquistas consolidadas para los trabajadores, lo que remite a
la tomada en consideración de la variable “ciclo económico” para explicar
la evolución de la tasa de sindicalización entre trabajadores. Por otro lado,
transformaciones estructurales del capitalismo, como la tendencia a la
“tecnoburocratización” en las economías centrales disminuyen la capacidad
de penetración de la acción sindical en segmentos ocupacionales más
cercanos ideológicamente a la burguesía que a la clase obrera.13
Piketty, experto en el problema de las desigualdades, en colaboración
con Saenz, se basa en un rico analisis de la economía americana para
concluir que el nivel de regulación del mercado laboral por parte del Estado
y de los sindicatos explica la evolución de las desigualdades salariales en
ese país. Durante los años de vigencia de un salario mínimo elevado y de
ascensión del sindicalismo, entre los 1930 y 1960, la desigualdad cayó
significativamente. A partir de los años 1970, con la desregulamentación
del mercado laboral y la decadencia del sindicalismo en EUA (con un 10%,
la densidad sindical volvió al nivel de los tiempos de la depresión de los
1930), la desigualdad crece nuevamente en esse país.14
12“Every trade union will put up some resistance to a cut in money-wages,
however small. But since no trade union would dream of striking on every
occasion of a rise in the cost of living, they do not raise the obstacle to any
increase in aggregate employment which is attributed to them by the classical
school”. John M. Keynes, The General Theory of Employment, Money and
Interest, Martino Fine Books, Eastford, 2011 [1936].
13 John Kenneth Galbraith. The New Industrial State, Princeton University
Press, 1997 [1967].
14 Thomas Piketty y Emmanuel Saenz. “Income inequality in the United States,
1913-1998”. En: Quaterly Journal of Economics, v. 118, n. 1, 2003.
246
La forma sindical en Latinoamérica
La teoría francesa de la regulación, ramificación importante del paradigma económico hetedoxo, destina un lugar destacado para el papel
de los sindicatos en la determinación de los salarios. Para estos teóricos,
la relación salarial, forma institucional central del modo de regulación
capitalista, se construye, en la actual etapa del capitalismo, por medio de
acuerdos colectivos, en los que se incluye no solamente el salario, sino los
beneficios y condiciones de trabajo. El impacto de estos acuerdos va más
allá de la empresa o sector en cuestión, influenciando muchas veces toda
la economía, por un proceso de imitación que termina por beneficiar una
parcela importante de los trabajadores. Sobre todo, los acuerdos colectivos
en el período del fordismo fueron los responsables por volver los salarios
más rígidos, o sea, menos sometidos a las inestabilidades comunes de los
ciclos económicos.15
Krugman, premio Nobel de Economía en 2008, relata que en un sistema
con fuertes sindicatos, y con un Estado regulador, la capacidad de los
accionistas y directores ejecutivos de las grandes corporaciones de aumentar indefinidamente sus remuneraciones y ganancias es más limitada.
Explica, por ende, la decadencia del movimiento laboral en ese país como
resultado del ataque del capital monopolista a los sindicatos, a partir de
los años 1970. Entre otros mecanismos, destaca licenciar (ilegalmente)
trabajadores sindicalizados o simpatizantes, y la persecución de líderes
del movimiento iniciada en el gobierno Reagan16. En su blog, el tema de
las relaciones salariales es constante, y no es raro encontrar la defensa
del carácter imprescindible la acción sindical en la regulación del mercado
laboral – posición sorprendente para un economista de tamaña influencia
como lo es Krugman.17
Cómo los sindicatos parecen atenuar el efecto del racismo en
el mercado laboral brasileño
Aunque aquí se adopte una metodología cuantitativa para medir el
impacto de la acción sindical sobre las desigualdades, hay que resaltar
desde ya la importancia de un análisis histórico e institucional complementario. De hecho, la historia de la refundación del movimiento sindical en
Brasil, en el pos dictadura militar a finales de los años 1970, se confunde
con el renacimiento de los grupos de lucha antiracista. Muchas veces, estos
15 Michel Aglietta. Régulation et crises du capitalisme. Editions Odile Jacob,
Paris, 1997 [1976].
16 Paul Krugman. The Conscience of a Liberal. W.W. Norton & Company, Nueva
York, 2007.
17http://krugman.blogs.nytimes.com
Iram Jácome Rodrigues
247
dos ejes del movimiento social brasilero se encontraron bajo un mismo
objetivo político partidario (en el PT, en el PDT, en las tendencias socialistas
independientes), e incluso en las mismas centrales sindicales, que no rara
vez se han mostrado receptivas a las banderas de la democracia racial (la
CUT y la Conlutas, en especial).
A parte de las acciones de concientización racial, localizadas por parte de
sindicatos de categorías específicas (químicos, petroleros, bancarios), cuya
tradición en esta lucha ha sido sin embargo escasamente documentada,
interesa sobretodo aquí registrar el intento sistemático de las centrales
sindicales en hacer de la lucha contra la discriminación un eje central de
su política hacia los patrones y empleados. En ese sentido, se destaca el
papel precursor de la CUT, que desde finales de la década de los 1980 ha
tratado de desarrollar políticas específicas sobre el tema del racismo, ya
sea bajo la forma de artículos en sus periódicos, debates, resoluciones o con
la participación de sus liderazgos junto a los congresistas con el objetivo de
instituir medidas de acciones afirmativas.
Naturalmente, esta dimensión histórica e institucional del papel de los
sindicatos en la lucha contra el racismo difícilmente se puede captar en
un estudio cuantitativo como el que sigue a continuación. Trataremos, en
realidad, de analisar aquí el impacto de la acción sindical en las desigualdades raciales que se manifiestan en el mercado laboral. La suposición
de base es que cuanto más grande es la proporción de sindicalizados en
un determinado sector económico, mejor tienden a ser las condiciones de
trabajo, y, por ende, menores las desigualdades raciales de ingreso promedio
y ocupacionales.
Lo que se ve abajo, en el gráfico 1, es una clasificación de los trece
sectores de actividad de la economía brasileña según la proporción de
trabajadores que declararon estar asociados a algún tipo de sindicato en el
año de 2008. Estos datos, como los demás que analizaremos, provienen de
la encuesta nacional por muestreo domiciliar (PNAD-IBGE), en la que se
entrevistaron a más de 200 mil domicilios en todo el país cada año.
Mientras que la tasa promedio de sindicalizados se ha estabilizado en
alrededor de un 18% en Brasil en los últimos años, algunos sectores se
destacan por una participación política de sus trabajadores mucho más
importante que la realidad nacional. Es el caso de los sectores que todavía
tienen fuerte presencia de funcionarios públicos, como la Educación, la
Salud y el servicio social (28,5% de sindicalizados), y la Administración
pública (27,2%), naturalmente. Minería (37,6%), Transporte y Comunicación (24,0%) son sectores que pasaron en buena parte por privatizaciones
en los años 1990, pero que mantienen todavía una tradición sindical importante. Lo mismo se podría decir de las Actividades financieras (22,3%),
aunque ahí el sindicalismo siempre ha sido fuerte incluso en los bancos
248
La forma sindical en Latinoamérica
privados. No se puede dejar de mencionar igualmente la fuerte presencia de
los sindicatos rurales en el campo brasileño, que han actuado recientemente
con el objetivo de evitar abusos por parte del agronegocio que se expande
de manera incontrolada en el país.
Estos sectores con fuerte actuación sindical se caracterizan por evidentes mejores condiones de trabajo, puesto que las negociaciones son
generalmente nacionales y por medio de acuerdos colectivos garantizan
no solamente mejores ingresos, sino más beneficios (como plan de salud,
subsidios a educación, participación en las ganancias y en decisiones estratégicas, etc.). El sector agrícola, a su vez, se presenta como una relación
salarial muy particular y, aún así, ha logrado conquistas importantes en
lo que se refiere a transporte de mejor calidad, jornadas de trabajo menos
extenuantes y salud laboral.
La industria es un caso especial, por cuenta de la enorme heterogeneidad de subsectores que la caracterizan. Aunque la tasa de sindicalización
promedio (20,1%) esté por arriba del promedio nacional, la variedad de
realidades en su interior es impresionante: 49% en la automobilística, 38%
en la metalurgía y electronica, 16% en la de ropa, 7% en la de muebles. Más
adelante comentaremos los detalles en un analisis de los subsectores de
actividad de la economía y su relación con la acción sindical.
En el otro extremo de esta clasificación encontramos a los sectores
de inserción laboral más precaria, marcados por fuerte inestabilidad e
inseguridad contractual, baja formalización y poca regulación por parte
del Estado. Como consecuencia, la penetración de los sindicatos en estos
sectores se hace mucho más dificil.
Los seis sectores cuya tasa de sindicalización se encuentran muy lejos
del promedio nacional representan un 40% de los trabajadores, sometidos
a los peores regímenes de trabajo en el país. Hay que decir que predominan
en estos sectores pequeñas empresas, muchas veces familiares, e incluso
relaciones de trabajo individualizadas, como en el caso de los servicios
domésticos, lo que prácticamente imposibilita la acción sindical. Aún así, el
período reciente ha registrado importantes conquistas sobre todo para los
trabajadores domésticos (a pesar de una tasa de sindicalización promedio
irrisoria: 1,9%).
Iram Jácome Rodrigues
249
Gráfico 1. Porcentajes de trabajadores sindicalizados por sector
de actividad. Brasil, 2008.
Minería
37,6%
Educación, salud y servicio social
28,5%
Administracion pública
27,2%
Agricultura
25,2%
Transporte y comunicación
24,0%
Actividades financieras
22,3%
Industria manufacturera
20,2%
Comercio y mantenimiento
11,0%
Otros servicios colectivos
9,2%
Hoteleria y alimentación
8,6%
Construcción civil
8,3%
Actividades mal definidas
3,4%
Servicios domésticos
1,9%
Pues son precisamente en estos sectores en donde las condiciones de
trabajo son las más precarias, y, por ende donde el sindicato está más
ausente -es aquí que se concentra la proporción más importante de trabajadores negros en Brasil. Es lo que nos enseña el gráfico 2 abajo. Los sectores
con menor penetración de sindicatos, medida por la tasa de sindicalización
promedio, son aquellos con mayor presencia de trabajadores negros sobre
el total de empleados. Así, mientras que en la población trabajadora total
la proporción de negros es de un 54,1%, en el sector de Servicios domésticos
ellos son un 64,8%, en el de Construcción civil un 63,7% y Hotelaría y alimentación un 56,8%- justo aquellos sectores con débil penetración sindical.
Ahora, los sectores tradicionalmente marcados por la fuerte sindicalización
de sus trabajadores (financiero, educación, administración pública) tienen
una proporción relativamente menor de negros entre sus empleados (43,0%,
46,7% y 50,3%, respectivamente).
Los economistas conservadores entenderían este fenómeno posiblemente
como una discriminación de los sindicatos hacia los trabajadores negros,
haciéndoles difícil la penetración en los sectores nobles, por medio de su
acción monopolizadora respecto a las contrataciones. Sin embargo, un
analisis lúcido muestra exactamente lo contrario. La desregulamentación
del mercado laboral brasileño afectó más duramente a los sectores tradicionalmente más precarios, en donde históricamente se han concentrado
los trabajadores negros. Mientras el sindicato no penetre ahí de manera
La forma sindical en Latinoamérica
250
consistente, sus condiciones de trabajo continuarán siendo las peores de
la economía. Tanto es verdad que los sectores con tasas más altas de sindicalización promedio son aquellos en los que los trabajadores se benefician
de mejores ingresos, como analisamos a continuación.
Gráfico 2. Proporción de trabajadores negros y de trabajares
sindicalizados en 13 sectores de actividad. Brasil, 2008.
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
La sindicalización no está uniformemente distribuida entre blancos y
negros en el mercado laboral de Brasil. Aunque las desigualdades raciales
en este ítem no sean muy importantes, la “ventaja” es casi sistemática
a favor de trabajadores blancos. Es este el tema del gráfico 3, en el que
clasificamos las diferencias en las tasas de sindicalización por subsector de
actividad. Aparentemente, los sectores más dinámicos de la economía son
los que presentan la penetración relativamente más debil de negros en los
sindicatos, como los sectores industriales más sometidos a la competencia
internacional y los sectores económicos de elevado nivel de calificación de
sus trabajadores: la Industria de automóviles (7 puntos percentuales más
sindicalizados blancos que negros), servicios financieros (7 p.p.). En cambio,
en los sectores de servicio, que tienden a concentrar gran número de negros,
la probabilidad de que observen un grado de sindicalización semejante o
superior a de blancos es mucho más importante (limpieza urbana, servicios personales, servicios rurales). Es importante que se diga que estas
diferencias no tienen absolutamente nada que ver con un comportamiento
discriminador de los sindicatos, como alegan los economistas conservdores.
Simplemente, reflejan un fenómeno mucho más profundo: la tendencia de
los sectores más dinámicos, y por ende intensivos en capital y mano de
obra supercalificada, en mantener a los negros segregados de los puestos
Iram Jácome Rodrigues
251
más precarios, sometidos a la amenaza constante del desempleo. En estas
condiciones es normal que a los negros se les ofrezcan menos posibilidades
de sindicalizarse si se compara con blancos.
Gráfico 3. Subsectores de actividad clasificados según la diferencia en las tasas de sindicalización entre blancos y negros (en
puntos percentuales). Brasil, 2008.
Ind. Minerales no metálicos
Ind. Madera
Ind. Automóviles, transporte
Ind. Automóviles transporte
Pecuria
Extractiva mineral
Ind. Papelera
Ind. Máquinas
Ind. Editorial
Ind. Metalúrgica
Educación
Total
Agrícola
Otros servicios
Actividades inmobiliarias
N/D
Pesca
Comercio de objetos personales
Hotelería, alimentación
Salud y seguridad social
Energia
Ind. Textil
Adm. Pública
Ind. Quiímica
Ind. Electrónica y hospitalaria
Comercio vehiculos
Ind. Alimentos, bebidas, fumo
Construcción civil
Servicios rurales
Ind. Muebles
Servicios domésticos
Ind. Confección
Servicios de transporte
Mktg. Servicios a empresas
Correo y telecom
Ind. Calzado
Servicios personales
Limpieza urbana
-0,08 -0,07 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08
252
La forma sindical en Latinoamérica
Observemos ahora atentamente el gráfico 4. Lo que se ve ahí es, sin
lugar a dudas, una tendencia a que las más altas remuneraciones en
promedios se encuentren en los sectores con mayor acción sindical. Los
sectores más nobles de la economía, con ingreso promedio por encima de
los R$2 mil poseen una tasa de sindicalización nunca inferior a un 30%. Por
otro lado, de los once sectores con tasas de sindicalización por debajo de los
15%, apenas uno sobrepasa la barrera de los R$1 mil de sueldo promedio.
Gráfico 4. Remuneración promedio y proporción de trabajadores
blancos sindicalizados en 39 subsectores de actividad. Brasil, 2008.
Además de la relación positiva que parece existir entre la presencia
de trabajadores sindicalizados y los niveles de remuneración, los datos
también indican que los sectores con altas tasas de sindicalización son los
que presentan las menores desigualdades salariales. Es lo que se puede
concluir luego de una rápida mirada al gráfico 5 más abajo. Como indicador
de desigualdad salarial al interior de los diferentes sectores tomamos la
razón entre el sueldo máximo pagado y el sueldo promedio de este mismo
sector en el año 2008. Así, por ejemplo, sectores con bajos niveles de sindicalización de trabajadores son los que presentan las diferencias salariales
más importantes: Comercio de vehículos (10% de sindicalizados y sueldo
máximo 66 veces superior al promedio del sector), Hotelería y alimentación
(8,6% y 39 veces), Industria de confección (10,3% y 38 veces). Ya en el otro
extremo tenemos: Energía (46,8% y 6 veces), Servicios financieros (38,4%
y 9 veces), Extracción mineral (59,8% y 7 veces).
Iram Jácome Rodrigues
253
Gráfico 5. Desigualdad de ingresos y proporción de trabajadores sindicalizados en 39 subsectores de actividad. Brasil, 2008.
Si los mecanismos por los cuales la acción de los sindicatos, ya sea en el
interior de la empresa, ya sea en el ámbito sectorial, logran aumentar los
ingresos directos e indirectos de los trabajadores menos calificados, y, por
ende, disminuir la desigualdad de salarios parecen claros, su papel en la
atenuación de los impactos de los mecanismos de discriminación son menos
evidentes. De todas maneras, los elementos que traemos abajo parecen
indicar que las desigualdades raciales de hecho disminuyen cuanto más
fuerte se presenta la acción sindical.
En el gráfico 6 se observa, primero que todo, que en Brasil los diferenciales salariales son siempre perjudiciales para los negros, independientemente del sector económico, variando de -5% hasta -60% en algunos casos. Sin
embargo, parece existir una tendencia de reducción en estos diferenciales
en aquellos sectores en donde la tasa de sindicalización se acerca más de
la de los blancos. Los sectores con grandes desigualdades raciales en la
tasa de sindicalización (Industria maderera, -7,2%, Servicios financieros,
-6,5%, Industria de vehículos, -6,4% y Minería, -5,4%) están entre las que
presentan las mayores desigualdades salariales, perjudicando a los negros
(-46,1%, -38,6%, -33,6% y -40,4%). Encontramos, al contrario, en los sectores
con destacada participación de negros entre los trabajadores sindicalizados,
algunos superando incluso el número de blancos (Limpieza urbana, +6,9%,
Correos, +1,5%, Servicios domésticos, -0,1%, Industria de muebles, -0,4%),
los casos en donde se registran las menores desigualdades raciales de
salarios (-5,1%, -25,0%, -12,7% y -28,4%).
254
La forma sindical en Latinoamérica
Gráfico 6. Diferencias salariales y en las tasas de sindicalización
entre negros y blancos. Brasil, 2008.
Nos gustaría, por fin, destacar el impacto que la acción de los sindicatos
parece generar en el cuadro de jerarquización racial al interior de las
empresas. En Brasil, el reflejo más evidente del racismo en el mercado
laboral es la existencia, y predominancia a lo largo de décadas, de un
nivel elevado de jerarquización racial en su estructura ocupacional y de
clases. En realidad, la probabilidad de que un negro acceda a los puestos
más nobles de la estructura ocupacional es mucho menor en Brasil que en
países como Estados Unidos o Gran Bretaña.18 Para efecto de comparación,
utilizamos aquí, como indicador de este cuadro de división racial del trabajo
(DRT), la proporción de trabajadores negros que se concentran en las
ocupaciones menos prestigiosas (o descalificadas) del mercado laboral:
las de servicios. Son ocupaciones que no permiten en general muchas
oportunidades de mobilidad social, y que mantienen al trabajador aislado
de las decisiones estratégicas más importantes de la empresa (como ocurre
con las ocupaciones técnicas o de gestión y directivas). Evidentemente,
cada sector tiene, en función de su composición orgánica del capital, una
18 Fue lo que pude constatar por medio de la creación de nuevos indicadores de
desigualdad racial, en un estudio que fue recientemente publicado en Brasil.
Pedro C. Chadarevian. “Para medir as desigualdades raciais no mercado de
trabalho”. En: Revista de Economia Política, v. 31, n. 2, 2011.
Iram Jácome Rodrigues
255
proporción más grande o más pequeña de trabajadores descalificados. En
el sector financiero, basado en alta tecnología, la proporción de trabajadores no calificados es mucho menor con relación a los muy calificados,
diferentemente del sector de Servicios personales, en el que esta relación
se invierte. Sin embargo, los niveles de división racial del trabajo son muy
importantes en Brasil, haciendo que los negros se concentren de manera
desproporcional en puestos descalificados y estén menos presentes en los
altamente calificados.
Tomemos algunos ejemplos que aclaran la existencia de estas desigualdades, ilustradas en el gráfico 7. En el sector de Administración pública,
la proporción de negros en ocupaciones descalificadas es de 58% superior
a la de blancos, en el sector de Educación, 100% superior, y en el sector de
Servicios financieros, 200% superior. La pregunta que se puede hacer es qué
papel tiene el sindicato en la distribución de estas oportunidades de mobilidad al interior de las empresas. Para responderla construimos un modelo
multivariado en el que incluimos, además de la tasa de sindicalización
promedio, la proporción de negros y su ingreso promedio en los diferentes
sectores de actividad. La introducción de estas dos últimas variables nos
permite comparar el impacto de la presencia de los sindicatos en sectores
con idéntica proporción de negros y nivel de ingreso. En otras palavras,
reconocemos que el impacto de los sindicatos no es el mismo en sectores
“nobles” que en sectores reconocidamente subordinados de la economía.
Cuadro 1.Resultados del modelo utilizado para estimar el impacto
del nivel promedio de sindicalización sobre la concentración
relativa de negros en ocupaciones descalificadas. Brasil, 2008.
Variable
Impacto
Explicación
Sectores con mayor concentración de negros
presentan menos tendencia a la DRT. Cuando su
número es relativamente menor, la segregación es
más importante.
% Negros
Negativo
Ingreso promedio
Positivo
Sectores nobles son los que presentan mayor
tendencia a la DRT, segregando a los negros en
puestos descalificados.
Tasa de
sindicalización
Negativo
La presencia relativamente más importante del
sindicato inhibe la DRT, generando una estrucura
ocupacional menos segregada.
El cuadro 1 nos trae un resumen de los resultados de la aplicación de
este modelo, en el que buscamos explicar el patrón observado en la división
256
La forma sindical en Latinoamérica
racial del trabajo (medida por la proporción relativa de negros en ocupaciones
descalificadas en relación a la proporción de blancos) en función de la tasa de
sindicalización promedio en cada sector de actividad. Incluimos, como dijimos
más arriba, dos variables de “control”: la proporción de negros en el sector y
su ingreso promedio, como manera de medir el impacto de la sindicalización,
cuidando siempre para comparar sectores con igual nivel de especialización.
Destaquemos la implicación más importante de este ejercicio: cuanto más
importante sea la fuerza del sindicato en un sector, menor tiende a ser la
división racial del trabajo, puesto que el efecto de la tasa de sindicalización es
negativo sobre el indicador de concentración relativa de negros en ocupaciones descalificadas. El gráfico 7 es una ilustración de la buena adecuación de
las variables elegidas para explicar la/DRT en los subsectores de actividad,
o sea, que las variables explicativas dan cuenta de un 52,36% del fenómeno
de la DRT en los subsectores del mercado laboral de Brasil.
Gráfico 7. Adecuación del modelo para estimación de la
División racial del trabajo (DRT). Brasil, 2008.
Conclusiones
Contrariamente a lo que han sostenido los economistas conservadores, por
medio de análisis fundamentados mucho más en opciones ideológicas que en
resultados científicos, el estudio que desarrollamos aquí trae evidencias de
la importancia de la acción sindical en el sentido de disminuir, no apenas las
desigualdades salariales al interior de las empresas y los sectores económicos,
sino también de atenuar los efectos del racismo, entendido como fenómeno
que determina la jerarquización racial de los trabajadores.
Iram Jácome Rodrigues
257
Sin embargo, es importante que se diga que aquí hemos tan sólo ensayado algunos elementos de respuesta para una indagación compleja, y
que demanda una investigación mucho más detallada. Aunque de hecho
hemos apuntado la tendencia de un rol positivo de la acción sindical en los
salarios y el bienestar de los trabajadores, nos basamos en un análisis esencialmente cuantitativo. Qué tipo de acción más precisamente desarrollan
los sindicatos al interior de las empresas, en el sentido de contrarrestar
los efectos del racismo, es una cuestión que demandaría una metodología
totalmente distinta para ser respondida. Se supone, naturalmente, teniendo
en cuenta el histórico de luchas antiracistas de los sindicatos, que algun tipo
de acción directa debe existir con el objetivo de disminuir los impactos de
la división racial del trabajo o la discriminación racial de salarios. Además,
acciones del sindicato que benefician los negros de manera indirecta, o
sea por cuenta de su posición por lo general sobordinada, son igualmente
importantes, puesto que las luchas por mejores condiciones de trabajo de los
segmentos más descalificados de trabajadores terminan por beneficiarlos
y disminuir las desigualdades raciales.
Además, no hemos podido aclarar debidamente con la metodología cuantitativa adoptada la naturaleza heterogénea de los sindicatos brasileños. No
simpre el hecho de contar con un elevado nivel de sindicalización significa
la garantía automática de una mobilización eficiente a favor de los derechos
de los trabajadores. Algunos sindicatos se comportan de manera rentista,
especialmente aquellos que representan la pequeña burguesía comerciante
o propietaria de pequeños negocios en el sector de servicios.
Pero aunque hizo falta incluir estas y otras características, que por
cierto volverían el análisis más rico, lo que se pretendió aquí fue sobretudo
abrir el debate sobre la importancia de criticar la metodología dominante
en los estudios sobre el impacto de la acción sindical y llamar la atención
para la necesidad de una metodología alternativa, fundamentada en la
tradición crítica, que permita un tratamiento científico de este fenómeno,
y no ideológico como lo ha sido el de los economistas conservadores.
Obviamente que, como lo que encontramos es todo al contrario de lo
que sostiene la visión dominante, no deberá sorprenderle a nadie que
las recomendaciones normativas que apuntamos al final de este trabajo,
fundamentadas en nuestros resultados, sean igualmente opuestas de
lo que pretiende el dogma liberal: garantir, por medio de normatización
estatal una participación creciente de los sindicatos en la economía – y
libre de interferencias políticas por parte de los capitalistas –, por cuenta
de su reconocido papel en la regulación de las relaciones salariales, cuyos
impactos en la disminución de desigualdades y del racismo en el mercado
laboral hemos tratado de ilustrar con este estudio.
258
La forma sindical en Latinoamérica
Mario Henrique Ladosky
259
Trabajo y sindicalismo en Brasil
durante el gobierno Lula
Mario Henrique Ladosky
Sociólogo y Doctor en Sociología por la Universidad
de San Pablo. [email protected]
Introducción
La reciente trayectoria política en diversos países de América Latina
ha incitado el análisis sociológico acerca del impacto que han tenido los
gobiernos del campo popular y progresista1, elegidos por voto directo, sobre
la relación Estado – sociedad.
Posteriormente, a la década de 1990, época caracterizada por el predominio del llamado “neoliberalismo”, cuyos preceptos anunciaban la restricción
del papel del Estado como inductor en la economía y en las políticas sociales
compensatorias, un conjunto de partidos de oposición de diversos matices e
ideologías-“centro-izquierda”, “nacionalista” o “popular”- comenzaron a ganar
las elecciones, apoyados por organizaciones populares que se movían en la
onda de la crisis de aquel modelo.
1 Es difícil definir el carácter de los gobiernos a los cuales hacemos referencia,
dada la heterogeneidad de sus propuestas y las diversas situaciones que los
llevaran al mando del Estado. Sin embargo, nos referimos, aún de forma
imprecisa, a los gobernantes provenientes de partidos y movimiento que
encarnaron en una época una oposición ideológica al pensamiento “neoliberal”
manteniendo en la práctica, en algunas ocasiones, una relación contradictoria
con esa herencia, pero apoyados de diversas maneras por una base social
organizada de carácter popular. Con este corte ideológico un tanto impreciso
fueron elegidos Lula y Dilma Russef en Brasil; Néstor Kirchner y Cristina
Kirchner (Argentina); Hugo Chávez (Venezuela); Evo Morales (Bolivia);
Rafael Correa (Ecuador); Michelle Bachelet (Chile); Tabaré Vásquez y José
Mujica (Uruguay) y Fernando Lugo (Paraguay).
Mario Henrique Ladosky
260
La forma sindical en Latinoamérica
El ascenso de estos gobernantes en los diferentes países de la región,
trajo consigo la expectativa de que se produjeran cambios políticos importantes, pese a la fuerte herencia neoliberal. El presente artículo discute
una de esas experiencias en América Latina: el gobierno Lula, en Brasil,
y su relación con la Central Única de los Trabajadores (CUT), la principal
central sindical del país y base de apoyo social.
El texto se divide en tres partes. En la primera discutiremos los antecedentes de la actuación de la CUT durante las décadas 1980 y 1990, lo que
nos permitirá comprender el significado de su experiencia como base de
apoyo político en el gobierno Lula. En la segunda parte analizaremos las
vicisitudes de la Central frente al gobierno y las tensiones a nivel político
entre las corrientes internas, lo que generaría fisuras en la historia de la
CUT. En la tercera parte analizaremos la cuestión del sindicalismo y del
trabajo durante el gobierno Lula a partir de las propuestas en torno a los
cambios en la legislación sindical y laboral.
En las consideraciones finales, reflexionaremos sobre el significado del
gobierno Lula en la organización del movimiento sindical, en general, y
sobre la trayectoria de la CUT, en particular.
Los antecedentes de la CUT y el gobierno Lula
El origen de la Central Única de los Trabajadores (CUT), así como del
Partido de los Trabajadores (PT), se remonta al período de apertura política
del régimen militar, durante la transición para la redemocratización en
Brasil, a finales de los años 1970, cuando se llevan a cabo las grandes
huelgas del llamado “nuevo sindicalismo” en las empresas de la región del
ABC y estando Lula a la cabeza del sindicato.
Los movimientos sociales que debían asistir a distancia la transición
lenta, gradual y segura impresa por el gobierno militar, surgieron exigiendo
derechos, ciudadanía y participación política con la marca de la autonomía.
En el terreno sindical, más específicamente, ciertos sectores del movimiento criticaban contundentemente a los dirigentes que se encontraban
al frente de las máquinas sindicales. La opinión más frecuente que se
escuchaba entre los militantes de la CUT decía que “todos eran pelegos”.
La fundación de la CUT en 1983 marca una posición de enfrentamiento y de oposición al gobierno, a los patrones y a los antiguos dirigentes
sindicales de la estructura sindical corporativa. Esta postura conflictiva
persistirá hasta 1990 y marca un primer período de la trayectoria de la
CUT. La estrategia política trazada en ese momento por la CUT puede
resumirse en las propuestas de fortalecer las oposiciones sindicales y
conquistar la dirección de las entidades sindicales a través del voto para, de
esa manera, promover una implosión de la estructura corporativa desde el
Mario Henrique Ladosky
261
interior del aparato. Esto innovaría las prácticas políticas e implementaría
la concepción político-ideológica expresada en sus documentos: “Clasista;
autónomo en relación a los partidos políticos y al Estado; independiente de
los patrones y de los gobiernos; socialista”.
Contando con el beneficio del tiempo, se observa que dicha estrategia
tuvo un éxito parcial. Por un lado, se evidencia un enorme crecimiento de
la CUT, llegando a ser la central sindical más grande del país al conquistar
la dirección de innumerables sindicatos a lo largo de la década de 1980.
A pesar del mantenimiento de los principales pilares de la estructura
sindical corporativa, que son la unidad sindical, el impuesto sindical, el
poder normativo de la Justicia del Trabajo, entre otros; se da una cierta
radicalización de las luchas promovida por los cutistas2 y la victoria de las
papeletas electorales con la bandera de la Central.
Como resultado, la resolución fijada en el documento de la 5ª Plenaria
Nacional de la CUT, en 1992, afirma: “Por fuerza de nuestra herencia
histórica, la CUT tuvo que optar por la transformación de su estructura
oficial y no por la construcción de una estructura paralela, desde el sindicato de base (…). Sin embargo, se mantuvo los pilares básicos del modelo y
no conseguimos superar todos los límites impuestos a la práctica sindical,
manteniéndose la tendencia al corporativismo y a la burocratización de
los sindicatos. Hoy, en la mayoría de los casos, no hay mecanismos que
garanticen el control de la base sobre los sindicatos, las direcciones no
mantienen canales directos de contacto con los trabajadores desde los
locales de trabajo y existe un distanciamiento de los dirigentes de la realidad de los trabajadores, limitándose así el poder de presión, movilización
y negociación de los sindicatos” (CUT, 1992).
La nueva estrategia de la CUT en los años 1990:
representación y negociación
La elección presidencial de 1989 representó un momento de inflexión en
la trayectoria de la CUT. La victoria de Fernando Collor de Mello significó, en
el campo económico, el inicio de la implementación de un proyecto neoliberal
en el país. La apertura indiscriminada del mercado nacional a los productos
importados causó una gran recesión y desempleo, perjudicando a la base
de sustento sindical de las huelgas. El sindicalismo y particularmente la
CUT, sufrió una fuerte sacudida y tuvo inicialmente el primer descenso en
2 Datos de Noronha (1991, p. 95) indican que hubo un crecimiento de aproximadamente 1.800% en el número de huelgas de 1978 a 1988. Se movilizaron
en el mismo período un número anual de huelguistas 60 veces mayor: las
jornadas no trabajadas aumentaron de 1,8 millones a 132 millones de horas.
262
La forma sindical en Latinoamérica
las movilizaciones. A esto se le suma la creación de la Fuerza Sindical en
1991, la cual tenía una propuesta político-ideológica que se encajaba con la
del gobierno de turno. Por primera vez la CUT encontraba en otra central
sindical un adversario que se encontraba a la altura en la disputa sindical.
En el campo político, la victoria de Collor significó la inviabilidad de
los derechos inscritos en la Constitución Federal promulgada en 1988. El
movimiento de implementación de un gobierno neoliberal, introducido en
el gobierno Collor, tuvo un breve intervalo en el gobierno del Presidente
Itamar Franco, quien tomara posesión en diciembre de 1992.3
El gobierno Itamar planteaba políticas contradictorias: por un lado, el
repertorio de ideas de tipo nacionalista; por otro lado, la presión por la afirmación del proyecto neoliberal que se encontraba en curso. El resultado fue
entonces la paralización del movimiento de privatización de las empresas
estatales y el estímulo a la industria nacional. El gobierno Itamar también
fue el principal fiador del Plano Real. Este plan fue precursor de la futura
política económica del Presidente Fernando Henrique Cardoso, quien
fuera durante el gobierno Itamar encargado de comandar el Ministerio de
Hacienda.
Desde el punto de vista del movimiento sindical, el corto período de la
presidencia de Itamar le abrió una alternativa importante para participar
de manera más activa en la negociación del diseño de una nueva política
industrial en el país, en dirección opuesta a la del gobierno Collor.
Contrariamente a la desestructuración, serían firmadas las cámaras
sectoriales como instrumento de negociación tripartita entre gobierno,
empleadores y trabajadores en diversos sectores económicos, teniendo
en cuenta el accionar dentro de las cadenas productivas para promover
el aumento en las ventas y en la producción y mantener el empleo. La
participación de la CUT en las cámaras sectoriales demuestra claramente
una inflexión en su posición política respecto al período anterior de mayor
enfrentamiento.
La “CUT-movimiento” había concluido su ciclo y, a partir de la década de
1990, la Central comenzó a modelar su estrategia en su fuerza institucional,
buscando con ello fortalecer su capacidad de representación, de negociación
y de conquista en convenciones y contratos colectivos de trabajo. Esa nueva
estrategia, dicho sea de paso, había comenzado durante el 3º Congreso
Nacional de la CUT en 1988 (un poco antes del gobierno Collor), en el que
3 Las denuncias de corrupción que envolvían a los altos mandos del gobierno
Collor resultaron en una amplia movilización de la sociedad que, junto con
la CUT y otros movimientos, cumplió un papel importante en la defensa de
la ética en la política y llevó al impeachment del Presidente Collor y a la
posesión de su vice, Itamar Franco como Presidente de la República.
Mario Henrique Ladosky
263
se cambiaron los estatutos, reforzando más el carácter de entidad sindical
de la CUT que el de movimiento social.
En el debate político interno se decía que la CUT debería “dejar de
ser una CUT del no; para volverse una CUT del sí”; esto es, afirmar
su proyecto político de una nueva sociedad dejando de ser meramente
reactiva.
Factores externos (crisis económica, nuevo contexto político del país y
del movimiento sindical) e internos (cambios en la estrategia de la CUT),
explican el fin de la CUT-movimiento y la institución de un nuevo período
en la trayectoria de la CUT: la “CUT-central sindical” o “CUT-institución”,
que va a persistir en la década de 1990.
El repertorio de ideas neoliberales se refuerza en los dos mandatos
siguientes presididos por el Presidente Fernando Henrique Cardoso entre
1995 y 2002. Este períiodo de mandato dificulto las acciones de la CUT
y de los sindicatos quienes comenzaron una nueva defensiva política e
ideológica. La criminalización de los movimientos sociales, particularmente
del Movimiento de los Sin Tierra (MST) y de los sindicatos de la CUT,
además de la supresión de derechos y la precarización del trabajo, fueron
la pauta de ese período. Una diferencia notable entre el gobierno FHC y
el de sus antecesores fue que, gracias al control inflacionario, este último
tuvo el apoyo de la población durante todo el primer mandato, a pesar de
cumplir una agenda de reformas liberalizadoras en materia económica, de
la precarización de derechos y del deterioro en los servicios públicos.
Para Krein y Teixeira, “las características principales de las medidas
adoptadas fueron: 1. Precarización del trabajo, fragilizando el contrato y
las condiciones de trabajo, especialmente en lo que se refiere a la reducción
de derechos laborales y eventualmente de seguros sociales; 2. Mayor libertad a las empresas para contratar y desvincular empleados, reduciendo
los costos del trabajo o estimulando negociaciones descentralizadas; 3.
Distanciamiento del Estado de sus obligaciones relativas a la protección
de derechos laborales y/o de seguridad social; 4. Mudanzas en el papel del
sindicato” (Krein y Teixeira, 2003, p. 39).
Las principales mudanzas en la legislación laboral durante el período
fueron: trabajo pro tiempo determinado (Ley 9.601/98), denuncia de la
Convención 158 de la OIT (Decreto 2100/96), Cooperativas de prestación de
servicios (Ley 8.949/94), trabajo de tiempo parcial (MP 1709/98), suspensión
del contrato de trabajo (MP 1726/98), trabajo de pasantía (MP 2164/99 y
Ley 6.494/77), Banco de horas (Ley 9.061/98 y MP 1709/98), liberación
del trabajo los domingos (Ley 10.101), PLR- Participación de los lucros y
resultados (MP 1029/94; Ley 10.101 a partir de 19/12/2000, que reproduce
la MP 1982-77/2000).
264
La forma sindical en Latinoamérica
La CUT en el Gobierno Lula
El carácter contradictorio del gobierno Lula frente a la herencia neoliberal
de los años 1990
La victoria de Lula con el 61% de los votos (53,4 millones de votos) en
la segunda vuelta de la elección presidencial, el 27 de octubre de 2002,
representó un marco en la historia de Brasil. Por primera vez era elegido
como presidente de la República un candidato proveniente de un segmento
popular de la sociedad que, como tantos otros brasileños, sufrió hambre,
trabajo infantil, difícil acceso a los estudios, migración de la región del
Nordeste para la región industrial del ABC donde experimentó la vida
dura en una empresa metalúrgica en la que un accidente de trabajo mutiló
su dedo.
Además, Lula era el candidato elegido por el PT, partido de izquierda
fundado tras el impulso de luchas y de organización popular y sindical,
responsable por las principales conquistas sociales en la Constitución
Federal y por la construcción de la democracia en Brasil que, a su vez, se
apoyaba en la participación popular, de intelectuales, artistas, trabajadores
del campo y la ciudad y de todas las categorías organizadas. La elección de
Lula representó la victoria de todos los personajes que habían entrado en
la escena en los últimos 20 años y que, aún antes de los años 1970, se organizaban y luchaban por una sociedad más justa. El mismo Lula reconoció y
rindió homenaje a todas aquellas personas que lo acompañaran en esa larga
caminata hasta la presidencia, pero que por diversos motivos ya no estaban
presentes: Betinho, Henfil, Paulo Freire, Chico Mendes, Margarida Alves.
La celebración de los movimientos sociales fue una verdadera catarsis que
envolvió a varias generaciones de todas las regiones del país.
El Presidente Lula también reconoció en su discurso de posesión las
dificultades que debería enfrentar a partir de ese momento: “Vamos
a cambiar. Cambiar con coraje y con cuidado, con humildad y osadía.
Cambiar teniendo la consciencia de que cambiar es un proceso paulatino
y continuo, no simplemente un acto de voluntad, no un arrebato voluntarista. Cambio por medio del diálogo y de la negociación, sin atropellos
ni precipitaciones para que el resultado sea consistente y duradero (…)
Tendremos que mantener bajo control nuestras muchas y legítimas ansiedades sociales para que ellas puedan ser atendidas al ritmo adecuado
y en el momento justo. Tendremos que pisar la vía con ojos abiertos – y
caminar con pasos pensados, precisos y sólidos. Por el simple motivo de
que nadie puede coger frutos antes de plantar el árbol. Pero comenzaremos a cambiar ahora, como dice la sabiduría popular, una larga caminata
comienza por los primeros pasos” (Lula, 2003).
El cuadro socioeconómico heredado por Lula era dramático. Delante de
Mario Henrique Ladosky
265
él, la opción tomada fue de prudencia en los cambios para un nuevo modelo
de desarrollo, manteniendo aspectos centrales de la política económica de
FHC, señalado en la “Carta al Pueblo Brasilero”4 en la que se aludía al
mantenimiento del superávit primario en las cuentas públicas, al cumplimiento de las metas de inflación y al cumplimiento de contratos con los
acreedores internos y externos.
El informe del equipo de transición recalcó el grave cuadro de la crisis
por la cual atravesaba el país, pero también consintió que: “la inestabilidad
actual cuestiona los propios avances que se obtuvieron con la estabilización
de la moneda, el control relativo de la inflación y un marco institucional
y federativo fortalecido por la responsabilidad fiscal. Esos han sido los
progresos que deben ser acreditados en buena medida al gobierno que se
cierra, conquistados con el esfuerzo de todos los brasileños. No hacemos
tabula rasa de los últimos ocho años, no compartimos la visión de aquellos
que creen que todo debe ser reinventado. Por eso, hemos insistido con toda
la pedagogía que en nuestro gobierno no habrá medidas exóticas, recisión
de contratos o condescendencia con la irresponsabilidad fiscal. Hemos dicho
también que no pretendemos provocar burbujas de crecimiento económico
a partir de una permisividad peligrosa con la inflación” (Palocci, 2007, pp.
45-46).
Tales posturas sorprendieron tanto a los opositores de Lula, sobre todo
parlamentares del PSDB y del PFL (actual DEM), como también a la base
histórica de sostenimiento social del PT. Fue como si de un momento para
otro los papeles se hubieran invertido: algunos teniendo por “obligación”
criticar medidas que ya habían sido adoptadas y que antes apoyaban; otros,
apoyando justamente aquello que anteriormente era más criticado. En esta
situación de desconcierto se fueron configurando bloques de apoyo y de
oposición al gobierno Lula en el Congreso Nacional, mezclando en cada uno
de los campos parlamentares espectros político-ideológicos y trayectorias
totalmente distintas. Simplificando el escenario, había parlamentares tanto
de partidos de “derecha” como de “izquierda” en cada uno de los bloques. De
esta manera se perdió el sentido de hablar de “derecha” o de “izquierda”.
4 Frente a la perspectiva real de victoria del candidato Lula, las llamadas
“fuerzas de mercado” se agitaban delante de la incertidumbre de lo que
podría ser el gobierno Lula. Tan sólo la expectativa de cambios radicales
en la economía surtía un fuerte impacto en los indicadores de inversión
como el “riesgo Brasil”, que fueron cada vez peores a lo largo del 2002. Para
contener la ansiedad del “mercado” y del deterioro del escenario financiero/
económico, el candidato Lula lanzó un manifiesto a la nación denominado
“Carta al pueblo brasileño” en el que se comprometía a no rescindir contratos
y mantener las metas de inflación y el superávit primario, entre otras cosas.
266
La forma sindical en Latinoamérica
La controversia no se encontraba tan sólo en el Congreso Nacional o en la
sociedad: dentro del propio gobierno, ministros y asesores se colocaban en
posiciones diferenciadas y muchas veces antagónicas, frente a la política
económica adoptada (Frei Betto, 2007).
El 26 de noviembre de 2003, el Congreso Nacional aprobó la reforma de
la Seguridad Social enviada por Planalto, y que visaba adecuar los gastos
a la política contenciosa del Ministerio de Hacienda, interesada en reducir
el déficit de la Seguridad Social Pública. Sin embargo, el resultado político
más visible para la sociedad fue la primera crisis del PT en el alto gobierno,
cuando parlamentares de este partido votaron en contra de la orientación
dada por Planalto, lo que ocasionó su expulsión en la Convención Nacional
del PT el 14 de diciembre de 2003 en Brasilia.5
Pese a las presiones internas y externas, el Presidente Lula resistió a la
presión y continuó con la política económica adoptada, poniendo en riesgo
todo el capital político y el prestigio dado por los trabajadores. Así lo reconoció públicamente, durante una ceremonia para dirigentes y militantes
del Sindicato de los Químicos del ABC, en octubre de 2008.
Fue tan sólo en 2003 que los resultados de la política económica comenzaron a dar los resultados esperados por el gobierno: inflación anual
del 9,3%, con tendencia de caída; el riesgo Brasil (N.T: indicador de riesgos
financieros) cayó para 463 puntos; el dólar llegó a uno de sus niveles más
bajos hasta entonces, $R2,88. De esta manera, los agentes de mercado no
tenían que preocuparse con el gobierno Lula (Palocci, 2007, pp. 203).
No obstante, los efectos positivos estuvieron acompañados de un elevado
costo social. Las actividades económicas, direccionadas para el mercado
interno, tuvieron un mal desempeño, lo que produjo que el PIB y el PIB
per capita cayeran a 0,2% y a 1,5% respectivamente, en 2003. El consumo
familiar disminuyó en 3,3% y la inversión cayó a 7,2%. La tasa promedio
de desempleo había alcanzado en los últimos 12 meses el 12,9% y en la
Región Metropolitana de São Paulo llegó al 19,9% en ese año –la más
grande desde el inicio de la investigación en 1985, llegando a alcanzar
en tan sólo unos meses el 20,6% de la Población Económicamente Activa
(PEA). El rendimiento promedio de los salarios también sufrió el impacto
del bajo dinamismo en la economía. Según el IBGE, los datos para las seis
principales regiones metropolitanas del país indican que tales rendimientos
venían cayendo desde julio de 2002 y continuaron sistemáticamente en ese
5 Fueron expulsados del PT la senadora Heloisa Helena (AL) y los diputados
federales Luciana Genro (RS), João Fontes (SE) y João Batista Oliveira de
Araujo, Babá (PA). Con excepción de João Fontes, todos los otros fundaron el
Partido Socialismo y Libertad (PSOL). El PSOL fue fundado el 6 de junio de 2004,
pero fue registrado definitivamente solamente el 15 de septiembre de 2005.
