Cambio y estabilidad política en las monarquías del Golfo

Revista CIDOB d’Afers Internacionals
n.109, p. 177-199
ISSN:1133-6595
E-ISSN:2013-035X
Fecha de recepción: 15.09.14
Fecha de aceptación: 23.01.15
www.cidob.org
Cambio y estabilidad política
en las monarquías del Golfo
tras la Primavera Árabe
Change and political stability in the
Gulf monarchies after the Arab Spring
Luciano Zaccara
Profesor y Coordinador de investigación en Política del Golfo, Gulf Studies Center,
Qatar University. [email protected]
Marta Saldaña
Investigadora visitante, Gulf Studies Center, Qatar University. [email protected]
Resumen: Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), ayudados por
su carácter rentista, han sobrevivido como
regímenes autoritarios hasta la actualidad.
No obstante, el anhelo de liberalización política de importantes sectores de la sociedad
se evidenció durante la Primavera Árabe.
Este artículo muestra cómo estas demandas
han sido respondidas por las autoridades con
una combinación de medidas redistributivas,
cooptativas y represivas, además de una limitada reforma política. Si bien se celebraron
elecciones en los seis estados entre 2011 y
2012 como respuesta parcial a las demandas
de la ciudadanía, no se ha otorgado mayor
poder legislativo a las cámaras representativas. Por el contrario, las medidas redistributivas y la represión parecen garantizar hasta el
momento la estabilidad de los sistemas políticos existentes y la continuidad de las familias
gobernantes del Golfo en el poder.
Abstract: The states of the Gulf Cooperation Council (GCC), aided by their rentier
nature, have survived as authoritarian regimes until now. Nevertheless, the desire
of significant sectors of society for political
liberalisation was made evident in the Arab
Spring. This article shows how the authorities have responded to these demands with
a combination of redistributive, cooptive
and repressive measures, alongside limited
political reform. While elections were held
in the six states in 2011 and 2012 as a
partial response to citizens’ demands,
greater legislative power has not been
granted to the representative chambers. In
contrast, the redistributive measures and
repression seem, until now, to guarantee
the stability of the existing political systems
and the continuity of the governing families
of the Gulf.
Palabras clave: autoritarismo, Primavera
Árabe, Consejo de Cooperación del Golfo,
rentismo
Key words: authoritarianism, Arab Spring,
Gulf Cooperation Council, rentier states
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Cambio y estabilidad política en las monarquías del Golfo tras la Primavera Árabe
Autoritarismo y liberalización política en el Golfo
Las relaciones Estado-sociedad en los países del Consejo de Cooperación
del Golfo (CCG)1 han sido fundamentalmente explicadas a través de la teoría
del Estado rentista, al asumir que en los estados que reciben la mayoría de sus
ingresos de rentas externas, los ciudadanos no desarrollan aspiraciones de participación política debido a la distribución de la riqueza generada entre la ciudadanía y a la ausencia de tributación impositiva. Más aún, se argumenta que
la estabilidad del régimen autoritario está garantizada mientras no haya impuestos o crisis fiscal. En este sentido, la relación gobernante-gobernado está
basada en un contrato social negociable, sostenido por los ingresos derivados
de la explotación de los hidrocarburos por el Estado (Mahdavi, 1970; Beblawi
y Luciani, 1987). Sin embargo, más recientemente, se ha sugerido que para el
estudio de las dinámicas sociopolíticas en los estados rentistas se deben tener
en cuenta otros factores (Hertog, 2010; Gray, 2011). De hecho, las diferentes
experiencias políticas de estados rentistas alrededor del mundo demuestran la
invalidez de la ecuación que vincula exclusivamente las rentas del petróleo con
el autoritarismo, así como también lo hacen las diferentes historias políticas
de los seis estados del CCG. Además, la relación causal lineal entre el rentismo
y el autoritarismo en los estados del Golfo también sería discutible, ya que las
demandas de representatividad política han existido desde épocas anteriores al
período colonial británico, al descubrimiento del petróleo y a la consecuente
consolidación de las estructuras rentistas. Sin embargo, la mayor acumulación
de los recursos de poder en manos de las élites gobernantes ha contribuido
al reforzamiento del carácter autoritario de los regímenes del CCG, que han
acallado históricamente cualquier demanda de cambio político mediante una
combinación de mecanismos distributivos, cooptativos y represivos.
Así las cosas, los estados del Golfo han sido reticentes a introducir prácticas
democráticas y han sobrevivido como regímenes autoritarios hasta la actualidad.
Con las excepciones de Kuwait y Bahréin, los procesos electorales fueron extraños para los habitantes de la región hasta el siglo xxi. Sin embargo, durante la
última década se han celebrado elecciones al menos una vez en cada uno de los
seis estados, lo que indicaba una tendencia de los regímenes a introducir gradualmente mecanismos de consulta popular. En este sentido, los teóricos de la
democratización han cuestionado el paradigma de la transitología y han centra-
1. El CCG es una organización gubernamental internacional, con sede en Riad, creada en 1981 y
formada por Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, Qatar, Omán y Emiratos Árabes Unidos.
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do sus estudios en el carácter autoritario de los estados y los procesos de cambio
político con final abierto (Carothers, 2002: 7; Whitehead, 2002: 27). Diversos
académicos han teorizado acerca de las «autocracias liberalizadas» (Brumberg,
2002: 56-68), el «autoritarismo electoral» (Schedler, 2006: 6), el «autoritarismo
competitivo» (Levitsky y Way, 2002: 52-54) y el carácter «híbrido» (Diamond,
2002: 31; Szmolka, 2010: 15) o «actualizado» (Heydemann, 2007: 1) de los
regímenes autoritarios, observándose que las elecciones no conducen necesariamente a la democracia aunque no por ello dejan de reflejar dinámicas sociales
y políticas dentro del contexto autoritario. Por ello, y de acuerdo con Schedler
(2006: 12), el análisis de procesos electorales es pertinente para «medir el valor
que las autoridades otorgan a las opiniones y deseos de sus súbditos y evaluar
su compromiso de implementar mecanismos transparentes para recolectar esas
opiniones» (Zaccara, 2013: 83).
Los estados del Golfo han sido Siendo todos los estados del Golfo estageneralmente excluidos de estos es- dos rentistas, existen circunstancias espetudios comparativos o no han sido cíficas que han contribuido enormemente
analizados en profundidad; así, para al establecimiento de diferentes sistemas
investigar sobre ellos hay que referirse de Gobierno.
a artículos más específicos de especialistas en el Golfo que escribieron sobre participación y liberalización política
en las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado (Peterson y Khadduri,
1988; Crystal, 1990), aunque no fue hasta la década anterior a la Primavera Árabe cuando se escribió más prolíficamente sobre ello (Crystal, 2005; Herb, 2005;
Peterson, 2006; Khalaf y Luciani, 2006; Ehteshami y Wright, 2008; Nonneman,
2008; Tétreault et al., 2011). Si bien los seis estados del CCG son considerados
regímenes autoritarios y tienen un pasado histórico común y similar desarrollo
socioeconómico (estructura social tribal, con economía rentista y sistema de Gobierno monárquico), el activismo político ha existido en diferentes formas y con
diferente intensidad en cada uno de ellos. Además, siendo todos estados rentistas,
existen circunstancias específicas que han contribuido enormemente al establecimiento de diferentes sistemas de Gobierno, con niveles variables de participación
política, más allá de su carácter monárquico y hereditario común.
