Garoña, un riesgo innecesario Febrero de 2016 1. Situación de la central nuclear de Santa María de Garoña La central nuclear de Santa María de Garoña, inaugurada en 1971, es la más vieja de la Unión Europea. Desde diciembre de 2012 se encuentra fuera de operación y sin licencia desde julio de 2013, cuando el Ministerio de Industria del gobierno popular aplicó la Orden Ministerial que establecía el cese de explotación del anterior gobierno socialista. Nuclenor, empresa propietaria de la central participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, tenía de plazo hasta el 5 de septiembre de 2012 para presentar la solicitud de renovación. Sin embargo la empresa dejó que se agotara el plazo, en un contexto en el que se conocía la noticia de que la Ley de Sostenibilidad Energética recogía los nuevos tributos a pagar por las eléctricas, que supondría para Garoña un aumento del 27% sobre el coste medio de generación de energía. Así, en noviembre de 2012 Nuclenor entregó al CSN, tal como le había pedido, la documentación requerida para la fase de cese de explotación, y en diciembre del mismo año desacopló la central de la red eléctrica y se realizó la parada efectiva, sin tener autorización para ello. La intención de la propietaria era la de no pagar el impuesto sobre el combustible nuclear gastado. Posteriormente, el 5 de julio de 2013, el mismo día en que se emite la orden de cese definitivo por motivos económicos, se introduce una modificación en el “Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear”. Esta modificación permitía a las centrales nucleares que hubieran cesado su actividad por motivos económicos la posibilidad de solicitar la renovación de la autorización de explotación en el plazo de un año desde su cierre. Además, puesto que Garoña “dejó de producir residuos” en diciembre de 2012, se libraba de pagar las nuevas tasas incluidas en la Ley de Sostenibilidad Energética, al darle carácter retroactivo a su aplicación sólo a partir de enero de 2012. Con todos los cambios legislativos impulsados por el gobierno del Partido Popular, se creó un marco más favorable para Nuclenor, la propietaria, que se lanzó a pedir la reapertura. En mayo de 2014 Nuclenor S.A. solicitaba ante el Ministerio de Industria la ampliación de vida útil de la central hasta el 2 de marzo de 2031 alegando que solo con una licencia mayor de diez años podrían rentabilizarse todas las modificaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la planta. En julio de 2014, el CSN emite una Instrucción Técnica con los requisitos para hacer posible la continuidad de Garoña. En estos dos años la empresa no ha presentado todos los requerimientos y en los últimos meses el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está facilitando que estos requerimientos no sean obstáculo para la publicación de su informe preceptivo, sobre la licencia hasta 2031 de la central nuclear. El proceso de la central nuclear de Garoña desde 2012 hasta la actualidad ha sido y es muy complejo. Todo el proceso se puede consultar aquí: http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/nuclear/proceso_cierre.pdf 1 Greenpeace España, San Bernardo 107 1ª planta ∙ 28015 Madrid G www.greenpeace.es 2. Garoña no es necesaria La central nuclear de Garoña aportaba apenas un 1% al sistema eléctrico cuando estaba en funcionamiento. Actualmente, tras su parada en diciembre de 2012, lleva tres años sin producir electricidad, por lo que ha quedado demostrado durante estos años que Garoña es absolutamente prescindible para el sistema eléctrico español. Greenpeace ha demostrado con su informe Renovables 100% que un sistema eléctrico basado completamente en renovables es técnicamente posible y económicamente asequible, con total garantía de suministro en todo momento. En otro informe de la organización, Renovables 2050, ha analizado el potencial de las renovables en nuestro país y ha concluido que se cuenta con un potencial renovable tal, que sería capaz de abastecer más de 56 veces la demanda eléctrica para 2050 de la España peninsular. 3. Falta de independencia y transparencia en el CSN La situación actual es inédita en España, ya que es la primera vez que se plantea aumentar la vida de una central nuclear hasta los 60 años y conceder una licencia válida para 17 años. A pesar de lo relevante de la decisión, el CSN avanza en sus plenos allanando el camino para que la emisión del informe final favorable esté cada vez más cerca, dando el visto bueno a condicionantes técnicos relacionados con la seguridad. Pero ¿cuál es la función del CSN? ¿quién es quién en el Pleno del CSN y cuál es el vínculo con el Partido Popular? ¿Hay o no independencia en el CSN? ¿Cuál es la función del CSN? El CSN es el único organismo competente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Es un ente de Derecho Público, independiente de la Administración General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se rige por la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear y por su Estatuto. Rinde cuentas al Congreso de los Diputados y al Senado. La misión del CSN es proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. El CSN está formado por el Pleno, una Secretaría General, y los órganos de trabajo técnicos, administrativos y jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus fines. ¿Quién es quién en el Pleno del CSN y cuál es el vínculo con