Mario Henrique Ladosky
267
ritmo en 2003 (reducción del 15,2%, pasando de R$980 para R$831), lo que
demuestra la tendencia de caída que ya venía aconteciendo (Filgueiras y
Pinto, 2004; Frei Betto, 2007).
La continuidad de la política económica de FHC durante el gobierno
Lula es un consenso en todos los análisis, cualquiera sea la perspectiva
utilizada. Sin embargo, si no fue hecha una mudanza radical y socialista,
como era esperado, el gobierno Lula apuntó diferencias significativas con
relación a su antecesor, fortaleciendo el papel inductor del Estado y la elaboración de políticas públicas dirigidas al mercado interno. En otras palabras,
diríamos que hubo una substitución de una lógica liberal por otra de corte
keynesiana. Los indicadores económicos y sociales positivos tardaron en
aparecer, pero cuando se concretizaron se consolidó una posición política
confortable para el gobierno, a pesar de los ataques de la oposición.
Reflejos del gobierno Lula en la CUT
La CUT apoyó la candidatura de Lula a la presidencia desde la primera
disputa electoral en 1989, por el hecho de que la Central y el PT encarnaban
un proyecto común de sociedad, fruto de la trayectoria histórica común,
pero desde una perspectiva diferente.6 En su relación con el movimiento
sindical, el gobierno Lula intentó mantener abierto un canal permanente de
diálogo buscando apoyo político, especialmente de la CUT, aunque reconocía
que era importante y necesario que la CUT mantuviera su autonomía e
independencia frente al gobierno.
Según Artur Henrique, presidente de la CUT en ese período, “muchas
personas que pasaron por la CUT durante su historia asumieron tareas
en el gobierno. Inicialmente, creían que íbamos a “entender” que ellas no
podrían atender todas nuestras reivindicaciones. Hubo gente, también de
este lado, que creía que al elegir a Lula se resolverían todos los problemas.
Que él resolvería: “artículo 1º, que se instale el socialismo; artículo 2º, se
revocan todas las disposiciones contrarias”, y que no se necesitaría más
de lucha, huelga y movilización. Dos visiones eran equivocadas. Se trata
de un gobierno en disputa. Ganamos la elección, pero no el poder. La gente
dejó en claro la independencia y la autonomía. Pero no vamos a permitir
que haya un proceso de golpe, como lo intentó gran parte de los medios
de comunicación y de la derecha, para derrumbar a Lula. Para ellos, Lula
como presidente es una pesadilla” (Souza, 2008).
6 En muchas ocasiones, la CUT expresó su apoyo, con cierto eufemismo, al
“candidato de los trabajadores”. Sin explicar su apoyo formal por causa de
la legislación electoral y/o porque en la CUT había corrientes que apoyaban
otros candidatos como Leonel Brizola. Pero en la 10ª Plenaria Nacional,
realizada en 2002, la CUT deliberó por el apoyo explícito a Lula.
268
La forma sindical en Latinoamérica
De ese modo, durante los primeros años del gobierno Lula había
sectores de la CUT que, por un lado, proponían una postura más radical
alrededor de las antiguas reivindicaciones del movimiento queriendo
que fueran atendidas con prontitud; por otro lado, aquellos sectores
que ofrecían un apoyo crítico y experimentaban la angustia de estar en
una cuerda floja al defender y al mismo tiempo presionar al gobierno;
también estaban quienes adoptaron un apoyo incondicional al gobierno
independientemente de las dificultades que les fueron impuestas a los
trabajadores. En fin, se produjo una tensión entre las diferentes corrientes políticas de la CUT propiciada por las diferentes perspectivas y
expectativas que acompañaron el ritmo de los acontecimientos durante
el mandato. La política contradictoria del gobierno Lula tuvo un fuerte
impacto sobre la CUT, colocando a la Central en una situación vergonzosa
frente a la base.
Así como ocurrió con parlamentarios de la oposición, las primeras
medidas del gobierno Lula dejaron perplejos a la sociedad y a los dirigentes
y militantes de la CUT. En el transcurso del primer año de mandato del
Presidente Lula, en 2003, se complicaba el escenario a medida que se
mantenía elevada la tasa de interés y el superávit primario de las cuentas
públicas, sin demostrar algún resultado positivo frente a la caída de la inflación, al mejoramiento del nivel de empleo y de la renta y a las condiciones
que justificaron el apoyo de la CUT en 2002.
El 8º Congreso Nacional de la CUT, realizado en 2003, definió apoyar al
gobierno manteniendo los principios que siempre guiaron a la CUT: defensa
de la autonomía y la independencia frente al gobierno, participación del
Foro Nacional del Trabajo (FNT) –espacio tripartito creado para debatir la
reforma sindical y laboral, entre otros temas.
Pero el punto esencial de conflicto durante el 8º CONCUT giró en torno
a qué posición debería adoptar la CUT frente al tema de la reforma de
la seguridad social para los servidores públicos, debatida en el Congreso
Nacional. Esta fue una gran prueba para la relación entre el gobierno y la
base de apoyo de la CUT (Melleiro y Radermacher, 2007). La controversia
interna con el gobierno Lula se exacerbaría, al final de ese año, con la
aprobación de la reforma de la seguridad social en el Congreso Nacional y
con la expulsión de los parlamentares petistas que votaron en contra de la
enmienda constitucional.
En función de la insatisfacción con relación a los rumbos del gobierno
y de la postura de la CUT, en 2004, se da por primera vez en la historia de
la entidad la deserción de una de las tendencias. Cerca de 1800 dirigentes
y militantes sindicales y de otros movimientos participaron del Encuentro
Sindical Nacional en Luiziana (GO) y fundaron la Coordinación Nacional
Mario Henrique Ladosky
269
de Luchas (CONLUTAS).7 La mayoría de los dirigentes y militantes que
migraron de la CUT para CONLUTAS estaban vinculados al Movimiento
de los Trabajadores al Socialismo (MTS), en su mayoría al PSTU (Partido
Socialista de los Trabajadores Unificado).
En mayo de 2006, víspera del 9º CONCUT, que se realizaría en junio,
otra corriente política deja la CUT y constituye una vía propia de acción
dentro del movimiento sindical. Muchos dirigentes y militantes sindicales
de la Alternativa Sindical Socialista (ASS) que habían acompañado la
opción partidaria del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fundan la
Intersindical.8
Si, por un lado, la reforma de la seguridad social y la reforma sindical
fueron factores de tensión dentro de la CUT que motivaron la salida de dos
de sus corrientes políticas; por otro lado, la CUT, especialmente su mayor
corriente política Acción Sindical, se apoyaba en los resultados sociales de
la política del gobierno para mantener su apoyo a pesar del desgaste de su
imagen como central sindical independiente y autónoma frente al gobierno.
De esta manera se justificaba el carácter popular del gobierno que iba de
la mano con el proyecto defendido por la CUT.
A medida que se fue consolidando una buena margen de aprobación
del Presidente en las encuestas de opinión, entre las capas más pobres
de la población y en las regiones más desprovistas del país, se fueron
confirmando señales de acierto del gobierno y de la CUT al apoyarlo. La
reelección de Lula reforzó la convicción de la Articulación Sindical de
acertar en su política, contrariamente a los sectores más radicales que
habían salido de la CUT.
En la resolución del 9º Congreso Nacional de la CUT con relación al
balance del gobierno Lula y, en consecuencia, con la estrategia de apoyar
o no su reelección, se hizo explícita la posición de la CUT en aquella coyuntura:
7 La CONLUTAS no se caracteriza como central sindical, sino como una
coordinación “compuesta por entidades sindicales, organizaciones populares,
movimientos sociales, etc., que tiene como objetivo organizar la lucha contra
las reformas neoliberales del gobierno Lula (sindical/laboral, universitaria,
tributaria y judicial) y también contra el modelo que este gobierno aplica
en el país, siguiendo las directrices del FMI (CONLUTAS, 2007). Tan sólo
recientemente la CONLUTAS ha buscado reconocimiento como central
sindical en el Ministerio del Trabajo y el Empleo.
8 El 12 de diciembre de 2007, la CUT sufrió el tercer movimiento de deserción
de sus corrientes políticas: militantes vinculados con el Partido Comunista
de Brasil (PCdoB), organizados como Corriente Sindical (CSC) al interior de
la CUT, deciden crear otra central sindical: la Central de los Trabajadores y
Trabajadoras de Brasil (CTB).
270
La forma sindical en Latinoamérica
“La llegada a la presidencia de las nuevas fuerzas representó un marco
histórico y abrió un nuevo ciclo político en el país, marcado por la
disputa sobre los rumbos que tomaría el país frente a la superación del
neoliberalismo. Pero la elección no significó una alteración inmediata
de la correlación de fuerzas políticas. Así, tanto en el gobierno como
en la sociedad hay una fuerte disputa política (….) Los avances que
obtuvimos en este primer mandato de Lula son inequívocos (…) La
CUT interviene en esa disputa como una entidad destacada del movimiento social, manteniendo su autonomía e independencia frente al
gobierno. En alianza con otros movimientos sociales, se han construido
campañas que hacen presión para hacer efectivos los cambios orientados a superar la herencia neoliberal y consolidar la implantación de
un proyecto democrático y popular (…) El centro de nuestra táctica
combina dos tareas relacionadas entre sí: impedir el retroceso (lo
que pasaría con la victoria de la candidatura PSDB-PFL) y apoyar
la reelección del Presidente Lula, en la perspectiva de avanzar en
el proyecto democrático popular, presionando por la aplicación de
una plataforma democrática definida en la CONCUT que orientará
las posiciones de la CUT frente a las acciones del próximo gobierno”
(CUT, 2006b).
El sentido de la reforma sindical
Durante la campaña presidencial del 2002, Lula presentó la propuesta
de crear un Foro Nacional del Trabajo (FNT) tripartito, con el fin de debatir
la necesidad de mudanzas en la legislación sindical y laboral del país. La
estrategia adoptada por el gobierno fue la de, primero, alterar la legislación
sindical permitiendo así mayor poder de representación para las entidades
para que, luego, se llevara a cabo la redefinición de los aspectos de la
legislación laboral.
La victoria de Lula y la perspectiva de realizar su proyecto histórico
–implementación de la libertad y la autonomía sindical a partir de la
ratificación de la Convención 87 de la OIT- entusiasmaron a la CUT para
participar del Foro Nacional del Trabajo (FNT) convocado por el Presidente.
La resolución del 8º Congreso Nacional de la CUT mostró el camino por
el que la Central debía guiar sus discusiones:
“…garantizar derechos, fortalecer la organización sindical y democratizar las relaciones de trabajo. Desde su fundación, la concepción de la CUT
era que superar la estructura sindical oficial sería fruto de un movimiento
articulado entre las iniciativas para la transformación de sindicatos, la
construcción de la estructura de la CUT y las alteraciones en el marco
institucional legal” (CUT, 2003a).
Mario Henrique Ladosky
271
La propuesta del Sistema Democrático de Relaciones de Trabajo (SDRT)
formulada en 1992, consolidó de manera sistémica la acumulación de la
organización sindical de la CUT cuya base fundamental era la institución
de un régimen de plena libertad de organización sindical, en sintonía
con varios principios consagrados por las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Convención 87 –libertad sindical
y protección al derecho de sindicalización; Convención 98- aplicación de
los principios del derecho de sindicalización y de la negociación colectiva;
Convención 135 –protección a los representantes de los trabajadores en
las empresas; Convención 151 – protección al derecho de sindicalización y
procedimientos para definir las condiciones de empleo en la administración
pública; Convención 158 – sobre el término de la relación de trabajo por
iniciativa del empleador, entre otras.
Sin embargo, más que viabilizar un proyecto histórico, la participación
de la CUT en la reforma sindical fue conducida por un diagnóstico preciso
sobre la situación del movimiento sindical brasileño luego de promulgada
la Constitución de 1988. El diagnóstico de la CUT parte de la misma
premisa elaborada por el ministro Berzoini en la exposición de motivos
del anteproyecto de la ley de relaciones sindicales.
“..El texto constitucional fue el reflejo del estado de las luchas sindicales y la dinámica de las relaciones de trabajo característicos del
período de redemocratización nacional. No obstante, la intención de
consolidar la libertad sindical con la unidad sindical se reveló contradictoria y abrió paso para la pulverización de entidades sindicales y
para el surgimiento de ‘sindicatos de sello’.
El aumento significativo del número de entidades sindicales en los
últimos años, que sobrepasan los 18 mil, no fue tan sólo el resultado
de los avances de la organización sindical, sino sobre todo de la fragmentación de entidades preexistentes en un proceso que debilitaría
tanto a la representación de los trabajadores como a los empleadores
y cuya tendencia no sería impedida por la vigencia de la unidad. Es
cierto que no son pocas las entidades sindicales que mantienen una
amplia representatividad y capacidad de actuación, pero eso contrasta
con la proliferación de sindicatos cada vez más pequeños y menos
representativos reiterando la necesidad de superación del sistema,
que ya había sido criticada años atrás por su baja representatividad y
su reducido sometimiento al control social (…) La prioridad que le fue
dada [a la reforma sindical] no es resultado de motivos estrictamente
políticos, sino de la comprensión de que la redefinición del sistema
de relaciones colectivas de trabajo debe ser el centro dinámico de
cualquier esfuerzo por la democratización de las relaciones de trabajo,
272
La forma sindical en Latinoamérica
adelantándose así la revisión de los otros institutos que regulan el
trabajo en Brasil. En vez de inspirarse en un modelo doctrinario preconcebido, el presente anteproyecto de ley consideró la realidad actual
del sindicalismo brasileño, la dinámica de las relaciones colectiva
de trabajo y el deseo de mudanza de los propios actores sociales, sin
perder de vista la necesidad de incorporar principios consagrados por
el derecho internacional y supranacional” (FNT, 2005,pp. 13-14).
El motivo de la reforma sindical, por tanto, no fue solamente rescatar
la deuda heredada en los tiempos del Presidente Getulio Vargas, sino la
necesidad de disciplinar la materia después de la Constitución de 1988.
Esto creó tal situación de hibridismo entre el fin de la intervención gubernamental y las garantías del “antiguo” corporativismo que condujeron a la
pulverización/fragmentación de la organización sindical y su consecuente
debilitamiento de la representación sindical en el país.
Para la MTE y la CUT, la reforma sindical anularía la situación creada
por la Constitución de 1988, con el fin de garantizar dos puntos fundamentales en la legislación sindical: mayor representatividad de las entidades
sindicales y fortalecimiento del diálogo social por medio del mecanismo de
incentivo a la negociación colectiva. Esos dos puntos derivarían en otras
cuestiones: organización en los locales de trabajo, reglamentación de la
ley de huelga, cohibición de prácticas antisindicales, autocomposición de
conflictos (fin del poder normativo de la Justicia del Trabajo), ratificación
de las Convenciones 151 y 158 de la OIT, etc.
El FNT y la posición de los dirigentes cutistas con
relación a los temas de la reforma sindical
El FNT fue lanzado por el gobierno federal el 19 de julio de 2003, amparado por el decreto Nº 4.764 del 24 de junio de 2003. El reglamento interno
del FNT se aprobó en la Portería MTE Nº 1.029 del 12 de agosto de 20039
(Horn, 2005, pp. 4-5). Los trabajos comenzaron en agosto de 2003, hasta
marzo de 2004, y de ellos se extrajo un informe que sirvió como base para
9 En este reglamento estaba previsto el funcionamiento de grupos de trabajo
(GTs) tripartitos, abordando varios aspectos de la Organización Sindical:
Negociación Colectiva; Sistema de Composición de Conflictos; Legislación del
trabajo; Organización administrativa y judicial del trabajo; Normas administrativas sobre condiciones de trabajo; Cualificación y certificación profesional;
Micro y pequeñas empresas, autogestión e informalidad. El informe sería
enviado a la Comisión de Sistematización con una conclusión de las discusiones.
Esta Comisión remitiría el informe a una Plenaria antes de enviar la propuesta
al Ministerio del Trabajo y el Empleo y a la Presidencia de la República.
Mario Henrique Ladosky
273
la elaboración de la Propuesta de Enmienda Constitucional Nº 369 del 2
de marzo de 2005 (PEC 369/05) y del anteproyecto de ley de relaciones
sindicales (ALRS), con 238 artículos, dirigida en la misma fecha que la PEC.
En el ámbito de la CUT se realizaron dos encuestas de opinión sobre
temas de reforma sindical: la primera realizada en 2003 con los (as)
delegados (as) al 8º Congreso de la CUT (8º CONCUT), al iniciarse los
preparativos para la discusión en el FNT; la segunda, en 2006, con los(as)
delegados (as) al 9º CONCUT, con el fin de evaluar el resultado al cual
había llegado el FNT.
Al analizar las respuestas de la encuesta de 2003 (8º CONCUT), se
constata que los cambios deseados en la reforma sindical por parte de los
dirigentes delegados a la máxima instancia de deliberación de la CUT
deberían reforzar lo que Boito Jr. denominó como “modelo democrático
de gestión sindical”; o sea, los delegados deseaban eliminar aquello que
consideraban interferencia autoritaria y conservar lo que era tolerado por
los mismos dirigentes, aunque fuera intervención estatal en los sindicatos,
sobre todo en lo que se refería a la unidad sindical (Boito Jr, 1991 y 1991b).
La encuesta de opinión dejó claro que la CUT tendría problemas para
convencer a su propia base para que se movilizara por la reforma sindical,
de acuerdo a la encuesta de opinión y el perfil de los(as) delegados (as) al
Congreso en la que se buscó identificar las siguientes preguntas: 1) ¿Cuál
es su apreciación sobre la participación de la CUT en el Foro Nacional
del Trabajo (FNT)? 2) ¿Cuáles fueron las dificultades encontradas para
la aprobación de la propuesta de Reforma Sindical enviada al Congreso
Nacional en 2005? y 3) ¿Cuáles alternativas usted considera que deben ser
prioritarias para componer la Reforma Sindical?
La opinión de los delegados al 9º CONCUT sobre las dificultades
encontradas para la aprobación de la Reforma Sindical está porcentualmente bien equilibrada. En orden decreciente, los principales factores
señalados fueron: “Falta de presión en el Congreso” (36,0%); “Composición
del Congreso desfavorable para las reformas de esa naturaleza” (35,1%);
“Hubo confusión en el debate sobre la reforma sindical y la reforma laboral
que tiende a flexibilizar derechos” (29,1%); “Los trabajadores están más
preocupados con las demandas inmediatas que con la discusión sobre
organización sindical” (27,4%) y “los sindicalistas generalmente no están
preparados para la reforma sindical” (26,7%).
Si, por un lado, los delegados evaluaron de forma ligeramente positiva
la participación de la CUT en el FNT, por otro lado, la identifican como
la principal dificultad para aprobar la reforma por falta de presión en el
Congreso. Esto no deja de ser una auto-evaluación en la que se apunta una
laguna en la actuación de la CUT en todo este proceso.
La forma sindical en Latinoamérica
274
Participación de la CUT en el FNT
50,2 %
24,4 %
17,9 %
9,9 %
26,3 %
14,3 %
La CUT acertó al participar del proceso, buscando garantizar una propuesta que
considerara sus principales posiciones históricas
La Cut no tuvo las condiciones para viabilizar una propuesta que contemplara
sus posiciones históricas, dada la composición del FNT.
La CUT se equivocó al aceptar formar parte de una negociación con otros
actores sociales, en lugar de presentar su propuesta al FNT.
La CUT hace muchas concesiones para que el FNT tenga una propuesta de
reforma sindical.
La CUT fue transparente al hacer el boletín de todas las reuniones temáticas,
posibilitando que los interesados acompañaran e intervinieran.
No tengo condiciones para hacer una evaluación con las informaciones con las
que dispongo.
Mitad de los delegado (as), 50,2%, consideraron que fue un acierto de
los delegado
(as),aunque
50,2%, consideraron
queobservar
fue un acierto
de
laMitad
CUT de
participar
del FNT,
también se debe
que 26,3%
lade
CUT
participar
del
FNT,
aunque
también
se
debe
observar
que
26,3%
ellos afirmaron que no tenían condiciones de evaluar debido a las pocas
deinformaciones
ellos afirmaron
que no tenían
condiciones
de evaluar
debido
a las
disponibles.
La suma
de las opciones
más
críticas
en pocas
las que
informaciones
disponibles.
La
suma
de
las
opciones
más
críticas
en
que
“la CUT no tuvo condiciones de viabilizar sus propuestas históricaslas
(17,9%);
“la“la
CUT
no
tuvo
condiciones
de
viabilizar
sus
propuestas
históricas
(17,9%);
CUT se equivocó al aceptar hacer parte de la negociación” (9,9%) y que
“la“la
CUT
sehace
equivocó
al aceptar
hacer parte
de totaliza
la negociación”
(9,9%) y que
CUT
muchas
concesiones”
(14,3%),
el 42,1%.
“la CUT
hace
muchas
concesiones”
(14,3%),
totaliza
el
42,1%.
Se evidencia que la evaluación general está equilibrada, casi por igual,
Seloevidencia
que laaevaluación
general
estáyequilibrada,
casi
igual,de
en
que se refiere
los aspectos
positivos
negativos en
el por
balance
enparticipación
lo que se refiere
a
los
aspectos
positivos
y
negativos
en
el
balance
de
de la CUT en el FNT Se observa también que un porcentaje
participación
de
la
CUT
en
el
FNT.
relevante de delegados le imputa a factores externos, en este caso a la
composición del Congreso Nacional, la dificultad para aprobar la reforma
sindical. Es a partir, solamente, del cuarto factor señalado por los delegados que se expresa una valoración de cierta mansedumbre política de los
sindicalistas, en general, en lo que se refiere a la voluntad de aprobar la
reforma sindical: la propuesta no representa los anhelos de la base sindical,
los trabajadores no están preocupados con la organización sindical y los
sindicalistas no están preparados para la reforma sindical.
Mario Henrique Ladosky
275
Dificultades para la aprobación de la reforma sindical
36,0 %
35,1 %
29,1 %
19,7 %
27,4 %
32,7 %
26,7 %
18,2 %
Falta de presión en el Congreso Nacional.
Composición del Congreso Nacional desfavorable para las reformas de esta
naturaleza.
La propuesta negociada en el Foro Nacional no representa los anhelos de la
base sindical.
La manera como el Foro estableció consensos con otros actores sociales,
contribuyó para articular los sectores.
Las garantias proporcionadas por la estructura llevaron a una acomodación de
los dirigentes, lo que inviabiliza una reforma sindical.
Los trabajadores están más preocupados con las demandas inmediatas que con
la discusión sobre organización sindical.
Hubo confusión en el debate sobre la reforma sindical y la reforma laboral que
tiende a flexibilizar los derechos.
Los sindicalistas, en general, no están preparados para la reforma sindical.
Indagados sobre “cuáles alternativas usted considera que deben ser prioritarias
para componer
la reforma sindical”, los delegados del 9º CONCUT
La reforMa
sindicaL en pedazos
dieron un mensaje muy claro: La principal prioridad, señalada por el 64,8%
A delegados,
pesar de lafue
importancia
de lasen
discusiones
el FNT
y del debate
de los
la organización
el local de en
trabajo,
seguida
por el
sobre
el corporativismo
y la posibilidad
de democratización
de las relaciones
“fin
de las
prácticas antisindicales”
(59,6%);
por el fin de la intervención
del
de trabajo
en Brasil,
sindical
fracasó.
Estado
y la Justicia
enlalareforma
organización
libre
de los trabajadores (55,3%) y
mecanismos
de incentivo
vigentesenenellasector
actual
estructura
sindipor laAlgunos
“obligatoriedad
de negociación
colectiva
público
y privado”
cal, como
pordos
ejemplo
la sentencia
de laque
contribución
sindical,
prevalecieron
(52,6%).
Las
últimas
alternativas
los delegados
indicaron
fueron
sobre
lasimpuesto
propuestas
por cambios.
significa,
sin embargo,
quede
la
“el
fin del
sindical”
(50,2%)Esto
y el no
“sindicato
único
con criterios
estructura sindical(30,2%).
se ha mantenido intacta o inalterada. La acción sindical
representatividad”
deEs
laperceptible
CUT ha provocado
en aspectos
referentes
a ladebería
estructura
que paracambios
los delegados
la reforma
sindical
gacorporativa,
de
igual
manera
que
un
corporativismo
transformado
parrantizar un fortalecimiento organizativo y de poder de negociación sindical,
dejando en segundo plano aspectos de la actual estructura que, pese a
también ser una intervención del Estado, no son percibidos necesariamente
como “maléficos”. Por esto creemos que el fin del impuesto sindical y los
criterios de representatividad fueron los puntos que fueron menos mencionados por los delegados.
Las opiniones de los delegados al 9º CONCUT son coherentes con las
de los delegados al 8º CONCUT (2003), cuando se iniciaban los primeros
La forma sindical en Latinoamérica
276
pasos del FNT, durante la discusión sobre la reforma sindical. Asímismo
se ajustan al análisis sociológico que frecuentemente es empleado y que
expresa la intención de mantener las garantías a la acción sindical (incentivos), y apartan los mecanismos de retracción.
Prioridades para la reforma sindical
64,8 %
50,2 %
55,3 %
52,6 %
59,6 %
30,2 %
Fin del impuesto sindical.
Obligatoriedad de la negociación colectiva (en el sector público y privado).
Organización en el local de trabajo.
Sindicato único con critério de representatividad.
Fin de la intervención del Estado y de la justicia en la organización libre de los
trabajadores.
Fin de las prácticas antisindicales.
Así, se percibe que las opiniones de los delegados al 8º y al 9º CONCUT,
sobre el FNT y la reforma sindical, demuestran una posición precavida
con relación a posibles cambios en la estructura sindical brasileña. Cabe
añadir que esa opinión atraviesa de forma transversal todas las corrientes
políticas internas de la CUT.
Esta precaución refuerza el diagnóstico de la CUT desde el 5º CONCUT
(1994), en el que se anotaba una acomodación de las entidades afiliadas a
la estructura sindical corporativista.
La reforma sindical en pedazos
A pesar de la importancia de las discusiones en el FNT y del debate
sobre el corporativismo y la posibilidad de democratización de las relaciones
de trabajo en Brasil, la reforma sindical fracasó.
Mario Henrique Ladosky
277
Algunos mecanismos de incentivo vigentes en la actual estructura sindical, como por ejemplo la sentencia de la contribución sindical, prevalecieron
sobre las propuestas por cambios. Esto no significa, sin embargo, que la
estructura sindical se ha mantenido intacta o inalterada. La acción sindical
de la CUT ha provocado cambios en aspectos referentes a la estructura
corporativa, de igual manera que un corporativismo transformado parcialmente ha ejercido influencias en la práctica sindical de la CUT y sus
sindicatos afiliados.
Diversas resoluciones obtenidas en los congresos desde la fundación de
la CUT, junto con la posición de defensa por la reforma de la FNT por parte
de algunos miembros de la Dirección Nacional, revelaron que en la base del
sindicalismo de la CUT había muchas dudas y resistencias latentes que
dificultaban que la Central tuviera una actuación más combativa.
A pesar de las resistencias, se dejó en claro que la reforma sindical
más global (PEC 369 y ALRS) no progresaría en el Congreso, por lo que
se comenzó a diseñar un “plan B” que fue llamado de “reforma sindical en
pedazos”. O sea, en lugar de hacer una mudanza a gran escala substituyendo
una lógica corporativa por otra basada en la libertad y la autonomía sindical,
o algo que se le aproximara, fueron procesadas más lentamente mudanzas
puntuales y significativas que alteraron más recientemente una buena parte
del escenario sindical: el reconocimiento legal de las centrales sindicales y
el “fin de la unidad sindical” a través de la Portería 186 del MTE. Estas dos
medidas deben ser analizadas de forma articulada y complementaria, pero
antes veamos lo que cada una de ellas significa en sí misma.
Las centrales sindicales fueron reconocidas como entidad sindical a
partir de la aprobación de la Ley 11.648/08. Fue firmado entonces el acuerdo
entre las centrales, a medida que se tramitaba el Proyecto de Ley en el que
se estipulaba que, en la medida en que exista un Impuesto Sindical,10 una
parte de él (el 10% de la cuenta del Ministerio del Trabajo) sería destinado
a las centrales de forma proporcional a su tamaño. Esto sería corroborado
por el MTE por medio de ciertos datos, como el número de trabajadores
sindicalizados y el número de sindicatos afiliados a las centrales.
A partir de ese acuerdo, los sindicatos de base indicaron cuál Federación,
la Confederación y la Central recibiría la parte de su contribución sindical.
10La contribución sindical, disciplinado en el art. 578 y los subsiguientes de
la CLT, mejor conocida como impuesto sindical, provenía del valor de un día
de trabajo, descontado al trabajador, en beneficio de la estructura sindical
y era distribuida de la siguiente manera: 60% del recaudo permanece en el
sindicato; 15% se destina a las federaciones; 5%, a las confederaciones; 10%
se queda en las centrales proporcionalmente al número de trabajadores
representados por los sindicatos afiliados; y el otro 10% permanece en el MTE.
278
La forma sindical en Latinoamérica
Aunque la CUT oficialmente estuviera en contra del cobro de la contribución sindical por mandato a todos los trabajadores, la consecuencia de la
reforma sindical en pedazos provocó la exacerbación de la disputa entre
las centrales sindicales para ver quién se quedaba con la mayor parte de la
contribución sindical. El esfuerzo emprendido por la CUT, desde entonces,
ha sido el de oficializar las entidades sindicales junto al MTE y de estimular
a la mayor cantidad posible de sindicatos indicados por la CUT y por su
estructura vertical (federación y confederación) a recibir la parte que les
corresponde del recurso de la contribución sindical.
El cuadro del Ministerio del Trabajo y del Empleo (MTE) sobre la
representatividad de las centrales (indicada por el número de sindicatos
afiliados), señala a la CUT como la mayor central sindical y una de las
pocas que cumple con los requisitos de representatividad de la Ley 11.64811,
de acuerdo al siguiente cuadro:
Representatividad de las Centrales Sindicales en Brasil
CENTRAL SINDICAL
CUT
FS
UGT
CGTB
CTB
NCST
2008
35,84%
12,33%
6,29%
5,02%
6,27%
5,09%
2009
36,79%
13,10%
7,19%
5,02%
6,12%
5,47%
Sin embargo, tal vez el dato más interesante del Ministerio de Trabajo
sea la alteración de las entidades no afiliadas a ninguna central sindical,
reflejo de la embestida de las centrales sindicales sobre estas entidades
buscando su adhesión. En 2008, tan sólo el 47% de los sindicatos habían
indicado la afiliación a alguna central sindical. En 2009, los datos presentados mostraron que llegó al 55,0% el porcentaje de sindicatos que han
tenido alguna afiliación a centrales sindicales. Todavía continúa un campo
enorme que debe ser disputado por las centrales, en la medida en que el
45,0% (3781 sindicatos) no pertenecen a ninguno de sus cuadros.
11 La ley estableció un criterio de representatividad de las centrales exigiendo
cien sindicatos afiliados en las cinco regiones del país; veinte sindicatos
afiliados en por lo menos tres regiones del país; afiliación de sindicatos en
mínimo cinco sectores de actividad económica; y la afiliación de sindicatos que
representen mínimo el 7% del total de empleados sindicalizos en el ámbito
nacional. Los diputados reiteraron la posibilidad de adicionar las centrales
sindicales a los índices de sindicalización de los sindicatos afiliados a ellas
para cumplir con la exigencia de los 7%, pero la flexibilización fue realizada
en la medida en que se aprobó que “en los dos primeros años contados a partir
de la fecha de la futura ley, ese índice del 7% se reducirá al 5%” (CUT, 2007).
Mario Henrique Ladosky
279
Otro punto del sistema sindical corporativo que se alteró frente al
régimen de libertad y autonomía sindical fue el de la instauración, en
la práctica, del fin de la unidad sindical,12 a través de la Portería 186,
publicada el 10 de abril de 2008 por el Ministro de Trabajo, Carlos Lupi,
que determina los procedimientos para el registro sindical.
Según el análisis del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP), “la Portería 186 trajo, de esta manera, los acondicionamientos
necesarios a los procedimientos administrativos para el registro sindical
y las alteraciones en los estatutos, estableciendo claras exigencias para
una efectiva y concreta comprobación de representatividad de la base
territorial, adoptando la posibilidad de autocomposición para la solución de
conflictos interminables, objetivando amparar categorías que se encuentran
al margen de la propia evolución a razón de extensas discusiones sobre
quién, efectivamente, es el representante sindical” (Gherardi, 2008).
No es el caso afirmar que la Portería invalidó la unidad sindical, pero
permite, por sus propios criterios, el reconocimiento de una federación
estadual de determinado campo creada por la CUT (de químicos, por
ejemplo), aunque ya exista otra federación en el mismo estado afiliada, o
no, a otra central sindical. Esta lógica permite que la federación de la CUT
represente exclusivamente a los trabajadores de su base sindical afiliada;
otra federación sería representante exclusiva de trabajadores de sindicatos
no cutistas. De esta manera, se preserva la unidad sindical, en la medida
en que se permite y reconoce más de una entidad sindical.
Esta es, ciertamente, la gran novedad de la Portería 186: el fin de la
unidad en la estructura superior. Esta medida permite que centrales sindicales recientemente legalizadas puedan, a partir de criterios definidos
por esta portería, construir y legalizar sus federaciones y confederaciones.
El efecto de la Portería 186 se articula a medida que se destina la contribución sindical a las entidades indicadas por los sindicatos de base. Así, los
sindicatos afiliados a la CUT dirigen parte de la contribución recaudada en
su base a la federación cutista/ confederación cutista/ la CUT; los sindicatos
afiliados a la Fuerza Sindical dirigen parte de su contribución sindical a
la federación de la FS / Confederación de la FS/ la Fuerza Sindical, y así
consecutivamente.
12 El artículo 2º de la Portería menciona el procedimiento para el registro y la
alteración de los estatutos de entidades sindicales, o sea, quedan sobreentendidos sindicatos, federaciones y confederaciones. Sólo recientemente la
Portería ha sido eficaz también para sindicatos al estimular la creación de
nuevos sindicatos. En entrevista concedida a la investigación, un asesor de la
CUT afirmó que el movimiento de fragmentación de la base de sindicatos, que
ya estaba ocurriendo antes de la Portería, se mantuvo. La novedad estaba,
segun este asesor, en las instancias de grado superior.
280
La forma sindical en Latinoamérica
En un documento oficial se expresa que, “la CUT inmediatamente
manifestó su posición favorable a la Portería 186, reforzando su posición
intransigente en defensa de la Convención 87 de la OIT (…) Finalmente,
queremos reforzar que la Portería 186 no tiene el mismo papel en la organización sindical que la Convención 87, pues mantiene la unidad sindical y
mantiene aún un papel determinante de Estado en la organización sindical,
pero se aproxima del proyecto defendido por la CUT” (CUT, 2008).
Los intentos de reforma en la legislación laboral
y la precarización del trabajo en la práctica
La reforma laboral, entendida como una revisión amplia de la legislación
laboral, no alcanzó a ser un tema de discusión en el Congreso Nacional,
pero las iniciativas puntuales sobre precarización del trabajo estuvieron
siempre presentes en la llamada enmienda 3,13 la cual fue fuertemente
13 La llamada enmienda 3, autoria del senador Nei Suassuna (PMDB-PB), fue
una propuesta de enmienda al Proyecto de Ley 6272/05 que creó la superreceita (Ley nº11.457/07). El texto de la enmienda decía lo siguiente: “en el
ejercicio de las atribuciones de la autoridad fiscal de la que trata esta Ley,
la desconsideración de la persona, acto o negocio jurídico que implique el
reconocimiento de la relación de trabajo, con o sin vínculo laboral, deberá ser
siempre presidida por una decisión judicial”. La iniciativa de la enmienda,
expuesta ante los principales medios de comunicación y por representantes
del sector patronal de la sociedad, era evitar el arbitrio de fiscales del trabajo
y de los recaudos en sus atribuciones. No obstante, aprobada la enmienda, los
auditores fiscales de recaudo de la seguridad social y del trabajo, quedaban
impedidos para señalar irregularidades en el vínculo laboral entre patrones y empleados, como el contrato de empleados como Personas Jurídicas
a través de las llamadas “empresas de una sola persona”, con la actuación
consecuentemente fraudulenta de la empresa contratante, siendo permitida
tan sólo a jueces cuando fueran accionados en procesos judiciales. Guardadas
las diferencias, sería como impedir que un agente de tránsito multara a un
conductor infractor y que esto fuera hecho solamente por un juez. La discusión
de la enmienda 3 ganó grandes proporciones en la sociedad y colocó en campos
diametralmente opuestos a las entidades sindicales de empleadores y trabajadores que entendían que su aprobación implicaría la pérdida de incontables
derechos laborales como el registro oficial, el pago de vacaciones, el 13º salario,
de FGTS, de PLR, de seguro por accidente de trabajo, entre otros. La enmienda
3, sería desde esta óptica, el cin de la relación de trabajo, convirtiéndola en una
relación entre empresas. Frente a esto, las centrales tuvieron una actuación
conjunta en protestas de calle y en el campo institucional al presionar la
aprobación del veto del Presidente Lula a la enmiendo, lo que fue realizado
durante el acto de promulgación de la Ley, el 16 de marzo de 2007.
Mario Henrique Ladosky
281
atacada por las centrales sindicales y, más recientemente, por el Proyecto
de Ley Nº. 1987/07. En ambos casos, la alteración de la legislación laboral
fue realizada omitiendo cualquier intención de diálogo con las centrales
sindicales en foros tripartitos, como el FNT. El propósito del PL 198/07,
autoría del diputado federal Cândido Vaccarezza (PT-SP) fue realizar una
consolidación de la CLT que, en otras palabras significa analizar toda la
legislación laboral considerando facilitar a los ciudadanos y a las empresas
la comprensión de sus derechos. El diputado justifica la proposición por
el hecho de que “el proyecto no tiene por objetivo crear un nuevo derecho,
tan sólo sistematizar la CLT reuniendo en un solo instrumento legislativo
toda la legislación dispersa para facilitar su examen, estudio y aplicación
por el operador de derecho”.
El problema identificado por la CUT y sus sindicatos fue que, al hacer
esa “limpieza” en la CLT buscando desburocratizarla, el diputado dejó por
fuera diversos derechos y ciertos factores perjudiciales, enterrados por la
jurisprudencia, ganaron vida. Lo peor, en la interpretación de la CUT sobre
el PL 1987/07, es que éste instituye un nuevo paradigma al prevalecer
el acuerdo individual en vez de la negociación colectiva, autorizando la
flexibilización y la precarización del derecho laboral.
En reunión realizada en la CUT con el diputado autor del PL, el
presidente de la Central, Artur Henrique, incentivó a retirar el proyecto
advirtiendo que éste enfrentaría una fuerte oposición por parte de la
Central (CUT, 2008).
La finalidad de la reforma sindical, según la visión de la CUT, fundada
en el fortalecimiento de la representatividad, de la organización en los
locales de trabajo y la capacidad de negociación colectiva de las entidades
sindicales, no ha sido un antídoto infalible para las presiones por la precarización del trabajo; lo que ha ocurrido realmente bajo las tensiones de la
ley, pero ha buscado protegerse en la ley a través de la llamada enmienda
3 y en la consolidación de la CLT de Vaccarezza.
Consideraciones finales
Iniciamos este artículo situando la relación entre el gobierno Lula y la
CUT, en medio de experiencias de las relaciones que han establecido entre
gobiernos de carácter “popular”, de “izquierda”, y los movimientos sindicales
en América Latina en los últimos años.
El “caso brasileño” ilustra contradicciones y tensas relaciones (ambiguas muchas veces en la relación entre central sindical y gobierno de
un mismo campo político-ideológico), así como también evidencia que es
posible obtener conquistas sociales y laborales, aunque se deba pagar un
tributo alto como una herencia neoliberal que estuvo vigente durante toda
282
La forma sindical en Latinoamérica
la década de 1990. En tal circunstancia política, el movimiento sindical
camina sobre un “campo minado” que coloca en riesgo, de un lado, la posibilidad real de pérdida de autonomía frente al gobierno, confundiendo así
el papel de la central sindical; de otro lado, la reafirmación de una postura
radical que pueda hacer coro con la oposición conservadora.
Desde el punto de vista de la legislación sindical, la reforma propuesta
fue una iniciativa del gobierno Lula por hacer cumplir una bandera histórica
de la CUT: transformar la estructura sindical corporativa en dirección a una
mayor libertad y autonomía. Esta reforma, como fue demostrado en este
artículo, no tuvo éxito por causa, en parte, por la oposición de los sectores
patronales y, en buena medida, por la resistencia abierta o latente de una
gran parte del movimiento sindical, inclusive en la base de la propia CUT.
Sin embargo, esa conclusión no nos permite afirmar que la estructura
sindical corporativa hubiera permanecido tal como era antes. En nuestra
periodización acerca de la trayectoria de la CUT, asumimos la división
consagrada en estudios sobre el tema: de la “CUT-movimiento” en los años
1980, a la llamada “CUT-Institución”, o “CUT-organización”, en los años
1990. Conceptualmente, el primer período tratado, cuyo patrón de acción
sindical fue más conflictivo, puede ser clasificado como un enfrentamiento
abierto al corporativismo estatal en busca de la ratificación de la libertad
y la autonomía sindical consagrada en la Convención 87 de la OIT. El
segundo período, no siendo una negación propiamente del primer período,
incorporó elementos conceptuales de una concertación neocorporativa.
Este artículo sugiere que a lo largo de los dos mandatos del Presidente
Lula (2003-2010), se instituyó una nueva etapa en la historia del movimiento sindical brasileño y, en función de esto, la CUT está ahora viviendo
un nuevo momento en su trayectoria.
Por lo menos tres factores han alterado el sindicalismo en Brasil y,
particularmente, el sindicalismo-CUT, fruto de ese nuevo contexto, con
efectos en el patrón de la acción sindical Central: 1. Reconocimiento legal de
las centrales sindicales por la Ley 11.648/08; 2.la flexibilidad de la unidad
sindical a través de la Portería 186; 3. la fragmentación de la CUT y la
división en otras tres centrales (CTB, Conlutas e Intersindical, aunque las
dos últimas no sean propiamente centrales sindicales). Estos tres factores
combinados han llevado al endurecimiento de la disputa entre las centrales sindicales por la afiliación o la creación de sindicatos, federaciones y
confederaciones, teniendo en vista obtener mayor representatividad frente
al Ministerio de Trabajo y el Empleo (MTE) y, por consiguiente, conseguir
un pedazo mayor de los recursos del impuesto sindical.
Consideramos entonces que esta tercera fase en la trayectoria de la CUT
incorpora un nuevo elemento a los elementos conceptuales presentes en
Mario Henrique Ladosky
283
los dos primeros períodos marcados por la defensa de la libertad y la autonomía frente al corporativismo estatal y la concertación neocorporativa.
El nuevo elemento es el pluralismo. Esta mudanza ocurre en virtud de las
alteraciones en la legislación sindical con la reforma sindical en pedazos
e inconclusa y el papel que ella y las demás centrales sindicales habrán
de desempeñar en adelante, en un contexto inédito caracterizado por una
disputa más intensa de representación entre las centrales sindicales.
Cabe resaltar que los tres aspectos conceptuales aquí tratados deben
ser considerados más como “tipos ideales” que se mezclan y superponen,
consolidando así un escenario más complejo para el análisis de la relación
entre CUT y estructura corporativa, y no exactamente como una sucesión
de fases en las que unas son substituidas por otras.
Desde el punto de vista de las mudanzas en la legislación laboral, el
gobierno no colocó una propuesta global para su revisión y la relación entre
la CUT y el gobierno Lula, en este tema, varió de acuerdo a los intereses
puestos en juego: momento de alianza, como en el caso de la enmienda 3;
de negociación y presión de las centrales, como el acuerdo de recuperación
del valor del salario mínimo; situaciones de enfrentamiento, como en el
caso de la reforma de la seguridad social en el sector público y del factor
previdenciario (N.T: reductor del ingreso recibido por los pensionados) que
el gobierno mantuvo pese a la presión de las centrales sindicales, entre
ellas, la CUT. Las medidas de precarización del trabajo por iniciativa propia
del Legislativo, como la revisión de la CLT por el diputado Vaccarezza
(PT-SP) líder del gobierno, contaron con la omisión del Ejecutivo. Así, en
el gobierno Lula permaneció la implementación de una “reforma laboral
rígida” en las empresas, contrariamente a la ley. El enfrentamiento frente
a la precarización del trabajo ha ocurrido solamente a través de algunos
efectos positivos de la política económica que ha activado el mercado de
trabajo viabilizando el crecimiento de la formalización del empleo de un
gran contingente de trabajadores.
En fin, el gobierno Lula no se colocó como un gobierno de los trabajadores
exclusivamente, sino como un gobierno en disputa, de la cual la CUT recogió
victorias y derrotas, ejerciendo tres tipos de papel: a veces, de presión sobre
el gobierno, otras veces, de concesión en la mesa de negociación, y otras, de
defensa frente a los ataques de los sectores políticos oposicionistas.
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Blanca S. Fernández
Licenciada en Ciencia Política por la
Universidad de Buenos Aires (2006).
Maester en Estudios Latinoamericanos por la
Universidad de San Martín(Argentina).
[email protected]
Memoria e identidad de las luchas sociales
En los últimos veinte años América Latina se ha convertido en escenario de experiencias sociales transformadoras, notables tanto al nivel
de la institucionalidad estatal como de las opciones ideológicas que se
vislumbran a través de un renovado conjunto de gobiernos llamados de
“nueva izquierda” (Borón, 2009) o “posneoliberales” (Sader, 2008). Entre
ellos se suele citar el de Rafael Correa en el Ecuador, a partir del 15 de
enero de 2007. Sin embargo, su arribo es resultado de un acumulado de
luchas sociales que portaron las banderas emancipatorias en los años de
mayor exacerbación de la ofensiva neoliberal. Frente al fin de la historia
y el cuestionamiento a todo relato liberador obrado en las entrañas de la
modernidad, en América Latina se produce el ascenso de los movimientos
sociales organizados. Estos movimientos, que no constituyen cualquier tipo
de acción colectiva, impulsan luchas que dan cuenta de alguna forma de
desigualdad existente. En palabras de Touraine (1997), exceden a “un grupo
de interés o un instrumento de presión política. Pone(n) en cuestión el modo
de utilización social de recursos y modelos culturales” 1. En el Ecuador, las
1 Como indica Touraine (1997) “un movimiento social jamás se redujo a la
defensa de los intereses de los dominados, siempre quiso abolir una relación de
290
La forma sindical en Latinoamérica
luchas de estos movimientos sociales se tradujeron en una crisis de aquel
estado neoliberal que subordinaba las riquezas públicas a los intereses de
los sectores gobernantes y del capital financiero transnacional (Dávalos,
2010), en tanto actualizaba y profundizaba el componente colonial y así reforzaba la centralidad de la cultura occidental/moderna/capitalista (Tapia,
2007). Se trata de una crisis de la colonialidad del poder (Quijano, 2000)
impulsada por un proceso (aún abierto y contradictorio) de democratización
de las relaciones sociales y de descolonización de las estructuras del Estado.