En este sentido, y a pesar de los numerosos análisis que presentan a los estados
del Golfo como una unidad de estudio uniforme, existen diferencias radicales entre
las realidades socioeconómicas y las trayectorias políticas de cada país (Saldaña,
2014). Los ingresos procedentes de la producción y exportación de petróleo y gas
hacen que los indicadores socioeconómicos de las monarquías del Golfo sean muy
diferentes a los de sus vecinos árabes, a pesar de las similitudes en las características
de sus sistemas políticos. El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de los
países del CGG oscila entre los 25.014 dólares en Omán y los 96.635 dólares per
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cápita2 en Qatar. El rápido incremento de las rentas del Estado en las décadas de
los sesenta y setenta favoreció la transformación de las estructuras económicas y
sociopolíticas hacia lo que se ha denominado «neopatriarcados» (Sharabi, 1988;
Ayubi, 1995) o sistemas autoritarios «neotradicionales» (Nonneman, 2008), que
combinan elementos tradicionales tribales y económicos propios con el capitalismo
internacional. Los líderes de esos procesos de transformación adquirieron cierta
independencia a través de la legitimación política otorgada por las potencias coloniales –el Reino Unido y luego Estados Unidos– y económica gracias al descubrimiento del petróleo. Pero esto no cambió las estructuras políticas autoritarias y
las relaciones clientelares preexistentes sino que, por el contrario, contribuyó a la
perpetuación y el fortalecimiento del autoritarismo.
La sucesión de reformas económicas durante las últimas dos décadas, en su
afán por integrarse en el sistema económico mundial, tan solo se ha visto acompañada de algunas reformas políticas poco significativas, lo que ha llevado a una
intensificación de la corrupción y un aumento del descontento popular; aunque
los índices elaborados por Transparencia Internacional no posicionen a los seis
países del CCG en una situación relativa tan negativa: Emiratos Árabes Unidos
solo ocupa el lugar 26, Qatar el 28, Bahréin el 59, Omán el 61, Arabia Saudí
el 61 y Kuwait el 693. En contraste, la situación de libertad de prensa sí es un
reflejo de dicha realidad, pues la censura y la autocensura son prácticas comunes.
Según el ranking elaborado por Reporteros sin Fronteras, Kuwait es el mejor posicionado de los seis estados, pero en el puesto 91, seguido de Qatar en el 113,
Emiratos Árabes Unidos en el 118, Omán en el 134, Bahréin en el 163 y Arabia
Saudí en el 164; todos ellos se encuentran entre los peores valorados de la lista4.
A ello hay que sumarle el reto al que se enfrentan algunos de ellos, que ven cómo
sus reservas de petróleo llegan a su fin (Bahréin y Omán), y la elevada inflación
a la que todas sus poblaciones se vienen enfrentando durante los últimos años5.
2. En precios corrientes, estimación para 2014 del Fondo Monetario Internacional.
3. Transparencia Internacional. «Corruption Perception Index 2013» (en línea) http://cpi.transparency.
org/cpi2013/results/
4. Reporteros sin Fronteras. «Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa» (12 de febrero de 2014)
(en línea) http://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/
5. La inflación llegó a superar el 5% en Omán en 2011, aunque desde 2013 se mantiene por debajo del
3% anual. En Arabia Saudí se llegó al 5,5% durante todo 2011 y 2012. El mismo techo del 5,5%
se mantuvo en Kuwait durante 2011, para situarse en un constante 3% desde 2012. Bahréin llegó
al 5% a mediados de 2012. Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que no ostentaban cifras superiores
al 2% anual durante los primeros años de la Primavera Árabe, vienen experimentado incrementos
graduales y sostenidos que sitúan la inflación en el 3% en el caso emiratí y el 4% en el qatarí (véase
http://www.tradingeconomics.com/).
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Finalmente, se trata de sociedades muy jóvenes (más de la mitad de la población
del Golfo es menor de 30 años de edad), con elevadas tasas de alfabetización (alrededor del 90%, con un número cada vez mayor de licenciados universitarios,
siendo la mayoría mujeres), pero con tasas de desempleo en aumento (que superan el 25% en Arabia Saudí6 y el 15% en Bahrein7 y Omán8), que forman parte
del nuevo mundo globalizado y no han sido inmunes al efecto de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Estos factores han influido en
la evolución de la cultura política de los ciudadanos del Golfo (al igual que en el
resto de la región), como demostraron las peticiones durante la Primavera Árabe
por parte de importantes sectores de la sociedad de una mayor participación
política y de un poder legislativo independiente del Ejecutivo.
Antecedentes electorales en el Golfo
Como se mencionó en el apartado anterior, desde su creación y hasta la Primavera Árabe, las experiencias electorales en los estados del CCG se han concentrado principalmente en Kuwait y Bahréin, seguidas a bastante distancia por
Omán. Los tres estados establecieron órganos colegiados electivos con limitadas
atribuciones legislativas, y en el caso de Kuwait con relativamente amplias atribuciones institucionales. Qatar y Arabia Saudí9 iniciaron una tímida apertura
electoral con elecciones municipales, en el segundo caso únicamente abierto a
candidatos y votantes masculinos. Emiratos Árabes Unidos fue el último de los
estados del CCG en implementar elecciones limitadas y parciales para elegir a la
mitad de los miembros del Consejo Federal Nacional (CFN).
Kuwait ya había sido un precursor en relación con la participación política
en la formación de un Consejo Consultivo para asesorar y apoyar al emir en
6. La tasa oficial de desempleo según del Departamento Central de Estadística de Arabia Saudí en 2014
fue del 11,8% (http://www.cdsi.gov.sa/english/), aunque otras fuentes aclaran que el porcentaje solo
se aplica a la población masculina en edad laboral, alegando que la tasa real sería de más del 25%
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2129.html).
7. Aunque la tasa oficial de desempleo en Bahréin no ha llegado al 5% en los últimos años (http://bna.
bh/portal/en/news/545888) otras fuentes la sitúan en el 16% (http://www.arabianbusiness.com/
bahrain-jobless-rate-increases-16-in-q2-513214.html).
8. Para el caso de Omán, véase http://www.tradingeconomics.com/oman/unemployment-rate.
9. En los años cincuenta algunas ciudades saudíes ya habían celebrado elecciones municipales, como
Holuf, en 1954, seguida luego por otras ciudades como Riad, Qatif y al-Khobar (véase Vitalis, 2007:
216-218).