el Partido Popular? El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está constituido por un presidente y cuatro consejeros, que son elegidos por el Parlamento. Los miembros del Pleno son nombrados por el Gobierno tras consulta a la Comisión de Industria del Congreso de los 2 Greenpeace España, San Bernardo 107 1ª planta ∙ 28015 Madrid G www.greenpeace.es Diputados, para un mandato de seis años. El actual Pleno del CSN tiene mayoría de consejeros precedentes del Partido Popular: Presidente: Fernando Marti Scharfhausen: en el cargo desde diciembre de 2012, procedente del PP. Vicepresidenta: Rosario Velasco García (nombrada vicepresidenta en abril de 2013 pero en el cargo de Consejera desde julio de 2011), procedente del PSOE. Consejera: Cristina Narbona Ruiz: en el cargo desde diciembre de 2012, nombrada durante el gobierno del PP, procedente del PSOE. Consejero: Javier Dies Llovera: en el cargo desde octubre de 2015, procedente del PP (en sustitución de Gurguí de CIU). Consejero: Fernando Castelló Boronat (en el cargo desde en diciembre de 2012, procedente del PP). Sobre los consejeros procedentes del Partido Popular, hay dos casos que merecen especial atención: Su presidente: Tal y como dice la Ley de Creación del Consejo Nuclear, el CSN es independiente de la Administración General del Estado. Es decir, que ni el cargo de presidente ni el de consejero puede ser ocupado por una persona que ocupe un cargo público. Sin embargo, en 2012 la Comisión de Industria nombró presidente a Fernando Marti, Secretario de Estado de Energía, en activo hasta el día anterior a su nombramiento. Fue por tanto partícipe de asuntos como la revocación de la orden de cierre de Garoña del gobierno del Partido Popular, asunto que ha estado tramitando posteriormente como presidente del CSN. El nombramiento del tercer consejero del Partido Popular, Javier Dies, llegó al cargo un mes antes de las elecciones generales del 20 de diciembre, cuando se produjo una captura del organismo regulador. Ese tercer consejero del PP fue nombrado por mayoría del Partido Popular, sin consenso con el resto de partidos, que calificaron el hecho de “politización del Consejo de Seguridad Nuclear”. Ahora, el PP tiene tres representantes "afines" sobre un total de cinco, con lo que dispone de la "mayoría absoluta" del CSN. ¿Hay o no independencia en el CSN? Los propios técnicos del CSN llevan meses denunciando la falta de transparencia e independencia del pleno del CSN desde la Asociación Profesional de Técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, constituida en 2015. Esta asociación defiende una mayor independencia de este organismo para evitar situaciones como la que vive actualmente: la de un "regulador capturado". El personal técnico defiende que las reuniones plenarias sean públicas o se retransmitan en directo para difundir los debates técnicos y mejorar así el trabajo del regulador. Piden transparencia de cara al público y también como un requisito para que los funcionarios trabajen con las máximas garantías. En su última manifestación, el pasado mes de enero, también reclamaban el poder trabajar sin represalias, tras denunciar que se han producido ceses de personal por expresar discrepancias con los criterios del CSN. 3 Greenpeace España, San Bernardo 107 1ª planta ∙ 28015 Madrid G www.greenpeace.es La parte técnica del CSN se organiza en torno a dos direcciones generales, la dirección técnica de seguridad nuclear y la dirección técnica de seguridad radiológica. Está formada por funcionarios y funcionarias de larga trayectoria profesional. Sus recientes denuncias sobre la falta de transparencia e independencia son preocupantes en un organismo regulador que está tomando decisiones como permitir a una central nuclear operar más allá de los 40 años para los que fue diseñada. 4. ¿Puede el CSN estar poniendo en riesgo nuestra seguridad? ¿Qué interés hay en que Garoña pueda obtener su informe favorable para operar hasta los 60 años? Las prisas del CSN por ir dando pasos que lleven a un informe final favorable para Garoña están demostrando que hay intereses políticos y para las empresas eléctricas. Ante la falta de independencia y transparencia, no se puede garantizar que las decisiones que está tomando el CSN respecto a la reapertura de Garoña sean decisiones tomadas de manera independiente y esto podría llevar a una rebaja en los estándares de seguridad, que podrían crear un antecedente para el resto de centrales nucleares españolas, a las que les tocaría renovar licencias en los próximos años. La Instrucción Técnica Complementaria que el propio CSN emitió en 2014 para hacer posible la continuidad de Garoña ponía de manifiesto el lamentable estado de la central y recogía un gran número de modificaciones de profundo calado que debería acometer Nuclenor para reanudar la actividad de Garoña y que supone una inversión de más de 100 millones de euros. Los requisitos técnicos se derivan de las inspecciones de 2009, cambios derivados de las pruebas de resistencia postFukushima o posteriores requisitos para evitar calentar las aguas del río Ebro. La Instrucción Técnica pone de manifiesto un extenso catálogo de problemas que hacen razonable plantearse el cierre definitivo, si bien los intereses políticos y para las empresas parecen primar a la hora de seguir adelante con el informe que permita una prórroga hasta los 60 años. Estos intereses nada tienen que ver con el suministro de energía o el interés general de España. 