Como lo indicará Alberto Melucci, los movimientos sociales entendidos
como sistemas de acción constituyen “redes complejas entre los distintos
niveles y significados de la acción social” cuya identidad “no es un dato o
una esencia, sino el resultado de intercambios, negociaciones, decisiones
y conflictos entre diversos actores” (Melucci, 2002:12). Sin embargo en los
países con pasado colonial existe también lo que Luis Tapia ha denominado “movimientos societales”. Se trata de aquellas sociedades que subsisten
y han sido incorporadas de manera subordinada a la sociedad dominante
que se instala a partir de la conquista (Tapia, 2008). Creemos que esta
categoría resulta útil para distinguir de manera analítica aquellas formas
de organización de la vida colectiva que representan diferentes lógicas
civilizatorias (Linera, 2008), es decir que sirve a los efectos de puntualizar
acerca de subjetividades colectivas que substancialmente se encuentran
en constante movimiento. Los movimientos sociales y los movimientos
societales confluyen en este tipo de sociedades, en las cuales sólo se ha
desarrollado una forma colonizada de estado y de nación (Trujillo León,
1993); motivo por el cual las luchas sociales adquieren contenidos tanto
contra la desigualdad como en defensa de la diversidad.
Dentro del amplio espectro de movimientos sociales que habitan el
suelo ecuatoriano y que dinamizan este contexto de crisis, los sindicatos
han renovado su rol protagónico en el escenario político local y por ello un
estudio al respecto continúa siendo una tarea pendiente en el Ecuador
(Ibarra, 1989; León Galarza, 2009). No obstante, el foco aquí estará puesto
en otro de los movimientos sociales que ha heredado algunos elementos
de la tradición de lucha sindical y que ha sido el principal canalizador de
las demandas de la sociedad ecuatoriana hacia el Estado en el período
reciente. Nos referimos al movimiento indígena, que cobra inesperado protagonismo a partir del Primer Levantamiento Indígena Nacional de 1990,
liderado por la CONAIE.2 Este movimiento social impulsó las luchas por
dominación, hacer triunfar un principio de igualdad, crear una nueva sociedad
que rompiera con las formas antiguas de producción, gestión y jerarquía”.
2 Se trata de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador,
creada en 1986, a partir de la confluencia de organizaciones indígenas de
Blanca S. Fernández
291
la resistencia contra la imposición del modelo neoliberal y alcanzó, incluso,
la participación en instancias de gobierno. El Levantamiento significó un
hito histórico para la memoria corta de los pueblos indígenas (Guerrero
y Ospina, 2003; Zamosc, 1993) pero también un “momento constitutivo
nacional” porque, como lo indica Trujillo León (1993) parafraseando a René
Zavaleta, introdujo en la agenda de la sociedad ecuatoriana una serie de
debates pendientes acerca de su configuración histórica. Dichos debates
se vieron ejemplificados en una producción académica cualitativa y cuantitativamente destacable (Cornejo Menacho, 1992; Almeida et. al., 1993;
Moreno Yáñez y Figueroa, 1992; Guerrero y Ospina, 2003). La pregunta
que atravesaba a todas aquellas propuestas de análisis tenía el objetivo
de historizar la emergencia de un movimiento indígena que aparecía como
sólido y homogéneo. En realidad, el hilo conductor en todas ellas buscaba
dar respuesta a una sociedad que se preguntaba estupefacta “de dónde
habían salido los indígenas”, en un asombro que sólo se puede explicar por
la configuración moderno/colonial que caracteriza.
En general, la respuesta estuvo encaminada a subrayar la dimensión
étnica del “problema indígena” como factor de conformación de sus organizaciones hacia los años 60 y 70 del siglo XX. Para otros autores, la búsqueda
por el origen de la CONAIE se remontaba a la creación de la Federación
Ecuatoriana de Indios (FEI) en 1944 (Albó, 2008) a instancias del Partido
Comunista Ecuatoriano (PCE), que para ese mismo año también promueve
la conformación de la Central de Trabajadores Ecuatorianos (CTE). Sin
embargo, sostener que la FEI es un punto de partida del proceso organizativo de la CONAIE, acarrea dificultades analíticas y sociohistóricas que
niegan la complejidad del sujeto social en cuestión. Desde el punto de vista
que aquí expondremos, la FEI es el resultado de una experiencia de lucha
en base a alianzas con otros sectores sociales, que fueron organizadas para
cuestionar el régimen de acumulación vigente. El sindicato campesino es
la forma organizativa que adquirió esa lucha en los años veinte y en ese
sentido la FEI es también un punto de llegada respecto de los contenidos
de una identidad en la que confluirán elementos que son tanto “clasistas”
como “étnicos”.
Sin embargo, en el contexto de crisis de los paradigmas de izquierda, se
ha propuesto el carácter étnico como superador cuando no en contraposición
respecto de los análisis de clase para caracterizar la identidad de los movimientos indígenas, dejando atrás los estudios que intentaban dar cuenta del
legado clasista en la memoria de su conformación. A su vez, notamos que
la imposición de este “giro étnico” ha llevado a otros analistas a enfrentar
base tanto en territorio andino como amazónico; y al que progresivamente
se irán incorporando organizaciones de la Costa.
292
La forma sindical en Latinoamérica
estos supuestos revalorizando la dimensión de clase, y reproduciendo así
la misma operación que cuestionaban, pero en sentido inverso (Saltos
Galarza, 2002). De esta manera, se sostuvo cierta oposición binaria para
el estudio de la génesis y caracterización de la CONAIE, ignorando que
estas formas de organización social expresan en realidad estructuras de
movilización previamente constituidas por anteriores luchas sociales y por
lo tanto portadoras de diferentes memorias de lucha (Linera, 2004, pp. 219).
No obstante, al mismo tiempo, debemos evitar concepciones esencialistas
de la identidad y entenderla como resultado de un proceso de construcción
social, es decir “reconocer que la memoria es menos una restitución fiel
del pasado que una reconstrucción continuamente actualizada del mismo”
(Candau, 2011).
En razón de ello, proponemos rastrear en la memoria de lucha del
movimiento indígena ecuatoriano algunos de los elementos que son hoy
retomados para caracterizar una dimensión de su identidad asociada a
la persistencia de una matriz sindical clasista, que dialoga con (y por
lo tanto asume a) la otra dimensión de matriz étnica/cultural, en los
años veinte. La memoria configura un eje trasversal en la identidad del
movimiento indígena porque dicha identidad relacional que se constituye
en el presente lo hace seleccionando, y por lo tanto construyendo también,
elementos del pasado. En este sentido retomamos la propuesta de Candau
para quien “la puesta en memoria del mundo presupone su puesta en
orden, en particular gracias a una domesticación o una estructuración
del tiempo” (Candau, 2001, p. 11).
La CONAIE “pone en orden su mundo” a partir de tres etapas en las
que se forma su identidad como movimiento indígena: la primera, desde la
invasión española hasta la década del 20; la segunda, desde los años veinte
hasta los años 60; y la tercera, desde los años 60 hasta los 90, en que se
conforman las organizaciones regionales y la misma CONAIE (CONAIE,
1989, p. 276). Subrayaremos aquí esa memoria intermedia, ya que es la
que da cuenta de los orígenes de una lucha organizada a partir de la cual
hoy se afirma una memoria sindical clasista:
Hasta principios de este siglo fueron levantamientos de comunidades
indígenas aisladas, a los que se los sofocó con el uso de la fuerza física.
A partir de las décadas del 20, el movimiento indígena inscrito dentro
del movimiento campesino, adquirió mayor organicidad con la creación
de los sindicatos campesinos y más tarde de la Federación Ecuatoriana
de Indios (CONAIE, 1989, p. 259, énfasis propio).
Sin embargo, en la mayoría de los discursos de sus dirigentes, en los
mandatos de la organización o en los artículos escritos por sus intelec-
Blanca S. Fernández
293
tuales, las principales referencias ocurren respecto de la primera y de la
tercera etapa.
La memoria larga, que da cuenta de la continuidad entre Colonia y
República, es una memoria de la tragedia, del saqueo y de la conquista a
partir de la cual se desata la configuración moderno/colonial del régimen
de acumulación vigente. La memoria corta es la que sienta las bases para
el ciclo ascendente de la protesta, que derivará en el Levantamiento de
1990. Se trata de una memoria larga y de una memoria corta entre las
cuales queda entrampada la memoria intermedia de los años 20, porque
ha subsistido íntimamente subordinada a las concepciones indigenistas del
Estado, los partidos y las iglesias. En rigor, el indigenismo en el Ecuador se
configura y desarrolla en los años posteriores, fundamentalmente a partir
de la década del 40 (Cueva, 1967; Ibarra, 1992; Muratorio, 1994; Prieto,
2004). Sin embargo el recuerdo de los años 20 y 30 será distorsionado, y
quedará asociado a una memoria de la imposibilidad de producir organizaciones propias a causa de la persistencia de ventrílocuos encarnados en
las figuras de la vanguardia intelectual de los partidos de izquierda, de los
misioneros religiosos o de los tenientes políticos (Guerrero, 1996). De esta
manera, así como no se puede sostener que la memoria se constituya a
partir de experiencias pasadas que sean recuperadas en toda su integridad,
las distorsiones que operan en la memoria “nos enseñan probablemente
más sobre una sociedad o un individuo que una memoria fiel. En cada caso,
es necesario ver en la deformación aportada al acontecimiento recordado,
un esfuerzo de ajuste del pasado a las necesidades identitarias del presente”
(Candau, 2001, p. 166).
Respecto de dicho “esfuerzo de ajuste”, observamos que en el contexto
más reciente se empieza a escuchar tanto entre los dirigentes jóvenes como
los históricos, así como entre los intelectuales más orgánicos de la CONAIE,
el llamado a la rearticulación de la “tendencia de izquierda” (Simbaña,
2007b). Guerrero y Ospina (2003) explican cómo el ajuste estructural
implementado por el Estado neoliberal fragmentó el campo popular y
contribuyó a producir el llamado “giro étnico” en las organizaciones. El
movimiento indígena que emergió en los 90 como articulador de las luchas
antineoliberales, no es ajeno a dicho giro a partir del cual ingresa progresivamente en una crisis interna hacia mediados de los 90, que se prolongará
incluso hasta la llegada de Rafael Correa al gobierno. El reciente llamado
a la rearticulación, tendría su base en lo que sus principales referentes
denominan “corriente histórica” (Maldonado, 2008; Macas en Unda, 2010;
Cholango, 2011; Churuchumbi, 2011). Desde nuestro punto de vista, este
es el contexto en que lo sindical adquiere forma de memoria identitaria y
por ello queremos subrayar su persistencia, incluso afirmando su constante
reformulación. Nos preguntamos entonces: ¿Cuáles son aquellas expe-
294
La forma sindical en Latinoamérica
riencias vinculadas a la lucha sindical que se recrean en el presente del
movimiento indígena andino en el Ecuador? ¿Qué continuidades y rupturas
se ha propuesto el movimiento respecto de este legado? ¿Qué elementos
colaboran en esta propuesta de giro hacia la “corriente histórica”? En rigor,
¿cuáles son aquellas “necesidades identitarias” del presente?
En este artículo, quisiéramos introducir el legado de lo que aquí denominaremos “memoria sindical” en la composición identitaria de la CONAIE.
Dicha memoria ha sabido reformularse de manera variada al calor del principal sujeto colectivo que podía proponer un proyecto político emancipatorio
para las generaciones “posmuro” del Ecuador: el sujeto “indígena-campesino”.
En esta afirmación existen por lo menos tres ejes a desarrollar: en primer
lugar, qué elementos consideramos que se retoman en dicha “memoria
sindical”. Si no se puede caracterizar al movimiento indígena del Ecuador a
través de la huelga como acción principal de lucha, ni encontrar demandas
exclusivamente salariales entre sus principales reivindicaciones, es preciso
reflexionar sobre cuáles son aquellas especificidades que dan cuenta de la
persistencia de lo “sindical” en su configuración identitaria, teniendo en
cuenta la estructura social y productiva del Ecuador.
En segundo lugar, la actualidad de la categoría “indígena-campesino”,
un término compuesto que ha resultado bastante problemático y difícil
de afrontar desde los campos disciplinares de la sociología y la historia.
Observaremos aquí su confluencia en los marcos programáticos de la
ECUARUNARI3 y de la CONAIE, y en el testimonio de sus principales
dirigentes.
Y en tercer lugar, creemos pertinente admitir la vigencia y actualización
de un debate acerca del proyecto político emancipatorio y de los sujetos que
lo encarnan. Es necesario problematizar, retomando a Touraine (1997), si el
conflicto central de la época realmente se ha desplazado desde la lucha de
clases a la lucha por la cultura. Tal vez se pueda enfatizar la complejidad
de los procesos sociales que encarnan dicho conflicto tanto como la hibridez de los sujetos que lo impulsan, admitiendo la existencia de distintas
dimensiones que adquieren mayor visibilidad en determinados momentos,
sin ignorar sus niveles de latencia en otros.4 Estos niveles de latencia y
3 Fundada en 1972, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa
del Ecuador, ECUARUNARI (Ecuador Runacunapak Rikcharimui), es una
organización de carácter regional, que agrupa a los pueblos indígenas kichwas
de la Sierra Ecuatoriana.
4 Según Melucci, los momentos de visibilidad se expresan en la acción colectiva
a través de las demandas y la fuerza social que tiene el movimiento para
exigirlas. Pero, a su vez, es indispensable caracterizar el nivel de latencia, en
el cual se ubican las redes subterráneas en donde se construyen activamente
Blanca S. Fernández
295
visibilidad resultan inabordables si no se observa cómo los sujetos llegan a
producir prácticas, representaciones, creencias y recuerdos a partir de los
cuales son también producidos. En este trabajo, nos proponemos el abordaje de las elecciones de una memoria sindical a partir de un conjunto de
elementos que se recuperan tanto en los momentos previos al “giro étnico”
de mediados de los 90, como en el actual revival de la “corriente histórica”.
Uno de estos elementos es la demanda de tierra, que constituye la base
del cuestionamiento al régimen de acumulación del capitalismo moderno/
colonial. Otro elemento es el carácter de la acción colectiva organizada en
torno a la “unidad” de los sujetos subalternos, cuyas estrategias oscilan
entre la movilización y territorialización de la protesta y el diálogo y la
negociación con aquellos sectores de la sociedad con los que entran en
conflicto (fundamentalmente el Estado). Estos componentes se entrelazan
alrededor del peso ideológico de una matriz de izquierda heterodoxa que
incorpora desde los tempranos años 20, identidades étnicas y de clase.
Llama la atención que esta convocatoria a recuperar una memoria que
juzgamos asociada al sindicalismo de izquierda se produzca en contraposición y no en complementariedad con la presencia de un gobierno que
proclama el “socialismo del siglo XXI”: no pasaron muchos meses luego de
la asunción para que la relación entre el gobierno de Correa y los movimientos sociales estuviera teñida por una clara conflictividad en ascenso
(Unda, 2010). Con lo cual, sobreviene un interrogante comparativo acerca
de la forma en que se recrea y reformula dicha memoria en escenarios tan
diferentes como el contexto neoliberal de los años 90 y el posneoliberal
vigente. A priori, sería esperable que dicha memoria hubiera jugado un rol
significativo en las luchas contra la implantación del modelo neoliberal;
y aquí expondremos de qué manera esto efectivamente ocurrió. De la
misma manera resultaría inconcebible que dicha memoria hoy operara
para confrontar al movimiento indígena con el gobierno de Correa. Sin
embargo, el conflictivo escenario político del Ecuador de inicios del siglo
XXI es bastante más complejo; motivo por el cual dedicaremos el último
apartado a ello. En este sentido, no se debe perder de vista que la fuerza
identitaria que adquiere la actividad de la memoria sólo se comprende
cuando ésta se inscribe en los marcos de un proyecto político. En esta
tarea de pasarle a la historia el cepillo a contrapelo (Benjamin, 1955), la
CONAIE argumenta que lleva el suelo bajo los pies.
los códigos culturales alternativos que luego sustentan las demandas que se
expresan en el espacio público (Melucci, 2002).
296
La forma sindical en Latinoamérica
Los giros de una historia en movimiento
Las transformaciones recientes que ha atravesado el Ecuador podrían
ser planteadas en los marcos de un “giro histórico” (Guerrero y Ospina,
2003). Dicho giro ocurre respecto de una historia larga y se observa a partir
de la confluencia de las transformaciones producidas en el rol del Estado,
en el sistema productivo y en las formas de organización e identidad de
los actores colectivos.
La memoria de larga duración en la historia oficial de la sociedad
ecuatoriana se remite a la constitución de la República y la hegemonía del
sistema de hacienda, un sistema en el cual se entrelazan los principales
ejes de dominación política y económica en el país. A pesar de las diferentes
modalidades que coexistieron, en términos generales dicho sistema se basó
en el cobro de una renta (ya sea en especies o en trabajo) a las comunidades
campesinas que habitaban dentro o en los alrededores de la propiedad latifundista, a cambio del uso precario de una porción de tierra (el huasipungo)
o de los recursos que de allí pudieran extraerse (Guerrero y Ospina, 2003).
Según señala Agustín Cueva, en este sistema de producción, que caracterizó
la formación socio-económica del Ecuador, el modo de producción capitalista
dependiente y dominante articuló de manera contradictoria y subordinada
a otras formas de producción social no capitalistas “que coexisten como
remanentes históricos refuncionalizados por el capital” (Cueva en Ibarra,
1984). El debate de los años 60 respecto del carácter feudal o capitalista de
un Ecuador basado en una economía de hacienda, queda saldado con los
aportes de Andrés Guerrero:
Los hacendados serranos no solamente participan sino colaboran
directamente en la reproducción ampliada de las relaciones capitalistas […] pero siempre sin entrar en un proceso de disolución y de
transformación de las relaciones de producción precapitalistas del
sector agrario (Guerrero, 1991, p. 74).
Dicha transposición configura una forma social abigarrada que Luis Tapia
describe, retomando a René Zavaleta, como “la sobreposición de diversos
tipos de sociedad que coexisten de manera desarticulada, estableciendo
relaciones de dominación y distorsión de unas sobre otras” (Tapia, 2002, p.
10). Dicha forma social abigarrada da cuenta de la condición multisocietal que
caracteriza particularmente a los países de la región andina (Tapia, 2006).
A este debate, Aníbal Quijano ha contribuido con otra dimensión de
análisis que ilustra el carácter moderno/colonial del sistema del mundo
capitalista en estas sociedades: este autor destaca el dispositivo de la raza
como instrumento de poder que impide la democratización de la sociedad
Blanca S. Fernández
297
y el Estado (Quijano, 2000). Retomando los aportes de Pablo González
Casanova, Luis Maldonado añade que
Este fenómeno es conocido como colonialismo interno [énfasis original]
porque el Estado y la sociedad ecuatoriana excluyen a la sociedad
indígena, estableciendo una relación de marginación racial (…) La
sociedad ecuatoriana es producto de la herencia colonial insertada
en el sistema capitalista, resultado del proceso de acumulación, del
saqueo de nuestros recursos minerales y naturales y de la explotación
que ha reducido a la población indígena y a la mayoría de la sociedad
nacional a condiciones miserables de vida. Es una sociedad capitalista
dependiente [énfasis propio] de los grandes centros monopólicos del
poder económico y político (Maldonado, 1993).
Esta caracterización propuesta por un dirigente histórico de la CONAIE
es clave para especificar la coexistencia y superposición de diversas formas
de desigualdad sobre las que se asienta la República en el Ecuador desde
su fundación en 1830. En ese sentido, se conforma “una estructura de clase
moderna pero que se halla atrapada en el viejo lenguaje de castas de origen
colonial. El término casta como equivalente a raza y grupo étnico, es el que
sirve para definir la ubicación de los sectores sociales en la Colonia. Prolongación de la situación colonial que sobrevive en la época republicana” (Ibarra,
1992, pp. 2-3). Se trata de una “ruptura de la comunidad de linaje” respecto
de las poblaciones asentadas en un mismo territorio, garantizada por el
racismo como dispositivo fundamental para el sostenimiento y reproducción
del “grupo étnico foráneo (blanco-hispano-europeo-occidental) constituido
en referente de identidad de la nación ecuatoriana” (Silva Charvet, 2004).
Por ello, Erika Silva sostiene que la fractura de la comunidad de linaje
trata de un “nosotros” blanco-hispano-europeo-occidental enmascarado en
el “nosotros mestizo”.
Ese “nosotros” fragmentado y desigual también tiene fuerte carácter
regional (Donoso Pareja, 2004), históricamente determinado por la disputa
de liderazgo económico-político entre Quito y Guayaquil (ambas ciudades
representantes de las regiones de la Sierra y la Costa) y de intereses económicos vinculados al sistema de producción tradicional de la hacienda
serrana y los intereses comerciales, fuertemente emparentados con sectores
exportadores guayaquileños, respectivamente.
Sierra y Costa más que regiones geográficas forman dos sociedades
con bagajes históricos, culturales, sociales y económicos diferentes.
Estas historias singulares han significado también modalidades de
explotación y de control de la fuerza de trabajo diversas, las cuales
298
La forma sindical en Latinoamérica
han incidido directamente en el desarrollo del sindicalismo al menos
en sus inicios. En la sierra en donde, hasta los años cincuenta, se
ha encontrado el grueso de los trabajadores del país es en donde,
igualmente, la adscripción étnica predominaba (León e Ycaza, 1989).
Más que una nación en ciernes, la forma nacional desarrollada en el
Ecuador desde el siglo XIX responde a un modelo que deseaba la homogeneidad cultural (con fuerte base racial en la blanquitud) como parte de los
componentes a “construir” y, por esta razón, el nacimiento de la República
estuvo signado por la exclusión de amplias mayorías de la construcción
nacional (Larrea, 2007). Sin dudas, la confluencia de estos elementos derivó
en la configuración de un estado débil, en el cual el sistema de hacienda
no sólo se constituye en el principal eje de acumulación desigual sino
que es fundamental para articular una ciudadanía excluyente. Según
Andrés Guerrero, desde mediados del siglo XIX, el Estado ecuatoriano
“delega soberanía” sobre un conglomerado heterogéneo compuesto por
hacendados, congregaciones religiosas y funcionarios locales que asumieron
el rol de ventrílocuos, en base a las relaciones de opresión configuradas en la
Colonia. Esta forma predominante de delegación de soberanía en el ámbito
privado (sobre la que se asienta el Estado ecuatoriano) constituye una
forma de “administración étnica” en la que determinados “ventrílocuos” son
designados para “interpretar” y “representar” informalmente la voluntad
de los pueblos indígenas entre mediados de siglo XIX y mediados del siglo
XX (Guerrero, 1996). Por ello la crisis hegemónica del sistema de hacienda
puede ser entendida como un “giro histórico” respecto de esta historia larga;
un giro que se produce con la modernización del capitalismo impulsado
por los sectores de elite y que “se inicia en 1964, se acelera en 1972 y se
cristaliza en 1978” (Guerrero y Ospina, 2003). Claramente, la selección de
estos años no es azarosa.
1964 es el año de la primera reforma agraria. La ley fue resultado
tanto del impulso modernizador e industrializador estatal, como de la
presión social y demográfica sobre la tierra.5 El objetivo de la reforma fue
la reestructuración del sistema de hacienda, encaminada a “liberar” mano
de obra y dinamizar el mercado de tierras a través de la eliminación de
5 En este contexto, es claro que las clases subalternas generaron la presión
social y política para la reforma agraria, pero fueron las presiones dentro del
bloque dominante lo que dio viabilidad política: “afloraron con claridad los
límites de la reproducción ampliada en las haciendas tradicionales, lo cual
fortaleció la necesidad de la reforma agraria, para introducir innovaciones
tecnológicas y aumentar la productividad” (Acosta, citado en SIPAE, HeiferEcuador, IEE, 2004).
Blanca S. Fernández
299
los grandes latifundios (Sánchez Parga, 2007).6 Esta reforma implicó la
diversificación del mercado interno y laboral, al igual que la multiplicación
de flujos migratorios internos que modificaron por entero las coordenadas
de la demografía regional (León e Ycaza, 1989). Al mismo tiempo, profundizó las luchas por la tierra entre aquellos huasipungueros que habían
sido “liberados” de las obligaciones. Estos procesos de transición hacia un
nuevo régimen de acumulación, también pusieron en crisis el sistema de
administración étnica vigente: una década más tarde “el fin de la hacienda
tuvo su correlato en el fin de lo que se ha llamado el estado oligárquicoterrateniente” (Quintero y Silva, 1991, énfasis original).
1972 es el año de la dictadura nacionalista y desarrollista del General
Rodríguez Lara. En este período, el proyecto modernizador de la dictadura
se articuló con un modelo de producción rentista en base a la nacionalización del petróleo. La aparición del nuevo divo produce otra inflexión en
el giro histórico: de una economía basada en la exportación de productos
primarios como el cacao y el banano se pasa a un modelo basado en la
explotación petrolera, en los marcos de un oscuro protagonismo estatal,
empapado con los nuevos ingresos. En dicho contexto modernizador, el
Estado se fortalece dotado del fuerte carácter patrimonialista que aún
conserva (Larrea, 2007). El desplazamiento del eje articulador de la
economía ecuatoriana se produce tanto en términos del tipo de materia
prima como territoriales: la crisis de la tradicional hacienda serrana deja
paso al petróleo amazónico. La Amazonía norte se irá convirtiendo en la
principal zona de extracción petrolera, maderera y agrícola-empresarial,
acompañada por una segunda Ley de Reforma Agraria y Colonización
(1973), que profundizará el escenario de contratación de asalariados,
venta de tierras y conversión a la ganadería intensiva.
1978 no es sólo el año hacia la transición democrática, sino también el
año en que se plantea la necesidad de una nueva constitución que en 1979
establecerá el carácter universal del voto por primera vez en la historia
ecuatoriana, en un claro proceso de ampliación de ciudadanía política. El
gobierno democrático del binomio Hurtado-Roldós entrará en contradicción
y crisis cuando se apliquen las primeras medidas de ajuste estructural
desde 1984, que perdurarán en un contexto de conflicto y protesta social
6 El Ecuador tuvo “tres diferentes leyes de Reforma Agraria: en 1964, 1973 y
1979. Es posible distinguir tres fases claramente diferenciables: I) 1964–1974:
que se implementa principalmente en la región sierra y que busca acabar con
las formas más atrasadas de explotación, como el huasipungo; II) 1975–1980:
que se implementa principalmente en la región costa y que busca expandir la
modernización del campo en esa zona; III) 1982–1990: completa los procesos de
afectación, con una intensidad reducida.” [Grupo de Trabajo SIPAE-IEE, 2004].
300
La forma sindical en Latinoamérica
durante los años 90. Por ello, es también un año que subraya la aceleración
del tiempo histórico: un giro en la caracterización del tiempo estable, lento y
homogéneo de la hacienda; hacia el tiempo corto e intrépido de la modernización capitalista y la irrupción del neoliberalismo. En términos políticos, es
un tiempo que Andrés Guerrero describe irónicamente indicando el pasaje
de la “administración de poblaciones a la administración de ciudadanías”
(Guerrero, 1997). Como veremos, la modernización ocurre en dos fases: “la
primera entre 1964 y 1982, caracterizada por el protagonismo crucial del
Estado como motor de cambio de la economía nacional; la segunda, entre
1982 y 2002, caracterizada por el desmantelamiento progresivo del rol
propulsor del Estado” (Guerrero y Ospina, 2003).
Este proceso es parte de una historia compartida por las naciones
latinoamericanas: el neoliberalismo profundiza aquellas formas de desigualdad territoriales, políticas y sociales heredadas de la Colonia. En estas
condiciones, a un país dependiente de la exportación petrolera y que no
produce sus derivados, se le suma el desmantelamiento del Estado, el fin
de las regulaciones, el posterior auge de las privatizaciones y el eventual
uso de la política social como paliativo (Falconí Benítez, 2004), sin olvidar la
peculiaridad ecuatoriana: en un contexto de quiebre del sistema bancario,
en el año 2000, se decide la dolarización de la economía, con lo cual hasta
el día de hoy el gobierno carece de independencia en política monetaria
(Larrea, 2007).
El relato de este proceso ilustra el contexto en que asume la presidencia
Rafael Correa, en enero de 2007. Sin embargo, en esta caracterización de la
historia larga y corta del Ecuador, faltan los actores sociales, fundamentalmente aquellos que han impulsado los procesos de democratización social y
estatal. En los siguientes apartados nos concentraremos en ellos, sin olvidar
que la práctica destrucción de los sindicatos en los 80, dejó al movimiento
indígena como principal estandarte de la resistencia al neoliberalismo en
los 90.
Como hemos adelantado, el sistema de acciones que constituye a este
movimiento social es resultado de un proceso de acumulación cuyas memorias de luchas tienen una historia larga, media y corta, configurando
una identidad que no solamente se ha construido en base a la relación con
el Estado como principal interlocutor, sino a las orientaciones subjetivas
de los actores que constituyen dicho movimiento (Melucci, 2002). En los
años 20, el sindicato compone un espacio articulador de sujetos que son
a la vez campesinos e indígenas y configura un tiempo de peso ideológico
y de experiencia de acción colectiva. Espacio y tiempo que dotarán de
espesor identitario a muchos de los elementos que hoy retoma la “corriente
histórica” de la CONAIE.
Blanca S. Fernández
301
¿Qué memoria sindical?
Una de las primeras experiencias organizativas entre los indígenas de
la Sierra se produjo en Cayambe a través de los sindicatos agrarios que
se formaron en los años 20 a raíz del conflicto por la tierra. En 1926, el
Sindicato de Trabajadores Campesinos Juan Montalvo, dirigido por Jesús
Gualavisí, demandaba a la hacienda por “haberse apropiado de tierras
que les pertenecían por historia”, a través de un pliego de peticiones. Al
encontrarse con la negativa del dueño de la hacienda, Gualavisí condujo la
ocupación de tierras en disputa, aunque luego fueron reprimidos por dos
batallones del ejército. Como explicita la misma CONAIE en sus primeros
documentos públicos:
Estos sindicatos estuvieron formados en su mayoría por indígenas
vinculados a las haciendas serranas (huasipungueros, yanaperos,
arrimados, etc.). Las reivindicaciones por las cuales luchábamos
estuvieron íntimamente relacionadas con la situación de muchos
de nosotros al interior de las haciendas. Se pedía acceso a la tierra,
mejores salarios, prestaciones sociales, etc. (CONAIE, 1989, p. 276).
La conformación de estos sindicatos se produce en colaboración con
sectores urbanos blanco-mestizos7 de Quito. En Cayambe, como en Chimborazo y Cotopaxi, la mayoría de las parroquias se constituirían en torno
a las haciendas de la Asistencia Pública, que se habían conformado luego
de la expropiación estatal de tierras a la Iglesia en 1908. Como relata
Marc Becker, “escondidos en cuevas y con la complicidad de la noche los
trabajadores indígenas formaron los primeros sindicatos campesinos en
Cayambe: El Inca en Pesillo, Tierra Libre en Moyurco, y Pan y Tierra en
La Chimba” (Becker, 1999, p. 57). Otros autores que analizan las primeras
organizaciones de los sectores populares en el campo señalan que “desde
1920, en las provincias de Chimborazo y Azuay se gestó un potente ciclo de
revueltas campesinas e indígenas donde los levantamientos más significativos se caracterizaron por los ataques contra los centros poblados en tanto
símbolos de la sociedad blanco-mestiza, lugar terminal de las instancias
inferiores del Estado y residencia de las autoridades seccionales civiles y
religiosas” (Ibarra, 1992, pp. 341-342). Como indica Hernán Ibarra (1984)
es un contexto en el que convergen “en la protesta campesina, el impacto
de la crisis agraria que afectaba a todas las clases del campo, las nuevas
7 Como indica Blanca Muratorio (1994:21) “el término blanco-mestizo aunque
no muy feliz, es aceptado entre los académicos andinistas para referirse a
la categoría social de la población de origen blanco y mestizo, culturalmente
diferente a la indígena y negra“.
302
La forma sindical en Latinoamérica
ideologías movilizadoras y la crisis de hegemonía del estado oligárquico”.
Estas “nuevas ideologías movilizadoras” son las mismas que constituirán
al Partido Socialista (PS) en 1926.
En la fundación del PS se destacará la figura de Ricardo Paredes, que
había estado en contacto con Gualavisí para la formación de los sindicatos
en Cayambe. Esta experiencia conjunta es un elemento central para identificar el tipo de relación que se establecerá entre campesinos indígenas
e intelectuales mestizos y urbanos, y que dará un tinte heterodoxo a la
izquierda que en Ecuador fundará al PS.
En 1928, Ricardo Paredes publica en La internacional sindical roja de
París la siguiente caracterización de la clase obrera ecuatoriana: “está pues
sometida a un doble yugo: opresión de raza (prejuicio de la “raza inferior”) y
opresión económica. Bajo esta doble opresión, los trabajadores del Ecuador
toman poco a poco conciencia de sus distintos intereses de clase” (Paredes,
1928). Las tareas del PS para ese entonces eran el asesoramiento legal y
la colaboración en el armado de sindicatos de indígenas huasipungueros,
fuertemente reprimidos por el estado oligárquico. Según Paredes, “esta
lucha creciente entre la propiedad privada y el régimen comunal que los
indios continúan defendiendo enérgicamente, coloca a los indígenas ante
la perspectiva de una expropiación completa; y esta eventualidad ejerce
sobre ellos una influencia revolucionaria” (Paredes, 1928). El PS fue el
que más esfuerzos realizó por incorporar las demandas indígenas a su
plataforma política, incluso a pesar de que la política electoral los excluía
del voto. Paredes se presentaba como “el candidato de los trabajadores, los
campesinos, los indios y los soldados” (Becker, 1999) y la reforma agraria
encabezaba las demandas del Partido. En ese sentido, el contacto con la
izquierda definiría a las primeras organizaciones indígenas de la región,
cuyos orígenes reconoce hoy la principal regional de la Sierra:
Las organizaciones que conforman el ECUARUNARI son una red de
estructuras organizativas provinciales que recuerdan en su conformación a los sindicatos de tierras. De hecho, su agenda principal será la
lucha por la tierra y por una reforma agraria radical (ECUARUNARI,
2003, énfasis propio).
Al mismo tiempo, Gualavisí fue miembro fundador del PS en Ecuador
(Ibarra, 1984). Esto permite sostener que el origen de estos sindicatos en
el campo es simultáneo al de los partidos de izquierda en las ciudades.
La situación en la ciudad y el campo tenía características similares: “una
pequeña elite era la propietaria de las tierras donde se oprimía a los indios
y de las fábricas donde se explotaba a los obreros urbanos” (Becker, 1999).
Blanca S. Fernández
303
Según las fuentes citadas por Marc Becker (1999 p. 56), Gualavisí consideraba que el partido les ofrecía una forma de organización que cohesionaría
su lucha, así como la introducción de la huelga como instrumento eficaz.
Además contaban con la colaboración de los intelectuales urbanos tanto
para la redacción y presentación del pliego de peticiones, como para el
asesoramiento y acompañamiento jurídico, en los casos de demandas
legales. Estos elementos permiten sostener que “ese fue el inicio de un
desplazamiento conceptual en los campesinos indígenas, que ahora se
apartaban de la búsqueda de soluciones locales, encaminándose hacia lo
que en realidad eran los problemas estructurales mucho más amplios”
(Becker, 1999 p. 56). Si retomamos la cronología construida por la CONAIE,
el desplazamiento no es sólo conceptual, sino también operativo: como
decíamos, se pasa de rebeliones aisladas a la lucha organizada.
Para mayo de 1930 los socialistas empiezan a reunirse de manera más
orgánica con los activistas en sus chozas, colaborando en la organización
y redacción de sus demandas, dando cuenta de un “proceso lento, que
combina una serie de estrategias, entre alzamientos y negociaciones, comportamientos clasistas y étnicos” (Ramón Valarezo y Gámez Barahoma,
1993 pp. 203-204). Así organizaron la huelga entre diciembre de 1930 y
enero de 1931, entre cuyas demandas se incluía la “devolución” de tierras
a los trabajadores. Sin embargo, la reforma agraria no formó parte de aquel
pliego de peticiones:
Aparentemente estaba fuera de toda posibilidad el que los trabajadores concibieran la idea de que podían ser dueños del medio de
producción en las haciendas. Sólo después, gracias a la influencia del
partido comunista, se planteó el asunto y se convirtió en una petición
común (…) Cuando la tierra cobró importancia, el propósito no era
tener parcelas individualizadas sino más bien administrar la hacienda
como una cooperativa o en algún otro tipo de organización comunal
(Becker, 1999 p. 61).
La demanda de reforma agraria aparece unos meses después, en la
convocatoria al Primer Congreso de Organizaciones Campesinas, que
se iba a realizar en Cayambe. Este Congreso nunca llegó a celebrarse
porque fue reprimido por el gobierno que decretó el estado de sitio en el
cantón y encarceló a varios dirigentes indígenas y no indígenas, entre
los dos mil líderes que planeaban asistir (Prieto, 1978 p. 55). El objetivo
político de aquel Congreso era elaborar un pliego de peticiones común que
les permitiera conformar una organización nacional. A pesar de que fue
abortado por las autoridades, el aporte de los socialistas en la cuestión
logística y de divulgación del evento había sido fundamental. De hecho,
304
La forma sindical en Latinoamérica
en febrero se organizó y fue reprimida otra huelga en Pesillo, y en marzo
“141 indígenas de Cayambe iniciaron una caminata hasta Quito con el fin
de presentar sus peticiones directamente al gobierno” (Becker, 1999 p. 69).
La caminata hasta Quito (un tipo de acción común que hoy despliega la
CONAIE), se tornó estrategia de lucha de las organizaciones de la Sierra
en este contexto. Transito Amaguaña, una de las lideresas de Cayambe, hizo
veintiséis caminatas hasta Quito. Una vez allí, para resolver los problemas
de alojamiento y comida, además de las barreras culturales y lingüísticas,
los líderes acudían a las organizaciones urbanas de izquierda.
Para noviembre de 1935, finalmente se organiza una Conferencia de
Cabecillas indígenas en la Casa del Obrero en Quito. El pliego de las diecisiete demandas que fue publicado convocaba también a “unir u organizar
a los indios para la defensa de sus intereses de clase y como nacionalidades
oprimidas” (Becker, 2004). Además de reconocer que como “obreros agrícolas” debían unirse con la “clase obrera industrial”, el pliego señalaba que
Los indios trabajadores tienen además algo que les diferencia de los
demás obreros y campesinos blancos, mestizos, negros y mulatos: los
indios tienen lenguas que hablan solo ellos (…) ropas y costumbres
propias, pertenecen a razas propias y a nacionalidades o pueblos que
hace más de cuatrocientos años vivían libres sin estar sometidos como
hoy a los blancos y mestizos. Es por esto que los indios han sido por
más de cuatro siglos sometidos a una gran opresión de todo su pueblo
o nacionalidad, despreciados como si fueran de una raza inferior(…)
Por todo esto es muy corriente que los indios peones de hacienda, los
campesinos se organicen aparte de los blancos, mestizos, mulatos y
negros. Sin embargo, los peones obreros indios nunca deben considerar
como sus enemigos los obreros o campesinos blancos, mestizos, negros
o mulatos porque ellos son también explotados por hacendados, capitalistas y oprimidos por las autoridades (Becker, 2004 p.138).
El pliego de 1935 exhorta a la formación de sindicatos en las haciendas
donde haya peones, Ligas Campesinas entre los indios campesinos sueltos
y Comunas indígenas entre las comunidades. La enunciación en tercera
persona pone en duda que fuera escrito por los síndicos indígenas. No obstante, el objetivo final era la formación de un Consejo General de Indígenas,
ilustrando de esta manera el corolario de un ciclo de acumulación de luchas
que se cerrará con la fundación de la FEI.
Aquí se abre una nueva etapa, que es la que suele citarse como primer
antecedente, muchas veces ignorando el proceso recién descripto. La FEI
nace el mismo año que la CTE, en un contexto de insurrección general,
permeado por la influencia de la tesis de los “frentes populares” y por el
Blanca S. Fernández
305
“sentimiento nacional” entonces predominante (a raíz de la guerra con el
Perú en 1941). Algunos autores han apuntado que la FEI “cuando nace en
1944, lo hace precisamente bajo una concepción exclusivamente de clase,
excluyendo una problemática étnica” (Trujillo, 1992 p. 381). Esto da lugar a
un relato historiográfico lineal, a la hora de analizar el actual movimiento
indígena del Ecuador. En dicha interpretación, se “pasa” desde una primera
etapa de influencia clasista, hacia la formación de organizaciones étnicas
en los años 70 -que es lo que algunos autores llamarán etnogénesis y que la
misma CONAIE recupera en los marcos de su “historia media”-; para luego
“pasar a” las “nacionalidades étnicas” en las décadas del ochenta y noventa.
Sin entrar aquí en el detalle de cada una de estas “etapas”, consideramos
que todos estos elementos se encontraban de alguna manera vigentes en
el proceso que dio origen a la FEI. Cuando Guerrero (1993) desluce a la
FEI “como un organismo (…) controlado por el PC, no toma en cuenta que
los mismos indígenas tenían una voz activa en la formación ideológica del
partido” (Becker, 2007).
El primer objetivo que figura en el Estatuto de la FEI es el de “realizar
la emancipación económica de los indios ecuatorianos”, con lo cual puede
sostenerse que la organización se basaba en el carácter étnico del campesino serrano para caracterizar su composición. Según Mercedes Prieto (1978),
“la FEI creyó que la etnicidad no excluía ni entraba en contradicción con
el desarrollo económico. Aunque la FEI planteaba la lucha de clases, no
ignoró la presencia del racismo y la importancia de componentes étnicos
en una lucha campesino-indígena”. Al referir su composición, el Estatuto
señala a “los sindicatos, comunas, cooperativas, instituciones culturales y
defensivas indígenas, así como tribus”. En el artículo 22, la organización
adhiere a la CTE pero en el siguiente artículo indica que “la insignia de la
FEI es la bandera ecuatoriana en uno de cuyos costados estará pintada una
hoz, entrelazada con un machete y un martillo sobre los que descansará un
libro”. Si no se tiene presente el acumulado de luchas y experiencias previo,
esto puede ser interpretado como una clara injerencia de los partidos
de la izquierda marxista en la formación de dicha organización. Dichas
interpretaciones no podrían explicar que la primera Secretaria General
de la FEI fuera Dolores Cacuango: mujer, indígena y oriunda de Cayambe,
al mismo tiempo que tesorera y miembro del buró del PC. En este sentido,
coincidimos con aquellas interpretaciones que complejizan los componentes
identitarios.
Becker afirma que la FEI surge “de una perspectiva subalterna y nogubernamental (…) [y que] siempre mantuvo su base social en las luchas de
los huasipungueros por la tierra” (Becker, 2007 p.138). Como observamos,
efectivamente sus bases se encontraban en las haciendas estatales de
306
La forma sindical en Latinoamérica
la Junta Central de Asistencia Pública (luego Social), en las zonas de
Chimborazo, Cotopaxi y Cayambe, en la Sierra central y norte, donde la
mayoría de la población es indígena. Pero en realidad, la FEI nació como
un “proyecto de colaboración” entre sujetos indígenas que formaban parte
de los sindicatos campesinos y de la izquierda urbana que formaría el PC.8
En un Manifiesto de febrero de 1945, el Comité Ejecutivo de la FEI
señala que
El trabajador mestizo y el trabajador indio, son hermanos e iguales
en el sufrimiento de la explotación y en la terrible miseria común
que, en ciudades y campos, nos hace sufrir el patrono anti-progresista
y anti-cristiano (…) nuestra raza es la mayoría productora del país
(…) El camino por la organización pacífica y legal por la cual hemos
comenzado a caminar, es nuestra defensa (FEI, 1945).
Pero como ya hemos visto, se trata de una relación cuyos antecedes
tienen más de veinte años. Contra quienes argumentan racismo y manipulación (algo aún vigente cuando ocurrió el levantamiento de 1990), debemos
recordar el clima transicional y experimental de los años 20 en América
Latina (Funes, 2006). Este contexto permitió a los intelectuales marxistas
mayor espacio para pensar y criticar sus propias realidades nacionales, al
incorporar la etnicidad en el análisis. Pero “de igual importancia (…) fueron
los cambios de actitudes hacia la conciencia de clase y la identidad étnica
dentro de los grupos indígenas del Ecuador” (Becker, 1999 p. 52). En este
sentido, de la misma manera en que es un error considerar que la relación
fue paternalista, también
Es demasiado simplista considerar a los izquierdistas simples conductos que transmitían las demandas indígenas al gobierno central
sin interactuar intelectualmente con los autores de dichas demandas.
Naturalmente, en el proceso de redacción del pliego de peticiones los
dos grupos discutían los asuntos y problemas que enfrentaban. La
izquierda urbana introdujo a los indios dentro de las tendencias intelectuales que iban más allá de la realidad inmediata de los campesinos
indígenas en la sierra norte del Ecuador (Becker, 1999 p. 72).
8 De hecho, los indígenas tendrían presencia en el partido: los delegados
que asistieron al Primer Congreso Ecuatoriano de Indígenas en agosto de
1944 en la Casa del Obrero en Quito, fueron Jesús Gualavisí (que en 1926
participó de la fundación del PS); Dolores Cacuango (miembro del comité
central del PC), Agustín Vega (líder de la cooperativa Tigua) y Ambrosio
Lasso (jefe del sindicato en Galte). Gualavisí fue electo presidente del
Congreso y Cacuango tesorera.