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1938. Aunque esta experiencia resultó muy limitada en cuanto a los electores
y la duración del Consejo –apenas seis meses–, ha sido considerado como
el primer movimiento parlamentarista del mundo árabe. Kuwait ha llevado
a cabo elecciones municipales y legislativas desde la creación del Estado en
1961. La Asamblea Nacional, que tiene amplias funciones legislativas y de
control sobre el gabinete ministerial y el primer ministro –y, de acuerdo con
la Constitución, también sobre la designación del emir– fue votada por los
ciudadanos en 18 ocasiones. No obstante, las atribuciones parlamentarias
no son comparables a las de una monarquía constitucional europea, ni su
composición determina la formación del Gobierno ni la designación del primer ministro, que sigue siendo un privilegio exclusivo del jefe del Estado.
El desacuerdo entre los miembros electos del Parlamento y el Gobierno ha
sido habitual en la política kuwaití, lo que ha llevado a la suspensión de la
Asamblea en diversas ocasiones y, en definitiva, al estancamiento de la vida
parlamentaria del país10. Aunque los partidos políticos no están permitidos,
los grupos políticos están admitidos y actúan como partidos de facto. Las
tribus, que representan un grupo de referencia básico de la sociedad kuwaití,
también cumplen un rol primordial en los procesos electorales, más allá de
que oficialmente el Gobierno prohíba las componendas tribales para favorecer a determinados candidatos. En este sentido, el rediseño de los distritos
electorales, reducidos de 25 a 5 en la reforma de la ley de 2006, ha obedecido
a una estrategia del Gobierno para reducir las opciones de los candidatos
tribales. Sin embargo, esto no ha impedido que los distritos cuatro y cinco
hayan sido prácticamente siempre ocupados por miembros de las tribus previamente seleccionados en acuerdos familiares.
El segundo país del CCG en cuanto a experiencia electoral es Bahréin, que
tuvo sus primeras elecciones legislativas tras su independencia en 197311. Tras
un muy breve período desde la aprobación de la Constitución, el Parlamento
elegido en 1973 fue suspendido, y no fue hasta 1999 –cuando Sheij Hamad
10.La Asamblea Nacional fue disuelta por el emir en 1976, 1981, 1999, 2006, 2008, 2009, 2012 y
2013.
11.Sin embargo, el antecedente de la elección de la mitad de los 20 miembros del Consejo municipal de
Manama a partir de 1924, con la participación de electorado femenino, llevaría a ubicar a Bahréin
como el precursor tanto de los procesos electorales en el Golfo como de la inclusión de la mujer en
los procesos políticos. Véanse:
http://www.shura.bh/EN/INFORMATIONCENTER/Pages/ShuraHistory.aspx; http://websrv.municipality.gov.bh/mun/pages/History_en.jsp; y http://www.aawsat.net/2005/10/article55269653
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bin Isa al Jalifa se hizo cargo del poder tras la muerte de su padre– que las
elecciones fueron implementadas nuevamente. Sin embargo, la nueva Constitución promulgada aseguró que el poder ejecutivo quedaría en sus manos,
dejando a la Cámara electiva poco espacio para legislar (Saldaña y Hamad,
2011). Sumado esto al establecimiento de una segunda Cámara designada
por el rey –Majlis al Shura– con la función de aprobar las leyes emanadas
de la Cámara electiva –Majlis al-Nuwab–, las atribuciones del Parlamento
quedaron prácticamente diluidas en la nueva estructura, y las elecciones perdieron la significancia inicial. El gerrymandering (o manipulación de circunscripciones electorales) ha sido una práctica habitual desde 2006 para reducir
el peso del voto chií en su apoyo al partido Al Wefaq y evitar que este lograra
la mayoría parlamentaria. La eliminación de la región electoral Central, absorbida por las cuatro restantes en las últimas elecciones de 2014, ha sido un
ejemplo más de esta estrategia de rediseño electoral para predeterminar los
resultados de las urnas, lo que ha obtenido como respuesta el boicot de
los principales partidos de la oposición, Al Wefaq y Al Wa’ad, principales
afectados por la medida. Del mismo modo, se han eliminado directamente
los consejos municipales de las regiones Capital y Central para evitar una
posible victoria de la oposición.
En décadas posteriores, y debido principalmente a tímidas peticiones internas y presiones externas vinculadas a eventos regionales e internacionales,
como la crisis del Golfo en 1991, el 11-S en 2001 o la invasión de Irak en
2003, el resto de los gobernantes del CCG empezaron a experimentar con
las elecciones y la expansión de los consejos consultivos y legislativos, aunque
su naturaleza y alcance variara entre uno y otro: directa/indirecta; elecciones
legislativas/municipales; consejos con/sin atribuciones legislativas. Así, el sultán Qabus bin Said instauró en Omán un Consejo Consultivo en 1991, con
un rol meramente consultivo y muy limitadas atribuciones legislativas. La ley
básica de 1996 garantizó el poder absoluto del sultán, y el sufragio universal
no fue introducido hasta 2002. En Qatar, tras el golpe de palacio dado por
Sheij Hamadbin Jalifa Al Thani contra su padre en 1995, se promulgó una
Constitución que describía al país como un Estado democrático. Las elecciones municipales tuvieron lugar por primera vez en 1999 para elegir un
Consejo municipal de 29 miembros por voto directo y universal de ciudadanos mayores de 25 años. Las elecciones a este Consejo se han llevado a cabo
regularmente cada cuatro años desde entonces. Las elecciones legislativas, en
cambio, no se han celebrado a pesar de haberse anunciado en varias ocasiones
y de estar incluidas en la Constitución de 2003. La última fecha anunciada
como la de las primeras elecciones legislativas por parte del nuevo emir Sheij
Tamim bin Hamad es 2016.
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Arabia Saudí, por su parte, también inició una tímida apertura a través de
la elección de la mitad de los miembros de sus consejos municipales en 2005,
con electorado y candidatos exclusivamente masculinos. Aún sin que haya fecha de una posible elección legislativa, el rey Abdallah bin Abdelaziz bin Saud
decidió incorporar a 30 mujeres en el Consejo Consultivo de 150 miembros,
existente desde 1992. Las 30 mujeres designadas por el rey, al igual que los
miembros restantes, comenzaron a participar en las sesiones del Consejo en
2013. Y Emiratos Árabes Unidos ha sido el último Estado del CCG en implementar elecciones. En 2006 se decidió que el Consejo Federal Nacional
(CFN) tendría la mitad de sus 40 miembros electos por parte de un electorado limitado a casi 7.000 ciudadanos, incluyendo mujeres. Las atribuciones
del CFN son a su vez muy reducidas en términos legislativos y de control de
las acciones de gobierno.