5. La desobediencia del Presidente del CSN ante la petición del actual Parlamento Tras las elecciones generales del 20 de diciembre, el Partido Popular se ha quedado solo en su empeño de prolongar la vida útil de las centrales nucleares. El actual Parlamento, ante el avance por parte del CSN en el proceso de evaluación para la reapertura de Garoña hasta los 60 años, ha llevado a cabo una acción conjunta para paralizar este proceso. 4 Greenpeace España, San Bernardo 107 1ª planta ∙ 28015 Madrid G www.greenpeace.es El 3 de febrero de 2016 representantes de todos los grupos parlamentarios, a excepción del grupo del Partido Popular, remitieron una carta firmada al presidente del CSN, con copia al resto de consejeros, solicitando que se detenga el proceso de evaluación de la autorización de renovación de explotación de Garoña. Los firmantes suponen un 64% del Congreso (225 diputados). Sin embargo, el CSN ha desoído la petición del parlamento y en su pleno del 3 de febrero de 2016 continuó con la aprobación de varias especificaciones técnicas. Además, en su nota de prensa comunicó que esperaba tener preparado el informe final en el segundo semestre de 2016. Esta decisión del CSN de seguir adelante con el proceso desoyendo al parlamento quiebra la propia Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, que contempla la relación del CSN con las Cortes, estableciendo que El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantendrá puntualmente informado al Gobierno y al Congreso de los Diputados y al Senado de cualquier suceso que afecte a la seguridad nuclear y la protección radiológica. Por su parte, corresponde al Parlamento español ejercer un control continuado sobre la acción del CSN, para lo cual el organismo regulador ha de responder a cuantas preguntas se le formule, bien sobre el contenido del informe anual o sobre aspectos concretos relacionados con cualquier materia en la que el CSN tenga competencia. Las relaciones con las Cortes se canalizan a través de la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, integrada en la Comisión de Industria. Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos ya han solicitado la comparecencia del Presidente del CSN ante esta Comisión. 6. La posibilidad de lucro cesante En la actualidad, Nuclenor ha solicitado una licencia para ampliar la actividad de Garoña hasta 2031. En el caso de que el CSN emitiera un informe favorable para la reapertura de Garoña, un gobierno en funciones del Partido Popular podría darle la licencia para operar hasta los 60 años. Si posteriormente, un nuevo gobierno decide anticipar el cierre de Garoña, Nuclenor podría reclamar una cantidad millonaria de indemnización por lucro cesante, algo que ya intentó Nuclenor en el año 2009 con el gobierno de Zapatero. Esto ocurrió después de que Nuclenor solicitara una autorización de explotación para diez años más, hasta 2019, ante la próxima caducidad de su licencia que llegaba en 2009. La prolongación de la vida de Garoña hasta 2019 (y prorrogable otros diez años más) fue avalada por el CSN, imponiendo requisitos especiales para garantizar la seguridad. Pero el entonces presidente Rodríguez Zapatero ejerció la potestad del gobierno de decidir la duración de las renovaciones de licencias de explotación de centrales nucleares y decidió que la prórroga fuera de cuatro años. Nuclenor no se conformaba con la prórroga de cuatro 5 Greenpeace España, San Bernardo 107 1ª planta ∙ 28015 Madrid G www.greenpeace.es años y solicitó una indemnización de al menos 951,4 millones de euros por no poder operar hasta 2029. Pero en 2011 la Audiencia Nacional desestimó la demanda de Nuclenor y avaló el hecho de que un gobierno pudiera fijar la duración de las licencias de renovación al margen de que los avales del CSN fueran por periodos superiores. El lucro cesante sólo por no poder operar hasta 2019 (según los cálculos de Nuclenor) sería en concreto de 480 millones de euros. En esta ocasión, si un gobierno en funciones llegara a autorizar una prórroga para Garoña hasta los 60 años, Nuclenor podría tener más argumentos jurídicos a la hora de reclamar una indemnización en el caso de que el nuevo gobierno decidiera anticipar el cierre de la central. 7. ¿Qué pide Greenpeace? Greenpeace pide al CSN que pare el proceso de evaluación para la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña. Una decisión tan trascendente como la de permitir a una central nuclear hasta los sesenta años no puede llevarse a cabo mediante un proceso acelerado en el que el propio personal técnico del CSN está denunciando la falta de transparencia e independencia. Para Greenpeace es inaceptable que el presidente del CSN continúe en el cargo, después de haber ignorado la petición del parlamento solicitándole la paralización del proceso de evaluación para la reapertura de Garoña. Greenpeace apuesta por una transición energética hacia las energías renovables y por el abandono de las energías sucias y contaminantes como la nuclear. Es momento de establecer un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares de España, con 2024 como fecha de cierre de la última central a la que expira su licencia. 6 Greenpeace España, San Bernardo 107 1ª planta ∙ 28015 Madrid G www.greenpeace.es
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