Blanca S. Fernández
307
La formación de estas organizaciones sólo puede entenderse por el
abundante y continuo diálogo entre activistas indígenas e intelectuales
urbanos de izquierda. Nela Martínez, una combativa militante de izquierda
urbana (y primera diputada mujer en la historia del país), afirma que en los
años 20 utilizaban la revista Amauta editada por José Carlos Mariátegui
en Perú “como material de lectura y discusión”. La lectura de Mariátegui
al interior de un partido entre cuyos dirigentes se encontraban indígenas
y no indígenas constituye un dato central. No sólo por sus consideraciones
respecto del problema del indio como problema de la tierra, sino por la
conexión entre la necesidad de una reforma agraria y el cambio social
(Mariátegui, 2005). En este sentido, esto también fue parte del “contexto
ideológico para la formación del movimiento indígena moderno en el
Ecuador” (Becker, 1999, pp. 73-74). Lo cual no significa que dichos conceptos
no hayan sido discutidos y reformulados en aquel momento, ni a lo largo
del tiempo.
Al respecto, encontramos que esto ha permitido a algunos autores
plantear la progresiva autonomía teórica y política de las organizaciones,
entendida como “el desarrollo de un sistema de pensamiento capaz de
procesar la modernidad desde categorías andinas” (Ramón Valarezo y
Gámez Barahoma, 1993). Sin embargo, este tipo de interpretaciones se sostienen sobre el supuesto de que existió una relación ventrílocua (Guerrero,
1993) entre izquierda e indígenas, de la cual se liberan los segundos para
construir lo que finalmente será la CONAIE. Esto es lo que insistimos debe
ser problematizado a la luz de la experiencia de los años 20.
A la vez, y sin ignorar las relaciones de poder y autoridad que caracterizan a cualquier movimiento social tanto a su interior como “hacia afuera”,
creemos que los más recientes análisis que abordan la reconstrucción
histórica de proceso organizativo de la CONAIE han sobrevalorado la
dimensión étnica por sobre la dimensión clasista, en base a un ocultamiento o desplazamiento descalificatorio que no constituye una operación
neutral, sino que sólo puede comprenderse en el marco de un determinado
contexto político, que no refiere únicamente al “afuera” de dicha identidad,
sino a sus propias tensiones internas. Por lo tanto, no se trata sólo de que
estas dimensiones constitutivas adquieran mayor o menor visibilidad
en determinado momento histórico (Melucci, 2002). Se trata también de
que aquellas dimensiones que emergen son resultado de un proceso de
negociación interno. Esta es la dimensión co-constitutiva de los actores en
la lucha política, que sin negar el conflicto permite acumulados históricos
que a veces son resultado de momentos de “apertura conceptual” de estos
mismos actores. Becker señala que el hecho de que indígenas y no-indígenas
jugaran papeles fundamentales no significaba que fueran los mismos, ni
que no existieran conflictos; en todo caso desde esas diferencias “ambos
308
La forma sindical en Latinoamérica
grupos tomaron ventaja de las fuerzas del otro para construir un fuerte
movimiento social” (Becker, 2007). Es decir, que la construcción de la identidad “negociada” de todo movimiento, tiene un carácter simultáneamente
sincrónico y diacrónico. La coyuntura impone los tiempos del primero.
La memoria colectiva que aquí hemos intentado retratar, constituye al
segundo.
Es cierto también que el movimiento indígena soportará una fuerte injerencia de los partidos de izquierda en los años 60 a partir de “una tendencia
a la formación de corrientes clasistas en el conjunto del movimiento obrero,
así como una definición de la alianza “obrero-campesina” (León e Ycaza,
1989). Aquí no se pueden obviar el cambio en el contexto internacional,
marcado por la radicalización de las luchas emancipatorias al compás de
la Revolución Cubana y el paraguas de la Guerra Fría, ni en el contexto
interno de crisis del sistema de hacienda y modernización capitalista. Pero
en el mismo período también es destacable la actuación de misioneros
religiosos (iglesia tercermundista y de la liberación) y del mismo Estado a
través de la legislación o de ONG`s como el Instituto Lingüístico de Verano
o la Misión Andina. De aquella confluencia, y de la necesidad de liberarse
de ventrículos no siempre elegidos, surge en 1972 la ECUARUNARI:
El accionar organizativo empieza por los años 60, emblematizado y
abanderado en la lucha por la tierra y territorio (…) En la Organización,
el rol de la iglesia es fundamental; también confluyen en su proceso
organizativo varias corrientes de izquierda y la superación de un
discurso político de tipo antropológico y étnico (ECUARUNARI, 2003).
Pero aquellas relaciones que sí produjeron fuertes debates internos
acerca de la cooptación y el paternalismo, no son las mismas que las que se
producen en el contexto de los años 20 y 30. En aquel entonces las luchas
por la igualdad confluyeron con la afirmación de las diferencias, y esto tiene
vigencia en la memoria de los pueblos indígenas que habitan la Sierra y
que integran la ECUARUNARI y la CONAIE. Esa “apertura conceptual”,
ese desborde heterodoxo, permitió en el Ecuador el encuentro temprano
entre “dos razones revolucionarias” todavía no cerradas en sí mismas: el
marxismo y el indianismo. Como lo indican ellos mismos:
Es necesario destacar el hecho de que a pesar de que la lucha y las reivindicaciones de los sindicatos campesinos estuvieron hegemonizadas
por el punto de vista de los mediadores, de que se asumía una nueva
forma organizativa como los sindicatos y de que se acudía a manifestaciones sindicales como las huelgas; las movilizaciones indígenas no
perdieron su carácter étnico. Así pues, la comunidad fue la base del
Blanca S. Fernández
309
sindicato y la unidad y solidaridad existentes estuvieron reforzadas
por las redes de parentesco y lealtades conformadas en nuestro proceso
de desarrollo histórico-cultural. Además, para nosotros los indígenas,
la reivindicación de la tierra tuvo un doble significado pues lo hacíamos tanto como base de nuestra subsistencia pero también como la
Pacha Mama, nuestra fuente cultural (CONAIE, 1989 p. 276).
Como veremos a continuación, la tierra en este doble sentido continua
siendo el eje articulador de la demanda, y en torno de ella confluye un
proceso organizativo que propone la unidad de los subalternos. El sujeto
campesino-indígena representado en la CONAIE se constituye en torno
de una identidad que simultáneamente recupera y superpone una matriz
clasista de izquierda con otra étnica-cultural. Ambos elementos asumen
límites porosos, aunque en determinados contextos alguno adquiera mayor
visibilidad, mientras el otro despliega su latencia. Llamativamente, es la
memoria sindical que se constituye en torno a esta doble dimensión la que
se irá actualizando en los años siguientes.
Actualización y factualización de la memoria
sindical en tiempos neoliberales
A continuación, abordaremos algunos de los elementos que permiten
pensar la continuidad de aquella memoria colectiva en la cual clase y
etnia compartían rumbos. Como hemos observado, esta memoria se afirma
a través de experiencias e ideologías; formas de acción y demandas; se
asienta en un territorio específico; y también propone conmemoraciones,
olvidos y tragedias. Cada uno de estos elementos aparece actualizado en
la configuración identitaria de la CONAIE, tanto en tiempos neoliberales
como posneoliberales. Referiremos aquí al primero de estos períodos y en
el próximo apartado reflexionaremos sobre el segundo.
Respecto de los debates ideológicos, aquella “apertura conceptual” y el
aprendizaje en el diálogo y práctica conjunta con otros actores, abrirán
grietas por las que se colará el marxismo heterodoxo, la alianza obrerocampesina, la necesidad de pensar la realidad local sin ignorar el contexto
nacional, y la comprensión de una doble dimensión (colonial y moderna) de
la dominación. En este sentido, se observa en los mandatos y discursos de
la CONAIE, el uso de categorías tanto andinas como marxistas.
En 1980, se realizaron los primeros encuentros con el objetivo de constituir lo que luego será la CONAIE. Allí se planteaba que
Esta instancia coordinadora era necesaria para superar las diferencias existentes al interior de las diferentes organizaciones indígenas.
310
La forma sindical en Latinoamérica
Al mismo tiempo era indispensable para unir la doble dimensión de
nuestra lucha, la de clase y étnica. Los indígenas estamos inmersos
dentro de la estructura de la sociedad ecuatoriana y por esta razón
algunos somos campesinos, obreros, comerciantes, artesanos, etc.,
unos trabajamos en el campo, otros en la ciudad, unos establecemos
relaciones salariales, otros no. Por ello, a este nivel compartimos las
luchas de los diferentes sectores populares. Pero además tenemos especificidades propias que provienen de una identidad que se remonta
a los orígenes del poblamiento del Ecuador (…). En vista de que el
doble carácter de esta problemática: como miembros de una clase
y como parte de diferentes nacionalidades indígenas (…), no se ha
comprendido en su globalidad (…) es indispensable que los indígenas
contemos con nuestras propias organizaciones, para a través de ellas
vincularnos al movimiento popular más amplio (CONAIE, 1989, pp.
261-262, énfasis propio).
En 1986, las Resoluciones del I Congreso de la CONAIE en Quito,
avaladas con el consenso de 300 delegados en representación de 27 organizaciones indicaba entre sus objetivos: “luchar por la participación
directa del campesino e indígena en la Administración Pública del Estado;
Gestionar ante el gobierno la devolución total de nuestras tierras en forma
comunitaria” (CONAIE, 1986, énfasis propio).
Ya en el contexto del “período difícil” de aplicación del ajuste neoliberal
(Falconí Benítez, 2004) en el Proyecto Político de la CONAIE del año 1994
se destaca una lectura en clave marxista, a partir de la cual se enuncia la
autodeterminación como derecho frente a un Estado moderno/colonial, en
tanto uninacional y burgués. Entre sus principios ideológico-políticos la
CONAIE anuncia que
Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas que existimos en el actual
territorio ecuatoriano, sometidos y dominados por el Estado Uninacional Burgués y los Estados hegemónicos imperialistas; propugnamos el
establecimiento del derecho a la Autodeterminación de las Nacionalidades, y a su ejercicio mediante la participación activa y directa en la
vida política, económica y cultural en el proceso de transformación y
consolidación de las Nacionalidades y en la construcción de la Nueva
Nación Plurinacional (CONAIE, 1994, p. 13)
Por lo tanto, la propuesta de Estado Plurinacional y la demanda de
tierra también plantean que el problema indígena es en realidad un problema nacional:
Blanca S. Fernández
311
En el Ecuador el “problema del indio”, no es únicamente un problema
pedagógico, eclesiástico o administrativo como señalan los sectores
dominantes; sino que fundamentalmente es un problema económicopolítico estructural y por lo mismo un problema nacional (CONAIE,
1994, p. 5)
La tierra no sólo como medio de producción, sino como condición de
vida, es continuidad material y continuidad histórica; es decir, símbolo
de identidad (Linera, 2004, p. 240). El mismo Luis Macas ha escrito en
diciembre de 1990 que el derecho a la tierra es su “principal demanda”
y advierte: “creemos que no habrá solución al problema indígena si no se
resuelve el problema de la tierra” (Macas, 1992, pp. 23-24). Desde nuestro
punto de vista, no se trata sólo de un eco casi textual de las palabras
de Mariátegui, sino de una actualización de la memoria sindical de los
años 20. En torno del problema de la tierra se ha articulado la demanda
de reforma agraria, que al mismo tiempo no se reduce a la necesidad de
cambios en el régimen de propiedad de la tierra, sino que constituye un
requisito para la reestructuración de una sociedad. Por eso, la tierra es el
“eje que ha articulado el proceso de unidad y lucha de los pueblos indígenas
y campesinos del país” (Macas, 2004). Incluso después de los dos procesos
de reforma agraria, el diagnóstico de la CONAIE es que
en la actualidad aún existe la gran propiedad privada sobre la tierra
y la mano de obra indígena sigue siendo explotada de forma brutal. El
Estado Burgués, no ha logrado solucionar el problema agrario y actualmente es el sector productivo más abandonado y atrasado del país. El
proceso de Reforma Agraria impulsado por los diferentes gobiernos
civiles y militares desde el año de 1964 no ha resuelto el problema de
los Pueblos y Nacionalidades Indígenas (CONAIE, 1994, p 31).
En el pliego de demandas del Levantamiento de 1990, se exige la
“entrega, solución y legalización en forma gratuita de la tierra” así como
una “solución a los problemas de agua, considerado como un problema
social”. Estos “16 puntos” de la CONAIE, recuerdan fundamentalmente a los
primeros pliegos de peticiones que en los años 20 respondían a problemas
específicos de los campesinos indígenas. Sin embargo, allí figura también
la demanda de reforma del artículo 1 de la Constitución, para declarar al
Ecuador como Estado Plurinacional (CONAIE, 1990). Al mismo tiempo,
la demanda de Reforma Agraria será recuperada y explicitada cuando en
1994 el gobierno neoliberal de Sixto Durán Ballén intente la promulgación
de la ley de Desarrollo Agrario.9 Hasta ese momento, el IERAC había sido el
9 Esta ley promovía el libre mercado de las tierras, incluidas las comunitarias
312
La forma sindical en Latinoamérica
organismo estatal encargado de la redistribución y legalización de tierras y
territorios. Respecto de su labor, se evaluó que además de entregar tierras
inservibles, como la adjudicación se realizó generalmente a través de títulos
individuales, esto acentuó “la mercantilización de la tierra” (Macas, 2004).
La inoperancia del IERAC es uno de los desencadenantes del Levantamiento
de 1990. En cambio, para 1994 las motivaciones de la marcha son respuesta
a la clara intencionalidad política de profundizar el neoliberalismo. Frente a
dicho contexto, la CONAIE sostiene que aún no se ha liquidado “el sistema
hacendatario de tenencia de la tierra” y ante ello propone sustituir “la gran
propiedad privada de la tenencia de la tierra por una propiedad comunitaria
autogestionaria y estatal plurinacional” (CONAIE, 1994, p. 31).
Como veremos luego, el conjunto de elementos citados ha sido causal
de desencuentro entre la CONAIE y el actual gobierno. En principio, la
CONAIE cumple veinte años de lucha en medio de una parálisis en el ciclo
de la protesta que había sido ascendente hasta mediados de los 90. Aquel
ciclo ascendente actualiza elementos de la memoria colectiva entre los
cuales no sólo está presente la demanda de tierra y reforma agraria que se
había configurado en los años 20, sino también experiencias y estrategias
que hacen a su accionar colectivo. Las marchas hacia Quito, las huelgas y
levantamientos, los pliegos de peticiones que en los 90 serán actualizados
a través de los “mandatos”, así como la alternancia entre negociación y
conflicto, entre diálogo y levantamiento. Esto ha significado una experiencia
organizativa de cooperación y unidad con otros actores sociales, que configura la memoria corta del movimiento indígena.
En 1990, confluye la convocatoria de la CONAIE con la de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas en Conflicto (que
incluía a la FEI) que son quienes sostienen la toma pacífica de la iglesia
de Santo Domingo el 25 de abril para exigir la solución del conflicto de
tierras. Ese mismo día la CONAIE resuelve en Asamblea la convocatoria
al levantamiento para los primeros días de junio.10
En 1995, se decide la formación del Movimiento de Unidad Plurinacional
Pachakutik-Nuevo País, una alianza que también es expresión de unidad
popular en sus orígenes, aunque luego fuera vista como mero “brazo político” de la CONAIE.
(permitiendo la división de tierras comunales), suprimía el IERAC (Instituto
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización) y creaba el Instituto de
Desarrollo Agrario, encargado de facilitar la privatización de los recursos
naturales, principalmente del agua.
10Posteriormente, en carta pública del 28 de mayo, la Coordinadora resuelve
apoyar los “16 puntos” de la CONAIE.
Blanca S. Fernández
313
En 1997, la CONAIE acompaña el “Paro Cívico Nacional” como parte de
la Coordinadora de Movimientos Sociales11 (CMS). Este paro, que exige y
logra la destitución del presidente Bucarám, encuentra a la CONAIE como
parte de la convocatoria a una “huelga nacional” que incluyó el bloqueo de
carreteras por los indígenas, el paro de transportistas de combustible y
movilizaciones en casi todas las ciudades. Al mismo tiempo, se producen
algunos ensayos de organización social como los “parlamentos populares
provinciales” con el objetivo de conformar una Asamblea Popular Constituyente, demanda que luego se canalizó a través de la nueva Constitución
de 1998.
La participación en el golpe contra el presidente Jamil Mahuad (19982000) y el levantamiento del año siguiente, en medio de la crisis política
y económica general, se produjeron bajo la consigna “nada solo para los
indios” (CONAIE, 2001). E incluso la alianza electoral con el Coronel Lucio
Gutiérrez (2003-2005), que permitió una primera y efímera experiencia de
cogobierno, también ilustra la disponibilidad del movimiento para realizar
alianzas estratégicas con otros sectores, a pesar de que en este último caso
fuera más un indicador de la profunda crisis interna que lo atravesaba.
El problema indígena como problema nacional implicaba la consideración de alianzas potenciales y estratégicas. Previo al Levantamiento
de 1990, la CONAIE recuerda que su antecesora “la CONACNIE, en la
medida que ha creído que la lucha de los sectores populares no puede ser
aislada, ha establecido relaciones con otras organizaciones del país, tales
como: FENOC, FEI, ACAE, FUT, etc.” (CONAIE, 1989, p. 264). Por ello
el movimiento indígena fue parte a comienzos de los 80 de las huelgas
nacionales convocadas por el FUT (Frente Unitario de los Trabajadores), y
ya formada la CONAIE en 1986, participó del II Paro Nacional del Pueblo.
Finalmente, debemos abordar una breve apreciación respecto de la
cuestión de los liderazgos. Se ha referido al problema de los ventrílocuos
en una sociedad que consideraba “incapaces” a los indios. Aquella tragedia
como recurso de la memoria para constituir identidad, se complementa con
la remembranza epopéyica de los primeros liderazgos propios: Gualavisí,
Amaguaña y Cacuango no son una novedad histórica en la memoria de
los pueblos indígenas en la que Tupak Amaru, Tupak Katari y Fernando
Daquilema entre muchos otros, participan de la historia larga. Lo que
los distingue respecto de aquellos, y también de los liderazgos que se
producirán a raíz del proceso modernizador en los años 60 (que además
atraviesan la escuela y la universidad), es que no prescinden de la cola11Conformada por organizaciones de derechos humanos, FETRAPEC (Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador) y FEDELEC (Federación de
Trabajadores de la Industria Eléctrica del Ecuador.
314
La forma sindical en Latinoamérica
boración e intereses de los sectores de izquierda, sino que, al contrario,
se co-constituyen en la experiencia de lucha. De hecho, los partidos de
izquierda han quedado entrampados en la memoria de estos pueblos, a
través del accionar dogmático de su “vanguardia” en los años 60. Por eso
los principales dirigentes que participan de la creación de la CONAIE
destacan también la necesidad de tener liderazgos propios. Sin embargo,
es esta misma memoria la que recreará de manera reciente el recuerdo de
los años 20 y 30. El peso ideológico y la lucha conjunta, instituyen parte de
aquello que los líderes de la CONAIE hoy llaman “lucha histórica”. Esta
lucha incluye aliados potenciales con quienes comparten un análisis social
de la situación de clase que no se produce “en perjuicio de su identidad
étnica como pueblos indígenas” (Becker, 1999, p. 53). En los últimos años, el
esfuerzo de rearticulación del movimiento y las reflexiones acerca de cómo
salir de la crisis en la que se vieron cercados, planteaba la necesidad de
“establecer las alianzas que hemos dejado de lado, las alianzas estratégicas
con nuestro pueblo, con los sectores populares, con los sectores sociales,
progresistas y patrióticos de nuestro país” (Macas, 2005). Como lo señaló
Humberto Cholango en su discurso de asunción a la presidencia de la
CONAIE, “la lucha del movimiento indígena jamás ha sido para nosotros,
ha sido una lucha para todos los ecuatorianos, para todos los que hemos
sido excluidos por este modelo capitalista y neoliberal” (Cholango, 2011).
Las necesidades identitarias del presente
Desde nuestro punto de vista, la necesidad de retomar la “lucha
histórica” da cuenta de un proceso de reflexión que hace referencia a la
memoria corta de los primeros años de la CONAIE, pero también restituye
componentes identitarios que se asientan en la memoria media de los años
20 y 30. La relación entre clase y etnia, las formas de entender el liderazgo,
la demanda por la tierra, la unidad de los sectores populares y la necesidad
de una estructura organizativa, configuran piezas que no se “perdieron”
ni siquiera durante uno de los peores momentos de crisis que atravesó la
CONAIE: en todo caso, se afirmaron en la latencia hasta que a partir de
2006 volvieron a adquirir visibilidad.
No desarrollaremos aquí las diferentes caracterizaciones de la crisis de
la CONAIE. Esta trayectoria ha sido ampliamente abordada tanto desde
las ciencias sociales (Dávalos, 2003; Porrás Velasco, 2005; Sánchez Parga,
2007; Ospina Peralta, 2008; Unda, 2010), como desde los mismos dirigentes
de la CONAIE (Macas, 2005; Simbaña, 2007a). Todavía constituye una
cuestión irresuelta y en este sentido eclipsa en gran parte el escenario de
análisis actual. En función de estos aportes, indicaremos que en esta crisis
confluyen el “giro etnicista” en la configuración identitaria, la cooptación,
Blanca S. Fernández
315
el oportunismo y la corrupción de amplias capas dirigenciales a través de
su participación en organismos del estado y ONG’s, las consecuencias de
la Ley Agraria de 1994 y la Constitución de 1998, entre otras varias que
han sido oportunamente esgrimidas. En dicho contexto, la corta y fallida
experiencia de cogobierno en 2005 terminaría por evidenciar la crisis
interna del movimiento y ponerlo al borde de la fractura (CONAIE, 2004).
Lo que nos interesa señalar es que se trata de una crisis organizativa que
es también una crisis de identidad.
Entre la revuelta de los “forajidos” que en 2005 derroca al Coronel
Gutiérrez y la asunción de Correa en 2007, comienza a avizorarse el intento
de rearticulación del movimiento indígena, que se había guardado al silencio luego de abandonar el co-gobierno ante la inesperada predisposición
neoliberal de la fórmula presidencial que ellos mismos habían acompañado.
La CONAIE no forma parte orgánica del movimiento que liquida a Lucio
Gutiérrez años más tarde pero sí comienza a acompañar las luchas contra la
firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que amplios sectores populares empiezan a combatir en las calles. Según algunos autores,
la radicalidad que adquiere progresivamente la lucha contra el TLC le
permitirá a la CONAIE “ir superando la debilidad socio organizativa y la
crisis política. Recuperó contacto con muchas de sus organizaciones de base;
nuevas organizaciones indígenas y no indígenas rurales ingresaron a sus
filas, retomó alianzas con organizaciones sociales urbanas que sobreviven
y las inició con otras nuevas” (Simbaña, 2011). Al mismo tiempo, Humberto
Cholango asume la presidencia del ECUARUNARI en 2004 y Luis Macas,
la presidencia de la CONAIE en 2005. La llegada de ambos, avalada por
el consenso de los delegados que representan a las organizaciones de base
(es decir, a las comunidades), visibiliza una re-actualización e incluso una
re-factualización de la memoria sindical que describíamos. Como indica
Simbaña,
permitió rearticular al movimiento indígena desde un enfoque más
político; ello implicó el debilitamiento (no hablamos todavía de su
derrota) de la tendencia etnicista y el inicio de la rearticulación de la
tendencia de izquierda. Cabe anotar que este es un proceso todavía
incipiente y lleno de contradicciones (Simbaña, 2007b, énfasis propio).
La llamada “tendencia de izquierda” recupera de la memoria sindical la
distinción de una identidad tanto étnica como de clase. Humberto Cholango,
ha dicho que “nosotros pensamos desde lo político el ser indígena y el ser
pobre” (Cholango, 2011). En su discurso es donde resulta más nítido el uso
de un vocabulario de matriz ideológica de izquierda, tanto cuando indica
que “desde el movimiento indígena queremos debatir sobre la redistribución
316
La forma sindical en Latinoamérica
de los medios de producción”, como cuando resalta que “la conciencia de los
humildes es más poderosa que las mentiras de la oligarquía” (Cholango,
2011). Su antecesor, Luis Macas, lo había abordado en estos términos:
“Algunos van a decir: van a traer comunismo, y no compañeros; aunque
eso a mí me han enseñado que es bueno. Compañeros les comunico, eso he
aprendido en las comunidades, eso he aprendido estando con las nacionalidades y mis pueblos” (Macas, 2005). Floresmilo Simbaña, joven dirigente
de ECUARUNARI, sostiene que “el problema cultural y reconstrucción
de los pueblos indígenas se resolverá sobre una base material que cambie
el sistema capitalista” (Simbaña, 2007a). La lectura en clave marxista
se encuentra también en las palabras del actual presidente de Pueblo
Kayambí, lugar de origen de los primeros sindicatos:
Igualmente, las comunidades indígenas aportan en el desarrollo del
capitalismo local y mundial como mano de obra gratuita, sin que
puedan controlar los medios de producción, pues han sido desplazadas
de las tierras de origen tanto en la colonia y la república (Churuchumbi, 2011, p. 53).
En este contexto, ¿cuáles son los elementos que ayudarían a explicar
por qué un movimiento social de izquierda ha llegado a convertirse en
uno de los principales opositores de la “Revolución Ciudadana”? Rafael
Correa asume y cumple aquellas promesas electorales que recuperaban las
demandas del movimiento indígena. Tanto la convocatoria a una Asamblea
Constituyente, el discurso aglutinador contra la “oligarquía”, los grandes
medios de comunicación privados y el neoliberalismo; sumado a las posiciones que irá adoptando respecto de una política exterior independiente
(la integración regional a través de UNASUR y Banco del Sur, su oposición
al TLC y el fin del contrato de la base militar estadounidense en Manta),
sumaron el favor de los sectores populares e incluso permitieron su reelección en abril de 2009, en los marcos de la nueva Constitución que declaraba
al Ecuador un Estado Plurinacional.
Sin embargo, en los marcos de la Asamblea Constituyente se vislumbran
las primeras señales del conflicto. Apenas iniciado el proceso constituyente,
la CONAIE logra organizar una marcha indígena de diez mil personas a
través de la cual presentan a los bloques progresistas de la Asamblea su
propuesta de Constitución y su Propuesta Agraria. Esta marcha se realiza
el 22 de octubre de 2007. El 11 de marzo de 2008 se organiza la “Marcha
en Defensa de la Plurinacionalidad, la Soberanía y los Recursos Naturales”
junto con otras organizaciones sociales, hacia la casa de gobierno. A partir
de esta acción colectiva, se formó una comisión de diálogo entre el ejecutivo
y la CONAIE para abordar los tres temas centrales que aún continúan en
Blanca S. Fernández
317
disputa: el reconocimiento de los territorios comunitarios o indígenas, el
autogobierno y el manejo de los recursos naturales. Los desacuerdos respecto del modelo de desarrollo evidenciaron las diferentes formas de entender
el Estado Plurinacional. Como señala Luis Macas “el planteamiento del
movimiento indígena, la revolución agraria, no está contemplada en la
revolución ciudadana” (Macas en Unda, 2010).
Los líderes de la CONAIE habían recuperado el diagnóstico de mediados
de los 90 respecto de la reconcentración de la tierra, e indicaron que “el
63% de las tierras están en las manos de un 10% de la población, está
reconcentrada en las manos de los gamonales del país” (Macas, 2005).
Este “retroceso” respecto de las reformas agrarias implementadas se debe
a la progresiva reconstitución de la propiedad latifundista en manos de
hacendados agroindustriales que concentran también los alimentos para
exportación. En diciembre de 2007, a casi un año de la primera gestión
del gobierno de Rafael Correa y apenas un mes de iniciada la Asamblea
Constituyente, la Propuesta Agraria de la CONAIE sostiene que el movimiento indígena se ha constituido en base a estructuras socio-organizativas
autónomas debido al problema de la tierra. Allí continúa con la propuesta
de una “reforma agraria integral” en los marcos del Estado Plurinacional
a partir de cuatro ejes: la democracia socioeconómica, el desarrollo de
la economía comunitaria, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad
ecológica (CONAIE, 2007).
En realidad, ya desde el discurso inaugural del presidente frente a la
Asamblea Nacional Constituyente, se pueden avizorar los elementos que
caracterizarán el actual conflicto. Allí Correa señaló que “siempre hemos
dicho que uno de los mayores peligros es el izquierdismo y ecologismo
infantil” (Correa, 2007), en referencia a los movimientos sociales que se
opondrían luego a la sanción de la Ley Minera. Dicha ley, sancionada
en diciembre de 2008, permite la explotación minera a gran escala por
primera vez en el Ecuador, al mismo tiempo que no se pronuncia sobre
el tratamiento del uso y manejo del agua. En enero de 2009 indígenas y
ambientalistas anunciaron la resistencia contra la ley minera y acusaron
a Correa de neoliberal.12 La marcha contra esta Ley despuntará un nuevo
ciclo de movilizaciones indígenas que entre septiembre y octubre de 2009
convergirían contra algunos artículos del proyecto de Ley de Aguas.13 junto
12Como señala Mario Unda (2011), “la ley de Minería “rebaja” la consulta
previa, permite modificar la prelación del agua para el consumo humano y
desconsiderar los derechos de la naturaleza si el presidente considera que se
trata de un proyecto estratégico para el país”.
13 Según Pablo Ospina (2010), los nudos críticos de la Ley son la concentración
de las concesiones de agua (que aunque es peor que la de tierras no es abor-
318
La forma sindical en Latinoamérica
con las luchas de otros actores sociales14. Demandas tan heterogéneas y
específicas comparten el malestar por la falta de espacios de interlocución
y de reconocimiento. Al mismo tiempo, en estas movilizaciones que finalmente frenaron la sanción de la Ley de Aguas, participaron en conjunto
las principales organizaciones sociales: CONAIE, FEINE, FENOCIN y las
Juntas de Regantes; actualizando las “alianzas estratégicas”.
Como recuerda Mario Unda, “Alberto Acosta [ex presidente de la
Asamblea Constituyente] habló alguna vez de una “contrarrevolución
constitucional” que se operaba en la traducción de la Constitución a las
leyes que le siguieron” (Unda, 2011). Los retrocesos señalados ocurrieron
paralelamente al cierre de los canales de diálogo y participación que el
proceso constituyente había significado. Hacia fines de 2009, el gobierno
vuelve a proponer la instalación de “mesas de diálogo” con el movimiento
indígena, pero para enero de 2010 estos espacios reinciden en el fracaso.
La razón de la disputa es el modelo de desarrollo que, incluso si se lo
definiera como “posneoliberal y redistributivo”, se sostiene en la explotación
de los recursos naturales (Ramírez Gallegos, 2010). El pasaje de la mutua
aceptación al enfrentamiento y la polarización (León Trujillo, 2010) no es
exclusiva del movimiento indígena. Se produce con todos aquellos sectores
populares que en los 90 habían alzado la bandera contra el neoliberalismo:
los ecologistas y los sindicatos públicos (trabajadores petroleros y docentes).
En este sentido, el proyecto de la Revolución Ciudadana
Tal como ha sido planteado, como una modernización capitalista y
separada de los movimientos sociales (es decir, como una reconducción
de la expectativa de cambio social para mantenerla al interior de la
reproducción del sistema capitalista), requiere objetivamente disolver
la institucionalidad social contrahegemónica para afirmar sus propios
instrumentos de hegemonía (Unda, 2011, énfasis original).
Como hemos observado, esa “institucionalidad social contrahegemónica”
ha sido bien distintiva del movimiento indígena ecuatoriano, tanto por su
capacidad de movilización autónoma como por su capacidad propositiva y
de diálogo hacia el conjunto de los sectores populares. En este sentido, la
construcción hegemónica que propone el gobierno de Correa es evaluada
como parte de una “nueva derecha”. Luis Macas sostiene que su “novedad”
se basa con el uso de “otros conceptos, con otras estrategias, con otras
dado en el proyecto de ley), y la centralización de atribuciones en la Secretaría
Nacional de Aguas (por ejemplo para fijar tarifas y entregar las concesiones).
14El gremio docente se movilizará contra la evaluación, y los profesores y
estudiantes universitarios lo harán por la defensa de una Ley de Educación
Superior gratuita.
Blanca S. Fernández
319
políticas, que no son las de la vieja derecha: son sutiles, absolutamente
modernos para remozar el mismo sistema que ha vivido este país pero
con otros actores” (Macas en Unda, 2010). En este sentido, el movimiento
indígena lo ha caracterizado de racista y prepotente (Cholango, 2011),
capitalista y neodesarrollista (ECUARUNARI, 2010); neoliberal (CONAIE,
2011), y desmantelador del proyecto político popular (Macas en Unda,
2010). Es aquí que la CONAIE retoma elementos de la memoria sindical
que habíamos descripto.
Al mismo tiempo, actualiza la memoria de unidad en la lucha. ECUARUNARI participó recientemente de la convocatoria al “Encuentro de
Movimientos Sociales del Ecuador por la Democracia y la Vida” que se
realizó en agosto de 2011, junto con otras organizaciones sociales y políticas.15 Parte de la convocatoria señala:
Nos juntamos para reivindicar nuestro derecho de decir NO a este
modelo de dominación, de modernización capitalista, sustentado
en el extractivismo, el control de las organizaciones sociales por el
Estado y la explotación del trabajo; Nos reunimos para enfrentar a un
gobierno que habla de democracia y participación, pero que persigue
y criminaliza la lucha social y mete las manos en la justicia. Que
habla de revolución económica pero sigue concentrada la riqueza en
pocas manos; incrementa la deuda externa, la venta anticipada de
petróleo, promueve la extracción minera, los grandes agronegocios, la
subordinación de las pequeñas economías a los grandes capitales y se
incrementa constantemente el precio de los alimentos; Que habla de
los derechos de los trabajadores, pero impone la flexibilización laboral
y las renuncias forzosas a los empleados públicos. En 4 años no ha
sido capaz de dar pasos para un acceso equitativo a la tierra y al agua.
De esta manera, participa activamente de un proceso de recomposición y
unidad en la lucha con otros movimientos sociales, que también se oponen
a un modelo de desarrollo “capitalista, de derecha y neodesarrollista”. Así,
se rearticula la resistencia frente a la reconcentración de la tierra y el
agua, y la oposición a un modelo de liderazgo sin mediaciones, que ignora
las estructuras organizativas del movimiento y que divide a las organi15Entre los firmantes de la convocatoria figuran: Frente Popular, Asamblea
Nacional Ambiental, Coordinadora Nacional de los Pueblos del Manglar,
ECUARUNARI, CEDOC-CUT, CEOSL, UGTE, Asamblea de Mujeres Populares y diversas, UNE, FEUE, Movimiento Nacional de Mujeres Populares
Luna Creciente, Ecuador Decide, CUBE, FESE, FEUNASSC, MESSE, Red
Nacional Mar, Tierra Y Canasta, CUCOMITAE, CONFEMEC, Organizaciones Movimiento Agroecológico, JRE.
320
La forma sindical en Latinoamérica
zaciones. La creciente conflictividad entre el gobierno y el movimiento
indígena también ha implicado la criminalización de la protesta16, amén
de los agravios públicos. Como advierte Floresmilo Simbaña, se trata de
un “enfrentamiento entre la CONAIE y la revolución ciudadana no sólo
como una rivalidad política, sino como una disputa de sentidos y proyectos
políticos” (Simbaña, 2011). Este es el contexto en que produce la llamada
recomposición de la “corriente histórica” de la CONAIE.
El “giro” hacia la memoria
Ha transcurrido ya un siglo desde la formación de los primeros sindicatos en el Ecuador. Aquellas luchas de los trabajadores campesinos e
indígenas implicaron algo más que una forma organizativa en sintonía con
las condiciones de explotación y dominación que instituía el sistema de hacienda. Como decíamos, ha contribuido a componer una memoria ideológica
e interpretativa; y una práctica y experiencia conjuntas de lucha, en la que
se parte del reconocimiento de las diferencias para pensar las alianzas que
configuran un campo popular de los excluidos y subalternizados.
Estos elementos se visibilizan y actualizan cuando en la CONAIE
confluyen demandas y acciones colectivas que implican el reconocimiento
de las diferencias sin abandonar la lucha por la igualdad. Se trata de una
puesta en memoria, un “esfuerzo de ajuste del pasado” a través del cual el
movimiento indígena ecuatoriano recupera experiencias vinculadas a la
lucha sindical en función de las necesidades del presente. En ese camino
pueden observarse continuidades y rupturas. Hemos señalado las primeras
para explicar aquellos elementos que se reivindican hoy en la propuesta de
rearticulación de la “lucha histórica” de la CONAIE.
El legado de la memoria sindical refiere a una identidad moderna, que
se opone al reduccionismo etnicista que en su versión más radicalizada
ha caracterizado a los movimientos indígenas como portadores de una
continuidad inalterada. Como lo advertía Mariátegui
Al racismo de los que desprecian al indio, porque creen en la superioridad absoluta y permanente de la raza blanca, sería insensato
y peligroso oponer el racismo de los que superestiman al indio con
fe mesiánica en su misión como raza en el renacimiento americano
(Mariátegui, 1929).
16Bajo el argumento del respeto al marco legal previo, que el actual proceso
aún no ha modificado, acusa de “terrorismo” a los principales dirigentes del
movimiento.
Blanca S. Fernández
321
La “superestimación” de la dimensión étnica no sólo oscurece la dimensión de clase, sino que en la misma operación esencializa los componentes
civilizatorios y societales. Es decir, se pierde la perspectiva del dinamismo que también los constituye en nacionalidades. Como lo ha señalado
Simbaña,
La tradicional visión de que la CONAIE está dividida o compuesta por
una tendencia Histórica (de izquierda) y otra por una etnocentrista
(de derecha), desde hace largo tiempo atrás que no tiene asidero en la
realidad y complejidad del movimiento indígena. Las tendencias son
tan dinámicas, elásticas y fluctuantes que es necesario un seguimiento
más detallado (Simbaña, 2011:41).
Este dinamismo es a la vez un obstáculo para aquellas interpretaciones
que sostengan exclusivamente la idea de un “giro étnico” o de un “giro
clasista”. En este sentido, si bien hemos pretendido hacer más “visible” el
legado de una matriz de izquierda clasista, también hemos señalado que la
memoria sindical se constituye de la doble dimensión campesino-indígena
y que ambos elementos son recuperados cuando los líderes de la CONAIE
hablan de la “corriente histórica”.
Como hemos señalado, uno de los ejes que articula la identidad
campesino-indígena es la tierra, entendida como fuente de continuidad
simbólica y material. Por ello la demanda de tierra constituye la base del
cuestionamiento al régimen de acumulación del capitalismo moderno/
colonial. Otro eje articulador es el carácter de la acción colectiva organizada
en torno a la “unidad” de los sujetos subalternos, cuyas estrategias oscilan
entre la movilización y territorialización de la protesta y el diálogo y la
negociación. Estos componentes se entrelazan alrededor del peso ideológico
de una matriz de izquierda heterodoxa que incorpora desde los tempranos
años 20 identidades étnicas y de clase.
Recientemente, la necesidad de rearticular una tendencia de izquierda
que apele a recuperar la “lucha histórica” es sostenida tanto por los líderes
históricos como por los renovados liderazgos de la CONAIE. Coinciden en
caracterizar la identidad campesino-indígena a partir de las dimensiones de clase y etnia, proclamando así la unidad de la lucha con aquellos
sujetos dominados y explotados por el capitalismo moderno/colonial. Así,
la CONAIE aspira a restituir su institucionalidad contrahegemónica para
enfrentar a un gobierno que desde su punto de vista encarna y actualiza el
poder moderno/colonial. De esta manera, el “conflicto central de la época”
renueva diferentes memorias de lucha, y ellas confluyen en torno de un
proyecto político que disputa hoy los sentidos sobre el Estado Plurinacional:
322
La forma sindical en Latinoamérica
Lo que debemos subrayar a manera de síntesis es que los pueblos
indios nos hemos unido partiendo, en primer lugar, del reconocimiento
de nuestra heterogeneidad así como de los rasgos culturales semejantes; de la convicción de ser partícipes de una misma historia de
opresión y explotación; y, de que también somos parte de una sociedad
más amplia en la cual estamos cuestionando la naturaleza de un
estado nacional que no reconoce nuestras identidades culturales
diferentes por lo que es un problema que debe ser resuelto. En este
contexto, nos planteamos la unidad de todos los sectores populares
para la transformación estructural de la sociedad y la instauración
de una sociedad igualitaria, justa y pluricultural, representada en un
estado plurinacional (CONAIE, 1989, p. 269).
En los umbrales del siglo XXI, la CONAIE gira hacia la memoria y
debate su configuración identitaria. Y, en el mismo movimiento, recuerda
al actual gobierno que el “posneoliberalismo” existe porque existen los
pueblos en lucha.
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Los Trabajadores de la Frontera
Norte de México en el siglo XXI
Edur Velasco Arregui
Investigador Nacional. Universidad Autónoma Metropolitana.
Unidad Azcapotzalco. [email protected]
Las Ciudades del Desierto
Las Ciudades de la Frontera Norte de México son el escenario central
de la Guerra Irregular1, que conmociona a México desde principios de la
primera década del siglo XXI. El Gobierno Mexicano fue el primero en
reconocer el carácter de Guerra del conflicto interno que vive el país. 2 Ante
1 La caracterización del conflicto armado de México como Guerra ha sido
hecha por el Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de la
Universidad de Heidelberg, Alemania, en su publicación anual Barómetro de
Conflictos Internacionales del Año 2010. “The regional predominance conflict
between the main drug cartels Sinaloa, Golfo, Los Zetas, La Familia, and
Beltrán Leyva, on the one hand, and the government, on the other, escalated
to a full scale war. In the first four months of 2010, 151 clashes between
security and members of drug cartels were reported.” Heildelberg Institute
for Internacional Conflict Research, University of Heildelberg University,
2010, page 48. De diciembre de 2006 al final de 2010 se contabilizaron 34
mil 612 muertos en el conflicto interno, 10,135 de los cuales se produjeron
en Chihuahua, y 6,437 en Ciudad Juárez según el Consejo Nacional de
Seguridad. El Universal, 13 de enero del 2011.
2 “En México, y para contrastar con la notable pasividad de su predecesor, Felipe
Calderón, de entrada, decidió crearse la imagen de un líder fuerte que contrarrestara los resultados de una victoria electoral nada impresionante y lograda
por métodos dudosos. La solución que se encontró fue una acción contundente
de la policía federal contra la inédita movilización social en Oaxaca y otra
330
La forma sindical en Latinoamérica
la magnitud de sus propias palabras decidió retractarse, pero el desarrollo
de un conflicto interno de grandes proporciones es un hecho incontestable.
Para entender el desarrollo de la nueva Guerra Sucia en México es necesario
reconstruir la historia reciente del territorio en el que se desarrolla: la
morfología de la región de la Frontera Norte recreada por la globalización
de la industria en México.
Cuadro 1: Trabajadores ocupados por la industria manufacturera en los Estados de la
frontera norte de México 1970-2012
Estados
1970
2010
2012
Baja California
31.358
274.262
291.846
Sonora
24.224
130.689
142.872
Chihuahua
29.702
292.761
327.323
Coahuila
47.221
255.114
269.548
Nuevo León
123.912
382.349
404.066
Tamaulipas
26.166
210.043
216.952
Total Estados de la Frontera Norte
282.583
1.545.218
1.652.607
1.520.661
3.806.639
4.124.702
Total Nacional
Fuente: Instituto Mexicano de Seguro Social,
Estadísticas Históricas y CIOR, INEGI, 2012
Como lo mostramos en el cuadro 1, Trabajadores Industriales en los
Estados de la Frontera Norte de México, en el lapso de cuarenta años
que va de 1970 al año 2010, la fuerza de trabajo ocupada en las entidades
fronterizas con Estados Unidos pasó de 282 mil trabajadores a un poco mas
de 1.5 millones, esto es, casi se sextuplico. En relación al conjunto de la
supuestamente similar del Ejército contra el narcotráfico. Ganar la iniciativa
contra los desarmados inconformes de Oaxaca no resultó difícil pero el caso del
narcotráfico es diferente y Calderón puede estar metiéndose, como Bush, en
problema mayor del pensado, pues hasta ahora no hay ningún caso en que el
Ejército haya derrotado al narco, ni siquiera el Ejército norteamericano en ese
centro de producción de opio que es Afganistán. (…) La guerra contra los capos
de droga en México se inició como una guerra básicamente norteamericana.
Por razones internas, al principio de los 1970, el presidente Richard Nixon
-después de haber presionado a Díaz Ordaz con la “Operación Intercepción”lanzó una espectacular pero poco eficaz ofensiva en contra de los proveedores
externos de sustancias prohibidas. Sin embargo, el combate a la demanda de
esas drogas dentro de Estados Unidos -única forma de realmente cegar la
oferta- sigue sin ganarse.” Meyer Lorenzo, Reforma, 18 de enero 2007.
Edur Velasco Arregui
331
población ocupada por la industria en el país, la fuerza de trabajo ocupada
por la industria en los estados colindantes con los Estados Unidos aumentó
su peso específico del 18% al 40%, dando lugar a grandes ciudades con una
notable densidad de fuerza de trabajo industrial por habitante.
Cuadro 2: frontera norte de Mexico crecimiento de las ciudades industriales integradas
a la manufactura global 1970 - 2005
1970
2010
Baja California
Mexicali
396.324
936.826
Tecate
18.091
101.079
Tijuana
340.583
1.559.683
Nogales
53.494
220.292
Agua Prieta
23.272
79.138
San Luis Río Colorado
63.604
178.380
Ciudad Juárez
424.135
1.332.131
Ciudad Acuña
32.500
136.755
Pidras Negras
46.698
152.806
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Nuevo León
Monterrey Zona Metropolitana
1.177.094
4.036.112
150.786
608.891
Río Bravo
71.389
118.259
Nuevo Laredo
151.253
384.033
Matamoros
186.146
489.193
Tamaulipas
Reynosa
Total
3.135.369
10.333.578
Fuente: INEGI, Mexico: Censo de Población 1970
y México: Censo de Población 2010
En el cuadro 2, podemos apreciar el crecimiento demográfico de las ciudades industriales en las entidades federales de la Frontera Norte ubicadas en
el mapa de la Línea México-Estados Unidos. En un lapso de tan sólo 35 años,
en la franja de la línea fronteriza, han emergido tres grandes ciudades de
más de un millón de habitantes, destacando Tijuana, en la Costa del Pacífico,
332
La forma sindical en Latinoamérica
Ciudad Juárez en el Centro Norte del Territorio, y la más antigua de todas
como polo urbano e industrial, Monterrey, más inclinada hacia el Noreste.