Tabla 1. Datos básicos comparados del CCG
Arabia
Qatar Saudí
Emiratos
Árabes
Unidos
Kuwait
Bahréin
Omán
Creación del Estado
1961
1971
1951
1971
1932
1971
Descubrimiento
de petróleo
1938
1932
1964
1949?
1938
1958
Constitución
Sí
1962
Sí
1973
Sí
1996
Sí
2003
No
Sí
1996
Partidos políticos
No, pero
asociaciones
No, pero
asociaciones
No
No
No
No
Elecciones municipales
Sí
1930, 1964
Sí
1924, 2002
Sí
2012
Sí
1999
Sí
2005
No
Elecciones legislativas
Sí
1938 y 1963
Sí
1973
Sí
1991
No
No
Sí
2006
No
No
No
No
No
No
Elecciones presidenciales
Fuente: Elaboración propia.
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Luciano Zaccara y Marta Saldaña
La Primavera Árabe en el Golfo
La denominada Primavera Árabe, que empezó en Túnez en 2010 y se extendió al
resto del mundo árabe, alentó a los grupos prorreforma y de oposición del Golfo a
exigir el reconocimiento de mayores derechos y participación política. Al igual que
en los demás países árabes, nadie previó que el efecto dominó que hizo caer a Ben
Ali y Mubarak podría afectar también a las aparentemente estables monarquías del
Golfo. Sin embargo, al comenzar las protestas en Bahréin y Omán entre febrero y
marzo de 2011, la preocupación cundió entre las seis casas reales. La caída de Mubarak se siguió en directo a través de Al Jazeera, la cadena qatarí que transmitía 24
horas diarias desde la plaza Tahrir de El Cairo. Muchos ciudadanos del Golfo que
vieron con simpatía la caída de estos regímenes también vieron la oportunidad de
presionar para conseguir cambios en sus propios sistemas de gobierno. La multitudinaria respuesta a la convocatoria en Bahréin y las declaraciones de condena de gobiernos occidentales con respecto a la represión violenta de manifestantes pacíficos
en ese país pusieron finalmente en alerta a los líderes del Golfo (Saldaña, 2011).
Los primeros incidentes tuvieron lugar en Bahréin, el 14 de febrero de 2011. Las
manifestaciones de protesta contra el Gobierno de Al Jalifa se repitieron diariamente durante varias semanas en las calles de Manama, y en ellas no solo participaban
manifestantes de la mayoría chií12 sino también de la minoría suní, que compartía
las mismas necesidades de participación política y de libertad de expresión. Más allá
de la visión generalizada, producto de la posición gubernamental y unos medios de
prensa que han simplificado explicativamente el conflicto, no se trataba en principio de un enfrentamiento sectario suní-chií, sino de un movimiento que reclamaba
las promesas incumplidas de liberalización política hechas por el rey Hamad al asumir el poder en 1999. Si bien el Gobierno respondió inicialmente con la liberación
de presos políticos y la amnistía a algunos miembros de la oposición en el exilio,
las escasas reformas en su gabinete, la represión creciente y la criminalización de las
protestas en el discurso oficial alentó la desconfianza de la oposición, que extendió
las protestas a todo el país. El Gobierno decretó el estado de emergencia durante
tres meses, invocando el acuerdo «Escudo de la Península» entre los miembros del
CCG para pedir ayuda militar y policial a los socios regionales. Arabia Saudí y
Emiratos Árabes Unidos enviaron alrededor de 1.500 efectivos para garantizar la se-
12.No hay estadísticas exactas sobre la proporción de población chií en Bahréin; las proporciones varían
entre el 60% y el 75% dependiendo de las fuentes. Para una mejor comprensión de la discusión y
sus implicaciones políticas y electorales véase http://bahrainipolitics.blogspot.com/2011/04/factson-ground-reliable-estimate-of.html
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Cambio y estabilidad política en las monarquías del Golfo tras la Primavera Árabe
guridad nacional, algo que fue interpretado por la oposición (tanto chií como suní)
como una invasión del país encaminada a aniquilar a los disidentes y a perpetuar el
statu quo. La intervención saudí garantizó la estabilidad del régimen de Al Jalifa, y
para muchos analistas y miembros de las casas reales, evitó que Bahréin cayera bajo
influencia iraní. Podría decirse que, como en 1979, la perspectiva de una revolución
chií en la orilla sur del Golfo fue un factor fundamental en la decisión de intervenir
en Bahréin, y quizás también lo que hizo que Europa y Estados Unidos hicieran la
vista gorda a la represión y las políticas punitivas contra la comunidad chií implementadas por el Gobierno desde 2011 (Saldaña y Hamad, 2011).
El principal partido de la oposición, Al Wefaq, retiró sus 18 miembros del
Parlamento, por considerarlo ilegítimo, forzando a unas elecciones para el 24 de
septiembre, que fueron boicoteadas por varios partidos, además de los que representaban a la oposición chií. Las fuertes críticas internas, la intervención externa
y un escasamente legítimo proceso electoral forzaron al Gobierno a establecer la
Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (BICI, por sus siglas en inglés), encabezada por Cherif Bassiouni, experto de las Naciones Unidas que había
investigado los crímenes en Bosnia y Libia, para que elaborara un informe sobre lo
sucedido durante 2011. Las conclusiones del informe no terminaron de convencer
a la oposición bahreiní, aunque en ellas se detallaba las torturas sistemáticas que
las fuerzas policiales ejercieron contra los manifestantes, en su mayoría chiíes, durante los meses de febrero y marzo, y la represión física y simbólica que se ejerció
posteriormente contra la población chií en general. Se concluía también que no
había elementos que probaran la interferencia iraní en las manifestaciones –principal acusación del Gobierno y excusa para la criminalización de las protestas–, y
que tampoco las fuerzas de intervención saudí habían cometido abusos contra los
derechos humanos durante su estancia en Bahréin13 (Zaccara, 2012a: 139).
Otro de los estados del CCG afectado por las protestas fue Omán. Desde finales
de enero de 2011 tuvieron lugar sucesivas manifestaciones tanto en la capital como
en otras regiones del país, como Salalah, tradicionalmente reticente al poder central
de Muscat. Si bien fueron en su mayoría pacíficas, hubo un episodio violento en
la ciudad de Sohar el 28 de febrero que se saldó con dos muertes y varias personas
heridas. Las peticiones de establecimiento de una monarquía constitucional y de
mejores condiciones laborales coincidieron con las de sus vecinos regionales, si bien
el liderazgo del sultán Qabus bin Said Al Said no fue cuestionado al menos de forma generalizada y abierta. De hecho, el sultán ha sido ampliamente respetado desde
su acceso al poder en 1970 por la modernización que ha llevado a cabo en el país
13.El informe completo de la BICI, comisión Bassiouni, está disponible en: http://www.bici.org.bh/
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Luciano Zaccara y Marta Saldaña
y por el papel unificador del heterogéneo tejido social omaní. No hay que olvidar
que la sociedad omaní se caracteriza por su carácter tribal, multiétnico y multiconfesional, incluyendo ciudadanos de origen baluchi, swahili e indio, y siendo más
del 50% musulmanes ibadíes, menos del 5% chiíes y el resto suníes. Sin embargo,
a pesar de las promesas hechas por el sultán, la liberalización política ha sido lenta y
poco significativa. En la práctica, las reformas acometidas (establecimiento de una
asamblea consultiva e implementación gradual de elecciones) parecen haber estado
orientadas a buscar el equilibrio entre las demandas de reforma política de los sectores jóvenes de las poblaciones urbanas y el deseo de importantes élites tribales y comerciales de mantener el statu quo. En respuesta a las protestas, el sultán reemplazó
a nueve ministros y anunció que se elevaría el salario mínimo en un 40% y que se
crearían 50.000 empleos públicos (Saldaña, 2011). Esto, sumado a unas elecciones
legislativas en octubre de 2011, calmó un poco los ánimos y las protestas desaparecieron. No obstante, las demandas
han perdurado y la represión ejercida Tras la Primavera Árabe, el descontento
puntualmente contra periodistas, ac- en Kuwait se extendió entre todos los grutivistas y estudiantes ha continuado pos de la oposición, incluso entre aquellos
hasta la actualidad.
grupos tribales que anteriormente habían
Como se explica en el apartado apoyado al Gobierno de Al Sabah.
anterior, Kuwait es el país del Golfo
con mayores libertades políticas para sus ciudadanos. La Asamblea Nacional
está compuesta por 50 miembros elegidos mediante sufragio universal y tiene
amplios poderes legislativos y relativa capacidad de control sobre el Gobierno.
Además, aunque los partidos políticos están prohibidos, las asociaciones políticas están reconocidas, como en Bahréin. Sin embargo, las peticiones de reforma
de determinados aspectos que garanticen el establecimiento de un sistema más
democrático han sido una constante en la historia política de este país, pues la
Asamblea Nacional se ha visto sumida en sucesivas crisis por su complicada convivencia con un Gobierno que es designado por el primer ministro y aprobado
por el emir. Tras la Primavera Árabe, el descontento en Kuwait se extendió entre
todos los grupos de la oposición, incluso entre aquellos grupos tribales que anteriormente habían apoyado al Gobierno de Al Sabah. También aprovecharon
la ocasión los alrededor de 100.000 bidún14. Al igual que en otros países de la
14.El término bidún, «sin» en árabe, hace alusión a aquellos habitantes del Golfo que no tienen ciudadanía
alguna, es decir, apátridas. En Kuwait se encuentra la mayoría de ellos, aunque también existen grupos
en el resto de los países del CCG. La existencia de lealtades tribales y la inexistencia de fronteras físicas
hasta hace casi 40 años han favorecido el aumento de este grupo de habitantes, a los que la mayoría de
los estados del CCG niegan sus derechos por motivos básicamente económicos.
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región, la convocatoria de movimientos de protesta tuvo lugar a través de las
redes sociales y fue iniciada por los grupos de jóvenes Kafi («basta» en árabe) y
al-Sur al-Jamis (apelativo que utilizan para denominar a la Constitución como
metáfora de un «quinto muro» de la antigua muralla de la ciudad de Kuwait).
La primera concentración, planeada para el 8 de febrero, fue pospuesta como
resultado de la dimisión (o destitución encubierta) del ministro del Interior.
Pero la campaña continuó, culminando el 8 de marzo con una manifestación de
unas 400 personas frente a la Asamblea Nacional, en la que entregaron melones
y sandías a los diputados (la palabra para referirse a esas frutas en árabe, battij,
se emplea para denominar a alguien «corto de entendimiento»). Entre otras demandas, exigían la dimisión del Gobierno, y en especial la del primer ministro,
el sheij Nasser al-Mohammed al-Sabah, a quien se culpa en gran parte de la falta
de libertad de expresión, de la corrupción y de obstaculizar las reformas económicas (ibídem).
Arabia Saudí es el país que cuenta con las mayores reservas de petróleo conocidas y es el mayor exportador de crudo del mundo, por lo que teniendo en
cuenta el precio actual del petróleo y las perspectivas futuras no se deberían augurar problemas financieros para el Estado y la familia gobernante Al Saud. No
obstante, es necesario medir dichas características teniendo en cuenta factores
generalmente desatendidos y sin infravalorar los segmentos que anhelan cambios dentro de la sociedad saudí. Los principales grupos de la oposición saudí
representan a los islamistas, liberales y chiíes, que durante décadas han expresado pacíficamente su voluntad de ser incluidos en los procesos de toma de decisiones, exigiendo que se ponga fin a la corrupción y se garanticen los derechos y
libertades de los ciudadanos. Los llamamientos en redes sociales a manifestarse
tan solo encontraron respuestas significativas en ciudades de la región oriental
del país como Qatif, Holuf y al-Amawiyah, donde reside la mayoría de la población chií (entre un 10% y un 15% del total), aunque también se produjeron
concentraciones en otras ciudades como Buraida, Riad y Meca, y el activismo
a través de Facebook y Twitter fue masivo15. Entre las respuestas del Gobierno
saudí destacaron las promesas de invertir 25.000 millones de euros de forma
inmediata y casi 300.000 millones más a lo largo de los siguientes cuatro años en
infraestructuras, educación y sistema sanitario, así como la promesa de creación
15.De acuerdo con el Arab Social Media Report, Arabia Saudí es el país más activo del mundo árabe
en Twitter, con una penetración del 6,48%, solo superado por Kuwait, pero con una sorprendente
cantidad de tweets diarios –5,1 millones– seguido a mucha distancia por Kuwait. Véase http://www.
arabsocialmediareport.com/Twitter/LineChart.aspx?&PriMenuID=18&CatID=25&mnu=Cat
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de empleo público y un aumento de las prestaciones por desempleo. En cuanto
a la comunidad chií, parece que se han iniciado conversaciones para abordar
sus reclamaciones, aunque informaciones contrarias indican que las detenciones
siguen teniendo lugar y que son pocos los signos de cooperación. Por tanto, el
mayor reto al que se sigue enfrentando la monarquía saudí es la comunidad chií
que, en apoyo a los bahreiníes y ante los sucesos de Siria e Irak, podría verse
alentada a expresar una mayor oposición al régimen, causando una escalada de
violencia en la región oriental de Arabia Saudí. La ausencia de manifestantes en
otras zonas del país se ve contrastada por las miles de personas que respaldan
las movilizaciones en Facebook y firman las tres peticiones dirigidas al rey que
circulan por Internet (el peticionismo es un método tradicional en la región y el
único aceptado dentro de la estricta tradición islámica wahhabí para hacer llegar
demandas a los líderes).