Además de estas tres metrópolis fronterizas, hay que destacar el ascenso
de cuatro ciudades medias, Mexicalli, con cerca de un millón de habitantes
para el año 2010, Reynosa y Matamoros, con medio millón cada una, y Nuevo
Laredo con 355 mil habitantes en el año de 2005. A estas cuatro ciudades hay
que añadir otras seis localidades fronterizas con población entre 100 mil y
500 mil habitantes. Para el año 2010, diez millones de mexicanos habitaban
los 14 grandes centros industriales del corredor fronterizo con los Estados
Unidos, cuando tan sólo cuarenta años atrás la población fronteriza era de
3 millones de personas. En una perspectiva sudamericana, la población de
las ciudades maquiladoras de México creció en cuatro décadas, lo que tomó
más de siete décadas, entre 1940 y 2010, a las Ciudades industriales del
interior de Argentina como la Gran Córdoba, y las zonas metropolitanas
del Gran Rosario, Mendoza o La Plata consolidar su actual dimensión
demográfica.3 La gran pregunta que recorrerá el conjunto del presente
artículo es ¿Por qué un proceso de urbanización e industrialización tan
intenso no ha devenido en el despliegue de la resistencia masiva por parte de
los trabajadores, ya sea a partir de su nuevos espacios de autoorganización
en los centros de trabajo, o por medio de la recuperación de las formas de
organización sindical preexistentes?
Un proceso paralelo y complementario a la emergencia de las fábricas
en el desierto del Norte de México es la mexicanización de las Ciudades
Fronterizas del lado estadounidense. Como podemos observar en el cuadro
3 “Población Total y Porcentaje de Habitantes de Origen latino en la Frontera Sur de los Estados Unidos de América”, en muchos de los condados
fronterizos, del lado estadounidense, la población latina alcanza en dos de
ellas porcentajes superiores al 90%, en otras tres, porcentajes arriba del
80%, y en las zonas metropolitanas, algunas de ellas ya en el interior de
su territorio, como Tucson, San Antonio o Los Angeles, la población latina
oscila entre 33% en Tucson, 44.8% en Los Angeles y 53.5% en San Antonio.
La conformación de un proletariado latino que fluye, en muchas ocasiones
indocumentado, entre las grandes manchas urbanas e industriales ubicadas en ambos lados de la frontera, representa un problema social y político
crucial para la hegemonía del capitalismo norteamericano. Los ghettos
latinos, tan lejanos a la asepsia cultural y la disciplina protestantes, son
un elemento nuevo dentro del rígido orden de las ciudades industriales
marcadas desde el siglo XX por un severo fordismo, tal y como lo entendía
Gramsci en sus Cuadernos de la Cárcel.
3 INDEC, Argentina, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010,
Resultados Provisionales, http://www.indec.gov.ar/default_censo2010.htm
Edur Velasco Arregui
333
Cuadro 3: Población Total y Porcentaje de Habitantes de Origen Latino Ciudades
Fronterizas y Zonas Metropolitanas en La Frontera Sur de los Estados Unidos de
América. Año 2010.
Ciudad o Zona
Metropolitana
Estado al que
pertenece
Población Total de
la Ciudad o Zona
Metropolitana
Porcentaje de
población latina
ZM Laredo
Texas
236.091
94,8
ZM Bronsville
Texas
396.371
86,1
Mc Allen
Texas
775.225
90,5
Eagle Pass
Texas
27.183
94,9
Del Rio
Texas
36.676
78,6
Calexico
California
38.827
75,7
Alburquerque
Nuevo Mexico
887.100
45,3
ZM El Paso
Texas
801.447
81,8
ZM San Antonio
Texas
2.143.300
53,5
ZM Tucson
Arizona
980.556
33,7
ZM San Diego
California
3.095.110
31,3
ZM Los Angeles
California
12.829.540
44,8
Fuente: US Bureau of Census, Statistical Abstract of the US Population, Table 23
La Construcción Histórica de la Frontera
Para descubrir el metabolismo particular de las relaciones de poder en
las Ciudades Fronterizas del México Septentrional es necesario reconstruir,
así sea en grandes trazos, la conformación histórica de la Frontera de
México y Estados Unidos. Se trata de una región con rasgos específicos,
que escapan al orden constituido en cada una de las dos repúblicas que en
ella confluyen. La Frontera como un espacio único, compartido, establece
una particular simbiosis entre ciudades de uno y otro lado, que corrompe
las mareas institucionales del norte y del sur. La Frontera es un espejo que
no devuelve la imagen de sus sujetos, la reconstruye y degrada. Poblada en
ambos lados por mexicanos, como ya lo mencionamos en la primera sección
de este capítulo, las élites norteamericanas le han asignado un carácter
subterráneo, subalterno, en el que la barbarie debe convertir la trituración
de sus agonistas en acumulación de virtuosa riqueza.
334
La forma sindical en Latinoamérica
Fuente: Andreas Peter (2000) Border Games: Policing
the US Mexico Divide, Cornell University Press
Al comenzar el siglo XIX, la dotación de recursos y las características
de las dos Américas, la que poseían las antiguas trece colonias británicas
y la novohispana, no presentaban una brecha sustancial entre sí. John
Coatsworth ha señalado: “los datos comparativos muestran que el ingreso
nacional per capita en México estuvo más cerca del de Gran Bretaña y los
Estados Unidos en 1800 que en ningún otro momento más adelante(...)
La brecha de productividad entre la economía mexicana y la de los países
avanzados del Atlántico norte nunca ha sido tan pequeña como entonces”
(Coatsworth,1990, p.81). En efecto, datos elaborados para un texto posterior
de Angus Maddison, sobre las grandes tendencias de la economía mundial,
muestran cómo el PIB per cápita de México en el año de 1800, equivalía al
68% del PIB per cápita de Estados Unidos. Los cálculos del propio Humboldt
sobre los salarios relativos de México, en relación a los de otras naciones
muestran cómo las condiciones de vida de los jornaleros libres en minas y
campos, en sí mismas duras en todas las latitudes, no distaban de las de los
trabajadores asalariados en los Estados Unidos, más que en una proporción
de dos a uno (Humboldt,1973, p. 265). Adam Smith reconocía que las grandes
ciudades de los virreinatos hispanos, ya fueran La Habana, México o Lima,
superaban con creces a las construidas en Boston, Filadelfia o Nueva York.
John Elliot señala que el contrapunto y la distancia en prosperidad material
Edur Velasco Arregui
335
entre los territorios de la América del Norte y las naciones de Mesoamerica
y América del Sur no era previsible para un observador imparcial cuando
fenecía el orden colonial en el nuevo mundo.(Elliott, 2007, p.18)
El Tratado de Guadalupe Hidalgo con el que concluyó la Guerra de
Estados Unidos con México en el año de 1848 fue diseñado por el Gobierno
Federal de los Estados Unidos, con la idea de que entre ambos países sólo
quedara un desierto en el que los caminos se bifurcaran. La sucesión de
páramos y montañas hacía que entre los grandes centros de población de
uno u otro país sólo emergieran pequeñas ciudades fronterizas, en las que
ciudadanos de uno y otro país convivían en pequeñas comunidades regidas
por dos leyes, las que se aplicaban de manera muy aleatoria. En los años
que van de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo a la creación de la
Patrulla Fronteriza en el año de 1924, los mexicanos se movieron libremente en ambos lados de la frontera, y trabajaron como mineros, ferrocarrileros,
peones, vaqueros y en las más diversas actividades económicas. Pero con la
creación de la patrulla fronteriza se estableció por primera vez un control
a la presencia mexicana en territorio norteamericano. Sólo hasta entonces,
siglo y medio después de la guerra de independencia de los Estados Unidos,
en el año de 1776, la presencia indocumentada de los mexicanos sería
considerada como “ilegal”.
Las aguas que corrían desde las Rocallosas y desde las cordilleras centrales, por los Ríos Colorado y Bravo, según la doctrina Harmon, les permitía
a los norteamericanos disponer de ellas sin ninguna consideración de los
habitantes mexicanos de “río abajo”, reforzando la distancia entre uno y otro
territorio. Los ciudadanos norteamericanos podrían acceder al agua, los de
río abajo dispondrían de los remanentes no utilizados, y así fue hasta bien
entrado el siglo XX. Como sostiene Leo Huberman, en su clásica historia
de los Estados Unidos, “Nosotros, el Pueblo”, una cultura de granjeros
sólo podía concebir que sus fronteras llegasen hasta donde coincidían tres
elementos: la madera, el agua y la tierra. En este caso, hubo que añadir las
tierras áridas del oeste, hasta el mar, por la decisión del Presidente Polk
de adueñarse de los principales puertos del Pacífico Norte, San Francisco
y San Diego, con el afán de abrir el comercio hacia el continente asiático,
que ya desde finales del siglo XVIII parecía promisorio para los navegantes
anglosajones (Leo Huberman, pp. 125-127) Aun así, la frontera común de
México y Estados Unidos fue un espacio abierto y poco poblado durante las
décadas posteriores a la guerra de 1846-47. En 1880, en 500,000 kilómetros
cuadrados de condados y municipios fronterizos, considerando ambos lados
de la frontera, los poblados mexicanos y estadounidenses sumaban 70 mil
habitantes. Por la frontera Norte tan sólo transitaba el 3% del comercio
exterior de México (Riguzzi, Paolo; ¿Reciprocidad Imposible?, El Colegio
mexiquense, 2003).
336
La forma sindical en Latinoamérica
La Frontera entre Estados Unidos y México es, por tanto, una construcción social muy reciente. Todavía durante los años veinte del siglo pasado,
cientos de miles de mexicanos ingresaron de manera legal y pacífica a
Estados Unidos, aunque después fueron deportados sin justificación legal
alguna. Durante casi un siglo, mientras se construía la hegemonía capitalista sobre el territorio de América del Norte, no había barreras a su avance
sin límites. Fue un acontecimiento social, la Revolución Mexicana, la que
construyó la frontera. Ironía de la historia, fueron los mexicanos, con sus
límites a la hegemonía capitalista contenidos en las leyes revolucionarias y
un pueblo rearmado alrededor de un programa político comunalista (social
y comunitario) quienes construyeron la primera barrera. Segunda ironía,
la primera barrera no fue para restringir el movimiento de personas, sino
el libre movimiento del capital hacia los territorios sociales del Sur, hacia
el espacio de acumulación de capital conocido como México. La frontera es,
por tanto, la expresión de dos formas de hegemonía capitalista. Y la clase
obrera mexicana, desde el siglo XX, dependiendo de las circunstancias, optó
por una o por otra, permaneciendo dentro de México o migrando hacia los
Estados Unidos.
Tal vez eso contribuya a explicar que estas dos formas de pobreza, la que
existe entre la comunidad latina dentro de Estados Unidos, y la que padece
el pueblo mexicano dentro de su territorio, convivan de manera ordenada,
dentro de lo que cabe, y no terminen en un colapso de La Línea, como se
conoce por los habitantes del Norte a la línea fronteriza entre México y
Estados Unidos, similar al del Muro de Berlín, con millones de mexicanos
agolpados en los puentes fronterizos, en un mismo día, para alejarse de la
miseria acumulada durante tres décadas de estancamiento económico en
el pasado inmediato.
Dado el tremendo diferencial, en términos de ingreso, entre ser pobre
en un lado y ser pobre en el otro, debe existir algo más, que no explican los
simples ingresos monetarios para comprender la reticencia a migrar de una
buena parte de los trabajadores mexicanos, dada su contrastable pobreza
relativa. La crisis desatada en el otoño del 2008 arroja luz sobre las líneas
de fuerza existentes en cada lado de la frontera. En los Estados Unidos,
la crisis económica ha transcurrido en condiciones de reforzamiento de la
hegemonía de las grandes corporaciones. Y la clase obrera latina en general
que vive dentro de los Estados Unidos, y la mexicana en particular, lo perciben en el deterioro de sus condiciones de vida y trabajo. En contraste, en el
caso de México, el desempleo masivo y el empobrecimiento sin precedente
de su población, coinciden con una profunda crisis de autoridad, y con un
peso notable y cada vez mayor de la informalidad, que no es sino la forma
espontánea en la que millones de mexicanos rompen con la línea global de
respeto irrestricto de la propiedad privada.
Edur Velasco Arregui
337
Las remesas, en una tercera paradoja, son la savia que alimenta dos
procesos contradictorios. Por un lado, financia, en parte, la migración
de nuevos miembros de la familia hacia los Estados Unidos. Pero, en un
segundo ámbito, las remesas son fundamentales para nutrir la economía
no capitalista, las actividades artesanales y alternativas dentro y fuera
del mercado, de sus familias en México. Muchas familias pobres logran a
partir de las remesas construir una economía familiar, pequeños o micro
establecimientos, que les permiten subsistir sin engancharse como peones
asalariados en las modernas plantas o en los grandes establecimientos
que el Tratado de Libre Comercio ha creado en las ciudades de México.
Las remesas alimentan, nutren, al México que nunca fue incorporado
en las cláusulas del NAFTA. La Migración encuentra en las remesas su
propio antídoto, siempre y cuando la burguesía mexicana no destruya el
metabolismo de la economía alternativa que existe en México.
Si una buena parte de la clase obrera mexicana no migra hacia los
Estados Unidos, es porque el capitalismo mexicano no los ha podido
subsumir como sí lo hace con los mexicanos que entran a territorio norteamericano. Carece el capitalismo mexicano de la composición orgánica
necesaria para ejercer un control tan potente y severo como el que atenaza
a los trabajadores norteamericanos, sean nativos o nacidos en el extranjero.
Como lo mencionaba un compañero albañil mexicano: “En México no lleva
uno tantos kilos de herramienta en la cintura cuando se sube al andamio, ni
la grúa va tras de ti a tal velocidad como el más cruel de los supervisores.”
Mientras existan dos formas de hegemonía tan contrastantes en los dos
lados de la frontera, la Línea tardará en colapsarse.
La Frontera Norte, como territorio estratégico de la acumulación de
capital en la América Septentrional, tiene pocas reglas, muchas de ellas no
escritas, y las que existen son trastocadas. Los trabajadores que encallan en
sus arenas, no importa en muchos casos si en el lado sur o en el lado norte,
tendrán que asumir que esta fue una región de presidios desde los tiempos
coloniales, en la que sus habitantes carecían de calidad de ciudadanos.
Es por ello que en las próximas páginas reconstruiremos los esfuerzos
sostenidos por parte del Bloque Industrializador dominante, para erradicar
a toda propuesta civilizatoria que concediera derechos a los trabajadores,
y mucho menos que les permitiese organizarse como sujetos autónomos,
en los Estados del Sudoeste de Estados Unidos y en los Estados del Norte
de México. Desde casi un siglo atrás, las élites fronterizas, mexicana y
estadounidense, decidieron excluir a los plebeyos como interlocutores
dentro de su desreglado territorio. Con los rebeldes su ira no tiene límites.
338
La forma sindical en Latinoamérica
La expulsión de los socialistas del Sudoeste de los Estados
Unidos: su impacto en la densidad sindical de la región fronteriza
Bajo la fuerte presencia de inmigrantes de todo el mundo, las corrientes socialistas dentro del sudoeste de los Estados Unidos, esto es, en los
Estados Fronterizos con México, alcanzaron una poderosa inserción a
principios del siglo XX. En las elecciones del año 1911, con la Revolución
Mexicana en curso en el otro lado de la frontera, el candidato socialista
Job Harriman a la alcaldía de Los Angeles obtuvo el 35% de los votos para
alcalde de la más dinámica ciudad del Sudoeste.4 La acción coordinada
de las policías privadas, y la provocación ingenua o dolosa dentro de sus
propias filas, le arrebataron el triunfo a pocas semanas de las elecciones.
El descarrilamiento de la corriente socialista encabezada por Harriman
implicó una derrota estratégica para el movimiento obrero en el sudoeste
de Estados Unidos que se prolongó por décadas. Desde aquel entonces el
entorno laboral del Sudoeste de los Estados Unidos se caracterizo por la
existencia de una legislación laboral, establecida a nivel local, dirigida a
impedir la organización sindical de los trabajadores. La debilidad histórica
de los sindicatos en el lado estadounidense de la frontera repercute, aun
en el siglo XXI en una correlación de fuerzas adversa para la lucha obrera
en el Norte de México.
Una de las variables fundamentales que incidieron en la debilidad
del movimiento sindical en el sudoeste de Estados Unidos fue el racismo.
En aquellas localidades mineras o en los centros de producción donde los
organizadores sindicales lograron superar las líneas raciales entre blancos,
negros y latinos, como durante la huelga de 62 días de los estibadores en
los puertos del estado de Texas en el año de 1935, el movimiento sindical
logró obtener sonados triunfos. Pero en términos generales, los pequeños
granjeros blancos, siempre conformaron una base social conservadora
reacia a permitir la organización sindical. En muchas ocasiones la milicia
local, como los Texas Rangers, fueron utilizados para romper huelgas, lo
mismo entre trabajadores ferrocarrileros o entre jornaleros del campo,
muchos de ellos de origen mexicano.5
4 Job Harriman winning about 35% of the 137,000 votes cast in the 1911
mayoral election. Los Angeles Times, May 28, 1989 Sebastian Rotella, “LLano
Del Rio Cooperative Colony l914-l918 : Remains of Utopia” http://articles.
latimes.com/1989-05-28/local/me-1544_1_llano-pearblossom-highway-colony
5 Durante el período de la Revolución Mexicana y con el objeto de impedir que
la incipiente revuelta entre los trabajadores mexicanos se extendiera al Sur de
Texas, entre mineros y jornaleros de origen latino que laboraban en territorio
norteamericano, se desató una intensa persecución de “bandidos mexicanos”
que condujo a sucesivas masacres de grupos revolucionarios mexicanos que se
Edur Velasco Arregui
339
La presencia de cientos de miles de trabajadores atraídos por el auge
de la economía del sudoeste de los Estados Unidos durante las primeras
dos décadas del siglo XX marcaron con rasgos particulares el mundo del
trabajo de la región. Se trataba de las víctimas de una intensa Revolución
Industrial frustradas por la distancia entre sus expectativas y la realidad
del sueño americano. Sin el entorno estable y ordenado de las ciudades
del Este de los Estados Unidos, los trabajadores de la Frontera del lado
estadounidense conformaban una gran masa desprovista de Iglesias, comunidades y familia. Por ello, como sucedía entre los mineros del cobre de
Arizona, prevalecía un ánimo dispuesto a formas de organización básicas,
o de desorganización flexible, como con ironía se referían a las mareas
de descontento social los activistas de la IWW (Industrial Workers of the
World). La acción directa no dejaba mucho espacio para formas estables de
representación. Ni entonces, ni ahora.
Las élites del Sudoeste de los Estados Unidos casi siempre optaron por
acciones drásticas, como la deportación de los rebeldes, o en su caso, la
ejecución de sus líderes. En el salvaje capitalismo del Sudoeste de los Estados
Unidos la lucha de clases siempre tuvo un aroma de pólvora. Un ejemplo
de ello fue la masacre de Ludlow donde en abril del año de 1914 la Guardia
Nacional atacó e incendió las pequeñas chozas de los huelguistas en la región
carbonífera del Sur del Estado de Colorado, arrasando y quemando vivas
a 19 personas, e hiriendo a cientos de los trabajadores y sus familias que
acampaban cerca de las bocas de las minas. A diferencia de otras ocasiones,
la respuesta de los mineros del sudoeste fue contundente. Durante los diez
días siguientes, trabajadores armados contraatacaron a las fuerzas estatales
y las guardias blancas de las empresas.6 Miles más se manifestaron en la
habían internado como consecuencia de los vaivenes de la azarosa ruta de la
propia Revolución. “In January 1919 an investigation by the Texas Legislature
found that from 300 to 5,000 people, mostly of Hispanic descent, had been
killed by Rangers from 1910 to 1919, and that members of the Rangers had
been involved in many acts of brutality and injustice” Harris, Charles H.
III & Sadler, Louis R., The Texas Rangers And The Mexican Revolution: The
Bloodiest Decade. 1910–1920, University of New Mexico Press (2004).
6 “In response to the Ludlow massacre, the leaders of organized labor in Colorado issued a call to arms, urging union members to acquire “all the arms and
ammunition legally available,” and a large-scale guerrilla war ensued, lasting
ten days. In Trinidad, Colorado, United Mines Workers of America officials
openly distributed arms and ammunition to strikers at union headquarters.
700 to 1,000 strikers “attacked mine after mine, driving off or killing the
guards and setting fire to the buildings.” At least fifty people, including
those at Ludlow, were killed in ten days of fighting against mine guards and
hundreds of militia reinforcements rushed back into the strike zone. The
340
La forma sindical en Latinoamérica
capital del Estado, Denver, exigiendo castigo a los asesinos de las familias
mineras. El conflicto fue aplastado con el envio de tropas federales y la
presencia de Comisiones del Congreso para investigar los sucesos. Miles de
huelguistas fueron despedidos y la sindicalización de los mineros del carbón
en el Sudoeste de los Estados Unidos, permaneció vedada.
Transcurridos los años, en la primera década del siglo XXI, la tasa de
sindicalización, o de densidad sindical como también se le conoce, en los
Estados del Sudoeste de los Estados Unidos es una de las más bajas de toda
la nación. En Texas, la densidad sindical es de tan sólo el 3.1% de los trabajadores del sector privado. En Nuevo México la densidad sindical abarca
también a tan sólo tres de cada cien trabajadores en los establecimientos
privados y en Arizona, la densidad sindical implica que tan sólo 3.6 de cada
cien trabajadores esta organizado sindicalmente. Incluso en el progresista
estado de California, la densidad de sindicalización es superior en la región
norte, el área de la Bahía de San Francisco, con una tasa de sindicalización
del 10% entre los trabajadores del sector privado. En la región sur, en el
área metropolitana de San Diego, la tasa de sindicalización desciende al
7.5 por ciento. Entre el total de los trabajadores industriales del Estado
de California, tan sólo 6 de cada cien esta organizado sindicalmente frente
al promedio nacional de 13 de cada cien. (Union Membership: Data on
California and the US, UCLA, 2005)
Revolución y organización sindical en el Norte de México
Dados los problemas de hegemonía que sobre su propia clase obrera
enfrenta el capitalismo mexicano, desde que las élites en México iniciaron
su viraje hacia la apertura y desregulación de la economía mexicana,
acentuaron su disposición de crear en el Norte del país una zona especial
económica, pero sobre todo, un área en la que las leyes laborales heredadas
de la Revolución Mexicana no tuvieran vigencia y se aplicaran de facto
fighting ended only when US President Woodrow Wilson sent in Federal
troops. The troops, who reported directly to Washington, DC, disarmed both
sides, displacing and often arresting the militia in the process. This conflict,
called the Colorado Coalfield War, was the most violent labor conflict in US
history; the reported death toll ranged from 69 in the Colorado government
report to 199 in an investigation ordered by John D. Rockefeller, Jr. In the
end, the strikers failed to obtain their demands, the union did not obtain
recognition, and many striking workers were replaced by new workers. Over
400 strikers were arrested, 332 of whom were indicted for murder. Only one
man, John Lawson, leader of the strike, was convicted of murder, and that
verdict was eventually overturned by the Colorado Supreme Court” Zinn,
H., Dana Frank, and Robin D. G. Kelley, Three Strikes: The Fighting Spirit
of Labor’s Last Centur Beacon Press (Sep 2002) New York
Edur Velasco Arregui
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condiciones de excepción, que condenaban a los trabajadores asalariados
de la región a una situación de vulnerabilidad extrema en sus relaciones
laborales. Para ello fue crucial la expulsión de los trabajadores rebeldes,
de las organizaciones políticas y sociales de inspiración nacional popular o
francamente socialistas de la región fronteriza con los Estados Unidos. La
represión al movimiento sindical en el Sudoeste de los Estados Unidos, y la
existencia de leyes en contra de la libertad de asociación de los trabajadores
y su derecho de huelga, tuvo un correlato singular del lado mexicano. La
frontera se constituyó durante muchos años como una frontera a la barbarie
de las corporaciones norteamericanas en contra de la fuerza de trabajo.
La organización de los trabajadores en el Norte, a lo largo del siglo XX,
tuvo que enfrentar las limitaciones del agrarismo Villista. A diferencia del
Zapatismo, la corriente agrarista predominante en el sur y centro del país
que logró, a partir de su profundo comunalismo ,superar el fallecimiento
de sus liderazgos históricos, el del mismo Emiliano Zapata, el agrarismo
en el Norte tuvo muchas mas dificultades para revertir su derrota política
y militar durante la década de los 20 del siglo pasado. En ello pesó su
composición mas laxa, integrada por peones y trabajadores de origen
diverso, sin un tejido comunitario precedente, y la decisión de muchos de
los derrotados de abandonar el país cruzando la Frontera. Los campesinos
del Sur no tenían esa opción y por ello su empecinamiento victorioso que
condujo a obtener la tierra para quien la trabaja. En el Norte, la derrota
del Villismo condujo a que el Neolatifundismo se recreara, y que los ejidos
fueran muchos mas escasos y débiles. Mientras, en el zapatista estado de
Morelos el 81% de la tierra fue repartido entre las comunidades campesinas, en los Estados de Nuevo León, Tamaulipas y Sonora tan sólo un tercio
de las tierras, las más pobres y áridas, se repartieron entre los jornaleros
del campo. Mientras en el Sur, hasta la fecha, la comunidad campesina
siempre ha actuado como una retaguardia profunda de los obreros rebeldes
de las Ciudades; como lo muestra Chiapas, en el Norte las comunidades han
sido mucho más vulnerables a los desplazamientos del Ejercito Federal.7
7 Por ejemplo, en los años 60 del siglo XX, los cortadores de caña de azúcar de
Tamaulipas, sufrieron la violencia policial como consecuencia de participar
en paros, manifestaciones y huelgas obreras agrícolas. El ambiente político
en la región sur de Tamaulipas se desarrolló bajo una fuerte represión
gubernamental. Entre los ejemplos más graves se encuentran el asesinato
en el año de 1966 de tres jóvenes campesinos, a manos de pistoleros de los
terratenientes de la zona local, en el ejido el Abra de Ciudad Mante, por un
problema de posesión de tierras; en las zonas rurales de los municipios de
Villa de González y Estación Manuel el ejército y policía realizaron tareas de
“guardias blancas” a favor de los ricos terratenientes Arturo B. De la Garza
y otros más de ascendencia estadounidense.” Informe Dr. Ignacio Carrillo
342
La forma sindical en Latinoamérica
No obstante, durante el ascenso de la movilización obrera de los años 30,
los trabajadores de los Estados del Norte de México, participaron activamente en la fundación o consolidación de los grandes sindicatos nacionales.
En particular de dos de ellos, el Sindicato Nacional de Trabajadores Minero
Metalúrgicos de la República Mexicana y el Sindicato de Trabajadores
Ferrocarrileros de la República Mexicana. A partir de su constitución, las
secciones sindicales de los mineros y de los ferrocarrileros conformaron
la columna vertebral del sindicalismo de clase en el Norte del país. Entre
los trabajadores mineros destacaban las secciones de los grandes tajos de
Cobre de Cananea y Nacozari en el estado de Sonora, así como las secciones
mineras del Estado de Chihuahua, y las secciones metalúrgicas de Altos
Hornos de Coahuila, y de Fundidora de Hierro y Acero en Monterrey. En el
caso de los trabajadores Ferrocarrileros las secciones del Norte del país, desde
el Pacífico Norte a las del Noreste de México, siempre fueron fundamentales
en las luchas sindicales a lo largo de la franja de los Estados fronterizos.
Cuando la oligarquía mexicana inicia el gran viraje hacia la Manufactura
Global, la destrucción de la estructura de los sindicatos nacionales, y en
particular de sus secciones sindicales en el Norte del país, se convirtió en un
objetivo fundamental para la ingeniería social que requería el despliegue en
gran escala de la industria maquiladora en la Franja Fronteriza.
La ofensiva contra el sindicalismo en el Norte del país
Para el año 1976, la insurgencia sindical había logrado reposicionarse
en el Norte del país. La izquierda sindical tenía presencia en las principales
secciones de los grandes sindicatos nacionales. Desde los ferrocarrileros de
Empalme, en Sonora, a los trabajadores de la incipiente maquiladora en
Matamoros, Tamaulipas.8 Corrientes democráticas de trabajadores tenían
Prieto, Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
(FEMOSPP). Capitulo 7. Página 20.
8 “La maquila a Matamoros, ciudad fronteriza al norte de México, arribó en 1964,
con la instalación de Procesadora de Mariscos, y vivió su mayor esplendor a mediados de los ochenta, cuando General Motors realizó una fuerte inversión en la
ciudad. El auge de GM fue también la época de prosperidad en la maquiladora
de Matamoros, no sólo en el área de crecimiento maquilador sino en materia
de salarios y prestaciones para otros trabajadores. El crecimiento industrial
se asoció con la prosperidad de la empresa, por ejemplo, un trabajador de la
maquiladoras de esta compañía llegó a ganar 1,200 pesos semanales, libres de
impuestos, y sin contar prestaciones, es decir, alrededor de 170 pesos diarios,
cuando el salario mínimo era de 40 pesos diarios. Su jornada laboral era de 40
horas y sus prestaciones estuvieron enlazada a su antigüedad.
Ahora bien, un análisis detallado de la situación, permite mostrar que el
Edur Velasco Arregui
343
una fuerte presencia en las principales ciudades de los Estados Fronterizos
del Norte del país. Electricistas, Mineros, Ferrocarrileros habían recuperado, a sangre y fuego, buena parte de los locales sindicales que durante
las pasadas décadas habían controlado líderes espurios vinculados con el
oficialismo priísta.
En los siguientes diez años, la burguesía regiomontana, con sede en la
más poderosa ciudad industrial del Norte, Monterrey, inició una contraofensiva dirigida a someter a los centros de trabajo que habían escapado
al riguroso control corporativo del sindicalismo del Congreso del Trabajo.
En ello fue decisivo el barrer de las ciudades del Norte a los militantes de
las organizaciones político-militares que habían logrado establecerse en
ellas durante el auge de la insurgencia sindical. Para el año de 1978, la
implacable Dirección Federal de Seguridad había desaparecido o ejecutado
a más de 300 militantes de las organizaciones armadas en el Norte del país,
entre ellos a Jesús Ibarra de Piedra. 9
En las dos últimas décadas del siglo XX el gobierno mexicano privatizó
el 85% de las empresas públicas del país. En el caso de empresas como
Ferrocarriles Nacionales de México, el proceso de desnacionalización
se tradujo en el despido de decenas de miles de trabajadores. En 1990,
el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana
contaba con 83,290 afiliados. En el año 2010, según los registros de la
Dirección General de Registro de Asociaciones se había reducido a 11,352
el número de ferrocarrileros afiliados, el 14% de los que tenía veinte años
atrás. Buena parte de las secciones sindicales de la zona fronteriza como
Empalme (Sección 8), Benjamín Hill (Sección 40), Chihuahua Capital
(Sección 5) Ciudad Jiménez, Chihuahua (Sección 38) y (Sección 30) de
Nuevo Laredo, Tamaulipas quedaron reducidas a unos cuantos cientos de
trabajadores. Las nuevas empresas ferroviarias, en su mayoría extensión
de las grandes corporaciones norteamericanas del sector, rasuraron los
contratos y desguanzaron la materia de trabajo por medio del “outsourcing”
provisto por cientos de proveedores.
mejoramiento laboral, entre ellos la salud, no provino automáticamente de la
empresa, sino que existió una negociación importante del sindicato. Las buenas
condiciones laborales fueron producto de un sindicalismo combativo, que
provenía del sindicalismo algodonero, que había logrado un excelente contrato
colectivo, y que fue capaz de recuperarse y fortalecerse durante la prosperidad
industrial que experimentó General Motors especialmente durante la década
de los ochenta y noventa.” Quintero Cirila (2005) Maquiladoras y condiciones
laborales. Entre la precariedad y el trabajo digno. El caso de México. El
Colegio de la Frontera Norte.
9 Informe: Dr. Ignacio Carrillo Prieto, Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).
344
La forma sindical en Latinoamérica
Entre los trabajadores universitarios fue particularmente severa la
represión de Tijuana, Ensenada, Mexicalli y Tecate, todos ellos adscritos
a la Universidad Autónoma de Baja California, cuya huelga fue rota en
el año de 1980, y expulsados del Estado sus principales dirigentes bajo
amenaza de muerte por parte del Gobernador del Estado, Roberto de
la Madrid. No fue un caso único. El sindicalismo universitario y de los
profesores de educación básica en el Norte fue arrasado por las fuerzas
corporativizadas enviadas desde el centro de la República durante los años
precedentes al cambio de siglo.10
Los ataques al Sindicato Minero y la privatización de buena parte de
los tajos y fundidoras de metal destruyeron decenas de miles de empleos
y devastaron los antiguos contratos colectivos en Nacozari, Cananea,
Monclava, Torreón y Monterrey. La combativa sección 67 simple y sencillamente fue borrada del mapa con el cierre de la histórica planta de Hierro y
Acero de Monterrey, el despido de sus cinco mil trabajadores, y su exclusión
bajo una lista negra de toda posibilidad de recontratación por cualquier
empresa en el Estado de Nuevo León. Antes de las privatizaciones, en su
conjunto las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero
Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMMRM) contaban con más de
60 mil afiliados en sus secciones en el Norte de México. Para el año 2000,
los mineros organizados sindicalmente se habían reducido a tan sólo 25
mil en toda la franja fronteriza.
Tras la ofensiva en toda la línea existe, desde finales del siglo pasado, una
estrategia para erradicar de la zona fronteriza, concebida desde entonces
10 “Con las banderas rojinegras sostenidas en los puntos de guardia montados
alrededor de la empresa Peñoles, -en donde laboran los mineros pertenecientes
a la Sección 64 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos
y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM)-, los 378 miembros de
esta organización reiteraron a Demócrata Norte de México la determinación
a mantenerse en huelga, pero también, la disposición a negociar con los representantes de la firma Peñoles, misma que de acuerdo al Secretario General
Daniel Cossío Ríos, “ha pecado de soberbia” para sentarse a dialogar. Las
campañas de Peñoles para desestibilizar la Sección 64 del Sindicato Nacional
Minero son presiones políticas de gran calado, dice Daniel Cossío, Secretario
General en Torreón. “En realidad, la empresa actúa con mala intención. Quiere
destruir la organización sindical. Intenta formar un sindicato corporativo,
para así, conseguir quitar el Contrato Colectivo de Trabajo que tenemos, y,
que entre otras cosas, se le hace muy caro a Peñoles”, pronuncia Cossío Ríos.
El Secretario General de la Sección 64, termina diciendo, “Peñoles quiere
destruir el sindicato, no lo vamos a permitir”. Mientras tanto, el Informe Anual
ejecutivo de Peñoles, asienta que la empresa obtuvo 6 mil 764 millones 300
mil pesos de ganancias netas en el ejercicio del año 2008, un 74.8 por ciento
más que en el 2007.” El Demócrata del Norte, Torreón, Marzo 2 del 2009.
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como una “zona especial”, la vigencia de la Ley Federal del Trabajo creada
al calor del ascenso del movimiento revolucionario en México durante las
primeras décadas del siglo XX, y que a pesar de todos los esfuerzos de la
derecha mexicana, no ha podido ser modificada para introducir todos los
criterios flexibilizadores propicios para la manufactura global.
La ofensiva política de la derecha en el Norte de México
La destrucción de las bases del sindicalismo clasista en el Norte de
México fue posible por el desarrollo de una estrategia política por parte
de las oligarquías regionales, en alianza con los grandes poderes fácticos
de la Iglesia y el capital transnacional, para llevar adelante una profunda ingeniería social en la zona. Dicho proceso de reorganización de las
relaciones sociales dentro de un territorio específico fue posible a través
de la creación de una convulsión económica inducida para fracturar a
la economía mexicana, fenómeno urdido desde los centros financieros
internacionales como después ha sido confirmado por múltiples fuentes.
Las sucesivas devaluaciones del peso mexicano entre 1982 y el año de
1995, crearon un desabasto generalizado y un grado sin precedente de
incertidumbre en el Norte del país, mismo que fue aprovechado por los
grandes conglomerados capitalistas de la región para alcanzar el poder en
buena parte de los gobiernos estatales y municipales de la franja fronteriza.
Si bien la sede de los grupos de poder que construyeron la restauración
foxista sigue siendo Monterrey (Velasco, 2001, p. 20), Ciudad Juárez fue la
plaza en la que alcanzaron su primera gran victoria electoral. Fue en Ciudad
Juárez en donde lograron trasladar la utopía de la manufactura global, y
de la competitividad del conservadurismo mexicano, a la escena política.
El que fuera contralor general de la república con Vicente Fox, Francisco
Barrio, fue catapultado a la vida política estatal, primero, y nacional después,
al vencer en las elecciones municipales de 1983. En ese proceso electoral
recibió un amplio apoyo de los encapuchados de Chipinque, el poderoso grupo
Monterrey. Tres años después, y para mermar la fuerza panista en el Estado,
en una elección de estado, el priísmo arrebató la alcaldía, a la mala, pero
no por mucho tiempo. En 1992, el PAN volvió a recuperar la alcaldía. Y no
sólo eso. Francisco Barrio se convirtió en gobernador del Estado. (Granados
Chapa: 2001, Reforma) Desde hace nueve años, Ciudad Juárez es uno de los
bastiones de los grupos conservadores empresariales en el Norte del país.
Desde Juárez, la influencia del panismo se irradia hacia, por lo menos, otros
cinco estados del centro-norte. No es una plaza menor en el posicionamiento
político del PAN en el ámbito nacional. Posiblemente sea la segunda en
importancia, tan sólo después de Monterrey. Francisco Villareal, Ramón
Galindo y Gustavo Elizondo, tres personajes de la política nacional panista,
346
La forma sindical en Latinoamérica
han encabezado el gobierno municipal del antiguo Paso del Norte, dando
lugar a una dinastía que a partir del control político de la ciudad fronteriza
realiza maniobras estratégicas en el terreno federal. De Juárez parten
muchas campañas político-electorales que le garantizan al PAN un buen
número de diputados federales en el centro-norte del país.
En las elecciones del 2 de julio del año 2000, un verdadero laboratorio de
la hegemonía política empresarial, el PAN obtuvo una victoria contundente.
En la votación para presidente de la República, el foxismo arrancó en
Ciudad Juárez 209,416 votos de un total de 409,661 votos válidos, esto es,
un 51.1% del total, casi diez puntos por arriba de lo que fue el resultado a
nivel nacional. En las mismas votaciones del 2 de julio, pero en lo que se
refiere a diputados federales, la coalición panista conquistó el triunfo en las
tres diputaciones federales, con un margen amplio de decenas de miles de
votos con respecto al conjunto de los candidatos priístas. (Instituto Federal
Electoral, Resultados Electorales, año 2000).
El ascenso electoral de la derecha en las grandes ciudades de México
no es un hecho sin precedentes que se presente de manera sorpresiva e
inesperada. Fue la consecuencia de la incapacidad de las fuerzas de izquierda
para desafiar al capitalismo salvaje que ha dominado el acelerado proceso
de urbanización del país de las últimas tres décadas. El resultado ha sido
ciudades privatizadas, sin espacios comunitarios, y en donde el monopolio
de las grandes empresas se extiende a todos los terrenos de la vida social,
a la educación y a la cultura. En un artículo publicado en el año de 1985
señalaba que la estrategia política del PAN no era inocua: “Estamos en
presencia de un nuevo bloque conservador en el país capaz de disputar el
poder(...)De acuerdo a los resultados electorales de 1982, el PAN emerge como
un partido urbano, las zonas panistas emergen en dos grandes franjas en el
país, en el centro occidente, y en el norte, en los estados fronterizos” (Velasco
y Sigg, 1985, El Cotidiano Nº4, páginas 5-7). La tesis sobre la capacidad del
Partido de Acción Nacional para construir “la transición a la democracia”
sobre la base de su hegemonía en las ciudades pareciera confirmarse al
obtener una alta proporción de sus votos en las zonas metropolitanas de
Guadalajara, Monterrey, Puebla, León y Ciudad Juárez, las cinco ciudades
más importantes del país, detrás de la Ciudad de México.
Para entender las victorias electorales de la derecha en las ciudades
obreras de la franja norte es necesario considerar las implicaciones políticas
de la masiva migración interna de la fuerza de trabajo, que no deja de pesar
de manera decisiva, dado que los ciudadanos mexicanos que se encuentran
fuera de su localidad, sólo en una pequeña proporción pueden votar en
las famosas casillas especiales, que sólo permiten 750 votos, y en donde,
rápidamente se agotan los votos disponibles, dejando también a millones de
personas sin posibilidad de votar. En las elecciones del 2006, se instalaron
Edur Velasco Arregui
347
un número ínfimo de casillas especiales, insuficientes para incluir en el
proceso a una población interna de migrantes, estimada por la CONAPO
en 15 millones de personas, entre el año 1995 y el año 2006. (CONAPO:
Migración Interna, 2007). Se da el caso de muchas ciudades del Norte hacia
dónde han emigrado cientos de miles de trabajadores de los estados del
sur, y que no han cambiado simultáneamente su credencial de elector, por
múltiples razones, a su nuevo lugar de residencia. Un ejemplo de ellos es
Ciudad Juárez, con un padrón electoral de un millón de electores, tuvo una
de las tasas de abstención más altas de México en las elecciones del 2006.
En el distrito 2 de Ciudad Juárez la participación electoral fue de tan sólo
el 37.3% del total. Mas interesante aún es comprobar cómo en las casillas
especiales de Ciudad Juárez, donde votaron mayoritariamente trabajadores
emigrantes, la votación para López Obrado, el candidato de la izquierda,
subió al 28%, una de las más altas en los Estados fronterizos del Norte del
país. (IFE, Resultados Electorales 2006), en donde su promedio estuvo ocho
puntos abajo, llegando a ser en la Ciudad de Monterrey de 14%.
Ha sido tan atroz y frenética la relocalización de la fuerza de trabajo
en el México contemporáneo, que esta todavía no encuentra la tregua
necesaria para reorganizarse, para sedimentar su fortaleza cuantitativa.
El surgimiento de la nueva geografía económica coincide con una relativa
paralización de la resistencia organizada de los trabajadores. Pero se trata
de una circunstancia, y no de un rasgo permanente.11 Nos parece, por lo
tanto, completamente precipitado afirmar que la izquierda se encuentre
derrotada estratégicamente en las regiones mas industrializadas. La magnitud de las mutaciones geográficas en el mercado laboral ha dislocado
las redes de resistencia social, y la izquierda no supo reconstruirlas, y en
ciertos casos, como aquellos que intentaron una transición pactada con los
poderes fácticos, no consideró ni quiso siquiera intentarlo.
La crónica de la vida política cotidiana desde los años setenta da cuenta
un ininterrumpido avance de la derecha empresarial en todos los espacios
de representación política. Ello fue posible gracias a un reposicionamiento
político de los grandes grupos empresariales, que crearon las líneas estratégicas de desarrollo de su hegemonía política. En primer lugar, fijando un
índice temático preciso, con sus prioridades en materia de política econó11 El propio Federico Engels resaltaba en el apéndice a la edición norteamericana de su obra clásica sobre “la situación de la clase obrera en Inglaterra” cómo
la emigración por aluvión de los trabajadores de una región a otra, provocaba
de manera irremediable una fractura temporal entre la fuerza de trabajo
ya establecida y los grupos de reciente inmigración. Se tenía que cerrar un
período casi inevitable de contienda por prevalecer en el mercado laboral,
para que se reconstituyeran los lazos de solidaridad. Marx C. Y Engels F.
(1962) Escritos. Editorial Grijalvo, México, pp. 317/318.
348
La forma sindical en Latinoamérica
mica. Pero de allí han pasado a otros ámbitos como el laboral y el civil. El
resultado es que lograron trastocar por completo el carácter y el quehacer
cotidiano. Se trata de la emergencia del nuevo “Estado Conservador”, en
el que los empresarios se han convertido en el actor predominante en el
escenario nacional, en obvio detrimento de los posibles representantes de los
trabajadores. La supuesta alternancia no ha traído ni traerá por sí misma
grandes reformas sociales. En todo caso sólo ha reforzado la exclusión de
los trabajadores de las instancias de representación de política como los
gobiernos locales y las cámaras de diputados estatales y en el Congreso
de la Unión. La exclusión de los trabajadores justo en el momento en que
la agenda legislativa tiene como uno de sus principales puntos la reforma
a la Ley Laboral es la demostración de cómo el bloque conservador busca
dotar de legitimidad al despojo de los derechos de los sindicatos y de los
trabajadores. Con ello el bloque conservador pretende dar por terminado el
proceso de transición política.
La Guerra en el Piso de Fábrica:
Los accidentes industriales en la Franja Fronteriza
A partir de las condiciones políticas creadas por la devastación, cerco o
sometimiento de las secciones de los sindicatos nacionales en los Estados
del Norte y el ascenso del control territorial y político de los gobiernos
municipales y estatales por las diversas variantes de las derecha política,
la clase obrera engullida por la manufactura global, en cientos de miles,
quedó expuesta a la mayor de las violencias dentro del piso de fábrica: los
accidentes de trabajo.12
Según la estadística de accidentes fatales de trabajo, las entidades
fronterizas, en particular algunas como Chihuahua y Tamaulipas, se encontrarían entre aquellas con una menor tasa por cada cien trabajadores,
12 El terreno propicio para triturar a los trabajadores en el proceso de trabajo
es creado por el Gobierno Federal, que no realiza desde hace años ningún
tipo de inspección en el trabajo rigurosa., que permitiera contrastar los
datos del IMSS. “En Tijuana, a pesar de ser la Ciudad con mayor número
de plantas maquiladoras en el país, en el año 2003, la delegación federal de
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) tenía sólo un inspector
de trabajo para cubrir a todo el Estado de Baja California, y la secretaria
estatal de trabajo, tres inspectores en total,, la mitad de lo que tenían ambas
dependencias hace cinco años. En el mismo año 2003, Ciudad Juárez no tenía
oficialmente inspectores debido a la reestructuración laboral que sufrió la
delegación federal en esa Ciudad.” (Contreras et al, Desempeño laboral de las
Maquiladoras: Una evaluación de la seguridad en el trabajo, Frontera Norte,
Volumen 18, Número 35, Enero-Junio 2006, página 68).