Emiratos Árabes Unidos y Qatar son los países del CCG donde tuvieron
lugar menos movilizaciones populares, y son quizá los que más se aproximan al
modelo de Estado descrito por la teoría del Estado rentista. Sin embargo, ello
no significa que no existan sectores de la sociedad con voluntad de participación
política e incluso opositores al régimen. Además, como en el resto de estados del
CCG, las presiones internas e internacionales han obligado a los dirigentes de
ambos países a iniciar procesos de liberalización política durante las últimas dos
décadas. Con la intención de legitimarse tras su acceso al poder, tanto el emir
de Qatar, Hamadbin Jalifa Al Thani (en 1995), como el presidente de Emiratos
Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, Jalifa bin Zayed Al Nahyan (en 2005)
apelaron a los sectores reformistas de la sociedad y a la comunidad internacional
con el anuncio de programas de liberalización política. Pero, como ya se ha explicado con anterioridad, más allá de celebrar elecciones para instituciones con
poco o ningún poder legislativo, las reformas han sido muy poco significativas.
En ninguno de los dos países hubo manifestaciones tras los sucesos de Túnez,
Egipto y Bahréin, aunque sí se registró cierto movimiento en las redes sociales.
En el caso de Emiratos Árabes Unidos, además, un grupo de 133 académicos y
antiguos miembros del CFN firmaron una petición en la que pedían el establecimiento de «un sistema parlamentario democrático que integre los elementos
de una sociedad libre de miedo»16. Como respuesta, las medidas adoptadas por
ambos regímenes han sido también muy similares. En Qatar se fijaron precipitadamente las elecciones municipales para el mes de mayo de 2011; en Emiratos
16.El texto de la petición está disponible en árabe en: http://www.ipetitions.com/petition/uaepetition71/
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Árabes Unidos se anunció la expansión del colegio electoral y la celebración de
elecciones para el CFN en otoño de ese mismo año. Más recientemente, las autoridades emiratíes han adoptado un enfoque más represivo hacia las demandas
internas de cambio político. Más de 100 activistas políticos han sido detenidos,
juzgados y condenados, bajo acusaciones de conspirar para derrocar el Gobierno
de los Emiratos Árabes Unidos y muchos de ellos por su relación con los Hermanos Musulmanes (Saldaña, 2014).
Procesos electorales posprimaverales
Si bien la mayoría de elecciones estaban ya preestablecidas de acuerdo con los
calendarios oficiales, tal y como demuestra la tabla 2, no deja de sorprender que
la Primavera Árabe viniese seguida por la celebración (en algunos casos apresurada) de comicios en todos los estados del Golfo. Además, se introdujeron cambios
en las normativas, características e implicaciones de los comicios, probablemente en un intento de responder a algunas de las demandas de sus ciudadanos. No
obstante, y de manera paralela, se implementaron medidas redistributivas como
se explica en el apartado anterior, y se ha recrudecido la represión del activismo
político mediante la implementación de reformas legislativas que limitan las
libertades civiles y de expresión.
Tabla 2. Elecciones en los países del CCG tras la Primavera Árabe
Estado
Tipo de elección
Fecha
Qatar
Elecciones municipales
Mayo de 2011
Emiratos Árabes Unidos
Elecciones legislativas
Septiembre de 2011
Arabia Saudí
Elecciones municipales
Septiembre de 2011
Bahréin
Elecciones legislativas complementarias
Septiembre de 2011
Omán
Elecciones legislativas
Octubre de 2011
Kuwait
Elecciones legislativas
Febrero de 2012
Kuwait
Elecciones legislativas
Diciembre de 2012
Kuwait
Elecciones legislativas
Julio de 2013
Kuwait
Elecciones municipales
Agosto de 2013
Kuwait
Elecciones legislativas complementarias
Junio de 2014
Bahréin
Elecciones legislativas
Noviembre de 2014
Fuente: Elaboración propia.
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Qatar fue el primer país del CCG en llevar a cabo elecciones municipales en
mayo de 2011, siguiendo con la periodicidad de cuatro años con la que se habían
realizado anteriormente, pero con una convocatoria apresurada para evitar las críticas ante la reiterada postergación de las elecciones legislativas previstas y prometidas desde la promulgación de la Constitución en 1999. La participación en
estas elecciones fue el elemento más negativo, ya que demostró el escaso interés
de los nacionales qataríes en formar parte de los procesos de toma de decisiones
de su propio país. De los cerca de 250.000 ciudadanos, solamente 32.622 se
registraron para votar, y de estos tan solo 13.606 (el 43%) ejercieron su derecho
a voto (Zaccara, 2011). Técnicamente impecables, estas elecciones municipales
demostraron el interés de las autoridades en aplicar los estándares electorales internacionales y en educar cívicamente a ciudadanos y candidatos. Sin embargo,
las escasas atribuciones ejecutivas y la exclusión del proceso del 80% de sus habitantes hacen que el Consejo municipal Central electo no sea plural ni eficaz en su
cometido. Lo mismo podría suceder con la futura Cámara, cuyas elecciones han
sido otra vez pospuestas al menos hasta 2016 por el nuevo emir Sheikh Tamim bin
Hamad. Según la Constitución de 2003, de un Consejo de 45 miembros, 30 serán
elegidos y 15 designados por el emir, sin que sus atribuciones sean claras.
Bahréin llevó a cabo elecciones complementarias el 24 de septiembre de 2011,
para reemplazar las 18 vacantes dejadas por la renuncia de los parlamentarios de
Al Wefaq, y elecciones generales el 22 y 29 de noviembre de 2014 para renovar
la totalidad de la Cámara electiva. El boicot de los principales partidos de la
oposición –Al Wefaq, Al Wa’ad, los socialistas y nasseristas– diluyó cualquier
atisbo de legitimidad de los resultados finales. El rediseño de las circunscripciones electorales en 2014, sumado al ambiente securitizado e incluso violento en algunos casos, y la existencia todavía de presos políticos como resultado
de las protestas de 2011 hicieron de ambos procesos electorales un vano intento de las
autoridades por demostrar una normalidad democrática que estaba vacía de
contenido y de significado, más aun teniendo en cuenta la continua reducción
de las atribuciones de la Cámara electiva, en beneficio de la segunda Cámara
designada. El Gobierno se empeñó en conseguir una alta participación electoral
que solo llegó al 51,31% de los votantes registrados en la primera ronda y al
40,14% en la segunda17.
17.El porcentaje de la segunda ronda es el resultado de cálculos propios basados en datos suministrados
por el Ministerio del Interior. La oposición denunció la inclusión en el registro electoral de miles
de ciudadanos naturalizados, provenientes principalmente del subcontinente indio y de confesión
suní, para cambiar la demografía electoral. Del mismo modo, se pudo comprobar la eliminación
de muchos votantes de la oposición de los registros electorales en los días previos a las elecciones.
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Emiratos Árabes Unidos convocó sus segundas elecciones al CFN para el 24
de septiembre de 2011, varios meses después de lo establecido inicialmente –diciembre de 2010–. Los electores en esta ocasión ascendieron a 129.274 personas,
seleccionadas supuestamente de un modo aleatorio entre los hombres y mujeres
emiratíes mayores de 21 años. Los candidatos ascendieron a 468, de los cuales
85 eran mujeres18. Los resultados finales no ofrecieron mayor sorpresa aunque sí
asombró la escasa participación electoral –27,75%–, lo que preocupó a las propias autoridades. El escaso interés que despertaron estas elecciones, sobre todo
entre los jóvenes, fue evidente, hecho que generó escepticismo sobre su impacto
real en el proceso de empoderamiento e inclusión paulatina de sus ciudadanos
en los mecanismos de decisión política dentro del cual fueron presentados estos
comicios por el Gobierno (Zaccara, 2012b; Saldaña, 2014).
Arabia Saudí llevó a cabo sus elecciones municipales el 24 de septiembre de
2011, sin muchos cambios ni repercusiones posteriores, más allá de los anuncios
hechos por el rey sobre la incorporación del electorado femenino en el futuro. Los
hombres mayores de 21 años elegían entre los 5.323 aspirantes a los 816 concejales
de los 1.632 que forman parte de los 258 consejos municipales; la otra mitad fueron
designados por el Gobierno. El total de votantes registrados fue de 1.083.602 –de
un total de 11 millones habilitados para hacerlo–, de los cuales 600.000 ya estaban
registrados en las anteriores elecciones. El debate generado por la negativa a permitir el voto femenino y el boicot convocado por jóvenes, intelectuales y escritores a
través de Facebook y Twitter, sumado a las escasas facultades y pobre desempeño de
los anteriores consejos municipales electos, aumentaron las dudas sobre la utilidad
de este tipo de elecciones. La participación fue en general baja: en las provincias de
Riad y Yeddah, menos del 10%; en la provincia Oriental alrededor del 30%, y en
Nayran, el 53%, siempre de acuerdo con los datos oficiales19.
Omán llevó a cabo las elecciones para la renovación del séptimo Consejo del
Majlis al Shura el 15 de octubre de 2011. La participación electoral oficial fue
del 76,6% (397.000 de 518.000 registrados), aunque en algunas regiones como
Dhofar, donde se desarrollaron las mayores protestas, esa participación fue muy
inferior. Uno de los datos más relevantes de los resultados es que tres manifestantes que participaron en las protestas resultaron elegidos, entre ellos Salim Al
Mashani –quien había estado encarcelado 52 días– en la región de Salalah. A
pesar de que las alianzas tribales y el clientelismo político determinaron muchos
18.Véanse los resultados completos en: http://www.uaenec.ae/ar/media-centre/news-updates/25/9/2011/
nec-announces-initial-list-of-winners-of-federal-national-council-election-2011.aspx
19.Véanse los resultados oficiales en: http://www.intekhab.gov.sa/Results.aspx
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de los escaños elegidos, es posible vislumbrar al menos un cambio en el estilo
de la política gubernamental como respuesta a las protestas populares. El sultán
Qabus anunció en la apertura de sesiones del nuevo Consejo mayores atribuciones para el cuerpo electivo, aunque no cumplía las expectativas generadas entre
activistas e intelectuales que pedían un poder legislativo autónomo e incluso una
monarquía constitucional, más parecida al tipo kuwaití. La inclusión de siete
exmiembros del Consejo Consultivo anterior en el gabinete ministerial también
habría sido una medida real tendiente a calmar los ánimos de la oposición, pero
no significó ningún cambio en las prerrogativas absolutas del poder ejecutivo y
legislativo, que el sultán sigue poseyendo a título individual (Zaccara, 2012b;
Valeri, 2012).
Kuwait, el caso más sorprendente del CCG, experimentó cinco procesos electorales tras la Primavera Árabe; cuatro de ellos, los legislativos, estuvieron ligados
al bloqueo institucional por el constante enfrentamiento entre el emir y el primer ministro, por un lado, y la mayoría parlamentaria de la oposición tribal, islamista, salafí y liberal, por el otro. Las primeras fueron las elecciones anticipadas
a la Asamblea Nacional del 2 de febrero de 2012. Se llegó a ello tras el asalto al
Parlamento por parte de algunos diputados y cientos de manifestantes que provocaron la renuncia del Gobierno y la disolución del Parlamento en noviembre
de 2011. La campaña fue una de las más violentas que se recuerdan. La tienda de
campaña de uno de los candidatos gubernamentales, Al Jawahel, fue incendiada
por los partidarios de las tribus, y la televisión Al Watan fue atacada mientras entrevistaba en directo a candidatos progubernamentales. Con una participación
de cerca del 60%, los resultados mostraron que entre 32 y 34 diputados, de un
total de 50, eran considerados opositores –aunque de modo coyuntural– pertenecientes a los grupos salafíes, los Hermanos Musulmanes y líderes tribales. Los
liberales, cuya gran mayoría también forma parte de la oposición, fueron los
que menos escaños obtuvieron. Pero esta nueva Asamblea duró muy poco. Tras
cuatro meses de sesiones, donde se evidenció el carácter opositor de la mayoría,
la Corte Constitucional declaró inconstitucional las elecciones de febrero y obligó a la reinstauración del Parlamento de 2009, disuelto en noviembre de 2011.
El Parlamento reinstaurado, con muchos parlamentarios que renunciaron en
protesta por la medida judicial, fue disuelto a su vez en octubre de 2012, convocándose nuevas elecciones para diciembre de 2012. El boicot de la oposición
hizo que la participación fuera muy escasa, lo que, sin embargo, no favoreció la
formación de un Parlamento más manejable por parte del Gobierno.
Tras un tenso período de acusaciones cruzadas de corrupción, alegaciones de
inconstitucionalidad, y protestas ante las maniobras gubernamentales para modificar la ley electoral para favorecer a sus propios candidatos, el 16 de junio de
2013 la Corte Constitucional ordenó nuevamente la disolución del Parlamento
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y ordenó convocar nuevas elecciones con la misma ley electoral de 2009. En esta
ocasión la participación fue siete puntos menor que en las de febrero de 2012,
de un 52%, y el Parlamento resultante satisfizo las necesidades del Gobierno. No
obstante, en abril de 2014, cinco parlamentarios de la oposición renunciaron
por las posturas acríticas de la Asamblea, forzando a la convocatoria de elecciones complementarias el 26 de junio.