Edur Velasco Arregui
349
por debajo del promedio nacional. Los datos concentrados por las clínicas
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para los seis Estados de
la Frontera Norte, en el año 2009, reportarían 334 trabajadores muertos
como consecuencia de riesgos de trabajo.
Para ocultar la verdadera siniestralidad, el número de accidentes de
trabajo por cada cien trabajadores existente en la Franja Fronteriza de
México con Estados Unidos, las empresas han construido una red paralela
de seguros y hospitales privados, de forma tal de que los accidentes en
las maquilas no queden registrados por el Instituto Mexicano del Seguro
Social: “El sector maquilador local prefiere desembolsar unos 32.5 millones
de dólares al año en servicios de salud para sus trabajadores -su principal
activo-, a tener que arriesgar su integridad, pese a que pagan el servicio
del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para la industria maquiladora
es preferible invertir en médicos y enfermeras para los centros de trabajo,
así como en pólizas de seguro de gastos médicos mayores para darle la
vuelta al IMSS”, dice Pablo Castro, contralor de Small Parts una empresa
maquiladora que emplea a más de 200 personas. De acuerdo a cifras de
la Asociación de Maquiladoras (AMAC), la industria eroga en pólizas de
seguros de gastos médicos mayores, 18 millones 971 mil dólares anuales.
Mientras que por la contratación del servicio de doctores y enfermeras
para atender a los trabajadores dentro de las plantas, las compañías en su
conjunto, gastan un total de 13 millones 610 mil dólares anuales como pago
de nómina.” (El Norte, Octubre 2005).
A partir de la existencia de estos mecanismos es como las empresas
maquiladoras logran mostrar una tasa de riesgos de trabajo totalmente
inverosímil, dada la ausencia de inspección laboral de las autoridades, la
escasa inversión en medidas de higiene y seguridad y el fuerte predominio
de trabajo eventual predominante en las plantas: “En lo que va del año el
Instituto Mexicano del Seguro Social ha registrado 5 mil 400 riesgos de
trabajo, de los cuales 300 casos han dejado secuelas permanentes en los
trabajadores, informó José Luís Tirado Medina, jefe de los Servicios de
Salud en el Trabajo. La plaza laboral de Ciudad Juárez registró una tasa
de 1.5 por ciento de trabajadores accidentados por cada 100 empleados
contratados durante 2005, “la cifra más baja de todo el país. El funcionario
del IMSS recordó que durante 2004 la oficina de los servicios de salud en el
trabajo registró 5 mil 800 riesgos calificados como de trabajo. Los riesgos de
trabajo disminuyeron un 8 por ciento con relación al 2004, aseguró Tirado.
Mientras que en el Estado de México es de 2.5 a 3.0 por ciento trabajadores
accidentados, dijo Tirado Medina. “Se disminuyó poco con relación a los
años pasados, pero la meta de la Organización Internacional del Trabajo,
establece que las organizaciones que tienen menos de dos riesgos de trabajo
son empresas de calidad mundial”, indicó.” (El Norte, Noviembre del 2005).
350
La forma sindical en Latinoamérica
En realidad, la maquiladora ha logrado injertar en los procesos de
trabajo con una fuerte presencia de las tecnologías de la información e
incluso de la robótica, el uso de los mecanismos más coercitivos y brutales:
un enlace del chip con el látigo. Es por ello que cuando se produce un accidente fatal dentro de sus instalaciones no es poco frecuente que impidan
el paso de los servicios médicos de salud. Tal fue el caso del técnico de
mantenimiento Héctor Joel Pérez Helguera, con siete años de antigüedad
en la maquiladora Ansell- Edmont de Ciudad Juárez, de 42 años de edad,
quien murió como resultado de las heridas producidas que le ocasionó una
máquina robotizada que intentaba reparar. La máquina lo golpeó en la cara
y pecho con tal fuerza que le fracturó todas las costillas, colapsó y desgarró
sus pulmones, hígado, corazón y otros órganos. Los directivos de la empresa
declararon que realizarían una profunda investigación del accidente a la
vez que expresaron sus condolencias a la familia del trabajador. (Diario de
Juárez 12 de mayo 2007). “Es probable que nunca lleguemos a saber si la
muerte de Joel se debió a una imprudencia de su parte, como por ejemplo
una falta de seguimiento a los procedimientos de operación de la máquina,
o a una falla grave en los sistemas de seguridad de Ansell-Edmont. Sin
embargo, sería aconsejable que la empresa informará a los demás trabajadores y a los ciudadanos sobre los resultados de su investigación del
accidente.” señalaron en su momento compañeros y ciudadanos, casi con un
temor reverencial, estremecidos por la vulnerabilidad de los trabajadores
frente a la operación sin control de los poderosos sistemas de producción.
Según los nuevos manuales del IMSS, sólo si la empresa acepta firmar el
formato respectivo en donde reconoce un fallo en la operación de la maquinaria o equipo, el accidente aparece como industrial, en caso contrario
es un deceso consecuencia de la imprudencia del trabajador, y no entra en
las estadísticas como riesgo de trabajo fatal.13
13 “El trabajador al momento de sufrir un probable accidente de trabajo acudirá
al área de urgencias para ser atendido, donde será requisitado el nuevo formato
ST-7, el cual será avalado y firmado por dos testigos del accidentado, posteriormente se le entregará al paciente y/o a sus familiares para su entrega al
patrón y complementar la información al respecto. El patrón tendrá un lapso
de 72 horas para llenar el formato y ser devuelto al IMSS para su dictamen.
Anotó que si el patrón responde en tiempo y forma, el servicio de Salud en el
Trabajo, emite la calificación correspondiente ya sea negativo o positivo. En
caso de que el patrón no respondiera a la primera solicitud se le notificará
nuevamente por oficio por correo certificado dándole un plazo de 48 horas, por
lo que de continuar sin una contestación se califica el probable riesgo de trabajo
en relación a la nota médica y a la versión firmada por los testigos del paciente
y posteriormente se le notificará al patrón la resolución tomada por el IMSS,
también por correo certificado. Se estima que un tercio de los riesgos de trabajo
Edur Velasco Arregui
351
Pero la presencia de accidentes industriales no necesariamente involucra las nuevas tecnologías sino también se presenta en aquellas maquiladoras con procesos de producción básicos, pero en las que las medidas
de seguridad e higiene están ausentes. Tal fue el caso de Ismael Galindo
Santiago, obrero de 24 años, quien murió prensado por una pesada máquina
hidráulica en la empresa maquiladora LG-Starion-Reynosa, ubicada sobre
la brecha E-99 del parque industrial Reynosa, especializada en moldear
partes de plástico. Tuvieron que ser sus compañeros de trabajo quienes
reportaran el deceso industrial, dado que el personal de seguridad privada
de la empresa impedía el acceso a los paramédicos y autoridades policiales
del gobierno municipal (Línea Obrera, 20 de Julio del 2010).
En el corredor maquilador, caracterizado por la presencia de sustancias
tóxicas e inflamables, incendios y explosiones son parte del día a día.14 En
Ciudad Camargo, Chihuahua, el 26 de enero del 2011, un menor trabajador,
Sergey Hernández López, de tan sólo 17 años de edad y con sólo dos días
de haber entrado a trabajar, falleció en un accidente industrial: una fuerte
explosión, que derivó en una larga agonía de otro compañero trabajador,
Pedro Chávez Morales, de 44 años de edad y con amplia experiencia en el
manejo de calderas. Ambos laboraban en la empresa Mallamsa, que está en
la plaza del Soldado, en el sur de la Ciudad. Cuando llegaron los servicios
de emergencia resultó muy difícil controlar el incendio en la sección donde
se encuentran máquinas que semejan grandes ollas de presión. (El Tiempo
de Chihuahua, 27 de enero del 2011). Unos meses antes se había producido
un tremendo accidente en el Estado de Coahuila cuando un camión que
transportaba explosivos mató a 28 personas, o el temible incendio de la
maquiladora Meiki, productora de equipos electrodomésticos de capital
japonés, ubicada sobre el Boulevard Casablanca de la Ciudad de Tijuana,
en el que cientos de trabajadores resultaron intoxicados, a pesar de que
los organizadores sindicales, duramente perseguidos por las empresa en
los meses anteriores, lograron emprender el desalojo de los dos mil obreros
que se encontraban en las naves industriales de la maquiladora japonesa
al producirse la conflagración. En realidad, las condiciones creadas por el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte han hecho de México uno
de los países, junto con China de mayor siniestralidad en el trabajo, con
una guerra brutal en el piso de fábrica.15
no son registrados como tales por la criba burocrática que permite a los patrones
eludir sus responsabilidad.” Sonia García, El Sol de Tijuana, 12/Nov/2007.
14 Alejado a un par de cientos de millas de la Frontera, el homicidio industrial mas
grave de todos fue el ocurrido el 19 de febrero del 2006 a las 2:30 am, cuando
más de 65 trabajadores mineros perdieron la vida en la mina de Carbón Pasta
de Conchos, propiedad del Grupo Minero México (Velasco y Roman:2006).
15 En la estadística de la OIT, México es el país con más trabajadores muertos
352
La forma sindical en Latinoamérica
La disconformidad laboral en el Norte:
la larga marcha hacia la protesta social
La crisis global tuvo un severo impacto en la industria maquiladora.
Mes tras mes, desde el estallido de la crisis en el verano del 2008, el empleo
en la industria transfronteriza se desplomaba en caída libre. Entre mayo
del 2008 y junio del 2009, la industria maquiladora perdió cerca de 450 mil
puestos de trabajo: cerca de una quinta parte del nivel precedente. La crisis
azotó a una industria sometida a grandes presiones en su competitividad
global, y cuyo gran dinamismo en los años 90 del siglo pasado había dado
paso a una primera década del siglo XXI con breves ciclos de recuperación
seguidos de años de virtual estancamiento, o de franco retroceso. En menos
de 20 años, la industria maquiladora había conocido el sol y la sombra de la
manufactura global.
Después de la tormenta, se dio un paulatino restablecimiento de la
actividad económica en el último trimestre del 2009 y los consecutivos del
año 2010. En junio del presente año, la industria maquiladora recuperó
casi 200 mil empleos perdidos durante la crisis, pero las condiciones de
los mismos eran mas precarias en relación a los que arrebató la crisis. La
recuperación más notable está en Nuevo León, donde el salario perdió 2
por ciento de poder adquisitivo, pero hay 22 mil 542 empleos nuevos este
año; en el Estado de México, la reducción salarial fue de 2.8 por ciento y
el empleo aumentó en 13 mil 928 nuevos puestos. En contraste, en San
Luís Potosí, entidad en donde los salarios aumentaron 3.2 por ciento, a la
maquila aún le falta generar 652 puestos para recuperar el nivel que tenía
antes de la crisis.
La Situación del desempleo y la precarización de las condiciones laborales en las Ciudades del Norte de México se agudizan por el nuevo
flujo de migrantes repatriados. Tal es el caso de Nogales en donde el
flujo de repatriados se concentra. Según el Alcalde de esta ciudad, José
Ángel Hernández ante el reforzamiento de la seguridad en las fronteras
de Tijuana y Ciudad Juárez, el Gobierno de Estados Unidos canalizó las
deportaciones a Nogales, lo que puso en jaque al municipio. “No tenemos el
recurso económico suficiente en caso de que se nos incremente el flujo(…)
en accidentes fatales durante el desarrollo de su actividad laboral de los
tres que conforman el NAFTA. Para el año 2001, la OIT estima que 7,630
personas fallecieron en algún siniestro relacionado con su actividad laboral,
un dato muy por encima de las estadísticas de la Secretaria del Trabajo. …Sí
desplegamos la metodología de la OIT, la cosecha de la muerte en los centros
de trabajo en México suma 82,404 muertos en las fábricas, carreteras y
centros de producción de México, durante los primeros doce años del NAFTA.
(North America Free Trade Agreement) (Velasco y Roman, 2006).
Edur Velasco Arregui
353
en ciertos días del año pasado, en el 2009, llegó a haber un día en que se
tuvieron más de mil personas que nos deportaron”, aseguró. El Alcalde
consideró que para atender el flujo migratorio es necesario aumentar el
espacio físico con camas disponibles para que los migrantes pernocten
y disponer de recursos para financiar el transporte hasta los lugares de
origen de los paisanos. De acuerdo con la delegación del Instituto Nacional
de Migración, Nogales concentra el 80 por ciento de las repatriaciones. El
año pasado fueron deportados por esta frontera 215 mil personas y en lo
que va del año 2010, durante los primeros seis meses, se han registrado 91
mil. (Reforma, 30 de julio 2010).
No es por ello un dato menor el incremento de la disconformidad laboral
en la frontera norte del país. El descontento laboral en el Norte de México se
manifiesta de una manera peculiar y a partir de su condición específica. No
es con grandes demostraciones y protestas en las calles. Es como un rumor
que brinca de fábrica en fábrica, como una ligera fiebre, inquietante, de
inconformidad de los trabajadores que se expresa en un incremento notable
de los conflictos laborales individuales. En décadas pasadas, la Frontera
Norte se caracterizaba por una baja presencia de conflictos laborales: el
descontento se desvanecía en la vorágine de la movilidad laboral. Quien por
algún motivo u otro entraba en una ruta de colisión con su empresa, la podía
eludir cambiando de establecimiento, de ciudad o incluso, si tenía la audacia
y las condiciones necesarias, de país. Sin embargo, el largo estancamiento
de la industria maquiladora durante la primera década del siglo XXI, el
reforzamiento de la seguridad en la frontera, y la crisis económica, cerraron
de golpe muchas de estas salidas laterales al conflicto laboral.
En el año de 1994, en todos los estados de la frontera norte el número
de conflictos individuales del trabajo se limitaron a una cifra baja: 20,871
agravios, sin considerar los de Monterrey, cuya dinámica laboral se inscribía
en una historia industrial bastante más remota que la aparición de la
industria maquiladora. Esta “paz laboral” se prolongó por casi diez años.
Cuando se inició el siglo XXI, a pesar de que el número de trabajadores de
la industria maquiladora se había casi triplicado en relación al año de 1994,
la cantidad de juicios laborales ante las JLCA16 casi no se había modificado.
Sin embargo, en el curso de los últimos años, se produjo entre los trabajadores de la industria maquiladora un significativo cambio de humor:
empezaron a estar a disgusto. Su insatisfacción laboral era creciente. A casi
tres lustros de la firma del TLC, en el año de 2008, desde antes del inicio de
la crisis, el conflicto laboral a nivel de demandas individuales ante las no
muy prestigiadas JLCA, se había disparado. En 2008, el número de conflictos
laborales en los estados fronterizos ascendió a 50 mil casos, sin siquiera
16 Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.
354
La forma sindical en Latinoamérica
incluir de nuevo la Ciudad de Monterrey, cuya dinámica industrial no escapa
ya a la maquilización de su producción manufacturera. En cuyo caso, el
número de conflictos laborales en la franja maquiladora del país se habría
multiplicado por tres en un período de poco más de una década. Es probable,
además, que el número de discrepancias graves en materia laboral sea mucho
mayor que el reflejado en el número de juicios ante las JLCA. Por lo general,
los trabajadores recurren a la Junta solo como una última instancia y no sin
tener grandes dudas sobre su imparcialidad y rigor jurídico.
No obstante, el que los trabajadores se vuelvan respondones, y lo manifiesten yéndose a juicio en los tribunales laborales refleja un fracaso de la
política de relaciones laborales de la industria maquiladora que siempre
prefirió los arreglos informales por fuera de los tribunales y sin considerar
los mínimos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. No deja de ser una
ironía que justo en el momento en que la STPS pretende reformar la LFT
es cuando los trabajadores industriales del Norte del país están recurriendo
más a sus limitadas pero valiosas virtudes. Por otra parte refleja también
el hecho de que la ausencia de sindicatos reales, con presencia en el piso
de fábrica, lejos de facilitar la resolución de conflictos los acrecienta. Es en
aquellas ciudades con mayor presencia sindical, como Matamoros, donde
los conflictos individuales de trabajo ante las JLCA son menos recurrentes
dado que la presencia de los sindicatos facilita la resolución y conciliación
antes de tener que dirimirlos ante los tribunales.
De manera aún imperceptible, una corriente en sentido contrario a la
desesperanza sembrada desde arriba, empieza a emerger en las ciudades
fronterizas. En ciudad Juárez, el CISO denuncia las desapariciones de
cientos de ciudadanos a cargo del Ejército. Las organizaciones campesinas en el curso de los últimos años han tomado en diversas ocasiones los
puentes en protesta de la política agrícola que condena al país al desabasto
y dependencia, repudiando la siembra de maíz transgénico. Transportistas
y agricultores se han organizado para denunciar una política energética que
los condena a pagar un diesel encarecido, incluso por encima del precio que se
paga por dicho combustible en los Estados Unidos. La huelga de los mineros
de Cananea se hermana con las luchas de los padres de la Guardería ABC
de Sonora. Un nuevo tono, gestos de indignada vehemencia, una actitud
desafiante configuran el nuevo rostro de la frontera norte de México. Son
parte de la larga marcha de la indignación hacia la protesta social.
Una historia de Mujeres y de fábricas
El grave deterioro de las condiciones de trabajo en la franja fronteriza y
el desarrollo de la inconformidad laboral es un hecho incontrovertible, pero
que no se manifiesta bajo el formato tradicional de la organización gremial
de los trabajadores empresa por empresa.
Edur Velasco Arregui
355
Influye en ello, en primer lugar, el hecho de la tremenda movilidad
laboral del personal en las fábricas maquiladoras, que en ciertos momentos
de auge llegó a estar por encima del 10% mensual, (Verduzco, 1998 p. 49)
Esta movilidad se produce esencialmente por el traslado de personal de
una fábrica a otra, pero se acentúa dado fenómeno migratorio por el cual
un segmento de los trabajadores, fundamentalmente varones llegan a la
frontera durante el tiempo estrictamente necesario para preparar su cruce
al lado americano, donde les espera una explotación recrudecida, pero en
el que sus niveles de ingreso se acrecentarán junto con el desgaste aun
mas acelerado de su fuerza de trabajo. No es por ello un hecho casual la
feminización de la fuerza de trabajo en las maquilas como consecuencia de
la mayor dificultad de las mujeres para migrar junto con los niños por las
peligrosas veredas en el desierto que separan a los dos países.
Durante un período, la feminización de la Maquila apuntaba a un
proceso de organización horizontal exitoso de las trabajadoras. Eran la
sal de la tierra en las Ciudades Fronterizas. Su independencia, alcanzada
a través del trabajo asalariado, las convirtió durante un breve período,
previo a la firma del Tratado de Libre Comercio, en las protagonistas de una
intensa vida urbana. Valga en este punto el testimonio y descripción viva,
por parte del escritor Mauricio Carrera, de la feminización de los espacios
públicos de las ciudades de la frontera: “Hay muchas mesas con mujeres
solas. No es casual. Juárez es una ciudad de mujeres. Ahí se lleva a cabo
lo que los sociólogos denominan “la feminización de los espacios públicos”.
Son mujeres guapas, atractivas, al parecer más independientes, menos
agobiadas por los roles tradicionales, aunque de todas formas terminan
sufriendo otras formas de dominación masculina. Mujeres con una tradición
familiar de hombres ausentes que se han ido a Estados Unidos, y mujeres
que desplazan al hombre en ser las proveedoras de las necesidades del
hogar. La maquila contribuyó enormemente a esto último. Al considerar
que la mujer es más productiva, las maquiladoras utilizan mayormente
mano de obra femenina. Son mujeres sobre las que recae la proverbial
doble jornada de trabajo: obreras y madres y amas de casa, todo al mismo
tiempo. Muchas de ellas provienen de otros lugares de la República, lo que
provoca un fuerte sentimiento de desarraigo. Reciben salarios muy bajos,
lo que las imposibilita a tener mejores condiciones de vida. Trabajan bajo
parámetros de producción muy exigentes que provocan fuertes presiones
laborales, personales y familiares. No hay ventanas en las plantas maquiladoras. Las obreras sólo cuentan con cinco minutos de tiempo libre al
día, que utilizan para ir al baño. Están sujetas a hostigamiento sexual por
parte de sus supervisores. No tienen ningún tipo de seguridad en cuanto
a su permanencia en el trabajo. Su labor es monótona, sin sentido. Víctor
Bartoli, en su novela Mujer alabastrina, que cuenta la historia de un grupo
356
La forma sindical en Latinoamérica
de mujeres trabajadoras en Ciudad Juárez, describe la primera orden que
recibe una de ellas a su llegada a la maquiladora: “Tú te vas a pegar estos
alambritos con soldadura”. Las obreras estaban, dice, “de pie todo el santo
día, apretando un tornillo idéntico, en maquiladora distinta”. Novela y todo,
en esta obra se da un fiel retrato al interior del mundo femenino enfrentado
al mundo de la maquila: “Es una chinga tener que levantarse todos los días
a las cinco de la mañana; pelearse por alcanzar un lugarcito en la rutera (el
camión) para poder llegar a tiempo; esperarse hasta las once de la mañana
para tragar algo, aunque te gruñen las tripas; aguantarse el olor a puritito
azufre todo el santo día, porque las herramientas con que trabajas queman
una cosa que así huele; desesperarse por el chingado ruido que retumba en
los oídos y casi te los hace sangrar”. Todo esto, aunado con las condiciones
de pobreza y marginación en que estas mujeres viven, provoca un fenómeno
muy particular que consiste en “ir los fines de semana a divertirse a los
centros nocturnos, como una forma de olvidarse de la rutina, de escaparse
del ambiente opresivo y de presión constante de las fábricas”, como señala
Jorge Balderas en su libro Mujeres, antros y estigmas en la noche juarense.
Agrega que “la noche es, para las trabajadoras de la maquila, el espacio de
la transgresión”, que la llegada del fin de semana representa una posibilidad
de recobrar su identidad a través del disfrute extremo de su tiempo libre. La
noche les permite lo que la realidad laboral les niega: ser ellas mismas.”17
Continua Carrera: “En 1986 el gobernador Fernando Baeza, priísta,
limitó el horario de los centros nocturnos. De lunes a domingo hasta la
una de la mañana y viernes y sábado hasta las dos. La venta de bebidas
alcohólicas en establecimientos comerciales también se restringió: a las
ocho y nueve, respectivamente. A su llegada a la gubernatura del estado
Patricio Martínez, también priísta, refrendó esa medida. Dijo: “Quiero
que Ciudad Juárez se vaya a dormir temprano”. Si no han podido detener
el narcotráfico, que tiene todo el peso de la ley en su contra, ¿cómo van a
detener el deseo de divertirse de la gente de trabaja?, como se pregunta
una de las maquileras entrevistadas por Jorge Balderas para su libro sobre
las mujeres y la noche juarense: “¿En qué están pensando cuando ponen
esas prohibiciones?” (Carrera: 2005, 11) Y como las mujeres maquileras no
se iban a dormir, y como el descontento en las maquilas iba en aumento,
y su rebeldía en el piso de fábrica creció junto con el alzamiento zapatista
en el otro extremo del país, y como la globalización trajo consigo el alza de
demanda de cuerpos vivos o de sus órganos, comenzaron los feminicidios
de Ciudad Juárez, ese holocausto de genero en la frontera, extremo en el
antiguo Paso del Norte, pero presente a lo largo de la Línea fronteriza y en
el resto del país. La organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa
presentó a finales del año 2010 este terrible cuadro sobre los feminicidios
17 Mauricio Carrera, La Historia de Juárez, UACJ, México, 2005, p. 10
Edur Velasco Arregui
357
en Juárez, que no incluye otra estadística igualmente dramática, el de las
desaparecidas. En esta gráfica solo se presenta el de las mujeres asesinadas
cuyos cuerpos aparecieron en alguno de los algodonales que antes rodeaban
a la metrópoli maquilera.
Feminicidios en el Estado de Chihuahua de 1993 al 2010
500
446
300
194
200
10
09
20
08
20
07
20
06
79
45
20
05
62
20
04
20
03
49 61
20
02
52 63
20
01
00
20
99
20
52
20
41
27
19
98
47
19
97
48 42
96
49
95
19
94
26
19
19
0
93
29
19
100
19
Feminicidios
400
Fuente: Nuestras Hijas de Regreso a Casa,
http://nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.com/2010/11/
feminicidios-crimenes-discriminados.html
Cuando los sindicatos no son permitidos: el fracaso del formato
sindical empresa por empresa para organizar la rebelión
En este gran escenario del infierno global, los intentos de organizar a los
trabajadores en sindicatos, empresa por empresa, desplegados por grupos
de organizadores, en la mayoría de los casos con apoyo de redes sociales
y sindicatos de otras regiones no han dado lugar a muchos resultados. La
forma sindical de negociación institucionalizada y estable no encaja en este
escenario de guerra.
A pesar de diversos estudios que han tratado de distinguir entre un
sindicalismo tradicional similar al corporativo existente en el centro del
país18, dotado por tanto de cierta capacidad de negociación, en contraste con
18 “En síntesis, se podría definir al sindicalismo tradicional como la organización
laboral inserta en una burocracia sindical, que en una fase de reestructuración
industrial, busca participar en las nuevas empresas y condiciones productivas
mediante la negociación de distintos aspectos laborales, siempre y cuando
358
La forma sindical en Latinoamérica
otros dos formatos sindicales, el sindicalismo subordinado y el sindicalismo
blanco o patronal, en todos ellos, como los propios laboralistas de la frontera
norte han reconocido, los contratos colectivos son frágiles y se subsumen
a las normas escritas y no escritas de las relaciones laborales creadas en
el almacigo maquilador: “En general, es observable la existencia de un
contrato colectivo flexible unilateral, en el sentido de un claro beneficio
para los empresarios en los casos de Tijuana y Ciudad Juárez. En tanto el
caso de Matamoros, se ha caracterizado por una práctica sindical dirigida
al logro de la estabilidad y protección laboral.”(Quintero: 1992, 23) Pero
aun considerando las estructuras paraoficiales de control como “sindicatos”,
la tasa de sindicalización en buena parte de las Ciudades Fronterizas ha
descendido en las últimas dos décadas a menos del 10% de la PEA.19
no se lesionen aspectos básicos de sus agremiados y/o afecten su papel de
interlocutor laboral. Un ejemplo de este comportamiento lo constituye el
Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales (SJOI), perteneciente a la
federación cetemista de Matamoros. Respecto a este último aspecto, se puede
mencionar que hasta principios de los años 90, la práctica sindical tradicional
parecía haber tenido éxito, al conservar elementos básicos y estratégicos de su
política sindical, como la estabilidad y dominio del mercado laboral, así como
el logro de los mejores salarios y prestaciones a nivel maquilador fronterizo.
La explicación de estas relativas ventajas, más que deberse a un pacto político con los poderes locales, estatales y federales, se puede encontrar en el
fortalecimiento del liderazgo sindical en la región, y que a partir de los años
80, mediante la práctica de una política sindical reivindicativa ha logrado
legitimar su autoridad y conseguir consenso entre las bases. Ahora bien, la
estabilidad bajo la cual ha dominado este tipo de sindicalismo podría verse
afectada ante las actuales tendencias de reestructuración de las relaciones
laborales corporativas, en donde las rubros más personales de poder, como
los liderazgos y la cultura patrimonialista, tienden a modificarse. De esta
forma, algunas dirigencias fuertes del sindicalismo oficial y tradicional han
sido sustituidas por liderazgos modernos y más débiles que permiten la
refuncionalización del pacto con el Estado, como aparentemente sucedió con
el líder regional cetemista en Matamoros: Agapito González Cavazos, actual
Secretario General del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales, y quien
fuera dirigente durante más de cuarenta años de la Federación Regional de
Trabajadores en este mismo estado. Una Comisión Mixta de Productividad
sería la mejor fórmula para planear la producción bilateralmente, evitando
con ello, que los ritmos, los estándares sean fijados sólo por el patrón, sin
ninguna consideración del trabajador” Quintero et al Sindicalismo y Contratación Colectiva en las Maquiladoras Fronterizas Frontera Norte. Vol. 4
Número. 8. Jul-Dic. 1992 pp. 12-17
19 Veáse, Esquinca Tulio y Melgoza Javier (2007) p. 468
Edur Velasco Arregui
359
La diversidad sindical en la Frontera se diluyó en el transcurso de las
grandes crisis de la economía mexicana, la de 1995 y la del 2008. En ambos
casos, ninguna de las formas sindicales existentes en el Norte fue capaz de
proteger el salario, el empleo, o el bienestar básico de las familias obreras
en la región. La incapacidad de los sindicatos para proteger a los obreros
de las bandas paramilitares de la frontera. En particular, cuando algunos
de sus más prominentes líderes han sido acusados de estar involucrados en
las actividades ilícitas que se despliegan a través de la Línea.20 En síntesis,
20 En 1997, cuando fallece Fidel Velásquez, el líder histórico del sindicalismo corpo-
rativo de México, la central histórica que condujo por casi cincuenta años, la CTM,
se encontraba en una bancarrota que hacía incierta su viabilidad como estructura
organizativa. Sus finanzas se habían quebrantado ante el fin de los negocios de
la construcción en el INFONAVIT. Y para colmo de males el Banco Obrero se
había hundido con la crisis financiera de 1995. Tan sólo quedaban 60 millones de
pesos en sus arcas. Pero para el año 2005, no obstante que se redujo su numero
de afiliados su poderío financiero y su capacidad de usarlo para cumplir con su
tarea de disuasión del descontento se había restablecido. (Diario de México agosto
del 2005). Sus fondos se habían multiplicado por siete, y disponía de cuantiosos
recursos para operar en el mercado laboral.
Ante este misterio de una recuperación financiera y su consolidación como
instancia de control hay una hipótesis que empieza a cobrar fuerza. El vínculo
de la CTM, así como del conjunto de las organizaciones sindicales, con la
economía subterránea. En el caso de la CTM, existen pruebas de vínculos de
algunos de sus más significativos representantes con los cárteles de la droga.
En abril de 1998, tan sólo un año después de muerto Fidel Velásquez, estalló
el escándalo del Grupo Finaciero Anahuac, en donde, funcionarios sindicales
del SUTERM, subordinados de Leonardo Rodríguez Alcaine, aparecieron
envueltos en una operación por 20 millones de dólares junto con el cartel
Ciudad Juárez. (El Universal: 1998, 20 de marzo). Los directamente implicados se dieron a la fuga y se diluyó la averiguación penal en los laberintos del
Ministerio Público. Pero la prosperidad inexplicable de la estructura sindical
y de propios dirigentes sindicales no sufrió mengua alguna. Inexplicablemente, dinero de las cuotas sindicales aparecían invertidos en “joint ventures”
inmobiliarias junto con los poderosos señores de Ciudad Juárez.
Otra fuente de poder y de riqueza de los viejos líderes sindicales es su conversión en empresarios de la “seguridad privada”. En el caso de Leonardo
Rodríguez Alcaine, a través de un conglomerado de empresas de Seguridad
en las que es accionista directo, como el Buró de Investigaciones y Seguridad SA (BISSA), o la empresa transportadora de valores GRUMER, y de
organizaciones sindicales subordinadas cómo el Sindicato de Trabajadores
de Seguridad Privada y Vigilancia de la República Mexicana, se consolidó
como un factor de poder en una red que abarca a 70 mil “trabajadores” de
seguridad establecidos a través de cientos de empresas con capacidad para
ofrecer servicios como un pequeño ejército privado. (Revista La Crisis: Año
360
La forma sindical en Latinoamérica
la crisis económica y la globalización hicieron de las distintas versiones del
sindicalismo fronterizo una más de las estructuras de control formal, con
un muy escaso papel en los procesos reales de organización y negociación
en el día a día de las fábricas.
Los testimonios recogidos entre las trabajadoras de la frontera arrojan
mucha luz sobre la miseria laboral que acompaña a las prácticas aquiescentes con los patrones transnacionales de los organismos sindicales
tradicionales.21 A principios de la primera década del presente siglo, Greg
Bloom recorrió la región de Reynosa a Matamoros, en donde la presencia
sindical era más notable a lo largo del corredor fronterizo. En sus propias
palabras “Tamaulipas tiene el sindicato más fuerte en la frontera USMéxico(…) En Matamoros y Reynosa, ciudades al otro lado del río frente
a Brownsville y McAllen, Texas, respectivamente, la sindicalización está
muy extendida. Todos los oficios de la construcción están sindicalizados así
como los empleados de restaurantes tales como meseros y cocineros. Cuando
McDonald’s vino a Tamaulipas aun cuando tuviera que tener una fuerza
laboral sindicalizada.”
En las entrevistas con cientos de trabajadores, Greg Bloom llegó a la
conclusión de que los sindicatos en la frontera tamaulipeca estaba concentrados en evitar una alta rotación de personal, más que en la defensa de
sus derechos laborales frente a las empresas. “Un aspecto impresionante
de la fuerza sindical en estas ciudades es que trabajadores en Matamoros y
Reynosa no van a las compañías a buscar trabajo, ellos van a los sindicatos
para ser puestos en listas y luego ser colocado en un trabajo por el sindicato.
Las mujeres van los martes y jueves, para ser puestas en las listas. Los
hombres van los lunes y miércoles. Cirila Quintero, laboralista del COLEF,
dice que debido a que los trabajadores tienen que esperar usualmente uno
o dos meses para conseguir un empleo la rotación de personal es muy baja
en las maquiladoras de Matamoros y Reynosa.” (Bloom, 2001, p. 2) Mientras
que otras ciudades fronterizas como Ciudad Juárez o Tijuana la rotación
de personal mensual es muy alta, en Matamoros y Reynosa se ha reducido
por debajo de un dígito al año.
4, Número 232, julio del 2000). En el caso de la CROC, la segunda central en
importancia con una representación de 200 mil trabajadores, el grueso de ellos
en el sector de transporte y servicios, cada vez es más interesante su conversión
en promotores de casinos. Es así como en el último tramo de su vida Alberto
Juárez Blancas devino en un importante gestor para su instalación en México.
21 La aquiescencia de la representación sindical con los patrones va mas allá
de la inversión de la representación descrita por Paula Abal Medina para el
caso de los sindicatos de las grandes cadenas comerciales de Argentina. (Abal
Medina,2007a, pp. 22-23)
Edur Velasco Arregui
361
Pero en lo que se refiere a la protección de los trabajadores frente a
la presencia permanente de sustancias tóxicas o de graves riesgos de
trabajo, la organización sindical es permisiva hasta la complicidad con las
empresas: “Trabajadores entrevistados para esta historia mencionaron
repetidamente que usualmente temen abogar por mejores condiciones y
compensación porque ellos creen que los sindicatos pueden tomar represalias al ponerlos en listas negras cuando vean sus nombres en las listas
de empleos. Inclusive algunos trabajadores dijeron que sus trabajos son
tan vulnerables en las plantas, aun cuando pertenezcan a un sindicato,
pueden enfrentar “medidas disciplinarias” por parte de la compañía si
van al hospital debido a alguna lesión relacionada con el trabajo antes de
recibir permiso del doctor de la planta.22 Los trabajadores dicen que esto
es debido a que las compañías no reportan las lesiones que son tratadas en
la enfermería de la planta. Solo lesiones que son reportadas fuera de las
plantas, en hospitales, son incluidas en los reportes oficiales de accidentes.”
(Bloom, 2001, p. 4)
A raíz de las prácticas sindicales tradicionales o subordinadas, verdaderos “contratos de protección” de los patrones transnacionales dirigidos
22 Alma estuvo empleada en una maquiladora en Reynosa por tres años soldando
componentes electrónicos con materiales basados en plomo, hasta que se enfermó
de los pulmones y no pudo continuar trabajando. Le tomó tres meses recuperarse
y durante ese tiempo no recibió ningún tipo de compensación por lo que ella
consideraba una enfermedad relacionada con el trabajo. Cuando regresó a su
sindicato para conseguir un nuevo empleo, fue enviada a una compañía diferente
, soldando de nuevo. Convencida de que moriría si continuaba exponiéndose a
los vapores como resultado de su trabajo tomó la difícil decisión de renunciar
permanentemente a las maquiladoras. Desde que dejó de trabajar en las plantas
ensambladoras Alma ha aprendido que ella debió haber sido protegida por las
leyes mexicanas de seguridad ambiental en el trabajo. Pero no fue así. La primera
maquiladora en la que ella trabajó tenía ventilación insuficiente --solamente
pequeños ventiladores al frente de los trabajadores que estaban supuestamente
para soplar el humo fuera de sus caras. La segunda maquiladora en la que trabajó
no fue mejor que la anterior. El esposo de Alma tiene un buen trabajo en una
maquiladora que le paga el equivalente a más o menos US $10 diarios, pero ella
nos cuenta que él también enfrenta riesgos de salud en su trabajo. En la planta
donde él trabaja ha habido gente que se ha pelado la piel de las manos debido a
cadenas descubiertas en la máquina al cargarla con tela.
Alma menciona otros accidentes de los que ha escuchado, y al hablar con gente
en su barrio es aparente que todos conocen muchas historias de accidentes de
trabajo en maquiladoras. Por supuesto, todo esto te hace pensar, ¿qué están
haciendo los sindicatos por los trabajadores en términos de seguridad en las
plantas, salarios y otros problemas? Bloom Greg Trabajadores y Sindicatos
en la Frontera con Tamaulipas, Frontera Norte Sur, CFO, Texas, 2001.
362
La forma sindical en Latinoamérica
a evitar un proceso de autorganización genuino de los trabajadores para
construir una coalición social capaz de reivindicar sus derechos, a lo largo
de las últimas tres décadas han existido muchos intentos, en la mayor parte
de ellos con una amplia solidaridad nacional e internacional, para organizar
de manera independiente a los trabajadores de la franja fronteriza. Sony
Electronics ( Magnéticos de México) Matamoros Garment, Han Young, Duro
Bag y otros conflictos derivados de intentos de sindicalización democrática
que no alcanzaron la magnitud de estas grandes plantas, algunas de ellas
con mas de dos mil trabajadores, son la demostración de la frágil táctica
de pretender organizar a los trabajadores maquileros a través de obtener
el reconocimiento legal de las representaciones obreras independientes
por parte de las autoridades. “A pesar de la lucha obrera en los recintos de
trabajo, y de la fuerte presión ejercida por las organizaciones binacionales”las empresas maquiladoras han derrotado a los intentos de sindicalización
independiente- “aun y cuando hayan tenido que recurrir en no pocos casos
a cerrar los centros de trabajo.” (Méndez, Luís, 2005, p. 67)
La represión en la región fronteriza no ha retrocedido en intensidad.
La militarización es pródiga en historias aciagas. Incluso en contra de
las escasas secciones de los sindicatos nacionales de industria como el
Petrolero. En Mayo del 2007, 38 trabajadores petroleros de la sección 49
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana fueron
desparecidos en la Ciudad de Cadereyta, Nuevo León.23
23 “El 16 de mayo del año 2007 la sección 49 del STPRM realizó su asamblea de
revisión contractual(…) Al final hubo un convivió y a la salida, ya de noche, ante
la mirada de muchos agremiados, varios hombres con armas largas, uniformes
negros sin insignias, granadas al cinto y chalecos antibalas, abordaron a cuatro
de ellos, los esposaron, y los subieron a camionetas; nunca más aparecieron. Sus
nombres: Víctor Manuel Mendoza, Jorge Alejandro Hernández Faz, David Sánchez
Torres y Félix Sánchez Torres. Esa misma noche, otros comandos llegaron en
varios vehículos a casa de David Vega, hermano del dirigente. Cerraron la calle
y entraron a la vivienda. La policía municipal esperó media hora después de
la partida de los comandos para llegar al lugar de los hechos. Al día siguiente,
17 de mayo, Hilario Vega recibió una llamada desde el celular de David. Eran
los secuestradores. Con palabras altisonantes le dijeron que se entregara para
negociar o, de lo contrario, le mandarían la cabeza de su hermano. Hilario fue solo
al lugar de la cita. También se lo llevaron. Tres días después, el 20 de mayo, fueron
levantados el ex alcalde de Cadereyta José Luis Lozano, un regidor y otro jubilado
del sindicato petrolero. Las familias no dieron aviso inmediato a las autoridades
porque pensaban que era un secuestro común, y que las llamarían para pedirles
el rescate. Pero el 4 de julio leyeron en la prensa –el diario El Mañana de Reynosa
que el Ejército había “reventado” una casa donde mantenían secuestradas a varias
personas y que las había rescatado en esa ciudad. Se publicaron los nombres de
los petroleros y del ex alcalde neoleonenses, supuestamente rescatados. Pero éstos
“nunca fueron presentados” Según Josué Hilario Vega Estrada, hijo de Hilario
Edur Velasco Arregui
363
En los meses recientes una de las acciones mas arteras y execrables
contra las obreras maquiladoras ocurrió el pasado 28 de octubre del 2010,
cuando trabajadoras de Ciudad Juárez fueron masacradas cuando al salir
de su centro de trabajo: Cinco mujeres murieron tras el ataque a tres
camiones de una empresa maquiladora que transportaban a los
empleados a sus casas tras concluir la jornada laboral, en el poblado
de Caseta en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la madrugada, a la una
de la mañana. En el ataque resultaron heridas 14 mujeres más, quienes
fueron trasladadas al Hospital Regional 66 del IMSS, el cual es custodiado
por soldados, con el fin de prevenir un ataque contra el inmueble. El concesionario de la línea de camiones D-Thelma, a la cual pertenecía la unidad
rafagueada, fue ejecutado apenas la semana pasada.
Dada las condiciones de extrema represión en el territorio de los trabajadores de la franja fronteriza, es imposible pensar que la estrategia
fragmentada, a través de esfuerzos aislados de organización sindical
independiente, fábrica por fábrica, pueda tener algún éxito.
Mas allá del Sindicato
En una demostración de las consecuencias y potencialidades de la
acción directa por parte de las coaliciones imperceptibles e informales que
empiezan a extenderse en muchas de las plantas del corredor maquilador 24
Vega Zamarripa –secretario general de dicha sección y uno de los desaparecidos–,
todo comenzó cuando el 16 de mayo del año pasado los integrantes de la sección
se reunieron, por la tarde, en las instalaciones del sindicato. El propósito: discutir
sobre la constitución de un comité de huelga.” La Jornada, dos de junio del 2008.
24 Entramos aquí a un nuevo terreno dada la enorme dificultad que ha existido en
la franja maquiladora para incorporar la disensión que brota desde la fábrica.
La resistencia como táctica, cómo la fortaleza de los subordinados, se confronta
con sus propias limitaciones al trasladar el conflicto en espiral, hacia un nuevo
nivel dónde se agota. Para el desarrollo de esta discusión es de gran interés
el trabajo escrito por Paula Abal Medina en “Notas sobre la noción de resistencia en Michel de Certeau”(Abal Medina:2007b) Las coaliciones informales,
uniones, han estado en el proceso de rebelión y autoorganización de los obreros
maquiladores desde hace por lo menos dos décadas. Esa fue la experiencia
del Sindicato Independiente de Trabajadores Trabajadoras de la Industria
Maquiladora conocido por sus siglas como SINTTIM en Baja California Sur;
sin embargo, a los pocos meses prácticamente todo el Comité Directivo del
SINTTIM fue despedido de la maquiladora California Connection (…) Entre
1987 y 1997, en forma subterránea y clandestina, las trabajadoras de la maquila
organizaron una especie de Coalición, que según la Ley es la antesala de los
sindicatos, llamada Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Maquila, que
todas la conocían como La Unión. La Unión siguió los pasos legales que dice la
364
La forma sindical en Latinoamérica
tenemos el caso de la maquiladora de capital taiwanés Foxconn. En febrero
del año 2010, la maquiladora, especializada en la producción de equipo
electrónico tomó la decisión de despedir alrededor de 300 trabajadores
que la semana pasada participaron en una protesta en la cual quemaron
el comedor de la empresa y apedrearon los dormitorios de los gerentes.
“Obreros de la maquiladora localizada a las afueras de la ciudad,
próxima a la garita de cruce internacional Santa Teresa, denunciaron
ante los medios de comunicación que “por lo menos cien trabajadores
fuimos sacados de las líneas de producción y sacados para afuera de la
planta”. Indicaron que guardias de la empresa los despojaron de la bata y
el gafete para enseguida conducirlos al exterior de la empresa de origen
taiwanés. donde un buen número de patrullas policíacas custodiaban las
instalaciones. No se supo de la presencia de autoridades laborales durante
el despido” (Mexico Labor News, Febrero 2010).
La maquiladora se encuentra a 20 kilómetros de la mancha urbana,
en el sector de Santa Teresa, y ensambla computadoras. El 20 de febrero,
aproximadamente 300 obreros del turno nocturno quemaron el comedor y
rompieron vidrios de los dormitorios de los directivos cuando éstos trataron
de obligarlos a trabajar tiempo extra después de la medianoche. En esa
ocasión no llegaron los autobuses que a las 12 llevan a los trabajadores
a sus hogares y éstos dijeron que estaban retenidos contra su voluntad.
La mañana del jueves 25 de febrero del 2010, cinco días después de la
acción directa del sábado anterior, 70 obreros protestaron fuera de la compañía porque en el turno de la noche les notificaron sin explicación alguna
que estaban despedidos, y para evitar protestas fueron desalojados por
agentes del Centro de Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad
Pública estatal. La empresa aseguró que no habría represalias contra los
empleados, pero ayer por la noche dio a conocer el despido de todo el turno
nocturno. La Federación Regional de Trabajadores del Norte fue rebasada
por los acontecimientos, lo mismo que las instancias de conciliación como
la Junta Local (estatal) de Conciliación y Arbitraje.
Otra expresión de la resistencia obrera, a partir de coaliciones sumergidas, que son capaces de acciones de resistencia súbitas, aunque muy bien
organizadas, es la experiencia del pasado otoño en la planta maquiladora
Ley e intentó organizar un sindicato independiente pero no lo pudo legalizar
durante 10 años debido a la represión ejercida por los patrones, las empresas,
el gobierno y los sindicatos de la CROC y de la CTM. Pasados los 10 años sin
sindicato independiente, un día del año 1998, alrededor de 35 trabajadoras de
dos maquiladoras extranjeras, pero especialmente de la maquiladora de origen
estadounidense llamada California Connection organizaron el sindicato y
solicitaron su registro legal. (Piñeda Bañuelos, Gilberto, 2008).
Edur Velasco Arregui
365
Sharp, de capital japonés, cuando 300 trabajadores suspendieron actividades
el día 29 de septiembre, con lo que paralizaron dos de las principales líneas
de producción de ensambles de televisiones. Los trabajadores inconformes
que durante todo el día mantuvieron una manifestación de protesta pacifica,
exigiendo la nivelación salarial de acuerdo al mercado “no maquilador”, incremento salarial para este año, el aumento en los salarios que les correspondía
en el 2009 y su retroactivo, porcentaje de evaluaciones anuales definidas
considerando la inflación y el desempleo, así como definir el alza salarial
para promociones.25 (El Mexicano, 30 de septiembre del 2010)
También hay que resaltar la incorporación a los nuevos movimientos
sociales de la frontera el del gremio de los médicos, durante años avasallado
por sus organizaciones nacionales como el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, A lo largo del año 2010, los médicos de Ciudad
25 Los representantes de la empresa y del sindicato “blanco” de la CROC que
tiene la titularidad formal del contrato colectivo de trabajo, ofrecieron ayer
por la tarde un aumento salarial del 4 por ciento general, lo que fue rechazado.
“Vamos a continuar con el paro de labores hasta que lleguemos a un acuerdo,
porque creemos que todos estamos cansados de trabajar en una empresa
donde no se valora el esfuerzo diario, donde se sufre de injusticia, malos tratos
y acoso sexual”, manifestaron los trabajadores inconformes. Establecieron
también que tienen derecho a un ambiente laboral digno y bien remunerado,
“porque son ya dos años sin incrementos salariales y creemos que juntos
podemos hacer el cambio”. Durante la manifestación de protesta que comenzó
a partir de las 6:30 de la mañana, los guardias de seguridad solo permitieron
el ingreso de los empleados de las empresas subcontratistas y el del personal
de confianza, mientras que al paro de labores podrían sumarse también
el personal que labora en el horario nocturno. El conflicto laboral que se
registró en la maquiladora Sharp terminó, luego de que la empresa de capital
japonés ofreció a los trabajadores inconformes un aumento salarial del 4 por
ciento y transportación gratuita. El incremento será retroactivo al primero de
septiembre, mientras que los alrededor de 300 empleados que participaron
en la movimiento de protesta, aceptaron reiniciar sus actividades con la
condición de que no se tomaran represalias en contra de ninguno de ellos. Una
comisión de grupo de trabajadores inconformes, informó que los directivos
de la empresa se comprometieron también a generar un ambiente laboral
más digno, con lo que se evitarán los malos tratos y el acoso sexual hacia
las mujeres. Reconocieron que aún hay muchos trabajadores inconformes de
las diferentes líneas de producción que aceptaron el aumento, por lo que no
descartaron la posibilidad de realizar otra manifestación de protesta, en caso
de que no se cumplan algunos de los acuerdos y continúe el hostigamiento
laboral. Puntualizaron que el incremento salarial es insuficiente, ya que en
los últimos años no se les ha otorgado ninguno, a pesar del índice de inflación
acumulado en ese mismo período. El Mexicano 1 de octubre del 2010
366
La forma sindical en Latinoamérica
Juárez realizaron paros sucesivos para solidarizarse con los trabajadores
maquiladores, con las mujeres desaparecidas y para exigir un alto a la
violencia organizada por los grupos de poder fácticos en la región. (Reforma,
13 de diciembre del 2010).
El punto crucial de estas protestas reside en cómo conjurar en un gran
frente, la acción de los diversos grupos de resistencia que vienen actuando
de manera cada vez más articulada y con una táctica más flexible y menos
ingenua que la auspiciada por los promotores sindicales provenientes de
las organizaciones no gubernamentales binacionales. La organización horizontal de la resistencia obrera, por fuera de la estructura sindical existente,
puede retomar la extraordinaria experiencia de los Comités de Defensa
Popular (Punto Crítico, Junio de 1972) que quedó trunca con la represión
y crisis de la izquierda fronteriza en los años 90 del siglo pasado, en el que
la condensación social de los plebeyos desde el territorio pudo haber sido el
germen de una gran organización industrial de los obreros maquiladores,
agrupando en una sola Gran Unión a todos los trabajadores de la ciudad,
tal y como lo concibieron y desarrollaron los magonistas y los wobblies26,
en un período de rebelión internacional de los trabajadores, similar al que
anuncian las grandes protestas sociales que sacuden al mundo a 20 años
de la caída del Muro de Berlín.
26 Las dos corrientes socialistas revolucionarias más significativas en México y
Estados Unidos durante el período de ascenso de la movilización obrera que va
de 1890 a 1920. Ricardo Flores Magón fue asesinado en la prisión militar de
Leavenworth, Kansas, el 21 de noviembre de 1922. Los wobblies derivaron su
apelativo de las W presente en el nombre de su organización Industrial Workers
of the World (IWW), fundada en junio de 1905 en Chicago en una convención
de 200 socialistas, anarquistas y sindicalistas revolucionarios de todos los
Estados Unidos, principalmente de la Western Federation of Miners. Entre
los primeros organizadores de la IWW se encontraban William D. (“Big Bill”)
Haywood, Daniel De Leon, Eugene V. Debs, Thomas J. Hagerty, Lucy Parsons,
Mary Harris Jones (conocida como “Mother Jones”(Madre Jones), William
Trautmann, Vincent Saint John, Ralph Chaplin y muchos otros. Dentro de su
perspectiva, la organización de los trabajadores debí incluir a todo el territorio
social a su alrededor, en una Gran Unión. Los Magonistas desarrollaron estos
principios en las huelgas revolucionarias de Cananea(1906) y Río Blanco(1907).
Según Howard Zinn “…El IWW se tomo en serio su eslogan de “Un Gran
Sindicato”: cuando organizaban una mina o una fábrica, incluían a las mujeres,
a los extranjeros, a los trabajadores afroamericanos, y a todos los trabajadores
humildes y peor cualificados que estuvieran en el tejido social próximo. (Zinn
Howard, 1999, p. 251)
Edur Velasco Arregui
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Juan Carlos Celis Ospina
371
Revitalización territorial de los movimientos
laborales tras la invasión neoliberal
Juan Carlos Celis Ospina
Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia
Investigador de la Corporación Nuevo Arco Irís
[email protected]
Presentación
Las características principales de las transformaciones sociales contemporáneas que se vienen registrando desde hace poco más de dos décadas,
tanto en los países de capitalismo avanzado, como en América Latina son:
el papel de agente remercantilizador de servicios sociales y territorios
por parte del Estado y refuerzo de sus componentes policiales y penales;
la desregulación de los flujos financieros, la flexibilización del mercado
laboral y de las relaciones de trabajo, la reducción de las protecciones
sociales y celebración moralizante de la responsabilidad individual. Hoy la
experiencia de estas transformaciones, que Pierre Bourdieu ha denominado
la invasión neoliberal, están cultural y políticamente desacreditadas pero
sin que una fuerza sociopolítica de alcance internacional se configure en
una alternativa viable.
De cara a enfrentar la invasión neoliberal es preciso pensar el papel
de las organizaciones de los trabajadores y, en especial, de los que se
encuentran sometidos a alta rotabilidad del empleo y deslaboralización.
El bombardeo mediático y político ha logrado hacer desaparecer en gran
medida la imagen del trabajador del imaginario colectivo y reemplazarla
por la del consumidor, haciendo crecer un conjunto borroso y desolador de
sujetos vulnerables, despojados de las garantías laborales y otras posibilitaban la integración social.
372
La forma sindical en Latinoamérica
En este texto no pretendemos plantear caminos de problematización
tentativos (y a menudo especulativos) sobre estos temas. Para poder tener
mejores y más completos enfoques y propuestas, que se basen en las experiencias y realidades concretas de los trabajadores, será necesario investigar
mucho más de lo hasta ahora realizado por la comunidad académica, y
construir referentes teóricos más complejos.
Partimos de considerar que el sindicalismo, centrado en las luchas
por el salario y el empleo, que hemos conocido hasta ahora, se encuentra
en crisis, y se hace insostenible frente a los procesos de flexibilización
de los mercados laborales y las relaciones de trabajo, así como frente a
la gran movilidad de capitales que buscan mejores condiciones para las
empresas por toda la geografía terráquea, amparados en la fragmentación
de los procesos productivos y la subcontratación. Pero esta crisis de una
configuración histórica del sindicalismo no significa necesariamente el
fin de la forma sindicato, por lo que este ensayo se orienta a proponer, de
acuerdo a las experiencias y a las dimensiones identificadas del rastreo
teórico, las reconfiguraciones del accionar sindical y de otras organizaciones
de los trabajadores que se conformen, teniendo en cuenta las restricciones
estructurales en tensión con las potencialidades que encierran los sujetos,
que tienen como centro el trabajo.
El movimiento social de los trabajadores, y dentro de éste, el sindical,
no es una mera agrupación de personas que se identifican en torno a
unas características comunes, como es el caso de las asociaciones, sino que
además lucha contra la subordinación, la dependencia, la sumisión y por el
control de los procesos de trabajo y los procesos productivos en su conjunto.
El conflicto estructurado por el control de los procesos productivos entre
capital y trabajo significa, desde la perspectiva de los trabajadores, la lucha
por el control de las propias vidas, la resistencia a la heteronimia de las
estructuras de dominación y explotación, impulsadas por las necesidades
radicales de libertad y felicidad.
El ángulo de análisis de la lucha del control del proceso productivo y de
las vidas al interior de las sociedades capitalistas, nos permite visualizar
la fragmentación del proceso productivo y la flexibilidad del mercado
laboral y las relaciones de trabajo como estrategias empresariales para
individualizar a los trabajadores y minar su capacidad de resistencia y
construcción alternativas de sociedad basados en la democratización del
modo en que se produce.
Para dar cuenta de este enfoque presentaremos de forma breve las
transformaciones de las empresas tayloristas y fordistas hacia las empresas
red y la individualización del trabajo de la mano de la flexibilidad y la
deslaboralización. Para luego identificar tres dimensiones para repensar
la organización de los trabajadores, como la tensión entre ciudadanía y
Juan Carlos Celis Ospina
373
mundo del trabajo, procesos de trabajo y territorio, y la organización en
red, que cierra el ensayo con algunas propuestas para tener en cuenta
para el fomento de la organización de los trabajadores bajo condiciones de
flexibilidad, deslaboralización, desempleo, o lo que Daniel Cornfield ha dado
en denominar la revitalización de los movimientos laborales (Cornfield,
2006, p. 127).
1. Los trabajadores en la fragmentación de los procesos productivos y
las dimensiones para su constitución como sujetos
Nos interesa resaltar acá a los trabajadores que se vinculan a la producción a través de la fragmentación de los procesos de trabajo, en las
denominadas empresas red y a los que su trayectoria laboral la define la
alta rotación de puestos de trabajo.
Es necesario tener presente que la crisis del taylorismo, desde la década
de los 60, especialmente en Europa occidental y Estados Unidos, ha sido
relacionada entre sus causas fundamentales a la renovación de las formas
de resistencia obrera en los lugares de producción, que cuestionaron la legitimidad del autoritarismo propio del taylorismo y el fordismo al organizar
el proceso de trabajo sobre la separación entre concepción y ejecución, que
resultaba repetitivo, jerarquizado y monótono.
El taylorismo entra en una crisis larvada de unos tres lustros, al hacerse
socialmente inviable como forma de organización del trabajo. No se trató
de una crisis tecnológica, sino de una contestación al poder jerárquico de
las cadenas de producción. Tanto el gran volumen de huelgas, como sus
contenidos reivindicativos en contra de las insoportables condiciones de
trabajo bajo el taylorismo y el fordismo, como comportamientos individuales
pero generalizados entre los que se cuentan el ausentismo, el sabotaje, que
se denominó alergia al trabajo o rechazo al trabajo, propiciaron la gestación
de “nuevas formas de organización del trabajo”.
Desde mediados de los años 60, se ensayaron en Suecia, en la planta
de la Volvo en Kalmar, una concepción del management donde el trabajo
resultara aceptable para una mano de obra más escolarizada y calificada.
Se busca de esta forma reducir el abismo entre la formación recibida y la
requerida para los puestos y sistemas de producción, una de las razones
fundamentales según los estudios contratados por las empresas para el
descontento obrero.
Para una corriente de analistas las respuestas de la crisis del taylorismo
en países como los de Europa occidental, hacia principios de la década del
1970, se ubican en el horizonte donde “se tiende a difuminar la distinción
entre la situación del trabajador y la del ciudadano o del consumidor, y
374
La forma sindical en Latinoamérica
hacer menos intolerables condiciones de trabajo que no han seguido la
progresión de las condiciones de vida” (Castillo, 2000, p. 52).
Sin entrar en más detalles sobre los orígenes de las nuevas formas de
organización de la producción1, podemos deducir una primera dimensión
para la conformación de sujetos del trabajo y de posibilidades para la
acción, que se constituye en la tensión entre mundo del trabajo y ciudadanía. En este punto, debemos tener en cuenta que si bien en los años 60 la
Volvo no contaba con emigrantes dentro de las fronteras suecas para hacer
funcionar sus cadenas, el intenso proceso de internacionalización de los
procesos productivos desde principios de los años 70, se ha apoyado entre
otros factores en el desigual desarrollo de la ciudadanía laboral entre los
países de capitalismo avanzado más desarrollados y los de menor desarrollo
económico, donde los trabajadores no alcanzaron el poder de resistencia
y de conquistas que en aquellos. Donde además se logran reunir otras
condiciones (infraestructura, fuerza de trabajo suficientemente calificada,
menor protección al medio ambiente, entre otras) que permiten producir
un producto o parte de él a menor costo, con una calidad semejante a
la del lugar de origen de la planta matriz y con baja resistencia de los
trabajadores.
De esta manera, nos encontramos que las nuevas formas de organización
de la producción tienen como una de sus principales características haber
generado las condiciones técnicas y organizativas para la fragmentación
de los procesos productivos, propiciando una de las mayores tendencias de
la reestructuración productiva, denominada deslocalización productiva o
descentramiento productivo, que conjuga un conjunto complejo de transformaciones en las que aún nos encontramos involucrados: basadas en
innovaciones organizativas del trabajo en grupo; en las posibilidades en las
nuevas tecnologías de la información disponible; en la gran relevancia que
hoy juegan el diseño de productos, bienes y servicios; en una vinculación
casi directa entre producción, distribución y consumo; y en el objetivo de
destruir la figura del obrero-masa de la gran fábrica (Castillo, 2000 p. 55).
La fragmentación del proceso productivo se traduce en la transición de
la gran fábrica hacia las pequeñas unidades productivas, independientes
pero coordinadas. Aunque los procesos de trabajo sean controlados por pequeños y medianos empresarios, y aun por los trabajadores, subcontratados
por las grandes firmas, son estas las que se reservan la centralización de
las funciones del control de proceso de valorización y con el del proceso
productivo en su conjunto.
1 Que también tienen causas en problemas de ineficiencia de la producción
en masa, la vulnerabilidad a los sabotajes de los trabajadores, entre las más
relevantes.
Juan Carlos Celis Ospina
375
En esta dirección identificamos, ya desde finales de los años 90, el
resultado del proceso que comenzara a finales de los 60, y que empiezan
a ser conocidos como nueva organización industrial o empresa red, que
se concibe como una nueva división del trabajo entre empresas, donde el
trabajo ha pasado del estado sólido de la gran fábrica al estado fluido de
la empresa red. Esto significa que se ha vuelto más difícil reconocer quién
hace qué, quién diseña, fabrica o construye un determinado bien o servicio.
Los procesos productivos al fragmentarse se disuelven y extienden en el
territorio, entre regiones y naciones, haciéndose invisible el trabajador
colectivo, el trabajo vivo de los procesos de trabajo y producción. Siguiendo
a Juan José Castillo, para encontrar el trabajo perdido, se hace necesario
cambiar de enfoques y procederes analíticos.2
De esta forma, nos encontramos con otra dimensión para la construcción
de sujetos trabajadores y la definición de sus posibilidades de acción, cuál
es la tensión entre procesos de trabajo y territorio.
Una de la características que hacen de los territorios grandes talleres de
producción de bienes y servicios es el borramiento de las fronteras entre los
lugares de ocio, residencia, intercambio y trabajo, por efectos de funciones
expulsadas de las empresas a través de la subcontratación o flexibilidad
externa. Flexibilidad externa, que junto a la flexibilidad interna y alta
rotación de la fuerza de trabajo en las empresas contemporáneas erosiona
la solidaridad y la ciudadanía. De allí salta la pregunta por las formas
organizativas de los trabajadores arrojados a la flexibilidad del mercado
laboral y aquellos que se encuentran en condición de deslaboralización,
frente a lo cual las experiencias, teorizaciones y sistematizaciones de movimientos sociales actuales nos indican la dimensión de la organización en
red, como proceder adecuado para canalizar el aglutinamiento, la acción
y la reivindicación de derechos de los trabajadores a los que nos venimos
refiriendo.
La búsqueda de salidas para la organización de los trabajadores tras
la invasión neoliberal, significa estar abiertos a enfrentar el debate sobre
estas dimensiones y otras que se vayan estableciendo, y las configuraciones
2 Para caracterizar ese trabajo perdido, es preciso conocer como es vivido
por los trabajadores invisibilizados. Castillo propone cómo alternativa de
investigación volver a ese estado de trabajo fluido, en el que se construyen
y reconstruyen dinámicamente las experiencias de vida de los trabajadores.
En este orden, propone trabajar a partir del concepto de intensificación del
trabajo, es decir, la economía interior del tiempo de trabajo, las capacidades
requeridas de las personas, las nuevas disposiciones generadas por los nuevos
complejos sistemas de producción, el simple trabajar más, con más desgaste
en el mismo tiempo, que no es más que la famosa producción ligera.
376
La forma sindical en Latinoamérica
que se puedan formar en la interacción de éstas. Pasemos a presentar las
tres dimensiones identificadas.
2. Ciudadanía y mundo del trabajo
La mirada en perspectiva de las trasformaciones del mundo del trabajo
viene planteando a varios autores (Castel, 1997; Cocco, 2000; Alonso, 2000)
que hoy ya no es la inserción productiva la que legitima la ciudadanía,
sino esta última la que podría hacer posible la inserción productiva.
Desde este ángulo de reflexión cabrá proponer la reconceptualización de
las políticas públicas sociales y los proyectos alternativos de sociedad,
que han de ser discutidos no sólo por el movimiento sindical, sino por el
conjunto de movimientos sociales y agrupaciones políticas. De otra parte,
nos posibilitará preguntarnos por las potencialidades de construcción de
sujetos en torno al trabajo.
Para muchos analistas, con la flexibilidad del mercado laboral y de las
relaciones de trabajo, se retrocede hacia los tiempos anteriores de la revolución industrial y de las sociedades liberales europeas y norteamericanas
de buena parte del siglo XIX. Sin embargo, Rober Castel nos hace notar una
sutil diferencia entre la vulnerabilidad de los trabajadores de esos tiempos
y la de crecientes segmentos de los de hoy. La condición de vulnerabilidad
hoy se plantea en relación a un contexto de protecciones anteriores y
aún paralela a la estabilidad y la conservación de algunas regulaciones
y conquistas laborales, de un importante núcleo de trabajadores en la
actualidad. En otras palabras, la vulnerabilidad en la actualidad es definida
y vivida sobre un fondo de garantías construidas por cerca de siglo y medio,
a raíz de luchas de movimiento obrero, durante los cuales éste fue uno de
los principales motores de la construcción de la ciudadanía. Es entonces
una vulnerabilidad, que produce una incertidumbre frente al futuro, muy
distinta a la que durante siglos acompañó a lo que en aquellos tiempos se
denominaba como «el pueblo» (Castel, 1997, p. 14).
El fondo de regulaciones y protecciones que como experiencia biográfica o
referencia histórica acompaña a los trabajadores, y que ha sido arrojados al
vórtice de la alta rotabilidad de los puestos de trabajo, la deslaboralización,
la precariedad laboral y hasta la exclusión social, que significa el desempleo
por largo tiempo, posibilita reivindicar los avances civilizatorios que significa
el status de ciudadanía hoy, para rediseñarlos y adaptarlos a las dinámicas
condiciones de las economías internacionalizadas altamente competitivas.
De no intentarse este camino, en una correlación de fuerzas bastante desfavorable al movimiento de los trabajadores, la situación de aquellos que
aún conservan algunas garantías laborales estará amenazada y la misma
sociedad verá debilitar sus apoyos cívicos y solidarios (Alonso, 2000, p. 232).
Juan Carlos Celis Ospina
377
Los procesos de flexibilización, deslaboralización y precariedad que se
pronuncian como fuertes tendencias en el mundo del trabajo, se correlacionan con problemas de cohesión social, desigualdad y movilización en torno
a particularismos. Por tanto, se fortalecen tendencias de desmovilización
y apatía social entre los más vulnerables del tejido productivo, y los que
se encuentran integrados por un empleo estable se enfrentan al terror del
mercado como dispositivo de disciplinamiento en el trabajo, que se traduce
en que en crecientes franjas de la producción y territorios, el conflicto
laboral y social asuma formas desinstitucionalizadas, caracterizadas por
algunos como el resurgir del conflicto anómico (Alonso, 2000, p. 223).
De entre los vacíos dejados por el debilitamiento del movimiento obrero
y no llenados por otros movimientos sociales y asociaciones ciudadanas,
surgen identidades colectivas basadas en los miedos e incertidumbres
actuales, plasmándose fundamentalmente en los denominados antimovimientos sociales, como los nacionalismos agresivos, fascismos de diferentes
expresiones (xenofobia, bandas de limpieza social, obsesión por la seguridad,
etc.), diferentes formas de guerras comunitarias: “antimovimientos sin más
proyecto de identidad que negar la identidad de los otros, sin poder salir de
la aporía del nosotros (lo seguro, lo puro, lo respetable) frente a los otros (lo
peligroso, lo contaminado, lo denigrable)” (Alonso, 2000. p. 224).
De otro lado, los movimientos que resisten al neoliberalismo se han
enfocado contra las privatizaciones y el desmantelamiento de las regulaciones y protecciones sociales y laborales, antes que en torno a propuestas de
alternativas de organización económica, social y de convivencia. En otras
palabras, antes que propugnar por un proyecto de futuro se defiende un
modelo del pasado.
Esta situación se produce en momentos en que la identidad entre
ciudadano y trabajador se rompe entre las diversas formas de empleo,
desempleo, contratación y subcontratación en un mercado de trabajo cada
vez más heterogéneo. En consecuencia, es necesario lavantar discursos
de ciudadanía como respuesta solidaria a los movimientos regresivos y
autoritarios, y además como propuesta de relanzamiento de los derechos
sociales y laborales.
Frente a la amplia diferenciación y diversificación de sujetos y formas
de vida que concurren en las sociedades contemporáneas, es necesario
pensar en un tipo de solidaridad que trascienda las políticas sectoriales, las
situaciones locales, que reconozca la sociodiversidad, que ayude a gestionar
un estado de bienestar más descentralizado donde se de la posibilidad de
encontrar vínculos sociales cada vez más espontáneos, pero con garantías,
que combinen la distribución económica con desarrollo local y regional.
Desde el movimiento sindical, las pautas de comportamiento mayoritario siguen teniendo como referente los acuerdos fordistas o corporativos,
378
La forma sindical en Latinoamérica
según el caso, aunque en la realidad se han reconfigurado -tema que no es
del caso tratar en este ponencia-. De esta forma, las reformas propuestas
a los Estados siguen siendo pensadas en clave fordista o corporativa; desconociendo de paso la formación de otras subjetividades y reivindicaciones
que, desde mediados de los años 60, han nucleado alrededor del medio
ambiente, la calidad de vida, el sistema de relaciones humanas, el derecho
a la ciudad, etc.
La estrategia del movimiento de los trabajadores es necesario que tenga
en cuenta, al menos dos elementos al momento de plantearse, en términos
programáticos, la propuesta de una alternativa de sociedad, que tome en
cuenta las deficiencias en la construcción de los pactos que sustentaron
las diferentes configuraciones de Estado de bienestar, y el hecho de que
el sindicalismo y los conflictos que se conforman en torno a las relaciones
sociales de producción ya no son centrales y se han ido consolidando entre
tanto, una multiplicidad de movimientos sociales que expresa un amplio
conjunto de necesidades y demandas sociales no articuladas entre sí de
antemano.
En el siglo XX, hasta la década de 1970, al constituirse las diferentes
configuraciones de Estado de bienestar, los sindicatos y las izquierdas que
participaron en esos procesos, el discurso se centró en el espacio de la circulación, donde se ubican el salario, el empleo y la distribución del ingreso,
y se desconoció la dimensión de la producción; es decir, del qué y cómo se
produce, del control de proceso de trabajo y de producción, lo que significó
un monopolio del discurso de la producción por parte de las derechas, sin
que se pudiera incidir en el diseño de los diferentes sistemas de organización del trabajo, y se abriera paso las estrategias que han conllevado a la
fragmentación de los procesos productivos. Por eso planteamos la necesidad
de que una bandera fundamental de los trabajadores es la invasión de la
democracia de los procesos de trabajo y, de esta forma, se posibilite una
alianza entre los trabajadores y los movimientos medioambientalistas.
En cuanto a la multiplicidad de sujetos llamados a construir una alternativa, basada en la noción del pacto social y de la ciudadanía social y laboral,
significa tener objetivos mundiales a la vez que construir formas de gestión
y participación localizadas y cercanas a los ciudadanos, creando espacios
concretos, e integrando al pacto a sujetos sociales que han emergido en las
últimas décadas (ecologistas, feministas, minorías étnicas, movimientos
comunitarios, consumidores, franjas de edad laboralmente sacrificadas,
pequeños y medianos empresarios, etc.). Una reconstrucción del pacto
social para el período debe procurar recoger en él la heterogeneidad de los
trabajadores (Alonso, 2000, p. 31).
Juan Carlos Celis Ospina
379
Esta dimensión, que surge de la tensión entre la ciudadanía y el mundo
del trabajo, se ubica en el plano programático, donde el trabajo ocupa un
lugar modesto pero fundamental al momento de reconstruir una ciudadanía que enfrente el peligro de reducción de todos los vínculos sociales a
una especie de mercado total. A su vez, esta reflexión nos conecta con la
dimensión que se establece entre procesos de trabajo y su inscripción en
el territorio, que trata de ser invisibilizada por los ideólogos de la globalización neoliberal, pues se pretende disolver el poder social del trabajo y la
capacidad institucional y social de los territorios.
3. Procesos de trabajo y territorio
La reconstrucción de la ciudadanía, en los términos en que venimos
exponiendo, necesita pensar y concretar acciones que vayan más allá de
la dimensión de la mera integración al mercado laboral, llevando a una
integración más efectiva, en campos como el socioespacial. Para lo cual
es preciso levantar alternativas a la conversión de las regiones en meras
plataformas económicas, donde las Empresas Transnacionales (ETN) que
se instalan en éstas asumen pocas responsabilidades con los territorios
que las acogen.
En las localidades y las regiones, eslabones claves de las estrategias de
acumulación capitalista en la actualidad, es donde se vive con dramatismo
la desregulación social, debido al traslado de responsabilidades en servicios
y políticas públicas sociales desde los mayoritariamente débiles estados
locales. Pero bajo la acción de sujetos sociales con proyectos alternativos a
la globalización neoliberal, pueden reconstruir en los territorios alianzas
de las formas concretas de trabajo y vida. “La región que viene no se puede
construir sólo perfilada por el mundo económico mercantil (para atacar o
defenderse en él), sino que está llamada a ser un anclaje para la nueva
constitución de una ciudadanía que suponga una nueva visibilización del
trabajo” (Alonso, 2000, p. 32).
Podemos enumerar varias experiencias y propuestas en esta perspectiva: La Cámara Regional del Gran ABC en Brasil, que reúne a diversos
actores desde 1996 con la participación de las prefecturas municipales
del Gran ABC de São Paulo (São Bernardo do Campo, Santo André, São
Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), el
gobierno del Estado de São Paulo, el conjunto de los parlamentarios de la
región en el nivel municipal, estadual y federal, el Foro de la Ciudadanía del
Gran ABC, gremios empresariales, organizaciones de los trabajadores (no
sólo sindicatos) y entidades civiles organizadas. Su misión en un principio
era enfrentar la crisis económica y social, producto de la reestructuración
productiva, agenciada por fuerzas externas, y expresada en altas tasas
380
La forma sindical en Latinoamérica
de desempleo y una crisis de identidad económica de la región; ésta ha
derivado hacia la negociación con las ETN de su responsabilidad social,
laboral y medio ambiental con la región (Leite, 2000, p. 92).
También en Brasil, en Recife, las administraciones municipales en
cabeza del PT, desde la década del 90 hasta el presente, han construido
espacios que en el territorio buscan vincular trabajo, ciudadanía e integración socio-espacial con instituciones como las Unidades Productivas
Comunitarias y los Centros Públicos de Promoción del Trabajo y la Renta.
Donde, por ejemplo, en el fomento del turismo se ha buscado regular la alta
rotabilidad en el trabajo y bajos salarios en los hoteles, como política orientada a mejorar el servicio, a la vez que se impulsa la formación profesional
de los empleados de aquellos, y de paso se encamina hacia la integración de
los trabajadores a la ciudad, abarcando dimensiones extralaborales, como la
vivienda y el acceso a los servicios públicos domiciliarios y el equipamiento
urbano (De Castillo, 2003, p. 195-214).
También se pueden mencionar propuestas como las de la garantía
dinámica del empleo y las comunidades de bienestar, que buscan desde
los espacios locales permitir en la primera propuesta que los trabajadores
que deben ser despedidos por los ajustes de las empresas al mercado, a
través de un amplio pacto social que involucre a trabajadores, empresarios,
universidades, gobiernos locales y otros actores sociales, se garantice la
recalificación y reubicación laboral de los trabajadores cesantes. En cuanto
a las comunidades de bienestar, se propone una alternativa reflexiva a
las distancias y burocratismos de los antiguos esquemas de Estado de
Bienestar, proponiendo el cara a cara en la construcción de las políticas
públicas e incluso la participación de los ciudadanos en la definición del
mismo concepto de bienestar, que encierra matices de un lugar a otro.
Frente a este ángulo de análisis de la fragmentación de la producción
y su extensión en el territorio, se vienen levantando una serie de experiencias, que de manera tentativa hemos denominado como sindicalismo
territorial. Algunas de ellas son: el denominado sindicalismo territorial
en Chile que agremia no sólo a trabajadores, sino también a amas de
casa, desempleados, jóvenes, y además de reivindicaciones salariales, hace
demandas sobre la calidad de vida y el medio ambiente en un territorio
específico (Guattari, 1994, p. 54); la alianza entre movimiento sindical y
ambiental en distintas regiones de los Estados Unidos (O’Connor, 1999);
el control sobre el pago de impuesto por parte de las empresas al fisco
municipal, realizado por los sindicatos en Porto Alegre Brasil en el marco de
los procesos de presupuesto participativo (Genro, 2000, p. 44); la afiliación
directa de los trabajadores a la Central de Trabajadores de Argentina y
la instalación de las sedes de ésta en los barrios, abriéndose no sólo a los
Juan Carlos Celis Ospina
381
trabajadores, desempleados y pensionados, sino también a los pobladores
y sus múltiples formas organizativas (cooperadoras escolares, de costura,
cooperativas para hacer pan, guarderías, comedores escolares, centros de
salud comunitarias, asociaciones de mujeres contra la violencia, grupos
comunitarios de asistencia, comunidades eclesiales de base, organizaciones
de carácter reivindicativo barrial, entre otras), asumiendo la organización
y potenciación de las demandas de ambos (entrevista N° 22; Rauber, 2003;
Iñigo & Cotarelo, 2000).
Las experiencias mencionadas pueden ser leídas como demarcaciones de
vivencias de unos derroteros conformados entre determinados parámetros
de tiempo y espacio que, desde el presente, pueden o no abrirse a otras
trayectorias (Zemelman, 1995, p. 24). En estos casos, la articulación que
hacen los sindicatos entre producción y sociedad, se realiza a través del
territorio, y sus demandas abarcan además del salario, la calidad de vida
y el medio ambiente. Avanzando en el estudio de estas experiencias, hemos
identificado cinco dimensiones de la acción de los sindicatos desde lo local,
que son: la globalización de la acción sindical local; el involucramiento en procesos de concertación desde las localidades de las inversiones
extranjeras; la generación de propuestas alternativas de poder local; la
articulación con movimientos medioambientalistas; y la vinculación dentro
de su programa y accionar de la organización y defensa de los derechos de
los trabajadores terciarizados, precarios y deslaboralizados. E incluso para
el caso colombiano hemos identificado en algunos casos (Sintraemcal, Sintracarbon, Sintrainagro, Intersindical del Sur e Intersindical del Norte en
el Valle de Aburrá) la presencia de varias de estas dimensiones y distintas
formas de articulación entre éstas, generándose configuraciones de un
eventual proyecto de sindicalismo territorial (Celis, 2004).
Lo territorial es asumido como resistencia y actitud propositiva frente a
las territorializaciones propuestas por la globalización neoliberal, como búsqueda de apropiación y construcción del espacio de producción de la vida.
Esta perspectiva de construcción dentro del movimiento de los trabajadores
coincide con los caminos que están recorriendo los movimientos sociales
contemporáneos en América Latina, que se han alejado en su caracterización, tanto del viejo movimiento sindical, como de los denominados, desde
hace tres décadas, nuevos movimientos sociales.
Los movimientos indígenas y campesinos de diferente latitudes, los
piqueteros argentinos, los diferentes movimientos de pobladores, marcan
el paso a las movilizaciones sociales en América Latina, tiene según Raul
Zibechi al menos siete características en común: arraigo territorial; autonomía de los estados y partidos; revalorización de la cultura y afirmación
de identidades y solidaridades; capacidad de formar sus propios intelec-
382
La forma sindical en Latinoamérica
tuales; empoderamiento de la mujeres; preocupación por la organización
del trabajo y la naturaleza; y formas autoafirmativas de lucha que hacen
visibles los rasgos de identidad y solidaridad de estos movimientos.
Entre las características enunciadas, Zibechi destaca el territorial como
el rasgo diferenciador más importante, que les estaría permitiendo revertir
la derrota estratégica. Es una respuesta a la crisis de la territorialidad de
la fábrica y de la hacienda, recuperando o conquistando espacios a través
de largas luchas, abiertas o subterráneas. Desde los territorios se construye colectivamente organización social, donde se instituyen los sujetos,
apropiándose del espacio, material y simbólicamente, los movimientos en
cuestión enarbolan proyectos de largo aliento, entre los que se destaca
la capacidad de producir y reproducir la vida, a la vez que se establecen
alianzas con otras fracciones de los sectores populares y capas medias
(Zibechi, 2003, p. 185). En términos del movimiento de los trabajadores, es
de especial interés reconocer el aporte de los piqueteros argentinos.
El movimiento de los trabajadores desempleados argentinos denominado
piqueteros, toma su nombre de su forma de lucha fundamental, el piquete,
que se refiere a un corte de ruta de importantes autopistas metropolitanas.
La palabra piquete, que en el lenguaje sindical se refiere al grupo que
bloquea la producción en una protesta o huelga dentro de la fábrica, es
ahora resignificado para bloquear la producción que se ha extendido por
el territorio y generar, de esta forma, condiciones de negociación.
La relevancia de lo territorial necesita ser viabilizada por formas organizativas acordes a las dinámicas y subjetividades de los movimientos
y las estructuras con las que se enfrentan, asunto que hemos asumido
proponiendo la dimensión de la organización en red.
4. Organización en red
El reto que enfrenta el movimiento de los trabajadores es conseguir integrar una pluralidad de realidades y de relaciones individuales y colectivas
de trabajo, dispersas a lo largo de las redes de territorios, en una economía
cada vez más integrada, que tiende hacia denominadores comunes de
inestabilidad e incertidumbre, y desde donde se vienen gestando luchas
por la consecución de derechos laborales y humanos mínimos y se pueden
vislumbrar búsquedas de los trabajadores por un mayor control de los
procesos productivos, y con esto, sobre sus propias vidas.
La forma de organización tiene que ver consecuentemente con la constitución de redes, en parte yuxtapuestas a las empresas red. Se está en
la búsqueda de las bases de agrupación local funcionando a nivel global;
engendrando mecanismos de conexión e interrelación (Ronda, 2002, p. 25).
Juan Carlos Celis Ospina
383
La posibilidad de concebir una forma de organización en red parte
de entender que las grandes corporaciones no desaparecen en tiempos
de creciente flexibilidad externa, las pequeñas y medianas empresas se
han convertido en subcontratistas de aquellas, en condiciones de trabajo
diferentes de las grandes. Mientras que en las grandes la introducción
de formas de organización del trabajo contemplan el involucramiento
negociado o no de los trabajadores en el proceso laboral, en las pequeñas
y medianas empresas, en casos como el colombiano, priman relaciones
laborales de tipo autocráticas (López, 1999, p. 215). Además en los países
de América Latina se extienden con vigor los trabajos precarios y no estructurados, así como el autoempleo, que en Colombia ya tiene una historia que
se remonta a finales de los años 50. En otras palabras, ha perdido fuerza
de centralización el trabajo industrial taylorista y fordista, y ha aumentado
la heterogeneidad ocupacional de los trabajadores.
Sin embargo, la amplia heterogeneidad de las posiciones ocupacionales
de los trabajadores no autoriza para postular la fragmentación absoluta
como lo hacen los posmodernos, al igual que no se podría anteponer una
imagen de un agente unificado y homogéneo, que por lo demás nunca ha
existido (Hyman, 1996, p. 16). Pero a partir de estratos fosilizados de las
culturas populares se pueden formar solidaridad e identidades entre sujetos
que se constituyen en el mundo del trabajo, en la lucha por la consecución
y defensa de mínimos stándares laborales y otros derechos, e incluso entre
éstos y sujetos que se constituyen frente a las reivindicaciones medio
ambientales, de discriminación racial, asimetrías de genero, mejoramiento
de la calidad de vida, etc.
De otro lado, los movimientos sociales contemporáneos cuestionan la
fatalidad del individualismo, que para Clauss Offe, se basa en la fragmentación de los mundos de la vida de los trabajadores y la pérdida de
importancia del mundo del trabajo en la conformación de subjetividades
(Offe, 1992, pp. 17-51). Incluso en las empresas red, donde se descentraliza
la producción a través de redes de subcontratistas, el control sobre la
coordinación del proceso productivo, por parte de la gran empresa, siginifica
articulaciones muy precisas entre empresas por la vía de los sistemas de
“justo a tiempo”, lo que se convierte en una oportunidad para la acción
sindical y/o de organización de los trabajadores.
En las redes de subcontratación que implican autoempleo se pueden
abrir los espacios de lucha por mejorar las condiciones precarias de trabajo,
que pueden nuclearse alrededor de cambios legislativos, que encontrarán
referentes en convenciones y resoluciones de la OIT; como la Convención
177 sobre trabajo a domicilio, y las recomendaciones 184 sobre trabajo a
domicilio, y 189 sobre empleo en pequeñas y medianas empresas, así como
384
La forma sindical en Latinoamérica
la SA 8000 de responsabilidad social empresarial. En la misma dirección,
las relaciones desiguales entre empresas crean las posibilidades para
alianzas entre trabajadores con sus pequeños empresarios, en procura de
vínculos justos y equitativos con los grandes consorcios (De la Garza, 2003).
También en los modelos productivos toyotistas, encontramos estrategias
empresarias que procuran el involucramiento de los trabajadores en los
objetivos de las empresas, en tanto productividad y calidad, recurriendo a
la formación de identidad colectiva, cultural y de articulación del mundo
productivo con los ámbitos de reproducción externa de los trabajadores
como la familia, la religión, el ocio, el consumo. Este intento de articular
por la voluntad de los empresarios espacios que no están articulados de
forma estructural, están signados por la incertidumbre, marcan las potencialidades para la intervención organizada de los trabajadores y de los
sindicatos, allí donde existan.
Hoy los sindicatos ubicados fundamentalmente en el sector estructurado
de la economía, están ante la alternativa de aliarse con la empresa para
enfrentar a la competencia en el mercado, o formar bloques con los más
precarios del sector no estructurado. En la primera opción, se encaminarían
hacia un corporativismo de fábrica, mientras que la segunda alternativa,
al no concebir la relación capital-trabajo en su inmediatez, se propone un
desarrollo equilibrado y sustentable en contravía al neoliberalismo (De la
Garza, 2001 a, p. 28).
Entre los mismos procesos de reestructuración productiva se abre un
amplio campo de incertidumbres y posibilidades para la acción viable de
las organizaciones de los trabajadores, para la negociación del orden. En
la configuración de estos espacios y ante las nuevas y más extendidas
heterogeneidades, desarticulaciones y gobalizaciones, es preciso pensar
en organizaciones en red, donde se desarrollen acciones múltiples, sin
vanguardismos de determinados sujetos sociales, con un despliegue ágil,
multiforme, rearticulable en forma diversa de los movimientos, donde se
entienda que no siempre van a participar los mismos sujetos. También se
pueden tomar en cuenta las experiencias de los movimientos altermundistas, en cuanto a su uso creativo de los medios masivos de comunicación,
desde el internet hasta la televisión; creando unos símbolos y discursos
seductores de subjetividades ávidas de que sus demandas sean traducidas
en mensajes frescos (De la Garza, 2003, p. 36).
Las experimentaciones en esta dirección que se han venido agenciando
desde el movimiento de los trabajadores, parten fundamentalmente desde
los sindicatos y se orientan, en la mayoría de los casos que hemos registrado,
hacia sujetos trabajadores leídos como informales; en otros casos asumen
la tarea de autogestionar pequeñas y medianas empresas abandonadas
Juan Carlos Celis Ospina
385
por sus dueños, y también se vienen gestando redes de trabajadores en
procesos de producción de bienes y servicios a lo largo y ancho del planeta.
El caso del Self Employed Women Assossiation (SEWA) -Asociación
de mujeres autoempeladas- de la India y el Self Employed Women Union
(SEWU) -Sindicato de Mujeres Autoempleadas- de Sudáfrica, son dos
casos de organización de las trabajadoras del sector no estructurado, que
retan a la imaginación de los y las lideres sindicales de nuestras latitudes.
La Asociación de Mujeres Autoempleadas de la India fue fundada como
sindicato en 1971 para agrupar a mujeres del llamado sector informal,
por unas mil trabajadoras, que buscaban defenderse de los atropellos de
la policía, la violencia de badas, que las expropiaban de sus mercancías y
sujetaban a su dominio. En sus inicios, exploraron recursos jurídicos para
lograr independencia.
Para 1974, fundaron un banco cooperativo, y ya contaban para entonces
con 4000 afiliadas. El banco se dedica desde entonces a otorgar créditos a
mujeres pobres, con el objeto de que comiencen su propia actividad económica, se fomenta la cultura del ahorro, se imparte ayuda técnica y asesoría
en la gerencia de la producción, el almacenaje, la prestación de servicios
y el mercadeo, se contribuye a recuperar bienes de casas de empeño, y se
recogen ahorros a diario en los lugares de trabajo y las viviendas.
La SEWA se ha trazado como meta empoderar a las mujeres para
que utilicen todos los recursos a su alcance con eficacia. Han utilizado
las herramientas tradicionales de lucha del movimiento sindical, y en
regiones donde no existe autoempleo, han procurado formar cooperativas
de producción. Hoy, SEWA cuenta con 220.000 afiliadas, 372 grupos de
producción y 72 cooperativas, entre las que se cuentan las dedicadas a la
salud y al cuidado de los niños.
La experiencia del sindicato indio ha empezado a ser replicado desde
1993 en Sudáfrica por el Sindicato de Mujeres Autoempleadas, que agrupa
a vendedoras ambulantes, mujeres que trabajan desde la casa, incluso
tele-trabajo, campesinas de subsistencia y recicladoras. Siendo su principal
actividad negociar con las autoridades municipales y regionales para las
mujeres trabajadoras que agrupa mejoras como: baños, agua limpia, un
techo sobre el puesto de ventas, lugares para almacenar las mercancías,
alojamientos, seguridad y guarderías. Además han incursionado en programas de alfabetización y formación para el trabajo, como de promoción
de campañas de prevención del SIDA.
Para seguir con el sector informal, en Brasil la CUT ha creado una Agencia
de Desarrollo Solidario, para apoyar fundamentalmente a los trabajadores
del sector no estructurado, y el Sindicato de Trabajadores en la Economía
Informal, aunque reconocen que aún no han construido una estrategia, ni
386
La forma sindical en Latinoamérica
una política para el sector informal, si empiezan a discutir propuestas para el
caso de Sao Páulo, como la formulada por las Incubadoras Universitarias de
Cooperativas Populares, en el sentido de crear una cooperativa que reuniese
a todos o a la mayoría de los vendedores ambulantes.
La última experiencia que nos parece importante reseñar es la Union
Network International (UNI), creada en el 2000 reúne a 1000 sindicatos
de 150 países con un total de 15 millones de trabajadores del comercio,
la banca, informática, correos, call center, la industria de los gráficos, los
medios de comunicación y varios otros sectores que se unieron en este
global unios (sindicato global en el sentido en que los viene impulsando
la CIOLS). Resulta de especial interés las campañas internacionales que
vienen realizando alrededor de los derechos de los trabajadores de los call
center (centros de llamadas), que enlazan en red y utilizando los mismos
instrumentos informáticos de su trabajo, para denunciar y presionar desde
diferentes partes del mundo a ETN como desde el 2003 a Sintel que en
Panamá viola los más mínimos derechos laborales en las instalaciones de
su empresa Cable & Wireless, y presiona a las empresas que subcontrata
para que sus trabajadores no se organicen en sindicatos, o se afilien a los
ya existentes. Además, la UNI viene promoviendo una campaña mundial
desde el 2001, de denuncia de la violación del derecho a la privacidad en
el trabajo de los call center, a través de sofisticados medios de supervisión
electrónica e identificación biométrica.
Experiencias como las enunciadas, y otras que por tiempo de exposición
no hemos reseñado, como ser: las redes mundiales de sindicatos al interior
de ETN que viene fomentando el Observatorio Social de la CUT Brasil
y el Programa de Vigilancia Social de ETN de Plades en Perú; las redes
de recuperación de fábricas en Argentina; la Asociación Nacional de los
Trabajadores en Empresas Autogestionarias y Paticipación Accionaria
(ANTEAG) en Brasil; las redes de mujeres sindicalistas en México; las redes
de sindicatos contra la tercerización en Perú; así como las redes a nivel
mundial de ONG de apoyo a organizaciones de trabajadores y defensa de los
derechos laborales (Fiaet, Global Network, Global Police Network, Redlab),
son iniciativas que desde poco menos de diez años se vienen tejiendo, y
constituyen la base para proyectos de organización y defensa de derechos
del conjunto heterogéneo de trabajadores inmersos en la flexibilización del
mercado laboral y deslaboralización de las relaciones de trabajo.