El reforzamiento del carácter represor en los
estados del CCG
Los procesos electorales analizados no trajeron como consecuencia grandes
cambios en los sistemas políticos de ninguna de las seis monarquías del Golfo, ni
modificaciones en las dinámicas existentes en la relación gobernante-gobernados,
al menos hacia modelos más abiertos y democráticos. Por el contrario, los cambios ocurridos en el interior de los regímenes han sido en sentido inverso, con un
reforzamiento del carácter represor y las medidas tendientes a garantizar la estabilidad de los regímenes –y familias– gobernantes. Asimismo, observamos cómo,
conscientes de la importancia geoestratégica del CCG y del apoyo internacional
del que estos regímenes disfrutan, los ciudadanos del Golfo que anhelan cambios
políticos se encuentran más incapacitados para perder el miedo que muchos de sus
hermanos árabes que ya lo han perdido. Son también conscientes de la eficacia de
los mecanismos redistributivos y cooptativos de las autoridades, que les garantizan
la lealtad de importantes sectores de la sociedad. Además, la baza jugada por sus
dirigentes de insistir en que manos extranjeras, clérigos chiíes o grupos terroristas
islamistas suníes están detrás de peticiones y manifestaciones hace que muchos
ciudadanos desconfíen de quienes las lideran (en muchos casos desde el anonimato) y que opten por aparcar sus aspiraciones políticas20.
A lo ya explicado en relación con las numerosas encarcelaciones de activistas
políticos en el Golfo tras la Primavera Árabe, cabe añadir que la mayoría de los
estados implementaron nuevas leyes para combatir el cibercrimen21 –lo que incluye
20.Entrevistas personales realizadas entre abril de 2011 y mayo de 2014 en Emiratos Árabes Unidos,
Kuwait, Qatar, Omán, Bahréin y Arabia Saudí.
21.Emiratos Árabes introdujo el Decreto-ley federal n.º 5 de agosto de 2012, de combate contra el
cibercrimen, Qatar hizo lo propio en marzo de 2014.
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las actividades en Facebook, Twitter y demás redes sociales–, limitar el derecho de
asociación –en especial contra los Hermanos Musulmanes–, y amordazar a la prensa crítica con los gobiernos. En una controvertida decisión, Arabia Saudí declaró a
los Hermanos Musulmanes como organización terrorista en marzo de 2014, lo que
dejó claramente reflejada la prioridad del régimen saudí ante los acontecimientos
regionales de Egipto y Siria: la estabilidad y continuidad de la familia Saud al frente
del Reino. Asimismo enviaban un claro mensaje al resto de los países del CCG: el
que no siguiera los pasos saudíes y albergara en su territorio elementos que los saudíes consideraran peligrosos para su propia seguridad sería penalizados duramente.
La confrontación con Qatar, y en menor medida con otros socios como Omán o
Kuwait, estaba servida. Dos días antes de la mencionada declaración, Arabia Saudí, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos habían retirado sus embajadores en Doha
como protesta por la falta de colaboración qatarí en la lucha contra las «amenazas
comunes» a los seis estados22. Si bien la referencia oficial hacía hincapié en la no
ratificación del tratado de seguridad interna suscrito por los seis estados en 1994, lo
que en realidad parecía preocupar a los saudíes era el apoyo no declarado de Qatar
a los Hermanos Musulmanes (y la residencia y predicación del ulema egipcio Yusuf
al-Qaradawi y de otros conocidos islamistas en Doha), así como la cobertura periodística de Al Jazeera sobre los acontecimientos en Siria y Egipto. La tolerancia de
los Al Thani con la Hermandad chocaba no solo con los saudíes, sino también con
los emiratíes, quienes otorgaron a la rama local al-Islah la condición de oposición
desleal y peligrosa para la estabilidad del régimen23. Aunque la amenaza de mayores
sanciones no se ha cumplido, varios ciudadanos qataríes han sido detenidos en
Emiratos Árabes Unidos por su supuesto vínculo con la Hermandad local24.
La drástica postura del Gobierno saudí respecto a los Hermanos Musulmanes,
orientada más a eliminar cualquier disidencia interna, a la vez que a limitar el
aventurismo regional qatarí, también evidenció diferencias con Omán y Kuwait.
Este último acepta la participación de la Hermandad como fuerza política, incluso con diputados en el Parlamento, por lo que ilegalizarlos implicaría otro
elemento negativo para la ya frágil legitimidad de los Al Sabah. Omán, por su
parte, se ha resistido a introducir medidas que puedan afectar a un grupo de la
oposición que no ha generado mayores inconvenientes en el país, así como tam-
22.El texto completo de la declaración conjunta está disponible en: http://www.bna.bh/portal/en/
news/606640
23.Veáse http://www.majalla.com/eng/2013/02/article55238281
24.Para más información, véase http://en.alkarama.org/united-arab-emirates/press-releases/1197-uaeqatari-doctor-sentenced-to-7-years-in-prison-on-basis-of-coerced-confessions y http://en.alkarama.
org/iraq/1514-uae-two-qatari-citizens-arbitrarily-detained-with-high-risk-of-torture
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Cambio y estabilidad política en las monarquías del Golfo tras la Primavera Árabe
bién ha rechazado cualquier otra medida propuesta por Arabia Saudí tendiente
a profundizar la integración del CGG hacia una Unión del Golfo. Bahréin, a
su vez, depende en parte del apoyo de Al-Mimbar, la rama local de los Hermanos Musulmanes, para mantenerse en el poder debido a la falta de apoyo de la
mayoría de los partidos que representan a chiíes y liberales25. En este caso, los
Al Jalifa privilegiaron los vínculos con Arabia Saudí, quien en definitiva sería el
garante de la estabilidad de su dinastía, frente a la legitimidad política interna
otorgada por sus propios ciudadanos, una señal clara de las prioridades de las
casas gobernantes del Golfo.
Conclusiones
Si bien se puede afirmar que las élites dirigentes del Golfo no cuentan con una
legitimidad imbatible, y que las «fuerzas del cambio» no deberían ignorarse (Abdulla, 2010), es poco probable que las presiones internas y externas vayan a causar
el «colapso» de los regímenes que nos ocupan en los próximos años (Davidson,
2012: ix), o que las emergentes clases medias tengan la capacidad de promover,
de forma inminente, «un futuro democrático» en esta región (Abdulla, 2010: 15).
Este artículo pone de manifiesto que, a pesar de tratarse de estados rentistas, en
las monarquías del Golfo existen sectores de la sociedad que apoyan la transición
hacia sistemas políticos más democráticos –algo que salió a la luz especialmente
a raíz de la Primavera Árabe–, pero que las autoridades son conscientes de ello e
introducen reformas controladas y celebran elecciones parciales para dar respuesta a dichas demandas. Los incalculables recursos económicos provenientes de la
industria petrolera y del gas permiten a las élites gobernantes frenar por medio
de mecanismos redistributivos, cooptativos y represivos cualquier cambio que
ponga en peligro su control sobre el poder. La Primavera Árabe alentó a sectores
de la oposición a reclamar mayor participación y derechos. No obstante, si bien se
celebraron elecciones en los seis estados entre 2011 y 2012, los acontecimientos
en el resto del mundo árabe demostraron el potencial peligro para la estabilidad
de las monarquías del Golfo, que han optado por adoptar medidas represivas para
eliminar cualquier disidencia que pudiera sacudir sus cimientos.
25.Entrevistas personales realizadas en Bahréin en noviembre de 2014.
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