Con esta presentación de dimensiones y experiencias esperamos suministar algunos planteamientos tácticos frente a la invasión neoliberal, que en
el debate y la acción concreta de los sujetos y bajo el filtro de su adaptación,
inventiva y creatividad podrán enriquecer o no a un movimiento como el
de los trabajadores que tras más de siglo y medio de sucesivas mutaciones,
Juan Carlos Celis Ospina
387
puede asumir con serenidad uno de sus períodos de mayores dificultades y
crisis, así como de abversarios más fuertes. No buscamos alentar un engañoso optimismo, sino que simplemente asumimos la máxima gramscina, del
pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad.
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390
La forma sindical en Latinoamérica
Julián Gindin
391
El desarrollo del sindicalismo
docente en América Latina.
Un ensayo sociológico
Julián Gindin
Investigador del Núcleo de investigaciones y Estudios del trabajo
(NUPET-IUPERJ), Doctorando del programa de Sociología del Instituto
Universitário de Pesquisas de Rio de Janeiro (IUPERJ-UCAM) y
Profesor de la Universidad Candido Mendes (UCAM). [email protected]
La historia del movimiento sindical ha sido, en términos generales,
la historia de la actividad reivindicativa, política y organizativa de los
trabajadores del sector privado y las empresas estatales. Sin embargo, en
las últimas décadas, los sindicatos de empleados públicos han ganado una
importante presencia. Este es particularmente el caso de las organizaciones
de docentes de enseñanza básica.1 Tomar nota de esta situación posibilita
una relectura de la historia del movimiento sindical y de los sistemas de
relaciones laborales en clave de qué lugar ocuparon en ella los docentes
públicos –un gremio antiguo, con cuadros que militaban en partidos obreros
y que desde siempre había sido sujeto de demandas laborales.
En el limitado espacio de este texto me pregunto por el desarrollo de
las organizaciones de los docentes del sector público de enseñanza básica
en México, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile y Bolivia.2 Se trata de un
1 Cooper (1992), en un trabajo pionero, estudia quince casos nacionales de
Asia, Europa, Oceanía y América del Norte. Se trata de una excepción; la
bibliografía internacional es escasa.
2 El presente trabajo continúa algunas reflexiones desarrolladas en textos
anteriores (Gindin, 2008 y 2009). He seleccionado a Argentina, Brasil, Chile,
Bolivia, Venezuela y México porque, a partir de un estudio llevado adelante
junto a Adalberto Cardoso, tuve la oportunidad de familiarizarme con la
historia de estos países y particularmente con la historia de los respectivos
movimientos sindicales. Ver, Cardoso y Gindin (2008).
Julián Gindin
392
La forma sindical en Latinoamérica
objetivo ambicioso y los estudios empíricos sobre la cuestión aún presentan
importantes lagunas;3 por esto he optado por escribir un ensayo. En este
me concentro en presentar un abordaje analítico general que pretende
contribuir a comprender el desarrollo del sindicalismo docente en América
Latina.
Las políticas estatales de incorporación
a la clase obrera y los docentes
La regulación estatal de las condiciones laborales y de la actividad
sindical fue parte de los proyectos gubernamentales de incorporación de
la clase obrera. Las características que este proceso asumió en cada país
re-estructuraron, aunque de diferentes maneras, las tradiciones y las
prácticas sindicales. Esta intervención estatal tuvo en términos generales
un carácter doble: sancionó y protegió derechos sindicales, pero al mismo
tiempo se orientó a controlar la acción de los trabajadores. Uno de los
grandes méritos del trabajo de Collier y Collier (1991) es que permite ir
más allá de este reconocimiento general.
Estos autores consideraron ocho países latinoamericanos, entre ellos,
cinco de los seis casos que aquí interesan, y establecieron a partir de su
estudio una tipología. De acuerdo a ella, Brasil, entre 1930 y 1945, y Chile,
entre 1920 y 1931, serían casos de incorporación estatal de la clase obrera.
En estas ocasiones, prima la faceta controladora de la acción estatal, que
despolitiza a las organizaciones de trabajadores. Es en Brasil donde este
proyecto llegó más lejos, llegando a conformarse un verdadero sindicalismo
oficialista que sobrevivió al gobierno de Getúlio Vargas (1930-1945). Argentina entre 1943 y 1955 constituiría un caso de populismo laboral, en tanto
México (1917-1940) y Venezuela (1935-1948), de populismo radical. En estos
últimos tres países la incorporación fue protagonizada por un partido, y su
acción politizó y movilizó a los trabajadores. La diferencia radica en que en
los casos de México y Venezuela también los campesinos se movilizaron y
3 Existe material sobre la historia del sindicalismo docente en Argentina,
Chile, Brasil y México (ver, entre otros, Arnaut, 1996; Ascolani, 1999 y 2009;
Núñez, 1986; Vázquez y Balduzzi, 2000; Ramos, 2000; Vicentini y Genta,
2009; Gindin, Gentili y Fontoura, 2009). Algunos aspectos sobre la historia del
sindicalismo docente en Bolivia pueden conocerse en Orozco (2003 y 2008) y
Anaya (2008), pero no se trata de trabajos propiamente históricos. El material
histórico sobre el sindicalismo docente en Venezuela es todavía más escaso.
Me estoy valiendo de informaciones dispersas.
Quiero agradecer a Sigfredo Chiroque su inestimable colaboración para poder
hacerme con algunos materiales sobre la legislación educativa boliviana
sancionada en la década de 1950.
Julián Gindin
393
sostuvieron la coalición gubernamental reformista. Como muestran Collier
y Collier (1991), estos diferentes procesos y sus implicaciones son determinantes de la historia -y particularmente de la historia del movimiento
sindical- en las décadas siguientes. Creo que Bolivia puede caracterizarse,
también, como un caso de populismo radical.4
Desde el punto de vista del Estado, no era tan importante controlar a
los docentes como a otros segmentos asalariados. Las organizaciones del
magisterio eran débiles, en general, respetuosas de la autoridad estatal y
con pocas articulaciones con el movimiento sindical. Si bien hay registros de
huelgas docentes en la primera mitad del siglo XX, la insatisfacción laboral
del gremio raramente se expresaba de manera violenta. Naturalmente,
por el tipo de trabajo, las protestas docentes no afectaban la economía de
manera directa. De cualquier manera, por otro lado, era relativamente fácil
promover desde el estado entidades docentes afines a los gobiernos. La
afiliación obligatoria a una entidad oficial, por ejemplo, podía efectivizarse
de manera sencilla. Era un segmento laboral interesante para los regímenes que se proponían movilizar a la sociedad en su apoyo: los maestros
se encontraban en todas las ciudades y pueblos y podían ser efectivos
difusores de las ideologías políticas en las cuales se legitimaba la acción
estatal. Esta capilaridad del magisterio y el ascendente que podrían tener
sobre las comunidades (particularmente, sobre las comunidades rurales)
los hacían especialmente atractivos como organizadores populares. Para
decirlo en otros términos: para los regímenes políticos que se propusieron
la incorporación de la clase obrera era relativamente menos importante
controlar a los docentes que a otros gremios, pero sí podía ser relevante
movilizarlos como base de apoyo. Resulta emblemático que los gobiernos
de México (en la década del ‘30) y Bolivia (en la del ‘50) movilizaran a
los maestros rurales, mientras el régimen de Vargas, en otro país rural,
mantuvo a los docentes relativamente fuera del edificio institucional que
se propuso edificar.
La intervención estatal directa en el movimiento sindical y la regulación
de las relaciones laborales supuso la sanción de instrumentos legales que
4 No es este el lugar para intentar ubicar con precisión al caso boliviano en
la tipología propuesta por Collier y Collier (1991). El período de incorporación habría comenzado en 1936, con el gobierno del militar nacionalista
David Toro. La revolución del ‘52 indicaría la radicalización del período de
incorporación, con el gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario, que
se extendería hasta el golpe militar de 1964. A diferencia de los casos de
Venezuela y México, no hubo después de la reacción un período de estabilidad
asentado en un sistema de partidos integrador que procesase las diferencias
políticas evitando la polarización.
394
La forma sindical en Latinoamérica
contemplaron de manera muy desigual a los asalariados por el Estado.
En México, las líneas maestras de la legislación laboral fueron trazadas
en la Constitución revolucionaria de 1917 y su artículo 123, que tiene
dos apartados. La Ley Federal de Trabajo (1931) reglamentó el apartado
A, relativo a los asalariados privados; luego fue sancionado un estatuto
(1938) que reglamentó el apartado B, que se aplica a los empleados públicos
empleados por el estado nacional. En Argentina, la Ley de Asociaciones
Sindicales (1947) contempla la sindicalización del sector público, pero no
así la de negociación colectiva (1953). Del otro lado, la Consolidação das
Leis Trabalhistas de Brasil (1943), el Código de Trabajo de Chile (1931) y
la Ley General del Trabajo de Bolivia (1942), no incluían a los empleados
públicos. En estos países, y probablemente también en Venezuela,5 estos
instrumentos legales no reconocían derechos sindicales para los docentes
públicos.
Estas diferencias no son casuales. Tanto en México, en 1917, como
en Argentina, en 1947, los gobiernos estaban intentando fortalecer al
sindicalismo como base de soporte político; mientras ese no era el proyecto
ni del gobierno de Getúlio Vargas en Brasil ni de los de Alessandri e Ibañez
en Chile. En Venezuela, la ley del trabajo fue promovida por un gobierno al
que la coalición reformista emergente se oponía, y en Bolivia fue sancionada
exactamente diez años antes de la revolución. En ese país el derecho a
la organización sindical de los docentes públicos sería establecido por la
legislación educativa post-revolucionaria.
La Constitución mexicana de 1917 dedicó todo un apartado del artículo
127 (el inciso B) a las relaciones de trabajo de los empleados públicos del
gobierno federal. Estableció allí el derecho a la organización colectiva y a
la huelga; y colocó a los conflictos laborales de ese ámbito en la órbita de
un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (que también arbitraría
en algunas de las ramas productivas industriales y de servicios). No tuvo
entonces mucho valor real para el gremio que nos interesa, porque eran los
municipios y los estados los que empleaban mayoritariamente a los docentes. Pero este segmento creció en las décadas siguientes y se convirtió en
paradigma de las legislaciones estaduales. En este contexto, sí el Estatuto
Federal de los Trabadores al Servicio del Estado (luego transformado en
Ley, LFTSE) de 1938, y el reglamento específico para los empleados de la
Secretaría (ministerio) de Educación Pública (SEP) de 1946 del gobierno
federal adquirieron un gran valor.
Una federación docente que participaba de la central obrera próxima
al gobierno (la CROM) había ganado algunos espacios institucionales en
5 No tuve oportunidad de consultar el original de la Ley del Trabajo venezolana,
sancionada en 1936.
Julián Gindin
395
el sistema educativo a fines de la década del 20, y la década siguiente
asistió a un gran desarrollo de diversas organizaciones docentes. La LFTSE
estableció que cada Secretaría del gobierno federal sólo reconocería a un
sindicato y desde entonces estuvo en agenda la constitución del sindicato
único de la SEP, creado finalmente en 1943, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El estatuto y el reglamento otorgaron
un enorme poder al sindicato, exactamente en la década que asistió al giro
conservador de los gobiernos posrevolucionarios mexicanos. Afiliación
obligatoria, gran poder de disciplinamiento del Comité Ejecutivo Nacional
sobre las secciones estaduales y, lo que es más revelador, integración con
relativa autonomía al control laboral de la docencia. Institucionalmente,
esto se logró por medio de la capacidad de indicar la mitad de los cargos
docente vacantes (una especie de bolsa de empleo) y la integración paritaria
(esto es, con capacidad de veto) de los organismos que decidían los ascensos
y los traslados. Recordemos que un mismo partido (el PRM de Cárdenas,
luego el PRI) gobernó México hasta el año 2000 y entrelazó las estructuras
partidarias con el estado, por un lado, y con las organizaciones sociales y
sindicales, por el otro. El SNTE participó de esta exitosa gobernabilidad
corporativa.
En Bolivia, primero se organizaron los maestros urbanos, y los rurales
lo hicieron masivamente de la mano de la revolución de 1952. Este último
segmento estaba dirigido y fuertemente articulado con el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) en el gobierno. Como directivos de la
federación de maestros rurales fueron elegidos funcionarios, inclusive ministros. Sin embargo, a diferencia de México, los segmentos rural y urbano
de la docencia se organizarían en confederaciones nacionales separadas,
posiblemente por las dificultades del MNR de dirigir políticamente a los
docentes urbanos.6 La carrera docente estaba regulada por un instrumento
legal de 1936, que fue transformado por el Reglamento del Escalafón
Nacional del Servicio de Educación (1957). La ley laboral de la década del
30, que no contemplaba el derecho a la sindicalización del sector público,
fue mantenida. Sin embargo, el Código de Educación promulgado en 1955
reconoce el derecho a la sindicalización del magisterio y las organizaciones
de maestros fueron integradas mediante el Reglamento a la gestión del
sistema educativo, y particularmente de la carrera docente.7 Este sistema
6 Hubo una tentativa de crear una confederación única en 1954, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (CNTE), pero esto duro
apenas dos años (Anaya, 2008).
7 Entre los criterios para evaluar a los docentes, el reglamento incorpora la
asistencia a reuniones sindicales (art. 26) y al evaluar a los docentes que
pretenden ascender de jerarquía, el reglamento establece que debe tenerse en
396
La forma sindical en Latinoamérica
supone la unicidad sindical, vigente en Bolivia hasta la actualidad. Las
federaciones y confederaciones se sostienen económicamente con descuentos compulsivos sobre su base de representación. Si bien los organismos
de los que participan las organizaciones docentes no son paritarios (a
diferencia de lo que pasa en México8) la participación de sindicatos únicos
y de personal de carrera en las comisiones encargadas de la calificación
y ascenso de los docentes favoreció, en los contextos no represivos, cierto
co-gobierno informal del sistema educativo (Orozco, 2008).
Probablemente, la Asociación General de Profesores (AGP) de Chile,
creada en 1922, haya sido la más fuerte de las organizaciones docentes de
ese período. La AGP llegó a reunir siete mil afiliados y 100 agrupaciones
departamentales, cultivaba buenas relaciones con el movimiento sindical
y reunía a un vigoroso activismo docente. Inicialmente, la AGP apoyó
críticamente al gobierno de Carlos Ibañez (1927-1931) y algunos cuadros
de la Asociación se incorporaron como funcionarios a la cartera educativa.
Sin embargo, esta buena relación duró poco y en 1928 el gobierno disolvió
la AGP, exoneró y trasladó a muchos de sus dirigentes.
A diferencia de sus congéneres en Bolivia o México, la gravitación
de la AGP hasta 1928 no dependía de su articulación al proceso político
nacional. La AGP tenía sus raíces “(…) en el proceso histórico de ascensión
e irrupción de las capas medias” (Núñez, 1986, p. 57), y en ese sentido
guarda más puntos de contacto con las asociaciones docentes argentinas
contemporáneas. Las relaciones con el movimiento sindical, más fuertes
que en Argentina pero en el mismo sentido, se fundamentaban en ideologías
marxistas o libertarias. Tenían, por ello, un fundamento ideológico diferente
que las relaciones entre los docentes y el movimiento sindical en México
y Bolivia. Y, lo que a fines de este trabajo es más importante, era parte
de un desarrollo organizativo más autónomo en relación al estado y que
difícilmente podía alcanzarse en la década del ‘20 en países rurales como
Brasil, México o Bolivia.
El gobierno de Getúlio Vargas (1930-1945) no tuvo que hacer frente
a organizaciones sólidas como la AGP chilena. En el estado de São Paulo
apoyó la creación de la que sería por décadas la principal organización
del profesorado brasileño, el Centro do Professorado Paulista (CPP), una
cuenta “el ascendiente y la autoridad moral de que deben gozar, en las bases
del magisterio, los candidatos a los cargos superiores de la administración
escolar” (art. 55).
8 El reglamento establece que las federaciones docentes nombraran uno de los
tres miembros de las Comisiones Distritales encargadas de la calificación
de los docentes, y uno de cuatro miembros de los tribunales encargados de
evaluar los ascensos dentro de la carrera docente. Los concursos de ascenso
con presencia sindical son conocidos como “institucionalizaciones”.
Julián Gindin
397
entidad recreativa y mutualista. Hubo una fugaz tentativa de integrar
estas organizaciones al propio gobierno, por medio del establecimiento de
“diputados clasistas”, nombrados por las entidades de asalariados privados
y de empleados públicos reconocidas por el gobierno. Pero esto no avanzó
y el gobierno asumió características decididamente autoritarias con el
Estado Novo (1937-1945).
En Argentina había buenas condiciones para la conformación de entidades docentes con relativa autonomía del estado: una sociedad más
urbanizada y con mayor presencia de las modernas clases medias, un
desarrollo relativamente más vigoroso del sistema educativo y el fin de
la república oligárquica en la década del 10. Efectivamente, hacia 1920
en prácticamente todas las provincias actuaban organizaciones docentes.
Sin embargo, la situación política e ideológica favorable para la acción
de las asociaciones docentes que entonces actuaban en Argentina se
cerraría en 1930. En esa década se promovieron entidades docentes oficialistas9, política reeditada con mayor determinación durante el gobierno de
Perón (1946-1955). El fuerte liberalismo laicista de finales del siglo XIX
continuaba teniendo presencia en muchos cuadros docentes -inclusive
en los socialistas y comunistas- y la promoción de elementos católicos y
espiritualistas era, para ellos, inaceptables. A eso se sumaba una creciente
polarización política que ubicó a buena parte del magisterio en las filas
del antiperonismo, o por lo menos los alejó del peronismo militante. Por
otro lado, y pese a algunas expresiones, el gobierno de Perón no mostró la
misma determinación política para organizar al magisterio y satisfacer
las demandas gremiales docentes que la que mostró con el conjunto de la
clase obrera.
En Venezuela, en 1932, antes de la apertura asociada al fin del gobierno
de Juan Vicente Gómez, se creó la Sociedad Venezolana de Maestros de
Instrucción Primaria. Ésta, perseguida por las autoridades, fue el antecedente sobre el que se constituyó la Federación Venezolana de Maestros
(FVM) en 1936.10
Los sectores medios opositores se nucleaban en el Partido Democrático
Nacional (que después de la salida del PC fue transformado en Acción
Democrática, AD). Muchos cuadros docentes eran militantes de AD, y Luis
Beltrán Prieto Figueroa, primer presidente de la FVM, fue Ministro de
Educación cuando AD llegó al gobierno (1945-1948). En ese breve trienio,
la FVM se identifica y participa del gobierno. Infelizmente, no cuento con
9 El gobierno de Manuel Fresco, en la provincia de Buenos Aires, presionó a
los docentes para que se afiliasen al Partido Demócrata Nacional y auspició
la creación de la Corporación Nacionalista de Maestros. Ver, Ascolani (2009).
10 http://www.fvmaestros.org/historia.htm
398
La forma sindical en Latinoamérica
informaciones sobre la regulación del trabajo docente o el sistema educativo
que permitan ver qué papel le cupo a la FVM.11
Con la excepción de México, donde la reacción se canalizó dentro del
mismo partido político, hay una notable discontinuidad entre las gestiones
de los gobiernos a los que hicimos referencia y los que los siguieron. Golpes
militares acabaron con los gobiernos de Rómulo Gallegos (Venezuela, 1948),
Juan Domingo Perón (Argentina, 1955) y Víctor Paz Estenssoro (Bolivia,
1964). En estos países, como en México, la actividad sindical fue perseguida.
Del otro lado, al fin de los gobiernos de Carlos Ibañez (Chile, 1931) y Getúlio
Vargas (Brasil, 1945), siguió un período de apertura política, en la cual los
sindicatos se fortalecieron, y comenzaron a pedir reformas a las restrictivas
leyes laborales todavía vigentes.
Los gobiernos mexicanos de la década del 40, como describimos,
contribuyeron decisivamente a construir un poderoso sindicato nacional
de trabajadores de la educación, a partir del marco legal heredado del
gobierno de Cárdenas. La dictadura venezolana (1948-1958) pasó a controlar la dirección de la FVM, la de Bolivia (1964-1971) probablemente
haya perseguido a los docentes como hizo con el conjunto del movimiento
sindical, y la de Argentina (1955-1958) rehabilitó a los líderes gremiales
tradicionales antiperonistas, al tiempo que persiguió a los peronistas. En
Chile y en Brasil, el contraste es todavía mayor, se vive una nueva oleada de
organización docente. En los contextos políticos liberales que siguieron a los
gobiernos de Ibañez y Vargas, no hubo ni persecuciones político sindicales
ni se promovieron relaciones corporativistas con las entidades docentes.
Independientemente de la actitud que tuvieran frente a las organizaciones docentes, puede afirmarse que a partir de la década del 1930 los
gobiernos comienzan específicamente a regular las condiciones de trabajo
docente. Esta regulación fue legal (no contractual), inclusive constitucional,
y era demandada por las organizaciones docentes y frecuentemente fue
negociada informalmente. Las principales demandas eran la estabilidad
e inamovilidad en el cargo (para evitar los despidos directos y limitar los
efectos laborales de las reorganizaciones de la planta docente), una escala
de salarios, el ingreso por concurso y en ocasiones el ascenso por concurso
a los cargos jerárquicos.
La Constitución brasileña de 1934 (vigente hasta 1937) estableció la
vitalicidad e inmovilidad de los profesores concursados. Paralelamente, en
los estados se avanzaba en la profesionalización del ingreso a la carrera
11 Si bien no cuento con información sobre las décadas anteriores, el Reglamento
Docente de 1991 daba a las federaciones docentes un importante poder sobre
la carrera docente. La Junta Calificadora Nacional está integrada por siete
representantes de las organizaciones docentes, siete del estado y un miembro
designado de común acuerdo (cfr., Gindin, 2009).
Julián Gindin
399
docente (Vicentini y Lugli, 2009). La Lei Orgânica do Ensino Primário
(1946) estableció que los directores de escuela serían electos por concurso
y delegó a cada gobierno estadual la organización de la carrera docente.
Según la Constitución boliviana de 1938, “los cargos docentes son inamovibles bajo las condiciones estipuladas por ley”, lo que fue ratificado en las
posteriores constituciones (de 1948, 1967 y 1995). Estatutos docentes que
establecen estabilidad laboral y un sistema de escalafón fueron sancionados
en las provincias argentinas de Santa Fe en 1931 y 1941, y en Buenos Aires
en 1938 y 1941.
La estabilidad e inmovilidad en el cargo fueron paulatinamente consolidándose como componentes del empleo en el sector público. Esto tendría
importantes consecuencias sobre la actividad sindical en las décadas de
1980 y 1990.
Si bien las primeras organizaciones docentes no participaron del movimiento sindical, esto cambió a medida que avanzaba el siglo XX. La relación
de las asociaciones docentes con el movimiento sindical fue natural en
México, Bolivia y Venezuela, donde movimientos policlasistas reformistas
permitían un marco ideológico común a sectores de las clases medias, donde
se reclutaba parte del magisterio, y al movimiento sindical. También en
Chile las principales asociaciones docentes tuvieron relaciones próximas
con el movimiento sindical. En Argentina y Brasil fue más problemática,
aunque por motivos diferentes. Sin negar las diferencias entre los cuerpos
docentes de cada país, aquí destaco el papel explicativo de los diferentes
contextos políticos.
En el esquema de organización del Partido Revolucionario Institucional
en sectores, promovido por Cárdenas, la FSTSE integra el sector popular,
separado del sector obrero (donde la principal organización es la CTM) y del
sector campesino (donde actúa la CNC). La identificación entre el estado
y el PRI, un partido hegemónico policlasista, aproximó políticamente a las
organizaciones docentes del movimiento sindical. La FSTSE y el SNTE
integran el Congreso del Trabajo, creado en 1966, como la organización
cupular del movimiento sindical mexicano. En Bolivia, la revolución del
‘52 y el papel en ella de la Central Obrera Boliviana (COB), dirigida por
el MNR, hicieron natural la participación en la central de los docentes.
Sin embargo, los estatutos de la Central establecen una participación
calificada según se trate de organizaciones obreras (a las que está reservada la conducción de la central), campesinas o de clase media (como es
el caso de los docentes). También en Venezuela, aunque con un contenido
político diferente, la hegemonía de un partido político (Acción Democrática)
sobre las organizaciones docentes y la mayoría del movimiento sindical
contribuyó a que los docentes actuaran dentro de la Confederación de
Trabajadores de Venezuela (CTV, fundada en 1947).
400
La forma sindical en Latinoamérica
En Chile, como señalé, ya había habido una próxima relación entre el
movimiento sindical y la Asociación General de Profesores en la década
del 20. De cualquier manera, la AGP no se integró a la central sindical.
La Federación de Educadores de Chile tuvo un papel importante en la
organización de una central de asalariados de sectores medios (la Junta
Nacional de Empleados de Chile, JUNECH), que a su vez participó de la
creación de la Central Única de Trabajadores, en 1953. En esa década, la
participación de las principales organizaciones docentes en las centrales
sindicales no estaba aún planteada ni en Argentina ni en Brasil.
El peronismo promovió la creación de sindicatos de maestros, afiliados
a la Confederación General del Trabajo (CGT), al menos hasta 1950. Estos
intentos naufragaron en las propias divisiones del movimiento peronista
y en el contexto sociopolítico descripto. Con el derrocamiento del peronismo en 1955 esta situación no se reedita: mientras el peronismo tiene un
limitado peso en los sectores medios donde se reclutaban a los docentes, y
particularmente entre los cuadros docentes tradicionales, la central obrera
se identifica fuertemente con el peronismo. La CTERA se afiliaría a la CGT
recién en 1986.
En Brasil, fue con el nuevo sindicalismo, a fines de los ‘70, cuando aparecieron corrientes que promovían la afiliación a las centrales sindicales,
lo que a escala nacional lograron en 1987, cuando la Confederação dos
Professores do Brasil (CPB) se afilió a la Central Única dos Trabalhadores
(CUT). Hasta la década del ‘80, faltaba una ideología o movimiento político
de masas que aproximara a las asociaciones docentes del movimiento
sindical (como en Venezuela, México o Bolivia); al tiempo que una sociedad
más jerárquica, rural, con menor desarrollo de las clases medias y un
sindicalismo más débil, constituyó un ambiente menos favorable que el de
Chile para que la relación se estrechase.
Radicalización y sindicalización de la docencia
En las décadas del ‘50 y del ‘60, el cuerpo docente gana nuevos contornos.
El papel social y político de las mujeres comienza a redefinirse, de la mano
de su progresiva incorporación al mercado de trabajo. Esto contribuyó a
poner en jaque la idea de vocación como motivación para ejercer el magisterio, fortaleciendo la idea de que se trata, con sus particularidades, de
un segmento asalariado más. La tendencia secular a la concentración del
gremio se acelera; fundamentalmente, en los casos de expansión tardía
del sistema escolar y urbanización, igualmente tardía de la población
escolarizada (como es el caso de Brasil, México, Bolivia y probablemente
también Venezuela). Otro elemento clave es la radicalización de la juventud,
y particularmente de segmentos juveniles donde se reclutaban los docentes
Julián Gindin
401
(de clase media o al menos con niveles relativamente altos de escolaridad).
Probablemente, el magisterio sea el sector asalariado con vasos comunicantes más fuertes con el movimiento estudiantil.
Desde inicios del siglo XX, las mujeres constituían la mayoría de la
docencia primaria. Esta presencia disminuía en los niveles jerárquicos
(directores y supervisores), en la enseñanza media (que tenía una presencia
marginal en el conjunto de la docencia y sólo se expandió en la segunda
mitad del siglo) y en el medio rural. Interesa destacarlo porque las mujeres
tenían una presencia marginal en el mercado de trabajo urbano. A partir de
la década del ‘60, con naturales diferencias según el país, crece la participación de las mujeres en el mercado de trabajo urbano. Esto tiene profundas
consecuencias simbólicas y transformó el horizonte de acción reivindicativa
de una ocupación femenina como la docencia.
El magisterio primario se desarrollaba, en el siglo XIX, en escuelas
unidocentes, donde frecuentemente vivía el profesor. La concentración
del gremio en escuelas cada vez más numerosas fue un proceso lento y de
suma importancia para el desarrollo de la actividad sindical. El otro proceso
de concentración derivaba de la propia urbanización de la población. Las
escuelas son intensivas en trabajo, no en capital, y pretenden acompañar
la distribución de la población. Por eso es importante recordar que Bolivia,
México, Brasil y Venezuela fueron países donde la mayoría de la población
vivió en el medio rural hasta la segunda mitad del siglo XX.
En 1959, la revolución cubana tuvo un efecto movilizador sobre Latinoamérica. Los procesos de descolonización en África y Asia, la renovación
política y teórica de la izquierda y un conjunto de cambios culturales
hicieron de la década que se abría un período político extraordinariamente
rico. El movimiento estudiantil fue una gran cantera de cuadros para la
izquierda radicalizada de estos años. Este proceso atravesó desarrollos
políticos que pueden ser considerados análogos en distintas etapas de
maduración. Para poner un ejemplo simple: en 1959, el gobierno del MNR
llevaba jóvenes siete años, mientras en México hacía prácticamente dos
décadas que el proyecto de radicalización emprendido por Cárdenas había
comenzado a ser desandado.
A finales de la década del ‘50, el clima político era relativamente favorable a la acción del gremio en casi todos los países. Argentina salía de los
años más duros del golpe que terminó con el gobierno de Perón en 1955 y
en Venezuela terminaba la dictadura de Pérez Jiménez (1958). De manera
más o menos radicalizada, también habían sido superados los regímenes
autoritarios en Brasil (en 1945) y Bolivia (en 1952). El contexto político
volvería a cerrarse en Bolivia, Brasil y Argentina con los gobierno militares
que asumieron el poder en 1964 y 1966.
402
La forma sindical en Latinoamérica
La radicalización política que marcó la etapa contribuyó decisivamente
al triunfo de la Unidad Popular en Chile (1970), a la llegada (efímera) al
poder del general Juan José Torres en Bolivia (1970) y al regreso del peronismo en Argentina (1973). En los otros países, las consecuencias de este
período tuvieron menos impactos en el sistema político. En 1968, el gobierno
mexicano reprimió con dureza a los estudiantes en la conocida matanza
de Tlatelolco y el brasileño acabó con el desafío obrero que representaron
las huelgas de Contagem y Osasco, profundizando sus características
autoritarias. Poco después, dictaduras militares más violentas, en Bolivia
(1971), Chile (1973) y Argentina (1976) encauzarían represivamente la
situación política en esos países. Venezuela, en tanto, continuaba con el
régimen establecido en 1958 y aparecía como una “excepción” en una
América Latina convulsionada.
El escenario gremial docente en México, como señalamos, era monopolizado por el SNTE. Tampoco en Bolivia la unicidad sindical estaba colocada
en cuestión (en cada ámbito, las confederaciones y federaciones actuaban
como entidades únicas). Finalmente, en Venezuela, con el fin de la dictadura
(1958), se reorganizó la Federación Venezolana de Maestros (FVM), dirigida
por Acción Democrática (AD).
Si en estos países la organicidad sindical no parece cuestionada en esta
etapa, diferente es el caso de Chile, Brasil y, particularmente, de Argentina.
Con un gremio heterogéneo (con ramas, especialidades, niveles, etc.), y sin
mecanismos políticos y/o institucionales como los de Venezuela, Bolivia
y México, la fragmentación del gremio creció. En Chile, en 1936, se creó
la Unión de Profesores de Chile, inicialmente pensada como una entidad
unitaria. Pero nuevas organizaciones docentes fueron creadas y ocho años
después la Unión se participaba de la creación de la Federación de Educadores de Chile (FEDECH), donde sin mucha organicidad se nucleaban
ocho asociaciones del sector. Esto no impidió que también se constituyera
una organización por fuera de la Federación, que pretendió organizar a
los docentes secundarios, la Asociación de Profesores del Estado (1954).
Infelizmente, no hay un mapa claro de las organizaciones docentes que
actuaban en Brasil entre 1945 y 1964. De cualquier manera, pese a que la
Confederação de Professores Primários do Brasil (CPPB) sólo aceptaba una
organización por estado de docentes primarios empleados por los estados,
se crearon numerosas asociaciones docentes de otros niveles, de docentes
municipales, y también entidades paralelas a las afiliadas por la CPPB.
En Argentina, las diferencias políticas parecen haberse expresado en la
organización del magisterio argentino más que en Brasil y Chile, al mismo
tiempo en que -como en esos países- se crearon entidades según el nivel, la
especialidad y el tipo de empleador (provincias o estado nacional). El caso es
que para, 1973, 95 organizaciones docentes participaron de la creación de la
Julián Gindin
403
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
(CTERA). Y no fueron todas las que actuaban entonces; algunas importantes,
como la FEB bonaerense, no participaron de la creación de CTERA.
En este período, aparecen organizaciones (preexistentes o nuevas)
cuya capacidad de presión se basa en la adhesión y la capacidad de movilizar a su base de representación. Se trata de un fenómeno del que se
pueden encontrar antecedentes -como la AGP chilena, probablemente- y
del que las huelgas docentes de masas son la mejor expresión. Lejos de
las tradicionales “gestiones ante las autoridades”, las huelgas suponen
enfrentamiento al mismo tiempo con el empleador y con el poder político,
a veces en contextos tan difíciles como el mexicano. No es casual que estas
huelgas se desarrollen en distritos donde el gremio está concentrado. La
importancia del “Pleno de Representantes de Escuelas” en la huelga del
Distrito Federal mexicano y la aparición de delegados por escuela en la de
la provincia de Buenos Aires apuntalan este argumento.12
En la década del ‘60, aparece la idea, dentro del gremio, de que los docentes son “trabajadores de la educación”.13 Esto expresaba la aproximación,
fundamentalmente de los cuadros emergentes, al movimiento sindical y
particularmente su identificación con las ideologías clasistas y, en Argentina, también con el peronismo de izquierda. La idea de “trabajadores de la
educación” tuvo entre sus desdoblamientos la incorporación del personal sin
formación docente del sistema educativo en el segmento urbano de Bolivia,
en algunas provincias argentinas, y de manera generalizada en Brasil.
La estrecha relación entre las organizaciones docentes bolivianas y el
gobierno del MNR sufrió un duro revés cuando en 1958, a seis años de la
revolución, la federación de docentes urbanos de La Paz fue a la huelga
contra el gobierno de Hernán Siles Suazo (1956-1960). De este modo, los
docentes acompañaban parcialmente un movimiento del conjunto de la
12 Ambas huelgas se desarrollaron en 1958. Sobre la huelga del Distrito Federal
mexicano ver Loyo (1979). Sobre el caso bonaerense me encuentro trabajando
en el marco de mi tesis doctoral, con informaciones del archivo de la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires y la tesis de Daniel Cormick
(2005). El argumento es consistente con el estudio sobre el caso cordobés, en
este período, llevado adelante por Gonzalo Gutiérrez en su tesis de maestría
(aún no defendida).
13 En Bolivia, la federación de maestros urbanos se reconstituye a fines de los
‘60 como Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana (CTEUB).
También en este período aparece la identidad como “trabajadores de la
educación” en Argentina (donde en 1973 se crea la CTERA) y Chile (donde
en 1970 se crea el SUTE). A partir de 1974, los Congresos de la FVM pasan
a llamarse “Congreso de los Trabajadores de la Enseñanza”. En Brasil es un
poco posterior, a fines de los ‘70.
404
La forma sindical en Latinoamérica
COB, frente a una gestión que representaba la ‘derecha’ del MNR. Si bien
no contamos con información sobre la dinámica gremial en los restantes
años del período, luego del golpe de 1964 los docentes bolivianos vuelven
a ir a la huelga en 1968.
Con una articulación mucho más sólida entre los sindicatos y el gobierno
que en Bolivia, la huelga de finales de la década del ‘50, en el Distrito
Federal mexicano, promovida por maestros disidentes, acabó con sus principales dirigentes presos. La conducción nacional del SNTE y el gobierno
pudieron procesar el conflicto y reinstalar el status quo anterior al conflicto
(Loyo, 1979).
Las primeras huelgas estaduales (provinciales) promovidas por las
entidades de base de la CPPB se realizaron en Minas Gerais (1959) y poco
después en São Paulo (1963). Estos movimientos fueron menos radicalizados que en los otros países y la incipiente experiencia gremial fue abortada
por la dictadura militar de 1964.
En Argentina, en 1957 y 1958 los docentes se lanzan a grandes huelgas
en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santa
Fe, para realizar en 1960 el primer paro nacional docente. En este país,
la realización de un paro nacional expresa mayor madurez gremial que
en otros países, porque los gobiernos sub-nacionales eran importantes
empleadores del magisterio. A partir de 1969, se realizarían nuevamente
grandes huelgas docentes en algunas provincias (en Mendoza, Santa Fe,
etc.) y una serie de paralizaciones nacionales.
En Chile y Venezuela, este fenómeno aparece en 1968 y 1969, pero tiene
el mismo carácter. En 1968, los docentes chilenos fueron a una huelga
nacional que tuvo un gran saldo organizativo: los militantes docentes de
la Democracia Cristiana dejaron de alentar la formación de Colegio de
Profesores y se sumaron a la FEDECH para constituir el Sindicato Único
de Trabajadores de la Educación (SUTE), en 1970. La FVM en Venezuela,
que actuaba como la federación única, identificada con el régimen, se había
mantenido pasiva en términos laborales por una década. Un grupo liderado
por el viejo dirigente docente Luis Beltrán Prieto Figueroa se separa en
1967 de Acción Democrática y forma el Movimiento Electoral del Pueblo
(1967),14 un movimiento político ubicado a la izquierda de los partidos del
régimen (AD y COPEI). En 1969, llevando a Isaac Olivera como candidato,
el MEP gana las elecciones de la FVM. Ese mismo año, se realiza la primera
huelga nacional del magisterio venezolano, que termina con la firma de la
primera acta convenio.
No es un dato menor que fuera en este período cuando se promulgaron
instrumentos legales que regulan con bastante precisión el trabajo docente
14 Sobre Prieto Figueroa, ver Rodríguez (2007).
Julián Gindin
405
en Argentina y Brasil. En Argentina, son básicamente de finales de la década
del ‘50, en tanto en Brasil fueron estimulados por la sanción de la Lei Orgânica do Ensino Primário, en 1946. Estos estatutos no dieron funciones a las
entidades sindicales, si bien fueron demandados por ellas. Considero que
este puede ser un elemento que contribuye a entender la tradición sindical
más liberal del magisterio en estos países. No conozco qué instrumentos
regulaban el trabajo docente en Chile ni en Venezuela,15 pero el contraste
con Bolivia y México es claro.
Las dictaduras militares de Argentina y Chile golpearon fuertemente a
los activistas docentes políticamente radicalizados. En Chile. se disolvió el
Consejo Nacional de Educación -que el magisterio integraba desde 1953- y
se canceló la personería jurídica al Sindicato Único de Trabajadores de la
Educación (SUTE); en Argentina, se intervinieron algunos sindicatos de
base que contaban con personería gremial y la CTERA fue desarticulada.
En ambos países se despidieron y asesinaron docentes. Como en casi todas
las áreas, la dictadura chilena fue más instituyente que la argentina e
impulsó la creación del Colegio de Profesores en 1975. La afiliación al Colegio
inicialmente era obligatoria y sus dirigentes, elegidos por el propio gobierno,
pero años después, los Colegios Profesionales fueron transformados en
Asociaciones Gremiales, decretándose la innecesaridad de la afiliación para
ejercer la profesión y acabando con el monopolio de la representación. Esto
posibilitaría la creación de entidades paralelas en los ‘80.
Los docentes y la reconversión neoliberal del capitalismo
A partir de finales de los ‘70, comenzaron las luchas sociales demandando el restablecimiento de regímenes democráticos en Bolivia, Argentina
y Brasil. Esto fue logrado en 1982, 1983 y 1985 respectivamente. Más
tarde se agregaría Chile (1990), y México se convertiría en un país con un
régimen electoral realmente competitivo. Desde entonces, no ha habido
golpes militares exitosos en estos países y los derechos civiles y políticos
han sido, en líneas generales, respetados. En términos económicos, fue
una década signada por la inflación y el bajo crecimiento económico, lo que
disciplinó a los gobiernos más heterodoxos y abrió el camino de las reformas
neoliberales que caracterizarían la década del ‘90. En Argentina, ya en la
década del ‘70 la dictadura aplicó algunas de estas políticas, y en Bolivia
comenzaron en 1985, pero fue en Chile, en la década del ’70, donde lograron
reestructurar completamente la sociedad y su andamiaje institucional.
15Sobre Venezuela, ver nota al pie 12. De acuerdo a lo argumentado aquí, la
hipótesis es que esta gravitación de las federaciones sobre la carrera docente
sería anterior.
406
La forma sindical en Latinoamérica
La lucha contra las dictaduras militares y por la recomposición salarial
movilizó al magisterio, politizó las demandas gremiales y permitió que se
pusieran en el centro de la escena (Brasil, México) o re-emergieran luego
de la fuerte represión militar (Chile, Argentina, probablemente Bolivia)
corrientes radicalizadas de docentes. En este fértil terreno, reaparece
la utilización de las huelgas y las movilizaciones como forma de presión
laboral. Naturalmente, hay importantes particularidades nacionales. Este
no es el caso de muchos estados mexicanos, donde el sistema corporativista
continuó garantizando paz laboral.
En Brasil, las huelgas docentes comienzan, como las del conjunto de
huelgas obreras que caracteriza el período, en 1978. Los líderes emergentes,
vinculados a la izquierda no comunista, promovieron la UNATE, pero luego
se integraron a la tradicional Confederação de Professores do Brasil (CPB),
cuando ésta dio muestras de flexibilidad y abandonó sus posiciones más
conservadoras. En algunos estados, fueron creadas nuevas entidades, se
promovieron fusiones y la actividad gremial literalmente explotó.
Las huelgas docentes en México permitieron, por primera vez, el
surgimiento de una oposición radicalizada, con continuidad y abiertamente enfrentada a la dirección del SNTE: la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE). Inicialmente, con peso en los
estados del sudeste (Oaxaca, Chiapas), sobre fines de la década del ‘80,
la CNTE ganó presencia en el Distrito Federal y Michoacán. Pese a las
grandes modificaciones vividas por el sindicalismo docente en México,
en las últimas tres décadas (desvinculación del PRI, “modernización” y
apertura ideológica, presencia de la CNTE, etc.) su relación con el estado
ha cambiado relativamente poco, inclusive en los segmentos dirigidos por
la CNTE (cfr., Cortez, 2006).
En 1981, se creó la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH),
depositaria de las tradiciones sindicalistas de la docencia, donde participaban fundamentalmente militantes y simpatizantes de izquierda. Años
después, cuando las elecciones del Colegio fueron ganadas por opositores
a la dictadura, la AGECH se disolvió y se integró al Colegio. En Argentina,
son años de reorganización gremial. Se continúa la creación de sindicatos
únicos por jurisdicción, política que había aparecido en los ‘70, pero que
encontraría algunos límites e inclusive retrocesos luego de 1988.
Si en Argentina, Brasil y Chile la tendencia a la unidad gremial tiene en
el largo plazo más peso, en Venezuela el escenario es de una fragmentación
del campo gremial, hasta entonces ocupado por la Federación Venezolana
de Maestros. Se creó FETRAMAGISTERIO, la Federación Nacional de
Trabajadores de la Educación de Venezuela (FENATEV, en 1982) y, para
1984, siete federaciones sindicales y la principal central sindical fueron
signatarias del 1er. Contrato Colectivo de trabajo del sector. Este proceso
Julián Gindin
407
es paralelo a la realización de la tercera y la cuarta Huelga Nacional de
los Educadores (en 1980 y en 1983, respectivamente). Murillo (2001), en
su trabajo sobre la aplicación de las reformas de mercado a partir de 1989,
apunta la existencia de incentivos para que no se unifiquen estas entidades
(prerrogativas otorgadas por el estado a cada entidad), la competencia entre
organizaciones y la poca disciplina partidaria.
Hubo importantes avances legales en el reconocimiento de los derechos
sindicales básicos (organización, huelga y negociación colectiva) de los
docentes del sector público. En Brasil, la constitución de 1988 permitió la
organización en sindicatos y la huelga en el sector público. Sin embargo,
desde entonces el derecho a huelga no fue regulado (lo que obliga a la
justicia a expedirse acerca de la legalidad de cada medida de fuerza) y, en
términos generales, no hubo grandes avances en términos de negociación
colectiva. En 1980, la Ley Orgánica de Educación venezolana hizo a los
docentes venezolanos sujetos de los derechos establecidos en la Ley del
Trabajo; desde entonces son entidades reconocidamente sindicales y
pueden negociar colectivamente.16 En Argentina, donde la organización
en sindicatos y la huelga estaban permitidos, CTERA demandó y progresivamente logró la sanción de leyes que establecen mecanismos de
negociación colectiva de las condiciones de trabajo. Esto se generalizaría
recién a partir del 2003. A diferencia de Venezuela, esto se hace por medio
de leyes particulares y no por la extensión a la docencia de la ley de negociaciones colectivas que rige en el sector privado. En ambos casos, continúan
vigentes los estatutos o reglamentos docentes, por lo que coexisten dos
mecanismos diferentes de regulación de las condiciones laborales. En Chile
y México ha habido, ya a partir de la década del ‘90, avances legales más
moderados. Estos se han orientado a reconocer al Colegio de Profesores
de Chile como agente colectivo (aunque legalmente continúa sin ser un
sindicato) y a abrir relativamente el espacio para que sean creadas nuevas
organizaciones docentes en lo que era la base del SNTE mexicano. En
ambos casos, el contexto político ha sido determinante, con veinte años del
gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia en Chile y los
duros enfrentamientos entre los líderes del SNTE y el PRI, luego de que
éste último perdiera las elecciones presidenciales del año 2000.
El establecimiento de negociaciones colectivas tiene un carácter diferente que en el sector privado. En cierto sentido formaliza una situación
muchas veces de hecho, sobre todo a partir de la consolidación de las
organizaciones docente. Si contribuye a la judicialización 

folleto 11ª SEMANA SINDICAL DEL MEDIO AMBIENTE - UGT

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